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A.P.I.C
 




 

 

 

Contra la hermana república

Por: Daniel Samper Ospina/APIC

 No nos pongamos tan nerviosos. Estamos a instantes de que César López se invente la granaraca, híbrido de granada y maraca, y la arparabina, de arpa y carabina

Desde que cometió el agravante de haberse vuelto una penosa caricatura de sí mismo, detesto a Hugo Chávez por un nuevo motivo: y es que mientras más barbaridades dice, más consigue que Uribe parezca un estadista.

¿Cómo puede parecer estadista un tipo que se tira por un tobogán con la franela desjetada; que vive cojo porque las potras lo patean; que reconoce que es un gamín? De una única manera: enfrentado a un loco como Chávez. Porque hay que reconocer que uno podrá decir lo que quiera de Uribe: que acabó con la Constitución; que gobierna rodeado de familiares de mafiosos; que incrustó de nuevo la religión en el Estado. Pero todavía no ha cantado en un consejo comunal; ni ha descrito en público la situación de sus intestinos; ni ha explicado con una mímica didáctica la fórmula para bañarse en tres minutos.

Lo más pintoresco que ha hecho hasta ahora es reconocer que es un gamín; lo cual, más que un desafuero, fue una notable y sincera confesión. Efectivamente es un gamín. Pobre. A veces lo encuentro tirado en los callejones del centro, abandonado bajo el frío bogotano. Suele cubrirse con hojas de periódico. Concretamente de El Colombiano, que es el que más lo tapa.

Pero Uribe es Churchill si uno lo contrasta con Chávez, que cada vez dice más disparates. Ahora amenaza a diario con irse a la guerra sin medir que sus palabras pueden traer consecuencias más graves que la guerra misma: porque cada vez que orea esa posibilidad, salen varios prohombres a recordar con angustiada vehemencia la hermandad histórica que debe primar entre las dos naciones. Y eso sí es grave: eso sí es desesperante.

Juega a mi favor que los vientos de guerra no me vuelven cursi. Siempre le he temido, más que a la guerra, a esa fraternidad frente a los hermanos venezolanos que su cercanía despierta; a esa mesura de la que hacen gala algunos componedores que salen a hacer cruzadas de amor entre los dos países. JotaMario Arbeláez, con dos o tres poetas de Caracas, redactan unos manifiestos en los que se dan a sí mismos una importancia que no tienen: vehementes, resueltos, oponen la poesía a la guerra. Qué cursis, dios santo: ¿alguien los lee? ¿no es mejor la guerra que la mala poesía? Y ya no se consigue un solo ex canciller que no aproveche el contexto para tratar de demostrar que es dueño de un gran equilibrio, de una gran ponderación. Augusto Ramírez Ocampo, por ejemplo. Recuerdo que, en la época en que por la gripa porcina estaba prohibido dar la mano en el Palacio de Nariño, el doctor Ramírez Ocampo saludaba a los funcionarios levantando las cejas. Arrasó con todas las lámparas, dañó los techos. ¿Puede alguien con esas cejas llamar a la sensatez? ¿puede un señor que es idéntico a Beto, el de Plaza Sésamo, apaciguar los ánimos de una guerra?

No nos pongamos tan nerviosos. Estamos a instantes de que saquen pulseritas con las banderas de los dos países; a instantes de que César López empuñe en la frontera su escopetarra, se invente la granaraca, híbrido de granada y maraca, y la arparabina, mezcla de arpa y carabina, y organice con Juanes y Franco de Vita un trío llanero que invite a la concordia entre los dos países.

Por mi parte me permito ser franco: salvo Luis Manuel Seijas, el futbolista del Santa Fe que se lanza al ataque y a la vez regresa a la marca con gran sentido de la responsabilidad, nunca he conseguido admirar con profundidad a venezolano alguno. Lo siento. Me gustaría, pero no he podido. Seamos sinceros: ¿a quién puede admirar uno que haya nacido en Venezuela? ¿al 'Puma'? ¿a Salserín, a Ricardo Montaner? Los galanes venezolanos son pioneros en el blower y la mirada al infinito: ¿se nos olvida eso ahora? De Venezuela son 'Los Chamos', que era una versión chiviada de Menudo. El uniforme de sus equipos deportivos es color vino tinto. Adelantaron media hora el reloj: ¿ya nada de eso nos importa?

Hago un llamado a la madurez. Que esta posible guerra no nos ponga melosos. Reconozcamos con valor que no hay nada peor que el acento venezolano. ¿Han oído la forma en que usan la palabra 'arrecho', que allá significa irritarse, ponerse bravo? Los he oído decir cosas como "el niño está arrecho"; "el Santo Padre se arrecha con el hambre" o, incluso, "el Santo Padre se arrecha si los niños se arrechan".

Ahora bien: esta no es una columna nacionalista. Si digo que no me despierta admiración Venezuela no por eso estoy concluyendo que nosotros los superemos. Al revés: igualamos por abajo. Ellos tienen a Carlos Mata, pero nosotros a Carlos Mattos. Y cada uno compite con su propio Alonso: ellos con María Conchita, nosotros con Jairo: con Jairo Alonso, que todavía usa blower y mira al infinito.

Pero reconozco que en caudillos les va peor a ellos. A Chávez le falta un diente de abajo. Es gordo. Se viste de verde y rojo. Admira a Bolívar. Y nadie que admire a Bolívar puede ser tomado muy en serio: uno de sus máximos gestos de heroísmo fue saltar desde una ventana en la noche septembrina, pero hay que ver lo bajita que es: no mide ni un metro. Hasta Luis Alberto Moreno habría podido descolgarse de ahí. Puedo probarlo si el doctor Moreno me ayuda. Lo reto públicamente a que se baje de esa ventana el próximo domingo. Puede ser a las 12 del día. Doce y media hora de Caracas.

Un tramposo

Por: Antonio Caballero/APIC

Robledo ha sido desde hace 40 años el más severo crítico de la lucha armada que practican las Farc. Cuando el Procurador no las criticaba, Robledo sí.

Dice un viejo refrán castellano: “Las cosas de Palacio / van despacio”. Y esa es la única ley que en Colombia, desde los tiempos coloniales, se obedece y se cumple. De modo que por lo menos sesenta días –los mismos de la campaña electoral que empieza– se tomará un burócrata de la Procuraduría General de la Nación para dilucidar si el senador Jorge Enrique Robledo es o no culpable de colaboración criminal con la guerrilla de las Farc, tal como lo pretende la acusación estrambótica que se sacó de debajo de la ruana Alejandro Ordóñez, Procurador de bolsillo del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Acusación estrambótica, digo, y no sé si prevaricadora. Porque el Procurador Ordóñez ordenó que se investigue en busca de pruebas de que por parte de Robledo “existe conducta que pueda constituir incumplimiento de deberes funcionales, extralimitación de sus derechos, la incursión en prohibiciones o la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en lo que respecta a posibles vínculos con grupos armados al margen de la ley” (tomo esta cita textual, con todo y sus caprichos sintácticos, del diario El Nuevo Siglo del 19 de diciembre de 2009). Y ordenó eso a sabiendas de que no hay tales pruebas, a no ser que él mismo las fabrique, porque Robledo ha sido desde hace cuarenta años el más severo crítico de la lucha armada que practican las Farc. Cuando el procurador Ordóñez no las criticaba, Robledo sí lo hacía. Cuando el presidente Uribe todavía no, Robledo sí. Y eso lo sabe todo el mundo. Hasta las propias Farc, que precisamente de eso acusan a Robledo en los archivos del computador de ‘Raúl Reyes’ de que se sirve fulleramente el Procurador Ordóñez para incriminar al senador con falsedades, que él mismo sabe falsas. Pues no es que el Procurador Ordóñez no sea un hombre bien informado. Es que es un hombre tramposo.

Y creo que, dado su cargo, esa trampa se llama prevaricato.

Además de tramposo –como lo son todos los representantes del Uribato, del jefe Uribe para abajo– el Procurador Alejandro Ordóñez es un hombre astuto. Lo que consigue con su acusación infundada, y que sabe infundada, es poner en el brete de demostrar su inocencia en mitad de la campaña electoral para el Senado al que ha sido el más bravío parlamentario de la oposición a este régimen tramposo y corrompido, mentiroso y corruptor. Hablo de régimen porque esos vicios no son solamente del gobierno: de ese presidente que ganó sus primeras elecciones con votos del narcoparamilitarismo y auto-atentados ficticios organizados por el futuro jefe del criminal DAS, y compró las segundas con promesas de notarías y contratos; de esos ministros perseguidos por falsedad o por cohecho; de esos embajadores condenados por asesinato; de esos secretarios y asesores embadurnados de compinchería con los narcos. Son también vicios del poder legislativo: esos cincuenta parlamentarios de la bancada gobiernista hoy presos, y que desde la cárcel siguen votando por interpuesta persona las iniciativas del gobierno. Y son vicios del poder judicial: ese del cual es alto representante el Procurador Ordóñez, no sólo en sus acusaciones arbitrarias sino en sus absoluciones contraevidentes. Y son vicios del llamado ‘‘cuarto poder’’, el de la prensa, tanto escrita como hablada, tanto la una como la otra mayoritariamente arrodilladas ante Uribe, por convicción ideológica o por complacencia en el fango del servilismo.

En todos esos estamentos –legislativo, judicial y prensa, y hasta quizás en escalones inferiores del poder ejecutivo– hay, desde luego, discrepantes del Uribato: el propio senador Jorge Enrique Robledo es el mejor ejemplo. Pero son minoritarios. Como son minoritarios los colombianos antiuribistas del común, a juzgar por las inverosímiles e inverificables encuestas que miden la popularidad del Presidente.

Lo he dicho aquí mismo unas cuantas veces: los uribistas de buena fe se arrepentirán de haberlo sido. Pero no creo que el Procurador Ordóñez sea de esos. Como su jefe el Presidente, en cuyo bolsillo está, es un tramposo.

Mis deseos para 2010

Por JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

Las personas conformes carecen de deseos. Jumatoca

Un amigo tolimense, radicado en Bogotá y para más señas, abogado y economista, llegó a disfrutar de una corta estancia y no podía creer lo que está plasmado en este escrito, hasta cuando le mostré el diario La Verdad. “Entonces, ¿lo que nos llega a Bogotá es un espejismo?. Yo siento que el Centro y su entorno cercano son muy seguros aquí en Cartagena. Donde hay que estar con más de mil ojos, es en el Tolima y en el interior”. Le respondí: “El espejismo o la ilusión que se percibe en Bogotá, de Cartagena, se debe a las sumas millonarias que se invierten en publicidad, entre ellas, las gastadas en la denominada “La Cartagena que soñamos”.  Sólo, para esta época de final y comienzo de año ponen todos los policías del mundo, en los sectores exclusivos, pero, en los demás seguimos desprotegidos”.

El jueves 31 de diciembre de 2009, el diario La Verdad, en la sección SUCESOS, 2C, trajo el siguiente titular: “Cartagena la segunda ciudad más violenta del país” y en la 3C: “En Cartagena 238 homicidios durante el 2009”.

Ambas noticias no nos toman por sorpresa a los cartageneros, ya lo sabíamos y hasta lo presentíamos. Confieso que llegué a pensar que nuestra querida Cartagena iba a obtener el deshonroso primer puesto, en violencia y asesinatos. Obtuvimos el deplorable segundo galardón en cuanto a la ciudad más violenta del país; 37.8 por ciento más que en 2008, según el director de la policía, el general Oscar Naranjo, y el reporte entregado por Medicina Legal a nivel nacional. El segundo titular, según estadísticas de Distriseguridad, dice: “Un total de 238 muertos por homicidio se registraron en la ciudad de Cartagena en el año 2009, 67 más que los asesinatos que se presentaron en el año 2008, en donde fueron 171”. Es decir, aproximadamente, la “bobadita” de un asesinato diario. Sería bueno conocer cuántos se dieron en la propia casa de la víctima.

Lo anterior deja al descubierto las mentiras que nuestra primera autoridad local, la alcaldesa Judith Pinedo Flórez, La Mariamulata (LM), por medio del Comandante de la policía Metropolitana, Carlos Ramiro Mena Bravo, difunde sin ruborizarse: “Cartagena es la ciudad más segura de Latinoamérica”. ¿Acaso creen que los cartageneros somos ciegos y que, además, tenemos permanentemente un chupón de bebé en la boca?. La percepción que tenemos de la constante inseguridad que se vive en Cartagena es clara y contundente y eso nos infunde mucho temor y miedo por no decir pánico. Es paradójico: la zozobra que experimentamos por la violencia, los atracos y asesinatos, muchas veces, nos sirven de aliciente para estar bien encerrados en nuestras casas y ya estamos advirtiendo que ni en nuestros aposentos estamos a salvo. ¿Cuándo será que (LM) asuma directa y personalmente la condición de Jefe de la Policía del Distrito? ¿Qué hacen en los famosos consejos de seguridad?. Presiento que pura improvisación.

Como nuestra querida Cartagena está próxima a que se la lleve el diablo, invito a todos los dolientes y heroicos cartageneros a permanentes plegarias para ver si de esa manera- tengo fe que no es la única- logremos paliar nuestras angustias y tristezas. Por mi parte, con mucha frecuencia asisto a la Iglesia más cercana y no dejo de suplicarle a la Virgen Santísima, al Espíritu Santo y a todos los Santos que me concedan, a mí, a Cartagena y a Colombia, para este año nuevo 2010 que apenas empieza, los siguientes deseos: *la paz definitiva para Colombia *que se acabe el secuestro *que a Hugo Chávez no se le afloje un tornillo más, de lo contrario, tendremos hecatombe *que nuestro objetivo en la vida sea el bien común *que la violencia, los atracos y asesinatos vuelvan a ser palabras exóticas* que (LM) no pierda también el año 2010 y pueda cumplir, a plenitud, su Programa de Gobierno *que no sea cierto el resultado de la encuesta realizada a los taxistas de Cartagena, por el concejal William Amín Jattin, que afirma que (LM) se la pasa piripi *que la única sede del burgomaestre de turno sea la Alcaldía Mayor de Cartagena *que los concejales nunca más cedan las facultades que le son propias *que la actual coalición minoritaria del Concejo de Cartagena se sume a la mayoritaria *que nuestro buen presidente, Álvaro Uribe Vélez, descanse *que no se perpetúen las entregas simbólicas de casas en la Ciudad del Bicentenario sin servicios públicos *que ojalá (LM) entregue, siquiera, la mitad de las 15.000 viviendas prometidas del Bicentenario *que los entes de control fallen, en tiempo, los procesos que iniciaron *que los colombianos votemos libremente al escoger nuestros representantes para las diferentes corporaciones, lo mismo que para Presidente de la República *que no haya maltrato infantil *que los medios de comunicación digan sólo la verdad *que no se privaticen las playas de Cartagena *que cada día los pobres seamos menos *que la corrupción huya del país y especialmente de Cartagena *que todos tengamos un empleo, servicios de salud, educación con calidad y una vivienda digna *que nuestros niños y ancianos sean nuestra prioridad *que el cuerpo de bomberos sea eficiente,…,etc. Amén

juantorres1954@hotmail.com

Fortaleza y debilidad

(Segunda y última parte)

Por: JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

Sigo con los conceptos y calificaciones que arrojó mi calificador sobre los demás concejales y el burgomaestre. Alberto Osorio Rodríguez: protagonista, junto con Guerra Varela, del debate que le hicieron a la directora de la Escuela de Gobierno, Olga Acosta. Tiene madera de investigador, lástima que en las súplicas que le hizo al Niño Dios no hubiese pedido la cabeza de la alcaldesa Judith Pinedo Flórez-La Mariamulata (LM)-. Calificación: 8. María del Socorro Bustamante Ibarra: experimentada concejal, ponente del presupuesto de 2010, de firme carácter, fiel a sus principios, leal con sus compañeros y muy querida por el pueblo. Calificación: 9. David Dáger Lequerica: actual Presidente del Concejo, es el que mejor ha descrito la situación de la ciudad: “Como congelada en el tiempo”. “Aquí en Cartagena no hay avance en nada”. Afirma, con frecuencia, que la ciudad está sobre estudiada y que de todos los convenios que ha realizado la administración de pura casualidad se ha enterado de unos pocos. Calificación: 8,5. Lorenzo Hodeg Llorente: Ponente del presupuesto de 2010. Casi se deja seducir y sacar de la coalición por los cantos de malignas sirenas. Comprendió, a tiempo, que el beneficio general es más gratificante para el espíritu que el beneficio particular. Calificación: 7,5. Lewis Montero Polo: Ya está entrando por el carril de las buenas ejecutorias a favor del pueblo y de la ciudad. Calificación: 7,5. William Amín Jattin: ¡Qué buen concejal!. Estudioso de los problemas sociales, serio y muy honesto. En los escasos cuatro meses que lleva en el Concejo es faro para cualquier concejal. Si la mayoría de los concejales actuaran como él no tendríamos que “cerrar los ojos” para ver la ciudad que soñamos. Es de su cosecha lo siguiente: “Estamos viendo que en esta administración todo se está contratando a dedo: el Mercado de Bazurto, Corvivienda, Edurbe, etc.”, “En puros estudios se están gastando los dineros”, “Aquí no hemos visto ninguna licitación pública por ningún lado”, “Yo cheque en blanco no firmo, para que esta administración haga lo que le dé la gana”, “Dan pavor y horror, los sobrecostos que han realizado en Edurbe”, “¿Por qué la administración no dice quiénes son los concejales que están recibiendo prebendas?”. Calificación: 9,5.

La coalición minoritaria está conformada por los siguientes concejales: Andrés Fernando Betancourt González, Jorge Cárcamo Álvarez, Boris Anaya Lorduy, William López Camacho, Vicente Blel Scaff, Orlando Buelvas Romero, Daniel Vargas Moreno y Henry Argel Bossio. Se la pasan haciendo apología a lo indefendible. Sin ellos, el Concejo funcionaría perfectamente. Pareciera que sólo fueran a calentar el tafanario en las acolchonadas sillas que tiene cada uno de ellos. La calificación que arrojó el calificador, en bloque, para toda la coalición minoritaria fue de DOS (2) sin derecho a habilitar. Sin embargo, la pantalla de mi calificador, que no dejaba de titilar, destacaba lo siguiente de Andrés Betancourt: La Fiscalía Cuarta Delegada ante el Honorable Tribunal Superior de Justicia de Cartagena, lo acusa del delito de Fraude Procesal y Falsedad en Documento por cuanto, al parecer, simuló la venta de un vehículo automotor de placas B P K 001, marca Mitsubishi, modelo 1997, color rojo, que mantenía en posesión material a fin de evitar el embargo y secuestro que del mismo había ordenado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena dentro de un proceso Ejecutivo Singular que le adelantaron en su contra y que finalizó a favor del Concejal por Prescripción de la Acción cambiaria, toda vez, que no se logró notificarlo a tiempo por sus evasivas. Otro Concejal que alcanza el título de “Honorable” por Prescripción y que gracias a esa figura dejó de pagar más de 500 millones de pesos que le cobraran.- Hoy por hoy, el Proceso Penal contra el H. Concejal, fue remitido al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, bajo el Radicado No 365 – 2009, en donde está pendiente la Audiencia Pública que demostrará la responsabilidad o inocencia del H. Concejal. Será la Justicia la encargada de definir este enojoso asunto.

Por otra parte, para nadie es un secreto que la administración presidida por (LM), además de ser la más nefasta de todas, es una cantera de corrupción. ¿Sabrá el Zar Anticorrupción, o el Vicepresidente de la República, de los contratos interadministrativos-la mayoría en EDURBE- y otros, que en menos de diez meses de este 2009 que está por terminar acumulan un monto de 46 mil millones de pesos, según William Murra Babum, más del doble  de los ejecutados por las tres administraciones anteriores?. ¿Dónde están las obras?.

Los cartageneros, si las cosas no cambian, la recordaremos como la Mariamulata que nunca  logró despegar y menos volar. También sabemos que este año 2009, como el anterior, lo perdió de manera irremediable. ¡Qué lástima!. Calificación: UNO (1).

Si los concejales se mantienen unidos, y nunca más ceden sus facultades, a Cartagena se le verá el progreso muy pronto, si no es así, debemos suplicar a la Divina Providencia que nos envíe un alcalde como el de Barranquilla. No olvidemos jamás que la fortaleza de los concejos está en no conceder las facultades que le son propias, lo contrario es su debilidad. Por eso la inédita decisión de la actual coalición mayoritaria nos permite afirmar: ¡Tenemos Concejo!. ¡Feliz Año Nuevo 2010!.

juantorres1954@hotmail.com   

El auto de fe

Por: Daniel Coronell/APIC

Los documentos que componen el acervo probatorio lo único que comprueban es la antipatía que produce en las farc un hombre como Jorge Enrique Robledo

Alejandro Ordóñez está usando el poder de la Procuraduría General para liquidar a sus adversarios ideológicos y proteger a sus compañeros de causa. Sin ningún sentido de la justicia puso en marcha una investigación disciplinaria por Farc-política contra el senador Jorge Enrique Robledo, a pesar de que las pruebas indican que las Farc ven a Robledo como un enemigo y no como un aliado.

La decisión ocurre unos meses después de que el mismo Ordóñez eliminara de un plumazo -en su acomodada sentencia de la yidis-política- el bloque completo de pruebas contra sus copartidarios Sabas Pretelt y Diego Palacio por la compra de los votos parlamentarios que hicieron posible la aprobación de la primera reelección.

Sobre este último caso no vale la pena extenderse. La demostración gráfica de la arbitrariedad del Procurador para favorecer a sus copartidarios conservadores -y uribistas- quedó a la vista en un documento que muestra los cambios efectuados entre el proyecto dejado por su antecesor y la decisión adoptada por Ordóñez.

A los lectores curiosos que quieran repasar la evidencia de esta conveniente omisión les recomiendo mirar el documento anexo en semana.com (Ver ControlCambiosOrdoñez.pdf) y preguntarse por qué el jefe del Ministerio Público decidió suprimir lo que constaba de la página 142 a la 178. Treinta y seis páginas que hicieron posible que en la parte resolutiva se cambiara la expresión "Declarar disciplinariamente responsables" por "Absolver de los cargos formulados".

Esa resolución sirvió para demostrar que el Procurador es capaz de desaparecer pruebas existentes, lo increíble es que ahora pueda hacer aparecer evidencias que no existen.

El portal lasillavacia.com, en un esmerado trabajo periodístico, publicó esta semana los documentos que componen el acervo probatorio en el caso disciplinario contra el senador Robledo. Eso es todo lo que hay -ni más, ni menos- y lo único que comprueba es la enorme antipatía que produce en las Farc un hombre como Robledo, que ha condenado el accionar de la guerrilla desde el inicio de su vida pública.

Los papeles provienen del computador de 'Raúl Reyes' y las dos menciones específicas sobre las posiciones políticas de Jorge Enrique Robledo son para reprocharle sus pronunciamientos reiterados "contra la lucha armada" y definirlo como un "claro enemigo de la combinación de las formas de lucha".

En otro documento, 'Reyes' ordena subir a la página de Internet de las Farc un artículo escrito por Jorge Enrique Robledo. Algo sobre lo cual no tienen control alguno ni él, ni los demás autores cuyos escritos son publicados sin autorización en diversas páginas de Internet.

La última de las pruebas es un listado de personalidades sugerido por las Farc para la conformación de un 'Nuevo Gobierno'. Ahí está el nombre de Robledo, al lado de otros 89, entre ellos numerosos uribistas, incluido, por ejemplo, el actual presidente del Senado, Javier Cáceres, quien no solamente no está siendo investigado por Ordóñez, sino que tiene cuota en la Procuraduría General de la Nación. Después de su ayuda para la elección de Ordóñez, un allegado de Cáceres llamado Fabio Yezid Castellanos Herrera fue nombrado nada menos que procurador delegado para la Moralidad Pública. (Ojalá revise pronto el caso de Etesa).

En fin, a Robledo no le están cobrado ningún vínculo con las Farc, porque no existe. Lo que le cobran es no haber votado por Ordóñez -como si lo hicieron Dussán y Petro- y atreverse a denunciar con valor y de manera documentada casos como el de la Zona Franca en cuyos terrenos tienen intereses los hijos del Presidente, y la aberrante repartija de Agro Ingreso Seguro.

Al Procurador no le importan las pruebas. Al estilo de los inquisidores de 'El Niño de la Santa Guardia', que mandaron a la hoguera a 16 personas por el asesinato de un niño que jamás existió, Ordóñez quiere acabar con la carrera de un legislador honesto y brillante.

No se podía esperar mucho de un hombre que hace unos años quemaba libros en fogata pública y ahora alega -como gran defensa- que lo que incineró era pornografía.


Fortaleza y debilidad

(Primera parte)

Por JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

Cuando lo ponen a su alcance, cualquier rata  se come el queso. Jumatoca

Mis sinceras felicitaciones a los once concejales de la actual coalición mayoritaria del Concejo de Cartagena. ¡Actuaron como verdaderos defensores del pueblo en las pasadas sesiones!. Parece que, al fin, decidieron asumir sus funciones aunque les duela a algunos Anicetos modernos y envidiosos que serán devorados por las llamas de la corrupción como le ocurrió a la ciudad de Roma en tiempos del cruel, vengativo y depravado emperador romano, Nerón.

De entrada les digo que esta coalición- ya histórica-, en el calificador que les llevo obtuvo la máxima calificación: ¡Diez positivo!. ¡Ya era hora!. Quiso la divina Providencia “iluminarlos” para frenar los desafueros que viene cometiendo la administración que preside la alcaldesa Judith Pinedo Flórez- La Mariamulata (LM)-. La anterior calificación tuvo su origen en la sesión de clausura de sesiones ordinarias del Concejo, realizada el 30 de noviembre de 2009, en su sede. La histórica decisión demostró, primero, que si alguien hace “oposición de estómago”, no es precisamente la actual coalición sino los que están por fuera de ella, quienes, para no perder la “tajada” que tienen en el distrito, se plegaron al querer de (LM), segundo, que sí son capaces, tal y como lo manda la Constitución, de  actuar de manera independiente del ejecutivo, tercero, que están hastiados de ver tanta corrupción en esta administración y, cuarto, que se atrevieron, ¡por fin! a no investir, pro témpore, al Alcalde, de funciones que son propias del concejo y menos a autorizarlo para celebrar contratos cuando conocen de todas las sospechas y torcidos que recaen en el gobierno de (LM) en lo que se refiere a  la contratación.      

Ya lo he manifestado en anterior escrito: Si los concejales son elegidos por el pueblo para conformar la Junta Directiva(¿?) de la ciudad, lo natural es que ellos nombren al gerente (Alcalde) para que no ande cada uno por su lado. Claro está, para ello debemos reformar previamente nuestra Constitución y veremos como todas las aguas vuelven a su cauce natural. Mientras lo anterior se da ¡qué buena la decisión del Concejo!.

Les tocará trabajar más, sin embargo, un Concejo que tenga por norma NO OTORGAR MÁS FACULTADES y NO AUTORIZAR, de manera general, A SUSCRIBIR CONTRATOS a un Alcalde, transmite deseos de trabajar, seguridad, transparencia e infunde confianza en el pueblo ya que todo, o la gran mayoría de las erogaciones que realice el Ejecutivo, tiene que pasar por sus manos, es decir serán verdaderos coadministradores que harán un control previo muy necesario para evitar los desafueros de un burgomaestre que no quiere dar explicaciones de nada. Y, sobre todo, la corrupción se reduciría a la mínima expresión y eso el pueblo lo premia. Verbigracia: Conoceremos todos los temas y puntos sobre las íes de: los proyectos, concesiones, contratos, convenios, transferencias, empréstitos, etc.

¿Quiénes son estos once adalides del pueblo?. Son concejales muy comprometidos con la ciudad que no tragan entero ni “aprobarán primero los proyectos para después estudiarlos”. Veamos el concepto y la calificación que dio mi calificador a ellos: Alfredo Díaz Ramírez: próximo Presidente del Concejo, un veterano que nos hizo saber por dónde andaban los 100 mil millones de pesos aprobados por el Concejo a la administración de (LM) en el 2008, de los cuales “regalaron” 185 millones a un intermediario sin ninguna necesidad. Calificación: 8. Antonio Salim Guerra Torres: próximo Vicepresidente, joven con mucha imaginación y lleno de buenas ideas. Quiere crear la Secretaría de Turismo y darle más seguridad a los cartageneros. Calificación: 9  Rafael Meza Pérez: próximo Segundo Vicepresidente, joven capaz y enamorado del pueblo. Calificación: 8. Adolfo Raad Hernández: veterano de todas las guerras, hace como por diez concejales de los buenos- el que más sabe de letra menuda- un nato defensor del pueblo, Coordinador de ponentes del Presupuesto de 2010 y principal protagonista del aprobado Acuerdo No. 069 de noviembre 30 de 2009, mediante el cual le niegan las facultades a (LM) por “…los continuos actos de corrupción. No podemos ser tan irresponsables. Este gobierno no genera credibilidad, no genera confianza, porque cada uno de sus actos raya en el delito. Por eso no lo hacemos, por conveniencia y por legalidad y por la seguridad de que es lo más conveniente para la comunidad. Nosotros debemos estar informados de cada uno de los actos de la administración para el bien de todos los cartageneros. Para que no se sigan trazando presupuestos que no se ajustan a la realidad…¡Basta ya! ¡Hay que ponerle freno a esto! ¡Debemos direccionar los recursos a las personas más necesitadas con los estudios previos!”. Calificación: 10. Antonio Quinto Guerra Varela: conspicuo, centrado, ecuánime, incisivo, con una sindéresis envidiable. El debate que le realizó a la directora de la Escuela de Gobierno, Olga Acosta, es memorable. Calificación 9.               

A todos los cartageneros una excelente Navidad y un próspero Año Nuevo 2010.

Juantorres1954@hotmail.com

El patriarca del ocaso

POR: Daniel Coronell/APIC

Algunos visitantes acuden a Tuluá por el temor a las andanadas de Gardeazábal si no le tributan honores a este nuevo figurón de la radio

Pocas veces la impunidad social ha tenido un ejemplo tan completo. Gustavo Álvarez Gardeazábal, hasta hace un tiempo convicto dentro de la narco-política, determina hoy, desde un escuchado espacio radial de Caracol, qué está bien y qué está mal en Colombia. "Nunca he tenido tanto poder", afirmó solazándose en una entrevista, henchido del temor que infunde la corneta ajena.

Y es que esa mezcla extraña de realidad y ficción le ha alcanzado para todo. Si el Invías se atreve a tocar las matas que separan su finca de la carretera, esa misma tarde Gardeazábal proclama con dolorido acento -y en cadena nacional- que el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, está atentando contra su seguridad.

Cualquier cosa que pase en su hacienda 'El Porce', o en Tuluá -en donde tiene sus intereses particulares- se convierte en información nacional.

Bajo su cálida protección radial han estado entre otros el senador Juan Carlos Martínez, hoy preso por la para-política; el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y el polémico empresario William Vélez, frecuente visitante de su finca.

'El Porce' se ha convertido en lugar de peregrinación política. Unos van a nutrirse de los consejos del "Gran Patriarca", como lo llama 'Juan Paz', seudónimo que usa en el diario El Mundo, de Medellín, Humberto López, un señor tan sapo, pero tan sapo, que se sapea a sí mismo, y llega al humorístico extremo de reseñar bajo la firma de 'Juan Paz' lo que él hace como Humberto López. Por ejemplo, refiriéndose al cumpleaños de José Obdulio Gaviria, escribió "Por allá vieron a Augusto López Valencia, Humberto López, Jairo Osorio y más tarde llegó William Vélez Sierra, quien hizo destapar una botella de champaña".

Otros visitantes, en cambio, acuden a Tuluá por el temor a las andanadas de Gardezábal si no le tributan honores a este nuevo figurón de la radio.

Todos ellos parecen haber olvidado el pasado del poderoso comentarista.

Hace unos años, Gardeazábal definía la influencia del narcotráfico en Colombia como una "revolución incompleta" -comparable a la Revolución Francesa, hágame el favor- que regaba sus beneficios en el país y que tarde o temprano se consolidaría con el ascenso al poder de un 'Napoleón'. Ya se sentía en inatajable galope hacia el arco del triunfo, cuando la justicia se le atravesó porque su aproximación con el narcotráfico no se quedó en lo platónico.

Gracias al fiscal de la época, Alfonso Gómez Méndez, y a la Corte Suprema de Justicia, fue condenado a seis años y medio de prisión por enriquecimiento ilícito con dineros del cartel de Cali.

La explicación que dio entonces Gardeazábal -y sigue dando ahora- es que se trató de una persecución política porque lo único que realmente hizo fue vender una escultura.

La parte de la historia que ha omitido todos estos años es que la escultura que dice haber vendido era distinta a la que encontraron en la casa del capo Miguel Rodríguez Orejuela. Gardeazábal la recordaba como una pieza pequeña con la figura de una bailarina; en contraste, la encontrada medía dos metros y representaba a un niño que jugaba con el mundo.

Casualmente, unos meses después, el autor de la escultura apareció ante la Fiscalía diciendo que alguien lo había amenazado de muerte para que declarara que su obra era realmente como Gardeazábal la había descrito en el proceso. Tres testigos, citados por el acusado, ya estaban muertos.

En el libro El hijo del ajedrecista, Fernando Rodríguez Mondragón asegura que Gardeazábal oficiaba de escribano del cartel de Cali y recibía plata de su padre, Gilberto, y de su tío Miguel.

El amnésico Gardeazábal, todo de blanco hasta los pies vestido, o "con traje de palomo", como lo retrató Mario Fernando Prado -otro de sus corifeos, muy recordado por 'HH'- atendió decenas de invitados en su cumpleaños.

Entre otros, recibieron su desinteresado consejo el gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía; el de Nariño, Antonio Navarro Wolf, y los precandidatos conservadores Andrés Felipe Arias y Noemí Sanín, quienes puntualmente acudieron al besamanos.

Como sea, no deja de ser admirable que un personaje con semejante pasado disfrute de tantas venias sin haber sufrido, hasta ahora, el menor RASGUÑO.

El año de la 'moralina'

Por: María Jimena Duzán/APIC

México acaba de aprobar la dosis mínima, sobre el entendido de que al consumidor hay que combatirlo con prevención, no con la coerción ni con la prohibición.

El 2009 será recordado como el año en que el país fue tomado por la 'moralina', una especie de doble moral hecha a la medida de las graderías. A las mujeres que decidimos pelear por la aplicación de la ley que permitió en Colombia la despenalización del aborto se nos señaló desde los púlpitos, oficiados en algunos casos por curas pederastas, de incitar a las almas buenas al asesinato. Y a los colombianos que? estábamos a favor de la ley que acaba de ser destronada, aquella que permitía la despenalización de la dosis mínima de consumo de droga, se nos tildó desde la Casa de Nariño -la misma que permitió la entrada de narquitos de poca monta como 'Job' por sus sótanos- de ser permisivos con el narcotráfico.

Ese fue el argumento moralista que enarboló este gobierno para aprobar finalmente el proyecto que proscribió el porte y el consumo de pequeñas cantidades de drogas ilícitas la semana pasada. El encargado de lanzar este juicio moral fue el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, quien llegó al exabrupto de culpar al ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, autor de la sentencia que permitió en su momento la despenalización de la dosis mínima, de ser el responsable del aumento del consumo de cocaína en Colombia. "Carlos Gaviria no sabe el mal que le hizo al país cuando despenalizó el porte de la dosis personal", exclamó ante los medios el ministro Valencia Cossio. "Con eso se disparó el consumo y apareció el fenómeno del micronarcotráfico", concluyó el ministro en un ataque de moralina.

Sobra decir que la acusación es tan absurda como descabellada. La razón por la cual se disparó el consumo interno de drogas ilícitas en el país en los últimos cuatro años no es la despenalización de la dosis personal inspirada en buena hora por Carlos Gaviria, sino la saturación de los mercados, en especial el norteamericano, que parece haber llegado a su tope. Esta situación forzó a los carteles de droga mexicanos y colombianos a abrir nuevos mercados en Latinoamérica y desde entonces, el aumento del consumo de cocaína en países como Brasil y Argentina se ha convertido en el principal problema de salud pública. Otro tanto ha sucedido en México, donde el narcomenudeo es hoy un negocio tan próspero, que es el causante de la violencia despiadada que ha puesto a los poderosos carteles mexicanos a pelear por el control de las plazas en los diferentes estados de ese país.

En Colombia -aunque en menos escala que en México- se está produciendo ese mismo reacomodamiento del narcotráfico. Es evidente que el recrudecimiento de la violencia en ciudades como Medellín tiene que ver con la pelea que se está dando dentro de las diferentes facciones de la mafia por ver quién se queda con el control del mercado interno.

En resumidas cuentas, señor ministro Valencia Cossio: se necesita tener una doble moral a prueba de balas para acusar a Carlos Gaviria de ser el culpable del aumento del consumo de droga en Colombia, cuando un hermano suyo, el ex fiscal Guillermo Valencia Cossio, fue por espacio de cuatro años el hombre clave de esa nueva mafia que se ha ido reacomodando en Medellín en busca, precisamente, del control de ese creciente mercado interno. Hombres como su hermano, acusado por la Fiscalía de poner la justicia al servicio de la Oficina de Envigado, son los verdaderos culpables de que estas mafias hayan logrado abrir nuevos mercados.

Pero además, esta ley, así sea un saludo a la bandera, como lo dijo en su columna Jorge Orlando Melo, va en contravía con lo que están haciendo los demás países que tienen serios problemas de consumo interno. México, por ejemplo, acaba de aprobar la dosis mínima, sobre el entendido de que al consumidor hay que combatirlo con prevención, no con la coerción ni la prohibición.

Lo que sí resulta insostenible a estas alturas es que el argumento sobre el cual el gobierno sustenta la tesis de penalizar al consumidor sea de índole moralista, porque si hay un gobierno abiertamente inmoral es este. Este es el mismo régimen que ha invertido ingentes esfuerzos en lanzarles toda suerte de salvavidas a los para-políticos que forman parte de su coalición, con la tesis de que ellos son víctimas, y no beneficiarios, de la mafia paramilitar del narcotráfico.

Con todo esto, sólo falta que en este año de la moralina, a Carlos Gaviria lo acusen de ser el culpable de la sequía.

Sugerencias

(Primera parte)

Por: JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

Es tan fácil, en ocasiones, proponer cómo mejorar las cosas que es inconcebible no sugerir. JUMATOCA    

De inoperancia total es la sensación que tiene la ciudadanía de la labor que cumplen: la Contraloría, Procuraduría y Personería. Para corroborarlo no es necesario acudir a ninguna encuesta, son entidades ineficientes y hasta cómplices de los atropellos que se cometen contra el erario y los procedimientos administrativos. Los pobres y siempre tardíos resultados de sus gestiones reafirman la percepción y exigen diferente comportamiento.

Sin embargo, sus directivos afirman todo lo contrario y sin que les tiemble un músculo del cuerpo se ufanan de decir que no producen más resultados aparte del “montón” que reportan porque el “bulto” de normas que les señalan el trámite a cumplir para sancionar a la miríada de funcionarios corruptos o ineptos es de tal magnitud y complejidad que resulta imposible atraparlos dentro del tiempo que ellos y la sociedad esperan. Como no le encuentro validez alguna a tal excusa me niego a cambiar la esmirriada y escuálida imagen que tengo de esas entidades y de los funcionarios que las dirigen. Encuentro imposible  discernir por qué han sido incapaces de frenar los asaltos al erario, por qué no han logrado inspirar respeto, por qué trabajan tan parsimoniosamente a pesar de conocer la inmensidad e importancia del trabajo a su cargo y por qué se les hace tan difícil proponer ante la instancia correspondiente lo que perciben haría más expedita la tarea de convertirse en verdaderos guardianes del dinero y la ética pública. Para cuando se decidan a presentar cambios les sugiero, y espero no sea necesario una hecatombe o varios lustros más, incluyan las siguientes normas: 1) Todos los empleados y servidores públicos, sin excepción, deben prestar caución, antes de posesionarse, a efecto de garantizar los posibles daños que puedan ocasionarle al Estado sus acciones u omisiones durante el ejercicio del cargo. ¿Quién podrá negar la bondad de una norma que obligue a eso? ¿Quién ha dicho que deben ser solamente los tesoreros los únicos obligados a ello como ocurre en estos momentos? ¿Es que acaso son estos funcionarios los únicos que con sus acciones y omisiones pueden causarle perjuicios económicos al Estado en el ejercicio del cargo? ¿Acaso no nos grita la experiencia que no, que no son los únicos, que más bien son los Alcaldes, los Secretarios de Despacho, los Gerentes de las Entidades Descentralizadas, los Miembros de Juntas Directivas y los simples funcionarios públicos, de todo orden, los que a la larga resultan culpables por sus acciones u omisiones por detrimento patrimonial contra el tesoro público o por irregularidades administrativas?. Por ello planteo se extienda la obligación de otorgar fianza, antes de posesionarse, a todo aquel que haya sido nombrado, elegido o contratado como servidor o empleado público. La fianza que recomiendo evitará, por lo menos en parte, el ridículo de ver cómo existen sanciones económicas contra ex alcaldes de la ciudad que resultan imposibles de cobrar porque su patrimonio desapareció antes o inmediatamente después de dejar el cargo. 2) Los bienes inmuebles de propiedad de los empleados y servidores públicos no podrán ser vendidos por el investigado dentro del año siguiente de haberse iniciado investigación fiscal o disciplinaria en su contra a menos que la caución que haya prestado, al posesionarse del cargo, sea suficiente para garantizar los posibles perjuicios. Tal circunstancia le deberá ser notificada al empleado o servidor público investigado al inicio de la respectiva investigación y se deberá oficiar, por parte del funcionario investigador, a la oficina de registro donde se encuentre inscrito el bien para que lo excluya del comercio jurídico. Los beneficios de esta disposición saltan a la vista. Iniciada una investigación deberán trabarse todos los bienes sujetos a registro de propiedad del investigado, es decir, sacarse del comercio jurídico por un año para, precisamente, con esta acción garantizar que tendrá con qué resarcir el daño ocasionado en el evento de que efectivamente se le compruebe y así evitar que se siga presentando lo que hoy ocurre: apenas el funcionario conoce de una investigación en su contra de la que sabe resultará culpable, se insolventa, al punto que entre él y un indigente no existe diferencia de haberes y al Estado le resulta imposible, en consecuencia, recuperar lo perdido. 3) Los fallos de primera instancia dictados por la Contraloría, la Procuraduría y la Personería, en cualquiera de sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal, deben ser cumplidos una vez notificados y sin esperar que se surten los recursos que contra los mismos puedan interponer los afectados. Imposible negar los beneficios de este precepto, restablece la importancia y respetabilidad que deben tener los fallos de primera instancia y finiquita el desconcierto y la desazón que producen ver, en pleno ejercicio del cargo, a un empleado público sancionado por causar detrimento patrimonial a la entidad para la que trabaja o, con destitución, por haber cometido falta gravísima al ejercer sus funciones.

juantorres1954@hotmail.com  

De Jerónimo a Daniel

Por: María Jimena Duzán/APIC

Los organismos de investigación no pueden funcionar a paso de tortuga si los amenazados son críticos del gobierno, y a paso raudo si son los hijos del presidente.

En sólo cuatro meses, la Dijín, con el apoyo del FBI, identificó a Nicolás Castro, un joven estudiante de bellas artes como el presunto autor de la página en Facebook que proponía matar a Jerónimo Uribe, el hijo menor del Presidente. En menos de lo que canta un gallo, el miércoles pasado a Castro se le dictó la medida de aseguramiento, se le capturó e inmediatamente un juez de garantías lo mandó a la cárcel

de La Picota, que es donde van los más peligrosos terroristas. Castro fue acusado ese día no sólo de instigación para delinquir, sino de terrorista. De manera apresurada el director de la Dijín salió a informarles a los medios que su organismo tenía pruebas de que Castro pertenecía "a redes que instigan al terrorismo internacional". ¿Y cuáles eran esas pruebas tan contundentes? Ah, pues que Castro accedía a páginas que tienen que ver con las organizaciones terroristas de las Farc, Al Qaeda y otros grupos terroristas del mundo. Por si esto fuera poco, el director de la Dijín afirmó que Castro había ingresado más de 1.400 veces a buscar datos sobre la familia presidencial en la red en los últimos meses, acusación insólita porque convertiría en delito el solo acto de entrar a la red a buscar información sobre la familia presidencial.

Yo no sé si Castro es inocente o culpable del delito que se le imputa, ni si es terrorista, como ya lo concluyeron en la Dijín. Pero lo que sí tengo claro es que si para ese organismo visitar páginas en Internet de grupos extremistas lo convierte a uno en terrorista de las Farc, entonces el primero en caer bajo sospechas debería ser José Obdulio quien, a juzgar por las continuas menciones que hace de la página de las Farc en su columna, es uno de los que más acceden a ella. Y si entrar con frecuencia a la red a buscar información y datos sobre la familia presidencial o sus allegados puede llegar a ser considerado un acto delincuencial y hasta terrorista, entonces no van a dar abasto las cárceles para encarcelar a estudiantes, periodistas, historiadores, académicos, que ya habrán entrado a las mismas páginas que entró el estudiante Castro.

La celeridad y el apresuramiento con que la Dijín ha procedido en el caso de Jerónimo Uribe me recordó una historia acaso menos exitosa que esta que le sucedió hace unos años al periodista Daniel Coronell, reconocido crítico del gobierno Uribe. Él también recibió amenazas por Internet, pero no corrió con la misma suerte que Jerónimo. Ante la lentitud de los organismos de seguridad, Daniel se vio obligado a hacer la investigación sobre la procedencia de esas amenazas por su cuenta y riesgo. Mientras la investigación del hijo del Presidente contó hasta con el apoyo del FBI, la de Daniel contó solo con un ingeniero de sistemas. Con su ayuda, Daniel descubrió que el dueño del computador desde donde salieron esos correos amenazantes era Carlos Náder, un amigo de Álvaro Uribe muy cercano a sus hijos. Los resultados de esta investigación fueron publicados en su columna en la revista SEMANA/APIC. Carlos Náder terminó aceptando que desde su computador habían salido esos correos y, según Coronell, en una entrevista telefónica que sostuvo con Náder pocos días después, él le confesó que muchas personas tenían acceso a su computador…entre ellas los hijos del Presidente.

Lo cierto es que mientras a Jerónimo Uribe la Dijín le ha solucionado sus problemas de seguridad, a Daniel le tocó irse del país dos años a vivir un exilio que no merecía.

Pero, además, páginas como las que en mala hora invitan a matar a Jerónimo Uribe hay en Facebook contra muchos otros colombianos, comenzando por Piedad Córdoba, quien desde hace varios meses ha denunciado ante las autoridades la existencia de por los menos 20 grupos en Internet que invitan a su asesinato, sin que hasta ahora la Dijín se haya preocupado por acelerar la investigación ni por pedirle colaboración al FBI. También hay grupos que invitan a matar al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y a figuras de la farándula, como Shakira. Pero, repito, ninguna de estas amenazas ha causado mayor revuelo en la Dijín.

En un país donde hay una cantidad de miembros de ONG, de políticos y de periodistas críticos del gobierno amenazados, los organismos de investigación no pueden funcionar a paso de tortuga cuando los amenazados son críticos del gobierno, y a paso raudo y veloz cuando los amenazados son los hijos del Presidente.

Sólo esperamos que el rasero que utiliza este organismo de investigación de la Policía no sea de carácter político. Bastante tuvimos ya en la época de La Violencia cuando el país padeció los abusos de una policía política que se dedicó a proteger los intereses de quienes estaban en el poder, en desmedro de los demás ciudadanos.

Homenaje a la potra que lesionó a Uribe

Por: Daniel Samper Ospina/APIC

Sé que este país de mediocres no valorará a esta potra inmensa, pero al menos en mi memoria le construyo una estatua. Una estatua ecuestre.

Sea el momento de rendirle este modesto homenaje a la potra que cayó encima de la pierna al presidente Uribe y lo dejó maltrecho y en muletas: esa sí es oposición; esa sí es crítica seria. Antes de ella nadie había logrado afectar al Presidente: ni César Gaviria, que es un animal político, ni Gustavo Petro, que es un político animal.

En cambio, señores, en dos minutos esta potra fue capaz de hacer que el presidente Uribe por fin trastabillara. Y en su terreno. Porque, seamos francos: derrotar al Presidente en otras materias no tiene mayor gracia: sus conocimientos económicos son parecidos a los de etiqueta de la 'Negra' Candela; a los de diplomacia de Chávez. La misma yegua, sin ir más lejos, podría haberle ganado en dos relinchos un debate al doctor Uribe sobre derecho constitucional. Pero, avezada y llena de honor, tozuda y firme, fue más allá y se animó a jugar de visitante: en la materia que el Presidente más maneja, que es la agropecuaria.

Por eso, me permito proponer a la yegua como jefe de la oposición. Si el Partido Liberal ya fue dirigido por un lobo de camisas de seda, no veo por qué no pueda serlo también por una potra; y mucho más por ésta, que demostró que se puede hacer oposición sin ponerse turbantes en la cabeza, sin haber sido presidente y sin hacerle impresentables guiños a Hugo Chávez. Aprendan, pues, todos, de esta potranca que, a diferencia de ustedes, es digna y efectiva.

Digámonos la verdad: casi todos los miembros de la oposición son insulsos. Pongamos el caso de Gustavo Petro, un hombre que ayudó a elegir a un procurador de ultra derecha; que dejó de ir al debate contra el ministro de Agricultura porque le dolía un testículo, y que, más grave que todo lo anterior, usa vestidos negros con corbata blanca. Todo lo que hace Gustavo Petro queda a medias. Así será su vasectomía. Acuérdense de mí. Quedó mal hecha. Algo nacerá. Un niño de derechas, por ejemplo. Un uribista chiquito.

Pasemos al caso de Rafael Pardo. El gran reto que tiene Rafael Pardo no es conquistar la Presidencia, sino conseguir que la gente no lo confunda con Rodrigo Pardo. Todavía hay quienes no saben que uno es el calmado estadista, el tímido pero serio conocedor del país, y que el otro, en cambio, es el candidato. Por eso hago un llamado público para que ambos dejen de confundir a la opinión. Sugiero rapar a uno de los dos, tusar a alguno. Debería ser Rafael, que es al que más le conviene perder peso.

Y miremos, ahora al resto de líderes opositores, a los medianos: no hay nadie. ¿Venus Albeiro Silva, que parece un charanguero? ¿Cecilia López? ¿Puede uno confiar en Cecilia López, una señora que se pone sudaderas de toallita cuando sale al parque de El Virrey para pasear a su mascota faldera, que es Juan Manuel Galán? Sale en sudadera, habla a los gritos por celular mientras la siguen cuatro escoltas, y espera impaciente a que Juan Manuel olisqueé unas matas y juegue con una bola. Ella, además, casi siempre tiene al menos un diente untado de pintalabios: ¿puede liderar algo una persona así?

Descartados todos los anteriores, la potranca se erige como figura seria y promisoria, dispuesta, así suene paradójico, a tomar las riendas de la oposición. De entrada cuenta con el entusiasta apoyo de la bancada costeña.

Ahora bien: me pregunto cómo habrá sido el momento en que esa yegua lesionó al Presidente en su finca. Debió ser ya en la sobremesa, cuando el doctor Uribe se disponía a tomarse el café, costumbre que extrañamente suele hacer sobre los caballos.

—¡Mayordomo! -gritó.

Y entró Pachito Santos.

—Ordene, Señor -se ofreció dócil, como siempre.

—¡Saquen a las bestias!

Y sacaron a Pachito.

Entiendo que en El ubérrimo nadie molestaba a la potra, salvo Junior Turbay, que se metía en su establo y se comía a escondidas algo de su pienso: Junior creía, no sin razón, que comer pienso era una labor intelectual.

Aquella vez, sin embargo, el Presidente no quería tomarse una taza grande de tinto, sino un sorbo apenas, y por eso ordenó que le ensillaran a esta pequeña potra.

Se disponía a treparse, pero, a diferencia del colombiano promedio, esta yegua no se la deja montar de Uribe: y en dos minutos lo tumbó y por poco le rompe el gemelo izquierdo, para que fuera aprendiendo. Es el primer gemelo que ataca. Ahora sigue el gemelo del ministro Palacio, un reto aun mayor.

El presidente Uribe está cojo porque le ha caído una potranca en el muslo. Esa es la frase que nos mide; esa es nuestra realidad. No se lesionó una rodilla esquiando en la nieve, como el rey de España; no tuvo una elegante luxación de tobillo mientras bajaba unas escaleras. Qué burdos, qué poco pulidos somos.

Sé que este país de mediocres no valorará a esta potra inmensa, pero al menos en mi memoria le construyo una estatua. Una estatua ecuestre. Lo hago ahora, pocos días antes de que su cadáver aparezca en Cúcuta vestido con un peto camuflado mientras la presentan como el caballo de Cano; ahora, antes de que, siguiendo con el legado del papá de Junior Turbay, un par de tipos de gafas oscuras la aborden en una camioneta para llevársela a las caballerizas de Usaquén mientras la pobre cree que se trata de una buena noticia.

Las tristes Fiestas de Independencia  

Por JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

Las fiestas que impliquen atracos, vandalismo y violencia, no son fiestas. Jumatoca

Triste es decirlo. Nuestras actuales fiestas de noviembre o Fiestas de Independencia tienen cara de tristeza y vestimenta de pobreza. Ya no son las de antes. Da grima ver cómo se han ido degradando- sobre todo en estos dos últimos años- hasta el punto de ser sinónimas de intranquilidad, perturbación, vandalismo,…, y de bandolerismo.

Desde los comienzos de las “pre fiestas”, ya empezaba a avizorarse cómo iban a quedar: igual de malas o peor que las del pasado año. 

En sesión del Concejo, 9 de noviembre de 2009, le oí decir a Gina Ruz Rojas, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) que: “Las Fiestas se venían preparando desde el mes de febrero y el primer evento masivo fue en la Plaza de la Aduana, el 25 de septiembre, seguido de otros tres realizados el 2, 9 y 16 de octubre de 2009; además, el 13 de noviembre, los cartageneros podíamos presenciar algo muy novedoso: el desfile de la Diversidad Sexual”. En la misma sesión, el ingeniero Jorge Rocha Rodríguez-experto en estructuras- realizó una exposición contundente en la cual aconsejaba que el evento de coronación de la Reina Popular no debiera realizarse en la tradicional Plaza de Toros porque era muy probable que la mampostería, en los actuales momentos, pudiera caerse y causar muchos daños e incluso muertos. Remató diciendo: “No garantizo la estabilidad de la Plaza de Toros, si se hacen eventos” “Si los entes de control estuvieran pendientes, estos problemas nunca ocurrirían”.

Los concejales, con toda la razón, prohibieron que el evento se llevara a cabo en dicho escenario y quedaron atónitos como los presentes. Uno de ellos recomendó hacer un juicio político y revisar con lupa a los otros escenarios, otro preguntó si se habían robado los dineros correspondientes al mantenimiento y hacia dónde se direccionaban los recaudos que provienen de la Plaza de Toros, etc. Vino el corre-corre o la recurrente improvisación del gobierno distrital para escoger otro sitio. Fue mi primera tristeza. Sin embargo me pregunté: ¿Cómo es posible que hayan empezado a “preparar las fiestas” nueve meses antes y el IPCC no hubiese previsto, desde el mismo momento, que el escenario de la Plaza de Toros estuviera en óptimas condiciones para dicha coronación?.      

Como si no fuera suficiente con toda clase de ruidos que soportamos a cada momento, en Cartagena no se necesita que lleguen “las fiestas” para violar el derecho a la tranquilidad que merecemos todos. Lo que pasa es que el Establecimiento Público Ambiental (EPA)- ya muchos le dicen ¡APA! de rumba- se hace el de la eterna vista gorda porque hacen caso omiso de las frecuentes denuncias de los ciudadanos. Tampoco se necesita que lleguen “las fiestas” para que los atracos sean recurrentes, o, mejor, a diario, ¡claro está! en “las fiestas” se elevan a la enésima potencia. En pocas palabras, no hay autoridad. A mí, por ejemplo, el 11 de noviembre de 2009, a las cuatro de la tarde, me quitaron en un atraco más de tres millones de pesos en pleno Bando de la Independencia. Varias personas presenciaron el atraco y lo único que me decían, para consolarme, era: “Mi hermano, cójala suave, eso hace parte de las fiestas”. Fue mi segunda tristeza. Traté de poner la denuncia pero me arrepentí, como en los atracos anteriores en que he sido víctima, primero, porque le perdí credibilidad a la policía que tenemos y segundo, sus investigaciones casi nunca llegan a nada. Pueden tener la certeza que mi caso es, apenas, uno de los miles que de manera similar padecieron otras personas en “las tristes Fiestas”. Y es que no puede ser de otra manera, para nadie es un secreto la ola de inseguridad que estamos viviendo, actualmente, en la ciudad. En el solo mes de noviembre, casi llegamos a los treinta muertos. Mi tercera tristeza.

Los prohibidos buscapiés que lanzan a tutiplén, las bolsas de agua, la espuma alérgica, los retenes de atracadores con cuerdas, los otros atracadores que te ensucian si no les das un incentivo, pongámoslos como mi cuarta tristeza. 

¿Seis días de fiestas?. ¿Por qué tantos?. Mi quinta tristeza. Catorce casos por quemaduras de pólvora de los cuales tres ameritaron amputación en las falanges de sus dedos. Mi sexta tristeza. Los heridos con arma blanca fueron 141, con arma de fuego, 9. El sistema de salud colapsó, de tantos heridos, según el concejal Daniel Vargas. Mi séptima tristeza. En el desfile de la Diversidad Sexual involucraron a niños en comparsas. ¿Será que Gina Ruz desconoce que los expertos en la materia afirman que eso es maltrato infantil?. Mi octava tristeza. Y podría seguir enumerando, hasta el infinito, las tristezas que me causaron “las fiestas” llenas de atracos y de vandalismo.

Razón tienen los concejales, y el pueblo en general, en decir que las fiestas fueron un fracaso. De verdad que a Gina Ruz las Fiestas le quedaron “mamonúas”. Ojalá que no la veamos nunca jamás dirigiendo esta clase de eventos. ¿Quiénes se benefician con las fiestas?. El pueblo no es. ¿Será que a todo lo anterior es lo que quieren llamar “la revitalización de las Fiestas”?. ¡Terminaron las fiestas! ¡Qué alivio!.

juantorres1954@hotmail.com  

REFLEXIONES A PROPÓSITO DE MARINAS

Por: Fredi Eduardo Goyeneche/APIC

Por justicia, por respeto y consideración  a un trabajo arduo y constante que de verdad, con suficiente visión de largo plazo, ha desarrollado su proyecto  y negocio, que no condenamos, con constancia y dedicación que es como mandan los cánones no escritos del capitalismo que respetamos, el que premia la excelencia de la vocación empresarial que se acoge a las vías institucionales...por todo, no puede ser que ahora cuando se va orientando la ciudad, desde adentro y desde afuera, para convertir en una gran marina toda la ciudad factible potencialmente y sin más consideraciones para ello, incluida las zona de influencia de la bahía de las animas y circunvecinas...ahora,  personas cercanas a la administración, con todo su derecho empresarial pero con nada de legitimidad cívica y ciudadana, pretendan legalizar sus intereses particulares imponiéndoselo a la ciudad como un todo, pero para que no quepa duda, ensañándose con una empresaria aparentemente  solitaria.  Digo lo de aparentemente por aludir a su etapa inicial porque  la defensa que le ha brindado Jairo Uparella  a su vez ha convocado otras voluntades muy preocupadas por esta situación a la cual no podemos continuar alimentando con  la filosofía del "meimportaunculismo"...

Quienes tienen  tanto poder para pasarse por obviar o recomponer toda la institucionalidad local y además, recibiendo medallas y destacados como ejemplos de emprendedores, de emprendedurismo. Quienes o quien tiene ese divínico poder para enderezar lo  que de por si es torcido?

Cartagena está siendo el escenario de un fenómeno globalizador atrasado de su contexto conceptual, el mismo que condujo a esta terrible crisis financiera global que da sus últimos coletazos en nuestro territorio donde el espíritu empresarial criollo sigue la influencia de su pasado, pirata y torticero, es decir, la exclusión social. Cartagena es una “cosa” para ellos, es un territorio “cosificado”, una mercancía para la venta en mercados globalizados. Y la instrumentalización de este espíritu empresarial es “legal”. Se “apoderan” del Estado, del Departamento, de la ciudad o de un Distrito. No hay diferencias en este sentido. Y lo que le quedan de activos a estas instancias administrativas de lo público es eso, lo público. Y el asalto final y definitivo del capitalismo  salvaje en su versión criolla es el apoderamiento de los remanentes que los últimos 30 años han dejado luego de la parafernalia privatizadora: Los recursos naturales en su expresión más humana, los recursos de conservación del medio ambiente.

La nueva fuente de polarización social por la vía de hacer más vigorosa e irreversible la desigualdad  económica, y de esta manera la inequidad social en cuanto a la distribución de las riquezas que generan estos espacios; el apoderamiento privado de lo que hasta ahora ha sido patrimonio colectivo que genera  a su vez cohesión social en cuanto a su disfrute colectivo sin exclusiones. Tal como en el caso de las concesiones de playas, Sunset Beach es ilustrante del tipo de economía sobre la cual se redefine esta dimensión de la ciudad. Una concentración mayor de las fuentes generadoras de riquezas e ingresos en pocas manos a titulo de un enfrentamiento definitivo, espada flamígera en mano, contra la corrupción; una vuelta más a la tuerca de la polarización social, la versión audaz de algunos pocos “empresarios atrevidos” del modelo plutocrático que insufla el país.

Eso es lo mismo que está sucediendo con el caso de las marinas por ejemplo, y lo que mejor lo ilustra es el caso del Club Náutico. No porque este sea un negocio público, si no porque es un negocio privado que nació cuando alguien tuvo la visión con suficiente antelación de futuro; no ahora, con carácter oportunista de “rentseeker, de cazadores de rentas públicas apoyados en una racionalidad privatizadora que transforma los marcos legales para darle cabida a sus intereses, lo que no permite democratizar la economía y respetar el sentido de oportunidad diferenciándola éticamente de lo oportunista. Es la forma como un capitalismo sano no genera ni envidias ni resentimientos sociales, lo contrario de lo que se observa en Cartagena, si no remiren y reflexionemos sobre lo acontecido en las últimas fiestas de noviembre y el vandalaje sin precedente que sufrimos en esos días, ver El Aguafiestas de Rubén Darío Álvarez en EL UNIVERSAL del domingo 22 de este mes. Lo contrario de lo que sucede con los humedales circunvecinos a la Ciénaga de la Virgen donde han edificado el Hotel de las Américas, o el Centro de Convenciones frente a este hotel, o donde se proyectan las obras que constituirán un complejo económico erigido territorialmente en unos terrenos que a los ojos de cualquiera tenían la condición de públicos y de ser además de conservación y sostenimiento del entorno ambienta. Ahora serán fuente de riquezas para una sola familia y razón de ser del aumento de la desigualdad económica y social que vive nuestra ciudad…

Contratos tramposos

Por JUAN M. TORRES CASTRO-Columnista APIC

Sueño con una Cartagena en la que las mentiras de su Alcaldesa suenen a mentiras. Jumatoca                                                                                                                       

Insisto en continuar descubriéndoles a mis lectores la manera poco ortodoxa como viene contratando la administración distrital de Cartagena, sin embargo, se me presentó un dilema: tenía dos contratos por analizar y no sabía por cual de ellos decidirme. Mi aprieto llegó al extremo de pensar que lo mejor para mí sería tratar otro asunto. Sin embargo, vino a mi encuentro la inspiración y me acordé de mi primera juventud y de aquellas esperadas e inolvidables tardes de domingo en las que por el precio de una disfrutaba de dos películas y comprendí, de inmediato, el mensaje: Mi escrito debía tratar sobre ambos contratos.

El primero fue el suscrito entre el Distrito de Cartagena y Editora del Mar S.A., cuyo objeto lo constituyó “…la publicación  de aviso de prensa en tamaño tabloide de veintitrés mil (23.000) ejemplares, para notificar las resoluciones, por medio de las cuales se determinaron las obligaciones a cargo de…37.768 contribuyentes propietarios o poseedores de predios ubicados en el Distrito de Cartagena”, por valor de $145.000.000. Para seleccionar al contratista que se encargaría de la citada publicación el Distrito se apoyó en sendas mentiras, entre ellas, afirmar, sin rubor ni temor alguno, en los Estudios Previos, que por no existir pluralidad de oferentes que pudieran proveer el bien o servicio que se necesitaba, procedía seleccionar al contratista mediante la modalidad de contratación directa, es decir, con una sola cotización, y que a esta contratación le era aplicable el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, por ser el contrato a suscribirse de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. Sin embargo, las dos aseveraciones anteriores son falaces y sólo fueron el pretexto que utilizó la administración distrital para eludir solicitar varias cotizaciones y se les hiciera fácil escoger, a sus anchas, el contratista. Pero como no hay fechoría que no deje rastro, ésta no fue la excepción. El expediente contentivo del trámite que se siguió para adjudicar este contrato está plagado de vestigios de la felonía, por ejemplo: Si de verdad se consideraba que el contrato a suscribirse era de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, ¿por qué no se cumplieron los requisitos de certificar la idoneidad del contratista y el de expedir la constancia de que no existía en la planta de personal personas con las que se pudiera realizar o ejecutar la labor a contratarse? Les respondo: Sencillamente porque no era cierto que se trataba de un contrato de Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión sino de Prestación de Servicios, que es cosa diferente.

Además, no se entiende por qué si en los Estudios Previos que la misma administración elaboró para esta contratación se dejó claro que el artículo 568 del Estatuto Tributario ordena que “…las actuaciones de la administración notificadas por correo, que por cualquier causa sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación LOCAL O NACIONAL…”, hicieron caso omiso de la norma y, a sabiendas de su existencia y de su aplicabilidad para el caso, no invitaron a presentar ofertas a los demás periódicos que como El Tiempo, El Espectador, el Heraldo, La Verdad y otros, circulan en la ciudad y que al igual del que resultó ganador, EL UNIVERSAL, estaban habilitados para publicar el mencionado aviso con el mismo efecto legal.

Para nadie es un secreto que la sociedad Editora del Mar S. A. es la encargada de publicar el periódico EL UNIVERSAL, empero, a pesar de ser este rotativo el más leído y de más tiraje diario que tiene actualmente la ciudad de Cartagena, no era el único disponible, legalmente, para realizar la publicación del mencionado aviso. El que EL UNIVERSAL se haya constituido en el vocero de las ejecutorias de la administración distrital no debería ser motivo para que, contrariando las normas, le adjudiquen contratos millonarios a la empresa que lo edita. ¡Ya está bueno! ¡Dejen de hacer trampa!.

El otro contrato no es contrato sino el Convenio No.118 de 25 de febrero del año 2.009, suscrito entre el ex Secretario de Participación y Desarrollo Social, John Lawrence Mahony, y la Corporación MAYAELO, por valor de $180.000.000, con una duración hasta el 31 de diciembre del año 2.009 y cuyo objeto lo constituye “…generar un proceso de inclusión social que permita mejorar las condiciones de vida de cuarenta (40) recicladores y adultos en situación de calle mediante la orientación y acompañamiento psicosocial…”.

Las contradicciones que se encuentran en el expediente contentivo de esta contratación son abundantes, huelen mal y llaman a gritos a los organismos de control: Por una parte se afirma que el fundamento jurídico de la misma es lo mandado en el artículo 355, Inciso Segundo, de nuestra Constitución Nacional y su reglamentario el Decreto 777 de 1.992 y por la otra que lo es el artículo 46 (¿?) de la ley 489 de 1998, lo cual es imposible, toda vez, que una norma excluye a la otra. MAYAELO se compromete a aportar unas sumas de dinero que, inexplicablemente, no quedaron registradas en el Convenio. Se adjudicó el Convenio sin que se realizara el respectivo proceso de selección objetiva y la propuesta de MAYAELO no reúne los requisitos que para el efecto exige la Resolución 850 de 2008, emanada del Distrito de Cartagena o Estatuto de Contratación Distrital.

Definitivamente es imposible decir verdades sin chamuscar a uno aquí y a otro allá.

juantorres1954@hotmail.com   

El cuentachistes

Por: Antonio Caballero/APIC

El embajador, muerto de la risa, dice que "los amigos no abandonan a los amigos". Como si la de Estados Unidos no fuera una historia de abandonos y traiciones.

Tiene toda la razón el metomentodo juez español Baltasar Garzón cuando dice que no se debe, como hace el gobierno colombiano, anteponer la extradición por narcotráfico de los paramilitares a los Estados Unidos a los crímenes de lesa humanidad que han cometido en Colombia, y por los cuales deberían ser juzgados aquí de acuerdo con la ley de Justicia y Paz.

Tiene toda la razón el juez Garzón. Lo mismo se ha dicho aquí cien veces: jueces, columnistas de prensa, oenegés. Lo ha dicho, y lo acaba de repetir, Iván Cepeda, representante de las víctimas del conflicto armado. Pero esa gente es considerada por el gobierno "aliada de los terroristas". Se necesitó, pues, que lo dijera un magistrado extranjero, y en un foro convocado en el extranjero (en Madrid), para que el gobierno reconociera que puede haber ahí un problema: así lo aceptó el viceministro de Justicia, Miguel Cevallos, en Madrid. Sin embargo no todos los extranjeros tienen el mismo peso para este gobierno: embajador gringo mata juez español. Así que, tras reconocer que no hay un tratado de cooperación judicial que garantice la de los tribunales de los Estados Unidos con la justicia colombiana, arguyó el viceministro que hay que confiar en "el ofrecimiento de colaboración hecho por el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada". A través de ese mismo embajador cuentachistes que acaba de afirmar en Bogotá, con los ojos cerrados de la risa, que "los amigos no abandonan a sus amigos". Como si no supiera que la historia entera de los Estados Unidos es una historia de abandonos y traiciones a todos sus amigos (con la única excepción de Israel).

Pero el gobierno es inasequible a la evidencia. Parece ser que tampoco se ha dado cuenta de que los Estados Unidos tampoco respetan los términos del tratado de extradición firmado con Colombia, que se supone mutuo, pero sólo funciona de acá para allá, y no de allá para acá. (O a lo mejor es que no le importa: ni siquiera se preocupó por guardar las formas de la reciprocidad en otro tratado, el llamado "de libre comercio"). El gobierno insiste. Y así su Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, asegura (también en Madrid) que una vez que hayan cumplido sus sentencias por narcotráfico en los Estados Unidos los criminales regresarán por su propia voluntad para responder por genocidio ante la justicia colombiana. ¿De verdad lo cree? Y en cuanto a la reparación de las víctimas, para la cual el gobierno alega que el Estado colombiano no tiene dinero (cómo lo va a tener, si se lo gasta en darles subsidios agrícolas a los victimarios), tampoco podrá financiarse con las fortunas mal habidas, habidas a sangre y fuego, de los paramilitares: ya las negociaron ellos con la justicia y con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿De verdad tampoco saben eso el Alto Comisionado y el viceministro de Justicia? Y el ministro, claro, y el presidente: toda esa gente que le celebra con risas serviles sus chistes al señor embajador.  

¿Y es que también creen que David Murcia, el de la pirámide, que estafó a dos millones de colombianos, quiere volver para que lo juzguen por eso después de negociar su condena por lavado de dólares con la justicia de los Estados Unidos, a donde está siendo extraditado él también? (Es tal la vesania extraditadora de este gobierno que no se entiende por qué insiste en que le nombren un Fiscal, si sólo podrá ocuparse de los delitos menores contemplados en la ley de pequeñas causas. No se necesita un Fiscal General de la Nación para tratar con apartamenteros y reponeros). Pero es que para este gobierno arrodillado son mucho más graves los delitos cometidos contra el fisco norteamericano que los que se cometan en Colombia contra la vida o los bienes de los ciudadanos de aquí.

¿Por qué?

No es porque nuestros gobernantes, Álvaro Uribe y sus amigos, sean idiotas. Al contrario: es porque se creen astutos. Esperan que su sumisión abyecta a los intereses norteamericanos les será devuelta bajo la forma de una futura defensa contra la Corte Penal Internacional, que ya les tiene echado el ojo. La creación de la Corte, en efecto, fue suscrita por Colombia, y en consecuencia la obliga. Pero no la suscribieron los Estados Unidos, y en consecuencia a ellos no.

Si confían en esa ayuda, es porque no conocen tampoco la historia de traiciones a sus amigos que es la historia de los Estados Unidos. Creen que los chistes que cuenta el embajador van en serio.

Un arco iris de mentiras

Por: Alfredo Rangel/APIC

 Opinión Los frentes guerrilleros que subsisten están incomunicados entre sí, sus comandantes se encuentran aislados y huyendo de la fuerza pública.

El informe de Arco Iris es propaganda política opositora revestida de un falso ropaje académico. Allí las cifras son toscamente manipuladas, y los hechos, burdamente distorsionados. Y sus conclusiones son contraevidentes para cualquier colombiano. Sostener que la desmovilización de los paramilitares fue un fracaso y que la guerrilla está creciendo, razón por la cual hay que mandar a recoger la política de Seguridad Democrática y reemplazarla por el apaciguamiento, son disparates insostenibles.

En efecto, las guerrillas están sumidas en la peor crisis de su historia. Por primera vez las Farc han dejado de crecer y disminuyen su pie fuerza día tras día como resultado del acoso de la fuerza pública, la desmoralización, las deserciones y las bajas en combate. Al menos 11.000 de sus miembros han desertado en los últimos siete años y se han incorporado a programas gubernamentales de reinserción. Tan solo entre enero y octubre de este año desertaron 1.847 guerrilleros de las Farc. ¿De dónde sacan que están creciendo? Su pie de fuerza a duras penas llegará a 6.000 hombres. Y su capacidad operacional se ha disminuido sustancialmente y sigue cayendo. Contando sus ataques, hostigamientos, emboscadas, ataques a puestos militares y de Policía, secuestros, sabotajes, retenes y paros armados, en el año 2002 realizaron 1.475 acciones, en 2008 cayeron a 310, o sea, 81 por ciento menos, y en 2009 ejecutaron 287, con lo que cayeron un 7 por ciento en relación con el año anterior. ¿De dónde sacan que se están reactivando? La situación del ELN es aún peor, con menos de mil hombres en armas y prácticamente en tregua, dedicados a subsistir del narcotráfico.

Los frentes guerrilleros que subsisten están prácticamente incomunicados entre sí, sus comandantes se encuentran aislados y huyendo de la persecución de la fuerza pública, la guerrilla sobrevive en estado de creciente descontrol. Sus recursos financieros están en el piso, pues recaudan menos del narcotráfico, actividad que en el país ha disminuido en los dos últimos años, pero también porque se han visto obligados a salir de muchas zonas productoras. Sus ingresos por secuestro también siguen cayendo: considerados los períodos enero-octubre, las Farc realizaron en 2002 cerca de 263 secuestros extorsivos, el año pasado cayeron a 38 y el presente año a 27.

En lo único que han crecido significativamente las guerrillas es en la implantación de campos minados que producen por igual víctimas civiles y militares. Esta es una táctica eminentemente defensiva que usa la guerrilla en su repliegue, precisamente para impedir el avance de la fuerza pública y que, por tanto, no se puede considerar una demostración de fuerza o de capacidad ofensiva. Arco Iris mezcla peras con manzanas y por eso deduce que la guerrilla está creciendo.

Arco Iris manipula no sólo la realidad, sino también el lenguaje. El paramilitarismo en Colombia fue un fenómeno de civiles armados que realizaban acciones contrainsurgentes de extrema barbarie, aliados con elementos de la fuerza pública pero autónomos del Estado, que llegaron a tener una significativa capacidad de concertar acciones en el nivel nacional, financiados con el narcotráfico -igual que las Farc- y que disputaban con las guerrillas el control del territorio y de la población. Este fenómeno como tal ha desaparecido en Colombia. El Estado ha recuperado el monopolio de la lucha contrainsurgente, con plenos legitimidad y respeto a los derechos humanos. Seguir hablando de paramilitares, cuando en realidad son grupos armados emergentes al servicio exclusivo de las mafias del narcotráfico, no es otra cosa que abusar del lenguaje para confundir y acusar de fracaso la desmovilización y el desarme de 16.000 paras. Hay un 15 por ciento de exparas que volvieron a delinquir, eso sucede en todas las desmovilizaciones de irregulares, aquí y en Cafarnaún. Pero ya no actúan como paras, sino como mercenarios del narcotráfico, y además, por si fuera poco, aliados con la guerrilla.

Pero la tapa de la falta de rigor es que llaman paramilitares a cuanta banda de delincuentes va apareciendo por ahí y que para amedrentar y cometer sus fechorías se autodenominan 'Águilas Negras', o cualquier otra cosa. La Policía desmonta todos los días estas bandas de delincuencia común. Y, para colmo, concluyen que los paramilitares están más activos que la guerrilla, al incluir entre sus acciones el rubro "amenazas”, que, según Arco Iris, es el 53 por ciento (!) de sus acciones. Primero, la mayoría de estas amenazas deben ser extorsiones de delincuencia común. Segundo, si de comparar se trata, ¿por qué no incluyen las amenazas entre las acciones de la guerrilla? ¿Acaso la guerrilla no amenaza? ¿O Arco Iris sólo registra las amenazas de los delincuentes comunes, mal llamados paramilitares? Son sólo algunas perlas de esta propaganda disfrazada de academia.

El mal ejemplo

Por: María Jimena Duzán/APIC

Afortunadamente no todos los políticos en Colombia conciben el arte del poder de la misma forma y son respetuosos de la institucionalidad y sus normas

El 27 de noviembre el presidente Uribe tenía que notificarle al registrador nacional de su intención de ser candidato, pero no le vino en gana hacerlo. Y no lo hizo a pesar de que así lo manda la Ley estatutaria de garantías electorales, concebida precisamente para establecer una equidad electoral entre el presidente-candidato y los demás aspirantes y evitar que Uribe usufructúe el poder del estado en su favor.

Una de estas dos razones habría tenido Uribe para tomar esa decisión. La primera es la de que finalmente el Presidente habría tenido un momento de cordura, y pensando más en el país que en sí mismo, habría decidido desistir de lanzarse por segunda vez Aunque esta posibilidad nos debería tener a los anti re-reeleccionistas de plácemes, la verdad es que nadie se la cree. Basta verlo acaparando medios, repartiendo cheques y puentes en los consejos comunales y otorgando a como dé lugar un tercer canal a Planeta, para concluir que lo único que Uribe tiene en mente es su segunda re-elección.

La otra razón es mas creíble, aunque sea una mala noticia para las ya mal nutridas instituciones democráticas de Colombia. Y tiene que ver con el hecho de que Uribe ha decidido adelantar su campaña por la reelección desconociendo las normas y las leyes, rompiendo en pedazos la Constitución del 91, carta que Uribe dice detestar por que la considera hecha por guerrilleros, aunque para mis adentros yo creo que la razón para semejante aversión es que el espíritu anti reeleccionista de la carta no lo permite del todo cumplir sus deseos de quedarse en el poder. Después de dar una tracalada de notarías y puestos consiguió pasar la primera reelección. Pero la segunda, a pesar de todos los esfuerzos invertidos en hacerle el quite a la ley, sigue embolatada.

Probablemente este pulso lo gane Uribe y termine reeligiéndose. Sin embargo, la única forma de ganarlo es rompiendo el orden constitucional, invocando para ello el estado de opinión que, según sus propios palabras, estaría por encima del estado de derecho. De esa forma se sepultaría la Constitución del 91 y entraría a reinar la de Uribe.

Afortunadamente no todos los políticos en Colombia conciben el arte del poder de la misma forma y son respetuosos de la institucionalidad y de las normas que la legitiman. Mientras Uribe da tan mal ejemplo, el ex presidente César Gaviria se desprende del poder renunciando a la jefatura del partido, para permitir el relevo generacional y el asentamiento de un proceso interno que se viene consolidando dentro del partido que ya cumple 12 años en la oposición.

Gaviria habría podido reelegirse como jefe del liberalismo sin ningún problema en las convención de diciembre, pero decidió no hacerlo, dejando de paso a sus enemigos políticos que insistían en que detrás de esa jefatura se estaba cocinando una candidatura, viendo un chispero.

Lo que más me sorprende es que mientras esta decisión de Gaviria ha sido recibida con toda suerte de suspicacias, cábalas que van desde cuando el ex presidente habría salido a sombrerazos hasta cuando se fue dando un portazo, cansado con tanta quejadera de todo el mundo, la atropellada que le metió Uribe a la Ley de Garantías electorales y que ha marcado el inicio de una campaña ilegítima que nos puede conducir a un rompimiento constitucional, ha sido prácticamente ignorada por los seguidores del estado de opinión.

Mal síntoma que muestra lo atontados que estamos. Y un pueblo tonto es a los caudillos, como las moscas a las arañas.

El censo de Palacio

Por: Daniel Coronell/APIC

Contra lo dicho por el ministro Palacio, el papá del Presidente no está en el censo electoral.

Dos mentiras del ministro de Protección Social, Diego Palacio, quedaron en evidencia esta semana. La periodista Cecilia Orozco, en su columna de El Espectador, demostró que el señor Ministro faltó a la verdad en su propósito de desprestigiar el censo electoral. El gobierno ve ese censo como otro de los obstáculos legales -a demoler- en el camino de la segunda reelección.

El ministro Palacio aseguró hace unos días que "el país tiene enormes dificultades de información en cuanto a la identificación de la población. Hoy en el censo electoral el papá del presidente Uribe aparece y, como él, Álvaro Gómez aparece en el censo electoral".

Sin embargo, una pequeña pesquisa en documentos y sitios públicos, a los cuales tiene acceso cualquier colombiano, incluido el distinguido titular de la cartera de Protección, comprueba que lo que él dijo no es cierto.

El asesinado padre del Presidente de la República, el señor Alberto Uribe Sierra, usó en vida la cédula de ciudadanía 718956.

Esta información la puede obtener el señor Ministro, por ejemplo, en el Registro Nacional Aeronáutico donde una compañía de la cual era socio el señor Uribe Sierra figura como propietaria de un helicóptero incautado en el complejo coquero de Tranquilandia.

La operación tuvo lugar después del trágico fallecimiento del señor Uribe Sierra, por lo tanto los responsables legales del paradero de esa aeronave son sus herederos, incluido su hijo Álvaro. Pero al margen de este episodio -tantas veces ignorado- es un hecho que allí puede encontrar la cédula del papá del Presidente.

Aun si esa pista resultara insuficiente para el Ministro, o no quiere molestar a su jefe preguntándole ese mínimo dato, con un poco de diligencia puede ensayar otra vía para hallar el número de identificación.

Puede, por ejemplo, examinar la sucesión de bienes de don Alberto Uribe Sierra. Un proceso llevado con ejemplar dedicación por un abogado llamado Mario Uribe Escobar. La revisión de estos documentos le permitirá, de paso, al señor Ministro renovar su admiración por los herederos de don Alberto, que han sabido multiplicar prodigiosamente los exiguos bienes de fortuna legados por su padre que -contra la creencia extendida- no dejó tanto como algunos pretenden.

Por esta, o por cualquier ruta que escoja, obtendría el número ya mencionado y de ahí en adelante bastaría con entrar a la página oficial de la Registraduría en Internet (www.registraduria.gov.co). Teclear el número en la casilla dedicada del Registro Nacional de Votantes y darle Enter para, segundos después, obtener la siguiente respuesta: "NO SE ENCUENTRA EN EL CENSO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES".

Es decir que, contra lo dicho por el ministro Palacio, el papá del Presidente no está en el censo electoral.

El caso del doctor Álvaro Gómez Hurtado resulta igualmente sencillo. Basta acudir a los archivos electorales para encontrar su cédula en las diferentes inscripciones de sus campañas. O preguntarla en el Senado de la República, donde ocupó una curul, o en los documentos de la Asamblea Nacional Constituyente. En cualquier caso, el ministro Palacio sabría que Gómez Hurtado fue titular de la cédula de ciudadanía 92, una de las primeras expedidas con la numeración hoy vigente.

Siguiendo el mismo procedimiento en la página de la Registraduría, el doctor Palacio encontraría que el ciudadano Álvaro Gómez Hurtado no se encuentra en el censo para las próximas elecciones y que su documento fue cancelado por muerte.

El Ministro de Protección debería encauzar sus inquietudes estadísticas a los sectores de Trabajo y Salud, que están bajo su responsabilidad.

Podría buscar respuestas, por ejemplo, a miles de jubilados del Estado cuyas semanas de cotización desaparecen de los archivos y deben emprender largos pleitos para que les reconozcan su pensión, lo cual a menudo sólo sucede de manera póstuma.

O a los enredos de cuentas entre gobierno, empresas prestadoras de salud EPS y usuarios, donde por regla general pierden los últimos.

Sin embargo, al Ministro parece satisfacerlo más la gratitud del poderoso que la de los desvalidos.

Visiones sobre Colombia en las confrontaciones de Hugo Chávez  respecto a la entrega de Álvaro Uribe a USA

Por: William Hundelshauseen Carretero-Presidente Nacional APIC

El diario español El Tiempo de Bogotá, en su edición del 22 de noviembre pasado, abrió sus espacios a dos connotados periodistas colombianos: A Enrique Santos Calderón, ex propietario de ese periódico, ahora español, quien llevaba una vida muy tenaz y combativa en defensa de la democracia y promoción de y la soberanía política de Colombia ante la centenaria acción imperialista norteamericana contra los países de la América del Sur y del Caribe.

Del mismo modo publica una columna del periodista y escritor Daniel Samper Pizano, de gran fama y respeto en Colombia y América Latina por su independencia política y democrática que ha mantenido en sus columnas de El Tiempo. Daniel se refiere a los comentarios de la artista, cantante y bailarina colombiana Shakira, en la televisión española, en la que expresó: “en Colombia, muchos tienen poco y pocos tienen mucho, y la brecha es cada vez mayor”. Esa es la triste radiografía nacional, la auténtica génesis de nuestros problemas; en nuestro país mandan los ricos y lo hacen en beneficio propio. Para aplacar a los pobres se ha diseñado un sistema de limosnas, que funciona a base de mínimas exenciones y ayudas conseguidas con ditirambo populista a personas sin recursos. Ese mismo sistema tiene una puerta falsa- falsa y grande- por donde se escabulle el trozo gordo del ponqué, que va a los bolsillos de amigos políticos y amigos oligarcas tradicionales. Según el concejal de Bogotá Carlos Vicente De Roux, la suma total de auxilios y exenciones que reparten el presidente y sus ministros llegan a 12 billones de pesos.

Menciona también Daniel Samper que gracias a las denuncias de la prensa y del senador Jorge Enrique Robledo, el escándalo de Agro Ingreso Seguro, equivalente en el terreno agrícola, a los falsos Positivos en el militar. Es decir, abusos infames contra la gente anónima. Describe Samper la monstruosidad de los dineros del Estado destinados a apoyar y auxiliar a grandes empresas o agricultores poderosos, mientras que a quienes menos tienen y más necesidades les tiran unas monedas de limosna. La filosofía es la misma: enriquecer a los ricos y a callar a los pobres”. Pero convendría revisar otros planes del Ministerio de Agricultura que distribuyen subsidios a floricultores y bananeros con munificencia parecida al Agro seguro.

“Daniel Samper hace un análisis detallado de la magnitud insospechable de los recursos del Estado donados gratuitamente y sin compromiso de devolverlos”.

Es decir, el artículo de Daniel Samper es una descripción económica, social y política del gobierno, que desnuda la gravedad del asalto a los bienes públicos y del Estado que se ejecutan bajo la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien, de paso aspira a una tercera reelección. Conociendo como conozco personalmente a los periodistas Enrique Santos y Daniel Samper, que han batallado con mucho coraje, contra la represión y violencia en Colombia contra quienes han luchado por la democracia y la justicia social y que mantienen un perfil de una parte del periodismo tradicional colombiano, me he sentido obligado a recoger en este articulo de información para la APIC, útil para la causas de la recuperación de la democracia en Colombia y para que la América Latina quede en manos de sus propios hijos, estudiantes, campesinos, intelectuales, militares y patriotas. No nos daremos por vencidos y derrotaremos el zarpazo que pretenden el presidente Barack Obama y sus socios de última hora como el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Si logramos la independencia de América Latina hace 200 años, con mayor fuerza, vigor y claridad política y democrática, haremos del siglo XXI el siglo de la definitiva independencia política y social de la América Latina y del Caribe y de sus vecinos. Es el reto que estamos dispuestos a cumplir y a sacar victoriosos en este siglo convertido en el siglo de la esperanza democrática de los pueblos.

REFLEXIONES SOBRE UN EDITORIAL EN EL DÍA DE TODOS LOS MUERTOS

Por: Fredi Eduardo Goyeneche/APIC

El análisis de las razones de la desigualdad y la inequidad llena anaqueles desde los tiempos de los presocráticos con el inicio de  una visión racional del orden universal. De Tales de Mileto a Amartya Sen habrán transcurrido más de 2600 años en los que  pensadores como Thomas Hobbes trataría de teorizar sobre un estado que le garantizara al ser humano su seguridad y su libertad en condiciones de igualdad. En igual sentido o al menos con ese mismo objetivo central estudiamos los pensamientos contractualistas de John Locke y de J.J. Rousseau y  aun el más impactante de los últimos 30 años, el del distinguido filosofo Jhon Rawls con sus profundas reflexiones sobre la justicia. Todos estos elementos transversalizan la historia de la humanidad sin que nunca el ritmo del debate haya perdido su vigencia aunque sea cíclicamente diferentes sus grados de intensidad.

En los últimos 25 años sin embargo la preocupación por conceptos como la justicia, la libertad, la igualdad y la inequidad han ocupado espacio central de las preocupaciones ya no solo de exclusivas mentes educadas para el ejercicio del pensamiento sino también de ciudadanos que ejercen su condición de tales. La dinámica de la economía globalizada ahora más que en etapas anteriores conduce a la sociedad mundial a una reorganización social en la cual la monopolización de los recursos concentrados en pocas manos aumenta a proporciones sin precedentes la concentración del ingreso y de las riquezas. Esto es así porque en esta etapa de la economía mundial no hay recurso vedado a la apropiación privada con ánimo de lucro y con criterio excluyente. Y estos recursos han sido principalmente los recursos ambientales y naturales. Esta decantación no es sin embargo un proceso natural, es por el contrario una condición cada vez más concluyente del concepto de espacio mundial como espacio “natural” de la tasa de ganancia del sistema diseñado sobre esta piedra angular.

Lo global pareciera un concepto tan etéreo como ubicuo, tan polisémico como disperso en su significancia y por lo tanto distante de nuestra cotidianidad en la cual la globalización se entrama en lo efímero y en lo que permanece cambiante hasta confundir la realidad con la virtualidad. Por eso puede no percibirse sus efectos en el espacio donde toma realidad material su sentido de destino: lo local. Y esto es lo que confunde los intereses del colectivo social con los intereses particulares que fragmentan y polarizan socialmente los territorios de la localidad.

En Cartagena de Indias en particular, la expresión material de esa apropiación de los recursos naturales y ambientales, que tiene un largo historial,  se expresa con una apropiación privada de las potencialidades económicas de su territorio y de esa forma igualmente se da un desplazamiento territorial que polariza socialmente la ciudad. El desarrollo urbano de la ciudad ha estado signado por las expectativas del mercado tanto en lo nacional como en lo internacional en un contexto de profundización de la globalización económica de tal manera que, “cosificada” como mercancía, se oferta y demanda en mercados que trascienden su gobernabilidad. Esta misma razón  es la que finalmente ha sido la más eficiente manera de legitimar lo que por la vía de las formalidades se resuelven con los Acuerdos Distritales del H. C.  que adecuan la ciudad a la inversión en su territorio desde el punto de vista fiscal. Para lo anterior generalmente se invoca el desarrollo social  a través de la generación de empleos con un sacrifico en los ingresos corrientes del Distrito que obviamente es también un costo social a más del financiero. La experiencia de Mamonal en sus inicios en la década de los 60s podría ilustrarnos en el sentido de que casi todas las empresas localizadas al abrigo de exenciones tributarias y sin mayor control ambiental que aumentaba su rentabilidad por no asumir los costos externos de la contaminación ambiental, no están ya en la ciudad, muchas víctimas del cambio de modelo económico a partir de los 90s. Como conclusión preliminar podría afirmarse que la ciudad tuvo una pérdida neta en tanto que evidentemente la vida en sus bahías tanto externa por el sobre uso industrial, como la interna por sobre uso como muelles comerciales, no tiene vida ambiental afectado toda la economía de pan coger de los habitantes de su entorno que han sido igualmente desplazados de sus hábitats naturales y ancestrales de tal manera que también su micro cultura se ve afectado en una dinámica perversa de destrucción de tejido social.

La dinámica apropiadora de los recursos naturales y ambientales se acelera en lo local en momentos en que aun la parafernalia frenética por la especulación inmobiliaria mundial subsidiada por la especulación financiera, pone sus ojos en nuestro suelo. Y es al tenor de estímulos externos que la ciudad arriesga su destino colectivo socialmente considerado con la aceleración de la apropiación privada de sus recursos naturales en la forma de su suelo en zonas de alta apreciación pero que en la actualidad tiene ocupación o usos con carácter informal. Tales serian las zonas altas de la Popa,  zonas circunvecinas a la Vía Perimetral, el área de influencia del mercado de Bazurto, el entorno del sistema de caños y lagunas, las vías acuáticas y las playas de la ciudad, entre las más evidentes.

Los argumentos para fundamentar lo ético social estarán en la aceptación de la dinámica económica, la generación de empleos y la adecuación a experiencia previas exitosas, estas últimas como pruebas reinas  irrefutables de la aplicabilidad también aquí en nuestra ciudad.

La ciudadanía debería valorar sus apuestas colectivas a la ciudad que va surgiendo al tenor de teorías que realmente no han sido tan exitosas como se dice pero que si dejan secuelas como las anotadas sobre el desarrollo industrial de Mamonal. La ciudad corre el peligro de una fragmentación territorial y social irremediable en sus consecuencias en el largo plazo.

El posicionamiento de grupos locales agentes de multinacionales en las instancias de decisiones que combinan sus intereses particulares con el destino cosificado de la ciudad en los mercados inmobiliarios internacionales y con las multinacionales del ocio, no consideran realmente el impacto social ni cultural en la sociedad cartagenera. Los procesos de apropiación, con estrecheces jurídicas para definir su propiedad privada, de zonas circundantes a la Ciénaga de la Virgen, o de las zonas periféricas de  la Sociedad Portuaria o los terrenos de Chambacù deberían ser referencia que llamen a una reflexión más pausada de lo que encierra el editorial de hoy domingo 1 de 2009, día de todos los muertos.

La discusión acalorada sobre las razones de la pobreza, la desigualdad, la inequidad, la libertad y la seguridad seguirán su curso en los escenarios de la política y de la academia local donde el influjo de la globalización también llega pero en su forma de teorías que legitiman el modelo de pensar que deriva en creer que el desarrollo social procede de “la mano invisible”. Por lo menos es lo que se infiere de los documentos publicados en algunos círculos académicos locales sobre análisis de la situación de la ciudad, en algunos de los cuales inclusive son declarados próceres actores económicos que han contribuido poderosamente a modificar físicamente la ciudad en su afán de apoderarse de sus recursos naturales, y obviamente, han generado inequidad y desigualdad social en la población local… “es obvio que muchos no cabrán y tendrán que irse con sus bártulos para otra parte, a ver si se puede salvar la otrora gallina de los huevos de oro” sentencia el referido Editorial…agregaría que es obvio inferir quienes si cabrán

DESEMPLEO…MÁS PROFUNDA LA TRAGEDIA SOCIAL

Por: Fredi Eduardo Goyeneche/APIC

Al finalizar el tercer trimestre del año los indicadores del mercado laboral muestran de forma supremamente preocupante la persistente tendencia creciente de la tasa de desempleo ya observada desde los inicios de 2009. De un nivel del 11.1% en septiembre del año anterior  asciende a 11.8% en el mismo mes de este año mientras que comparados los trimestres julio-septiembre 08 con el mismo de este año el comportamiento es de 11.4% a 12.2%. Cuando la medición se hace sobre las trece principales aéreas metropolitanas la situación se torna aun más dramática habida cuenta de que estas concentran más del 60% del total de la población colombiana y en estas la tasa de desempleo se ubica en 12.9%. Considerando las 24 principales ciudades del país el indicador es ciertamente desalentador: 13.1%; este último dato refleja la caída del sector industrial que se ubica mayormente en estas ciudades y cuya caída del PIB sectorial registra un descenso de más del 6% para el mismo periodo analizado. Este comportamiento de desempleo seria la explicación más nítida de la caída de la inflación a niveles sin precedentes en los últimos 30 años por lo menos.

Varias son las lecturas que traducen los indicadores y las cifras en general de este informe del mercado laboral del último trimestre recién publicadas por el DANE. Así, observamos como la tasa global de participación, que es la relación porcentual entre el número de personas que componen la fuerza de trabajo o población económicamente activa (PEA) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET), crece en relación a los trimestres anteriores y con el inmediatamente anterior en 2.2 puntos porcentuales, con profundas connotaciones en otros indicadores sociales uno de ellos, la posible explicación del aumento de la deserción estudiantil. En efecto, la pérdida de empleo por parte del jefe de la unidad familiar arrastra a otros miembros de esta a salir en búsqueda de ingresos que suplan los perdidos por este. El indicador de medición del desempleo en jefes de hogar, 7.1%,   parecería confirmar esta apreciación. Estaría también dando una aproximación interpretativa a la disminución de los inactivos que se observa en el informe en cuanto a que este indicador disminuye en -4.5% al pasar los inactivos totales de septiembre 08 a septiembre 09 de catorce millones nueve mil personas a trece millones trescientos setenta y ocho mil personas. A las claras esto muestra que seguramente los hijos y las madres de familia que regularmente se ocupan de actividades estudiantiles y del hogar están saliendo a buscar ocupación que genere ingresos al núcleo familiar

 En un encadenamiento fatal para la armonía del conjunto  social este crecimiento continuado de la tasa de desempleo implicará una presión mayor en la tasa de pobreza; seria fantasioso pensar que con tasas creciente de desempleo pudiera esperarse coherentemente alguna disminución en los niveles de pobreza, teniendo en cuenta que con los criterios oficiales para la definición de un hogar pobre este lo seria, con una base de 4 personas, cuando el ingreso sumado de la unidad este por debajo de 1000.086 pesos. Esto significaría que el nivel de un poco más de 46% de pobreza de la población colombiana declarado en meses  anteriores debe estar con tendencia creciente igualmente como puede deducirse de los nuevos 369.000 desempleados generados en el último año para un total actualmente de 2'531.000 parados hasta septiembre; dadas las proyecciones de crecimiento del PIB para este año, de la disminución de las exportaciones a nuestros principales mercados que desde enero ha sido de 18.5%, y la debilidad de la economía norteamericana, no habría razones para suponer un mejoramiento en el corto plazo.

La creciente precarización del empleo generado se puede inferir del crecimiento de la población ocupada que no quiere decir necesariamente que tengan un empleo digno, por el contrario el posicionamiento de los “emprendedores” deducido de la mayor aportación de ocupados del sector servicios personales y comunales nos está indicando que el “emprendedurismo” se materializa por el lado del “rebusque” y del crecimiento de la informalidad laboral en actividades tales como el mototaxismo, la venta callejera de minutos de celulares y el comercio callejero.

Finalmente, en este corto y no muy profundo análisis, habría que decir que nuestra ciudad registra una dinámica decreciente en la generación de empleo y un aumento considerable en la tasa de desempleo al ubicarse en 13.1% con un crecimiento mensual consecutivo luego de un muy corto periodo de disminución a  inicios del año,  por encima del promedio nacional y colocándose  como la  8ª entre las capitales de las trece principales aéreas metropolitanas. Con esto el Distrito se mantiene con tasas por encima de dos dígitos tal como ha sucedido en los últimos 12 años al menos con su consecuente impacto en la pauperización de la población local. No tiene asidero científico ni académico para especular con una disminución de la pobreza luego de observar el comportamiento de esta variable, el desempleo. Muy por el contrario lo inferible es absolutamente lo contrario, agravado por la alta concentración del ingreso que hace de nuestra ciudad una de las de mayor conflictividad social. Lo anterior es inferible del comportamiento del PIB cartagenero que crece con mayor  dinámica que la misma variable en el orden nacional pero que no ha implicado ni aumento del empleo ni disminución de la inequidad

Caritas felices

Por: Daniel Coronell/APIC

 Arias trató de presentar como un éxito de Agro Ingreso Seguro el resultado esperado de la influencia presidencial sobre su bancada.

El Espectador del miércoles traía en su portada cuatro hombres sonrientes. Cuatro gestos risueños, y casi burlones, que sirven de colofón a un escándalo que estremeció al país durante varias semanas. Ellos celebraban la no aprobación de la moción de censura al Ministro de Agricultura por los hechos de Agro Ingreso Seguro (AIS). Se regocijaban en la impunidad política que siguió al regalo de millonarios recursos del Estado a aportantes de las campañas de Álvaro Uribe, a miembros de rancias castas políticas e incluso a personas al margen de la ley.

La foto muestra a Juan David Ortega, actual asesor de la campaña de Andrés Felipe Arias; al propio Arias, precandidato conservador y coautor de la cuestionada política agraria de este gobierno; a un alborozado periodista llamado José Fernando Porras, y al salvado ministro Andrés Fernández. (Ver fotosonriente.jpg)

La simple revisión de las hazañas de los protagonistas muestra elocuentemente las razones que tienen para reírse.

Juan David Ortega afronta un proceso penal y otro disciplinario por la compra de los votos parlamentarios para la primera reelección. Tres congresistas ya han sido condenados por estos hechos probados judicialmente. Sin embargo, en el caso de Ortega, la justicia ha ido a paso de tortuga. Ortega fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia y después Secretario General del Ministerio de Agricultura de Arias.

Un documento Excel (Ver NewYork.jpg) que resume la asignación de cuotas durante el trámite de la primera reelección tiene la firma electrónica de "juanortega" y procede de un programa Office registrado a nombre de "Presidencia de la República". (Ver autor JuanOrtega.jpg) En el proceso contra Teodolindo Avendaño, Ortega se negó a responder las preguntas de la Corte Suprema alegando su derecho a no autoincriminarse.

El segundo en la foto es Andrés Felipe Arias, un hombre muy inteligente y con una formación académica excepcional, cuyo paso por el gobierno lo catapultó políticamente, pero le ensució el alma para siempre.

Allí aprendió a imitar, y por consiguiente a mentir, tanto en los hechos como en sus interpretaciones. Con cinismo, Arias señaló que la no aprobación de la moción de censura a su sucesor era un gesto de apoyo del país a su rapaz política.

Arias trató de presentar como un éxito de Agro Ingreso Seguro el resultado esperado de la influencia presidencial sobre su bancada. El ex ministro se equivoca, pese a la mala memoria nacional, el tema de AIS lo seguirá por el resto de su vida.

El tercero de los sonrientes se llama José Fernando Porras, y hace unos años era conocido con el remoquete del 'Indio Morocongo'. Es el director del Noticiero Popular de la Voz de Bogotá, y no tiene inconveniente en combinar la reportería con la promoción frontal de Andrés Felipe Arias.

Hace unos días, apareció en YouTube un video con esta introducción: "José Fernando Porras, el periodista popular de Bogotá, reunió a más de 200 personas para que escucharan la propuesta de Andrés Felipe Arias" (Ver video José Fernando Porras). Tristemente para el país, Porras no es el único periodista -ni el más importante- dedicado a la propaganda o a lavar la cara de los funcionarios envueltos en escándalos.

El último de los personajes es también el más mediocre. Andrés Fernández llegó al Ministerio por el único mérito de haber sido compañero de pupitre de Andrés Felipe Arias. En su defensa -calificada por algunos áulicos como brillante-, Fernández no fue capaz siquiera de responder a los cuestionamientos de los citantes. Apeló a la táctica de atribuirles a sus contradictores cosas que no habían dicho y explicar esas ante la imposibilidad de contestar las que sí dijeron.

Pero ni para eso dio la talla por sí mismo. Largos fragmentos de su discurso fueron tomados y leídos -o repetidos de memoria- de una cartilla editada y distribuida días antes por su antiguo jefe, Andrés Felipe Arias.

La prueba en video de la copialina, que ustedes pueden ver en semana.com, no deja duda sobre la identidad del ventrílocuo del salvado. (Ver video "Descubierta la copialina del Ministro").

Todo esto es lo que el sonriente Arias define como la nueva política.

Las mentiras de Juan Pablo

Por: María Jimena Duzán/APIC

No voy a poner en tela de juicio las expresiones de perdón que ha demostrado Escobar. Sí le reclamo que haya contado parte de la verdad.

O el hijo de Pablo Escobar nos está mintiendo o no nos ha dicho toda la verdad. Esa es la sensación que nos deja a muchos colombianos el informe de la unidad de investigación de El Tiempo en el que 'Popeye', el sicario de Pablo Escobar, acusa a Juan Pablo, el hijo del capo, de haber participado en un operativo en Medellín que terminó con el asesinato del capitán de la Policía Fernando Hoyos Posada, en 1992, es decir, cuando Juan Pablo tenía tan solo 14 años de edad.

Aunque en ciertos sectores interesados en tapar verdades de nuestro pasado violento ha calado cada vez más la tesis de que a los bandidos como 'Popeye', o Mancuso o 'Don Berna' no hay que creerles, la realidad es que en esta ocasión la denuncia de 'Popeye' coincide con los informes de la Policía colombiana de ese entonces. Y según esos datos de inteligencia, para el año 1992-1993, el hijo de Pablo Escobar no sólo ya había participado en la muerte de un capitán de la Policía -primero volaron la entrada a su casa y luego entraron a su habitación y acribillaron al capitán y a su esposa-, sino que era un joven que manejaba sofisticadas armas y que se había convertido en un personaje clave de referencia de los sicarios de Pablo Escobar, sobre todo luego de que su padre se fugó de la Catedral y entró forzosamente en la clandestinidad. Hasta el propio general Naranjo salió a confirmar esos informes en una entrevista a la AP. "Esos sicarios connotados le preguntaban a este muchacho que era adolescente y él decía 'Haga'…, de eso la Policía da fe", afirmó a la agencia el propio general Naranjo.

Pero no sólo el director de la Policía, Óscar Naranjo, coincide con la denuncia hecha por un confeso criminal como 'Popeye'. También un alto funcionario adscrito en ese tiempo a una entidad en Medellín recibió por esas mismas fechas una llamada del propio Juan Pablo Escobar. La voz que escuchó era una voz intimidante, agresiva y fuerte, que de manera envalentonada le hizo entender que era capaz de conseguir cualquier cosa por ser quien era. Según el entonces funcionario, quien me pidió proteger su identidad, la llamada fue hecha en un tono violento y amenazador, muy distinto al tono conciliador con que conquistó al país Juan Pablo hace unas semanas, cuando les pidió perdón a los hijos de Luis Carlos Galán y al de Rodrigo Lara Bonilla y les escribió una compungida y muy sentida carta. "Me llamó a decirme que la Policía iba a matar a un amigo suyo y que si algo le pasaba a su amigo, él me iba a matar", recordó la fuente. "Si le pasa algo a mi amigo, a usted lo mato hijuep…", según el ex funcionario.

Pero no sólo él está de acuerdo con Naranjo y con 'Popeye'. También las informaciones que se publicaron por entonces en los periódicos pintaban un Juan Pablo Escobar bastante más relacionado con los negocios y con la vida de su padre, que lo que él mismo ha admitido. Si nos atenemos a la versión rosa que él les ha dado a los medios argentinos, en esa época él era un joven ingenuo, alejado del negocio y de los actos violentos de su padre; según esa versión, su papá siempre separó los negocios de la familia, nunca los involucró e incluso tuvo la oportunidad de hacerle caer en la cuenta de que él no comulgaba con muchos de sus actos violentos.

Yo no voy a poner en tela de juicio las expresiones de reconciliación y de perdón que ha demostrado Juan Pablo Escobar en estas últimas semanas para con las víctimas de su padre. Tampoco voy a cuestionar su sinceridad en el apretón de manos con los hijos de Luis Carlos Galán ni con el hijo de Rodrigo Lara. Sin embargo, sí le reclamo que sólo nos haya contado una parte de la verdad y que la otra, la que no quiere que se sepa, haya tratado de maquillarla de manera deliberada. Sí le reclamo que en lugar de enfrentar su pasado, intente jugar con la verdad de lo que sucedió y se haga pasar por otra víctima de su padre, cuando en realidad fue un victimario que alcanzó a usufructuar el poder del capo.

Pero sobre todo creo que Juan Pablo Escobar nos debe una explicación a todos los colombianos. Una explicación que tiene que ir algo más allá de sus cortas y exiguas declaraciones desmintiendo las denuncias de 'Popeye'. "Todo es falso, son mentiras y afirmaciones amañadas a sus intereses personales", fue su respuesta desde Argentina. Ahora falta que desmienta al general Óscar Naranjo y a una cantidad de colombianos que lo recuerdan como el todopoderoso hijo del capo.

Tengo 58 razones para Justificar la no reelección de Uribe

Por: William Hundelshauseen Carretero-Presidente Nacional APIC

 

PORQUÉ NO PUEDO APOYAR AL PRESIDENTE DE COLOMBIA PARA SU TERCER MANDATO?  58 RAZONES QUE VALEN LA PENA ANALIZARLAS

 

 

1) Porque aumentó la edad para pensionarse: la mujer a los 57 años y los hombres a los 62.

 

2) Porque aumentó de 1000 a 1250 semanas las cotizaciones para acceder a pensión.

 

3) Porque eliminó la mesada 14 o prima de junio a los pensionados.

 

4) Porque acabó con los quinquenios y las primas de antigüedad.

 

5) Porque cerró y ordenó liquidar más de 18 hospitales.

 

6) Porque es responsable de que los jóvenes no tengan estabilidad laboral ni prestaciones sociales. Solo contratos de 3 o 4 meses, con salarios indignos y todo, porque la ley 50/90 arrasó con el derecho al trabajo y Uribe fue su defensor y ponente en el Congreso.

 

7) Porque eliminó más de 30.000 empleos públicos y despidió a otros tantos trabajadores.

 

8) Porque subió el IVA del 8% al 16%.

 

9) Porque no tuvo voluntad de rebajar las tarifas de servicios públicos, que dependen de la ley y del gobierno nacional.

 

10) Porque cuando era Senador sustentó la ley 100/93 que convirtió el servicio de salud en un negocio en donde solo importa las ganancias y no la calidad de vida de los pacientes, teniendo que ver los colombianos morir a sus familiares en las puertas de los hospitales.

 

11) Porque manejó el congreso como quiso hasta prostituirlo, sin embargo no radicó ninguna ley sobre protección social en pensiones y salud para más de 10 millones de ancianos desprotegidos.

 

12) Porque la gasolina la sube mes a mes hasta hacerla la más cara del mundo.

 

13) Porque mediante la resolución 013 de 2005 ordenó acabar con las primas de servicios y técnicas. Con vistas a la reelección esa resolución fue derogada, pero ya quedan notificados de lo que pasará si lo reeligen. Su objetivo es reducir los salarios a menos del $ millón para los profesionales, mientras que a los altos funcionarios les autoriza en el mes de junio un reajuste de 4 primas adicionales. Así, estos últimos devengan casi $ 130 millones en junio.

 

14) Porque el Plan Patriota que implementa en el sur del país tiene un fuerte impacto ambiental, agencia la concentración de la tierra, viola los derechos humanos, criminaliza e involucra a quienes no tienen que ver con el conflicto en él, y permite la intervención militar y la presencia permanente de tropas extranjeras en nuestro territorio, coincidencialmente en zonas ricas en carbón, gas, petróleo, biodiversidad, y el más importante de todos los recursos: Agua.

 

15) Porque fue el único Presidente de Sur América que apoyo la invasión y el genocidio del pueblo de Irak para robarle su petróleo, un apoyo a una guerra ilegal e ilegitima que atenta contra una tradición internacionalista de varios decenios en Colombia.

 

16) Porque ha despilfarrado más de $27 mil millones diarios en su inútil y estéril guerra mientras se empecina en ignorar que la violencia la genera el hambre, el desempleo y la falta de ingresos.

 

17) Porque buscó regalar a TELECOM, después de propiciar su ruina.

 

18) Porque nombró de ministro a Londoño Hoyos y al general Plazas jefe de estupefacientes: el primero estuvo implicado en le escándalo de las acciones de INVERCOLSA y el segundo no dejó piedra sobre piedra en el Palacio de Justicia.

 

19) Porque no permitió que indemnizaran o repararan a las víctimas de la violencia, ni que se supiera la verdad sobre los crímenes en Colombia, al extraditar apresuradamente a sus socios, los paramilitares.

 

20) Porque hizo aprobar su propia reelección, pero negó la de otros funcionarios.

 

21) Porque el único empleado público que puede hacer política es el Presidente.

 

22) Porque permitió que haya impunidad por los delitos cometidos por los estadounidenses, mientras es implacable con los colombianos a quienes remite a las cortes de Estados Unidos, para que los juzguen en otro idioma y sin derecho a la defensa; y de donde en varios casos han sido devueltos.

 

23) Por que perpetúa la hipócrita guerra contra el narcotráfico, que lo único que hace es volver más lucrativo el negocio, (sobre todo para el sistema financiero del primer mundo) desconociendo que la verdadera raíz del problema no es la producción sino el consumo y la demanda, y que cada vez aumentan mas los cultivos, a la par con las viudas y huérfanos de esa guerra.

 

24) Porque regaló a GRANAHORRAR, al venderlo en menos de lo que al pueblo le hicieron pagar, para sacarlo de la quiebra.

 

25) Porque sin carácter se dejó imponer el TLC que arruinara el campo y el sector textil, farmacéutico, agropecuario y hasta la televisión nacional.

 

26) Porque han expropiado a los narcotraficantes más de $30 billones y nadie rinde cuentas ni sabe a qué bolsillos han ido a parar.

 

27) Porque existen denuncias en los medios según las cuales desde que es presidente ha estado comprando lotes alrededor de su hacienda 'El Ubérrimo' (que tiene cerca de dos mil hectáreas: Bogotá toda tiene como tres mil, comparen) en Córdoba y nunca será bien visto que un presidente se enriquezca mientras ejerce el cargo. Y ahora sus hijitos son supermillonarios con la compra de tierras que "por fortuna" y sin ningún conocimiento de Uribe, fueron declaradas aptas para la zona franca de Mosquera.

 

28) Porque reconoce como valor supremo de una sociedad la seguridad (donde queda la igualdad, la justicia, la libertad¿¿¿¿¿¿¿???????) y solo habla de 'Estado de Derecho' cuando la Constitución Colombiana consagra un Estado SOCIAL de Derecho, lo cual es una noción muy diferente..

 

29) Porque su política de seguridad democrática desdibuja la noción de derechos humanos, dado que éstos son prerrogativas que se ejercen frente al Estado, y no frente a grupos armados al margen de la ley, como lo quiere dar a entender.

 

30) Porque su política de seguridad democrática con sus detenciones masivas y redes de informantes, ha servido para que, una vez liberados los detenidos por violación del debido proceso e inexistencia de pruebas, sean asesinados, coincidencialmente, por fuerzas oscuras.

 

31) Porque su política de seguridad democrática predica y practica el involucramiento de la población civil en el conflicto armado, desconociendo el principio de distinción y otros preceptos del derecho de la guerra, o derecho internacional humanitario.

 

32) Porque atacó públicamente a los defensores de derechos humanos en Colombia, llamándolos 'voceros del terrorismo' por cuestionar su política de seguridad antiterrorista.

 

33) Porque desconoce la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, lo que impediría la operancia del Derecho Internacional Humanitario, que lo único que busca es la humanización del horror de la guerra y la protección de quienes no participan directamente en las hostilidades.

 

34) Porque las detenciones masivas, injustas y arbitrarias, generan responsabilidad del Estado con deber de indemnizar a los afectados, mediante el pago de millonarias condenas con cargo al erario público, dinero que se podría destinar a otros rubros más importantes.

 

35) Porque en Cajamarca Tolima hubo una masacre perpetrada por el Ejército (y esto ha sido comprobado por la Fiscalía quién profirió resolución de acusación contra varios militares) y el presidente en vez de solicitar una investigación a fondo acudió a decir que se trataba de un error militar, cuando las víctimas habían sido ejecutadas extrajudicialmente.

 

36) Porque existen denuncias serias sobre fraude electoral en los comicios donde resultó electo presidente, y las denuncias no provienen de la oposición, sino de un alto funcionario del gobierno, salido de sus entrañas: El director de informática del DAS.

 

37) Porque existen denuncias serias de importantes medios de comunicación sobre vínculos estrechos entre el DAS y los paramilitares, unidos para acabar con estudiantes, profesores universitarios, sindicalistas, activistas de derechos humanos, líderes de oposición, mediante la entrega de información de inteligencia a las autodefensas, todo con recursos públicos.

 

38) Porque ante las denuncias el presidente Uribe en vez de depurar las instituciones y adelantar las investigaciones correspondientes, la emprende contra la prensa, -que inclusive lo apoya en Colombia- como si quien denuncia el hecho -y no quien lo comete- fuese el responsable del escándalo.

 

39) Porque en los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado Colombiano frente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, se ha negado rotundamente a asistir, no obstante reunir en sí la condición de jefe de Estado, Jefe de Gobierno, y supremo comandante de las Fuerzas Armadas. Seguro es para él una enorme humillación pedir disculpas en nombre del Estado a las víctimas.

 

40) Por que la Corte Constitucional tuvo que hacer un llamado de atención al gobierno frente a la situación del desplazamiento, debido a la falta de protección y desinterés por parte del Estado frente los desplazados, y aún así su situación sigue siendo lamentable.

 

41) Porque ha dejado ver su displicencia por la constitución de 1991, y no ha ocultado su interés de modificarla para mal e inclusive sustituirla, a pesar de que es considerada la carta política más proteccionista y garantista del mundo.

 

42) Por que tuvo la desfachatez de nombrar como ministro del interior a Fernando Londoño, quién públicamente ha expresado su desprecio por la carta de 1991, y se atrevió a atacar a la rama judicial, por lo que fue ejemplarmente sancionado con inhabilidad de doce años por la procuraduría.

 

43) Por que las entidades encargadas de reforma agraria y manejo de tierras en Colombia FINAGRO e INCODER, se han visto envueltas en escándalos sobre la adjudicación irregular de tierras y créditos a poderosos terratenientes en Colombia, mientras los desplazados se mueren de física hambre en las ciudades. Según los funcionarios implicados, el ministro de agricultura ha sido cómplice de ello. Se da todo a los victimarios y se ha desprotegido a las víctimas.

 

44) Porque los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a la verdad, justicia y reparación integral se ven afectados por la mal llamada ley de justicia y paz, impulsada por el gobierno de Uribe, que desconoce los estándares internacionales que el derecho internacional de los derechos humanos consagra en materia de derechos de las víctimas.

 

45) Porque personas investigadas por la Fiscalía General de la Nación por supuesto nexos con los paramilitares aportaron millonarias sumas (algunas hasta cien millones de pesos) a su campaña presidencial.

 

46) Porque durante su gobierno el cultivo de palma africana de aceite, "el desierto verde" se ha extendido por todo el país, por medio del desplazamiento y el despojo de tierras de propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrodescedientes.

 

47) Porque durante su gobierno las comunidades indígenas Arahuacas, Koguis, Wiwas y kankuamas han sufrido exterminio a manos de los diferentes actores del conflicto, sin que el gobierno haya hecho mayor cosa para impedirlo, constituyéndose en una vergüenza internacional para Colombia.

 

48) Porque impulsó la ley forestal, que abre las puertas a la mercantilización y explotación indiscriminada de los bosques y de las selvas colombianos, desconociendo parámetros internacionales del derecho ambiental en la materia.

 

49) Porque desobedeció la orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no negociar y firmar un TLC lesivo a los derechos colectivos de los Colombianos.

 

50) Porque ante la masacre de San José de Apartadó, donde murieron niños menores de doce años y los miembros de la comunidad señalaron a algunos soldados del Ejército como responsables, el presidente no condenó la masacre ni solicitó el impulso de las investigaciones, si no que señaló a la comunidad de San José como influenciada por la guerrilla.

 

51) Porque plantea una reforma a la justicia para minar la independencia de la rama judicial del poder, recortando funciones a la Corte Constitucional , la acción de tutela y concentrando poderes en sí mismo.

 

52) Porque su ministerio de educación está adelantando una reforma académica en la Universidad Nacional de Colombia con el fin de entregar un profesional más acorde a los requerimientos del mercado, porque la Universidad Nacional "está enseñando demasiado". (Se cita textualmente) Es decir, no profesionales pensantes y críticos, esto es integrales, comprometidos con el desarrollo de su país y su gente, sino mano de obra barata para las maquilas y las grandes empresas.

 

53) Porque su gobierno manipuló las cantidades en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas para presentar la situación de desempleo, lo que motivó la renuncia del director de la entidad. De hecho ha cambiado la metodología para medición de la pobreza, con el objeto de sostener que en su gobierno, ésta ha bajado (¿?) por lo que ha mantenido una controversia pública con economistas y académicos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia. En esta última, lo único que ha atinado a decir su gobierno es que el CID tiene un sesgo político (¿será que defender la gestión económica de un gobierno no tiene ninguno?).

 

54) Por que negoció un TLC con los Estados Unidos en condiciones inequitativas para Colombia. Mientras los EU subsidian a sus agricultores, Colombia no lo hace con los suyos, y permitirá que ingresen sin arancel productos con subsidio estatal norteamericano (¿eso es libre comercio?) a competir con productos colombianos sin subsidio. Y porque se niega a convocar una consulta popular sobre el tema. Si el pueblo colombiano quiere TLC. ¿A qué le teme Uribe? Y si no lo quiere ¿Por qué lo firmó?

 

55) Porque al ser reelegido tendrá la posibilidad de incidir políticamente -dado su inmenso poder- en la elección de procurador, contralor, y magistrados de altas cortes, (ya lo hizo con fiscal general -que anteriormente era su viceministro de justicia- y congresistas, que son de su círculo) para que quede gente de sus afectos, destruyendo de esa forma el sistema de contrapeso de poderes de las democracias modernas; como decían del PRI en México "la dictadura perfecta".

 

56) Por la hipocresía que representa el defender, de manera enferma, la legitimidad de un congreso que tiene más de ochenta procesados, e incluso condenados, por para política, todos de la coalición uribista, uno de ellos Mario Uribe, quien más que primo, era su brazo derecho en la política. Curioso que su líder político no tenga nexos con el paramilitarismo...

 

57) Por el exabrupto de no reconocer el desastre político que representa el hecho de tener que deberle la reelección a Yidis Medina a cambio de dádivas y cuotas burocráticas, y en cambio emprenderla contra la Corte Suprema, única institución que no se ha dejado seducir con las mieles del poder, cuya autonomía se ve amenazada con la reforma a la justicia que garantizaría la impunidad para su gabinete y seguidores políticos.

 

58) Porque con el aumento desmesurado del pie de fuerza (más soldados y más policías) para mantener la seguridad democrática, que tiene el respaldo económico extranjero, no ha trazado políticas económicas para el momento en que lo deje de recibir; peor aún, de donde provendrá el dinero para el pasivo pensional que se generará con la jubilación masiva de los mismos.

 

59 y mil razones más, como las ejecuciones extrajudiciales y la declarada acción consciente del gobierno por defender a esos criminales uniformados en las cortes, con dinero del erario público. Es decir, asesinan a los hijos del pueblo, y el pueblo mismo debe abocar la defensa de sus verdugos.

 

Y LOS CIEGOS QUE PIENSAN EN REELEGIRLO, CREEN QUE EL UNICO PROBLEMA DEL PAIS SE LLAMA FARC.

 

Por ello, ni los ciegos ni los ignorantes políticos pueden seguir manejando el país con sus alocados comportamientos anormales. Que la conciencia, producto de la acción y la reflexión, sea la partera de la historia y no el rebaño cerril y atorrante.



Por JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

 

La transparencia de un gobierno no puede ser intermitente. Jumatoca

 

Sabemos de la desastrosa gestión adelantada, hasta el día de hoy, por la alcaldesa Judith Pinedo Flórez -La Mariamulata (LM)-. En tres días se cumplirán 18 meses de su mandato los cuales corresponden al 37,5 % del total. Le quedan 30 meses para cumplir con su Programa de Gobierno. ¿Lo cumplirá?. No lo creo. ¿Llegará hasta el final?. Lo dudo.

 

En Cartagena, los primeros ocho meses del año huelen a francachela y los cuatro últimos a rumba lo que torna más difícil cumplir con cualquier compromiso serio a favor de un pueblo desempleado, con pobreza extrema y esperanzas e ilusiones perdidas y menos veremos soluciones a la vista si tenemos en el timón del barco a una experta en frívolas ocupaciones. Como quien dice: Los vientos que soplan en Cartagena de Indias, cada día abren más la brecha entre las dos Cartagenas. Hemos perdido la confianza.

 

También sabemos de la pérdida total del año 2008 de (LM) y éste 2009 se dirige más raudo en la misma dirección calamitosa. Su Informe del Primer año de Gestión o Rendición de Cuentas, aquella de los Cien(100) pasos adelante, vimos que en realidad se dieron pa’trás como el cangrejo. Lo repito por última vez: (LM) tiene a Cartagena caminando como esas tortugas que andan con las cuatro patas heridas. Nunca habíamos tenido un gobierno tan excluyente, de rampante improvisación, suspicacia y desidia por no decir al garete.

 

El 1 de septiembre de 2009, en el Teatro Adolfo Mejía, se llevará a cabo la jornada de Rendición de Cuentas para, supuestamente, enterar a los ciudadanos el camino que han tomado los recursos del erario y los asuntos públicos. Ya nos enteramos del pésimo informe-Enero a 14 de Julio de 2009- que hizo el Comité Cívico del Pacto por la Transparencia, que se firmó con la Alcaldía y la Gobernación de Bolívar. El Zar Anticorrupción, Oscar Ortíz, dijo: “Aún no son buenas notas las que obtiene la Alcaldía y la Gobernación en su desempeño, pero a esta última le va mejor en algunas tareas”.

 

En lo que sí no estoy de acuerdo con el Zar Anticorrupción fue cuando expresó: “El proceso de contratación del Distrito es digno de exportación”. El acceso de risa no se me ha quitado todavía, por tan descomunal mentira, y cuando salgo a la calle las gentes y los amigos me creen un loco. ¿Será que el Zar está enterado de los convenios que realizó el Distrito con la Corporación Cartagena de Indias Puerta de las Américas?, o los que ha realizado con Guido Ulloa & Asociados, el que firmó el ex Secretario General, Luis Ernesto Araújo Rumié, por mil millones de pesos, con la ex presidente Ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, doctora María de los Angeles Barraza?. Los contratos que ha realizado la Secretaria del Interior, doctora Sindis Paola Meza Pineda, con la señora Teresa González Campo y que tienen que ver con las reclusas de la cárcel de San Diego?, el que firmó el Distrito y Distriseguridad con la Corporación Turismo Cartagena de Indias, por $ 1.164.485.025?, etc. No, doctor Ortíz, a usted lo engañaron porque es raro el contrato del Distrito que analizo y no esté lleno de irregularidades.

 

Bueno, vayamos al grano. Las preguntas que le hago a esta administración que se las tira de transparente son las siguientes: 1). ¿Cierto o no que se “regalaron” más de doscientos millones de pesos, por un lado, y el 10%, de cien mil millones de pesos, por el otro, del préstamo que se realizó con la banca, a un intermediario?. ¿Sabe usted cuántas casas de vivienda de interés social se pueden hacer con 10.200 millones de pesos?. Sí le digo que ese dinero alcanzaría para 1700 años de un trabajador que gana 500 mil pesos de salario mínimo o para 1000 trabajadores, con el mismo salario, durante 1,7 años. 2). ¿Por qué el periódico El Tambó no lo ha suspendido si dicha contratación está plagada de despropósitos?. 3). ¿Podrá verse, en tiempo real, cualquier contratación que haga el Distrito?. 4). ¿Será posible ver, en tiempo real, en qué se van gastando los dineros de cualquier contrato y su saldo?. 5). ¿En qué ha quedado el famoso túnel que empalmará con la Vía del Mar?. 6). ¿Por qué, en vez de tulipanes, no se utilizan árboles frondosos como el mango y el caucho en esta ciudad de calor infernal?. 7). ¿Por qué no limpia primero los caños y aguas circundantes antes de realizar un plan piloto para el transporte náutico?. . ¿Por qué se quiere empeñar en degradar el histórico y tradicional barrio de Getsemaní imponiendo, a topa tolondra, una marina?. 9). ¿Cuándo empezará a recuperar los terrenos usurpados en la zona norte de fallos definidos?. 10). ¿Cuándo hará claridad sobre el manejo administrativo que una corporación privada viene haciendo del muelle de los Pegasos y el de La Bodeguita?. En total son mil preguntas las que deseo hacerle, empero, por lo pronto me conformo con la respuesta que le dé a estas primeras diez.

Juantorres1954@hotmail.com                 


Parece que fue ayer

Por: Daniel Coronell/APIC

 

El beneficiario quedó reelegido, los compradores gozando de las mieles del poder y los comprados en la cárcel

 

AYidis y a Teodolindo también les decían que no iban a tener problemas. Gracias a ellos, modestos suplentes, la reforma que permitió la primera reelección presidencial fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara, la única instancia en la que el 'articulito' estuvo realmente en riesgo.

 

Ese último fin de semana de mayo de 2004 -unos días antes de la crucial decisión-, Yidis Medina aseguró en una declaración que seguía indecisa sobre la reelección y pendiente de "concertar con el gobierno planes para el desarrollo de Barrancabermeja y la zona del Magdalena Medio".

 

Teodolindo Avendaño, de quien casi nadie había oído más allá de Caicedonia, estaba en lo mismo. El único periodista que se molestó en ir a buscarlo ese domingo, recibió una sonriente respuesta del ocasional parlamentario. Definiéndose indeciso frente a un nuevo período presidencial, declaró: "Vamos a ver lo que pasa la semana entrante en la Comisión Primera de la Cámara".

 

De esos dos ilustres desconocidos dependía, en ese momento, el futuro del hombre más poderoso de Colombia. Unas semanas antes de lo que parecía un golpe de buena suerte, eran un par de "don nadies" que calentaban sofás en las antesalas de funcionarios de tercer orden implorando un favorcito, llevando la hojita de vida, pidiendo la citica para el alcalde.

 

Súbitamente ellos, ninguneados caciques de media petaca, se habían convertido en el eje de la política nacional.

 

Eran invitados frecuentes a la Casa de Nariño, se sentaban en mesas exquisitamente servidas, hablaban con el Presidente de la República. Ya no hacían antesala, por el contrario, los Ministros del Despacho les pedían cita. "Cómo está de linda, doctora". "Hacía rato no oía algo tan inteligente, doctor". "Una ambulancia no más, eso no tiene problema". "Mire que eso es hacer patria, hijita". "Los compromisos serán cumplidos".

 

Esos compromisos eran puestos, contratos de obras públicas y notarías.

 

Por unos buenos días, en los corredores del Capitolio, ellos fueron el paradigma de la gestión parlamentaria. Sus logros burocráticos y presupuestales eran la comidilla de todas las conversaciones. Quizás el único cuarto de hora comparable lo había tenido un lagarto de Córdoba a quien el azar había convertido en investigador de un Presidente emproblemado.

 

Sin embargo, el éxito es casi siempre desmemoriado. Pocos recuerdan en la cumbre a quien entregó esos cinco centavos que hicieron el peso. El olvido es más fuerte aun cuando existe un pasado pecaminoso.

 

Los imprescindibles aliados de unos meses atrás empezaron a convertirse en presencia incómoda en los escenarios del poder. "Qué pena, doctora, que si lo llama más tardecito, que está muy ocupado". "Hubiera llegado cinco minutos antes lo habría encontrado". "Poco a poco, sin afanes". "Tal vez el mes entrante".

 

De plazo en plazo, y de excusa en excusa -ya en los últimos pagos de esas conciencias compradas a crédito- se vino a descubrir cómo había sido el negocio.

 

El beneficiario quedó reelegido, los compradores gozando de las mieles del poder y los comprados en la cárcel.

 

En los círculos palaciegos a nadie le preocupa ya la suerte de Teodolindo, que pasará ocho años preso pagando el intercambio de favores. A Yidis sí la tienen en cuenta, pero para mal. Hacen todo lo posible por cobrarle el atrevimiento de haber contado lo que pasó. La "doctora querida", la "hijita que hacía patria" hoy es presentada como la mayor criminal de la historia.

 

Mientras tanto -otra vez en vísperas de una votación definitiva- se repite la estrategia. Los nombres son otros, pero los métodos son iguales.

 

Los hoy halagados por el poder mañana serán desechados, olvidados y abandonados a su suerte. Sobre ellos caerán las culpas, el triunfo será de otros.

 

Una pregunta para Uribe

Por: María Jimena Duzán/APIC

 

Por la vía institucional el referendo que impulsa el Presidente no tiene cómo ver la luz

Por qué el presidente Uribe insiste en seguir adelante con su referendo reeleccionista, si sabe que por las vías constitucionales ya no puede volver a ser candidato?

 

Esta pregunta se la puede hacer al Presidente cualquier ciudadano que haya hecho este ejercicio que hago a continuación. Cojan papel y lápiz y respiren profundo:

 

24 de agosto: El gobierno insiste en que esta semana se va a aprobar en la Cámara el referendo, pero eso no va a suceder. La demora se debe ante todo a la falta de votos -al cierre de esta columna todavía no los tenían- y al hecho de que los 86 congresistas que están siendo investigados por la Corte van a ser recusados. Entre estas recusaciones -primero tienen que ser remitidas a la comisión de ética del Congreso para su estudio- más las excusas médicas que se tendrán que resolver, se pueden ir fácilmente dos semanas como mínimo, con lo cual ya estaríamos hablando de que en el mejor de los casos, y si tiene éxito la impúdica operación de compra de votos, el referendo se podría estar aprobando el 2 de septiembre. Acto seguido, tendría que ser enviado para la firma del Presidente, proceso que se podría tomar de dos o tres días más. Digamos que haciendo las cosas rápido, la Corte podría estar recibiendo el referendo para su control constitucional no antes del 10 de septiembre.

 

10 de septiembre: A partir de esta fecha la Corte tendría 10 días hábiles para designar ponentes; posteriormente se le daría traslado a la Procuraduría, que debe dar luz verde en un plazo de un mes; supongamos que este procurador le da una manita al gobierno y en lugar de tomarse 30 días hábiles, se tome dos semanas, con lo cual los ponentes estarían empezando a estudiar el referendo a partir del 10 de octubre.

 

10 de octubre: A partir de esa fecha los ponentes tendrían 120 días para tomar una decisión, lo cual significaría que para finales de enero o comienzos de febrero del año entrante, contando las vacaciones judiciales, se daría el fallo. Eso sin contar con eventuales recusaciones que se les hagan a los magistrados, ni con las audiencias públicas que muy seguramente se pedirán, amén de otros imprevistos -en la reelección pasada la Corte Constitucional se demoró más de cinco meses en pronunciarse-. Asumiendo que este alto tribunal dé un concepto favorable, el presidente Uribe tendría que aplazar su gustico tres meses más, según lo ha dejado muy claro el registrador. Es decir, haciendo cuentas alegres, estaríamos hablando de que a mediados o a finales de abril se estaría realizando el referendo. (Difícil, de todas formas, que los magistrados de la Corte Constitucional hagan caso omiso del clima de crispación que se palpa en el país, de las amenazas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; del hallazgo de mil millones de pesos en el apartamento de un congresista, de la financiación irregular del referendo y de los vicios de procedimiento, y que encima de eso se atrevan a pasar por encima de una jurisprudencia suya según la cual la reelección sólo se permite una vez).

 

Digamos que hasta aquí el Presidente iría en carroza. A pesar de que los atropellos a la institucionalidad hubieran sido rampantes, de que el desgaste sufrido por el país hubiera sido monumental y de que la falta de garantías para los demás candidatos haría de esta contienda electoral la más desigual de nuestra historia reciente, nadie podría alegar que el Presidente no estuviera actuando bajo el ropaje de ciertas formas constitucionales. Eso cambiaría si decide hacer el referendo a mediados o a finales de abril.

 

Si lo hace, se estaría llevando de calle la Ley Estatutaria de Garantías, comenzando por el artículo octavo, que dice expresamente que el Presidente que aspire tiene que inscribir su candidatura cuatro meses antes de las elecciones. La fecha precisa sería entre el 27 de enero y el 27 de febrero, no a mediados de abril. Pero además, se cargaría también otro artículo de la ley de garantías -el noveno-, que establece que el Presidente debe declararse candidato seis meses antes de las elecciones, cosa que Uribe tendría que hacer el 27 de noviembre de este año y, como hemos visto, ni siquiera un milagro podría hacer que el referendo fuera aprobado para ese tiempo.

 

Por la vía institucional el referendo que impulsa el Presidente no tiene cómo ver la luz. Estas mismas cuentas las tienen que tener sus asesores en el Palacio de Nariño. Su insistencia en hacerlo es muy mala seña porque sugiere que el Presidente andaría con la idea de romper el orden constitucional para perpetuarse en el poder, cosa que hasta el momento no ha hecho ni el propio Chávez.

 

¿Quién controla a las ‘iglesias de garaje’?

Por: Nury Esther Pardo Conrado, Vicepresidenta Nacional APIC

22/08/2009

 

La necesidad del fortalecimiento espiritual es connatural con el ser humano, de ahí que pululen las iglesias en los distintos barrios de la ciudad de Valledupar: las católicas de siempre, las cristianas de antaño y demás congregaciones voluntarias de creyentes, muchas de estas últimas de reciente creación que funcionan en viviendas ubicadas en sectores residenciales o mal llamadas “Iglesias de garaje”, donde habitan los propios pastores o seguidores, utilizadas como centros de encuentro para aprender y difundir sus legitimas creencias. Lo cual en sí, debe considerarse normal; empero, en muchos casos la situación es diferente, ya que por la forma como ejercen sus derechos, afectan los de otros, como la tranquilidad y el espacio público, desconociendo el sabio adagio popular “mis derechos terminan donde comienzan los de los demás”, verbigracia, los gritos de alabanzas, la estridencia de sus altoparlantes, la poca adecuación de sus sedes, donde los creyentes terminan invadiendo el espacio público en detrimento de los transeúntes y comunidad en general. Me pregunto nuevamente, ¿quién vigila esto; o es qué para ellos no existe la Ley?

 

Conozco casos en el barrio Garupal, donde existen varias iglesias cristianas y cada vez que se reúnen en culto, los vecinos más cercanos, tienen que salir despavoridos de sus viviendas, por que ni encerrados en la intimidad de sus habitaciones, resisten el escándalo que los seguidores de éstas hacen en su proceso de alabar, pedirle y darle gracias al creador, en razón a que las construcciones no cuentan con el material acústico necesario para reducir tan elevados niveles de ruido, amen de que no tienen la infraestructura suficiente para albergar tanta gente, algunas de ellas tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en los separadores viales y lotes enmontados. Católica practicante como soy, no veo la necesidad de que el proceso de acercamiento con el creador tenga que hacerse a grito en voz y, por el contrario, debe concebirse como un momento de recogimiento, sosiego y paz, que la comunicación con ‘El Todopoderoso’ nos da.

 

La reforma al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), debe regular cuidadosamente la ubicación y estructura de estos centros de fortalecimiento espiritual, exigiendo que sus construcciones cumplan con las condiciones necesarias que permitan su coexistencia dentro de sectores residenciales de la ciudad; así mismo, el Código de Policía debe aplicarse en toda su intensidad en aras de evitar que los creyentes de estas iglesias afecten los derechos a la paz y tranquilidad de sus vecinos.

 

Nota: Quiero agradecer sinceramente, las manifestaciones de pesar y solidaridad para con mi familia y para mí, por el sensible fallecimiento de mí hermano menor Manuel Segundo Castro Conrado, ocurrida en accidente de tránsito el día 15 del mes que transcurre. Particularmente muchas amistades del municipio de Urumita La Guajira, que fueron muy solidarias y humanas con nosotros. Por sus condolencias muchas gracias.

 

nurispaco@hotmail.com

 

Sin bienestar familiar

Por: Nury Esther Pardo Conrado, Vicepresidenta Nacional APIC

15/08/2009

 

Tal como lo dice su página web, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, es una entidad al servicio de las familias colombianas, adscrita al Ministerio de la Protección Social, creada en el año de 1968, para afrontar grandes problemas como la deficiencia nutricional, la desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida de valores, de la niñez abandonada etc., etc.

 

Empero, en el departamento del Cesar, esto se queda a medias y su presencia es poco percibida por la comunidad, por lo que permanentemente vemos en la cotidianidad el aumento progresivo de niños en los semáforos y personas de la tercera edad desnutridos, pidiendo limosna, consumiendo pegante y abandonados en las calles; también es común el desconocimiento y desden de familias enteras de principios caros a nuestra sociedad, como son el trabajo, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad etc., por lo que se ha vuelto habitual ver casos de hijos que agreden a sus padres y demás familiares sin ninguna contención personal; así mismo encontramos, familias desintegradas por el consumo de alcohol o alucinógenos de uno cualquiera de sus miembros, lo que es más patético ya que en el Cesar no existen óptimos centros para la rehabilitación de estos enfermos y el ciudadano de a pie se pregunta, ¿dónde está el Bienestar Familiar?.

 

Conozco casos de padres de menores de edad perdidos en el consumo de sustancias sicoactivas o sicotrópicas, que han tenido que recurrir a tutelas para que un Juez de la República ordene al Estado el traslado de estos niños a centros de rehabilitación de otro departamento, con la consecuente perdida valiosa de tiempo que acrecienta el estado de riesgo del enfermo, su familia y la sociedad en general.

 

Mención aparte, merece la violencia intrafamiliar, particularmente contra los niños y las mujeres por lo que este augusto periódico registra casi a diario casos de maltrato físico y sexual contra ellas sin que uno vea la aplicación o el desarrollo de acciones concretas para superar o disminuir tan aberrante flagelo que no se limite a la penalización del infractor, sino que vaya más allá con acciones preventivas donde haya un reconocimiento de la mujer como ser humano dador de vida, y aunque sea cierto, que la ejecución de la política respectiva no es exclusivo del ICBF, si debe éste tener un papel más protagónico y activo en ella, que su trabajo no se quede principalmente en representar a menores de edad en procesos de paternidad y cuotas alimentarias - importantes desde luego, pero que no satisface plenamente las expectativas que se tiene de tan representativo instituto. Permanentemente sabemos de mujeres y niños golpeados inmisericordiamente por sus padres y demás familiares cercanos, amen de los casos de abuso sexual no solo como una violación al cuerpo, a los limites y a la confianza que provocan heridas profundas y que dejan cicatrices a nivel físico, emocional, espiritual y psicológico.

 

Los cesarenses añoramos para el departamento un ICBF más activo, beligerante, proactivo, que haga honor a su nombre, brindando bienestar a las familias, particularmente a las de las clases menos favorecidas, que no solo deben soportar la pobreza, marginalidad y exclusión social, sino ahora de contera, la desintegración de la familia.

 

nurispaco@hotmail.com

 

De desaires

Por JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

 

Entre un desaire, una indiferencia y un olvido, prefiero el olvido. Jumatoca

 

Algunos desaires han desencadenado guerras. La de Troya fue producto de uno de esos. La historia es como sigue: Eris o Erides, diosa de la Discordia, fue la única de las diosas que no fue invitada por el mortal Peleo y la diosa Tetis a su boda debido a su naturaleza problemática. Eris, para vengarse del desaire, urdió un plan y se presentó a la fiesta en la que se celebraba la boda a la que no había sido invitada y arrojó en la mesa en que se encontraban sentadas las diosas Hera, Atenea y Afrodita una manzana de oro que tenía incrustada la leyenda “Para la más bella”, y se fue. Las tres se creyeron merecedoras del título y se lanzaron, al tiempo, por la manzana. La enojosa situación que se produjo entonces no tenía fácil solución y ni el mismo Zeus quiso intervenir para decidir a quién de ellas le correspondía la hermosa manzana, por ello encargó a Paris de dirimir el pleito. A Zeus le sirvió de excusa para declararse impedido de fallar la contienda ser el esposo de Hera y el padre de Atenea. Paris decidió, como cualquier jurado de reinado novembrino, que la manzana le correspondía a Afrodita granjeándose la fiel protección de la diosa y la enemistad de las otras dos. Esta decisión originó la Guerra de Troya cuyos antecedentes completos los invito a leerlos en cualquier libro de mitología Griega.

 

A través de la historia han ocurrido infinidades de desaires merecedores de ser contados que nos adentran más en la naturaleza humana, empero, no me voy a distraer con esos ya que los que suceden aquí en Colombia, especialmente en Cartagena, son dignos de Ripley. 

 

El 31 de Julio de 2009 se clausuraron las sesiones ordinarias del Honorable Concejo de Cartagena y ¡lo juro! no me hubiera enterado que ese mismo día se cerraban las de la Asamblea Departamental de Bolívar si no es por el desaire del acordado homenaje-condecoración que los diputados le iban a realizar al cartagenerísimo Javier Cáceres Leal, hoy Presidente del Senado, el cual se frustró porque la gran mayoría de los diputados no concurrieron a la sesión. Tengo la certeza que fue la única Duma del país que no cerró sus sesiones y que, además, dejó en salmuera varios proyectos de ordenanza. Muchos dicen que el artífice del desaire fue el gobernador Joaco Berrío, otros, que fueron los mismos diputados quienes aprovecharon la oportunidad para desquitarse del desaire de su colega, Luz Estela Cáceres, hija del célebre senador, al no haberlos invitado a su boda; los más folclóricos lo achacan a los atractivos cantos de mitológicas sirenas que arrastraron al grupo faltante, de manera irremediable, a quién sabe dónde, minutos antes del inicio de la sesión. 

 

Lástima que sean hechos como los narrados el que nos recuerden que las Asambleas existen. Sinceramente, creí que ellas ya las habían eliminado lo mismo que a las contralorías departamentales porque los calificadores que les llevo están llenos de telarañas de inoperancia. Valen más los ceros a la izquierda, de cualquier número, que lo realizado por dichos entes a favor de la comunidad y del erario.  Es decir, son, ni más ni menos, el clásico ni fu, ni fa.

 

El embeleco de un diputado pidiendo cacao a la entidad que le hace el “Observatorio” al Concejo Distrital para que lo realicen con ellos y así poder hacerse “visibles” debe ser negado. Desde ya les digo: lo que piensan gastarse para que los califiquen,   utilícenlo mejor dándoselo a los pobres. ¡Con o sin exámenes, sabemos que no cumplen su cometido!.  

 

Pero no crean que es la Asamblea el campeón de desaires en Cartagena de Indias, no, ese deshonroso título se lo merece, sin discusión, nuestra burgomaestre Judith Pinedo Flórez -La Mariamulata (LM) quien no contenta con los que a diario le hace a los concejales se esmera en realizar otros como el realizado al Comisionado del Mundial de Fútbol Sub 20 del 2011 a quien nadie aguardó en el aeropuerto y le dejó esperar por más de tres horas antes de darle audiencia; ese desaire nos costó la sede del Mundial y que sólo nos dieran la pichurria de ser la sede del sorteo, el proferido al eximio Magistrado Javier Ortíz del Valle acusándolo de venal, el que acaba de hacerle a la Personera, Olimpia Buelvas Amaya, desconociendo el fallo que dictó contra la Directora de Corvivienda, el que descaradamente le hace a los esperanzados por un techo donde vivir, me refiero a los que esperan una de las quince mil casas de la Ciudad del Bicentenario.

 

Para mencionar todos los desaires de (LM) necesitaría 20 artículos con la misma extensión de éste, por eso prefiero hacer lo que decía el inmortal Jorge Luis Borges: “Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón”.

Juantorres1954@hotmail.com


“La madre para el que vuelva a pelear”

Por: Daniel Castro Peñaloza-Miembro APIC

 

Cuando era niño –no hace mucho tiempo-, en las calles polvorientas de
una urbe progresista llamada Barranquilla, cuyo himno le ha dado empuje para crecer (“da su voz y su músculo al progreso…”), los conflictos entre niños sensatos se resolvían con una sola frase: “Le cae la madre al que vuelva a pelear”.

 

Pero ese referente no es propio y ni exclusivo de Barranquilla. Cartagena, Santa Marta y otras ciudades del Caribe pueden servir de marco a esta narrativa. Era la época de la “bola de trapo”, del “escondido”, “la lleva” y el “timbol”. En desarrollo de estos juegos, en los que participaban niños avispados y uno que otro “bobito”, pero siempre dueño del balón, surgían las reyertas más acaloradas. Una decisión equivocada, que alguno no compartiera, se convertía en “florero de Llorente”. Ahí, precisamente en ese instante, ni antes ni después, empezaba “la pelotera”.

 

Las peleas presentaban ingredientes especiales. Algunos agarraban piedras “como huevos prehistóricos”, diría Gabo, para lanzarlos al rival. Otros, más veleidosos, eran expertos en los puños. Mi hermano, cansado de que lo derrotara a los golpes, alguna vez, poco antes de irnos a dormir y en medio de un partido de fútbol callejero, me conectó un izquierdazo severo, mandándome directo a la “lona de pavimento”. El daño fue mayor por cuanto, estrenándolo ese día, llevaba un anillo al mejor estilo de Mario Barackus, personaje del enlatado americano “Los magníficos”.

 

Pero nunca una contienda duraba más de uno o dos días. La “muñequera” de hoy se constituía en la mejor oportunidad para la revancha de mañana y en el afincamiento de una amistad para toda la vida a partir del tercer día. Entonces la frase encajaba perfecta en el nuevo contexto situacional. Y aunque las peleas nunca cesaban, una y otra vez se repetía la sentencia que daba resultados excelentes, por lo menos efímeros.

 

Ya crecidos, seguimos peleando. La vida es una batalla constante y necesitamos “garra” para enfrentar sus embates. El mundo, Colombia y el Caribe no son otra cosa que el escenario trino en el que se desarrolla la vida de millares de personas, redil de desamores y disputas que pretendemos zanjar con prácticas no innatas, diría convencido, adquiridas en el ambiente de guerra que nos inculcaron los seres intolerantes que cargan fusil y visten camuflaje, los mismos que firman comunicados pintorescos “desde las montañas de Colombia”. Ellos no aplican la frasecilla de marras para limar asperezas; ellos prefieren solazarse matando y viendo correr sangre.

El mundo, Colombia y el Caribe no pueden ser más escenario de pleitos intrincados. Hagamos como en nuestra época de niños -¿quién no lleva uno dentro de sí?-, exhibiendo tolerancia y paz en nuestro actuar diario. Y poner en boga, aunque canosos y arrugados, aquella frase: “Le cae la madre al que vuelva a pelear”.

 

dacaspe@gmail.com

 

 

¿Independencia o Nacionalidad?
Por: Giunëur B. Môsi/Delegado Internacional ante el Gobierno de Estados Unidos de la APIC

 

El 20 de Julio del 2009 se conmemoró 199 años en que dejamos de pertenecer a España como tal, para pasar a pertenecer a una naciente patria que al final sería llamada Colombia.

 

La transición no fue fácil, puesto que después de haber vivido alrededor de 300 años de esclavitud hasta ese entonces, se nos fue prometida la tan anhelada emancipación a cambio de nuestra participación directa y activa en las campañas ‘libertadoras’.

 

Fue mucha la sangre que se derramó en ambos bandos ‘reales y colonos’, y es de mayor importancia destacar que la nuestra fue tan valiosa para la causa como la de cualquier otro mártir de la patria, pero al final… la codicia ‘blanca y criolla’ sería más grande que una ‘promesa de libertad’.

 

El 20 de Julio de 1810 ‘Colombia’ se hizo independiente, pero un gran porcentaje de colombianos (los de raza negra) siguieron con su libertad privada y a merced del grupo étnico mayoritario (blanco y mestizo).

 

A los indígenas (con todo respeto y guardando distancias), los dejaron quietos hasta el punto en que hoy aún se encuentran tribus y pueblos que conservan sus tradiciones autóctonas y milenarias, pero a nosotros los AfroDescendientes… nos violaron hasta la memoria.

 

Así entonces, la Independencia de Colombia no pasó a ser más que el ‘Día de nuestra Nacionalidad’ ya que nuestra verdadera manumisión ocurriría 41 años más tarde el 21 de Mayo de 1951 (efectiva en 1952). Incluso después de dicha declaración documentada y ‘legal’ de emancipación, la esclavitud continuó metamórficamente maquillada bajo pretextos que permitieron seguir sometiendo a los nuestros.

 

Hoy por hoy, los AfroDescendientes seguimos siendo victimas de los intereses y metas del grupo étnico que domina nuestro país… todavía somos discriminados, todavía somos menospreciados, todavía somos considerados y vistos como el ‘grupo servil’ de Colombia, todavía sufrimos de las desventajas causadas por la desigualdad de derechos.

 

A Colombia la amo y la llevo en la sangre, pero es mi obligación convenir que la separación Colombiana de España, nos otorgó a los AfroDescendientes, solamente una orgullosa ‘Nacionalidad’ más no la Independencia.

 

Somos libres en materia, pero todavía esclavos en mente… rompamos las cadenas hacia nuestra restauración étnica y cultural, porque solo así lograremos una verdadera libertad. Debemos ser jefes de nuestra inteligencia y no esclavos de nuestra ignorancia.

 

¡Felicidades ‘Blancos’ por su Independencia!… pero para –TODOS– los nacidos y descendientes de Colombia…

 

¡Feliz Día De Nuestra Nacionalidad!

Giunëur B. Môsi – Barûle Gazette

http://www.BaruleGazette.com

 

Ya está bueno

Por: Nury Esther Pardo Conrado, Vicepresidenta Nacional APIC

08/08/2009

 

Ese es el eslogan o frase que la directora de la Agencia para el desarrollo regional con ética gubernamental y responsabilidad social, Adercesar, Luz Marina ‘Muma’ Gnecco Pla, acertadamente utilizó para llamar la atención sobre la orfandad que estamos padeciendo estoicamente los cesarenses, debido a la inopia e incompetencia del señor gobernador del Cesar doctor Cristian Moreno Panezo, frente a los graves problemas por todos conocidos que nos agobian sin compasión.

 

A más de 19 meses de ejercicio del poder, es poco lo que tiene para mostrar a casi ciento cincuenta mil coterráneos que lo apoyamos masivamente en las urnas, cansados de las malas prácticas de la política y convencidos que ese joven dirigente, extraído de las entrañas populares del pueblo, muchas veces perseguido por la oligarquía, de verbo fluido y capacidad histriónica demostrada, podía ejecutar todas las acciones necesarias para cambiar el rumbo tan lamentable del departamento del Cesar, lleno de miseria, inseguridad, exclusión social, desempleo, desatención para la mujer, los ancianos y los niños, crisis en la salud, insuficiencia en la educación, problemas ambientales sin doliente conocido, servicios públicos a la deriva, etc., etc,. Pero todo sigue igual, tal vez, peor, porque ha roto la esperanza de un pueblo que creyó en él y que como dice el dicho “Más vale malo conocido, que bueno por conocer”, por buscar un redentor, nos quedamos con un indolente que mira con desprecio y desdén la tragedia que padecen quienes confiamos en él.

 

La Directora de Adercesar, al igual que muchos de los desencantados, seguidores en principio del señor gobernador, hace referencia a la de falta de gobierno, de autoridad, de inversión, “de palabras y palabras y más palabras y sólo palabras, de no dar la cara ni explicaciones a la ciudadanía”, de los “anuncios sin resultados y no dar la cara”, situación sobre la que hemos escrito en varias oportunidades en esta modesta columna sin resultado alguno, porque nuestro primer dirigente, parece que padeciera de sordera, “ciego, sordo y mudo”, como dice nuestra insigne artista, desde aquella que titulamos, “el Cesar en el limbo”, “de la retórica a los hechos” , “el conformismo del gobernador”, “sin el pan y sin el queso”, “y de aquello nada - pero nada de nada”, etc., etc., no ha existido absolutamente nada que permita vislumbrar siquiera una trémula llamita de esperanza del cambio que prometió.

 

Ojalá que la carta de Adercesar surta efectos y el gobernador del Cesar cambie su rumbo, que es el rumbo de todos, aún está a tiempo y cuenta con todas las herramientas para hacerlo, un presupuesto suficiente para encaminar cualquier solución por lo menos, a las necesidades más apremiantes, sólo falta voluntad, creatividad, fe y acción. Aunque eso es pensar con el corazón, porque la razón nos señala tozudamente, que así como van las cosas siguen de mal en peor, vaya uno a saber, si el inconformismo in crescendo, no se convierta en una desilusión tan grande que lleve nuevamente al poder a aquellos que quisimos desterrar por su manera errada de ejercer la política.

 

El “ya está bueno”, comienza a verse en los parabrisas de los vehículos, las ventanas de las casas etc., etc., lo que demuestra que la tristeza y desilusión crece y crece y el gobernador sigue ahí, como un simple espectador pasivo, petrificado frente a los problemas que debe y está obligado a solucionar. El hacer como el “congolocho”, enroscado y con la cabeza agachada para no mirar lo que ocurre a su alrededor, permite que los problemas sigan creciendo y en un momento dado, se dificulte más su solución.

"Cuando alguien comienza mintiendo es poco lo que se le cree al momento de decir la verdad".

nurispaco@hotmail.com

 

…A QUÉ ESTAMOS JUGANDO…
 Por: VICTOR MENDEZ NAVARRO-COLUMNISTA APIC


Siempre he sido como ciudadano común y corriente, muy aplicado en aquello de hacerle seguimiento a los acontecimientos de nuestra Gran Nación, especialmente los de tipo político, pues considero que todos de alguna manera, hacemos política desde nuestras posiciones. Inclusive aquellas tan simples como la de personas muy del común y aquellas de las señoras amas de casa de esta nación. Es por ello que no pienso seguir callando este grito que cada vez se agiganta más dentro del pecho y amenaza con asfixiarme. Hecho que estoy seguro le debe estar pasando a más de un colombiano. Pero, que a pesar de ello, no cambiamos la actitud pasiva y sumisa, por la de protestar, dando la sensación de que “Aquí no pasa nada”...
Un destacado trabajo periodístico que deja un interrogante abierto a sus lectores: ¿Por qué la Fiscalía de Mario Iguarán no investigó el alcance real de estos documentos, que han estado en su poder por más de tres años?.

 

…Hoy día puedo, como pueden cualesquiera otros ciudadanos o ciudadanas, mirar con gran desconsuelo, que la guerrilla, junto con el paramilitarismo no son ya la única gran amenaza de nuestro país. Hoy la gran amenaza para Colombia, lo es también la parte política intelectual. Qué vergüenza  ver cómo desde el congreso mismo de la república se adoptan posiciones patética y baratamente politiqueras, en persecución de unos votos. Congresistas quienes han olvidado la defensa de la Nación frente a las afrentas de otros países, porque fustigar al Presidente actual les conviene más para sus fines.

 

Como Profesional del Turismo  me ha tocado en mi quehacer cotidiano atender mucha gente, también del común (no se entienda el término peyorativamente) de todos los países de América, y me sorprendo cómo sus opiniones acerca del actual Presidente de los colombianos, son todas elocuentemente elogiosas, en las que casi siempre me comunican de manera casi que idéntica y recurrente que: “Qué envidia sentimos por sú presidente. Ya quisiéramos tener uno como Él en nuestro país. ¿Por qué no nos lo prestan un rato siquiera?”. Incluidas las expresiones de los propios venezolanos. Sin embargo y es donde hasta ahora me había dejado una cada vez más angustiosa e inquietante confusión, con la cual hasta ahora me había debatido. Pues siempre me surgía el importante interrogativo de qué hacer. Es por ello, que una vez hechas mis propias evaluaciones, decidí no callar más. Porque, es que considero absurdo como mínimo, que ese 0,0009% por ciento de colombianos quienes fueron elegidos para sus cargos como congresistas por un pueblo que espera mucho más de muchos de ellos (yo incluido), sigan actuando de manera totalmente irrespetuosa respecto de quienes los elegimos, pensando que son ellos quienes tienen no solamente el don de la palabra y la razón y “La verdad absoluta”, sino además, el de la pretensión del “Derecho subrogado” de pensar por todos los colombianos. Es ofensivo constatar que nuestro congreso, en cabeza de algunos congresistas, pasó de ser el lugar desde el cual se dirijan los destinos del poder Legislativo y Político, para constatar que es una plataforma politiquera desde la cual hay que, con razón o sin ella, atacar nuestra más importante institución: La Presidencia de nuestra República Colombiana, porque con dicha actitud ganan mucha “Popularidad” desde sus “Tinglados televisados” ante el pueblo que ellos dicen defender (algo que en verdad muchos de ellos olvidaron desde hace ya mucho tiempo y ante lo cual sí deberían responder, pues las leyes que son aprobadas en franca contravía de los intereses de ese pueblo, salen precisamente de ese congreso). Es entonces muy claro, hasta donde alcanzo a entender, que lo que existe es “Un miedo pavoroso a que Uribe se postule nuevamente”, y que no nos vengan con el cuento de que es por la defensa del pueblo ¡Pamplinas! Lo que sucede es que ya al perecer, y según las cuentas de dichos congresistas, al presidente actual no le gana nadie en una tercera postulación. Y es por ello que uno los ve haciendo “Alianzas hasta con el mismo demonio si esto es preciso” para que Uribe no llegue siquiera al referendo, (Único método verdaderamente transparente que recogería de manera absolutamente democrática la verdadera opinión de esa gente del común como mi persona y cuarenta millones de colombianos más), quienes estamos hartos de ver cómo a nuestro congreso no le importa un bledo que a la nación la estén despedazando otros países con líderes quienes se hacen llamar “Amigos y hermanos de Colombia”, para simplemente ganarse con ello, el “Salvo conducto de agredir a Colombia impunemente”, al parecer, y esto sí que es verdaderamente triste y muy grave, con el total visto bueno de algunos congresistas, quienes les hacen el guiño, porque ello les conviene para sus fines politiqueros ¡Qué vergüenza!. Creo que lo que piensan nuestros congresistas, es que todavía nuestro pueblo colombiano es aquél rebaño de incautos de otrora tiempos recientemente idos, a quienes ponían a votar por un “Sancocho de Bocachico Arrollao y una botella de ron ñeque (para el caso de la costa)”, acompañado lo anterior, de una o dos hojas del árbol de la república,  a lo mejor, con la figura de o con mucha suerte la de la Pola. Pero que luego el precio que tenía que pagar el pueblo era el total desfalco de la nación de parte de muchos otrora “Padres de la patria”, verdaderos “Jinetes Apocalípticos”  de nuestras finanzas Estatales. De ese sombrío presupuesto ya la gente del común como mi persona se cansó y no quiere volver a ser parte, y creo que es ese pueblo  quien tiene que exigir respeto por parte de quienes fueron puestos en el congreso para sú defensa y no para convertir nuestro Parlamento en un pugilato inmisericordemente politiquero, donde el noble cuello de nuestra Amada Nación está en la guillotina, para que sus verdugos, verdaderos enemigos de Colombia, le asesten el golpe mortal con el total beneplácito al parecer  de algunos congresistas a quienes  ya se les olvidó su verdadero quehacer.

Para el logro de los propósitos irreverentes de desvirtuar al gobierno, se ha recurrido a todo tipo de subterfugios y trampas, llegando inclusive hasta el colmo de “Con manos sutilmente aviesas quitarle la venda que le cubre los ojos a nuestra justicia”, dejándonos en una sensación de total desamparo, pues ya ni siquiera en la justicia, el pueblo tiene la confianza que debería tener. Pues no tiene caso y es totalmente descomedido que  uno de los más fuertes opositores al gobierno actual desde las cortes, hoy exhiba sin ningún encogimiento su candidatura presidencial. Y qué decir de los encarnizados enemigos congresistas de Uribe, quienes a la final, sacaron a relucir los verdaderos motivos de sus ataques al actual gobierno. La silla de Nariño. Y pare de contar…

 

…Y de verdad no puedo finalizar la presente protesta sin referirme al Actual Polo Democrático, el cual al perecer perdió su rumbo y hoy lo vemos uniendo fuerzas con “Caudillos” que son los presuntamente culpables de la gran postración política de Colombia. Uno se pregunta ¿Qué pasó con ese espíritu gallardo de total independencia política? Al parecer fue más fuerte la “oferta de los votos” que los principios políticos del partido. Ante esto es necesario decirles amigos del Polo Democrático, que el aérea que pisan políticamente, es zona de hielo muy delgado. El pueblo ya no es el idiota útil de antaño. Ustedes deberían saberlo y demostrarlo con un poco más de respeto.

 

Y ni hablar de nuestros Ex presidentes. Ellos también hicieron cola para atacar al gobierno de Uribe. Parece que ya se les olvidó lo desastroso de sus gobiernos de turno, y ante esto no es necesario hacer un recuento de ese “Secreto a voces” que conoce y domina a la perfección el pueblo colombiano. Es de mi parecer, que  no se puede ni mucho menos se debe, “Hablar de moral, en plaza pública llena de gente, con el pantalón y los pantaloncillos a las rodillas”.

 

Defendamos nuestros derechos

Por JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

 

Los derechos y ventajas legales no se mendigan, se exigen. Jumatoca

 

Somos expertos en deshacer con los pies lo que hacemos con las manos, y, mejores aún, en desbaratar “rapidito” lo que sabemos ha venido marchando bien.

 

En un país en el que se nos ha venido excitando, por parte del gobierno, con relativo éxito, a delatar y denunciar estimulados por beneficios económicos al profesor que agredió sexualmente a su alumna, a la madre que abandonó o mató a su hijo recién nacido, a los cabecillas de las farc y de los sopotocientos grupos armados que deambulan por toda nuestra geografía, a los atracadores de bancos, a los fleteros, al cobra diario, a quienes tengan en su poder secuestrados, a los que roban almacenes, a los que se “vuelan” un semáforo, y a los que se conectan fraudulentamente a las instalaciones de servicios públicos, ahora se nos quiere dificultar, por parte de ese mismo gobierno, que denunciemos o delatemos, movidos por ese mismo ánimo monetario, a los delincuentes de cuello blanco, a los glotones del erario, a los mamones de la teta pública.

 

Sí, se quiere quitar el incentivo económico que la ley le concede al ciudadano que se atreve a denunciar, mediante la presentación de una Acción Popular, a quien ha vulnerado derechos e intereses colectivos.

 

Para los que aún no lo saben, que de seguro son los más, les informo que existe una ley, la 472 de Agosto 5 de 1.998, que establece incentivos económicos para los ciudadanos a los que les prospere la Acción Popular presentada. Los incentivos son de dos clases: los que van entre diez(10) y ciento cincuenta(150) salarios mínimos mensuales y los que dan derecho a recibir “…el quince por ciento(15%) del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción popular”. Estos incentivos tienen el propósito indiscutible, así lo quiso el legislador, de motivar a los ciudadanos a presentar acciones populares en procura de la defensa y protección de derechos e intereses colectivos, pero, como la ley alcanzó su objetivo, esto es, que los ciudadanos llenaran los juzgados de acciones populares que pusieran al descubierto los sobrecostos e irregularidades provenientes de la contratación estatal y se restablecieran a las comunidades los referenciados derechos e intereses vulnerados, ahora le tienen miedo al cuero y no saben cómo echar atrás estos estímulos que tanto bien le han proporcionado al pueblo y al propio Estado.

 

Le tienen los gobernantes y legisladores tanta inquina a la Acción Popular creada, al instrumento de participación ciudadana que pusieron en manos del pueblo, que prefieren que el Estado siga perdiendo el cien por ciento (100%) de lo que frecuentemente le roban en contrataciones fraudulentas e irregulares con tal de no entregarle al ciudadano el quince por ciento (15%) de lo que se recupera gracias a la Acción Popular presentada. Tiene acaso eso lógica. ¿Usted, estimado lector, si tiene perdido un millón de pesos y alguien se los recupera y, además, le señala al ladrón, le dolería darle un quince por ciento (15%) de lo recobrado?.

 

Con sinceridad creo que no se trata de un problema de dinero o de desproporcionado incentivo económico, no, de lo que se trata es de evitar que se sigan descubriendo las múltiples irregularidades que se dan en la contratación estatal, fuente de toda corrupción, y a los autores de las mismas.

 

Ahora bien, no se crea que lograr que prospere una Acción Popular es cosa de soplar y hacer botella. No es tan simple, por el contrario, además de ser un proceso complicado y arduo, su trámite, cada día, se torna más dilatado (dos o tres años) y representa un alto costo económico para los ciudadanos que la presentan ya que en su desarrollo es muy posible se gasten varios millones de pesos, entre copias, diligencias, autenticaciones, práctica de pruebas, peritos, transporte y asesores.

 

Se equivocan los que piensan que el proyecto de ley aludido que cursa en el Congreso y con el cual se pretende eliminar los incentivos económicos a las acciones populares podrá, aún de prosperar, reducir la utilización de éste mecanismo de participación ciudadana que tanto ha facilitado poner en evidencia a las administraciones indolentes, los constantes asaltos al erario y a los responsables de los mismos.

 

El ciudadano que aprendió a usar la Acción Popular, y en eso se ejercitó, no dejará de sentir el placer de defender al pueblo porque le nieguen la posibilidad de recibir un estímulo económico por pingüe que éste sea.

juantorres1954@hotmail.com

 

El ahijado de Tomás

Por: Daniel Coronell/APIC

 

Curiosamente, Javier Socarrás se ha cruzado con frecuencia con los personajes que han tenido a Tomás Uribe en medio de controversias.

Tomás Uribe, el próspero hijo del Presidente, tiene bajo su amparo a un controvertido político. El protegido se llama Javier Enrique Socarrás Amaya y actualmente aspira a la Cámara de Representantes por las negritudes. Socarrás se ha promovido y ha medrado valiéndose de su cercanía con el delfín. Hace campañas políticas usando el nombre del hijo mayor del mandatario (Ver campaña al concejo.jpg). Se hace pasar por abogado. Atribuye a su gestión obras del Invías en La Guajira e invoca su amistad con Tomás Uribe para hacer diligencias en dependencias oficiales, incluida la Presidencia de la República.

 

A pesar de que las evidencias han quedado en el despacho del Jefe de Estado y en el Ministerio de Protección Social, a Socarrás -como al campero de la propaganda- nada le pasa.

 

Por ejemplo, nadie le ha preguntado hasta ahora por qué -en una grabación efectuada en 2006 por el saliente notario de Tunja- una voz sorprendentemente parecida a la de Javier Socarrás afirma: "Nosotros llegamos y el mismo día Tomás, yo soy muy amigo de Tomás… y con ella tenemos una amistad desde mucho tiempo… y en seguida Tomás cuando fuimos allá, llamó al secretario general Moreno y listo, eso fue una orden enseguida". (Ver video grabación)

 

Según esa conversación, lo que "salió enseguida" fue el nombramiento como Notaria Segunda de Tunja de Luz Marina Campo, la mujer que en la misma grabación afirma que es cuota de Tomás Uribe, aunque ahora asegure que lo dijo en chiste.

 

La señora Campo, cuyo nombre salió a la luz pública hace unas semanas por las denuncias del ex superintendente Cuello Baute sobre las notarías de la reelección, está casada con Milton Contreras, en esa época alto funcionario de la superintendencia.

 

Curiosamente, Javier Socarrás se ha cruzado con frecuencia con los mismos personajes que han tenido a Tomás Uribe en medio de controversias durante los últimos meses.

 

En un video de un acto político de la campaña de Socarrás al Concejo de Bogotá, aparece a su lado el ingeniero Tomás Uribe. El primogénito presidencial no disimula que está ahí para promover a su candidato, como lo muestra además la propaganda de campaña. Entre los asistentes al mismo acto están la notaria Luz Marina Campo y su marido, Milton Contreras. (Ver video acto Socarrás)

 

La señora Campo fue nombrada Notaria de Facatativá el 27 de marzo de 2006 y menos de un mes después, el 26 de abril, fue promovida a Notaria de Tunja (Ver nombramientos.jpg). Su marido, Milton Contreras, inició una serie de visitas a la Casa de Nariño cinco meses antes del primer nombramiento (Ver reporte de visitas a Casa de Nariño01.jpg). En el reporte oficial de entradas a la sede presidencial aparecen 12 visitas de Contreras a la Secretaría General y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, incluidas dos que tuvieron lugar apenas una semana antes de que su mujer se convirtiera en notaria de Tunja por decreto presidencial (Ver reporte de visitas a Casa de Nariño02.jpg).

 

Milton Contreras es el mismo hombre que depositó casi 20 millones de pesos en las cuentas bancarias de Teodolindo Avendaño dentro del caso de la Notaría 67 de Bogotá, pero sigamos hablando de Javier Socarrás.

 

Socarrás logró que el alcalde de Mosquera, Cundinamarca, Álvaro Rozo Castellanos, impulsara un festival vallenato en esta localidad de la Sabana de Bogotá. Álvaro Rozo es el mismo alcalde cuya administración promulgó el plan parcial que permitió que unos terrenos en los que tienen intereses los hijos del Presidente fueran aptos para convertirse en Zona Franca.

 

Los delfines multiplicaron por 100 su inversión, después de que subalternos de su padre declararan la Zona Franca de Occidente. Poco antes, una empresa de la familia del alcalde Rozo -quien también aumentó el índice de ocupación de esos lotes- terminó adquiriendo parte de los terrenos a un precio mucho menor del pagado por otros compradores en esos mismos días.

 

Si alguna autoridad quisiera averiguar sobre estos temas, sin duda Javier Socarrás podría ser un testigo interesante.

 

El podio del voltearepismo

Por: María Jimena Duzán/APIC

 

Rodrigo Rivera es otro audaz atleta que ha practicado todos los ismos posibles: ha sido galanista, gavirista, samperista y uribista pura sangre

Si hiciéramos un campeonato nacional de voltearepismo entre la clase política actual, ¿quién lo ganaría?, ¿quiénes subirían al podio?, ¿quién se llevaría la presea de oro, quién la de plata, la de bronce?

 

La idea de hacer una competencia de este tenor se me vino a la cabeza cuando leí en SEMANA una columna de Antonio Caballero en la que exaltaba, con esa generosidad que lo caracteriza, las innegables habilidades de Noemí Sanín en ese campo. Concuerdo con Caballero en que Noemí, tal como va, puede convertirse en nuestra Chechi Baena del voltearepismo, lo que no creo es que ella sea la atleta más completa que tiene el país en esa disciplina.

 

Sería injusto no reconocer el esfuerzo y la dedicación de toda una camada de políticos de distintas pelambres que se han esmerado tanto o más que Noemí por perseguir la excelencia en este dominio. Son tantos y tan numerosos los que practican esta disciplina, si es que así se le puede llamar, que el voltearepismo ha llegado a ser considerado un deporte nacional. Quienes lo practican con dedicación son motivo de orgullo patrio y una razón de más para demostrarle al mundo que Colombia, gracias a la seguridad democrática, se ha convertido en un país donde todo es posible.

 

Uno de esos orgullos nacionales es, sin duda, Juan Manuel Santos, de lejos mi candidato a llevarse la presea de oro en este campeonato. Comenzó en la política como lopista. Fue Designado de Gaviria y posteriormente, en el de Samper, en su orden, fue samperista y golpista -hazaña que pocos han superado-. Cuando se descubrió que la campaña de Samper había recibido plata del cartel de Cali, intentó de manera infructuosa montar una trinca entre un sector del establecimiento legal representado por él y otro del establecimiento ilegal, para lo cual habló con el entonces jefe de los paras, Carlos Castaño y con el finado 'Raúl Reyes' de las Farc. (No es que su propósito no fuera loable. Muchos queríamos que el presidente Samper renunciara a su cargo. Pero derrocar al presidente Samper para imponer esta trinca nos pareció a los lunáticos que tenemos principios, un remedio peor que la enfermedad).

 

De golpista frustrado pasó al antipastranismo hasta cuando lo nombraron ministro de Hacienda y comenzó a ejercer un pastranismo tan activo y militante como su antipastranismo. Al ganar Uribe las elecciones en 2002, recurrió a la misma pirueta, acaso mejor perfilada: por un rato fue antiuribista -votó en contra de la primera reelección de Uribe-, pero desde cuando fue nombrado ministro de Defensa, se convirtió en un uribista pétreo y en el más preclaro heredero de su legado en la eventualidad todavía muy lejana, de que el Presidente desista de seguir en contra de la marea y de las normas, con su campaña reeleccionista.

 

Semejante palmarés no lo tiene ni Fabio Valencia Cossio, otro de mis candidatos a ocupar el podio en este campeonato nacional de voletearepismo. En la campaña del 94, estuvo al lado de Andrés Pastrana, pero cuando el pastranismo perdió, se pasó al samperismo. Participó en ese gobierno con una gruesa cuota burocrática -le dieron dos ministerios- y de ahí se fue de nuevo a las entrañas del pastranismo cuando Andrés ganó las elecciones en el 98 y se convirtió en el negociador de las Farc en el Caguán; en la campaña de 2002 fue el bastión político de Noemí y junto con ella alcanzó a decir que Uribe era un candidato paramilitar. Hoy, sin embargo, sus poros exudan uribismo y ni él se acuerda de lo que fue ni de lo dijo. Sin embargo, su mayor hazaña es la de haber llegado a donde llegó luego de ser el enemigo número uno de Alvaro Uribe en Antioquia. Es famoso el episodio aquel en que en se fueron a los puños en la Registraduría de Medellín luego de que un conteo electoral levantó suspicacias en Uribe sobre la validez de unos votos. Un volantín así de bien logrado es difícil de superar.

 

La buena noticia es que detrás de Valencia Cossio viene una camada de atletas con menos experiencia pero con unas ganas de superación que podrían perfectamente ser parte de los colombianos para mostrar que busca Colombia es pasión. Uno de ellos es Juan Lozano, quien comenzó haciendo política como secretario de Luis Carlos Galán y hoy anda rindiéndole cuentas a José Obdulio Gaviria. Otro es Rodrigo Rivera, audaz atleta que ha practicado todos los "ismos" posibles: ha sido galanista, gavirisita, samperista y uribista purasangre. Obviamente, esta lista quedaría incompleta sin Marta Lucía Ramírez, una de las pocas políticas que han mantenido una cierta coherencia en el voltearepismo: se inició como directora del Incomex nombrada por el entonces ministro de desarrollo, Ernesto Samper. Ha sido samperista, gavirista, pastranista, uribista, independiente por un minuto, y desde hace unos días anda con la idea de ser conservadora. ¿Será que en unos años la reciben en el Polo?

 

¿Faltan más nombres? Estamos estudiando la hoja de vida de Daniel Samper Ospina, quien en cada columna cambia de jefe político.

 

Los desafíos de Silva

Por: Alfredo Rangel/APIC

 

La concreción del contenido definitivo del acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos va a recaer sobre los hombros del nuevo ministro

Me sumo a quienes han manifestado su complacencia por el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján. Además de su demostrada capacidad de gestión empresarial, Silva posee una mente estratégica que le permite lograr acertados criterios y visiones de largo plazo en los temas que han sido puestos bajo su responsabilidad.

 

Estas cualidades serán muy necesarias para encarar los retos de la seguridad nacional al final del segundo mandato de Uribe. Estos son algunos de ellos.

 

Obviamente, el primer desafío del nuevo Ministro es consolidar los éxitos alcanzados por sus antecesores y avanzar hacia mejores niveles de seguridad. Un requisito político para lograrlo es robustecer el apoyo nacional a la lucha contra el terrorismo y alcanzar el respaldo pleno y decidido a la fuerza pública en este propósito. En la orilla de la democracia no deben existir esguinces ni ambigüedades frente a la lucha contra el terrorismo. En este sentido, es bueno traer a colación la sentencia reciente de la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuando, al rechazar la ambivalencia de ciertos partidos en la condena al terrorismo en España, afirmó que "el comportamiento de los políticos engloba de ordinario no sólo sus acciones o discursos, sino igualmente, en ciertas circunstancias, sus omisiones y silencios, que pueden equivaler a tomas de posición, y hablar más incluso que toda acción de apoyo expreso". Más claro, imposible: frente al terrorismo, silencio es complicidad.

 

De otra parte, el nuevo Ministro tendrá que darle un nuevo aliento a la ofensiva militar contra los grupos terroristas, ya que en los últimos meses se ha notado cierto decaimiento en el nivel de operaciones del las fuerzas militares, al tiempo que se observa un incremento del número de ataques de estos grupos contra la fuerza pública. En efecto, en este período, y en comparación con el año anterior, el número de combates por iniciativa de las fuerzas militares ha descendido en 60 por ciento. Simultáneamente, esos grupos han aumentado sus ataques en 84 por ciento, sobre todo en lo que tiene que ver con hostigamientos y emboscadas contra el Ejército y ataques contra instalaciones de la Policía Nacional.

 

Tal vez esa caída en el número de operaciones ofensivas tenga que ver con el énfasis que recientemente se le está dando a la consolidación de las zonas donde han sido erradicados esos grupos ilegales, lo que demanda un pie de fuerza que se resta a las acciones ofensivas. Pero también, hay que decirlo, detrás de esa recaída podría estar el impacto negativo que en la moral de la tropa puede haber ocasionado la avalancha de demandas infundadas por "falsos positivos", que es parte de la guerra jurídica del terrorismo contra el Estado y que tiene, infortunadamente, un eco desaprensivo en los medios de comunicación. La lucha contra el terrorismo aún no está ganada y lo que se ha logrado en el frente militar no se puede arriesgar en el frente jurídico y en sus implicaciones políticas. Porque lo que estamos viendo es que los avances del adversario en el frente jurídico podrían estar teniendo preocupantes consecuencias en el frente militar.

 

De igual manera, es preciso mantener la presión armada sobre los grupos armados emergentes al servicio del narcotráfico y, sobre todo, sobre las estructuras mafiosas del negocio. El éxito alcanzado por las autoridades contra estas últimas ha generado un caos y una inestabilidad permanente en los carteles de la droga que ha afectado seriamente la producción y el tráfico de narcóticos en el país. Y tal vez de manera definitiva. Si a esto se suma la realización de una interdicción mucho más efectiva con la ayuda norteamericana que se va a ubicar próximamente en cinco o siete bases militares colombianas, tal vez lograremos por fin hacerle la vida imposible al narcotráfico dentro de nuestras fronteras y lo obliguemos a emigrar hacia otros países, por ejemplo, hacia Centroamérica, como parece que ya está empezando a ocurrir.

 

Y a propósito de bases militares, la concreción del contenido definitivo del acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, así como su puesta en ejecución práctica, va a recaer sobre los hombros del ministro Silva. De su habilidad en la diplomacia civil -y ahora también en la militar-, pero también del rigor que logre imponer en el control de los objetivos y el alcance de las operaciones de inteligencia que se van a desarrollar en el marco de ese acuerdo bilateral, va a depender en buena parte alcanzar la comprensión y recuperar la confianza del vecindario, bajarle al mínimo el volumen y resolver definitivamente la crisis actual. Y de pronto (¿por qué no) apaciguar y reaconductar a Chávez. Porque a Correa es una misión imposible. Y tampoco hay que pedir milagros.

 

La soberana gana

Por: Antonio Caballero/APIC

 

Cuando quisieron salir de Noriega, lo definieron como narcotraficante. Y para capturarlo bombardearon panamá desde la base de Howard

La tesis del gobierno es que la soberanía consiste en entregar la soberanía. Y sí, bueno: paradójicamente, esa entrega constituye un acto soberano. Para ceder algo, es necesario tenerlo. En la Roma antigua, y también en los Estados Unidos de los tiempos de la colonización del salvaje Oeste, se daba con frecuencia el caso de hombres libres que se vendían a un rico en calidad de esclavos por un período determinado, y a veces de por vida. La esclavitud voluntaria no es un estado particularmente decoroso, pero en fin: cada cual pone su honra donde le cabe.

 

Ahora bien: esas cosas hay que explicarlas. El de las bases norteamericanas en territorio colombiano no es "un acuerdo transparente", como lo llama el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares. Tan no lo es, que el presidente Álvaro Uribe tuvo que emprender una atropellada gira por siete países amigos para explicárselo en persona a sus presidentes en reuniones a puerta cerrada, no quiso, en cambio, dar esas mismas explicaciones en público, como se lo pedían los presidentes de Brasil y Chile en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se reúne en estos días, en Quito. Pero donde hay que dar explicaciones no es ni en Unasur públicamente, ni en privado en Lima o en Asunción, sino aquí.

 

Ese acuerdo, que el general llama "transparente" a pesar de que es secreto, hay que explicárselo a los ciudadanos colombianos, y no a los mandatarios extranjeros. Y en primer lugar a sus representantes en el Congreso de la República, tal como lo dispone la Constitución, ese pobre papel con el cual limpian periódicamente las vergüenzas el presidente Uribe y sus áulicos. Sin duda el Congreso, que es uribista y arrodillado, aprobaría la cesión de la soberanía si se lo preguntaran. Pero darlo por sentado desdeñosamente de antemano equivale a señalar la inutilidad del Congreso, reducido al papel de pagar sueldo a los congresistas para que rubriquen las iniciativas del Presidente: de ahí a cerrarlo no hay un paso (y el cierre constituiría un importante ahorro para la vena rota del gasto público). Como sólo es un paso el que lleva a nombrar por decreto Fiscal y Procurador desde el engorroso método actual de presentarles a las cortes ternas impresentables. Y un paso es el que lleva a clausurar también las cortes, en vez de tener que recurrir al fastidioso recurso de no acatar sus fallos .

 

Serían pequeños pasos que, sin duda, la opinión uribista aplaudiría con los ojos cerrados (y la boca también: es "mayoría silenciosa"). ¿Y por qué no dar otro más, y cerrar también la prensa? Así se evitaría la costosa extravagancia de hacer giras de explicación "mudas", como han dado en llamar a las que excluyen las declaraciones públicas. Porque ¿cómo hacer declaraciones públicas sobre tratados secretos?

 

Tan secreto es este que ni siquiera lo conoce el Congreso de la contraparte, el de los Estados Unidos. O, al menos, no se sabe que lo conozca. Ni lo conocía el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, a no ser que estuviera mintiendo deliberadamente cuando aseguraba hace un año que no habría bases. Y por lo visto no lo conoce tampoco el nuevo ministro, a quien ni siquiera invitaron a la Conferencia de Seguridad de Suramérica convocada en Cartagena, al alimón, por las Fuerzas Militares de Colombia y el Comando Sur de los Estados Unidos. (De este comando viene la palabra "Sur" del título de la conferencia, que en inglés se llama "SouthSec").

 

Fue allí, en los salones del Santa Clara Luxury Hotel, donde el general Padilla The Lionheart filtró la información reservada de que las bases para uso de los norteamericanos en Colombia ya están entregadas y no van a ser ni tres ni cinco, como se había hecho creer en un principio, sino siete: dos navales, dos terrestres y tres aéreas. Y añadió sibilinamente que "nadie distinto a los terroristas y a los narcotraficantes debe temer por este acuerdo".

 

Pero ¿y quién define quién es un "terrorista" y quién es un "narcotraficante"? Los Estados Unidos. ¿Y cómo? Pues como les dé la soberana gana, de acuerdo con lo que les dicte su interés. Sobran los ejemplos. Para poner uno geográficamente cercano: cuando quisieron desembarazarse del general panameño Noriega, que se había vuelto incómodo para ellos después de haberles prestado durante años invaluables servicios a sueldo de la CIA, lo definieron de pronto como narcotraficante. Y para capturarlo bombardearon la ciudad de Panamá desde la base Howard que entonces manejaban, amistosamente por supuesto, en su territorio. Por eso tienen razón en sus temores los Presidentes de Venezuela y Ecuador: su vecindad con las bases norteamericanas en Colombia los pone a tiro. Y tienen razón también los de Brasil y Uruguay y Bolivia y Paraguay y la Argentina y Chile: todos esos países padecieron feroces dictaduras impuestas y respaldadas por los Estados Unidos. Saben por experiencia -que lo diga la presidenta chilena Michelle Bachelet, torturada en las cárceles de Pinochet- que los amigos norteamericanos no son de fiar.

 

Y a lo mejor tiene también razón, desde su propio punto de vista, el presidente Uribe: con la cesión de las bases militares quiere comprar su respaldo. Así hizo Franco en España. Y gracias a eso murió cuarenta años después tal como quiere Uribe: en su cama, y en palacio.

 

Si no es Uribe, que sea Juan Manuel

Por: Daniel Samper Ospina/APIC

 

Si el canciller de Chávez es Maduro, el de Santos debe ser inmaduro, es decir, el 'pincher' Arias

Les parecerá que es un invento mío, pero en la sección 'Alto Turmequé', publicada hace 15 días en El Espectador, había una información sobre la que puede ser la fiesta del año: según la nota, los precandidatos conservadores invitaron a una despedida de soltero al ex canciller Aráujo, que se casa este fin de semana, y la responsabilidad de organizarla recayó en los hombros del doctor José Galat.

 

Es en serio. Les pido el favor de que no se burlen.

 

A pesar de ser precandidato conservador, me abstuve de asistir a esa inolvidable velada por varias razones. Primero, porque no atendieron mi sugerencia de que esperáramos a que Noemí y Martha Lucía Ramírez ingresaran al Partido, y ya con ellas armáramos un paseo a tierra caliente, digan ustedes al hotel Guadaira, para meterle al asunto hembraje, piscina, música, trago: algo que nos uniera de verdad; que nos cohesionara socialmente, como dice el presidente Uribe.

 

Segundo, porque aún no consigo imaginarme cómo puede ser una despedida de soltero organizada por José Galat: ¿es en el salón comunal de su edificio?; ¿dan sabajón y huevos de codorniz con salsa rosada?; ¿contratan un organista para que interprete La gata golosa y otros pasillos?

 

Y, por último, por temor a que las cosas se salieran de cauce. Porque, no nos engañemos: pocas reuniones representan tantos peligros como la de unos conservadores alicorados. Con el correr de los tragos terminan dándoles vía libre a sus represiones y se entregan sin pudor al disfrute de lo que persiguen cuando están sobrios: adoran los condones, tienen sexo extramatrimonial y llevan a abortar a sus amantes, muchos de ellos varones.

 

El hecho es que mi inasistencia fue mal recibida por mis colegas azules, que desde entonces no me hablan, y me he visto en la obligación de reinventar mi futuro político. Como tengo un olfato similar al de Juan Lozano, aunque con un empaque algo más discreto, opté por lo fácil: mirar la cumbre de las encuestas para hacerme del lado de los triunfadores.

 

Si el presidente Uribe decide lanzarse, estoy hecho: desde hace un tiempo me volví uribista, y ya tengo vista una notaría cerca de la casa por si quieren agradecerme el gesto. De algo tiene que valer el esfuerzo de haberme vuelto uno de ellos: de haber aprendido a leer a Fernando Londoño sin dormirme, a oír a César Mauricio Velásquez sin despertarme, y a creer que no hay nada más excitante que ver un caballo que gire sobre su propio eje.

 

Sin embargo, en caso de que el Presidente retire su aspiración, las encuestas señalan que el ganador será Juan Manuel Santos.

 

Ahí tuve problemas, lo confieso. Me costó trabajo encontrar argumentos para apoyarlo sin sentirme mal. Pero siempre he sido capaz de vencer los obstáculos que me pone la vida, y gracias a esa tenacidad pude mirar cada uno de sus defectos como si fueran virtudes: me convencí de que su falta de compasión en realidad es firmeza; de que su oportunismo en verdad es capacidad de adaptación. Y aprendí a defenderlo ante mis propias prevenciones.

 

Hombre, sí: fue el Ministro de Defensa bajo el cual sucedieron los falsos positivos. Pero, bien mirado, ¿cuál es el problema con los falsos positivos? ¿No son una manera práctica de reducir los índices de pobreza? Porque, hasta donde entiendo, ninguna víctima ha sido de clase alta. Y, al revés: la guerra que a él tanto le gusta promover sirve para que los pobres se maten entre sí, y las estadísticas de miseria se reduzcan de manera significativa.

 

Hablo de índices de pobreza porque al doctor Santos le encantan las cifras. Las prefiere sobre las personas, como lo demostró cuando era Ministro de Hacienda. A mí, en cambio, nunca me han llamado la atención. No las entiendo. Cuando dicen, por poner un ejemplo, que cada colombiano tiene en promedio 2,2 hijos, no sé qué pensar. ¿Cómo así que 2,2? ¿A qué se refieren con ese ",2"? ¿Que cada familia tuvo dos hijos ordinarios y otro del tamaño de Luis Alberto Moreno?

 

Justificado el asunto de los falsos positivos, me enfrenté a otra condición que padece Santos: su capacidad de mentir sin que le tiemble el pulso. Aprendí a verlo a favor: es nuestra oportunidad de vencer Rafael Correa en el famoso duelo de polígrafos que propuso.

 

De modo que me tragué mis resquemores y ahora estoy dispuesto no sólo a apoyar la campaña del doctor Santos, sino a garantizar su triunfo. Basta con trazar una estrategia electoral que consista en oponerse radicalmente a Chávez. Si Chávez afirma una cosa, Santos debe declarar exactamente la contraria. En esa medida, si el canciller de Chávez es Maduro, el de Santos debe ser Inmaduro; es decir, el 'Pincher' Arias. Roguemos todos, pues, para que el 'Pincher' no esté muy maltrecho después de la despedida de soltero que organizó el doctor Galat, y que por el bien de la patria haya resistido la profusa ingesta del sabajón que debió darse en aquella noche memorable.


El culebrón

Por: María Jimena Duzán/APIC

 

¿Hasta cuándo vamos a permitirles a estos gobernantes seguir embaucándonos en una guerra que ni los venezolanos ni los colombianos queremos?

 

Que Chávez ande financiando con sus petrodólares una guerrilla como las Farc no me sorprende. Lo que no me cuaja es que se haya metido en semejante berenjenal para venderles a las Farc unos rockets suecos del año de upa, que no van a cambiar la correlación de fuerzas de una guerra en la que las Farc llevan las de perder.

 

Sin ánimo de aguarles la fiesta a los organismos de seguridad colombianos que filtraron la información: si de lo que se trata es de probar que Chávez está financiando a las Farc, estos rockets mohosos no son precisamente una prueba reina. Pero qué más da: hace rato que la lógica dejó de imponerse en las relaciones con Venezuela, de la misma forma que hace rato Chávez abandonó la cordura en las relaciones con Colombia.

 

Armado hasta los dientes y escoltado por una flotilla de aviones Sukhoi, Chávez pasa de la bravuconada al elogio de Uribe con una facilidad sospechosa. Uribe, escoltado por los norteamericanos, no se queda atrás, y también hace lo mismo: le da palmaditas y grandes abrazos a Chávez en las cumbres en las que ocasionalmente logra encontrarse con su colega, mientras en Bogotá, los organismos de seguridad colombianos nos inundan con videos comprometedores de las Farc editados a los coñazos, al tiempo que se nos filtra información según la cual, al menos tres miembros del Secretario tendrían sus campamentos en Venezuela. Un día estamos de pipí cogido, y otro, al borde la guerra. Un día Chávez es nuestro socio inseparable, y al otro es nuestro más enconado enemigo. Un día somos hipócritas, otro nos decimos las cosas de frente. Tremendo culebrón.

 

Los dos nos han ido imponiendo esta telenovela esquizofrénica porque ambos comparten el mismo desprecio por los canales institucionales y porque los dos han centralizado el ejercicio del poder en ellos mismos. Desde cuando Uribe y Chávez decidieron manejar las relaciones entre los dos países con la cadencia feudal de un dueño de finca, las embajadas junto con sus embajadores se convirtieron en muebles viejos y los encuentros personales y esporádicos, acabaron por reemplazar el oficio que antes realizaban las cancillerías de ambos países. Si cerráramos el Palacio de San Carlos es probable que nada pase. Y la única razón para que no se haya hecho es que Uribe necesita la cancillería para nombrar en los puestos diplomáticos a los parientes de los congresistas que han prometido votar el referendo, de la misma forma que Chávez la necesita para ubicar en la diplomacia a toda esa nueva clase chavista que ha surgido bajo sus años de mandato.

 

Sobra decir que este culebrón está hecho a su medida: está sustentado en el talante populista, común denominador en ellos, y en el afán por exacerbar falsos nacionalismos. Esta combinación de factores generalmente se traduce en aumentos considerables en su popularidad en las encuestas. Cada vez que uno la emprende contra el otro, sus índices de aceptación se incrementan, como de hecho sucede cada vez que un nuevo incidente tensiona las relaciones. Su culebrón ha sido exitoso y ha batido récord de sintonía. Sólo se equivocan en una cosa: en asumir que nos vamos a dejar embaucar por ellos en esa guerra que de manera tan mezquina nos quieren imponer. El "pueblo", del cual ellos dicen ser interlocutores, no la quiere. Ni los comerciantes de ambos países que atraviesan esa frontera diariamente en busca de su sustento, ni los empresarios colombo-venezolanos que tienen un comercio vigoroso que ha ido creciendo de manera sostenida en los últimos años.

 

Los únicos que realmente se beneficiarían de un deterioro como el que se viene dando en las relaciones entre los dos países son las Farc. Una guerra no sólo los volcaría de una vez por todas a los brazos de Chávez, sino que le daría al Presidente venezolano luz verde para financiarlos en propiedad y reemplazar esos cohetes suecos, tan viejos como Matusalén, por sofisticados armamentos.

 

¿Hasta cuándo vamos a permitirles a estos gobernantes seguir embaucándonos en una guerra que ni los venezolanos ni los colombianos queremos?

 

Ya es hora de notificarles a Uribe y a Chávez que su melodrama y su caudillismo nos tienen hasta la coronilla y que renunciar a la diplomacia para ventilar los problemas que afectan nuestras relaciones bilaterales es el mejor camino para acabar con las instituciones democráticas y para reencauchar a las Farc. Y que nadie, ni en Caracas ni en Bogotá, quiere embaucarse en esa guerra que ellos de manera irresponsable nos quieren vender.

 

Debajo de la basura

Por Daniel Coronell/APIC

 

Una serie de documentos del extraditado 'Jorge 40', sobre los intereses de los paramilitares en el sector de basuras, mencionan el nombre de William Vélez.

 

William Vélez Sierra es uno de los mejores ejemplares de una nueva elite colombiana. Él hace parte de un reducido grupo que entró a las 'grandes ligas' del capital en los últimos siete años. Su fortuna -que algunos consideran comparable con las de Santo Domingo y Ardila Lülle- creció exponencialmente impulsada por los contratos públicos, durante el gobierno de su amigo Álvaro Uribe.

 

Sus negocios abarcan desde los alumbrados hasta la construcción de grandes trabajos de infraestructura. Varios especialistas en obras civiles lo consideran un recién llegado a esa actividad, pero eso no ha sido obstáculo para que sus compañías se ganen las licitaciones más apetecidas. Como el corredor vial Bogotá-Girardot-Cajamarca, con un costo estimado de 350.000 millones de pesos. O la concesión de los peajes fronterizos de Cúcuta, valorada en 180.000 millones. Y eso sin mencionar su participación en Odinsa, la compañía ganadora del contrato de 650 millones de dólares para remodelar el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

 

Vélez también es dueño de un porcentaje de la propuesta de El Tiempo para el tercer canal de televisión. Y en su órbita gravitan, entre otros, José Obdulio Gaviria; el cónsul en Miami, Ignacio Guzmán -hermano del comisionado de Televisión Alberto Guzmán-; el consejero presidencial Miguel Peñaloza, quien ha sido su empleado, y el ex ministro Ramiro Valencia Cossio, quien también ha estado en su nómina.

 

William Vélez posee, además, ganados y grandes extensiones de tierras en el Urabá antioqueño y en Córdoba.

 

Esas y otras actividades suyas podrían ser materia de varios libros, pero hoy vamos a hablar de sus empresas en el sector de recolección de basuras y manejos de rellenos sanitarios.

 

El portal periodístico VerdadAbierta.com -sin duda el mejor registro sobre paramilitarismo en Colombia- publicó hace unas horas una serie de documentos de hombres del extraditado 'Jorge 40', en los que hablan de los intereses de los paramilitares en el sector de las basuras y mencionan varias veces el nombre y las iniciales de William Vélez, así como las de algunas compañías suyas.

 

Uno de los interlocutores es Édgar Ignacio Fierro, alias 'Don Antonio', a quien las autoridades le confiscaron el llamado computador de 'Jorge 40', cuya información ha sido fundamental para el proceso de la para-política.

 

En ese computador están grabados memorandos, sesiones de chat y varias cuentas, que ponen en evidencia el grado de conocimiento que tenían los paramilitares sobre el negocio de las basuras en las ciudades de la Costa Atlántica y afirmaciones sobre presuntos acuerdos con William Vélez Sierra, el zar del sector en esa zona del país.

 

Uno de los papeles más reveladores se llama 'Escenarios Residuos Sólidos Sta Marta'. Allí, después de mencionar la empresa InterAseo, la principal de William Vélez en ese campo, el memorando paramilitar afirma: "Se formalizó alianza estratégica y sociedad con WV por medio de la cual trabajaremos conjuntamente en el tema de residuos sólidos donde quiera que él mantenga una operación y exista un interés".

 

El señor Vélez, entrevistado por VerdadAbierta.com, niega enfáticamente ésta y otras graves afirmaciones de los paramilitares y atribuye el detallado conocimiento que esos delincuentes tenían de sus negocios a que "quizá pudo haber gente infiltrada en las administraciones de esas ciudades o incluso en alguna empresa que tenía esa información".

 

Todos las piezas de la investigación pueden ser vistas en el siguiente vínculo de Internet: http://www.verdadabierta.com/web3/paraeconomia/1469-el-empresario-william-velez-salpicado-por-memos-de-paras

Injustificado proceder

Por: NURIS PARDO CONRADO Vicepresidenta Nal APIC

 

El sólo hecho de que los libre pensadores del Cesar, o de otras latitudes del país opinen acerca de lo bueno, regular, malo, ó pésimo de las administraciones, no debe ser óbice para estigmatizarlo como enemigo del ente que regentan, menos aún, razón para vetar sus nombres objetándolos la directora de prensa de la respectiva institución, para no tener ninguna relación con ellos. El derecho fundamental a la información, no está supeditado a condición alguna, el sólo hecho de no ser alabante de las débiles acciones, no puede conducir a la exclusión  y al rechazo, ¿por qué en igual proporción no se actúo cuando se ponderan excelentes actuaciones pasadas presente y futuras, dónde las páginas de los medios escritos, los espacios radiales o televisivos hacían énfasis en las virtudes del hoy excluyente?. La lista de comunicadores vetados que se tiene en la oficina de prensa  departamental, donde se me involucra, me tiene sin cuidado, igual debe sucederle a quienes junto a mi nombre aparecen, porque el decir la verdad bien dicha es un deber obligatorio de todo buen ciudadano, y no una opción vaga e imprecisa.

 

Pulitzer, uno de los más grandes periodistas modernos, censuró a quienes ponían el estomago a merced de la noticia, la sociedad lectora así lo ha aceptado, convirtiéndose la prensa en el poder que en momento alguno  se hace aliada de las cosas nobles y enemiga de las inmoralidades, esto cuando se ejerce con valentía y razón. Si se inicia la persecución contra editorialistas, articulistas y demás agente de la noticia, quizás se logre acallar algunos (creo que pocos), pero no podrán en suma  ponerle tapabocas a los rebeldes electores quienes son los que hoy sienten el incumplimiento en carne propia, por que a debido tiempo y con justa causa, inspiraron el cambio que se quiso y que  hoy es utópico. En los últimos meses y días, la critica al señor gobernador y a su equipo de gobierno ha aumentado, pero se debe a la intemperancia de algunos y a la ineficacia de otros, no a rencores personales o grupales, por que eso sería inocuo e improcedente.

 

Me pregunto. Es admisible que el Cesar soporte las consecuencias de una parálisis gubernamental por la inopia  de proyectos para materializarlos? Será que como a los toros de lidia, habrá que picarlos para que embistan? No hay derecho. Una ilusión como la tenida hace poco no puede ser tan pasajera, algo está fallando y creo que es confianza en si mismo, otra cosa no puede ser; esperamos que llegue el momento de convencerse y convencernos, a que tanto uno como otros, somos capaces de hacer hasta lo imposible, basta intentarlo y a fe que se consigue. El remedio más eficaz para curar todo mal es aceptar el padecimiento de la enfermedad, rechazarla es sentirla doblemente en los efectos dolorosos que ella produce, más los psíquicos, que son el doble y por lo tanto mortales y sin remedios, si no se hacen las terapias respectivas para extraerlas. Admiro a los electores del Cesar, sus paciencias superan la de Job, por que en otros lares, algo mayor hubiese sucedido. Para quienes como yo aparecemos objetados, les sugiero tener fe, que es poco lo que falta y mucho lo que sobra, en tanto sigamos de buena fe, expresando la opinión tenida, pues el callar lo cierto es un delito de lesa humanidad, y cuando decidamos ponerlo a la luz pública, ya con la tolerancia hemos causado un mal irremediable a la sociedad y ella no merece ese trato despectivo. Si por el hecho de tener la gallardía de expresar lo que pensamos, no se puede desde punto alguno ser sindicado de enemigos de alguien, por que amigo es quien dice la verdad y no aquel que las oculta. Cerramos con la celebre frase de Sócrates “Mirad como amigo seguro, al hombre sincero que os advierte vuestras faltas, y no al que os apruebas todo lo que decís o hacéis”  

nurispaco@hotmail.com

Verdades que agobian

Por: Nury Esther Pardo Conrado, Vicepresidenta Nacional APIC

11/07/2009

 

Éste es un país de pobres, con un 60 o 65% de su población catalogado oficialmente, lo que equivale a casi treinta millones de necesitados, que no podremos salir de esa situación si el Estado no cumple con su función de facilitarnos educación, salud, servicios públicos básicos; para lograrlo, la constitución y las leyes exigen que se busquen criterios de solidaridad y de equidad.

 

Se ha logrado que mediante la ley del Plan Nacional de Desarrollo se mantengan las tarifas de servicios públicos domiciliarios con el IPC a los estratos 1, 2 y 3, se subsidien en forma adicional los barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo, pero en la realidad encontramos que esos dineros y esos esfuerzos se están perdiendo, gracias a la tan cacareada competencia, pues nos han subido las tarifas, con lo que los subsidios se van diluyendo, es decir, que el Estado está subsidiando la competencia ¿Qué pasará si se cambia la Ley del Plan? Se dispararán aún más las tarifas, es por ello que hoy encontramos que ninguna comercializadora quiere prestar el servicio en las zonas especiales y por el contrario la energía a los prestadores de servicios en los barrios subnormales se le venden más cara por lo que indefectiblemente la tarifa del usuario más pobre es la más costosa del mercado; pero claro está, solo a un experto desde la fría capital del país se le ocurre pensar que alguien quiera prestar el servicio en sectores donde no le es viable económicamente, y como siempre la peor parte la llevan las personas de menores recursos.

 

Lo único cierto en este país, es que no puede existir un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos, cuando aún a la fecha no nos hemos puesto a tono con la figura del Estado Social de Derecho, lo cual consideramos no ha sido entendido ni aplicado por los gobernantes de turno, por ende no se ha implementado el verdadero sentido filosófico de este Estado. Por el contrario, nuestros gobernantes han permitido y apoyado las incidencias neo liberales en Colombia, cuyo modelo económico ha sido el bastión de suma importancia a que el Estado Social de Derecho no cumpla con sus objetivos; se requiere prescindir entonces un poco de esas políticas con el fin que el mismo Estado direccione los procesos sociales y económicos que le corresponde.

 

El ejercicio práctico de la democracia debe evidenciar el respeto a la dignidad humana en todas las esferas de la vida, que atenúe el exclusivismo del ejercicio del poder político auspiciándose la solidaridad efectiva a las personas que integran la sociedad democrática y la prevalencía del interés común sobre el particular. Servir a la comunidad no es otra cosa que la preocupación del estado por las necesidades ciudadana, promover la prosperidad general, evidencia el interés del Estado de un vivir digno y decente en todo el territorio y no en algunos sectores, garantizar la efectividad de los principios, donde realmente se planifique el verdadero sentido de vivir en una democracia homogénea donde haya igualdad de oportunidades, hablar de derechos y deberes no es otra cosa que hacer de estos una realidad materializada y no letra muerta.

nurispaco@hotmail.com

 

Chiriquí: Algo es algo - peor es nada

Por: Nury Esther Pardo Conrado, Vicepresidenta Nacional APIC

29/06/2009

 

Con bombos y platillos, el señor gobernador del Cesar, doctor Cristian Moreno Panezo, anunció recientemente que a través de un convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se ampliarán las viviendas de los habitantes del barrio Chiriquí de Valledupar de 12 a 46 metros cuadrados, para lo cual, sus moradores aportarán la mano de obra por valor de 97 millones de pesos, la Gobernación 728 millones, Acción Social  212 millones y la Usaid 394 millones.

 

Todo con el propósito de mejorar las condiciones de vida de estas humildes familias de desplazados por la violencia fratricida, algunos de ellos, antiguos invasores del Hospital Los Mayales, elefante blanco, que para vergüenza de todos nosotros, se convirtió con el pasar de los años en el más infame símbolo del desgreño administrativo municipal y dejadez por lo público.

 

A pesar de todos los ingentes esfuerzos que se han hecho, el gobierno tiene una deuda pendiente con los desplazados, quienes han sido tratados como delincuentes, menesterosos, limosneros o pedigüeños, como si las autoridades del Estado no hubieran tenido el deber de protegerlos en su vida, su honra y sus bienes. Basta con apreciar las cajas de fósforos que les adjudicaron por casas dignas de 12M2, lo que constituye una afrenta para la dignidad humana y una evidente desconsideración con el prójimo, máxime en una sociedad que se considera generosa y cristiana.

 

Y ahora, el gobierno sale con el cuento que les va a colaborar en la ampliación a 46M2, lo que para cualquier ser humano aún es un espacio reducido para que lo habite una familia en Colombia y en el mundo. Pero algo es algo, peor es nada, dice el refranero popular. Esto lo hace el gobierno para expiar sus culpas y quitárselos de encima, cuando no hizo en su momento lo que tenía que hacer, que era brindarles la debida seguridad en sus sitios de origen y ahora, les arroja la limosna de 46M2, para que la habite un padre de familia con su mujer y mínimo tres hijos, que es lo común en estas familias. ¿Que dignificación de la vida es esto?

 

Si las autoridades nuestras se preciaran de serias, consideradas con la dignidad del otro y responsables con los derechos humanos, en vez de ufanarse por la ampliación de las casas de Chiriquí, sentirían vergüenza y aprovecharían el reconocimiento de dicha agencia internacional para construir verdaderas viviendas para familias de seres humanos sin importar su origen o su clase social, que dignifiquen y hagan placentera su existencia en la tierra. Los indígenas Ngöbe-Buglé, deben sentirse realmente decepcionados que el término Chiriquí se utilice para semejante grosería de casas, cuando para ellos, ese nombre significa “gran valle de la luna”, espacios amplios par vivir.

nurispaco@hotmail.com

 

¿Qué está pasando?

Por: Nury Esther Pardo Conrado, Vicepresidenta Nacional APIC

21/06/2009

 

Últimamente se ha agudizado e incrementado en Valledupar la lista de jóvenes que ponen fin a su existencia en la mejor etapa de su vida. Tal vez por causas pueriles que descubren indefectiblemente la fragilidad síquica de nuestra juventud, ‘cristianizándose’ cada día, como un fenómeno ascendente, el cual no tiene la más mínima atención por parte de las autoridades públicas, quienes por mandato de nuestra Constitución Política están llamados a defender la vida de todos los habitantes del territorio nacional, aún en casos extremos en que sea desconocida por su titular, quien toma esa fatídica decisión en un momento de infamia o de locura debido al sentimiento de exclusión, abandono, desatención por parte de la sociedad en general, que para nada tiene en cuenta las señales de alerta que los mismos van dejando en su actuar. (Recientemente hasta adultos)

 

Al interior de cada hogar debe brindársele a los niños los conocimientos y valores necesarios, que consiga en ellos cimentar la fortaleza requerida que les permita afrontar y superar los problemas que la vida le depara a todos y cada uno de los seres humanos en el trasegar de su existencia. Para ello, indudablemente se requiere mayor información en el seno de las familias donde puedan acceder y cultivar los valores de la solidaridad, la disciplina, el trabajo, la constancia, el respeto por si mismo y por los demás, etc., etc., por lo que, la comunicación entre padres e hijos se convierte en una herramienta importante que permite a los progenitores estar al tanto del actuar de sus descendientes.

 

Por lo regular, encontramos que los padres y familiares de los muchachos suicidas desconocen totalmente el actuar de quienes encuentran la muerte en estas condiciones. Tal vez se deba a conflictos familiares, violencia doméstica y enfermedades mentales o falta de trabajo, pero lo único cierto, es que casi siempre estos casos se presentan con personas residentes en barrios de estratos bajos; lo cual no quiere decir, que por el sólo hecho de que seamos de origen humilde y encontrarnos en momentos difíciles debamos tomar la decisión de quitarnos la vida. Sin embargo, esta situación devela indefectiblemente que algo raro está sucediendo con nuestra juventud y, ante este panorama desolador le corresponde al Estado prestar una mayor atención a este fenómeno silencioso que permanentemente cobra vidas y que enluta familias enteras.

 

Uno debe autoquererse por encima de cualquier circunstancia. La cuestión de poner fin a la existencia es más grave de lo que parece. Estos hechos revelan que hemos perdido el sano juicio de la conciencia, a pesar de la existencia de tantas ciencias humanas. El sociólogo francés Emile Durkheim en su obra El suicidio (1897), señala “que los suicidios son fenómenos individuales que responden esencialmente a causas sociales”. Las sociedades presentan ciertos síntomas patológicos, ante todo la integración o regulación social ya sea excesiva o insuficiente del individuo en la colectividad. Por tanto el suicidio viene siendo un hecho social y hay que prestarle mucha atención.

nurispaco@hotmail.com

 

No perdió Ava Carvajal – Perdió el pueblo Vallenato

Por: Nury Esther Pardo Conrado, Vicepresidenta Nacional APIC

13/06/2009

 

La decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la cual se confirma la inhabilidad del señor alcalde del Municipio de Valledupar, quien a su vez, queda por fuera del poder municipal, es algo lamentable para la democracia, por fin fueron más de 32.000 ciudadanos legítimos que votaron masivamente en octubre de 2007 por Rubén Alfredo Carvajal Riveira, lo anterior, debido a que lo vieron como una alternativa para la solución de muchos problemas que afronta nuestra ciudad y -sobre todo- con el convencimiento de lograr el desarrollo integral para nuestro Municipio.

 

Con su movimiento “Adelante Valledupar” logró impactar a la ciudadanía y recibir un apoyo irrestricto a su programa de gobierno, pero a fe que lo estaba haciendo bien, en él se reconoce y acredita el hecho de afrontar situaciones difíciles y sobre todo, en tener la osadía de presentar propuestas audaces para darle una solución legalmente válida a su administración, por cuanto los últimos administradores dejaron altamente comprometida las rentas propias con concesiones y el servicio a la deuda por créditos adquiridos, pero, a pesar de todos los inconvenientes políticos y económicos que afrontó, tomó decisiones públicas en beneficio de la población en general y visionando el desarrollo armónico de la ciudad.

 

Hay algo importante en Ava Carvajal, y es el sentido de pertenencia que generó en los Valduparenses con su eslogan “Valledupar Te Quiero”, eslogan este que recoge el sentir patriótico y la esperanza de cada uno de los habitantes del valle del cacique Upar.

 

Lo único cierto con esta decisión, sin entrar a cuestionar su validez jurídica, es que se entorpece el desarrollo de la administración municipal y la ejecución coherente del plan de desarrollo en curso y de una serie de proyectos que le han sido adjudicados al municipio a nivel nacional. Su mayor compromiso de gobierno con las soluciones de viviendas dignas, que para muchos era una utopía, la estaba materializando con algunos casas entregadas, otras a punto de entregar y proyectos gestionados con el gerente de fondo de vivienda para el financiamiento y desarrollo de uno de sus programas de vivienda en el antiguo Idema; por igual, es importante resaltar, como le dio continuidad a proyectos dejados por la anterior administración, siendo consecuente con la planificación del municipio, lo que denota el acierto de un buen administrador; no menos relevante es el saneamiento contable que realizó; su plan de desarrollo que fue vanguardista impulsando el desarrollo urbano y rural, hasta el punto que fue acogido en Curitiva Brasil como modelo; el proyecto de la movilidad es ambicioso, el cual nos lleva a estar a la altura de las mejores ciudades del país, y para fortuna de todos, ya están asegurado los recursos con el departamento y la nación; otro acierto importante son los megacolegios que quedan por ejecutar; no sin antes reconocer su buena gestión al mantener en los primeros lugares del país a la secretaría de educación municipal, en cuanto al sistema de atención al usuario, los desayunos infantiles, la alimentación y el transporte escolar, consecución de recursos para la construcción de dos jardines sociales, el proyecto estadio, el respiro que dio al proyecto los besotes empantanado por las diferencias existentes entre el nivel nacional, departamental y municipal que no le habían permitido avanzar, con todo ello y muchas cosas más el doctor Carvajal trabajó por Valledupar.

 

En un periodo de elecciones tan corto como el que viene, cualquiera puede ser el ganador, ojalá los vallenatos tengamos la suficiente capacidad de escogencia para elegir al mejor.

nurispaco@hotmail.com

 

Sin el pan y sin el queso

Por: Nury Esther Pardo Conrado, Vicepresidenta Nacional APIC

09/05/2009

 

Hace pocos días, la Asamblea del Cesar, adicionó el presupuesto del departamento del año 2009, en más de ciento quince mil millones de pesos, en razón de que dicha suma quedó sin gastarse el año inmediatamente anterior, con lo que la gobernación tiene para ejecutar en la presente vigencia fiscal, la no despreciable suma de alrededor de Seiscientos mil millones de pesos, por lo que el equipo de trabajo del señor gobernador del Cesar, tendrá que aplicarse juiciosamente para ejecutar dichos recursos en pro del desarrollo integral de todos los habitantes del departamento. Máxime, en tratándose de un año eminentemente electoral, donde la espada de Damocles de la Ley de garantías obliga a comprometer o ejecutar la mayoría de los recursos antes del octavo mes de año.

 

Más ejecución y menos carreta; más gerencia y menos retórica, que las necesidades son muchas, y el tiempo es corto. Cada día se cuenta con menos capital político para explicarle a los electores y a la sociedad, en general, como un departamento genera superávit, año tras año, desdeñando el cúmulo de necesidades que hay por satisfacer.

 

Hoy se habla de un nuevo ajuste del gabinete por que según, “allegados al gobernador Cristian Moreno, la mayoría de funcionarios de primer orden no han dado la talla y eso tiene, más que preocupado, colérico al mandatario”. El gobernador no puede pasarse todo su periodo de gobierno armando equipos de trabajo, para que nuevos funcionarios lleguen ha interiorizar su visión de gobierno y sus políticas públicas y agotado esto, comenzar a ejecutar el presupuesto, ya que para desgracia y desilusión de todos los cesarenses, podrían quedar, como en el año inmediatamente anterior, importantes sumas sin ejecutar y las necesidades siguen ahí – como dice el cantautor Diomedes Díaz “siempre ahí”. Bailándole el indio a los pobres y excluidos del departamento del Cesar, que lo apoyaron masivamente para alcanzar la primera magistratura ya que vieron en él la reivindicación de su existencia.

 

Es realmente lamentable lo que está ocurriendo con la rehabilitación y culminación de la calle 44 hasta la carrera 4 y otras más en la ciudad de Valledupar, que por estar discutiendo si se hace de una manera u otra, nos estamos quedando sin el pan y sin el queso. Valledupar apoyó de manera generosa y decidida la elección del gobernador Moreno Panezo y como tal, espera que se le tenga más en cuenta, para las grandes inversiones, con ciento quince mil millones de concurrencia del departamento al municipio, son muchas las cosas que en Valledupar se necesitan y se podrían hacer: comedores comunitarios, mega-colegios, fortalecimiento a la ESE Eduardo Arredondo, gratuidad en la educación básica primaria, mataderos de especies menores etc., etc., en legitima retribución a los vallenatos que masivamente apoyaron su aspiración política. Es claro que la gobernación está apoyando a la alcaldía de Valledupar, pero se necesita aún más, para paliar en algo las enormes necesidades y afugias que golpea a los pobres de Valledupar.

nurispaco@hotmail.com

 

¿Festival Vallenato para quién?

Por: Nury Esther Pardo Conrado, Vicepresidenta Nacional APIC

02/05/2009

 

A pocas horas de culminar la cuadragésima segunda versión de nuestro insigne “festival de la leyenda vallenata”, son muchas las cosas buenas que deben resaltarse como la majestuosidad de nuestros acordeoneros, desde niños muy pequeños que tocan el acordeón como dioses, hasta otros no tan jóvenes que hacen lo mismo, hermosos desfiles de piloneras, canciones inéditas muy bellas, piquerías de ensueño, la enorme masa de visitantes nacionales y extranjeros, los hoteles, casas de campo, apartamentos y demás repletos de turistas, vendedores y compradores por doquier, riñas de gallos, entrañables parrandas vallenatas, etc., etc., que realzan justificadamente la grandeza de nuestra gente y del folclor vallenato en general.

 

Preocupa sobremanera, como la modernización de nuestro festival, ha excluido al pueblo de los magnos eventos, hoy realizados en sitios cerrados cuyo precio de las boletas o entradas son elevados para el bolsillo de los ciudadanos de a pie, quienes constituyen la inmensa mayoría del pueblo cesarense. Eso de que todo tiempo pasado fue mejor, si que se aplica para el festival vallenato. Cómo se echan de menos aquellos años cuando se disfrutaba gratis o ha moderados costos y al aire libre de todos los espectáculos en la plaza Alfonso López, Casa de la Cultura etc., etc. Hoy por hoy el festival vallenato es fundamentalmente para los turistas que tienen como pagar boletas de medio salario mínimo y ni que decir, de los gastos de hospedajes y residencias cuyos dueños aprovechando la temporada las arriendan por precios realmente exorbitantes, amen de las casas de campo cuyo arriendo por día es altísimo con la obligación de que hay que tomarlas por la temporada así se esté uno o dos días. Lo que va traer como consecuencia que se desincentiven muchos turistas a visitar nuestra tierra, por culpa de unos aprovechados especuladores, que irresponsablemente encuentran en el festival ingresos económicos para todo el año.

 

Cosa parecida ocurre con algunos comerciantes informales, que valiéndose de la ocasión, duplican y hasta triplican el valor de sus objetos, verbigracia los sombreros, mochilas, ponchos y demás artesanías, ofrecidos a precios inalcanzables para quienes de ganan el salario mínimo. Las boletas para entrar a los diferentes espectáculos en el parque de la leyenda aparentemente agotadas, en razón de que los especuladores hacen su agosto, comprando las boletas en cantidades para acapararlas y después revenderlas muy por encima de su precio real. Los vendedores de licores dentro de los lugares donde se realizan los espectáculos flaco favor le hacen al festival cobrando botellas a precio de oro, todo esto, ante la mirada indiferente de la Fundación y de las autoridades locales.

 

Lo único que queda claro es que cada día más y más, el festival vallenato se aleja del pueblo y se especializa para los turistas poderosos quienes tienen con que sufragar los excesivos costos que implica gozárselo sanamente. Más allá de la discusión que se está dando acerca del manejo que se viene dando al festival por parte de la fundación, también debe analizarse hasta que punto se trata de una fiesta del pueblo y para el pueblo. Que pensaría Alejo Durán, viendo que la mayoría de los eventos que se realizan durante el festival, se hacen en sitios cerrados cuyos costos por boletería y consumo, exceden las posibilidades de cualquier parroquiano resignado por la fuerza de las circunstancias a ver y escuchar su festival por la televisión y la radio en la soledad de su hogar.

 

Y de aquello nada, pero nada de nada

Por: Nury Esther Pardo Conrado, Vicepresidenta Nacional APIC

18/04/2009

 

El departamento del Cesar va de mal en peor y su mandatario seccional poco hace para sacarlo del lodo de la crisis en que se hunde cada día más y más. Da la impresión que poco le importa lo que ocurre con sus congéneres que en cantidades ascendentes padecen penurias económicas, desempleo, violencia, exclusión social, falta de salud, educación e indiferencia estatal y él, como un simple espectador pasivo sin iniciativa ni creatividad propia, contempla con mezquino desdén lo que ocurre a su alrededor, incluso convirtiéndose en un factor generador de tales circunstancias negativas sobre la comunidad; tomando decisiones superficiales que bien pueden tildarse de “pañitos de agua tibia”, ante la enorme responsabilidad que le asiste como gobernante de todos los cesarenses de servir a la comunidad, propender por la prosperidad general y hacer efectivos los derechos y las garantías establecidas en nuestra Carta política fundamental.

Prueba de ello es que frente a la enorme crisis económica mundial que ya se siente en nuestros país con alarmantes trazos de recesión, la gobernación carezca de iniciativa para generar empleo masivo e insista obstinadamente en abstenerse de hacer grandes inversiones públicas tendientes a dignificar la existencia de la población menos favorecida de nuestro departamento, donde para vergüenza de todos, más del 45% de sus habitantes se encuentra por debajo de la línea de pobreza, por lo que la inversión pública social se convierte en la única tabla de salvación para generar empleo, ingresos y distribuir riqueza para la gente pobre del Cesar, de por sí golpeados por la indiferencia y la maledicencia propia del capitalismo salvaje.

 

¿Dónde están las grandes obras públicas que nos prometieron, donde están los mega-proyectos productivos, donde están los grandes comedores comunitarios, los grandes hospitales, donde están las vías arregladas, el aumento en la cobertura de la educación, la salud, agua potable y saneamiento básico, etc., etc.?. La población cesarense requiere menos retórica y más ejecución y quiere imperiosamente que su gobernante se aleje de una vez por todas del oscuro follaje de las palabras imprecisas y se lance sin más dilaciones a la realización de las grandes obras en beneficio general. Ya va más de tres meses del segundo año de gobierno y de aquello nada, pero nada de nada. De ahí las voces legitimas de la revocatoria del mandato, sobre las que muchos se atreven a decir ingenuamente que fueron desmontadas, cuando el inconformismo es in-crescendo.

 

Y ni que decir de la inseguridad reinante en el departamento del Cesar, donde la gente de bien estamos sitiados por la delincuencia sin que exista una estrategia integral y coherente de seguridad que le permita a la gobernación tener claridad hacia adonde va a dirigir los esfuerzos para contrarrestar el envión de los malhechores. Basta con abrir las páginas de este augusto diario para enterarse de la violencia fratricida que nos está ahogando, donde asesinar una o varias personas es algo cotidiano incluso a la luz del día y a la vista de todo el mundo, sin que se ejerza la autoridad debida para enfrentar esta triste realidad que nos tiene acorralados. Aguachica se ha convertido en un polvorín y ni que decir de Valledupar, donde todos los días asesinan por que sí y por que no, y muchas veces sin saber ni por que sí, ni por que no, amén de los delitos contra el patrimonio económico, la libertad y el pudor sexual, violencia intrafamiliar y últimamente, los temidos panfletos de limpieza social que en el sentir de la población, han dejado docenas de muertos los últimos fines de semana y las autoridades no pasan de simples consejos de seguridad para analizar la situación. El gobernador nos ofreció el nombramiento de una persona plenamente capacitada para dirigir el programa de seguridad, sin que se conozca hasta la presente el desarrollo de tal iniciativa.

Los Cesarenses de a pie no sentimos aún la acción pública de la gobernación, tal vez por que pusimos demasiadas esperanzas en un gobernador joven, ilustrado, locuaz e inteligente, proveniente del pueblo e incontaminado de las enquistadas mañas politiqueras, que tanto daño le han hecho al Cesar y que mantiene sub judice a sus antiguos lideres, pensamos que con la llegada de un personaje con estas loables características todo cambiaría para bien de los habitantes del departamento, pero para desgracia, desilusión y tristeza de todos, nada de esto ha ocurrido, ¿o será, que la crisis es tan grande que nos causa angustia todo lo que está ocurriendo?. Nos tocará seguir esperando con paciencia de misionero, o cómo dijo el ciego, amanecerá y veremos, y amaneció y nunca vio.

 

Acuérdese señor gobernador, que el año pasado quedaron más de ciento ocho mil millones de pesos del prepuesto departamental por ejecutar, constituyéndose en una indolencia a las enormes necesidades de los habitantes del cesar y en motivo de crítica para usted y su equipo de gobierno. Póngase las pilas para que no todo se le quede en ganas ya que con la llegada de la ley de garantía todo quedará congelado hasta nueva orden, esperamos que no sea esta entonces la excusa.

nurispaco@hotmail.com

 

La responsabilidad médica I parte

Por: Nury Esther Pardo Conrado, Vicepresidenta Nacional APIC

04/04/2009

 

El reconocido galeno, doctor José Romero Churio, en sus dos columnas anteriores, publicadas en este augusto periódico, ha llamado la atención acerca del padecimiento de los médicos, originado en las cuantiosas demandas por fallas en el ejercicio de la profesión, lo que ha ocasionado una especie de prevención en el ejercicio de tan loable apostolado. Muchas de ellas, en su sentir, han sido y serán falladas a favor de las IPS y los médicos, como quiera que se originan en la falsa creencia del afectado o sus familiares de que los médicos tienen el poder divino de la vida, o como él lo asevera, “ni si fueran dioses”, amen de que hoy por hoy, la profesión de los médicos económicamente se ha venido a menos, en razón de que la Ley 100 de 1993, disminuyó ostensiblemente los pacientes que pagan la consulta o los procedimientos médicos y quirúrgicos, lo que se hace a través de las EPS, originando que los profesionales de la salud, para hacerse a unos ingresos suficientes, deban atender más y más pacientes.

 

Desde luego, respeto los argumentos del facultativo Romero Churio, así me aparte de ellos, por que si bien es cierto existen profesionales de la salud con un proceder pertinente, no lo es menos que igualmente existen, a la vista de todo el mundo, médicos y personal de la salud irresponsables y desalmados que juegan con la vida y la salud de los pacientes, muy a pesar de que tal como lo ha sostenido de antaño y reiteradamente la Jurisprudencia y la Doctrina nacional e internacional, el servicio médico debe ser juzgado a las luces de la prudencia, teniendo en cuenta que los deberes que de dicha actividad se desprenden, se enmarcan dentro de los dictados que determinan las obligaciones de medios, y no de resultado.

 

Por lo tanto, en cumplimiento de lo anterior, el personal médico tiene el deber, o en equivalencia, la obligación de poner a disposición del paciente de forma oportuna todos los medios de carácter científico, técnico y operativo de que disponga y se encuentren a su alcance, agotando la prudencia, diligencia, cuidado y conocimientos tendientes a lograr la recuperación de la salud del paciente o a hacer menos nocivas las consecuencias de una afección, sin que pueda o deba asegurar el resultado mismo; y es que en cuanto a la vida y la salud se refiere, el Estado y el personal médico asumen una carga especialísima de protección, toda vez que los pacientes que se someten a la praxis médica, quirúrgica y/o hospitalaria, lo hacen con la finalidad de que un grupo de personas con conocimiento profesional, seriedad, responsabilidad y cuidado, brinden soluciones efectivas a situaciones que se relacionan de manera directa o indirecta con el concepto de salud. No hay derecho a que se den casos como los que pululan en esta ciudad, donde profesionales de la medicina de manera irresponsable, desconocen el alcance y contenido humanitario de la relación médico – paciente, y por esa vía, los cánones de las lex artis a – hoc (ley del arte de los facultativos).

 

Muchas de las demandas incoadas en contra de las instituciones prestadoras de salud y los médicos, tienen su origen en la falta de pericia, idoneidad y carácter de muchos galenos, que por evitar inconvenientes con las EPS o instituciones a las que están vinculados, o lo más triste, para acompasar su actividad a la disciplina de austeridad fiscal y eficiencia de utilidad económica de dichas instituciones; atienden a los pacientes como si estuvieran “peinando micos”, siendo que lo que está en juego es la vida y la salud de seres humanos.

nurispaco@hotmail.com

Pablo Emilio Moncayo
Por JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

Nada se parece tanto a la muerte como el secuestro. Jumatoca 

El Cabo del Ejército, Pablo Emilio Moncayo, hoy Sargento, fue secuestrado el 21 de diciembre de 1997 durante una toma guerrillera a la base de Patascoy, en Putumayo, donde además fueron plagiados otros 18 uniformados. Va a cumplir, el próximo diciembre de 2009, doce años de estar secuestrado por las Farc. El jueves 16 de Abril de 2009, la Revista Semana trajo la noticia de que el hijo del profesor Gustavo Moncayo, sería liberado de manera unilateral por el grupo guerrillero de las Farc. Además, la senadora Piedad Córdoba, quien recibió la misiva en su página web, dijo que esta liberación se daría en un mes. Ya vamos a completar la tercera parte de un año después de la primicia y nada de nada.

“No puedo estar tranquilo hasta no tener a mi hijo en mis brazos”. Fueron las palabras del padre de Pablo Emilio, conocido como el “Caminante por la paz”. Mientras que las del ex ministro Juan Manuel Santos, fueron desobligantes por cuanto manifestó, en La W radio, que: “espera que no se haga un show mediático con esta noticia”. Las manifestaciones de la gran mayoría de los colombianos fueron de exultación, lo mismo que la de Instituciones como la Defensoría del Pueblo, por tan magnífica noticia.  ¿Qué impide su liberación?. ¿Un supuesto show?, ¿La intransigencia del Gobierno?, ¿La disminución del corazón grande de Uribe?. ¿La insolidaridad de los ciudadanos en este país?,…, ¿La falta de amor por nuestro prójimo?. Personalmente, pienso que el último interrogante es lo que impide su liberación. 

El 30 de junio de 2009, en COLPRENSA (Bogotá), salió la noticia que serían liberados por las Farc el Cabo Moncayo y el soldado profesional, Josué Daniel Calvo Núñez, capturado herido, el pasado 20 de abril, tras un enfrentamiento entre rebeldes y tropas del Ejército en el caserío El Encanto(Meta). También, en esta oportunidad, las Farc aceptan la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Iglesia Católica para que participen en la entrega de los rehenes. 

Según Piedad Córdoba, su labor de mediación “está supeditada a que el Señor Presidente me confirme oficialmente y proponga las condiciones del intercambio”. ¿Qué pierde nuestro presidente en confirmar la orden, reunirse con la Senadora y ponerla al tanto de las condiciones de su intervención si con ello apura la liberación de nuestros compatriotas?. Nada pierde. Todavía está a tiempo de pasar a la historia con saldo positivo, de lo contrario llegará a ella con esa mancha imborrable y perenne. 

Es cierto que este gobierno, ni los anteriores, tienen la culpa de los desafueros cometidos por la guerrilla, sin embargo, pareciera que las continuas terquedades y demoras en impartir una simple orden cuya espera tiene en vilo a toda una nación que ya no aguanta más, lo tornaran responsable de esos hechos. En este caso particular el gobierno no es responsable del secuestro pero sí de la demora para que regresen a la libertad, que es casi lo mismo. 

Una máxima, de Jacinto Benavente, afirma: “El enemigo sólo empieza a ser temible cuando empieza a tener razón”. Ningún grupo insurgente que utilice actos bárbaros gozará jamás de la aprobación de un pueblo, como el colombiano, que sólo quiere vivir en convivencia pacífica. Entonces, ¿A qué le teme señor Presidente?. ¿Por qué la demora?. 

Los buenos católicos, uno de ellos sin duda alguna lo es usted señor Presidente, asentirá conmigo que si Jesús estuviera en la tierra estaría al lado de los guerrilleros y no del suyo, no porque usted sea el malo y pecador sino por todo lo contrario. Obsérvese que dije al lado y no del lado o de parte, que es cosa distinta. Jesús se apartaba, confiado, de sus ovejas buenas para ir en busca de las descarriadas y las Farc han demostrado que son esas ovejas que necesitan del buen Pastor para regresar al redil del que nunca debieron salir. Recordemos a San Mateo 5: 44 - 48, en uno de sus apartes: “Amad a vuestros enemigos, y orad por los que los persiguen de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos. Porque si amáis a los que los aman, ¿Qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes, pues, sean perfectos como es perfecto su Padre celestial”. 

Estimado lector, no sé si usted, pero yo sí ruego todos los días a Dios y a la Virgen Santísima y a todos los Santos para que el flagelo del secuestro y cualquier otra lacra semejante sean erradicados, definitivamente, de la faz de la tierra. Señor Presidente: El pueblo colombiano desea que a usted, nuevamente, se le expanda el corazón. Amén. Juantorres1954@hotmail.com  

  

 

Sigue la pesadilla

Por JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

 

No conozco Programa de Gobierno malo pero sí gobernantes incapaces de cumplirlos. Jumatoca  

                                                                                                                            

No me han faltado las ganas de escribir sobre las buenas ejecuciones y el liderazgo que está llevando BaracK Obama en su corto período de gobierno, de la nueva Encíclica del Papa Benedicto XVI “Cáritas in veritate” (Caridad en la verdad), del nuevo y necesario aeropuerto para Cartagena, de los concejales que no hacen oposición de estómago, de las supuestas casas del Bicentenario, del futuro desarrollo de Barú y de Tierrabomba que no voy a ver, de la posible aprobación de la ley contra los infieles, del traslado del mercado de Bazurto, del exabrupto de la marina que quieren construir adyacente al Centro de Convenciones, del anhelado túnel subterráneo y por debajo del mar bordeando el litoral pasando por las principales islas hasta tocar las Islas del Rosario, de la postura maniquea con la central de abastos, de la ilusa erradicación de la pobreza extrema, de la ausencia de gobierno distrital y de muchos otros temas porque siempre está en mí un poder extraño que me atrae y no logro descifrar, igual o mayor al que experimentan los cuerpos por la atracción de la gravedad de la Tierra, que me obliga a escribir sobre las recurrentes pifias y omisiones de esta administración presidida por Judith Pinedo Flórez-La Mariamulata (LM).

 

Esta vez pongo, nuevamente en la mesa, con la misma insistencia con que lo hace nuestro Presidente Álvaro Uribe, en los Consejos Comunales, con los asuntos que le interesan,  la interminable, grotesca y peligrosa inseguridad que cunde por toda Cartagena. Sí, el pasado fin de semana, la muerte volvió a pasearse victoriosa por toda la urbe. Parece que para este flagelo no habrá pronta solución. Lo mismo para los constantes atracos a cualquier hora del día. En el barrio de Torices, exactamente en las intersecciones de la calle Bogotá con el Paseo Bolívar y con la carrera 14 de Torices, los atracos son cotidianos y perpetrados por personas que llegan en moto y con revólver en mano exigiendo, a rajatabla, las pertenencias ajenas. Nadie denuncia nada ni se atreven a ayudar porque saben que pierden el tiempo, en el primer caso, y en el segundo, pueden ganarse un tiro. El miedo y la insolidaridad campean. Ahora bien, si sólo fuera en el barrio de Torices, vaya y venga, pero este flagelo es en toda la ciudad. Ya es tiempo que (LM) cambie de estrategia porque la que hasta ahora ha implementado, en compañía del Comandante Mena Bravo, no le ha funcionado. Los cartageneros exigimos menos retórica y más acción. Por ejemplo, ¿por qué no invita al director general de la Policía Nacional, General Oscar Naranjo, a que se pase en Cartagena no una semana, como lo ha hecho en otras ciudades del país, sino un mes a ver si su presencia militar espanta de una vez por todas la inseguridad y el miedo que nos acecha y nos devuelve la confianza en nuestras vidas?. Sin embargo, la integridad física y el estar a salvo de amenazas no es suficiente para sentirnos seguros, la seguridad es un concepto más amplio, de allí que también nos produzca inseguridad un futuro incierto, el desempleo, la enfermedad cuando nos ataca y nos encuentra con los bolsillos vacíos o sin hospitales a los que acudir, o el aproximarnos a la vejez enfermos y desprotegidos económicamente o no disponer de recursos para la comida diaria o el estudio de nuestros hijos. Ahora bien, éste concepto amplio de la seguridad no es de mi cosecha y no es ajeno a (LM), toda vez, que en su Programa de Gobierno, en el punto número 4 leemos: “Pero la seguridad no es solo policía. La seguridad es construir las condiciones para convivir en paz, por lo que: Tendremos un programa serio y sostenible de cultura ciudadana que permita resolver el divorcio entre ley, moral y cultura, estimulando el cumplimiento de normas de convivencia y la capacidad de que unos ciudadanos lleven a otros al cumplimiento pacífico de las normas”. “Recuperaremos la sentada en la puerta de la casa sin los sobresaltos del presente”. “Promoveremos el desarme de la ciudadanía”. “Adoptaremos medidas para conseguir la autorregulación y regulación interpersonal del consumo de alcohol”. “Seremos celosos en la recuperación del espacio público y el alumbrado de las calles”. “Redoblaremos el acercamiento de la justicia al ciudadano y se promoverá la justicia comunitaria a través de la extensión de las Casas de Justicia”.

 

Las anteriores son puras buenas intenciones que difícilmente veremos  cristalizar en este gobierno de ejecuciones indecisas. Todos los cartageneros, a ultranza, debemos defendernos del sicariato, de los fleteros, atracos y de otras lacras que están matando, poco a poco, la imagen de la Cartagena segura y amable que alguna vez fuimos.

 

Señora alcaldesa: Todo indica que le ha sido imposible cumplir con este punto, al igual que le ha ocurrido con otros asuntos de su Programa de Gobierno, pero la invito a que no se amilane ni desfallezca, le quedan algunos pocos meses para intentar cumplir lo que prometió y si definitivamente no puede, tenga dignidad y salga por la puerta grande ¡Renuncie!.

Juantorres1954@hotmail.com

El Tambó

Por: JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

Para la Revista Viceversa y la Pagina Web de la APIC

 

Las ofertas y contrataciones en la Alcaldía Mayor de Cartagena, son a ritmo de tambó. Jumatoca

 

Después de los sonidos guturales vino la mímica, luego las señales de humo y, por último, el tambor o manguaré, como el medio más avanzado para la comunicación entre los humanos. El tambor ha servido además, para identificar a una raza, la negra, a un continente, el africano y  a un estado del alma, la alegría.

 

Por su inmensa significación la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la oficina de Prensa ha querido rendirle homenaje a tan preciado instrumento llamando “El Tambó”, al periódico semanal que divulga entre los funcionarios del Distrito las múltiples noticias buenas que dicen producir o proyectan realizar. Se trata de un plegable tipo tabloide, elaborado en papel propalcote de 115 gramos y con un tiraje semanal de mil ejemplares, a una sola tinta en blanco y negro.

 

No se trata de un periódico improvisado, su existencia ya estaba prevista y decidida en el Plan de Desarrollo de Cartagena, esa otra joya del Distrito que muestra a los crédulos y a los suspicaces como yo, la ciudad prometida y cosmopolita  que estamos destinados a ser.

 

Desde antes de su contratación,(diseño, diagramación e impresión del boletín mencionado), un alma caritativa metida en las entrañas de la administración distrital, Guido Ulloa & Asociados, ofreció gratuitamente, “…en calidad de muestra comercial, el diseño, la diagramación e impresión de los primeros ejemplares durante dos meses, de un boletín interno de la Alcaldía de Cartagena”. Con sospechosa rapidez su ofrecimiento fue aceptado y empezó a publicarse “El Tambó”. Todo lo anterior ocurrió en los primeros días del mes de Febrero del año que corre. El día 12 de Marzo de este año, la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa de la Alcaldía de Cartagena, previendo que estaba próximo a llegar el fin de los boletines gratuitos, cursó invitaciones a Guido Ulloa & Asociados, a K.BTL/ Comunicación Directa y a SA MÁN FILMS, para que cotizaran los servicios, estos sí onerosos, de diseño, diagramación e impresión del periódico “El Tambó”. Todas las firmas atinaron a cotizar además de lo solicitado en la invitación, Eureka!!,  la impresión de 1000 ejemplares semanales, sin que en la citada esquela se les anunciara la cantidad o número de ejemplares que debían cotizar. El mago Lorgia se retuerce aún de la envidia después de la portentosa demostración de telepatía. Está por demás decir que el más económico resultó ser quien venía “regalando” el boletín, el cual ofertó hacerlo por la suma semanal de $1.484.375 pesos, Iva incluido. Con él en consecuencia, se suscribió el respectivo contrato el día 29 de abril de 2.009, el cual tiene como fecha de terminación la del 31 de diciembre de este año, con un valor total de $47.500.000 pesos. Si lo narrado resulta extraño y equívoco, mayores sospechas despierta lo que encontré al examinar, más al detalle, el procedimiento que llevó a la suscripción del contrato. Descubrí que el representante legal de la firma ganadora, el señor Guido Enrique Ulloa Vergara, es también el representante legal suplente de K.BTL/Comunicación Directa, y que la tercera empresa invitada a presentar cotización, esto es, SAMÁN FILMS, no existe en la Cámara de Comercio. La dirección de quien dice ser su representante legal corresponde a un apartamento en el barrio de Crespo de esta ciudad. ¿Por qué existiendo en Cartagena empresas de reconocida idoneidad para la realización de este tipo de trabajo se invita a cotizar a firmas tan desconocidas? ¿Para qué ese simulacro de invitaciones y ofertas, esa ilusión de formal contratación? ¿Acaso no está claro que a pesar de ser tres firmas distintas las convocadas y existir tres ofrecimientos todo respondía al interés de una sola persona? Negar lo real y ocultar lo evidente no es tan fácil, ilusos.

 

Como todo me indicaba que había gato escondido, solicité a varias empresas reconocidas  en este tipo de trabajos, me cotizaran un boletín con las mismas características de “El Tambó” y con igual tiraje semanal, y, ¡zas!, lo que me temía, todas fueron por un menor valor al cotizado por el “desinteresado” Guido Ulloa & Asociados. Ninguna fue mayor a seiscientos mil pesos por tiraje semanal, incluidos todos los costos. Descuidaba advertir que todo lo que aparece en “El Tambó”, podría divulgarse en la página web de la Alcaldía sin costo alguno para el Distrito y que la firma Guido Ulloa & Asociados no sólo tiene como clientes al Distrito de Cartagena en varias otras campañas institucionales, sino también a la Corporación Turismo Cartagena de Indias, la Corporación Cartagena De Indias Puerta de las Américas, Funcicar, Hotel Las Américas y a Mister Babilla, entre otros. La Alcaldesa y los órganos de control tienen la palabra. 

Juantorres1954@hotmail.com 

  

¡Qué belleza!

Por JUAN M. TORRES CASTRO COLUMNISTA APIC

 

Las cosas raras, imposibles e inverosímiles son de normal ocurrencia en Cartagena. Jumatoca.

 

Este artículo no trata de la sobrada belleza que tienen las mujeres del mundo, ni la que nos brinda la naturaleza con su exuberante variedad, ni de la que tiene una obra literaria o artística, y si que menos la que nos brinda espiritualmente una noble y buena madre a través de toda la vida. ¡Qué no daría por sólo hablar o escribir sobre esas bellezas!.

 

Trata, más bien, sobre esas otras innumerables “bellezas” que cada día van llevando a Cartagena a un destino fatal sin retorno producto de la incapacidad, ineptitud y falta de gestión de nuestra dirigencia. Por la ancestral pusilanimidad mostrada, a diario,  estaremos estigmatizados, perennemente, por las siguientes generaciones. 

 

El jueves, 2 de julio de 2009, asistí a la sesión del Concejo donde, supuestamente, se iba a dar el debate correspondiente a la contratación de la Vía a Barú, cuyo monto inicial de 32 mil millones de pesos, adjudicada en la administración pasada del Doctor Nicolás Curi Vergara, había saltado como el canguro, en esta administración distrital que preside la alcaldesa Judith Pinedo Flórez-La Mariamulata (LM)-, a la astronómica suma de 62 mil millones de pesos ¡Qué belleza!. Quedé desinflado cuando me enteré que se aplazaría para otra oportunidad porque la información solicitada para dicho debate no estaba completa o no había llegado a tiempo, entonces, se trocó en una sesión meramente informativa. No es la primera vez que ocurre esta otra “belleza”, también se han aplazado, por los mismos o similares motivos, sendos debates que no vale la pena enumerar para no avergonzar a sus protagonistas. Ese día, también me enteré del viaje que harían a Bogotá, al día siguiente, los concejales Jorge Lequerica Araújo, William García Tirado y Antonio Guerra Varela, para entregar, personalmente, al Procurador General de la nación, un cartapacio de supuestas o presuntas anomalías de la actual administración a efecto de que sobre las mismas el señor Procurador ejerciera sus funciones. Por cierto el concejal Guerra Varela ya empezó a mostrar la casta de buen defensor de la ciudad como lo están haciendo, de manera brillante, los concejales Jorge Lequerica, William García, Adolfo Raad y Alberto Bernal.

Aprovecho para lamentar el salto, seguro no será al vacío, que van a dar  Jorge Lequerica, William García y Alberto Bernal a la Cámara de Representantes. Aunque quedan Guerra Varela y Adolfo Raad, el Concejo ya no será lo mismo sin ellos. Los cartageneros que conocemos sus ejecutorias y hemos presenciado la vehemencia con que defienden a la ciudad, en sus debates, los vamos a extrañar. Es propicia la ocasión para recordar que las aspiraciones de estos concejales no son producto del azar sino el reconocimiento al trabajo permanente y desinteresado en procurarnos una mejor ciudad en que vivir. En todo caso donde se encuentren lo harán muy bien. Para ellos mis mejores deseos.

 

Pues bien, sigo con mi cuento, llegaron a Bogotá y no pudieron hablar con el Procurador General de la nación sino con un Cuerpo Élite que éste destinó especialmente para que los atendiera, el cual les recibió, como si nos les fuera extraño lo que ocurría en Cartagena, el mamotreto de denuncias. Quiera Dios que esas acusaciones no originen, como siempre ocurre en estos casos, que se abran nuevas investigaciones contra funcionaros de la administración distrital, no, el propósito no es ese, la aspiración de los honorables concejales no es simplemente que se anuncien investigaciones que ellos saben necesariamente deben abrirse debido a la gravedad de los hechos denunciados y a la contundencia de las pruebas que los soportan sino que, una vez abiertas, se cierren prontamente. Ellos y los cartageneros estamos hartos de oír anuncios de nuevas  investigaciones y cansados, muy cansados, de esperar que concluyan las que se abren. ¡Ya basta de abrir pesquisas, nuestro reclamo es que se terminen!.

 

La más reciente “belleza” de (LM) y que no puedo dejar de mencionar es la de haberse dejado arrebatar que la ciudad fuera la subsede del Mundial de Fútbol Sub 20 del 2011. ¡Cuánta mediocridad y desidia!. ¡Qué vergüenza y cuánto daño para Cartagena!. Pero, como de costumbre, advertida la falta, presume, ilusamente, poder enmendarla y ahora promete recuperar lo perdido. Razón tiene el concejal Jorge Lequerica al decir, a cada momento, que a la alcaldesa le falta gestión y liderazgo.

 

ACOTACIÓN: De todos los Consejos Comunales realizados por el Presidente Uribe, se los dice quien no se ha perdido uno sólo de ellos, el del sábado 11 de Julio de 2009, en esta ciudad, fue el peor. Pareció, por lo imprevisto e improvisado, que su realización se debió a ese afán que tiene nuestro Presidente de no perder el tiempo. Como él debía atender la invitación a la boda de la hija del senador Javier Cáceres y vio que le sobraba tiempo lo quiso aprovechar solicitando a nuestra Alcaldesa le organizara el mencionado Consejo Comunal, el cual hubiera sido todo un fracaso de no haber hablado en el curso del mismo la senadora Daira Galvis.

Juantorres1954@hotmail.com      


Los sapos que nos tragamos

Por: María Jimena Duzán/APIC

 

La disyuntiva real es entre la democracia y las pretensiones autoritarias de un Presidente que no quiere dejar el poder.

 

Si a algo nos ha acostumbrado la doctrina Uribe es a escoger entre falsos dilemas y a someternos a imperativos que no existen, como si estos fueran las únicas opciones de dónde escoger. Basta mirar la terna de amigos y de súbditos que ha presentado el gobierno a la Corte Suprema para la elección del nuevo Fiscal. Una terna mediocre, integrada por miembros cuyo mayor mérito es haber sido un incondicional de Uribe y un cercano a José Obdulio, no puede ser la terna idónea para Colombia, así nos la quieran vender como si fuera la panacea desde el oráculo del poder.

 

Habiendo tantas mujeres preparadas para entrar en la terna, escogieron la menos idónea y la más inexperta; habiendo ex magistrados que podrían ocupar el cargo aportando su experiencia y su conocimiento, escogieron a uno con un talante ideológico de extrema derecha a quien se le vio muy poco interesado en el tema de los asesinatos de civiles a manos de miembros de la Fuerza Pública con el propósito de cobrar recompensas. Cuando le preguntaron qué opinaba sobre el informe hecho por el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, el ex magistrado Palacio patinó en su respuesta y hasta ahora no sabemos si fue que no estaba al tanto del informe o si trató de minimizar las terribles denuncias del relator. Para no hablar de Camilo Ospina, a quien se le atribuye la autoría de la normativa que habría incentivado los "falsos positivos", cuando se desempeñaba como ministro de Defensa, amén de que según Cecilia Orozco, en El Espectador, Ospina no ha explicado cuáles son sus relaciones con Víctor Carranza, el intocable hombre de las esmeraldas.

 

Una terna así no le sirve al país ni a la justicia que, desesperadamente, necesita un Fiscal independiente, capaz de investigar la verdad detrás de los falsos positivos, de las interceptaciones ilegales del DAS, la de los montajes contra la Corte que intentaron hacer 'Tasmania' y 'Job'. Una terna así sólo le sirve a Uribe. Ahora más que nunca él necesita un Fiscal de bolsillo, hecho a su medida para que pueda guardarle la espalda y archivar las investigaciones que implican a sus funcionarios, los cuales podrían terminar salpicándolo a él, como sucedió con Nixon y con Fujimori.

 

Otra fase disyuntiva es aquella según la cual nuestra única opción está entre Uribe y las Farc. "O reelegimos a Uribe, o volvemos al país en que las Farc eran dueñas de las carreteras", reza la frase. He allí otra mentira: Hay una pléyade de candidatos tanto o más preparados que Uribe, que tienen todos los pergaminos para aspirar al solio de Bolívar. El hecho de que no compartan todo el ideario de la seguridad democrática o que se atrevan a criticarla en su integridad, no los invalida, ni mucho menos los convierte en colaboradores de la guerrilla. Otra cosa es que ninguno de ellos cuente con las mismas horas en la televisión que tiene Uribe ni disponga del presupuesto nacional para repartir cheques en los consejos comunitarios, mientras tiene a la gran prensa bebiendo de su mano a la espera de la entrega de un tercer canal.

 

Una falsa disyuntiva que está muy en boga es la de que estamos obligados a escoger entre "una nueva reelección de Uribe o una justicia politizada". La tesis de que hay una justicia politizada la empezó a agitar el gobierno desde cuando la Corte Suprema decidió investigar a Mario Uribe, el primo del Presidente, por sus relaciones con los paramilitares. La disyuntiva real no es esa, sino entre la vigencia de la democracia y las pretensiones autoritarias de un Presidente que no quiere dejar el poder.

 

Por último está la más falsa de todas las disyuntivas: aquella según la cual hay que escoger entre si se reelige a Uribe en 2010, o si es mejor "que se dé un descansito", como sugiere monseñor Rubiano, para que vuelva más repuestico en 2014. La posibilidad del descansito para volver cuatro años después, puede ser peor que la reelección del Presidente en 2010 porque lo convierte ya no en un Chávez, sino en un Putin, quien en Rusia sigue siendo el poder detrás del trono.

 

Si el país no estuviera sedado por la figura caudillista de Uribe, habría rechazado todas estas falsas disyuntivas. Pero sobre todo, le habría exigido al Presidente que respete las normas establecidas, conminándolo a terminar su período como un Presidente constitucional. Pero pedir eso que parece tan normal, hoy resulta un exabrupto.

¡Viva el alcalde Arcesio Pérez!

Por JUAN M. TORRES CASTRO - COLUMNISTA APIC

 

Nos guste o no todos los políticos  huelen a lo mismo.  Jumatoca

 

De un tiempo para acá la elección del Alcalde de Magangué ha cobrado el interés que siempre debió tener. Cada vez es más notoria la importancia que para los partidos o movimientos políticos tiene detentar esa posición. Quien la logra no sólo se hace al poder de la segunda ciudad del Departamento después de Cartagena sino que se posesiona de la entrada y salida a los municipios del Sur de Bolívar y ello, dicen los que saben, garantiza el poder en todo el Sur del departamento. ¡Quien manda en Magangué manda en todo el Sur!.

 

Compitieron en las elecciones atípicas del domingo pasado cinco candidatos: Arcesio Pérez Bello, del Movimiento Apertura Liberal, Hernando Padauí Álvarez, de Cambio Radical, Marcelo Torres Benavides, por el Polo Democrático Alternativo, Yhony Hernández Aguas, por el Movimiento Alas Equipo Colombia y Héctor Posso Lasanta, por el Movimiento Alianza Social Indígena. Digo fueron atípicas sólo porque se realizaron para terminar y no para comenzar período, en lo demás, como siempre, fueron típicas, indiscutible y reiteradamente típicas. ¡Que alce la mano quien desee contradecirme!.

 

En artículo reciente, el cual intitulé Ovejas negras, denuncié, se que en vano, el daño que le hacen a los municipios los candidatos, que sabiéndose inhabilitados para aspirar a un cargo de elección, proponen su nombre a la consideración del pueblo. Por una circunstancia semejante fue que se celebraron las elecciones del domingo en Magangué. Al Alcalde elegido en el año 2.007, Anuar Arana Géchem, se le anuló su elección por estar inhabilitado para ejercer el cargo porque había suscrito un contrato con ese municipio dentro del tiempo que la ley se lo prohibía si quería aspirar a la alcaldía de esa ciudad.

 

Me pregunto: para que los magangueleños y bolivarenses me respondan. ¿Quién le ha hecho más perjuicio a Magangué?, el que con su conducta irresponsable permitió que se anulara su elección y posibilitó el estado de ingobernabilidad en que se sumió ese municipio, que en sólo dos semanas tuvo tres alcaldes, y propició la necesidad de realizar una nueva y costosa elección para reemplazarlo o quien, en igualdad de condiciones y con las mismas “herramientas”, ha resultado electo como nuevo Alcalde de Magangué?.

 

El Alcalde anulado, ya causó el deterioro, el detrimento, y, por esa causa, además de la destitución de que fue objeto, debería ser investigado por el órgano de control disciplinario, el nuevo, es decir, el Alcalde electo, si se atreve a gobernar en contra vía del derecho y de las normas que rigen la administración pública, es decir, si se arriesga a saquear y a despojar a la ciudad durante su administración, a los magangueleños les digo que no hay inmunidad para los que ostentan el poder, que cuentan con la fiscalía, la procuraduría y la contraloría, quienes son libres de investigar todas las actuaciones del gobierno, desde las tareas del Alcalde hasta las del último empleado de ese municipio que figure en la nómina o en las Órdenes de Prestación de Servicios y si descubren algún acto ilegal dejarán caer, sin titubeos, el inmenso peso de la ley sobre el infractor. Entonces, ¿cuál es el temor y el miedo de que Arcesio Pérez haya ganado?. Se los digo, alguien tiene que decirlo, el sobresalto resulta de saber que, casi siempre, esos organismos de control llegan tarde, si es que algún día llegan. Mientras, seguirá la fiesta, el atraso y la corrupción. Lo asombroso, entonces, en este país, no es que se elija mal, al que supuestamente se tiene por el peor, no, eso se ha llamado siempre democracia, sino que con tantos órganos de inspección y control se permita que esos elegidos sospechosamente mal gobiernen mal. Para mí los órganos de  control, permanentemente,  han sido cómplices necesarios.

 

Dicen, los mismos entendidos, que un político necesita hablar varios idiomas. En algunos casos, debe dirigirse a las masas sólo con metáforas, en otras, en el único lenguaje que la masa entiende y, por último, en una lengua que apenas comprendan. Esa es la cuerda floja por la que debe caminar todo político y Arcesio Pérez la supo recorrer bastante mejor que sus oponentes y ganó el derecho a gobernar, no sólo a sus contrincantes, sino a todo un pueblo.

 

POSDATA: Si la Doña tuvo o no que ver con la elección de este candidato corresponde a las autoridades investigarlo, sin embargo, de ser ciertas las versiones que corren, ¿fue la única que teniendo su casa por cárcel, o que estando inhabilitada para participar en política, se atrevió a intervenir en la elección de Arcesio Pérez?. ¡Vaya Vargas a saber!.

Juantorres1954@hotmail.com

 

El Estado eunuco en la bajamar

Por: Rafael Vergara/APIC

 

El continuado delito en las zonas de bajamar es evidente y la apropiación, con sus falsedades toleradas, enriquecimiento ilícito e impunidad administrativa y penal, es vergonzosa.

 

No es nuevo ni exige dilatar la acción estatal expidiendo normas. Urge voluntad política nacional, regional y distrital para que los incompetentes entes ejerzan con rigor su autoridad.

 

Afectar los bienes de la Nación es un crimen contra el orden público; por eso, la exigencia de detener el desbordamiento y revertir las conductas delictivas y destructivas es inaplazable.

 

El control y la vigilancia son inexistentes o ineficientes, enmarañados en inercias administrativas, tolerancia generalizada y con la "justificación" de lo social; proliferan las invasiones: daños y rellenos. Se sabe que "urbanizadores" voraces están robándose el patrimonio natural y cambiando el uso del suelo para su provecho. Nadie los detiene.

El capital natural "protegido" es escaso, y vital es su conservación. La zona costera es la garantía alimentaria y el soporte ambiental frente al calentamiento global. Vivimos ya los rigores del aumento del nivel del mar y la protección de las defensas naturales, del clima, no da más espera.

 

Seguir teorizando y transversalizando lo ecológico es un suicidio. El ambiente es estratégico. Se invierte y se sanciona poco y se daña y pierde mucho al desoírse la voz de la naturaleza.

 

Mirar Cartagena, La Caimanera, en Coveñas, los cuerpos de agua, demuestra que el artículo 103 de la Ley 99 de 1993 es inexistente. Públicamente, al Presidente, como Comandante General, se lo he reiterado. Sus preocupaciones son otras.

 

Dice: "Las Fuerzas Armadas velarán en todo el territorio nacional por la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables y por el cumplimiento de las normas dictadas con el fin de proteger el patrimonio natural de la nación, como elemento integrante de la soberanía nacional. La Armada Nacional tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones de control y vigilancia en materia ambiental y de los recursos naturales, en los mares y zonas costeras, así como la vigilancia, seguimiento y evaluación de los fenómenos de contaminación o alteración del medio marino."

 

Los constituyentes y el legislador concentraron en el poder militar la defensa del patrimonio natural. La soberanía y el control están reducidos a procesos inocuos. La Capitanía del Puerto reconoce usurpaciones como "lotes" y un extraño "debido proceso" a los invasores. El "Estado eunuco", en nombre del "Estado de derecho", da valor jurídico al daño ambiental.

 

El "proceso de restitución" "legaliza" la continuidad del daño y la apropiación del territorio del manglar. En flagrancia, al ser imprescriptible el bien, los "abogangsters" defienden con escrituras de posesiones de mala fe. No se ve. Es común la fabricación de derechos, con escrituras de compraventa de "posesiones" que fracturan el nexo causal del delito en ejecución.

 

¿La Fiscalía? Si hay denuncia, congela, prescribe o precluye, nuevo modo de adquirir y de silenciamiento ciudadano. Ya ni yo denuncio. Todo lo "legalizan". Lo inocuo refuerza el círculo vicioso de la ineficiencia.

 

Falla años después la Capitanía ratificando que la bajamar es bajamar y se ordena al usurpador salir. Para lograrlo, la Alcaldía inicia, ahora sí, un proceso de restitución que si es concluido, pocas, muy pocas veces, se ejecuta. El número de procesos históricamente acumulados alarma e indigna.

 

Las aguas tienen memoria y la naturaleza pasará la cuenta.

 

INDOLENCIA

Por: Rafael Vergara/APIC

 

Entre el 2001 y 2003, el esfuerzo y riesgo institucional y personal por defender los bienes de uso público, fue intenso y sigue jugando. Derrotando una denuncia penal con amenaza incluida, mediante una Acción Popular, luego de apelar la sentencia del juzgado del Circuito, logramos que en uno de los casos el Tribunal fallara favorablemente a favor la Naturaleza y la Nación. Tutelamos una sentencia de prescripción adquisitiva sobre  el territorio manglárico de la ciénaga de la Virgen y obtuvimos de la Corte Constitucional la cuestionable sentencia de revisión T 294 del 2004. Fue esa corte porque el Tribunal se declaró impedido al estar comprometido con la prescripción de lo imprescriptible, y la Corte Suprema, en doble instancia, había rechazado la Tutela con argumentos incalificables. Hoy recurro a EL Universal, medio que durante años hizo seguimiento del complejo y largo proceso, para dejar constancia, levantar la voz y exigir respuestas públicas a la justicia, Cardique, Distrito, Fiscalía, Capitanía, Procuraduría.

 

El 23 de septiembre del 2003 la Magistrada Betty Fortich ordenó que en el término de 30 días Hernán Bohórquez, a sus costas, procediera en la margen izquierda del  anillo vial a:

 

“Extraer el relleno efectuado en el terreno objeto del presente asunto. Demoler las sabaleras construidas, restablecer el flujo de las aguas y reforestar con mangles. Demoler las obras de infraestructuras que se encuentran en el terreno, y posteriormente retirar los escombros. Después de realizado lo anterior, desalojar el lugar para proceder al reestablecimiento ecosistémico.”

 

Para verificar el cumplimiento la sentencia integró un comité con el actor de la acción, Cardique y la Procuradora Agraria.

 

Lo que restó del año 2003 desmontamos algunas tácticas dilatorias de Bohórquez y su abogada Karime Puello. En los gobiernos de Barboza y Curi, rellenó a placer y hoy continúa haciéndolo. Y no se vale. No puede premiarse con el silencio y la humillación que ofrezcan “lotes” sacados del bien uso público pasando por encima de la orden judicial. 

 

Además atropellan a la Corte Constitucional que tuteló lo que negó la Corte Suprema y ordenó conceder, 17 años después, el recurso de revisión contra la prescripción por la cual Anibal Olier se apropió y tuvo el descaro de venderle a Bohórquez  otra “posesión.”

 

Han pasado 5 años y la Corte Suprema  poco o nada  ha hecho para revisar la “prescripción” solicitada por la Alcaldía, cumpliéndole a una Corte Constitucional que ordenó “a los señores Aníbal Olier Bueno, Hernán Joel Bohórquez y demás personas que ostenten títulos de propiedad sobre el terreno precitado, que se abstengan (i) de realizar cerramientos que impidan el libre paso de los particulares y de las autoridades, (ii) de actuar tal forma que se deteriore el equilibrio ecológico del terreno desconociendo la función ecológica de la propiedad y (iii) de perfeccionar cualquier contrato que implique la transferencia parcial o total de la propiedad del inmueble, sin que el adquiriente esté plenamente informado acerca de la posible destinación del bien al uso público y del pleito judicial pendiente”.

 

La capitanía lo ha certificado y la realidad lo demuestra: nadie  tiene propiedad y la prescripción está cuestionada. Lo que padecemos es la ejecución de un delito que no es presunto y se llama Fraude a Resolución Judicial. También descaro, desfachatez, desacato e involucra a quienes deben cumplir las decisiones judiciales y a todos los que debieron hacer y no hicieron o no hacen nada.
 

El eslabón Milton

Por: Daniel Coronell/APIC

 

El esposo de la notaria estaba encargado de garantizar la eficiencia de todos los notarios del país, incluida ella.

En abril del año 2006, el entonces notario segundo del Circuito de Tunja, Francisco Bonilla Currea, recibió en su despacho a la persona que lo iba a reemplazar. Se trataba de Luz Marina Campo, una señora samaria que llegó a la reunión acompañada por su padre y un amigo. Bonilla los hizo seguir a su oficina, pero decidió grabar la conversación porque había sido víctima de una extorsión impulsada, según él, por funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro.

 

Le pedían 20 millones de pesos para sacar a su favor una investigación disciplinaria.

 

Francisco Bonilla, cansado de denunciar el chantaje en vano -ante el entonces superintendente, Manuel Guillermo Cuello Baute-, se había resignado a quedarse sin notaría, pero se sorprendió con su reemplazo. En primer lugar, porque Luz Marina Campo había sido nombrada notaria segunda de Facatativá apenas un mes antes, y también porque los dos nombramientos en tiempo récord beneficiaban a la esposa de un alto funcionario de la Superintendencia.

 

La señora Campo estaba casada con Milton Contreras, director de gestión notarial de la Superintendencia. Es decir, su esposo estaba encargado de garantizar la eficiencia de todos los notarios del país, incluida a ella. Aunque el exabrupto salta a la vista, a nadie se le ocurrió que pudiera existir una incompatibilidad entre las funciones de los esposos y su vínculo matrimonial.

 

Advertido de esos antecedentes y de las informaciones que mencionaban a Milton Contreras como uno de los impulsores de 'vacunas' a varios notarios, el saliente Bonilla decidió curarse en salud y encendió una grabadora, sólo por si acaso.

 

Tenía además una gran curiosidad porque le habían informado que el verdadero padrino político de la notaria Campo era, ni más ni menos, que Tomás Uribe, el hijo mayor del Presidente de la República.

 

La notaria entrante se encargó de disipar cualquier duda. La grabación, que ustedes pueden oír completa en Semana.com, muestra claramente que la señora Campo confirma tres veces durante la charla que es "cuota de Tomás Uribe". Escuche la grabación aquí.

 

A comienzos de esta semana, un día después de que se revelara esta grabación, la señora Campo envió a Radio Caracol un comunicado en el que asegura, en medio de errores ortográficos y sintácticos, que todo fue una broma, que usó abusivamente el nombre de Tomás Uribe y que su cargo sólo se lo debe a Manuel Guillermo Cuello Baute. Lea el comunicado de Campo.

 

Sin embargo, hay otra parte de la conversación grabada -y que también suena muy en serio- en la que el acompañante de la notaria Campo asegura: "Nosotros llegamos y el mismo día Tomás, yo soy muy amigo de Tomás… y con ella tenemos una amistad desde mucho tiempo… y en seguida Tomás cuando fuimos allá, llamó al secretario general Moreno y listo, eso fue una orden enseguida". Escuche otra parte de la grabación.

 

Todo esto sucedía por los mismos días en los que Milton Contreras, el esposo de Luz Marina Campo, actuaba como supuesto intermediario del Superintendente para pedir mordidas a notarios investigados. Como si fuera poco, los días 3 y 8 de marzo de 2006, Contreras efectuó dos depósitos por 19.400.000 pesos a una cuenta cuyo titular era Teodolindo Avendaño. Vea aquí los recibos de consignación.

 

Las consignaciones fueron efectuadas en la sucursal de Bancafé en el Centro Internacional de Bogotá. En los desprendibles Contreras escribió el 2820307 como teléfono del depositante, un número que pertenece a la Superintendencia de Notariado y Registro. Vea el teléfono en los recibos de consignación.

 

Este caballero, con tantas explicaciones pendientes, tiene registradas varias entradas a la Casa de Nariño. Nadie sabe hasta ahora por qué visita la sede presidencial, ni si realmente él -y su esposa- conocen al hijo del Presidente.

 

Compraventa de la segunda reelección

Por: María Jimena Duzán/APIC

 

Votar a cambio de prebendas puede no ser un delito, aunque resulte vergonzoso. Pero modificar sus posiciones a cambio de las mismas es cohecho

La última semana antes de que terminara la legislatura pasada, cinco representantes a la Cámara por el Partido Liberal fueron invitados a la Casa de Nariño para discutir temas relacionados con "la inversión regional", un eufemismo con el que el gobierno de Uribe busca maquillar la posible compraventa de votos para su segunda reelección.

 

Los asistentes a esa velada fueron Musa Besaile, de Córdoba; Dumit Náder, de Córdoba; Pedro Mubdi, de Cesar; Lidio García, de Bolívar, y Gabriel Espinosa, de Sucre. En la reunión estaba presente Bernardo Moreno, el secretario general de la Presidencia quien, según tengo entendido, les  hizo unas ofertas no muy específicas con la idea de 'ayudar' a sus regiones. Sé de buena fuente que con excepción de uno de ellos, los demás representantes a la Cámara salieron de Palacio muy contentos, ante la forma generosa como se abordó el tema de la "inversión regional".

 

 Y aunque es muy temprano para saber cuál puede ser el desenlace de esta historia, lo que sí se puede decir, por ahora, es que en las últimas horas de la legislatura pasada este grupo de representantes, más otros que se les fueron pegando, desconoció olímpicamente las decisiones de su bancada y en varias oportunidades votaron a favor del gobierno, rebasando sus linderos y entrando en el terreno farragoso de la doble militancia.

 

Sin temor a exagerar, se podría afirmar que sus votos fueron clave para que el gobierno pudiera pasar en la Cámara no sólo la reforma política, sino el Código Minero, así como la conciliación de la reforma política. Tres de los liberales que estaban conciliando terminaron intempestivamente votando a favor del gobierno y en contra de su partido. Cambiaron su voto en una noche, batiendo el récord que se deriva de aplicar la tesis filosófica de Sabas Pretelt según la cual "la política es dinámica".  

 

Volviendo a la reunión de marras, aquella que se hizo en Palacio a la que se invitó representantes del Partido Liberal, habría que decir que este escenario resulta ser un buen indicador de lo que este gobierno está dispuesto a arriesgar con tal de sacar adelante la segunda reelección del presidente Uribe. Para ser más claros: la batalla por sacar adelante el referendo reeleccionista se le ha convertido a nuestro mandatario en algo más que una aspiración respaldada por cuatro millones de ciudadanos, como reza la cartilla. Según sus propias palabras, se le ha convertido en "un punto de honor" y él está dispuesto a pelearla como todo un macho.        

 

La nueva estrategia que se estaría cocinando en los salones de Palacio estaría dirigida a captar -perdón, a persuadir, como diría el ministro Valencia Cossio- congresistas que no estén contaminados, como parecen estarlo los 86 que ya están bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia. Y esos votos 'sanos' están en los restantes 80 congresistas, pertenecientes en su mayoría al Partido Liberal y al Polo Democrático, colectividades que se han opuesto a la reelección presidencial. Haciendo bien las cuentas, el gobierno necesitaría 30 votos de esos 80 y anda a la caza de ellos, sea como sea. Por lo que se ve, la estrategia ha tenido relativo éxito. Por el momento sólo ha mordido el anzuelo un primer grupo de liberales, integrado por los quíntuples ya señalados y al que se le han unido otros representantes liberales como Álvaro Pacheco, de Caquetá; Mario Suárez, de Santander; Horacio Giraldo, del Valle, y Clara Pinillos, de Cundinamarca, entre otros. El grupo es pequeño, pero ha ido creciendo en la medida en que las visitas a Palacio se incrementan.

 

La pieza clave en todo este engranaje se llama Rodrigo Rivera, quien se ha prestado de oficial de enlace con Palacio para acercar a este grupo de liberales que hoy andan más allá que  acá.  

 

Obviamente, en este país donde ya no hay linderos de nada, es probable que a estos honorables congresistas no les pase nada y terminen siendo elevados a héroes nacionales por el uribismo reeleccionista. Pero si yo estuviera en su pellejo, estaría bastante preocupada. Votar a cambio de prebendas puede no ser un delito, es cierto, aunque resulte vergonzoso y demuestre el grado de veneración que tiene este gobierno por la corrupción y la politiquería, dos lacras que alguna vez Uribe prometió erradicar. Pero modificar sus posiciones por puestos y prebendas, como hicieron Yidis y Teodolindo, es harina de otro costal. Eso se llama cohecho. Pero que ellos terminen en la Picota al gobierno poco le importa. Basta con que le pasen el referendo reeleccionista antes de que se vayan para la cárcel.

 

Todo sea por el honor.


Cambiemos los articulitos

Por: JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

 

 

Atrevámonos a cambiar para seguir adelante. Jumatoca

 

Siempre se ha dicho, por los entendidos, cuando se quiere significar que el Distrito se maneja con la suficiencia con que se manejan algunas empresas del sector privado, que, al igual que aquellas, también éste tiene una Junta Directiva, que, para el caso, es la conformada por los 19 Honorables Concejales de la ciudad con el Alcalde a su cabeza. Sin embargo, observo yo, que la comparación no es afortunada, toda vez que, a diferencia de las Juntas Directivas del sector privado, que dicho sea de paso, casi siempre son eficientes, la del Distrito, presenta disparidades con aquella que la tornan ineficaz al momento de encarar el reto de dirigir la ciudad. Uno de esos antagonismos consiste en que mientras la Junta Directiva privada tiene entre sus funciones la de elegir su Presidente para que presida sus sesiones, se convierta en la figura visible de la Junta, la coordine y la organice, también tiene la de elegir a quien va a ser el Gerente o Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía, quien será el encargado de ejecutar sus órdenes y directrices y quien se expone, en el evento de no acatar esas políticas dictadas por la Junta Directiva, de ejecutarlas tardíamente o en forma deficiente, a la destitución inmediata; la “Junta Directiva” de la ciudad(el Concejo) sólo puede elegir a su Presidente para que sea el encargado de liderar los intereses de la Junta Directiva, defenderla y representarla, pero no está facultado para elegir a quien será el Gerente o Presidente Ejecutivo de la ciudad. Esta sustancial diferencia no permite comparar a la una con la otra. La primera, la privada, siempre será, por lo coordinada, más eficiente que la segunda, la pública.

 

Ahora bien, no está mal pensar, junto con los entendidos, que las cosas puedan cambiar y que efectivamente el Concejo, además de elegir a su Presidente elija también a la persona encargada de ejecutar todas sus políticas y decisiones, es decir, los Acuerdos que se hayan dictado y los que se dicten en el curso de cada período. Así las cosas, la propuesta que hago, a riesgo de ser quijotesco y querer cambiarlo todo, es la de proponer que debería corresponder a los Concejos elegir al Alcalde, quien sería, además de representante legal de la ciudad, el Gerente de ella, por un período igual al de los concejales y, aunque parezca mentira tal posibilidad, con las mismas atribuciones que hoy les da la Constitución política y unas pocas más. Si no me creen los invito a leer el Artículo 315 de nuestra Constitución.

 

Si este cambio se produjera en nuestra Constitución Nacional se obtendrían muchas ventajas: 1.-) Nos ahorraríamos las elecciones populares de Alcaldes que además de ser costosísimas no han resultado la panacea que nos vendieron cuando se implantó la norma, 2.-) Sería ágil y económico reemplazar a los Alcaldes que renunciaran, sancionaran, se murieran o secuestraran, 3.-) Alcalde y Concejo trabajarían de común acuerdo y no como ocurre en el día de hoy que cada uno parece ir por su lado, 4.-) Dejaría de tener vigencia la Revocatoria del Mandato, figura costosa y casi imposible de aplicar, para empezar a regir la posibilidad de destituir o separar del cargo al Alcalde, por parte del Concejo, cuando se den las circunstancias previstas, previamente, en la ley, y, 5.-) Empezarían las ciudades y municipios a ser manejados como verdaderas empresas de utilidad pública social.

 

No debemos olvidar que los Alcaldes no siempre fueron elegidos como se hace en el día de hoy, por votación popular, no, antes eran nombrados por Decreto, y ahora, les propongo, deben ser elegidos por los Concejos municipales o distritales, según el caso.

 

Podrían enfrentárseme múltiples argumentos para no acoger mi propuesta pero, sin vanidades, ninguna sería lo suficientemente fuerte para que no prosperara la mía. Si nosotros, el pueblo, elegimos a los Concejales, ¿qué de malo tiene confiar en que ellos, a su vez, puedan elegir a los alcaldes?. ¿Tan mal elegimos?. Considero que cuando tengamos la certeza de que los concejales que resulten elegidos serán los encargados de escoger el Alcalde de la ciudad hasta más cuidado tendremos en escogerlos.

 

Ahora que está de moda proponer referendos, para todo, debería aprovecharse el último de los propuestos, el de la reelección de alcaldes y gobernadores, para incluir mi propuesta.

 

Cartagena no ha tenido, ni cuando eran nombrados por decreto, ni ahora que son elegidos por el pueblo, el Alcalde que se merece, de pronto, cuando los elija el Concejo, aparecerá el que anhelamos, el propio, el que la ciudad sueña, sin necesidad de cerrar los ojos.

 

¡Nada podrá ser peor a lo que vivimos en la actualidad!. ¡Cambiemos los articulitos que sean necesarios!.

Juantorres1954@hotmail.com

 

Hasta el cuello

Por: Daniel Coronell/APIC

 

En otras palabras, los pagos a Yidis y Teodolindo no fueron la excepción, sino la norma, en el trámite de la reelección.

 

Manuel Guillermo Cuello Baute fue nombrado superintendente de Notariado y Registro por su compadre Álvaro Uribe Vélez. En el año 2006 renunció a la entidad en medio de un escándalo por corrupción. Lo acusaron de cobrar sobornos para decidir procesos a favor de notarios investigados. El caso más famoso fue el de una mordida en especie. Un notario de Montelíbano le mandó 10 novillos al superintendente para que le archivara una investigación. El ganado salió de la finca del notario a la hacienda La Providencia, propiedad de la familia Cuello, siguiendo un mapa dibujado por Manuel Guillermo.

 

Por estos hechos, Cuello fue condenado a ocho años de cárcel y está pendiente de una decisión de casación en la Corte Suprema.

 

Todo se podrá decir de Manuel Guillermo Cuello, menos que no sea uribista de vieja data. Su abuelo y su padre han contribuido a las campañas presidenciales de Uribe, según lo ha reconocido el propio mandatario. Alfredo Ape, el hermano de Cuello, ha sido miembro de la coalición de gobierno en el Congreso, y en representación de esa bancada ocupó la presidencia de la Cámara de Representantes.

 

Todos estos antecedentes son apropiados para decir que Cuello Baute -quien no ha sido propiamente un opositor del Presidente- entregó esta semana a la Corte Suprema de Justicia información que muestra que el gobierno repartió notarías entre sus políticos para pagar el apoyo a la reforma que permitió la primera reelección de Álvaro Uribe.

 

En otras palabras, los pagos a Yidis y Teodolindo no fueron la excepción, sino más bien la norma, en el trámite de la reelección.

 

Cuello Baute relacionó al menos a 34 senadores y representantes que en los años 2004, 2005 y 2006 pusieron recomendados suyos en las notarias y que en algunos casos les cobraron jugosas tajadas a esos guardianes de la fe pública.

 

Entre los mencionados por Cuello Baute como beneficiarios de esas presuntas prebendas están: Mario Uribe, quien renunció a su investidura para mandar a la Fiscalía la investigación en su contra por para-política y quien sería el promotor de al menos dos notarios en Medellín y uno en Bogotá adicional a su hermano Jorge Humberto.

 

El senador Roberto Gerlein, jefe conservador del Atlántico quien, según la declaración de Cuello, ha compartido con su hermano, el representante Jorge Gerlein, la recomendación de un notario en Bogotá; William Vélez, representante a la Cámara, antiguo telonero oratorio de Pablo Escobar y patrocinador político de un notario de Medellín.

 

En la lista también están Carlos Holguín Sardi, quien para la época de la aprobación de esa reforma era senador, y figura en la relación con ahijados notarios en Bogotá y Cali; los congresistas vallecaucanos Santiago Castro y Francisco Murgueitio, quienes en la contabilidad de cuotas del ex superintendente de Notariado aparecen como padrinos del ex parlamentario Ramiro Calle Cadavid para acceder a la Notaría Séptima de Cali.

 

La relación es tan completa, que incluso menciona a nombrados que decidieron no posesionarse en los cargos. Tal es el caso de la ahora magistrada de la Corte Constitucional María Victoria Calle Correa, nombrada notaria séptima de Pereira por compromiso con el representante Carlos Enrique Soto, de acuerdo con los papeles de Cuello Baute. La doctora Calle declinó el nombramiento y a ese despacho llegó Jorge Eliécer Sabas, atribuido al mismo padrino.

 

También aparece como parte de estas cuotas la ahora ex notaria de Barranquilla Claudia Betancur, quien llegó al puesto después de que su marido, el representante Jaime Amín, pusiera su granito de arena para la aprobación de la reelección en la Cámara. Por cierto, por la misma razón, el hermano de la notaria y cuñado del congresista fue nombrado cónsul en Nueva York.

 

Por razones muy parecidas fueron condenados Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. También a ellos, en su momento, el gobierno les decía que no había razón para preocuparse.

 

Retrocediendo la historia y el derecho

Por: María Jimena Duzán/APIC

 

¿Por qué el fiscal no impulsó las investigaciones hace cuatro años, en lugar de revelarlas un mes antes de dejar el cargo?

Los familiares de las víctimas que hay en el país -yo, entre ellas- tenemos derecho a exigirle a la justicia que actúe para impedir que los crímenes de nuestros seres queridos queden impunes y no terminen prescribiendo, como puede suceder con el magnicidio de Luis Carlos Galán. Lo que sí resulta insólito es que para impedir tal prescripción se intente pasar por encima del derecho universal y se pretenda reacomodar de manera conveniente los hechos históricos, como si los colombianos no tuviéramos memoria.

 

Esa es la tronera que están abriendo la Fiscalía y la Procuraduría en su repentina carrera por ver cuál de las dos logra impedir que en agosto prescriba ese magnicidio. El primero en poner la pica en Flandes fue el fiscal Iguarán, quien salió a decir que ese asesinato se podría considerar un genocidio. De acuerdo con esta pirueta, siendo el genocidio un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible en los países firmantes del estatuto de Roma que entró en vigencia en el país en 2001, el magnicidio de Galán no prescribiría.

 

El problema con esta vía es que tiene más obstáculos que el referendo reeleccionista. Si se asume la tesis, bastante cuestionable, de que el magnicidio de Galán fue en realidad un genocidio, no se podría iniciar una investigación penal por ese delito porque en el momento en que fue asesinado Galán, Colombia no había firmado el estatuto de Roma. Hasta un estudiante de primero de derecho sabe que ninguna ley es retroactiva cuando es desfavorable al procesado.

 

También resulta todo un desatino elevar a genocidio lo que en realidad es un magnicidio. El galanismo no fue exterminado, como sí lo fue la UP. Mil quinientos de sus miembros, entre concejales, alcaldes, diputados y congresistas -incluido su candidato presidencial- fueron asesinados por el narcoparamilitarismo. Los galanistas afortunadamente no corrieron la misma suerte. Buena parte de ellos ha seguido interviniendo en política y no precisamente en el papel de opositores al régimen de Uribe, como uno hubiera pensado. Juan Lozano, secretario privado de Galán, y Rodrigo Rivera, otro galanista pura-sangre, son hoy dos de los portaestandartes de la campaña por el referendo que busca perpetuar al presidente Uribe en el poder.

 

La Procuraduría no se ha quedado atrás en esta carrera y ha ido más allá, al decir que este asesinato es un crimen de Estado. Y en un acto insólito -la Procuraduría no puede exigirle al Fiscal nada en materia penal-, conminó públicamente a la Fiscalía a que capturara al general Maza, jefe del DAS en ese momento, acusándolo de haber intervenido en un cambio de escolta, días antes del crimen, hecho que habría facilitado el asesinato.

 

El general Maza nunca ha sido santo de mi devoción. Creo que llegó a amasar un poder desproporcionado en un momento en que los paras y la mafia consiguieron amedrentar como nunca al Estado. Sin embargo, decir que el magnicidio de Galán es un crimen de Estado por cuenta de que habrían participado varios agentes del DAS, al mando del general Maza, o porque el director de la Dijín de ese entonces, Peláez Carmona, intentó desviar la investigación al señalar como culpables a quienes no lo eran, no sólo resulta insuficiente como tesis jurídica, sino que es una distorsión de la historia.

 

A Luis Carlos Galán no lo mató el Estado, ni el general Maza, ni Peláez Carmona -como insólitamente se infiere de la tesis de la Procuraduría-, aunque no dudo que varios agentes del Estado hubieran participado en la planeación del asesinato, así como políticos cercanos a Escobar (caso Santofimio). Lo asesinó el narcotráfico, en cabeza de Pablo Escobar, junto con el 'Mexicano', por temor a que Galán implantara la extradición si llegaba a la Presidencia. Y los autores materiales provinieron no de la Dijín ni del DAS, sino del ejército que creó la mafia de Escobar con los paras en el Magdalena Medio, cuyo propósito era el de tomarse el Estado y doblegar al gobierno Barco.

 

Pero además, si todo lo que se está descubriendo era tan sabido como lo insinúan, ¿por qué el fiscal Iguarán no impulsó estas investigaciones hace cuatro años, en lugar de revelarlas un mes antes de salir del cargo?

 

Tesis tan seductoras como las anteriores pueden ser de muy buen recibo. Pero en un país donde los verdaderos crímenes de Estado siguen impunes, resultan un tanto impúdicas. Hace dos años, el asesinato de Pardo Leal, candidato presidencial por la UP, prescribió y ni la Fiscalía ni la Procuraduría, ni la sociedad dijeron ni mú. Y de no haber sido por un editorial de El Nuevo Siglo, la investigación sobre el magnicidio de Álvaro Gómez -sí, otro crimen de Estado, así el ex presidente Samper en cuyo gobierno cayó asesinado el dirigente conservador opine lo contrario- seguiría dormida, como lo ha estado estos últimos años.

 

Ya quisiéramos ver a la Procuraduría y a la Fiscalía así de enérgicas y audaces a la hora de investigar los combos burocráticos que denunció ante la Corte el superintendente de Notariado y Registro, Cuello Baute, los cuales habrían sido entregados por el gobierno a cambio del voto para la primera reelección.


Luto de ‘Reyes’

Por: Giunëur B. Môsi/Delegado Internacional ante el Gobierno de Estados Unidos de la APIC 

 

El pasado jueves 25 y Viernes 26 del presente año marcaría la fecha triste en que dos grandes  ‘Reyes AfroDescendientes’ que coincidencialmente a causa de problemas cardiacos abandonaron éste mundo material para congregarse en compañía del resto de nuestros ancestros.

 

Se trata nada más y nada menos de Michael Jackson ‘Rey mundial de la música Pop’ y Alfonso Córdoba (El Brujo) ‘Rey nacional de la Orfebrería y el Folklore AfroColombiano’.

 

Michael Jackson (Gary, IN, USA Agosto 29, 1958 – Los Ángeles, CA, USA Junio 25, 2009), conocido toda la vida como un bailarín excepcional y por su extensa además de talentosa carrera musical; en los últimos años por su presunta y lastimosa inclinación hacia la paidofilia; pero desafortunadamente también mundialmente conocido por su penoso complejo de ‘identidad étnica’. Complejo que lo hizo llegar hasta el punto de querer cambiar el ‘noble tono oscuro’ de su epidérmica pigmentación y a la deformación facial de sus rasgos naturales AfroDescendientes, mediante embarazosas cirugías dermatológicas; para así luctuosamente ‘tratar’ de semejar una persona de ‘rasgos caucásicos’. Por esto ultimo, se le podría considerar como el peor ejemplo de amor a nuestra raza. Haciendo a un lado su bochornosa vida personal, y resaltando su vida artística, podremos afirmar que Michael ha sido uno de los ‘contados’ iconos AfroDescendientes de todos los tiempos sobre la faz de la tierra. El ‘Rey del Pop’ como se le conocía en el medio artístico, dejo en el aire los planes de una gira que prometía más de 50 conciertos internacionales.

 

Alfonso Córdoba (Quibdó, Chocó, Colombia Agosto 30, 1926 – Quibdó, Chocó, Colombia Junio 26, 2009), conocido cariñosamente como ‘El Brujo’ por ser considerado un mago en el campo de la orfebrería y la composición musical. El pasado viernes le dijo adiós al tas, las lingoteras y cinceles que utilizó en su experimentada vida como un exquisito y prodigioso Orfebre del estilo filigrana… uno de los mejores sino el mejor de Colombia en éste arte. ‘El Brujo’ será recordado popularmente por su extensa carrera de más de 70 años en el campo de la composición musical de melodías folklóricas con ritmos AfroDescendientes y su voz de ensueño y los numerosos premios nacionales de los que fue acreedor. ‘El Brujo’ dejó más de 800 temas inéditos y no alcanzó a presenciar su ultimo trabajo musical en conjunto con la ‘Orquesta Guayacán’ de Alexias Lozano.

 

Estas palabras pretenden hacer homenaje de integración a significantes y generar el diálogo de opuestos. Será muy difícil para el mundo artístico, llenar el espacio vacío que dejaron estas dos grandes personalidades AfroDescendientes.

Giunëur B. Môsi – Barûle Gazette

http://www.BaruleGazette.com

 

Una golondrina no hace verano

Por: JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

 

No se preocupen, si callan, el silencio también sirve para decir sí. Jumatoca

 

Desde hace tiempo se ha venido diciendo, con razón, que, “Una golondrina no hace verano”, cada vez que se quiere señalar que una sola persona, por capaz, inteligente, emprendedora, fuerte y decidida que sea, no puede cambiar el rumbo de las cosas.

 

 “La unión hace la fuerza”. Esta es otra sentencia que por su valor gráfico y práctico ha sido pronunciada  cada vez que deseamos ilustrar los beneficios que nos proporciona estar y permanecer unidos en un propósito. Tenemos sumamente claro que cuando así actuamos, es decir, acoplados, somos imbatibles, confiados y fuertes y se nos facilita alcanzar las metas ansiadas. Pero, ¿De qué sirve que repitamos, como cotorras, sentencias tan sabias por la cantidad de verdad y de sentido común que encierran si no las ponemos en práctica?. La experiencia nos enseña que, como en muchos otros asuntos, la humanidad conoce, sabe y pregona lo que le es bueno y saludable, sin embargo, actúa de manera diferente o en contravía de lo que publica y dice. Si aplicáramos esas verdades en nuestra vida diaria no dejaríamos tan frecuentemente solos a los que, como yo, denunciamos los constantes atropellos a que es sometido, por ejemplo, el pueblo, el erario, el niño, la familia o la mujer y, menos, cuando apuntamos con el dedo índice a los responsables.

 

Pero, no crea el amable lector que le voy a hablar de corrupción, no, no es el propósito de este artículo, ya he comentado, junto con otros pocos, bastante sobre ella, denunciado los daños irreparables que produce, nombrado algunos que, en nuestra ciudad, la practican y, valga la perogrullada, soy conciente y convencido de lo solos que estamos en este empeño y lo cada vez más difícil que resulta lograr que usted, interesado lector, nos acompañe mientras siga pronunciando sentencias como las transcritas sin decidirse a experimentar el gozo que produce practicarlas en favor de un pueblo. 

 

Hoy deseo comentar sobre cómo elegimos a nuestros concejales, diputados y congresistas y, digo elegimos, porque yo también, aunque no se crea, tengo mis candidatos y he votado por ellos desde que adquirí ese derecho. Confieso que algunos de esos por los que he sufragado, a pesar de haber ganado la curul a la que aspiraban, han salido malíííísimos. Ello se debe, quizás, o sin el quizás, a que cuando voto los únicos criterios válidos que me guían en esa tarea son: la malicia indígena más conocida como intuición y el criterio político, también conocido como fe política. Armado de esos dos sentimientos procedo a escoger mis candidatos y, zás, ocurre lo que tiene que ocurrir cuando no es la razón la que nos conduce, sino el azar o el presentimiento, me equivoco. Como creo que el sistema es deficiente propongo un cambio. ¿Por qué a los aspirantes a concejo, asamblea y congreso no se les obliga a exhibir ante sus posibles electores los proyectos de acuerdo, ordenanza o de ley que, de llegar a ocupar la curul a la que aspiran, intentarán convertir en acuerdo, ordenanza o ley?, ¿Por qué no se les apremia a indicar los debates de control político que pretenden realizar y los que están interesados en acolitar? ¿No votaríamos mejor, es decir, no escogeríamos mejor a nuestros candidatos si por lo menos supiéramos qué es lo que pretenden hacer de conquistar el escaño al que aspiran? ¿Cómo es eso de que sigamos votando por candidatos que no tienen propuestas claras y especificas, es más, que no tienen propuestas? ¿Acaso no ha notado, que existen algunos concejales que no hablan, que no proponen, que no tienen proyectos de acuerdo que presentar y sin embargo, se ufanan de representar a un pueblo vociferante?. Lo bueno sería, repito, que cuando aspiraran se presentaran, primero que todo,  como voceros de su partido y, segundo, con proyectos específicos y tangibles, es más, en coalición con otros aspirantes o colectividades políticas a efecto de garantizar aun más que, de resultar elegidos, convertirán en palpable realidad jurídica los proyectos que proponen.

 

Entonces sí estaríamos votando guiados no por nuestra pobre intuición y nuestra maltrecha fe sino por razones y conveniencias ciudadanas. Mi propuesta no es descabellada y no requiere de ninguna reforma electoral para llevarla a cabo, no, basta que los partidos decidan (o les exijamos ¿?) elaborar anticipadamente, por ejemplo, los proyectos de acuerdo que desean convertir en normas distritales y a su vez le exijan a sus avalados difundirlos y defenderlos una vez ganen. De esta forma no estaríamos votando, repito, por un candidato sino por un partido y por unas propuestas. ¿Qué  ocurre si una vez elegidos resultamos engañados?. Debería ser causal de expulsión del partido para quien así se comporte. ¿Por qué no lo intentamos?.

Juantorres1954@hotmail.com  

Ostrakon

Por: JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

Para la Revista Viceversa y la Pagina Web de la APIC

 

 “A veces, leyes eficaces, son reemplazadas por leyes inanes.” Jumatoca

 

Hay mañanas en que me despierto pensando por qué no nací en la antigua Grecia, para ser más exacto, en la Atenas del año 487 antes de Cristo, fecha en que se empezó a aplicar una de las mejores y más efectivas formas de lucha contra la tiranía y la corrupción.

 

Casi siempre acuden a mí estas ideas cuando permito que el sol se levante más temprano que yo. Menos mal que esta circunstancia me ocurre cada vez con menos frecuencia, debe ser por cosas de la edad.

 

Pero como no fue así, es decir, que no nací en esa hermosa época, ni en esa inmortal ciudad sino en este pobre y esmirriado país en el que hasta las nubes son flacas y teñidas de rojo para estar a tono con él, me conformo con pensar ¿por qué no somos capaces de implantar de nuevo esa antigua y benéfica ley?. Me refiero a aquella que establecía la pena de destierro por diez años, para aquellos políticos que fueran encontrados culpables de exceso de poder. Desde aquellos inmemoriales tiempos se tiene la certeza de que no es conveniente para la democracia ni para cualquier otro sistema de gobierno, que surja alguna superioridad desproporcionada. Tenían claridad que de por sí todo poder corrompe, que el poder absoluto corrompe absolutamente y que no todos los hombres son capaces de mantenerse puros en medio de tanta acumulación de poder. Mediante la expedición de leyes siempre se ha tratado de evitar la formación de estas personalidades temibles, que se apoyan ahora en la gran riqueza,  en las fuerzas de un partido,  en unas ideas, por eso los atenienses mediante esta ley a la que aludo, cuando definitivamente no podían impedir la formación de estas “personalidades superiores” no escatimaban trabajo para que se fueran a probar sus fuerzas y conocimientos al extranjero, aplicándoles la ley del ostracismo.

 

Tan sabios eran estos griegos que pronto advirtieron que era prudente ampliar el radio de aplicación de esta ley y empezaron a imponerla también a los corruptos fueran o no servidores del Estado.

 

El ostracismo lo aplicaba e imponía el pueblo mediante votación anual y el gobernante, funcionario o persona  cuyo nombre aparecía más repetido en las conchas de cerámica, debía abandonar la ciudad, dentro de los diez días siguientes, por el término de diez años. (El nombre ostracismo viene del curioso tipo de “papeleta” que se usaba para votar, consistente en un pedazo de cerámica (ostrakon o concha) en la cual cada votante escribía el nombre de la persona a la que quería desterrar). Mediante este sistema, Atenas y otras ciudades griegas se libraron de tiranos, corruptos y de personas nocivas para el conglomerado social. Nuestro sistema sólo nos permite, darles su propia casa por cárcel, inhabilitarlos para el ejercicio de funciones públicas, imponerles multas (que casi nunca cancelan), o encerrarlos en una cárcel con privilegios de hombres libres. Ninguna de las sanciones anteriores les impide a estos delincuentes, en la práctica, seguir ejerciendo las mismas acciones ominosas por las que fueron sancionados, pues para ello se valen de interpuestas personas. Qué bueno sería que en vez de esas tímidas sanciones tuviéramos la oportunidad de desterrarlos de nuestras ciudades, es decir, aplicarles la ley del ostracismo, no por tan corto tiempo, sino para siempre. 

 

Me imagino lo que ocurriría si tuviéramos el valor de “resucitar” esta ley. En cada ciudad, año tras año, qué dicha, una persona nefasta y perjudicial para el desarrollo y progreso de cada ciudad sería expulsada por corrupto. ¿Cuántos de los que hoy se ufanan de ser excelentes gobernantes, filántropos, probos y pulcras personas temblarían por saberse merecedoras del destierro?. Si a mí me tocara votar para desarraigar de mi ciudad a una persona que le haya causado agravio al patrimonio social, cultural o económico de Cartagena votaría, sin duda alguna, por aquel miembro de Corporación sin ánimo de lucro que use a esa Corporación, de la cual hace parte, como disfraz para obtener beneficios personales. Año tras año iría votando el destierro de cada uno de los que así actuaran hasta que no quede uno sólo de ellos en mi querida ciudad. ¿Y usted por quién votaría?.

Juantorres1954@hotmail.com

 

Mano firme, corazón grande

Por: Daniel Coronell/APIC

 

 

A los ojos del poder, quienes cayeron ante la violencia de agentes del Estado no son realmente víctimas, sino sospechosos.

 

En la misma semana el gobierno puso a marchar su maquinaria para aprobar "el principio de oportunidad" y para hundir la ley de víctimas. La primera es una norma destinada a amparar a los paramilitares, o a quienes fueron presentados como tales para magnificar el tamaño de la desmovilización. La segunda era un primer intento para reparar a las víctimas de la violencia en Colombia.

 

Y es que este gobierno ha tratado mejor a los verdugos que a las víctimas.

 

Mientras el profesor Gustavo Moncayo suplica en vano que el presidente Uribe haga un mínimo gesto que permita la liberación de su hijo Pablo Emilio, secuestrado hace 11 años por las Farc; 'Karina', la guerrillera más buscada del país por su sangriento prontuario -y por un empeño personal del mandatario- se convierte en "gestora de paz".

 

El gobierno considera que permitir la mediación de Piedad Córdoba en la liberación del cabo Moncayo, pone en peligro la política de seguridad democrática. Sin embargo, no encuentra inconveniente en liberar al canciller de las Farc 'Rodrigo Granda', por una llamada del Presidente de Francia, a pesar de las consecuencias que había tenido esa captura en las relaciones con Venezuela y de que era previsible que se reintegraría a las Farc, como efectivamente lo hizo.

 

El Presidente condena al sufrimiento a esa familia porque el padre de Moncayo tuvo el coraje de contradecirlo públicamente en la Plaza de Bolívar, cuando Uribe fue a fotografiarse junto a la modesta carpa del caminante. Un tiempo antes de este episodio, el mandatario había invitado a pasar unos días en el Hotel Tequendama a Hernando Buitrago, alias 'Julián', un guerrillero prófugo que regresó a la prisión cuando supo que sus ex camaradas querían asesinarlo.

 

Considera el gobierno que es un engaño imperdonable la presencia del periodista Hollman Morris en el sitio donde las Farc entregaron a cuatro uniformados secuestrados. Estar en el lugar e informar más allá de la versión oficial, es "propaganda al terrorismo". No merece, en cambio, la menor explicación que el DAS siguiera ilegalmente al periodista y a su familia.

 

El embustero es Morris, en contraste, es completamente fiable un hombre apodado 'Olivo Saldaña', quien a pesar de estar en la cárcel desde el año 2004, ha salido para encabezar dos desmovilizaciones de las Farc e incluso entregó un avión que curiosamente estaba incautado mucho antes. Raúl Agudelo, como en realidad se llama, fue capturado por la Policía hace casi cinco años, después de desertar de la guerrilla con un botín de cuatro millones de dólares. Ahora es el arquitecto de la paz.

 

Los porristas del gobierno presentan a 'Saldaña' como un héroe. Nadie ha considerado la opinión de sus numerosas víctimas en el Tolima.

 

Por todos estos antecedentes no es una sorpresa que el gobierno haya hundido la ley de las víctimas. Esas personas son, a los ojos del poder, molestas evidencias -vivas o muertas- de un conflicto que realmente nunca ha existido.

 

Sirven si son víctimas de la guerrilla. Sirven menos si son víctimas del paramilitarismo, que desapareció de Colombia, de acuerdo con el decir del gobierno, aunque sus desplazados se empeñen en multiplicarse para contradecir la verdad reinante. Y no sirven, en absoluto, si cayeron ante la violencia de agentes del Estado. Esos no son realmente víctimas, sino sospechosos. O promueven falsas denuncias o algo habrán hecho.

 

Ahora, el Presidente sostiene que no se les puede dar "el mismo tratamiento a las víctimas derivadas de funcionarios del Estado y a las víctimas de grupos terroristas". Otra cosa decía en el punto 33 de su manifiesto democrático, cuando aseguraba: "También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal".

 

Las víctimas suelen tener mejor memoria.

 

La generación U

Por: María Jimena Duzán/APIC

 

En los colegios se han incentivado el machismo, la misoginia, la homofobia, la exclusión, la intolerancia y la respuesta violenta.

 

"Me preocupa que a los jóvenes que tienen hoy 22 años, en 2014 les interese poco ingresar a la política porque no habrían conocido a nadie distinto a Uribe".

 

Esta frase no proviene de ninguna voz antiuribista. Lejos de eso. La leí hace poco en El Espectador en una entrevista que le concedió a Cecilia Orozco el ex alcalde Enrique Peñalosa, un político independiente al que no le han sobrado epítetos para alabar al presidente Uribe. La frase tiene una carga provocadora que deliberadamente pone sobre la mesa el tipo de cultura política y de tejido social que hemos ido construyendo en estos años de seguridad democrática.

 

¿Y cuál es esa cultura política que se ha ido gestando? Una no muy democrática: basada en la exaltación de la figura tutelar y providencial del presidente Uribe. Para bien o para mal, hoy existe una generación de jóvenes que no conoce a otro presidente que al dueño del Ubérrimo, como bien lo anota Peñalosa. Que sólo reconoce a los políticos que hablan duro y que son frenteros como él, camorreros como él; que hablan en diminutivo como él; que montan a caballo como él. Para esos jóvenes, el poder está unido indefectiblemente al nombre de Álvaro Uribe. Y su permanencia en él, lejos de atentar contra la normas constitucionales y de menoscabar el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución del 91, para ellos es una garantía de estabilidad visual. Desde chiquitos se han acostumbrado a verlo en la televisión, aquí y acullá, como nosotros nos acostumbramos a ver a Pacheco; Uribe, evidentemente, se ha convertido en la figura más popular de la cajita negra, y su permanencia en el poder es parte del paisaje que se han acostumbrado a ver desde que tienen memoria. Para esos jóvenes, Uribe es el semillero del único futuro posible, y su permanencia es sinónimo de esperanza, amén de que es la única forma de acabar con la culebra de 'La Far'. (Ellos no saben que en realidad se pronuncia las Farc).

 

El mejor ejemplo de ese legado está reflejado en el hecho de que los únicos jóvenes que se han lanzado a la política con éxito en estos años de vigencia de la seguridad democrática han sido la copia fiel de Uribe. Desde Uribito, el ex ministro de Agricultura Arias, hasta un congresista como Nicolás Uribe, todos quieren a tal punto ser los clones de Uribe, que hasta terminan pareciéndose a él físicamente.

 

El problema con los virus caudillistas es que sólo contribuyen a la creación de una sociedad menos democrática, menos tolerante con el otro, más desconfiada de los homosexuales, de las mujeres, de las minorías en general, y más proclive a solucionar los problemas de barrio a trompadas, recurriendo a la fuerza.

 

El peligro de que estemos incubando una generación de jóvenes con estos valores puede ser el peor legado para un país que vive un conflicto que aún no termina. Según un informe de la ONU conocido la semana pasada, en 2008 murieron más personas a causa de la violencia intrafamiliar que por actos producidos por los paras y la guerrilla. De los 1.207 homicidios sucedidos el año pasado, 143 fueron provocados por los grupos armados al margen de la ley. El resto fueron producidos por familiares, esposos, novios o amantes. Según esa misma investigación, ya desde 2005 esa tendencia se venía perfilando: en ese año se registraron tres veces más delitos de agresión y de maltrato intrafamiliar que del conflicto armado. Eso significa, nada más y nada menos, que en los colegios públicos -y en los privados- en lugar de haberse aprendido los valores de la tolerancia, del respeto por el otro, se han incentivado el machismo, la misoginia, la homofobia, la exclusión, la intolerancia y la respuesta violenta en el momento de enfrentar problemas.

 

Si a estos valores le agregamos otro, que ha florecido bajo la seguridad democrática, como es el del afán por el lucro y el éxito fácil, cuyo epítome más preclaro son los hijos del Presidente, el cuadro no puede ser más complejo. Cuando yo era joven, muchos queríamos ser como los hijos de los Kennedy. En esta época, el ejemplo a seguir son los hijos del Presidente, quienes no han llegado a los 30 y ya tienen empresas de papel en Panamá. En mi época, andábamos en Renault 4, los jóvenes de hoy quieren hacerlo en un Maserati; se asustan con los desplazados, pero no con los paramilitares.

 

CODA: ¿Quién es realmente Ascencio Reyes? Por sus contactos, es amigo personal de Rosso José Serrano, el mejor policía del mundo; es cercano al general (r) Miguel Gómez Padilla, y contertulio del general Padilla, actual ministro encargado de Defensa. Tiene amigos en la embajada norteamericana y en la Fiscalía, en donde tiene cuatro procesos que no han sido fallados: dos por inasistencia alimentaria, uno por enriquecimiento ilícito y otro por extinción de dominio, por cuenta de haberle comprado un lote cinco años antes a una persona que luego fue extraditada. El tal Ascencio es un informante de la DEA encubierto, o es un lagarto profesional. ¿Dónde andará tan extraño personaje?

 

Oportunidad oportuna

Por: Alfredo Rangel/APIC

 

Para las Cortes pretender destruir el Estado es idealismo y oponerse a eso es codicia.

 

Parece increíble que a estas alturas muchos de los que en su momento aplaudieron la amnistía total para el M-19 y otros grupúsculos guerrilleros, ahora se rasguen las vestiduras porque fue aprobada una ley que consagra el principio de oportunidad para resolver la situación jurídica de los 19.000 paramilitares que entregaron las armas, se desmovilizaron y están en proceso de reinserción a la vida civil.

 

El principio de oportunidad era la única salida jurídica a un embrollo que consistía en tener que detener, procesar, condenar y encarcelar por asociación para delinquir a esos paramilitares desmovilizados, o sea, reversar el proceso de paz y dar al traste con su reinserción. El embrollo fue originado al negarles el carácter político a los paramilitares, lo que impedía que fueran objeto de amnistías o indultos por haberse levantado en armas. Esta negativa iba en contra de toda evidencia. En efecto, el mismo Estado en su conjunto ya les había reconocido de hecho tal carácter: el gobierno, al establecer una mesa de negociación con ellos; el Congreso, al discutir y aprobar para ellos la Ley de Justicia y Paz, un instrumento de la moderna justicia transicional únicamente aplicable a actores de un conflicto armado interno, para poder transitar hacia el posconflicto, y el sistema judicial, al procesar a los paramilitares con ese instrumento extraordinario de justicia.

 

Lo curioso es que, a pesar de lo anterior, el gobierno siempre se negó a reconocer la existencia de un conflicto armado interno, y sin embargo apoyó el reconocimiento de los paramilitares como delincuentes políticos. Y los críticos del gobierno, que afirmaban la existencia de un conflicto armado de carácter político, se negaron a reconocer a los paramilitares como delincuentes políticos, a pesar de que los reconocían como actores de dicho conflicto armado. Las inconsistencias lógicas y políticas abundaron en las dos orillas, y las Altas Cortes de justicia contribuyeron a la confusión al afirmar que únicamente se podía reconocer como delincuentes políticos a quienes aspiraban a destruir el Estado por medio de la violencia -la guerrilla-, pero no a quienes pretendían defenderlo también mediante la violencia -los paramilitares-.

 

Eso sí, el gobierno y sus críticos siempre han coincidido en que los métodos bárbaros y la financiación del narcotráfico han sido características comunes de guerrilleros y paramilitares. Pero el desacuerdo consistía (consiste) en considerar que los crímenes de los unos son amnistiables y los de los otros no. Así, para las guerrillas se reservan las amnistías porque son políticas, mientras que para los 'paras' se aplica el principio de oportunidad, porque no lo son. No importa que unos y otros se hubieran disputado a sangre y fuego el control de territorios y el dominio sobre poblaciones enteras. O que los 'paras' hubieran aprendido de las guerrillas cómo capturar el poder y las rentas locales y regionales del Estado, en lo estas últimas fueron precursoras. O que la influencia violenta de unos y otros en la política y en los procesos electorales hubiesen provocado la aparición de la 'farcpolítica' primero, y de la 'para-política', después. No importa. Para las Cortes pretender destruir el Estado es idealismo y oponerse a eso es codicia. Y aunque unos y otros hayan cometido crímenes, los desmovilizados de la guerrilla son personajes de activa vida social, se les abrieron los medios de comunicación y disfrutan de derechos políticos; los 'paras' desmovilizados, en cambio, son aislados, repudiados por los medios y perdieron sus derechos políticos.

 

Pero, en fin, a pesar de estas asimetrías, tanto la amnistía como el principio de oportunidad significan perdón para quienes voluntariamente dejaron las armas. No hay reconciliación nacional sin perdón. Y por eso hay que revindicar el perdón, aun en su doble condición paradójica de ser al mismo tiempo necesario e imposible, como lo plantea Sandrina Lefranc: "El perdón es necesario porque la violencia política existe, en particular cuando se ha cometido lo imperdonable". El perdón es imprescindible para recomponer las relaciones políticas que la violencia ha destruido.

 

Por esta razón, para Hannah Arendt, la esfera política sólo perdura por la gracia de esta "experiencia auténticamente política" que es el perdón, el cual, al romper la cadena sin fin de la venganza, permite acabar con la violencia endémica. Por estas importantes razones necesitábamos la Ley que consagra el perdón por medio del principio de oportunidad. Aunque a los 'paras' nunca se les haya reconocido como delincuentes políticos, sino como puros delincuentes comunes. Paradójico, ¿no?

 

Mis encrucijadas (II)

Por: JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

 

El servidor público que le  miente al ciudadano, y que utiliza el poder  en su beneficio personal o en el de sus allegados, difícilmente puede tenérsele como tal. Jumatoca

 

La actual Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de la Alcaldía Mayor de Cartagena, Doctora Erica Lucía Martínez Nájera, quién lo creyera, además de falaz, es experta en tráfico de influencias. Los hechos son elocuentes y deberían causar jolgorio si no fuera porque se trata de actos indignos de un servidor público de tan alta jerarquía.

 

Veamos por qué es engañosa: El 10 de marzo de 2009, por medio de un derecho de petición radicado, el mismo día, en la oficina de correspondencia de la Alcaldía Mayor, solicité a la Alcaldesa, lo siguiente: “…ordenar se me expidan copias, si fuere menester a mis costas, de todos los Convenios y Contratos que el Distrito de Cartagena de Indias ha suscrito con la Corporación Turismo Cartagena desde que dicha Corporación fue constituida en el mes de Junio del año 2001 hasta la fecha”.

 

La Alcaldesa, Judith Pinedo-La Mariamulata(LM)-, como casi siempre, me respondió por intermedio de la mencionada funcionaria después de interponer contra el Distrito, claro está, la tutela de rigor, que ya va por desacato: “…, le informo que los contratos y convenios que usted gentilmente solicita, se encuentran en la Contraloría Distrital donde son objeto de revisión, dentro del proceso de transparencia de la contratación del Distrito de Cartagena, razón por la cual, en estos momentos no podemos acceder a los o solicitado, hasta tanto no sean devueltos los respectivos expedientes a la oficina de Archivo” (sic).

 

Como todo lo de esta administración que preside (LM) me infunde suspicacia procedí a verificar, en la Contraloría Distrital, por medio de otro derecho de petición, la veracidad de dicha respuesta. La Directora Técnica de la Contraloría Distrital, Doctora Verena Lucía Guerrero Bettín, me respondió: “En atención al asunto en referencia, de manera atenta le informo que lo afirmado por la señora Jefe de la Oficina Asesora Jurídica en oficio sin número fechado el 17/04/09, que hace alusión a su derecho de petición con radicado interno No. EXT-AMC. 09-0008253, no corresponde a la verdad por cuanto este ente de control, a través de la comisión de auditoría actualmente destacada en la secretaría General, requirió la entrega de tres de los convenios en mención, correspondientes a la vigencia de 2007 y no a la totalidad de los suscritos con la Corporación en comento desde el 2001. Así mismo, su revisión no obedece a ningún proceso de transparencia del Distrito de Cartagena, sino al desarrollo normal del ejercicio del control fiscal propio de esta Contraloría, el cual se materializa en el Plan Distrital de Auditoría, en el que se previó, como punto de control la Secretaría General, con miras a la emisión del concepto sobre la gestión y los resultados de la alcaldía Distrital”. 

 

Como puede verse, “primero se coge a un mentiroso que a un ladrón”. El deber ciudadano me resolvió mi encrucijada y me impulsó a revelar a ustedes, generosos lectores, invadido de vergüenza ajena, éste acto de irrespeto de que fui objeto por haberme atrevido a husmear en asuntos de la administración Distrital. 

 

Veamos, ahora, por qué es experta en tráfico de influencias: El 12 de junio de 2009, después de 8 meses de espera, se dio el tan esperado debate a las basuras, en la sede del Concejo de Cartagena. Lo más importante de ese debate resultó ser algo también relacionado con la Doctora Erica Martínez Nájera, presentado por el Concejal William García Tirado. García Tirado sacó a relucir el tráfico de influencias ejercido por la mencionada funcionaria y aportó como prueba de ello un e-mail que la Doctora Martínez Nájera, envió a otros funcionarios de esta administración con sorna. El correo electrónico, de fecha 26 de agosto de 2008, dice así: “Hola a todos: Como si con los concejales no fuera suficiente (je,je,je) les escribo para mandarles dos hojas de vida de dos personas muy especiales para mí. Mauricio Nájera: Sicólogo. Mi primo (el apellido delata). Vino de Cali en donde estuvo trabajando como docente (pasó el concurso que hizo el Estado) y está cursando una especialización en Barranquilla. Quiere trabajar aquí en Cartagena como sicólogo. Lilia Donado: Amiga de colegio. Administradora Industrial. Ha trabajado en algunas empresas y entidades sin ánimo de lucro. Me encantaría si alguno de ustedes pudiere ayudarlos a conseguir un trabajo. Vivian: Veljaiek. María Cristina: En mamonal podría ubicarse a Lilia?. Martha: Conoces algún lugar donde ubicar a un sicólogo?. Julio: No necesitas sicólogos para alguna de las escuelas oficiales?. Bueno, muchos saludos a todos. Erica Lucía”.

 

Creyendo comportarse como una funámbula (persona que se comporta con habilidad, en la vida social y política) terminó siendo un mal remedo de su superior y no más que una desafortunada presumida. ¿Será que los cartageneros nos merecemos servidores públicos de este talante?. No lo creo. ¡Cartageneros!: ¡Los invito a que en vez de cerrar los ojos para imaginarnos a una Cartagena de ilusos sueños, más bien abrámoslos a efecto de ver con claridad la clase de funcionarios que dirigen el gobierno local!.

Las autoridades de control tienen la palabra.

Juantorres1954@hotmail.com  

 

La Situación AfroColombiana En Relación Al Resto De La Nación

Por: Giunëur B. Môsi/Delegado Internacional ante el Gobierno de Estados Unidos de la APIC

 

No es raro que los AfroColombianos residamos en los barrios más marginales y pobres de la urbe, o en zonas rurales de las costas Colombianas donde los servicios básicos y más elementales se hacen notables por su ausencia, afectando así nuestro nivel y calidad de vida.

 

Es triste ver cómo en la actualidad los AfroDescendientes seguimos formando parte de los niveles más bajos de los abismales ‘estratos existentes en la sociedad Colombiana’ y nuestra percepción ante el resto del país es como ciudadanos de segunda clase.

 

En consecuencia, en todos los rincones de la república la escasa oscilación profesional de la que hemos sufrido, ha impedido un mayor desarrollo y progreso socio-económico en las entrañas de nuestra comunidad. Las notables desventajas han mantenido eterno el disímil acceso a las oportunidades laborales y mejoras sociales.

 

Esta condición de penuria extrema se ha acentuado con el pasar de los años, hasta el punto de ser percibida como algo ‘normal’, o más aun… esperada. Lo penoso es que las estrategias asistenciales del Estado han estado inclinadas principalmente a la población pobre ‘no negra’, hasta tal punto de abandono y discriminación que hacen caso omiso a que los AfroColombianos formamos parte de los pobres del país.

El Gobierno Central Colombiano, en realidad poco o nada ha hecho, frente a la persistente situación de pobreza y ante las numerosas formas abiertas o no de racismo y prejuicios raciales que se practican contra nosotros.

 

Es también muy frecuente observar una gran cantidad de jóvenes AfroDescendientes académicamente preparados y profesionales a la altura, pero de igual manera desocupados… a causa de las bajas o nulas oportunidades de empleo.

 

Negar la existencia del racismo en Colombia, es proliferar una actitud permisiva que de una u otra forma favorece las discriminaciones que experimentamos los AfroDescendientes.

 

Mas triste aun es ver como todavía los medios de comunicación despliegan una permanente agresión contra la identidad y dignidad de los AfroColombianos. Es habitual ver como proyectan imágenes estereotipadas y falsas que justifican y muchas veces legitimizan la discriminación ya existente en nuestro país.

 

Desde el campo de la política, tampoco se reconocen las demandas específicas de las comunidades AfroDescendientes, y en el calendario de los partidos nuestro anhelo e interés, por lo general no es tenido en cuenta ni se le da la debida importancia. Todo esto precisando que Colombia se proclama ser una nación pluricultural y democrática, pero han tenido que pasar muchos años para que nuestros aportes culturales sean reconocidos como parte de la identidad del la nación.

¿Qué está pasando?

Por: NURIS PARDO CONRADO Vicepresidenta Nal APIC

 

Últimamente se ha agudizado e incrementado en Valledupar la lista de jóvenes que ponen fin a su existencia en la mejor etapa de su vida. Tal vez por causas pueriles que descubren indefectiblemente la fragilidad síquica de nuestra juventud, ‘cristianizándose’ cada día, como un fenómeno ascendente, el cual no tiene la más mínima atención por parte de las autoridades públicas, quienes por mandato de nuestra Constitución Política están llamados a defender la vida de todos los habitantes del territorio nacional, aún en casos extremos en que sea desconocida por su titular, quien toma esa fatídica decisión en un momento de infamia o de locura debido al sentimiento de exclusión, abandono, desatención por parte de la sociedad en general, que para nada tiene en cuenta las señales de alerta que los mismos van dejando en su actuar. (Recientemente hasta adultos)

 

Al interior de cada hogar debe brindársele a los niños los conocimientos y valores necesarios, que consiga en ellos cimentar la fortaleza requerida que les permita afrontar y superar los problemas que la vida le depara a todos y cada uno de los seres humanos en el trasegar de su existencia. Para ello, indudablemente se requiere mayor información en el seno de las familias donde puedan acceder y cultivar los valores de la solidaridad, la disciplina, el trabajo, la constancia, el respeto por si mismo y por los demás, etc., etc., por lo que, la comunicación entre padres e hijos se convierte en una herramienta importante que permite a los progenitores estar al tanto del actuar de sus descendientes.

 

Por lo regular, encontramos que los padres y familiares de los muchachos suicidas desconocen totalmente el actuar de quienes encuentran la muerte en estas condiciones. Tal vez se deba a conflictos familiares, violencia doméstica y enfermedades mentales o falta de trabajo, pero lo único cierto, es que casi siempre estos casos se presentan con personas residentes en barrios de estratos bajos; lo cual no quiere decir, que por el sólo hecho de que seamos de origen humilde y encontrarnos en momentos difíciles debamos tomar la decisión de quitarnos la vida. Sin embargo, esta situación devela indefectiblemente que algo raro está sucediendo con nuestra juventud y, ante este panorama desolador le corresponde al Estado prestar una mayor atención a este fenómeno silencioso que permanentemente cobra vidas y que enluta familias enteras.

 

Uno debe autoquererse por encima de cualquier circunstancia. La cuestión de poner fin a la existencia es más grave de lo que parece. Estos hechos revelan que hemos perdido el sano juicio de la conciencia, a pesar de la existencia de tantas ciencias humanas. El sociólogo francés Emile Durkheim en su obra El suicidio (1897), señala “que los suicidios son fenómenos individuales que responden esencialmente a causas sociales”. Las sociedades presentan ciertos síntomas patológicos, ante todo la integración o regulación social ya sea excesiva o insuficiente del individuo en la colectividad. Por tanto el suicidio viene siendo un hecho social y hay que prestarle mucha atención.

 

nurispaco@hotmail.com


Casuali-DAS

Por: Daniel Coronell/APIC

 

Valdría la pena preguntarles a los detectives del DAS por qué buscaban información sobre César Gaviria justamente en las fechas en que su hermana fue asesinada.

 

Una serie de inexplicables coincidencias muestra que el DAS venía consultando insistentemente información de inteligencia sobre el ex presidente César Gaviria, en los días previos al asesinato de su hermana y el mismo jueves 27 de abril de 2006, horas antes de que un grupo de sicarios acabara con la vida de Liliana Gaviria Trujillo.

 

El informe que el CTI le presentó al fiscal encargado de investigar los seguimientos ilegales del DAS revela sorprendentes casualidades.

 

El día 6 de abril de 2006, el sistema de información de inteligencia Sifdas –una base de datos secreta y de acceso estrictamente restringido– fue consultado por José de Jesús Gutiérrez Villalba, adscrito a la Dirección General de Inteligencia del DAS, buscando información confidencial sobre el director del Partido Liberal. Eso fue un jueves, el lunes siguiente, 10 de abril, el mismo detective buscó más datos acerca de César Gaviria.

 

El 27 de abril de 2006, el encargado de la consulta fue otro funcionario. Julio Hernán Gallego, también a órdenes de la Dirección de Inteligencia, accedió al Sifdas, de nuevo buscando información sobre el ex presidente. La noche de ese día, Liliana Gaviria fue asesinada cerca de Dosquebradas (Risaralda) junto con su escolta, el agente de la Policía José Fernando Vélez.

 

Hasta el momento cinco hombres, presuntos miembros de la columna Teófilo Forero de las Farc, han sido condenados por el doble crimen. Sin embargo, valdría la pena preguntarles a los detectives Gutiérrez y Gallego –que hoy siguen en el DAS– por orden de quién y por qué razón buscaban información sobre César Gaviria, justamente en esas fechas.

 

El 17 de enero de 2006, Juan Manuel Santos, por entonces jefe del Partido de La U, aseguró –sin fundamento– que el precandidato liberal Rafael Pardo tenía acuerdos ocultos con las Farc. Ahora el informe del CTI revela que dos semanas antes, detectives del DAS trataban afanosamente de encontrar algo sobre Rafael Pardo.

 

María Patricia Marroquín Ciendua, dependiente de la Dirección de Inteligencia, consultó el Sifdas el 29 de diciembre de 2005 buscando informes sobre “Pardo Rueda, Rafael”. Dos días antes había hecho lo mismo Édgar Armando Prada, hoy jubilado del DAS.

 

Una vez estalló el escándalo –y el Presidente se retractó a regañadientes de la acusación–, hubo una nueva averiguación. El 11 de febrero de 2006, la subdirección de análisis del DAS, a través de la funcionaria Gladys Andrea Gómez, volvió a acceder a los archivos confidenciales que el DAS lleva sobre el ex ministro de Defensa.

 

Otro blanco de estas consultas ha sido el magistrado de la Corte Suprema César Julio Valencia. El miércoles 23 de mayo de 2007, el detective Luis Edwin Medina husmeaba sus datos. Al día siguiente, Valencia reportó que se venían multiplicando las amenazas contra los investigadores de la para-política. En las llamadas intimidatorias a los magistrados auxiliares les notificaban que conocían sus desplazamientos, los de sus cónyuges e hijos.

 

El 7 de noviembre de 2007, en una ceremonia de conmemoración del salvaje asalto al Palacio de Justicia, Valencia, actuando como presidente de la Corte, condenó la acción criminal del M-19 y al mismo tiempo señaló que la reacción militar había sido “imprudente y demencial”. Ese mismo día reanudaron las pesquisas sobre él. El detective Jonathan Villa, hoy asignado a la seccional del Valle, atendió el encargo que continuaron Juan Evangelista Quijano y Margarita Bruzón.

 

En enero de 2008, el magistrado contó en una entrevista a la periodista Cecilia Orozco que el Presidente le había mencionado en una llamada a su primo Mario Uribe, procesado por la para-política. Por esa razón, el viernes 25 de enero, el Jefe de Estado presentó una denuncia penal contra Valencia. El lunes siguiente, la agente Consuelo Rodríguez Díaz rastreaba los datos del alto juez en el Sifdas.

 

Es posible que sean casualidades, pero, sin duda, son muchas.

 

PD: El procurador Alejandro Ordóñez, en un nuevo acto de sumisión al Ejecutivo, quiere cobrarle al senador Jorge Enrique Robledo sus valerosas denuncias sobre la corrupción del gobierno.

 

El pacificador Ordóñez

Por: María Jimena Duzán/APIC

 

El país no necesita un mediador entre la Corte Suprema y el gobierno Uribe, sino un Procurador que haga cumplir el Estado de derecho.

 

Desde cuando el gobierno nombró a ‘Karina’, la temible guerrillera de las Farc que se desmovilizó, mediadora de paz, son varios los que han ofrecido sus servicios en ese campo. Mancuso, por ejemplo, le hizo saber al presidente Uribe en una extensa carta que le envió desde la cárcel en Estados Unidos esta semana, su deseo de ser  gestor de paz. El viernes pasado, el turno fue para el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien en una entrevista para El Tiempo se ofreció de  mediador de paz entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Uribe, propuesta que fue, obviamente, rechazada por la propia Corte. 

 

Si nuestra democracia fuera seria, en realidad ni ‘Karina’ habría sido gestora de paz, ni Mancuso, ni mucho menos el procurador Ordóñez, podrían ser mediadores de nada. La primera es una mujer atormentada que anda recogiendo lo que queda de ella, luego de años de haber cometido toda suerte de asesinatos. ‘Karina’ no está para ayudar a nadie. Muy por el contrario, el Estado es el que tiene que ayudarle a ella, brindándole asistencia sicosocial para que su reinserción en la sociedad sea integral e irreversible. Ese es el derecho de las cosas.  

 

En el caso de Mancuso, su ofrecimiento como gestor de paz suena a extorsión. Sobre todo si esta propuesta va pegada de una amenaza, como parece serlo. En la misma carta en que Mancuso se autopropone como mediador de paz, le dice al presidente Uribe, palabras más palabras menos, que se tenga de la silla porque si se destapa la verdad sobre las relaciones de los paras con las Fuerzas Militares, esta va a causar muchos más estremecimientos en sus feudos que los que causó la bomba de la para-política. Sobran las palabras.

 

Sin duda, de los tres casos señalados, el del procurador Ordóñez es el más peripatético.       

 

Obviamente entre las funciones del procurador no está la de ser mediador de nada (no la tenía tampoco Jaime Bernal Cuéllar cuando lo fue del ELN, siendo procurador). El doctor Ordóñez es el procurador general de la Nación, no el mediador general de la Nación. Y en vez de andar invirtiendo su tiempo en la redacción de documentos dirigidos a frenar lo que él llama “los constantes roces entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia”, debería estarlo invirtiendo en el cumplimiento de sus funciones, cosa que infortunadamente sólo hace a medias.

 

Su procuraduría ha sido extremadamente laxa a la hora de ejercer la vigilancia sobre los funcionarios para evitar que éstos se metan indebidamente en política. Comenzando por el presidente Uribe, quien ha podido seguir entregando cheques en los consejos comunales a las familias campesinas, incluso después de que públicamente confesó su gustico por su reelección, sin que Ordóñez le haya hecho siquiera una llamada de atención.

 

No sobra señalar que el papel de mediador que Ordóñez se autopropuso, sin mucho éxito, es abiertamente incompatible con su función investigadora y con su condición de máximo jefe de un organismo de control. Uno no puede ser el mediador entre dos partes cuando ejerce sobre una de ellas la facultad de vigilancia.  Es como si a Maradona lo nombraran árbitro para solucionar problemas entre la selección Colombia y la Argentina. Así de simple.

 

En materia de investigaciones, en la gestión de Ordóñez sorprenden hasta ahora, sobre todo, sus omisiones. Esta semana el presidente de la Cámara, Germán Varón, denunció que en el Congreso se está repitiendo la Yidis-politica. Lo lógico habría sido que el Procurador hubiera abierto una investigación para evitar que se repitiera la misma historia de la primera reelección. Sin embargo, hasta ahora, Ordóñez ha hecho caso omiso de esa denuncia. Tampoco ha investigado a los funcionarios de la Uiaf comprometidos en una presunta recolección y filtración de información confidencial a los medios, sobre varios magistrados de las altas Cortes. Es una lástima que su apatía por investigar al Ejecutivo, contraste con la rapidez inusitada con que ha emprendido la investigación en contra de los senadores del Polo vinculados a la Farc-política. 

 

El  país no necesita un mediador entre la Corte Suprema y el gobierno Uribe, sino un procurador que haga cumplir el Estado de derecho y no le dé por absolver a los funcionarios del gobierno que han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia, como sucedió con su polémico fallo sobre la Yidis-política.

 

Tampoco se necesita un árbitro. Basta con que el Presidente respete la autonomía de la Corte, y que el DAS y la Uiaf dejen de seguirlos, hostigarlos e investigarlos como si se tratara de los peores narcotraficantes. Los magistrados que ameriten ser investigados tendrán que serlo ante sus jueces competentes, y no señalados desde la trastienda de los montajes, como viene sucediendo.

 

Lo que sí se necesita es un Procurador independiente. 

Mis encrucijadas

Por: JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

                                                                        (I)

 

Algunos se ufanan de sembrar semillas de felicidad, otros las de buen gobierno; sin embargo, los unos y los otros sólo siembran semillas de corrupción. Jumatoca

 

De entrada les digo que todas mis encrucijadas se han generado desde lo más profundo de mi alma. Los que creen no tenerla, no sé de dónde les saldrán las suyas. Con frecuencia nos topamos, en el camino de la vida, con situaciones difíciles en que no nos es sencillo decidir qué conducta seguir. La vida consiste en eso: en resolver encrucijadas. Por ejemplo, la que más me ha tenido caviloso, últimamente, es la de decidir si debo, debido a la creciente inseguridad en mi querida Cartagena, continuar en mi morada o tomar las de Villadiego. El peligro ha crecido tanto en esta ciudad que ¡Ni en nuestras casas nos sentimos seguros!.

Después de profundas reflexiones decidí quedarme “pase lo que pase” como dice nuestro pintoresco locutor y periodista Luis Enrique Galindo Mejía.

En Editorial del diario La Verdad, del 6 de junio de 2009, intitulado “Alcaldesa, busque ayuda, reconozca el problema”, por cierto muy veraz, en uno de sus apartes dice: “La alcaldesa Judith Pinedo asegura en los medios de comunicación que Cartagena sigue siendo segura y que ese es el principal ‘gancho’ para atraer al turismo nacional y extranjero”. La anterior aseveración es totalmente falaz y no se compadece con la realidad que vivimos. Es muy posible que la percepción de la Alcaldesa se deba a que, hasta ahora, se la ha pasado ejerciendo frivolidades, en vez de encarar sus funciones como debe ser, por eso, además de ir perdiendo el respeto y el respaldo de su pueblo se ha ido quedando “ciega”. Cuando propongan la revocatoria de su mandato, si es que no la desbancan antes por problemas de corrupción, seré uno de los primeros que lo votaré. Y al final el editorialista dice: “Pero en Cartagena la problemática no sólo la han querido mimetizar con estadísticas, sino que la administración de la Alcaldesa se ha hecho la ‘sorda’ para no escuchar los lamentos que a diario se emiten desde los medios de comunicación, en los tertuliaderos y los distintos escenarios en donde se encuentren más de dos o tres.” “Por eso creemos que ya es hora de aceptar el problema y pedir ayuda, antes que sea demasiado tarde”. Lo que decía, además de “ciega” es “sorda”.

Cuánto me duele no conocer a alguien cercano o amigo de la Alcaldesa que consintiera transmitirle que, de seguir como va, será un fracaso como gobernante, me liberaría de tener que decírselo mediante mis escritos porque sé que esta forma es odiosa y desafortunada.

No me explico, y junto conmigo muchísimos cartageneros, por ejemplo, ¿por qué los CAI los ubican, casi siempre, en los sitios menos indicados?, ¿por qué su capacidad de respuesta es tan demorada?, ¿por qué casi siempre sus teléfonos están ocupados?, ¿por qué la necesidad de asentar tantos policías en el Centro de la ciudad y tan pocos en los barrios?,  ¿por qué no colocan más cámaras de seguridad y las que existen quedan tan frecuentemente fuera de servicio?, en fin, ¿por qué las autoridades de policía no toman las medidas de seguridad escuchando, previamente, a los ciudadanos a los que pretenden proteger?.

Aprovecho esta coyuntura y la oportunidad para atreverme a dar una posible solución, de sentido común, al tema de la inseguridad de Cartagena. Se pueden paliar dos problemas simultáneamente. ¡El desempleo y la inseguridad!. En vez de estar gastándose 10 mil millones de pesos, cada rato, en vehículos, motos y radios que parecieran no tener ninguna función, deberían utilizarse para crear frentes de solidaridad común. ¿Cómo así?. Veamos: ¿Por qué no ponemos a un desempleado, ¡qué horrible suena esa palabra!, o a ciudadanos mototaxistas voluntarios para que, en coordinación y con la colaboración permanente de motorizados de la policía, ronden las manzanas de sus propios barrios?. Pongamos de ejemplo el barrio de Torices. ¿Cuántas manzanas tiene?. Supongamos que 30. No necesitaríamos más de cuatro, llamémoslos “ciudadanos por la seguridad”, apoyados por  dos policías destacados para el cuidado y protección del mencionado barrio, también motorizados. ¡Seis ciudadanos en moto cuidando 30 manzanas! ¡Que maravilla! Lo único que tendría que acordarse sería la manera de suministrarle gasolina a las motos, el estipendio simbólico, que no debe superar la mitad de un salario mínimo, y los turnos que deben hacer los “ciudadanos por la seguridad” para cubrir todas las horas del día. La labor de estos “ciudadanos por la seguridad” podría limitarse, en principio, a comunicar, vía celular, a los policías que los apoyan, las irregularidades que observen.

De implementarse la medida, mejorada, claro está, con otras ideas, el gasto sería una “chichigua o pichurria” comparado con los beneficios que se recibirán para la conservación de la vida, bienes y tranquilidad de los ciudadanos. ¿Por qué no se implementa un plan piloto en un barrio determinado?. Los impuestos que pagan los ciudadanos para la seguridad podrían servir para poner en marcha la medida.

Como están las cosas, la seguridad nos corresponde a todos. Señora Alcaldesa: ¡Déjese ayudar!. ¡Manos a la obra!!!.

Juantorres1954@hotmail.com

        

Tocando techo

Por: Daniel Coronell/APIC

 

José Obdulio Gaviria no ha considerado necesario aclarar cuál ha sido su relación con este mafioso.

Un veterano mafioso que ha sido miembro de los carteles de Medellín y del Norte del Valle fue el verdadero organizador de la reunión de la 'Casa de Nari'. El encuentro entre emisarios de alias 'Don Berna' y altos funcionarios del gobierno tenía el propósito de buscar elementos para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia que ha adelantado la investigación por la para-política.

 

Un cotejo técnico de voces, ordenado por una fiscal, determinó que Tapias Ospina es la persona que le informa al asesinado alias 'Job' que "ha organizado el tinglado" para la reunión. La revelación, iniciada por el Nuevo Herald de Miami, demuestra que personas del más alto nivel en el gobierno de Colombia han tenido relaciones con miembros de la mafia y, en algunos casos, han hecho causa común con ellos.

 

En la comunicación, Tapias le anuncia a 'Job' que a la reunión "va el curita, y va el jefe de los abogados…". Hasta ahora el secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, ha sostenido que su presencia en ese lugar fue causal y nunca estuvo programada. ¿Por qué, entonces, Tapias Ospina afirmó con anterioridad que "el curita" iba a ir al encuentro?

 

Gustavo Tapias Ospina, alias 'Techo', tiene una larga hoja de vida criminal, con registros desde 1984, cuando manejaba rutas del narcotráfico a través de México para Pablo Escobar y Gerardo Moncada, alias 'Kiko'. Después del asesinato de este último por parte de Escobar, Tapias se hizo cargo de una ruta estrella conocida como la 'Fania', que lo convirtió en multimillonario.

 

En 1993, Tapias Ospina, junto con otros 11 narcotraficantes, entregó a las autoridades información sobre los crímenes de Pablo Escobar. Para algunos fue un gesto de altruismo de unos delincuentes arrepentidos, para otros, sólo una inversión para quitar del medio al 'patrón' convertido, ya en ese momento, en el mayor obstáculo para el negocio.

 

Tapias Ospina, dentro de su confesión de 1993, reveló detalles sobre los asesinatos del procurador general Carlos Mauro Hoyos, y del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y entregó datos sobre el funcionamiento de la 'Fania'.

 

Como sea, esos delincuentes de los que Tapias hace parte, conocidos desde esa época como los 'Doce del Patíbulo', recibieron una especie de generosa amnistía firmada por el entonces vicefiscal, Francisco José Sintura. Usando esa resolución legalizaron la mayor parte de sus fortunas.

 

Varios volvieron a delinquir. Uno de ellos, Luis Enrique 'Miky' Ramírez, fue temporalmente a la cárcel en Colombia. Otro, Gabriel Puerta Parra, fue extraditado a Estados Unidos. Algunos desaparecieron sin dejar rastro y otros empezaron a moverse, sin mayores inconvenientes, en altos círculos políticos y empresariales.

 

Tapias Ospina se convirtió en un próspero hacendado e incluso llegó a hacer amigos en las agencias antinarcóticos de Estados Unidos, gracias a la información que entregaba sobre sus viejos socios. Sin embargo, nunca paró de delinquir. Desde 1994, un año después de la polémica amnistía de la Fiscalía colombiana, era buscado en Francia por narcotráfico dentro de una operación llamada 'Margarita'.

 

Nada de eso fue obstáculo para que entablara relaciones con asesores de la Presidencia de Colombia. Tapias Ospina se reunía y mantenía contacto con el consejero José Obdulio Gaviria y con el asesor para los municipios, Félix Alfázar González Mira. Nadie sabe aún cuáles eran los temas que tenía que tratar con ellos, el narcotraficante.

 

Hace unos meses, Gustavo Tapias Ospina, también conocido con el alias de 'Alejandro', se entregó a la justicia de Estados Unidos. En febrero fue condenado a 11 años de prisión. Los documentos del FBI señalan que 'Techo' usaba sus amistades para ayudar a narcotraficantes.

 

José Obdulio Gaviria -tan activo anunciando demandas contra periodistas que se han atrevido a informar que recibía información sobre seguimientos ilegales- no ha considerado necesario aclarar cuál ha sido su relación con este mafioso.

 

De por qué no creo en las encuestas

Por: Daniel Samper Ospina/APIC

 

Le pedí al encuestador que me mostrara los resultados parciales: cuando me los leyó, eran totalmente contrarios a la información que yo le había dado.

 

Parto de una base: no creo en nada de lo que digan las encuestas, sean las que sean y digan lo que digan. De eso estoy seguro después de lo que me pasó esta semana. Estaba tranquilo en mi casa cuando timbró el teléfono. Un tipo que se identificaba como miembro de una firma encuestadora quería hacerme unas preguntas. Como estaba tan desocupado como el jefe de debate de Jaime Araújo, me animé a contestarla.

 

—Al principio le haré preguntas sobre el nivel de conocimiento de los candidatos -me dijo-. Empecemos por Rafael Pardo: ¿lo reconoce? ¿Votaría por él?

 

—¿Para que la revista Cambio se quede sin director? Ni de fundas.

 

—¿Votaría usted por Iván Marulanda? -siguió preguntando.

 

—¡Cómo se le ocurre que voy a votar por 'Tirofijo'!

 

—¿Tiene una imagen favorable o desfavorable del senador Petro?

 

—No tan favorable como la que tiene de él el Procurador.

 

—Si el presidente Uribe se lanza, ¿usted lo votaría?

 

—Desde luego que sí.

 

—¿Y si no se lanza?

 

—Ahí sí me tocaría escoger al Pinochazo.

 

Por curiosidad le pedí al encuestador que me mostrara los resultados parciales: cuando me los leyó, eran totalmente contrarios a la información que yo le había dado.

 

—¿Por qué puso que voy a votar por Uribe por tercera vez? -le reclamé.

 

—Usted me dijo que si Uribe se lanza, lo votaría.

 

—Lo botaría con "b" de burro, señor. Lo botaría a la basura, con el temor de que sus hijos lo reciclen por tercera vez, ahora que son recicladores -lo regañé.

 

—Bueno: fue un pequeño error.

 

—¿Y de dónde sacó que también votaría por Santos, si dije que escogería al pinochazo? -seguí quejándome.

 

—¿Y luego 'Pinochazo' no es el apodo del doctor Santos?

 

—No señor. Lo que pasa es que ustedes son unos manipuladores -lo increpé-. Interpretan los resultados casi siempre a favor de los uribistas que más mojan prensa. La única excepción es José Galat, que hace poco salió en las primeras páginas de todos los diarios del mundo, pero no subió en ningún sondeo.

 

—No era Galat -me corrigió-: era el fósil del eslabón perdido que descubrieron en Frankfurt. Yo también me confundí.

 

—De todos modos -le dije, aún airado-: lo que ustedes hacen es un peligro.

 

Entonces empecé a oír que el encuestador hacía pucheros del otro lado de la línea.

 

—Bueno, no es para tanto -lo consolé con el remordimiento de haber sido muy duro con él-. No es para que llore.

 

—Es que me ha tocado una jornada muy dura y estoy agotado -me dijo a punto de explotar-. Como soy el de mayor experiencia, me pusieron a encuestar a algunos precandidatos y tuve que ir a donde Andrés Felipe Arias.

 

—¿Y eso qué tiene?

 

—Que en cada pregunta me tocaba esperar a que llamara a Palacio para que le dijeran qué responder. Fue larguísimo. Y eso no es negocio para mí, porque me pagan por encuesta hecha.

 

—Hombre, no sabía: lo lamento.

 

—Al menos no me asignaron a la doctora Martha Lucía. Al muchacho que debía encuestarla lo mandaron hace dos semanas y no ha vuelto.

 

—¿Y no le tocó conocer a alguien chévere? ¿A Mockus, por ejemplo?

 

—¿Mockus? ¿Chévere? ¿Usted sabe lo que es hacerle una pregunta a él? ¿Sabe lo desesperante que puede llegar a ser tratar de entenderlo? Para todo pone ejemplos lúdicos, dice frases raras, bota vasos de agua. Al final, no sólo tenía el cuestionario sin ninguna respuesta, sino que el mismo Mockus le había agregado varias preguntas y yo estaba empapado.

 

—Qué vaina, lo lamento de verdad -atiné a decir ya con ganas de colgarle.

 

—Y eso no es nada -siguió sin oírme-: me tocó entrevistar a Sergio Fajardo. Era un diálogo de tú a tú porque él mismo tiene pinta de encuestador: siempre anda en la calle, sudoroso, apuntando cosas en una planilla y vestido de jeans, como cualquiera de nosotros.

 

—Bueno: ¿y cómo le fue con él?

 

—Mal. Se inventaba opciones que no existían en el formato de la encuesta para no comprometerse. ¿Tiene buen concepto del Partido Liberal? "Sí y no". ¿Aprueba la gestión de Álvaro Uribe? "Ni sí ni no". Fue el único que llenó toda la hilera de "No sabe/no responde".

 

—No sabía que les tocaba tan duro -le dije, tratando de cortar con la llamada.

 

—Pero no le he contado lo peor: me tocó encuestar al mismísimo presidente Uribe y ahí sí me vi en problemas. Cuando le pregunté si votaría por él para un tercer período, comenzó a decirme "otra pregunta, amigo, otra pregunta: deje a la democracia tranquilita. ¿Usté de dónde es?", con un tono de camorra que me hizo salir corriendo.

 

—Señor, tengo que irme a dormir -traté de decirle.

 

—No me cuelgue: me falta la última pregunta. ¿Por quién votaría entre Santos y Uribe?

 

Lo mandé al diablo. Y no por ser grosero con él. Sino porque si de verdad quiere saber a quién elegir entre ellos dos, es mejor que el diablo escoja. No yo.

Ovejas negras

Por: JUAN M. TORRES CASTRO-COLUMNISTA APIC

 

 Quien se postula para un cargo de elección popular, estando inhabilitado, es una oveja negra de la democracia. Jumatoca

 

Me aturde y preocupa que a casi tres años de las pasadas elecciones de Congresistas, Alcaldes, Gobernadores, Diputados y Concejales todavía se estén fallando, por todo el país, procesos judiciales que intentan definir quiénes deben legal y definitivamente ocupar el cargo.

 

Las aludidas sentencias pretenden concretar, sin lograrlo de un todo, a quién le corresponde el derecho de ocupar una curul o ejercer una gobernación o una alcaldía. El demandante y el demandado en estos procesos electorales argumentan con tanto entusiasmo y fe en sus tesis que no admiten veredicto distinto al que solicitan, de allí que cuando la resolución del conflicto no le es favorable a sus intereses echen mano al derecho de petición, a la solicitud de aclaraciones, a la reposición, a la apelación, al derecho internacional humanitario, al almanaque brístol, en fin, a cuanto mecanismo le sea permitido para trocar el fallo a su favor, es decir, no se dan por vencidos. Es más, “anuncian” a todos los que les preguntan por el resultado del proceso, con rostro confiado y voz de pitonisa: “esto aún no se ha acabado, ya verás”, y rematan, sin dejar de apuntar con la mano a su interlocutor “y no descansaré hasta que brille la justicia”. Lo que traducido a buen romance significa: No descansaré hasta que encuentre un juez que me de la razón o hasta que lleguen las próximas elecciones y vuelva a aspirar, mientras tanto, nada pierdo con reclamar.

 

El que nuestros legisladores y políticos no se hayan interesado en evitar que estas circunstancias se sigan presentando no me extraña, porque a ellos esta realidad no los  afecta, por el contrario, los beneficia, toda vez, que mientras más se dilaten los correctivos a esta situación podrán seguir postulando sus nombres para cargos de elección popular aún a sabiendas de que están inhabilitados o impedidos porque saben que, si ganan, disfrutarán del cargo y el “poder” por dos años, que es el tiempo mínimo que la experiencia señala como el menor para que se “termine” el proceso que declara la nulidad de una elección, si es que se inicia ese proceso. Por otra parte, si no resultan elegidos nada les pasa, nada les ocurre. No se les impone sanción alguna por aspirar estando inhabilitados, ¡nadie se interesa en demandar o perseguir a un perdedor!. Lo que sí me sorprende es el silencio de la ciudadanía, de los periodistas y el de otros sectores de la sociedad que ante comportamientos tan deshonestos y pícaros y ante la inmensa burla, pérdida de energía judicial y de dinero público no reaccionen y no se opongan vehementemente a que se sigan postulando, eligiendo y posesionando a quienes están impedidos y no demanden sanciones ejemplares para quien viole dichas prohibiciones.

 

La Alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez- La Mariamulata (LM)- y el Gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, pasaron un poco más del primer año de sus gobiernos pendientes del resultado de sus respectivos procesos de nulidad electoral. Sus viajes constantes a Bogotá, con dineros públicos, despertaron sospechas de si eran necesarios para atender asuntos relacionados con sus funciones o el disfraz para enterarse y ocuparse del rumbo de los procesos en su contra. Se imaginan lo que le hubiera costado al Estado unas nuevas elecciones de gobernador o alcalde si el Consejo de Estado hubiera determinado la nulidad de la elección de alguno de los referidos gobernantes?. ¿Habrían Berrío o (LM) respondido disciplinaria y económicamente por los gastos de esas nuevas elecciones?. Lo dudo.

 

Algunos concejales de la ciudad no han corrido con igual suerte. Adolfo Raad Hernández, fue inhabilitado en primera y segunda instancia, por la Procuraduría General de la Nación, para ejercer funciones públicas por más de diez años y alcanzó a ser reemplazado por Antonio Guerra Torres. Luego, el Doctor Raad, presentó una tutela contra la providencia de la Procuraduría y logró se declarara  la nulidad de parte del proceso que le había impuesto la mencionada sanción el cual, dicho sea de paso, no se puede proseguir porque el Doctor Raad solicitó la prescripción del proceso por haberse vencido el término para investigarlo. ¡Otro inocente por prescripción!. A los servidores públicos no se les debería aplicar la prescripción; esta es otra reforma urgente por hacer, y menos a los elegidos para ocupar las altas dignidades del Estado, los que allí llegan no deben tener en su pasado sombra ni duda alguna, y sus actos deberían poder ser investigados en cualquier tiempo.

 

El caso del Doctor Eyder Benavides Aguas, a quien hace apenas unos días se le anuló la credencial de concejal de Cartagena, porque estaba inhabilitado al momento de aspirar, nos debe invitar a que le exijamos, a esa oveja negra, los daños y perjuicios que le causó a Cartagena su elección y se investigue disciplinariamente su conducta. La procuraduría tiene la palabra.

 

Parece que la reforma política que cursa en el Congreso le pone coto a estas situaciones. ¿Será verdad tanta belleza?.

Juantorres1954@hotmail.com

Nombrémoslo rey

Por: Daniel Samper Ospina/APIC

 

Todo está dado para la monarquía. El Presidente, como todo rey, tiene corte propia, la Constitucional. Sus hijos toman posesión de las tierras, y tiene su bufón: pachito

Iba a escribir contra la visita del príncipe Felipe a Colombia, pero me sucedió algo que me hizo cambiar de opinión: ahora ya no sólo estoy de acuerdo con que la pareja real haya venido, sino que creo que deberíamos instaurar la monarquía en Colombia.

 

Pero voy por partes. Al comienzo estaba listo a armar la clásica columna criticando los homenajes que debían aguantar el príncipe y su mujer por haber venido: ya los veía recibiendo las llaves de la ciudad, soportando a los niños vallenatos e, incluso, ante un descuido, obligados a ir a un coctel organizado por Carlos Mattos en su honor.

 

Pero iba a escribir, como siempre, basado en mi ignorancia. Porque yo de reinados sé poco, la verdad, y de por sí creía que el que había invitado al príncipe era Raimundo Angulo. Incluso, mientras veía el noticiero, hacía comentarios torpes de los cuales me rescataba mi mujer:

 

—Mira qué vergüenza -le dije mientras pasaban las imágenes de su arribo al aeropuerto-: el gobierno acaba de regalarle un peluche al príncipe.

 

— No es un peluche -me corrigió ella-: es el canciller, que no se peluquea desde el primer gobierno de Uribe.

 

—Ah -exclamé, cayendo en la cuenta-: yo pensé que ese era el regalo. Pero ya vi que le dieron fue un llavero.

 

— Ningún llavero -me dijo con su paciencia habitual-. Es Julito Riaño, el experto en protocolo de la Cancillería. Es el hombre que más ha hecho venias en Colombia, después de Uribe durante el gobierno de Bush.

 

Desde entonces supe que existía un encargado del protocolo que facilita la presencia de las visitas: les sopla el cargo de la persona que están saludando; les indica por dónde pasar; les dice dónde guardar la billetera y el reloj en caso de que deban visitar el Congreso.

 

No sé si serviría, pero a veces creo que esa es mi verdadera vocación: ser jefe de protocolo. Se lo iba a comentar a mi mujer, pero me calló; me dijo que si seguía diciendo bestialidades me iban a terminar nombrando en el puesto del doctor Bermúdez, que es aburridísimo. A mí, la verdad, no me chocaría ser canciller: aparte de que me sirve para acumular millas de Aviancaplus, uno no necesita ser muy inteligente. Exige grandes momentos de valentía, eso sí, como el que vivió el mismo doctor Bermúdez esta semana, cuando reprobó a Corea del Norte por sus ensayos nucleares: después del comunicado de la cancillería colombiana parece que el dictador Kim Jong Il quedó temblando. Pero, más allá de eso, es un puesto en el que pagan bien y uno viatica. Y no sé ustedes, pero yo siempre he creído que los viajes hacen que uno se renueve, que uno cambie de piel: tal y como le estaba sucediendo al ex canciller Araújo, que quedó en la mitad del proceso.

 

Parece que la visita del príncipe a Palacio no fue fácil. Cada vez que uno de los lagartos de la comitiva del gobierno hacía una venia y decía "su majestad", por la fuerza de la costumbre él que respondía era el Presidente. A mí podrán decirme bruto, pero si yo hubiera estado a cargo del protocolo habría puesto una regla para evitar equívocos de esa naturaleza: para referirse a don Felipe debían decir "su alteza"; y para llamar al Presidente, "su bajeza".

 

Habría intervenido, además, en el menú: ese menú que les diseñaron, sobreactuado como el de todos los pobres cuando invitan a comer a los ricos a su casa, y atiborrado de ingredientes exóticos que difícilmente aguantaría el estómago ya no digamos de doña Letizia, sino de Kápax. ¿Por qué les dieron caracol picauil, pipilongos de yuyo, y cosas semejantes que acá casi nadie come? Puestas así las cosas, y para hacer una obra de caridad, ¿no valía la pena pasar el café con pastillas de Lomotil en lugar de hermezetas, aprovechando que son muy parecidas?

 

El hecho es que de tanto ver la visita y empaparme del mundo de la realeza, se me ocurrió una idea que puede ser salvadora: y es que en lugar de cambiar a Uribe, deberíamos cambiar de sistema, y nombrarlo rey. Y no lo digo para evitar la farsa cada cuatro años de inventarse algún remiendo costoso e impresentable para que el Padre siga siendo Eterno, sino por asuntos prácticos: acá ya todo está dado para instaurar la monarquía. El Presidente desciende de Ricardo Corazón de León. Como todo rey, además, tiene corte propia, que es la Corte Constitucional. Sus hijos ya saben tomar posesión de las tierras. Y, por vocación y tamaño, Pachito Santos es el bufón que cualquiera sueña con tener en su Palacio.

 

El único lío es comprar un cetro real, ahora que hay crisis económica. Sugiero ubicar el diente que alguna vez salió disparado de la boca del presidente Gaviria mientras daba una declaración a la prensa. Parece que se trataba de un diente con corona, y eso solucionaría el problema.

 

Los endemoniados

Por: Antonio Caballero/APIC

 

No siendo un visitante desprevenido sino un habitante de asiento, se asombra uno al leer a los uribistas. El país que describe, ¿de qué delirio lo sacan?

 

Leyendo a los comentaristas de la derecha -que son legión, como en la parábola evangélica de la piara de cerdos poseída por los demonios-, un visitante desprevenido pensaría que Colombia está gobernada por una extrema izquierda poderosa, tanto armada como desarmada, omnipresente. Que al presidente Álvaro Uribe, acorralado en su palacio presidencial -al que sólo puede acceder a escondidas, por la puerta del sótano-, están a punto de derrocarlo: pues la no reelección para el año 10 y luego para el 14 se presenta como una forma ilegítima de derrocamiento. Que los uribistas -todos ellos pueblo raso como Luis Carlos Sarmiento, sin protección alguna del Estado ni gabelas del Erario- no son perseguidores, como denuncian las víctimas, sino, por el contrario, perseguidos.

 

Y bueno, sí: los persigue la justicia. Su propio jefe el Presidente piensa que acabarán todos presos, extraditados quizás, y por eso les pide que voten rapidito los proyectos del gobierno, antes de ir a la cárcel. Aunque más que la justicia, que de terna en terna se va volviendo cada día más del bolsillo del Presidente, a los uribistas los persiguen los pecados cometidos. Como a la piara evangélica otra vez, a la que acosaban sus propios demonios. Y de todas maneras, leyendo a esos comentaristas, se pensaría además que esa persecución es inicua, y que lo que hay que cambiar, todavía más, es la justicia.

 

No siendo un visitante desprevenido sino un habitante de asiento de esta patria uribista, se asombra uno al leerlos. El país que describe ¿de qué delirio lo sacan? ¡Y con qué asombrosa desfachatez escriben, como si no hubieran sido todos ellos funcionarios a sueldo de los gobiernos de Uribe, ministros, embajadores, superintendentes! No se me ocurre ninguno que no haya tenido puesto: Londoño, Plinio, José Félix Lafaurie... Bueno, sí: José Obdulio Gaviria, que se hacía pasar por "consultor externo" para cobrar de una organización internacional y en consecuencia no verse sujeto a incómodos controles e investigaciones de funcionario. Y a propósito de José Obdulio ¿el hecho de que ahora su columna en El Tiempo se titule 'Zona Franca' le garantiza que, como los hijos del Presidente, pague de impuesto de renta menos de la mitad de lo que pagamos los demás columnistas de la prensa escrita?

 

Pero me pierdo. Hablaba del endemoniado de Gerasa, en la Decápolis, de quien cuenta el evangelista que "día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras". ¿No les recuerda irresistiblemente al mismísimo dueño de la piara en la encrucijada de su alma, de su alma en llamas, levitando de éxtasis ante el cadáver desenterrado e incorrupto del padre Marianito?

 

Y para terminar con la parábola, que ya empieza a fatigarnos. ¿Recuerdan los lectores -los fieles- lo que pasó aquella vez en fin de cuentas? Íbamos en que el endemoniado daba gritos, "y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas". Y a Jesús, que le preguntaba su nombre, respondía:

 

— Mi nombre es Legión, porque somos muchos.

 

Todos uribistas de racamandaca.

 

Prosigue el evangelista:

 

"Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: 'Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos'. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre...". ¡Ya veo desde aquí a los lectores tratando de identificarlos uno a uno entre los precandidatos, allá va Arias, allá va Santos, y de saber cuál encabeza la carrera! Pero, infortunadamente para ellos, la cosa acabó mal:

 

"...salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara -unos dos mil animales- se precipitó al mar y se ahogó".

 

¡Dos mil animales! Se entera de lo ocurrido el presidente de Fedegán, y le da un soponcio.

 

El watergate criollo

Por: María Jimena Duzán/APIC

 

El afán de borrar lo que había en esos discos probablemente era borrar los nombres de quienes ordenaron las interceptaciones.

 

Las mentiras oficiales ya están empezando a salir a flote en el escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS, nuestro Watergate criollo. Esta semana, la Fiscalía, en una primera investigación, echó por tierra la versión oficial inicialmente comprada por varios medios y columnistas según la cual no era cierto que el DAS estuviera inmerso en tan antidemocráticas prácticas y concluyó todo lo contrario al decir que sí hubo interceptaciones ilegales desde el DAS y seguimientos a opositores, periodistas, y magistrados de la Corte Suprema.

 

Desde luego, esa no es la única mentira que nos han tratado de vender como verdad en este escándalo. Ya se empieza a destapar otra, por aquello de que una mentira se cubre con otra: la operación de encubrimiento. De las averiguaciones hechas por la Fiscalía se concluye que hubo una operación de destrucción de documentos que incluyó borrada de discos duros de los computadores, desde el 19 al 23 de enero desde la oficina de Lagos, el jefe de Contrainteligencia del DAS. Aunque Lagos insiste en que se trató de un traslado de documentos personales en los que participó su familia, las pesquisas de la Fiscalía demuestran que quienes ayudaron a sacar esos documentos y CPU eran agentes del DAS, y no su suegra. Él mismo acepta que sacó todos estos documentos sin autorización y sin que nadie se lo impidiera, a pesar de que existía un protocolo para estos casos. (El protocolo estaba a cargo de su oficina, sobra decir). Lo cierto es que luego de este 'trasteo familiar', entró el CTI al DAS y encontró, como bien lo dice en uno de sus informes, alteraciones en varios discos, muchos de los cuales encontraron borrados.

 

¿Cuál era el afán de destruir evidencias y de borrar lo que había en esos discos? Probablemente el de impedir que el país sepa los nombres de quiénes fueron los que ordenaron las interceptaciones y los hostigamientos a opositores, periodistas y magistrados. Al respecto, las versiones de Lagos y Tabares, el jefe de Inteligencia, se contradicen. En la primera versión, este último acepta que tuvo al menos cuatro reuniones en Palacio. Una en 2007 y las otras en 2008. Dice que se reunió con José Obdulio Gaviria y Bernardo Moreno para hablar sobre 'Job', 'Tasmania' y las filtraciones sobre Petro. Sin embargo, en su segunda versión ante la Fiscalía, Tabares no las recuerda. De todas maneras y aunque la Fiscalía no vinculó a ningún funcionario de la Casa de Nariño, nadie a estas alturas puede creer que las interceptaciones ilegales, las carpetas pedidas a la Uiaf ni los hostigamientos a los magistrados fueron hechas por agentes del DAS de quinto nivel por motu proprio.

 

Otra mentira que también se cae con lo encontrado por la Fiscalía es la de que el gobierno emprendió la investigación a un magistrado de la Corte Suprema, motivado por la preocupación de que el narcotráfico estuviera infiltrando esa corporación a través de Ascencio Reyes. La prueba de que lo anterior no es cierto es que la Fiscalía encontró carpetas con información de 25 magistrados de esa corporación, la mayoría de los cuales nunca tuvo que ver con Ascencio Reyes, por no hablar de los magistrados de la Corte Constitucional que también aparecen monitoreados y seguidos, sobre todo en la época en que estaban revisando la primera reelección.

 

Es evidente que el gobierno, cuando llama a palacio a María del Pilar Hurtado para que inicie la investigación a Ascencio Reyes, no busca descubrir los tentáculos del narcotráfico en el Estado, sino tratar de enlodar a la Corte Suprema de Justicia, que por esas épocas abría investigación a Mario Uribe y a otros congresistas uribistas por para-política. Si su interés hubiera sido develar la penetración del narcotráfico en las altas esferas, no habría permitido la entrada a Palacio a alias 'Job', quien por esos días era un asiduo visitante.

 

La otra pata que le sale al gato en este episodio tan sórdido es la forma como se está utilizando la información que recaba la Uiaf, creada para detectar los tentáculos de la mafia y no para investigar magistrados; la Uiaf recolecta información de todos los colombianos que tengan transacciones importantes en los bancos. Se suponía que esta era una información confidencial que no podía ser utilizada sino con fines de interés nacional. La evidencia de que parte de esta información ha terminado en algunos medios no solamente ha encendido las alarmas sobre el estado policivo que se estaría gestando en este país, sino que ha puesto los ojos sobre el papel que la Uiaf ha desempeñado en todo este escándalo.

 

Lo que más sorprende es que esa información pueda ser entregada, como de hecho lo fue, por el director de Contrainteligencia al asesor de prensa de Palacio, como lo afirma Lagos en su declaración ante la Fiscalía, y que José Obdulio, un particular que ni siquiera tenía contrato como funcionario, posiblemente se hubiera quedado con una copia de ese informe.

 

Si ese es el DAS que reformó Uribe yo soy Natalia París

 

El magistrado y el carpintero

Por: Daniel Coronell/APIC

 

De esta manera la justicia —en su infinita sabiduría— impidió que el indefenso magistrado se convirtiera en víctima del poderoso carpintero.

 

José Uribe se ganaba la vida como carpintero. Jamás tuvo problemas con la justicia, hasta hace seis años cuando se comprometió a hacer unos trabajos en un apartamento del magistrado José Alfredo Escobar Araújo, el de los botines de Giorgio Sale. Como suele suceder con algunos colegas suyos, el carpintero incumplió la fecha de entrega.

 

Cansado de esperar, y después de haber girado varios anticipos, el magistrado Escobar fue hasta la carpintería de Uribe para reclamarle por el atraso. Llegó acompañado por dos guardaespaldas, su conductor y el abogado Arturo Rafael Donado Barros.

 

En este punto empiezan las discrepancias entre las versiones del magistrado y del carpintero.

 

Según el carpintero, los escoltas tocaron a su puerta y le dijeron que el magistrado quería hablar con él. Segundos después le anunciaron que venían a decomisarle una maquinaria por haber incumplido el contrato.

 

El ebanista relata que cuando preguntó por la orden judicial, el doctor Escobar replicó que como magistrado estaba dando la orden verbal de decomiso y le ordenó a uno de los escoltas que fuera a contratar un camión para llevarse la máquina. El chofer del camión contratado, su ayudante, los escoltas y el conductor del carro oficial asignado al magistrado subieron la máquina al camión y se la llevaron a un garaje del apartamento de Escobar. El carpintero asegura que les suplicó que no lo dejaran sin su herramienta de trabajo.

 

El magistrado Escobar desmiente esa versión. Según él, fue a la carpintería a pedirle a José que le devolviera los anticipos para poder contratar otra persona. Allí, de acuerdo con la narración de Escobar, el carpintero alegó que no tenía plata, pero que, para garantizarle la devolución del anticipo, le ofrecía su máquina. El magistrado asegura que aceptó y que por eso mandó a un escolta por el camión y se llevó la maquinaria.

 

Como sea, unas semanas después, el carpintero fue a la Fiscalía y denunció al magistrado Escobar por abuso de autoridad y hurto calificado. La denuncia fue remitida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en donde le correspondió por reparto al entonces representante José María Imbett, costeño y conservador como Escobar Araújo. El caso fue archivado a favor del magistrado, sin haber oído siquiera a los testigos del carpintero.

 

En medio de ese trámite, José Uribe visitó al abogado Héctor Van-Strahlen, amigo del magistrado, para que le propusiera devolverle la máquina y pagarle una suma por los perjuicios, para así terminar el trabajo y desistir de la demanda. El abogado lo llevó al despacho del magistrado Escobar, quien grabó subrepticiamente la conversación.

 

El magistrado Escobar denunció a José Uribe por estafa, falsa denuncia, constreñimiento ilegal y extorsión. La justicia esta vez actuó con todo rigor.

 

El carpintero fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de falsa denuncia. El juzgado consideró que dos obreros y el entonces chofer del magistrado que corroboraban la versión de Uribe, no eran testigos creíbles. Los primeros, por ser subordinados del carpintero, y el conductor porque podría albergar algún resentimiento hacia su ex jefe.

 

En cambio, determinó que los guardaespaldas del magistrado, denunciados también por el carpintero, sí podían declarar con libertad. Avaló también los testimonios de los abogados Arturo Donado y Héctor Van-Strahlen.

 

El fallo contra el carpintero fue confirmado por el Tribunal de Bogotá. El testigo Héctor Van-Strahlen es ahora director de la Administración Judicial de Santa Marta. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de la que es miembro Escobar Araújo, lo propuso en una terna de la que -casualmente- también hizo parte Arturo Donado, el otro testigo.

 

A este último también le ha sonreído la fortuna. Después de fracasar en un intento por convertirse en magistrado de Justicia y Paz, otra vez por sugerencia de la Sala Administrativa, fue nombrado registrador especial de Santa Marta. Designación que dependía, en buena medida, de la delegada de la Registraduría en Magdalena, la doctora Ruth María Escobar, pariente lejana y amiga cercana de José Alfredo Escobar Araújo.

 

De esta manera, la justicia -en su infinita sabiduría- impidió que el indefenso magistrado se convirtiera en víctima del poderoso carpintero.
   


                      
La suerte de los ricos

               Por: Manuel A. Iturralde/APIC

 

Si se es hijo del Presidente, prácticamente no hay puerta que esté vedada porque la “alta” política en Colombia se entiende como un club exclusivo y pleno de prerrogativas.

Los negocios recientes de Tomás y Jerónimo Uribe han generado un gran debate sobre qué tan correctos y éticos son. Según el denunciante Daniel Coronell, los hijos del Presidente compraron unos lotes rurales en Mosquera, cuyo valor aumentó de manera exponencial gracias a su influencia política. Esto debido a que funcionarios públicos, entre los cuales se encuentran subordinados directos de su padre, tomaron decisiones que convirtieron dichos terrenos en áreas de uso industrial y aprobaron la construcción de un multimillonario proyecto de zona franca.

 

Más allá del debate jurídico y político, que podría tener tintes de escándalo, vale la pena aprender de este caso ciertas lecciones sobre el tipo de sociedad en que vivimos. Y para ello es muy útil la teoría de Robert Merton, uno de los más importantes sociólogos estadounidenses del siglo XX.

 

Según Merton, en aquellas sociedades con grandes desigualdades estructurales, donde la acumulación de capital es la principal medida del éxito social (y una verdadera obsesión cultural), virtudes ordinarias como la diligencia y la honradez tienden a parecer de poco provecho. En cambio, las personas suelen darle gran importancia al misticismo para explicar su situación social; ésta se puede deber a la casualidad, la suerte o la voluntad divina. Tanto quienes triunfan como quienes fracasan en el intento de hacer fortuna, atribuyen en buena medida el resultado a uno, o varios, de estos factores.

 

Este tipo de sociedades exalta además los beneficios sociales de la gran riqueza de individuos emprendedores quienes, a base de olfato, prudencia y algo de suerte, obtienen sus grandes fortunas. Como decía una revista de negocios citada por Merton, “cuando un individuo mediante inversiones prudentes -ayudadas en muchos casos, según todos reconocemos, por la buena suerte- acumulan algunos millones, no nos quita con eso nada a los demás”. Algo parecido sostienen Tomás, Jerónimo y sus defensores. ¿Qué tiene de malo hacer plata si, además de trabajar duro para ello, se tiene sagacidad para los negocios y la suerte de estar en el lugar y el momento adecuados? ¿Qué ley han violado? ¿A quién han perjudicado?

 

Esta defensa, que parece tan contundente de lo simple que es, se torna problemática si se mira con más detenimiento el contexto social y político en que adelantan sus negocios los hijos del Presidente y otros cuantos, tan afortunados y talentosos como ellos.

 

Siguiendo a Merton, la supuesta suerte de quienes gozan de grandes fortunas en sociedades donde la meta cultural del éxito económico se predica para todos, pero en realidad está al alcance de un grupo limitado, tiene una explicación sociológica distinta.

 

La apelación a la astucia y la fortuna es una forma de “explicar la discrepancia frecuente entre el mérito y la recompensa, a la vez que se mantiene inmune de toda crítica una estructura social que permite que esta discrepancia sea frecuente.” Desde esta perspectiva, la clave del éxito económico no se basa única, ni principalmente, en la aptitud para los negocios y una buena dosis de fortuna, sino en los contactos e influencia que ofrece una posición social privilegiada. Sin desconocer el espíritu empresarial de los Uribe, no se puede ignorar que si se han enriquecido de manera notable en pocos años, ello se debe en buena medida a que viven en una sociedad como la colombiana.

 

En Colombia, pertenecer a una clase social privilegiada, con dinero y contactos en las altas esferas política y económica, abre muchas puertas. Y si encima se es hijo del Presidente, prácticamente no hay puerta que esté vedada. Esto porque la “alta” política se sigue entendiendo como un club exclusivo y rico en prerrogativas. Prerrogativas para quienes tienen el poder de hacer favores y quienes están en posición de pedirlos. Unos y otros serán retribuidos, bien sea en la esfera pública o la privada.

 

Así, la práctica común de altos funcionarios estatales que dejan sus cargos para ocupar puestos directivos en grandes empresas (que muy probablemente se beneficiaron de sus políticas y decisiones cuando eran servidores públicos), no es vista con desconfianza, sino como el justo premio a una gran gestión.

 

Y viceversa; cada vez con mayor frecuencia importantes dirigentes del sector privado hacen una pausa en sus negocios (a los que volverán) para prestarle su servicio a la patria desde un alto cargo estatal. Sería de malpensados sospechar que dichos funcionarios favorecerán desde su puesto sus intereses privados y los del gremio al que pertenecen. Al menos eso piensa la dirigencia política y económica de nuestro país, que incentiva y defiende dicho tipo de conductas.

 

Que nos hayamos acostumbrado a que estas conductas sean la regla, no las hace justas ni correctas, como pretenden en el caso de Mosquera los hijos del Presidente, el alcalde de Mosquera (que se benefició del negocio), los ministros y altos funcionarios que aprobaron la zona franca, cuyo jefe inmediato es el Presidente, así como muchos otros políticos y empresarios que piensan como ellos, porque les conviene.

 

Personas con el talento e iniciativa de Jerónimo y Tomás Uribe para los negocios sobran en Colombia; pero son muy pocos los que, como ellos, tienen las oportunidades políticas y económicas para hacer realidad sus proyectos. Tal vez esto sea legal en el país en que vivimos, pero, por favor, que no nos digan que es cuestión de suerte.

La falsedad

Por: Daniel Coronell /APIC

 

La sociedad Zona Franca de Occidente S.A. sólo se constituyó seis meses después de la solicitud, el lunes 16 de junio de 2008.

 

Desde cuando estalló el debate por la decisión de altos funcionarios del gobierno de declarar Zona Franca unos terrenos en los que tienen intereses los hijos del Presidente, se ha dicho que el negocio tiene mala presentación, pero que no infringió la ley. Sin embargo, hay una ilegalidad en el proceso. La resolución que autoriza la creación de la Zona Franca de Occidente le atribuye la solicitud de aprobación a una sociedad que no existía para la fecha de esa petición.

 

En la resolución que convirtió los lotes de Mosquera en Zona Franca, la Dian asegura que: "La sociedad ZONA FRANCA DE OCCIDENTE S. A. USUARIO OPERADOR NIT 900.224.887-2, mediante escrito radicado bajo el No. 1-2007-048982 de fecha 7 de diciembre de 2007 en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas el concepto sobre la viabilidad de declaración y existencia de la ZONA FRANCA PERMANENTE DE OCCIDENTE".

 

La afirmación, que está en la parte motiva de la resolución, es falsa.

 

La sociedad Zona Franca de Occidente S. A. sólo se constituyó seis meses después de esa solicitud, el lunes 16 de junio de 2008. El Número de Identificación Tributaria (NIT) que cita la Dian no había sido asignado para esa fecha y sólo fue pedido el 17 de junio del mismo año.

 

Por tal razón -y sin descartar las responsabilidades penales-, la declaración de la Zona Franca sería inválida y cualquier ciudadano puede reclamar su nulidad. La mentira evidente en el documento de la Dian encuadra en una causal llamada "falsa motivación del acto administrativo" y comprueba que el trámite no fue tan juicioso como han pretendido los involucrados.

 

Uno de ellos es el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, quien no ha contado toda la verdad acerca de este asunto. No ha dicho, por ejemplo, que en la sesión de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, presidida por él, donde fue tratado por primera vez el tema, estaban presentes dos funcionarios de la Presidencia de la República: los señores Mateo Restrepo y Daniel Muñoz.

 

En esa ocasión la Comisión negó la petición por una razón que reitera la falsedad de la Dian. El acta señala: "Se cuestionó el hecho de que el solicitante no sea una persona jurídica ya constituida y por lo tanto no se conocen los socios, ni sus aportes".

 

La solicitud había sido presentada por la Zona Franca de Bogotá, por mandato del "Patrimonio autónomo FC-Lotes Mosquera", es decir, el fideicomiso de Residuos Ecoeficiencia, empresa controlada en más del 60 por ciento por Tomás y Jerónimo Uribe (Ver documento).

 

Un mes y 12 días después del nacimiento legal de Zona Franca de Occidente S. A., la Comisión Intersectorial dio su concepto favorable, requisito imprescindible para el trámite. A esa nueva sesión también asistieron funcionarios de la Presidencia: Juan Alberto Londoño y Daniel Muñoz.

 

El ministro Plata, en su deseo de desviar el debate, no ha encontrado problema en mentir. Aseguró, sin sonrojarse, que cuando él estaba en Proexport, yo le había presentado un derecho de petición preguntando por la participación de los hijos del Presidente en las macrorruedas de negocios. Legalmente habría podido hacerlo, pero no es cierto, jamás lo hice. Como el Ministro lo afirmó en RCN y en La FM lo invito a demostrarlo o a retractarse.

 

Por último quiero referirme a la encuestadora Datexco, que se autoproclamó árbitro de estos hechos. Según la ficha técnica, hizo una encuesta -por su propia cuenta- para determinar a quién le creían los colombianos en el asunto.

 

Sin entrar a discutir los resultados, me parece importante que ustedes sepan que entre los accionistas de Datexco están el actual viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, y el antiguo socio y gran amigo del Presidente, José Roberto Arango, quien por cierto es a la vez socio -en otra compañía llamada ODP- de Lyana Latorre, la esposa del ministro Luis Guillermo Plata.


La basura de Tomás y Jerónimo

Por: Daniel Samper Ospina

 

Si la basura da plata, queridos amigos, ya no pueden manejarla los pobres, sino la gente de bien.

 

El día en que me enteré de los negocios de los hijos del Presidente, supe que, con el pretexto de fomentar la cultura ciudadana y proteger el medio ambiente, salió una ley que prohíbe a los pobres acercarse a la basura: castiga con comparendos a quienes hurguen en las canecas o recojan desperdicios en "medios no aptos ni adecuados".

 

Hasta donde sé, quienes hurgan en la basura son los pobres: los mendigos, por ejemplo, o los recicladores que andan en zorras, que es a lo que se deben referir cuando hablan de medios no aptos ni adecuados. De modo que, en adelante, la única manera de acercarse a una bolsa de basura sin que la Policía lo agarre a bolillo es ser rico: tener una empresa que se dedique al negocio cada vez más jugoso de las basuras, como Residuos Ecoeficiencia, la de los hijos del presidente Uribe.

 

A mí me da lástima con los pobres, pero también pienso que quién los manda: quién los manda a meter las manos en las tripas de una bolsa de basura, y exponerse a las cuchillas, los pañales y todas las porquerías que se puedan encontrar en ella, en lugar de montar una empresa sólida y millonaria en una zona franca.

 

Pero así son todos ellos: no saben hacer negocios. No saben ganarse las venias de los ministros; ni saben ser amables con los alcaldes que convierten en zonas francas los lotes que hayan comprado un poco antes. Ni siquiera saben comprar lotes. Lo único que hacen es hurgar la basura con las manos.

 

(Muchas veces, además, la dejan desperdigada. Hace unos días vi a un niño como de 5 años que sacaba de la caneca unos huesos de pollo para lamerlos, y no tuvo la consideración ciudadana de dejar la basura como la encontró. Ojalá lo ubiquen y le pongan el comparendo. Me ofrezco ante las autoridades por si quieren hacer un retrato hablado para dar con su paradero).

 

Ah, estos pobres de hoy en día. Nunca son aptos ni adecuados. Y encima se la pasan protestando. Montan guerrillas, hacen mingas indígenas, organizan marchas. Les parece injusto todo: incluso que cuando alguien detecta que la basura puede ser buen negocio, los saquen a gorrazos de ella a pesar de que era el lugar al que históricamente los habían confinado para que sobrevivieran.

 

Si la basura da plata, queridos amigos, ya no pueden manejarla los pobres, sino la gente de bien. ¿Por qué? Pues porque si uno deja que la manejen los pobres, se rompe el equilibrio: los pobres pueden dejar de ser pobres, y no podemos permitirnos ese lujo.

 

Los pobres son útiles para muchas cosas, como para que ahora traten de ganar plata. Sin pobres, ¿con quiénes haremos los falsos positivos? ¿Con William Vélez y otros empresarios uribistas? Sin pobres, ¿a quiénes desplaza uno de Carimagua? ¿A los empresarios palmicultores a los que favorecía el 'Pincher' Arias? Sin pobres, ¿de quiénes nos protege la seguridad democrática? ¿De Armandito Benedetti?

 

Pensaba decir que no es la primera vez que a través de una ley tratan de empobrecer aun más a los pobres y convertirlos en criminales. Hace no mucho, Gloria Stella Ramírez, congresista del Mira, trató de sacar una para castigar a los vendedores y limosneros de los semáforos; ahora el representante Juan Carlos Valencia se inventó esta, la 1259, en la sospechosa fecha del 19 de diciembre, con todo el beneplácito del presidente Uribe, que no la objetó.

 

Pensaba decir que ninguno como este gobierno ha combatido a la guerrilla, pero tampoco ninguno ha estimulado tanto las condiciones de desigualdad social para que exista, y que esta ley es prueba de ello.

 

Pero les digo la verdad: ya no pienso sufrir. Voy a ser más práctico. Y como el gobierno ha mostrado que sólo tiene compasión por los empresarios, pienso convertirme en uno de ellos.

 

Por eso, en adelante pienso no sólo defender a Tomás y Jerónimo, sino tratar de parecerme a ellos: aprender de fiducias, escisiones, cuentas en Panamá y demás astucias legales que yo creí que manejaban solamente personas del estilo de Murcia.

 

Hombre, sí: es cierto que hacen negocios en una parte del sector privado que puede ser muy rentable por las decisiones fundamentales que algunos subalternos de su papá terminen tomando. Y sí: los muchachos hacen negocios en la zona franca. Pero es que les han inculcado la franqueza con tanto rigor, que en cuál otra zona podían hacerlos.

 

Alguna vez dije que quería asociarme con ellos para revender artesanías. Retiro lo dicho. Quiero ser socio de ellos, pero en Residuos Ecoefi

 

Los delfines-empresarios

Por: Maria Elvira Samper/APIC

 

Ni tan bobos, ni tan vivos, los delfines debieron medir las consecuencias de hacerse empresarios durante la Presidencia de su padre.

 

Los hijos del Presidente, Tomás y Jerónimo, vuelven a ser motivo de controversia. Sus nombres han sonado en relación con DMG, con préstamos de un abogado comprometido en el desfalco de Cajanal, con inversiones en Barranquilla y ahora están en la picota por cuenta de la Zona Franca de Occidente.

Según una investigación de Daniel Coronell, los delfines se beneficiaron con una decisión de funcionarios subalternos del Presidente —la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y la DIAN—, mediante la cual en julio de 2008 acabaron convertidos en la Zona Franca de Occidente unos terrenos cuyos derechos fiduciarios estaban en cabeza de una empresa de los hermanos Uribe, Yogur S.A., constituida un día antes de que la DIAN autorizara la creación de la Zona. Un año antes, mediante un decreto del alcalde de Mosquera Álvaro Rozo que amplió la zona industrial, esos predios quedaron incluidos en ella. Meses después, los delfines vendieron una parte a una sociedad que, curiosamente, era de la familia del Alcalde. ¿Círculo virtuoso?

 

Los delfines sostienen que todo fue legal, que el decreto de Rozo obedecía al POT; que no hubo tráfico de influencias de su parte en lo de la zona franca —no era necesario, la sola mención de sus nombres es un ‘ábrete sésamo’—; que fueron sus socios y no ellos los que hicieron los trámites, y que las denuncias de Coronell son falaces y constituyen una forma de persecución política para dañar al Presidente.

 

Incluso Coronell reconoce que el negocio está dentro de la legalidad. La ley, salvo inhabilitarlos para contratar con el Estado, no les prohíbe a los hermanos Uribe hacer negocios. Pero bien lo dijo este martes el editorial de El Nuevo Siglo, “los límites no son simplemente los de los incisos, casi siempre imperceptibles”. Son los de la ética. Su condición privilegiada de delfines los obliga no solo a ser correctos y honestos, sino a parecerlo. Como la mujer del césar.

 

Están sometidos al escrutinio público —gajes derivados precisamente de su condición de privilegio— y puede parecerles injusto que los midan con un rasero diferente, más duro, que al resto de los ciudadanos. Pero gústeles o no, y aun si les parece inequitativo, eso es inevitable y además necesario. Fiscalizar a los poderosos y a sus allegados es una de las funciones de los medios, porque los poderosos abusan con demasiada frecuencia del poder.

 

No puede pedírseles a los delfines que se crucen de brazos mientras su progenitor ejerce la Presidencia. Supongo que les llueven propuestas y que aun si fueran pésimos empresarios, “llevarlos en coche” sería un gran negocio porque ¿qué mejores socios para un negocio que los hijos del Presidente más popular de la Historia? ¿Quién les niega una cita, un préstamo, un favor, un trámite…?

 

Pero ni tan bobos, ni tan vivos. Los jóvenes Uribe, que estaban en la universidad cuando su padre asumió el poder, debieron medir las consecuencias de hacerse empresarios precisamente durante la Presidencia de su progenitor y de participar en negocios que dependían de decisiones oficiales como el de las zonas francas. Habrían podido estudiar un poco más antes de meterse en tanta vaina y no solo para evitar sospechas, sino porque sus primeras experiencias con artesanías fueron un fracaso. Una especialización no les sobraba. También habrían podido hacerse cargo de El Ubérrimo. No hicieron ninguna de las dos cosas.

 

Luego, el padre-presidente resolvió quedarse otros cuatro años, los hijos ampliaron sus actividades y quedaron más expuestos. Y lo estarán aun más si se concreta la segunda reelección: cada uno de sus pasos será ahora observado con lupa. Una desventaja para los delfines que hasta ahora han gozado de tantos privilegios y una razón más para que papá Uribe decline su aspiración de mantenerse otro período en el poder. Si no lo hace por la democracia, que lo haga por la familia.

 

Sobrados de paronoia

Por: Alfredo Rangel/APIC

 

Para los críticos, sin ningún indicio de prueba, los Uribe son culpables porque no pueden ser inocentes. La presunción de inocencia no existe.

 

La reciente investigación de Daniel Coronell sobre la actividad empresarial de los hijos del Presidente es el parto de los montes. Cinco meses de investigación para concluir que no hubo ningún acto ilegal, ni se encontró ningún indicio ni prueba alguna de tráfico de influencias, y menos de uso abusivo de información privilegiada. Nada de nada. Pero ahora sectores oportunistas de la oposición manipulan omisiones, hacen suposiciones y desinforman a la opinión pública para tratar de cuestionar éticamente al gobierno. Señalemos algunos puntos.

 

Se afirma que en diciembre de 2006 los hijos del Presidente compraron a precio de huevo unas tierras rurales que luego, gracias a sus influencias, se transformaron en áreas de uso industrial para así obtener grandes ganancias. Falso. En el año 2000 esa tierra había sido incorporada al área de expansión industrial por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Mosquera. Como en cualquier municipio, este Plan fue discutido y aprobado por el Concejo, luego de un largo proceso participativo basado en documentos técnicos de soporte, consultas interinstitucionales y ciudadanas, y concertaciones ambientales.

 

Lo que hizo el Alcalde de Mosquera en diciembre de 2007, con el lleno de todos los requisitos legales, fue aprobar el Plan Parcial que desarrolla esa zona de uso industrial por solicitud de la firma en que los hijos del Presidente tienen una participación del 7,5 por ciento cada uno. Si en esas condiciones de legalidad, y por requerimiento de un ciudadano cualquiera, el Alcalde no lo hubiera aprobado, habría prevaricado. De hecho, Bavaria, el anterior propietario del lote, ya le había dado en el pasado un uso agroindustrial a ese terreno, pues está ubicado en una zona de importantes desarrollos industriales.

 

También se dice que para pagarle el 'favor' al Alcalde, los nuevos propietarios le vendieron un pedazo del mismo a precio de ganga a una firma de propiedad del hermano del Alcalde. Inexacto. La venta fue por un precio 15 por ciento superior al precio de compra. No fue ninguna ganga, ni una recompensa por un favor inexistente. La experiencia enseña que cuando se quiere ocultar un negocio turbio, se busca un testaferro para hacerle una venta ficticia a un precio irrisorio, sin que nunca aparezca el beneficiario real. Como aquí nunca se trató de ocultar nada, se actuó de manera transparente y con las reglas del mercado.

 

De otra parte, se dice que los hijos del Presidente realizaron tráfico de influencias y abusaron de información privilegiada con el fin de obtener el permiso para construir una zona franca en el susodicho lote. Falso. El gobierno no predetermina dónde se construirán las zonas francas, solamente fija unos requisitos para que el sector privado las ubique y construya donde lo decida su propia iniciativa, según la dinámica de los negocios. No existe información privilegiada.

 

Afirman que el ministro de Comercio Exterior, Luis Guillermo Plata, cuya entidad hace parte con otras seis más del Consejo Interinstitucional de Zonas Francas, tuvo que haber sabido que los hijos del Presidente estaban solicitando una licencia y que por eso la aprobó presurosamente. Falso. Los dueños del tal lote conformaron la empresa Zona Franca de Occidente, de la cual se excluyeron voluntariamente Tomás y Jerónimo mientras se tramitaba la licencia, y le delegaron a otra empresa distinta el diligenciamiento de la licencia ante ese Consejo. Ni el Ministro ni los otros integrantes del Concejo podían saber si los hijos del Presidente estaban relacionados con la firma solicitante. Esto lo hicieron precisamente para evitar cualquier tráfico de influencias. Pero para los críticos, sin ningún indicio ni prueba, los sospechosos son culpables sencillamente porque no pueden ser inocentes. La sola sospecha basta como prueba. La presunción de inocencia no existe. Como el tráfico de influencias es difícil de probar, entonces son culpables. Es la justicia estalinista, o la 'crítica paranoica' de Dalí.

 

Ante la falta de pruebas de hechos dolosos, el último recurso de los críticos es la manipulación de la ética. Pero el primer principio ético es la igualdad ante la ley, y éste nunca se violó. Condenar al ostracismo económico y social a los hijos de los funcionarios bajo la sospecha ex ante de favorecimiento en cualquier diligencia con el Estado no es ético, por violar los principios de presunción de inocencia y de igualdad ante la ley. Pero si queremos que esto sea así, entonces que se establezca una norma institucional mediante una ley, para evitar que cualquiera se convierta en fiscal y juez de facto para absolver y condenar a capricho a quien se le antoje. Esto no es democracia y más parece una cacería de brujas.

 

¡Vivan Tom y Jerry!

Por: María Jimena Duzán/APIC

 

Sin duda uno de los argumentos que más daño les han hecho es que no se les puede negar el derecho al trabajo por ser hijos del Presidente.

 

Lo que no pudieron ni Yidis, ni 'Tasmania'… ni 'Job'… ni Mancuso… ni 'Don Berna'… ni David Murcia… ni los falsos positivos… ni la recesión económica, lo están logrando los hijos del Presidente: a ellos les vamos a tener que agradecer el haber iniciado la cuenta regresiva que va a terminar sepultando la reelección que tan desesperadamente está buscando su papá.

 

Semejante milagro ha sido mérito exclusivo de Tom y Jerry y de la manera aparatosa como ellos -y los ministros que han resultado involucrados en las decisiones que han beneficiado a los delfines- se han dado a la tarea de aclarar en los medios la meticulosa denuncia hecha por Daniel Coronell.

 

La defensa de Tom y Jerry no sólo los ha ido enredando cada día más, también ha resultado ser tremendamente ilustrativa sobre lo ancha y elástica que resulta ser la ética de los hijos del Presidente a la hora de definir su relación con el dinero. Primero, en el colmo del cinismo, aceptaron, sin más ni más, que ellos habían comprado los lotes de Mosquera a sabiendas de que allí se iba a declarar una zona franca. Semejante aceptación, que en otras latitudes daría para pensar que estos niños están usando información privilegiada, para ellos es tan sólo una prueba de su innata vocación por la creación de empresa. "Es que desde chiquitos son unos genios para los negocios", me dijo el otro día su tío Santiago Uribe, en su defensa.

 

Ni siquiera el hecho de que Tomás Uribe hubiera asistido a una reunión en el Ministerio de Transporte a comienzos de este año, en donde se aprobó una carretera que pasa por sus predios, les resulta alarmante: según un comunicado firmado por Andrés Uriel y el gobernador de Cundinamarca, la carretera estaba prevista desde 1995 y Tomás Uribe ni habló. ¿Fin del problema? Para nada: el comunicado es la prueba de que el Mintransporte no nos ha contado toda la verdad. El hecho de que la carretera se hubiera aprobado después de tantos años de estar prevista -muchas son las carreteras que están previstas y nunca se construyen-denota que ni el Ministro ni los hijos del Presidente tienen una frontera clara entre la ética pública y la privada, y que su poder de acción sobre el gobierno y sobre sus concesionarios, así Tomás no hable en las reuniones en las que se toman decisiones de Estado, es demoledor y tremendamente eficaz. Si la reelección no la tumban sus hijos, los colombianos corremos el riesgo de que Tomás sea nombrado Ministro de Transporte.

 

Otro funcionario que quedó como un sieso fue el ministro de Comercio Exterior. Es poco creíble que el doctor Plata no supiera que los hijos del Presidente eran los dueños de la tierra de la zona franca que él mismo contribuyó a aprobar, como lo ha sostenido. Esa información era vox populi en la zona franca de Bogotá, dueña en parte de la zona que fue adjudicada en terrenos de Tom y Jerry. Pero también es cierto que no es la primera vez que el ministro Plata ayuda a los hijos del Presidente. Siendo director de Prorexport, los recibió en su despacho y les ayudó sacándoles unas citas con clientes y les consiguió espacio en varias rondas de negocios.

 

Sin duda uno de los argumentos que más daño les ha hecho es el de que no se les puede negar el derecho al trabajo por ser los hijos del Presidente mientras ellos no cometan nada ilegal. A ver: no se trata de negarles el derecho al trabajo a los pobres niños, sino de que respondan cómo fue que en menos de siete años dejaron de ser una simple Pyme que vendía artesanías, y se convirtieron en importantes y exitosos empresarios de la basura, y en poderosos especuladores de tierra, con cuentas de papel en Panamá. Semejante hazaña no lo ha hecho en el país sino David Murcia.

 

Y en cuanto a que los niños son genios de las finanzas, como dicen su padre y toda su familia, tampoco la cosa es muy clara. Además de que salieron a relucir como posibles socios en un negocio con David Murcia, Jerónimo Uribe apareció en la lista de los deudores de un abogado nefasto de Cajanal, como codeudor de un préstamo. Pero aun más curioso es que en los allanamientos que hizo la Fiscalía a Cajanal, en donde se encontraron los pagarés que tienen a Hernán Andrade en problemas, no se hubiera encontrado el de Jerónimo.

 

Estoy de acuerdo en que ellos tienen derecho al trabajo, como lo tenemos todos los colombianos, así no seamos hijos de presidentes. Pero que no nos pongan a defender el derecho de los hijos del Presidente a volverse millonarios por cuenta de los favores que les hace el gobierno de su padre. Esta ética elástica, dominada por la ambición del dinero, en la que los hijos del Presidente hacen y deshacen sin que nadie los ataje, es el peor escenario para un país que se debate en medio de una tremenda recesión y pobreza. ¿Alguna duda de que Tom y Jerry no van a sepultar la reelección de su padre?

El principio delfín

Por: Daniel Coronell /APIC

 

Los señores Uribe rehuyeron la posibilidad de hacer un debate cara a cara conmigo. Debate que sigo dispuesto a dar con las pruebas de lo que he afirmado.

 

Ya hay un hecho innegable: Tomás y Jerónimo Uribe se han enriquecido, y seguirán enriqueciéndose, por cuenta de decisiones de funcionarios, entre ellos algunos subalternos directos de su padre. La huella quedó en sus propios libros. Unos activos avaluados en menos de 34 millones de pesos pasaron, en un solo día, a costar más de 3.000 millones. Todo por una decisión del gobierno nacional que declaró Zona Franca unos lotes comprados dos años antes, en diciembre de 2006, por una fiducia constituida por una empresa controlada por los hermanos Uribe.

 

Ante la imposibilidad de negar esta verdad probada, los hijos del Presidente han buscado desviar el debate hacia recovecos técnicos. Han usado de manera deliberadamente equívoca algunas normas. Y han querido atribuirme afirmaciones que no he hecho. Por fortuna, ustedes pueden ver cuando quieran la columna 'Sobrados de Lote', publicada en la edición anterior de SEMANA.

 

Los señores Uribe rehuyeron la posibilidad de hacer un debate cara a cara conmigo. Debate que sigo dispuesto a dar con las pruebas de lo que realmente he afirmado y con lo que aún me falta por decir.

 

Para empezar, desmintieron que hubiesen comprado por hectáreas, los terrenos que ahora se venden por metros cuadrados. Alegan que con el vendedor, Bavaria, negociaron en metros cuadrados. Ellos pueden haber negociado en acres o yardas, pero los documentos públicos de compra, que son las escrituras, demuestran que la adquisición se cumplió usando como medida principal las hectáreas. En contraste, las ventas están escrituradas en metros. (Ver documento).

 

Aseguran que esos suelos eran industriales antes de que ellos compraran y argumentan que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Mosquera del año 2000 los clasificaba como de "expansión industrial". Los señores Uribe pasaron por alto aclarar que "industrial" es diferente a "expansión industrial".

 

Mientras el suelo "industrial" se puede desarrollar como tal, el de "expansión" está reservado a planes futuros y sólo se puede industrializar después de que la autoridad expida un Plan Parcial específico para la zona. La norma establece que sin ese Plan Parcial sólo se permite el uso agrícola o forestal, aunque sea zona de expansión según el POT. (Ver documento).

 

Lo que permitió expandir la zona industrial fue un decreto de la Alcaldía de Mosquera, de agosto del año 2007, que adoptó en tiempo récord el Plan Parcial, ocho meses después de la compra de los lotes. (Ver decreto).

 

Pero esa no fue la única ayuda que los Uribe recibieron de la Alcaldía de Mosquera, cuyo titular era Álvaro Rozo. Otro decreto, emitido después de la compra, cambió el índice máximo de ocupación de los lotes de la zona. Antes sólo se podía construir en el 50 por ciento del terreno; con la norma de abril de 2007, ese índice pasó al 75 por ciento. Esto quiere decir que por voluntad de la Alcaldía, el área utilizable para construcción en cada lote creció y con ella los ingresos. (Ver cambio a la norma). Un porcentaje nada habitual en la Sabana de Bogotá y que le da a esta Zona Franca una ventaja sobre cualquier otra de la región. (Ver cuadro comparativo).

 

Por eso llama la atención que ALC, una empresa de tres hijos y dos hermanos del alcalde Rozo, terminara comprando parte de esos predios beneficiados por sus decisiones. (Ver documento).

 

Los hijos del Presidente sostienen que no le vendieron a la familia del alcalde a precio de ganga, las cifras dicen otra cosa. Cuando ellos compraron por hectáreas, el metro cuadrado les salió en 24.600 pesos. (Ver documento). Cuando les vendieron a los familiares de Rozo los lotes A y D, producto de la subdivisión, el precio por metro fue de 19.000 pesos. Es decir, perdieron más del 22 por ciento de la inversión inicial. (Ver documento).

 

La mejor prueba del trato preferencial que tuvo la empresa ALC, en la que hoy tiene oficina el ex alcalde Rozo, son los precios de venta para otras personas. Dos días después del negocio con ALC, el fideicomiso de los Uribe vendió otros dos lotes identificados como B y C -a lado y lado de los de los Rozo- por 53.300 pesos el metro cuadrado, con una utilidad del 116 por ciento sobre el precio inicial. (Ver documento).

 

Tomás Uribe me desafía, además, a que demuestre que su empresa se reservó terrenos en la zona. Pues bien, una escritura de mayo de 2008 comprueba que el fideicomiso transfirió el beneficio del lote E a su empresa Residuos Ecoeficiencia. (Ver documento).

 

La semana entrante les hablaré de las mentiras del Ministro de Comercio y les mostraré que hay una falsedad en la resolución de la Dian que creó la Zona Franca de Occidente.

 

Por ahora, quedan a la vista algunos de los discutibles principios y procedimientos que guiaron este negocio multimillonario.


Sobrados de lote

Por Daniel Coronell/APIC

 

En agosto de 2007, el alcalde emitió un decreto que expandió una zona industrial e incluyó los lotes en cuestión. Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros.

 

Los hijos del Presidente se han enriquecido por decisiones tomadas por funcionarios, algunos de los cuales son subalternos directos de su padre. El asunto desborda el ámbito de las actividades privadas de los señores Tomás y Jerónimo Uribe y hace necesario que expliquen, por ejemplo, cuánto entrará a sus bolsillos por cuenta de la creación de la nueva Zona Franca de Occidente.

 

El 18 de diciembre del año pasado, el director de la Dian expidió una resolución declarando "Zona Franca Permanente" un terreno de 32 hectáreas en predios de dos fincas de Mosquera (Ver documento). Dos años antes -en diciembre de 2006- esas propiedades habían sido adquiridas por una fiducia constituida por Residuos Ecoeficiencia, sociedad controlada por los hermanos Uribe, dueños de más del 60 por ciento de la compañía.

 

La junta de Residuos Ecoeficiencia -entre cuyos miembros, además de los hermanos Uribe, figuran como suplentes el padre y el hermano de la Primera Dama- autorizó al representante legal, Tomás Uribe Moreno (Ver documento), para suscribir un contrato con Fiduciaria Colpatria "para la compra de los terrenos El Paraíso y San Laureano en Mosquera (Cundinamarca)".

 

En virtud de ese contrato nació el "Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera", que compró las dos propiedades por un valor que sobrepasa los 8.600 millones de pesos. (Ver documento).

 

Allí funciona la planta de Residuos Ecoeficiencia, pero a los terrenos restantes no se les veía mayor utilización. Dos determinaciones tomadas meses después por el municipio de Mosquera, cuyo alcalde era el constructor Álvaro Rozo Castellanos, abrieron la perspectiva del negocio.

 

En Agosto de 2007, el alcalde emitió un decreto que -según documentos de la DIAN- expandió una zona industrial e incluyó los lotes en cuestión. Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros cuadrados.

 

En octubre de 2007, otra vez la alcaldía de Álvaro Rozo, a través de la Secretaría de Planeación, autorizó la subdivisión de los lotes pedida por Tomás Uribe. La resolución tuvo que ser corregida porque arrancaba afirmando "los señores Residuos Ecoeficiencia en su condición de propietarios", cuando legalmente el dueño era el Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera. (Ver documento).

 

Más allá de ese detalle, un tiempo después empezaron los cambios en la propiedad de esas tierras.

 

En marzo de 2008, el Patrimonio Autónomo le vendió a Inversiones ALC uno de los lotes producto de la subdivisión, por 702 millones de pesos, un precio de ganga si se tiene en cuenta la extensión y la ubicación del terreno.

 

Nada tendría esto de particular si no fuera porque los accionistas de ALC son tres hijos, dos hermanos y otro familiar del ahora ex alcalde de Mosquera Álvaro Rozo Castellanos, cuyas decisiones ayudaron tanto al proyecto. (Ver documento).

 

En los documentos comerciales consta que el ex alcalde de Mosquera fue socio fundador de la compañía ALC. (Ver documento).

 

En el terreno de la familia del ex alcalde Rozo, desde ya se anuncia la construcción del Parque Industrial Santo Domingo. Su mayor atractivo, según la página web de Inversiones ALC, consiste en que "quedará ubicado al frente de la futura Zona Franca de Occidente".

 

Residuos Ecoeficiencia, la compañía controlada por Tomás y Jerónimo, autorizó cambios en el contrato fiduciario FC-Lotes Mosquera. Gracias a esos cambios, los terrenos fueron entregados en comodato a una nueva sociedad llamada Zona Franca de Occidente (ZFO). (Ver documento).

 

Con los papeles en regla, ZFO solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas su concepto para la aprobación del proyecto. Esa comisión está integrada por altos subalternos del Presidente. Son ellos el Ministro de Comercio, el Ministro de Hacienda, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el director de la Dian y el Ministro Consejero de la Presidencia de la República.

 

Según informe de la secretaría técnica, en sesión del 28 de julio de 2008: "La Comisión decidió aprobar por consenso el Plan Maestro de Desarrollo General y emitir concepto FAVORABLE para la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente".

 

El expediente pasó a la DIAN, que tenía que autorizar, en últimas, la declaración del área como zona franca.

 

Todo esto sucedía en diciembre del año pasado. Mientras la Dian revisaba los requisitos, la junta de Residuos Ecoeficiencia se reunía para tomar importantes decisiones. Una de ellas fue la de escindir la sociedad para crear dos compañías nuevas.

 

Residuos Ecoeficiencia dio a luz a las empresas Ecoindustry S. A. y Yogur S. A. Los socios eran los mismos: Tomás Uribe, Jerónimo Uribe, Salvarte y Udo Johann Scheuten, un empresario de Medellín, de 30 años de edad. El único accionista que no fue convidado para hacer parte de las nuevas compañías fue una sociedad llamada Achlys Investment Corporation, conformada en Panamá con 10.000 dólares de capital, cuyos socios no aparecen en el registro mercantil panameño y cuyo representante se mantiene oculto en las actas. (Ver documento).

 

En la escisión, Tomás y Jerónimo Uribe, junto con su socio Udo Scheuten, decidieron transferir algunos activos de Residuos Ecoeficiencia a Yogur S. A. Entre esos activos estaban los derechos fiduciarios de FC-Lotes Mosquera. Esos derechos en los libros de Ecoeficiencia estaban valorados en 33.926.553 pesos, pero cuando entraron a Yogur S. A. pasaron a costar 3.092.998.621 pesos. Es decir, de acuerdo con la contabilidad, en unas horas el valor de esa inversión se multiplicó por 100. Una utilidad cercana al 10.000 por ciento. (Ver documento).

 

La compañía Yogur se constituyó el 17 de diciembre de 2008; un día después, la Dian emitió la resolución que convirtió los lotes del fideicomiso de la sociedad de los Uribe en la Zona Franca de Occidente.

 

El doctor Juan Pablo Rivera Cabal, gerente de la Zona Franca de Occidente, me dijo en una entrevista desde Estados Unidos que el negocio se había hecho a través de una fiducia y que "los dueños de la tierra son los hijos del Presidente; unos señores Duque de Medellín, muy prestantes; Francisco Díaz, de Corona, y dos hermanos de apellido Angarita, Guillermo y Alejandro".

 

Con excepción de Tomás y Jerónimo Uribe, todos los demás -a través de diversas empresas- poseen una tercera compañía llamada Tierras Mosquera S. A., que a su vez es dueña de la mitad de la Zona Franca de Occidente. En la telaraña societaria aparece otra compañía panameña -de las de 10.000 dólares y socios desconocidos- llamada Artlist Investment Corporation.

 

El doctor Rivera Cabal, quien tiene la esperanza de vender la totalidad de la zona en el curso de este año, señaló que, aun antes de iniciarse el proyecto, sabía que la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe controlaba los predios clave: "Sí señor. Desde el comienzo lo supimos y dijimos que nos interesaría trabajar si se manejaba desde el punto de vista empresarial privado".

 

El presidente Uribe conoce al gerente de ZFO y fue orador en el aniversario de la Zona Franca de Bogotá, dirigida también por el doctor Rivera. Allí dijo: "Apreciados usuarios de esta Zona Franca: todo lo que ustedes inviertan en este año y en los años venideros tendrá una deducción del 40 por ciento. Eso equivale a que de cada 100 pesos que ustedes inviertan, el Estado les contribuye con 12,8"

 

El gerente de la nueva zona franca explicó cómo les pagará a los dueños de los terrenos. "Recibirán un porcentaje por la venta de cada lote. Tendrán ingresos por la tierra, pero no por los edificios que se construyan". También dijo que hay un "precio piso", cuyos montos y porcentajes no puede informar porque hacen parte de la confidencialidad del negocio.

 

Un negocio que no termina para la empresa de los Uribe, porque su fideicomiso se reservó varios terrenos vecinos de la Zona Franca. (Ver documento).

 

Sin embargo, Tomás Uribe sostiene una cosa diferente. En conversación telefónica me aseguró que "el beneficio es muy relativo porque hace dos años habríamos podido vender los lotes a mejor precio". También afirmó que ellos nunca pidieron la aprobación de la Zona Franca. Pero resulta inocultable que se beneficiaron de la decisión, al punto de que recibirán un porcentaje por cada lote que allí se venda.

 

Residuos Ecoeficiencia fue constituida con 10 millones de pesos en el año 2003, cuando los hermanos Uribe aún eran estudiantes universitarios. Ahora el capital pagado de sus empresas sobrepasa los 1.000 millones de pesos, dos de ellas tienen superávit de capital que suman 4.200 millones, y son dueños del 12 por ciento de Promotora Gransabana, una empresa que -cómo no, a través de otro fideicomiso- compró otro lote, éste ubicado en Tocancipá y avaluado preliminarmente en 22.000 millones de pesos. 

Y apenas vamos por la mitad del segundo mandato de su papá.

 

Y de aquello nada, pero nada de nada

Por: NURIS PARDO CONRADO Vicepresidenta Nal APIC

18/04/2009

 


El departamento del Cesar va de mal en peor y su mandatario seccional poco hace para sacarlo del lodo de la crisis en que se hunde cada día más y más. Da la impresión que poco le importa lo que ocurre con sus congéneres que en cantidades ascendentes padecen penurias económicas, desempleo, violencia, exclusión social, falta de salud, educación e indiferencia estatal y él, como un simple espectador pasivo sin iniciativa ni creatividad propia, contempla con mezquino desdén lo que ocurre a su alrededor, incluso convirtiéndose en un factor generador de tales circunstancias negativas sobre la comunidad; tomando decisiones superficiales que bien pueden tildarse de “pañitos de agua tibia”, ante la enorme responsabilidad que le asiste como gobernante de todos los cesarenses de servir a la comunidad, propender por la prosperidad general y hacer efectivos los derechos y las garantías establecidas en nuestra Carta política fundamental.

 

Prueba de ello es que frente a la enorme crisis económica mundial que ya se siente en nuestros país con alarmantes trazos de recesión, la gobernación carezca de iniciativa para generar empleo masivo e insista obstinadamente en abstenerse de hacer grandes inversiones públicas tendientes a dignificar la existencia de la población menos favorecida de nuestro departamento, donde para vergüenza de todos, más del 45% de sus habitantes se encuentra por debajo de la línea de pobreza, por lo que la inversión pública social se convierte en la única tabla de salvación para generar empleo, ingresos y distribuir riqueza para la gente pobre del Cesar, de por sí golpeados por la indiferencia y la maledicencia propia del capitalismo salvaje.

 

¿Dónde están las grandes obras públicas que nos prometieron, donde están los mega-proyectos productivos, donde están los grandes comedores comunitarios, los grandes hospitales, donde están las vías arregladas, el aumento en la cobertura de la educación, la salud, agua potable y saneamiento básico, etc., etc.?. La población cesarense requiere menos retórica y más ejecución y quiere imperiosamente que su gobernante se aleje de una vez por todas del oscuro follaje de las palabras imprecisas y se lance sin más dilaciones a la realización de las grandes obras en beneficio general. Ya va más de tres meses del segundo año de gobierno y de aquello nada, pero nada de nada. De ahí las voces legitimas de la revocatoria del mandato, sobre las que muchos se atreven a decir ingenuamente que fueron desmontadas, cuando el inconformismo es in-crescendo.

 

Y ni que decir de la inseguridad reinante en el departamento del Cesar, donde la gente de bien estamos sitiados por la delincuencia sin que exista una estrategia integral y coherente de seguridad que le permita a la gobernación tener claridad hacia adonde va a dirigir los esfuerzos para contrarrestar el envión de los malhechores. Basta con abrir las páginas de este augusto diario para enterarse de la violencia fratricida que nos está ahogando, donde asesinar una o varias personas es algo cotidiano incluso a la luz del día y a la vista de todo el mundo, sin que se ejerza la autoridad debida para enfrentar esta triste realidad que nos tiene acorralados. Aguachica se ha convertido en un polvorín y ni que decir de Valledupar, donde todos los días asesinan por que sí y por que no, y muchas veces sin saber ni por que sí, ni por que no, amén de los delitos contra el patrimonio económico, la libertad y el pudor sexual, violencia intrafamiliar y últimamente, los temidos panfletos de limpieza social que en el sentir de la población, han dejado docenas de muertos los últimos fines de semana y las autoridades no pasan de simples consejos de seguridad para analizar la situación. El gobernador nos ofreció el nombramiento de una persona plenamente capacitada para dirigir el programa de seguridad, sin que se conozca hasta la presente el desarrollo de tal iniciativa.

 

Los Cesarenses de a pie no sentimos aún la acción pública de la gobernación, tal vez por que pusimos demasiadas esperanzas en un gobernador joven, ilustrado, locuaz e inteligente, proveniente del pueblo e incontaminado de las enquistadas mañas politiqueras, que tanto daño le han hecho al Cesar y que mantiene sub judice a sus antiguos lideres, pensamos que con la llegada de un personaje con estas loables características todo cambiaría para bien de los habitantes del departamento, pero para desgracia, desilusión y tristeza de todos, nada de esto ha ocurrido, ¿o será, que la crisis es tan grande que nos causa angustia todo lo que está ocurriendo?. Nos tocará seguir esperando con paciencia de misionero, o cómo dijo el ciego, amanecerá y veremos, y amaneció y nunca vio.

 

Acuérdese señor gobernador, que el año pasado quedaron más de ciento ocho mil millones de pesos del prepuesto departamental por ejecutar, constituyéndose en una indolencia a las enormes necesidades de los habitantes del cesar y en motivo de crítica para usted y su equipo de gobierno. Póngase las pilas para que no todo se le quede en ganas ya que con la llegada de la ley de garantía todo quedará congelado hasta nueva orden, esperamos que no sea esta entonces la excusa. 

nurispaco@hotmail.com 

 


CON TODAS LAS OLLAS PODRIDAS QUE SE HAN DESTAPADOS

 

¿Sera que el Presidente y Congreso son legítimos?

Por: William Hundelshauseen Carretero

Presidente Nacional de la APIC

 

El nombre de la política de seguridad democrática es la máscara con que se cubre la estrategia guerrerista y el enraizamiento  autoritario, intolerante y represivo que lidera el Presidente Álvaro Uribe Vélez; además de servir de burladero para esquivar la solución de los problemas estructurales que afectan a las mayorías nacionales.

Régimen impuesto al pueblo colombiano mediante la confluencia de la corrupción del sistema electoral, la manipulación mediática, los dineros de las mafias de la droga, la guerra sucia del Estado, la guerrilla  y  el paramilitarismo.

 

Las pruebas son numerosas e incuestionables, entre ellas el escándalo de la parapolítica, que destapó la corrupción del alto gobierno y provocó el desbordamiento de la impunidad, por la incapacidad de seguir cubriendo los delitos de la clase en el poder.

 

En todas las instituciones del Estado están empotrados representantes del narcoparamilitarismo. Salvatore Mancuso reconoció a la prensa en 2.006, que más del 40 por ciento de los integrantes del Congreso era cuota suya.

Hasta la fecha, 19 Senadores y 15 Representantes a la Cámara están en la cárcel, procesados por sus vínculos con autores de crímenes de lesa humanidad y por asociación para delinquir; otros 25 son investigados, además de varios que están en lista de la Corte Suprema de Justicia, para ser interrogados.

 

A esto hay que sumarle la penalización de varios gobernadores, altos oficiales de las Fuerzas Armadas gubernamentales, alcaldes, diputados, concejales y encumbrados funcionarios públicos entre ellos el jefe de la inteligencia del Estado (DAS). A pesar de que hay serios indicios y relaciones que involucran al Presidente,  no lo investigaron quedando libre porque el manto de la impunidad todavía alcanza a cubrirlo, el pueblo Colombiano espera que en esta oportunidad las altas Cortes logren con su nueva detención abrir el proceso investigativo y se diga la verdad, verdad que esperamos todos los ciudadanos de bien en esta linda nación.

 

Los implicados en el escándalo de la narco política son militantes del partido del Presidente, en su inmensa mayoría por no decir todos. En el proceso electoral en que salió elegido el actual Congreso, cerca del 50 por ciento de los votos procede de la maquinaria electoral del narco paramilitarismo, lo cual lo hace ilegítimo. Los mismos votos eligieron al Presidente de la República, no obstante a éste no lo han investigado, como se haría en otro país donde rija el estado de derecho y la democracia real.

Es evidente la ilegitimidad del Presidente Uribe, por la abrumadora crisis moral y política que contiene los medios que usa para imponer su seguridad democrática.

Si están en ruina los medios que usan, también debe cuestionarse la filosofía de la seguridad democrática: es una estrategia guerrerista en defensa de la oligarquía y los intereses de las trasnacionales, que busca la eliminación y el arrinconamiento de la oposición política y de las organizaciones populares.

 

Las fuerzas terroristas del Estado no han cesado y continúan en su actividad macabra: en los primeros tres meses del año pasado asesinaron a 17 sindicalistas. Los escuadrones de la muerte continúan activos con la tolerancia del gobierno. Las Águilas Negras, como se hacen llamar los paramilitares hoy en día, tienen amenazados a los organizadores de la Marcha del 6 de marzo del año pasado y han asesinado a seis líderes de ésta hasta la fecha, además de tener amenazados de muerte a integrantes de varias organizaciones sociales que opinan diferente al gobierno.

Con las 14 órdenes de captura proferidas  por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, ya son 1.495 los integrantes de la Fuerza Pública investigados por supuestos homicidios en persona protegida o ‘falsos positivos’.

La Fiscalía adelanta 1.230 investigaciones de civiles presentados como muertos en combate. La Unidad de Derechos Humanos procesa 848 investigaciones, mientras las seccionales otros 382 casos.

 

La última decisión proferida en estas investigaciones está relacionada con la muerte de tres jóvenes que fueron presentados como integrantes de la guerrilla del Eln y muertos en combate durante la “Operación Marcial” el 30 de marzo de 2007.

En el primer caso fueron asesinados los hermanos Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria, de 15 y 20 años de edad, quienes salieron de una finca del sector de Quebradanegra hacia el caserío Únete en Aguazul (Casanare), y en un restaurante donde desayunaban fueron abordados por militares del Gaula, quienes los sacaron del lugar y, presuntamente, los asesinaron a menos de 600 metros del sitio.

El tercero es un joven de 16 años identificado como William Martínez Suárez, quien fue obligado a bajar de un vehículo que cubría la ruta Yopal-Sogamoso (Boyacá), y ultimado en un retén del Ejército.

 

De acuerdo con la investigación, las tres víctimas vestían ropas y botas de tallas mayores a las que ellos usaban, y sus cuerpos fueron trasladados a la XVI Brigada sin los protocolos de necropsia, ni las correspondientes inspecciones de policía judicial.

Con esta investigación son 30 los procesos que se adelantan en Casanare por “falsos positivos” en los que se investigan a integrantes del Gaula, el DAS y el Batallón 44 de artillería.

De estos 30, 18 se encuentran bajo la Ley 600 y los 12 restantes con el nuevo sistema penal acusatorio. Entre los investigados aparecen tenientes, cabos y un mayor del Ejército.

Esto explica por qué los muertos son campesinos, sindicalistas y sencillos hombres y mujeres del pueblo; y por qué la solución política al conflicto social y armado no avanza.

Uribe Vélez confunde a la opinión pública nacional e internacional mediante una reiterada matriz comunicacional, que agiganta la responsabilidad de la guerrilla colombiana, a la vez que oculta los crímenes de las fuerzas del Estado terrorista, para aparecer entonces como adalid de la seguridad de los colombianos.

 

Pero además de estrategia de guerra y perversa mentira, ese es el mecanismo de distracción que utiliza el gobierno para evitar que salgan a flote los grandes problemas sociales, económicos y políticos que padece el pueblo colombiano y que requieren de soluciones con las que se abran caminos hacia la paz y la construcción de la nueva Colombia.

 

A pocos días de haberse iniciado el año 2009, ha caído sobre Colombia una espantosa crisis humanitaria, política y social, como aterradora expresión de los daños que ha causado al país el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

El país fue convertido por el actual gobierno en el más abyecto de América a los intereses políticos y dictados del gobierno del ex presidente George Bush.

 

La situación es tan grave que periódicos como El Tiempo, el de mayor circulación nacional, ahora propiedad de una empresa de la ultraderecha española, que fue en el pasado de reconocida independencia nacional y política, ha tenido que denunciar el desmoronamiento de la vida y economía de los colombianos. El diario liberal El Espectador, uno de cuyos directores, Guillermo Cano, fue asesinado hace varios años, ha renacido manteniendo la política informativa sobre la realidad de una disolución nacional del país bajo el gobierno Uribe Vélez que mantiene la nación bajo el peso de crimines y asesinatos de toda clase de gentes, de despojo del campesinado por narcos y paramilitares, de represión y encarcelamiento de estudiantes de importantes universidades de Bogotá, y de asesinatos de miembros de organizaciones campesinas, de ataques directos a balazos a los grupos indígenas y ciudadanos originarios de razas africanas.

 

Algunos ejemplos muestran lo dicho. El gobierno y la prensa inventaron la frase "falsos positivos" para describir asesinatos y crímenes de miembros del ejército y la policía contra jóvenes y gentes del pueblo. En sólo Bogotá fueron asesinados 19 jóvenes, cuyos cadáveres aparecieron a varios miles de kilómetros del lugar de los hechos, enterrados en tumbas colectivas. Pero resultó que lo que parecía un hecho aislado es una política criminal practicada y ejecutada en todas de las regiones colombianas. Como autores de esos asesinatos  aparecieron miembros del ejército y de la policía.

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