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A.P.I.C
 


DISTINCION "DIANA TURBAY QUINTERO" A PERSONALIDADES POR PARTE DE LA ASOCIACION DE PERIODISTAS INDEPENDIENTES DE COLOMBIA.

 

En diciembre 21 y 30, del año próximo pasado, fueron homenajeados los alcaldes municipales de Cereté (Córdoba) y Chibolo (Magdalena), respectivamente, condecorandoseles con el premio "Diana Turbay Quintero", en ceremonias que contaron con la presencia de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, quienes entregaron la máxima distinción que otorga, semestralmente, esta agremiación periodistica.

 

La Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, presidida por el periodista William Hundelshausseen Carretero, es una asociación sin ánimo de lucro, del orden sindical de primer grado, reconocida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante Resolución 004163 de 1993 y debidamente inscrita por ante la Jefatura de la División, Reglamentación y Registro Sindical del 6 de septiembre de 1993.

 

Durante la conderación del Doctor Francisco Padilla Petro, Alcalde Municipal de Cereté (Córdoba), realizada en el Centro Cultural "Raúl Gomez Jattin" el 21 de diciembre, por su loable labor administrativa y financiera al frente del gobierno municipal de la ciudad blanca, como se le conoce a esta pujante población por la explotación del cultivo de algodón, también se les hizo entrega de mención distinguida a los periodistas Oscar Pacheco, Javier Páez Julio, Germán Caballero y Domingo Rosso Aguas, por su trabajo periodistico.

 

El 30 de diciembre la Junta Directiva de APIC-Colombia se desplazó al Municipio de Chibolo (Magdalena), para condecorar con la máxima distinción o premio "Diana Turbay Quintero" al Doctor José Dario De Avila Cantillo, homenaje que se llevó a efecto en la plaza principal de la población magdalenense y contó con una nutrida participación. El burgomaestre se hizo acreedor a esta condecoración por haberse destacado en la ejecución de programas sociales y su lucha por la erradicación de la pobreza en esta población agropecuaria del centro del departamento del Magdalena.

 

Dentro de las personalidades distinguidas que se hicieron acreedoras a la máxima distinción "Diana Turbay Quintero" 2012, de la APIC-Colombia, también figura el alcalde de Nueva Granada (Magdalena), doctor Joaquín Alfonso Cortina Sulbarán, a quién le será entregada la medalla al merito y condecorado con pergamino y placa por su gestión al frente de dicha municipalidad.

 

El Premio y distinción máxima "Diana Turbay", fué creada por APIC-Colombia, para rendir un póstumo homenaje a la periodista Diana Turbay Quintero, quién el proximo 25 de enero de 2013 cumple 22 años de haber sido asesinada, en un fallido operativo de rescate, por parte del narcotráfico.

 

 

Ataques a la prensa

Herida locutora en ataque terrorista con explosivo contra emisora comunitaria

Por: Elespectador/APIC

 

En el ataque perpetrado con una granada de fragmentación resultó herida la locutora Paola Osorio de la emisora Sarare Estéreo.

 

Una locutora resultó herida en los brazos tras el ataque terrorista contra una emisora comunitaria a la que también pertenecen una periodista y una ingeniera ambiental secuestradas hace dos semanas por sujetos del ELN, denunció el sábado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

 

Según un comunicado difundido en Bogotá por la FLIP, en el ataque perpetrado con una granada de fragmentación resultó herida la locutora Paola Osorio de la emisora Sarare Estéreo, de Saravena, población del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

 

Explica que la acción se produjo el viernes cerca de la media noche cuando desconocidos lanzaron el artefacto contra las instalaciones de la emisora protegida por anillos de seguridad policiales.

 

"El explosivo detonó a unos metros de la Emisora e hirió a la locutora que salía en ese momento de las instalaciones", señala el comunicado de la ONG.

 

El comandante de la Policía de Arauca, coronel Wilson Bravo, citado por la FLIP, señaló que "una periodista recibió heridas leves" y que "el ataque era contra un servicio de Policía".

 

Emiro Goyeneche, director de la radio que lleva 17 años al aire dijo a la FLIP que Sarare Estéreo ha sido la voz de la comunidad pues ha denunciado hechos violentos de las guerrillas y cuando ha habido abusos de la fuerza pública contra la población.

 

Según Goyeneche, ese trabajo le ha valido constantes intimidaciones contra sus periodistas e instalaciones.

 

La Defensora del Pueblo de Arauca dijo a la FLIP que la situación en Saravena es muy difícil y recordó que el miércoles pasado estallaron dos granadas en cercanías de Personería Municipal.

 

El pasado 25 de julio, guerrilleros del ELN secuestraron, en dos acciones terroristas en Saravena, a la periodista Élida Parra y ala ingeniera ambiental Gina Paola Uribe.

 

Parra dirige un programa para niños en la emisora comunitaria Sarare Estéreo.

 

Las mujeres siguen en poder de los secuestradores. Ambas están vinculadas con firmas contratistas de un consorcio de petroleras que construyen el Oleoducto Bicentenario de Colombia (OBC), que transportará crudo del Arauca hasta un puerto de exportación en el mar Caribe.

 

La FLIP pidió a las autoridades protección para la Emisora, directivos y periodistas y solicitó a la Fiscalía que investigue todas las amenazas.

 

Un reciente informe de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) indica que las radios comunitarias han sido los medios más afectados por los ataques y las amenazas al ejercicio periodístico durante el primer semestre de este año en el país andino.

 

En ese tiempo han sido asesinados tres periodistas que trabajaban en radio comunitarias, carácter que tenían tres de las cuatro estaciones cuyas instalaciones recibieron ataques en el mismo período.


Periodistas empíricos podrán obtener su título profesional

 

El Politécnico Gran Colombiano y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), firmaron un convenio para profesionalizar a 3.000 periodistas empíricos de todo el país, quienes podrán homologar sus estudios técnicos y tecnológicos obteniendo un descuento entre el 10 y 15 por ciento en la matrícula si pertenecen al CNP.

 

Los periodistas tendrán la oportunidad de finalizar su carrera de manera presencial o virtual, cuando entre en vigencia la alianza a partir del primero de agosto de este año, que les otorgará el título de Comunicador Social y Periodista.

 

Los aspirantes deberán manejar un promedio no menor a 3.8 y escoger como mínimos 5 materias por semestre, la Universidad tiene la facilidad de homologar créditos académicos que los periodistas hayan realizado con anterioridad y quedaron inconclusos.

 

“Cada caso de homologación o convalidación de saberes se estudiará por aparte. Se estudiará la hoja de vida de cada persona desde su formación académica y la experiencia profesional certificada que tenga”, aclaró Sergio Hernández, decano de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes del Politécnico Gran Colombiano.  

 

Otro de los beneficios que ofrece el convenio será un descuento para los afiliados del CNP que deseen realizar programas de posgrados, igualmente presencial y virtual.

 

Según el presidente del CNP, Gabriel Salcedo, este proyecto dejará “huella en la historia del periodismo colombiano, haciendo que cada uno de los periodistas de nuestro país obtenga la certificación que lo acredite profesional, logrando que su labor sea reconocida legalmente y así poder trabajar en las diferentes organizaciones de Colombia, incluyendo las instituciones del Estado”.


Nadie entiende nada en el caso de Sigifredo López

 

La fiscalía tiene tres testimonios, que considera creíbles y comprometedores, de exguerrilleros contra sigifredo.

 
¿Qué lleva a la Fiscalía, a pesar del cotejo de voces favorable, a pensar que Sigifredo López es culpable?

 

Se suponía que el dictamen del FBI sobre el cotejo de voces iba a definir el asunto. No fue así. El concepto de la agencia norteamericana fue favorable para Sigifredo López, pero no contundente: "El cotejo de la voz desconocida y la muestra de Sigifredo López resultaron en una probable decisión que no coincide", dice la traducción oficial. Aun así, y para sorpresa de muchos, la Fiscalía tomó la decisión de dictar medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el exdiputado.

La medida estaba sustentada en que, independientemente del tema de la voz y del perfil en el video, había testimonios que involucraban al exdiputado en los delitos de secuestro, homicidio, perfidia y rebelión, por los cuales había sido detenido originalmente. Los nuevos testimonios son cuatro. El primero es el de la guerrillera María Eugenia Mina, alias la Negra, que fue interrogada por la Fiscalía en enero de 2008, cuando se desmovilizó. Ella asegura que López tenía un trato preferencial, "comía mejor que el comandante", y hasta recibió a su esposa, que llegó al Timbo (Cauca) con "lentes oscuros y pañoleta negra". Según el relato de la guerrillera, ella misma hizo parte del esquema de seguridad que acompañó a López a ese encuentro con su mujer.

 

El segundo es el de César Salazar González, exmiembro del ELN, que dice que el comandante Camilo Cienfuegos le mandó 200.000 dólares a López para que ayudara en la fuga de un guerrillero preso, alias Julián, que efectivamente se escapó de la cárcel. Agrega que López luego se reunió con Julián y le llevó los planos de la Asamblea del Valle.

 

El tercer testimonio es de otro guerrillero, Edver Fajardo, alias Camilo. Este dice haber visto al exdiputado reunirse con jefes subversivos en cinco oportunidades. Sostiene, además, que le consta cómo Sigifredo en una de estas reuniones "aparece con la brillante idea de un secuestro", pero que no era para todos los diputados, sino solo para Juan Carlos Abadía. Agrega que en otra reunión les explica con una maqueta la estructura de la Asamblea del departamento. Fajardo también afirma que Sigifredo cuidó en su casa a una guerrillera, novia de un comandante, que estaba herida en un codo por un "balazo". Y dice que después de la retención de los diputados se presentó un bombardeo y que si no hubiera sido porque Sigifredo llamó al presidente Andrés Pastrana y al general Canal para que lo frenaran, habrían muerto. Pastrana ya desmintió esa versión, aclarando que nunca recibió una llamada de Sigifredo. El cuarto testimonio es el de Diego Antonio López, que estuvo en la Asamblea el día del secuestro y dice que Sigifredo "hacía señas con sus manos en señal de tranquilidad" a los secuestradores.

 

Todo lo anterior, en lugar de aclarar las cosas, aumentó la confusión. En primer lugar, si Sigifredo es sospechoso de delitos atroces, por qué se le dio el tratamiento benévolo de casa por cárcel. Por cargos considerados menos graves están presos, sin haber sido aún condenados, los investigados por Agro Ingreso Seguro, carrusel de la contratación, chuzadas, etcétera.

 

Otro elemento curioso es que, con excepción del testimonio de la guerrillera, los otros por los cuales no ha quedado libre fueron incorporados al proceso después de la detención del exdiputado. Casi todas esas versiones, de ser reales, demostrarían unos nexos de López con las Farc que darían, por lo menos, para cargos de farcpolítica. Lo que está por establecerse es si son verdaderos o ficticios, pues también hay varios testimonios de exguerrilleros de las Farc que exonerarían al dirigente vallecaucano. Además del ya conocido del guerrillero alias Santiago, que dijo que la voz del video era del comandante Jota, que dirigió el secuestro y más tarde fue dado de baja, hay dos más. Uno es el de Reinaldo Valencia, alias El Cabezón, exjefe de extorsiones y secuestros de las Farc, que acusó al abogado Gustavo Muñoz de haberle ofrecido un asilo en Suecia a cambio de que declarara contra Sigifredo. Curiosamente, dio el testimonio en que culpaba a López en 2008, es decir, por la misma época que el de la guerrillera ya mencionada que lo implica en el secuestro. El otro es del congresista Luis Fernando Velasco, que fue exonerado de acusaciones de farcpolítica y asegura que el montaje que le inventaron con testigos falsos fue hecho por el mismo combo del abogado Muñoz.

 

Los correos que aparecieron entre Tirofijo, Alfonso Cano y Timochenko en el computador de Alfonso Cano evidenciaron que los cabecillas de las Farc no tenían conocimiento de que López fuera aliado de ellos en ese secuestro. Algunos escépticos alegan que, dados los problemas de comunicación entre los diferentes frentes y la autonomía que cada uno tiene, no sería totalmente imposible que el entonces diputado fuera cómplice sin el conocimiento de esos jefes. Sin embargo, para un episodio que duró siete años, esa falta de información desafía la credibilidad.

 

También existe la posibilidad de que hubiera contactos en el pasado entre López y las Farc. Él fue alcalde de Pradera, el municipio del Valle del Cauca que, sumado a Florida, las Farc pidieron como zona de despeje después del fracaso del Caguán. El hecho de que esos dos municipios fueran seleccionados por ellos es un indicio de que esa organización subversiva tenía influencia allí. En zonas de guerra como esa, para ejercer la política, con frecuencia se requería algún tipo de acuerdo tácito con la guerrilla, tal como sucedía con los paramilitares en las regiones controladas por estos. Y la participación en política de la familia en el municipio no se acabó con el secuestro, pues la esposa de Sigifredo (durante el cautiverio de su marido) fue candidata a la alcaldía de Pradera (pero perdió). Los que ven en esta coincidencia geográfica posibilidad de nexos con las Farc agregan que no se puede deducir automáticamente que los testimonios de guerrilleros en contra de López sean falsos, pues no tendría explicación que unos subversivos quieran acabar con la vida de un hombre reconocido como de izquierda inventándole acusaciones sin motivo alguno.

 

La posición de López sobre su situación es que se están descartando todas las pruebas a su favor y solo se tienen en cuenta las que lo incriminan. Agrega que cuando lo detuvieron le notificaron que la única evidencia que había en su contra era el video y por lo tanto era difícil de entender la decisión de la Fiscalía de mantenerlo preso después de que esta prueba había quedado sin piso. Por primera vez insinuó que detrás de todo esto podía haber algo más que un simple error judicial. Y aunque su tono no fue agresivo, pidió un cambio de fiscal, diciendo que espera que Montealegre "ponga en la investigación a un verdadero jurista, porque no tenemos garantías procesales". El fiscal atendió su pedido y el caso quedó a cargo de la fiscal Marta Lucía Zamora, la coordinadora de los fiscales delegados ante la Corte y una de las más respetadas del búnker. Los familiares de los 11 diputados asesinados en esa tragedia, que habían compartido con la esposa de López el calvario de los siete años de secuestro, lo respaldaron.

 

De todo lo anterior surgen muchos interrogantes. La falta de lógica que tenía la acusación original sigue vigente. Nadie abandona el hogar, deja de ver crecer a sus hijos, ni pone a llorar a su mamá durante siete años voluntariamente a cambio de nada. Si López hubiera sido cómplice y todo fuera un montaje, la coartada más fácil hubiera sido inventarse una fuga. Los nuevos testimonios en su contra tienen elementos tanto realistas como inverosímiles como para llegar a una conclusión judicial definitiva.

 

También llama la atención que la tecnología norteamericana del siglo XXI no haya podido definir en forma irrefutable el tema de las voces. El dictamen del FBI da la impresión de que es casi seguro que no sea Sigifredo, pero no seguro. En todo caso, mientras se define la suerte final de Sigifredo López, no quedó muy bien parada la Dijin, puesto que la única prueba con base en la cual lo detuvieron, que era el video con la voz y el perfil, fue prácticamente anulada por unos técnicos de mucha mayor credibilidad. 

 

La medida que ordenó la Fiscalía la semana pasada reafirma los fuertes indicios que tiene la Justicia en torno a la posible culpabilidad de Sigifredo. El fiscal sabe que en este caso se está jugando gran parte de su credibilidad. Los testimonios de los exguerrilleros que comprometen a Sigifredo tienen para la Fiscalía alto valor probatorio. A esto habrá que sumarle la conclusión definitiva sobre el cotejo de voz. Con todo este acervo probatorio se armara el caso para la acusacion que tendrá que hacer la fiscal Zamora. Pero la última palabra sobre su inocencia o culpabilidad la tendrá un juez de la república.

 

 

Graban video porno en el Castillo de San Felipe

    

Este es el actor principal de la producción. La salida a la luz de un video pornográfico con escenas sexuales en el Castillo de San Felipe de Barajas, envuelve a Cartagena en otro escándalo sexual.  

 
La producción audiovisual de 41 minutos 20 segundos, utiliza como escenario principal hasta el minuto 10 a la fortificación situada en el Cerro San Lázaro, incluida por la Unesco dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad en 1984.

 

El entramado de la película se desarrolla a plena luz del día cuando una mujer voluptuosa de acento de la Región Pacífica simula trabajar como guía del atractivo turístico mientras es abordada por el protagonista del video, un joven no mayor de 30 años.

 

Después de recorrer varios puntos de la fortificación militar construida en 1536, los actores se dirigen a uno de los sectores poco transitados de la parte superior del monumento e inician con afán algunos juegos preliminares que derivan en sexo.

 

Más adelante continúan las escenas de contenido adulto en un hotel, al parecer, del Centro Histórico.

 

Cabe destacar que por ser el Castillo San Felipe de Barajas la edificación militar española más grande del Nuevo Mundo, fue, en abril pasado, uno de los lugares escogidos por la organización de la Cumbre de las Américas para albergar en una fiesta a 33 de los presidentes más influyentes del continente.

 

Asimismo, llama la atención que se trata de la misma productora pornográfica (‘Culioneros’) que desató el escándalo a principios de mayo pasado por realizar una filmación sexual sin autorización en una casa de Paintball en el sector turístico de Bocagrande.

 

Los vídeos producidos por esta página web al parecer financiada por la gigante productora estadounidense ‘Bangbros’, hacen parte de la misma secuela que filmó unas escenas pornográficas en la Estación de Bomberos de la Gobernación del Atlántico, imágenes que desataron hace 3 meses un escándalo de similares características.

 

“Repudiamos el hecho”

 

Claudia Fadul Rosa, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, entidad responsable del manejo de monumentos de Cartagena y los fuertes de Manzanillo y Bocachica, explicó a El Universal que repudia el hecho aunque desconoce la producción pornográfica.

 

La funcionaría que admitió haberse enterado de este suceso a través de este matutino indicó que “jamás en la vida se autorizaría que se hiciera un video de esas calidadades en un lugar tan sagrado para nosotros, puede ser un montaje...”.

 

Fadul Rosa aseguró que interpondrá ante la Fiscalía una denuncia contra la firma productora del video en cuestión. “Repudiamos ese tipo de cosas... inmediatamente haremos las denuncias pertinentes”.

 

Agregó que el uso de cámaras fotográficas y filmadoras están permitidas para todos los turistas que entran pagando el costo de la boleta. Pero advirtió que quienes pretenden hacer videos comerciales necesitan la autorización de la gerencia.


Conflicto armado: el retorno de un fantasma

 

 Los atentados de Bogotá y la muerte de 12 militares en La Guajira pusieron al país urbano ante la realidad de un escenario que aún es capaz de sacudirlo. Los militares insisten en que, pese a todo, su nueva estrategia ya empezó a dar resultados. 


Un fantasma está de vuelta en Colombia: el del conflicto armado. Pese a que los dos últimos gobiernos han hecho toda clase de esfuerzos por pasar la página de la guerra, en menos de una semana el país fue devuelto a una realidad dramática: la confrontación no solo sigue cobrando víctimas en zonas marginales sino que uno de sus tentáculos alcanzó el corazón de la capital.

 

Este es el significado profundo de la desactivación del carro bomba frente a una sede de la Policía y la explosión que casi le cuesta la vida al exministro Fernando Londoño, ocurridos con horas de diferencia en Bogotá, y de la muerte de 12 soldados a manos del frente 59 de las Farc en un paraje remoto de La Guajira, seis días después. En menos de una semana, la Colombia urbana quedó frente a frente con un demonio que prefería creer exorcizado. El terror, que es la norma para muchos habitantes de las regiones donde arrecia el conflicto armado interno, vino a recordar brutalmente al centro moderno del país la brecha que existe entre las cifras sobre inversión y prosperidad y la amarga realidad de una guerra de medio siglo cuyos coletazos todavía pueden revivir imágenes de tiempos que parecían superados. Sin previo aviso, la 'otra Colombia', como llaman algunos a esa nación lejana de la guerra y las víctimas, estalló en Bogotá.

 

Aunque el alto gobierno se ha cuidado de atribuir los hechos de la capital a las Farc, las hipótesis de la inteligencia oficial se inclinan hacia esta guerrilla como la más probable responsable. Si esto es cierto, ¿cómo y a qué hora recuperaron las Farc la capacidad para hacer en el área urbana más neurálgica del país, de la que presuntamente habían sido erradicadas, un atentado que demanda refinadas capacidades de inteligencia y ejecución? (Y, si no fueron ellas, las preguntas son aún más inquietantes). Para colmo, por primera vez lo ocurrido, en lugar de unir al establecimiento frente a la amenaza del terror, se ha convertido en munición para el pugnaz enfrentamiento que protagonizan el presidente y su antecesor, Álvaro Uribe, cuyo principal caballo de batalla es, precisamente, el de la seguridad. Inédito choque de trenes que, de no frenar, puede acabar sumando potencia a la onda expansiva de la explosión capitalina.

 

Más allá de la autoría y de la pugna política, lo sucedido es todo un campanazo de alarma en materia de seguridad. Por tener a Bogotá como escenario. Pero también por los hechos de La Guajira. El frente 59 estaba prácticamente inactivo (o refugiado en Venezuela, según algunas fuentes). Se le había atribuido la explosión de un camión bomba contra la estación de Policía de Maicao, que dejó varias víctimas civiles, el 5 de diciembre. Pero esa estructura 'durmiente' reaparece con el letal ataque que cobró la vida de 12 militares.

 

Dos hechos de gran resonancia que vienen a reforzar el argumento de algunos analistas: la seguridad se está deteriorando. La Fundación Seguridad y Democracia de la Universidad de la Sabana, de Alfredo Rangel, proporcionó a SEMANA/APIC sus datos hasta abril de este año. El cuadro que pinta es el de un preocupante número de acciones de las Farc y una caída de los combates contra ellas por iniciativa de la fuerza pública. Según Rangel, el secuestro extorsivo aumentó en 27 por ciento en el periodo enero-abril comparado con el año anterior, con la delincuencia común relevando a las Farc como perpetradora. Los retenes ilegales se multiplicaron por cuatro y llegaron al número más alto en seis años, al igual que los atentados contra la infraestructura, que aumentaron en 57 por ciento frente a 2011 -sobre todo aquellos contra la industria petrolera, que sufrió en promedio un ataque cada tres días en estos cuatro meses-. Aunque los ataques guerrilleros contra la fuerza pública disminuyeron levemente, casi triplican los de 2008. Un dato inquietante es el crecimiento de las emboscadas y los ataques a instalaciones policiales, algo que la guerrilla se había visto obligada casi a suspender.

 

Los militares presentan un cuadro muy distinto. SEMANA/APIC tuvo acceso al primer balance que ha hecho el Ministerio de Defensa de la nueva estrategia militar frente a la guerrilla, que lleva unos pocos meses en pie y fue diseñada justamente para hacer frente a los cambios en su accionar.

 

Sus datos comparan el periodo de enero primero a mayo 15 entre 2011 y 2012. Aumentos en capturas (72 por ciento), de muertes en combate (39 por ciento) y de desmovilizaciones de guerrilleros de las Farc se presentan como muestra de "una vocación más ofensiva de la fuerza pública". Las denuncias por extorsión, que venían creciendo en años anteriores, se reducen. El secuestro extorsivo es el más bajo en una década y el número de masacres, el menor desde 2008. Se insiste en que bajo este gobierno se han dado operaciones que llevaron a la muerte de los máximos jefes de las Farc ("habíamos llegado hasta el número 3 pero nos faltaban el número 1 y el número 2", dijo el presidente hace poco, en alusión a las muertes del Mono Jojoy y Alfonso Cano, durante su mandato). Y que ha habido golpes "históricos", como los bombardeos en Arauca y Meta, en marzo, que cobraron las vidas de casi 70 guerrilleros, y la muerte o captura de 30 mandos medios de las Farc en lo que va de este gobierno. Hay resultados también contra el ELN y las llamadas bandas criminales, los grupos herederos de los paramilitares. Y se pone de presente que la mitad de las acciones de las Farc se concentra en apenas 15 municipios de seis departamentos, en zonas marginales del país (y el 80 por ciento de las acciones del ELN en tan solo cinco municipios de tres departamentos).

 

El comandante del Ejército, mayor general Sergio Mantilla, es categórico: la nueva estrategia oficial, que se concentra en atacar diez 'áreas base' a las que se ha replegado esta guerrilla con sus frentes más importantes, ya empezó a surtir efecto. "Los resultados son inevitables. Es cuestión de tiempo" -dijo a SEMANA/APIC-. El general insiste, además, en que el ruido de una bomba no debe hacer perder de vista que la derrota estratégica de las Farc es irreversible: "el Plan Renacer de las Farc (mediante el cual retornaron a la guerra de guerrillas y al recurso a francotiradores, explosivos, emboscadas y hostigamientos para resistir la masiva ofensiva oficial) es táctico, para ganar tiempo. Su plan estratégico, que era dominar la cordillera Oriental para cercar a Bogotá, fracasó, sostiene. Toma tiempo. Pero se tomaron las decisiones correctas, y todas las fuerzas están alineadas", concluye.

 

Es cierto que no hay el menor indicio de que las Farc puedan revertir su situación de derrota estratégica. Pero también es verdad que la nueva estrategia oficial ha llegado con notorio atraso. El deterioro de algunos indicadores de seguridad viene desde 2008-2009, y a este gobierno le tomó año y medio ponerla en pie.

 

El gobierno Santos está ante un problema creciente. Y no solo por razones de percepción. Junto a las cifras oficiales optimistas hay otras que no lo son, y el gobierno, pese a los logros que exhibe, se está viendo cada vez más cuesta arriba para convencer al país de que la seguridad mejora. Esta es la gran paradoja de la situación actual, que ni el presidente ni su ministro de Defensa han logrado romper. Pese a que insisten -con razón- en que nunca se habían dado a la guerrilla golpes tan contundentes como en estos dos años, el país asiste cada día más escéptico a un ataque tras otro de las Farc. Si la nueva estrategia no empieza a arrojar pronto resultados contundentes (o si nuevos atentados sacuden las ciudades) Juan Manuel Santos estará en verdaderos líos.


¿Sigifredo López, un Judas?

 

La Fiscalía tiene una prueba contundente para acusar a Sigifredo López de ser el responsable del secuestro de los diputados que fueron asesinados posteriormente por las Farc. SEMANA/APIC revela, sin embargo, una prueba igual de contundente que podría exonerarlo.  


Un país que creía haber visto todo en materia de violencia irracional se declaró estupefacto el miércoles con una noticia que, de llegar a confirmarse, sería la más insólita en los 50 años del conflicto armado. La Fiscalía ordenó la captura de Sigifredo López por su presunta participación en el secuestro de los diputados del Valle, ocurrido en 2002. Hasta ese día, el país estaba convencido de todo lo contrario: de que Sigifredo, el único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle, había perdido casi siete años de su vida como víctima de ese plagio en la selva. Es más, el hoy candidato a la Gobernación del Valle está esperando que resuelvan una demanda a su favor como víctima por 7.845 millones de pesos.

 

La historia, si resulta cierta, no tendría parangón con ninguna otra ocurrida en Colombia o en el mundo. La Fiscalía lo sindica de secuestro, homicidio agravado, perfidia y rebelión. Eso quiere decir que cree que Sigifredo López, cuando era diputado del Valle en 2002, no solo ayudó a la guerrilla a planear su propio secuestro y el de 11 de sus compañeros de la Asamblea Departamental, sino que habría sometido a su familia y a sus dos hijos –Lucas, de 13 años, y Sergio, de 11– a la tortura de considerarlo secuestrado durante seis años y diez meses. Tal vez, ni siquiera los ‘falsos positivos’ llegarían a compararse con esta historia.

 

En todo caso, la teoría del autosecuestro es la que por ahora cree la Fiscalía. Y para sustentarla tiene por lo menos una prueba que considera prácticamente definitiva. Todo empezó cuando el CTI entregó en marzo, en el despacho del fiscal general, el informe sobre el computador de Alfonso Cano, que fue hallado en noviembre tras la operación militar en la que cayó abatido el entonces comandante de las Farc.

 

Entre los hallazgos había un video sin editar en el que aparecía una filmación del recinto de la Asamblea del Valle y varias presentaciones de distintas personas. Una de estas presentaciones, según el informe del CTI, llamó la atención de uno de los investigadores porque, por la voz, reconoció a Sigifredo López, con quien había tenido contacto regular. El asombro llegó cuando escucharon al hombre de la voz de Sigifredo exponer cómo funcionaba la seguridad del edificio de la Asamblea del departamento. Con un plano, expuesto de manera vertical y hecho a mano alzada, el hombre iba explicando ante la cámara quién ocupaba cada una de las oficinas, indicaba con flechas cuáles eran las rutas de ingreso y de salida y hasta la ubicación de cada diputado en las sesiones de la corporación. Incluso, señaló en dónde quedaba el CAI y la Policía y se refirió a ellos, según le contó a SEMANA/APIC uno de los investigadores, como “el enemigo”.

 

El video fue grabado en un recinto cerrado. La cámara se fija en el plano, no se ve si hay público y el expositor se ubica de tal manera que no se ve su cara. Sin embargo, en un corto momento el personaje se sale de la sombra que crea el contraluz y se alcanza a ver algunos rasgos de su cara y su perfil. Con estos dos elementos: la voz y el perfil, la Fiscalía le pidió a la Dijín, que tiene los mejores laboratorios del país y los más experimentados peritos en técnicas forenses, que hicieran dos pruebas científicas: un cotejo de voces y un estudio morfológico, es decir, una comparación del perfil del video con el de Sigifredo. SEMANA/APIC tuvo acceso a los resultados de las mismas.

 

Para el primer peritaje se tomó el audio del video y se comparó con el audio de una prueba de supervivencia de López cuando estuvo secuestrado y con una entrevista que dio inmediatamente después de su liberación. La conclusión es que “hay correspondencia en datos perceptuales y lingüísticos”. Los peritos explicaron que en las tres grabaciones, por ejemplo, se registra una particularidad constante: un problema de dicción con la letra ‘r’, no cuando está al principio de una palabra (como en ‘radio’), sino en el medio (como en ‘agricultura’).

 

Así mismo, para el análisis morfológico los forenses compararon el perfil congelado del video (del momento en que el expositor se deja ver de la cámara) con una imagen del exdiputado en postura similar sacada del video que hicieron las Farc cuando llevaban a los diputados secuestrados en una buseta. El análisis de las dos imágenes superpuestas en acetatos arrojó que “existe concordancia simétrica con los rasgos morfológicos presentes en la región buconasal, siendo individualizantes por la forma y características de la nariz y la boca. Igualmente, presenta bigote en las imágenes comparadas”. Es decir, según los investigadores, al superponerlas, las piezas coinciden milimétricamente en los puntos sobresalientes que son la nariz, el mentón y los labios, que en el caso de López son bastante particulares.

 

En conclusión, tanto el análisis de voz como el de imágenes indican que el expositor del video y Sigifredo López serían la misma persona. Sin embargo, es importante aclarar que estas dos pruebas técnicas permiten “individualizar”, pero por sí solas no alcanzan para “identificar” a una persona. En otras palabras, son elementos que –por la gravedad de los delitos involucrados– dan para ordenar una captura, pero no bastarían para consolidar una sentencia. Para esto se requiere certeza probatoria, una evidencia que solo se alcanza con la identificación plena que ofrece un análisis de la huella dactilar, la carta dental o una prueba de ADN. Como estos elementos son imposibles para el caso, lo que se hará es un cotejo acústico más complejo que partirá de una muestra tomada de manera directa en un estudio donde se podrán medir y comparar, con gran precisión, frecuencias, ondas y demás particularidades sonoras. En 15 días se estará practicado este examen que se considera tan determinante como una huella dactilar.

 

Independientemente de esta prueba, hay otros elementos tanto a favor como en contra del sindicado. Desde la masacre de los otros 11 diputados, en junio de 2007, hay quienes comenzaron a sembrar las dudas de por qué Sigifredo había quedado vivo. Tanto así que cuando salió libre esa fue una de las preguntas que con más insistencia le formularon los periodistas. Y ese sambenito lo ha perseguido hasta ahora.

 

Hay quienes sacan a relucir datos de su vida para tratar de confirmar esa macabra hipótesis. Por ejemplo, dicen que se inició en la izquierda, en el Moir. O que nació y cosechó su fuerza política en Pradera (Valle), municipio que la guerrilla pidió al gobierno Uribe como zona de despeje para un canje de secuestrados por guerrilleros. Y, más recientemente, lo señalaron de recibir apoyo de grupos ilegales (Rastrojos y Farc) en su campaña al Senado, razón por la cual la Fiscalía le abrió indagación el año pasado.

 

Sin embargo, para cada una de esas sospechas existe una posible explicación. Su paso por la izquierda fue en su adolescencia y rápidamente templó en el Partido Liberal, en la corriente de Carlos Holmes Trujillo. Ser de Pradera no significa automáticamente ser guerrillero. Y Antonio Navarro, hasta el año pasado gobernador de Nariño, aclaró: “Se comprobó que el doctor López tuvo una votación atípica alta, pero eran Rastrojos, no Farc”.

 

Pero esos terminan siendo simples detalles frente al interrogante de fondo: ¿qué sentido tiene que Sigifredo se hubiera autoflagelado en la selva y flagelado a su familia con su ausencia? En caso de que él realmente hubiera urdido el secuestro, ¿qué necesidad tenía de ir ese día a la Corporación a exponer su vida en un eventual cruce de disparos? ¿No habría podido faltar a la sesión, como ese mismo día lo hizo el entonces diputado Juan Carlos Abadía, quien se salvó del plagio?

 

Nadie deja de ver crecer a sus hijos ni vive siete años en la selva para sostener un cañazo. Si el propósito era que nunca sospecharan de él, lo lógico habría sido inventarse con la complicidad de las Farc un escape al poco tiempo del secuestro y luego aparecer de regreso a la civilización como ya lo habían hecho John Frank Pinchao y Fernando Araújo.

Uno de los investigadores intenta una explicación para este acertijo: “Él tal vez pensó que era un secuestro corto y que podría venir rápido un intercambio humanitario”. Otra posible interpretación es que las Farc, después de recibir su ayuda, lo engañaron y decidieron no liberarlo.

 

Sin embargo, todas esas hipótesis quedan sin piso ante unos correos hallados en el computador de Raúl Reyes, que SEMANA/APIC revela en esta edición y que, sin duda, constituirían la mayor prueba a favor de la inocencia de Sigifredo López. En ellos Alfonso Cano, que era el responsable de la zona del secuestro, y Timochenko se referían a él como uno más de los diputados plagiados.

 

En el primero de los correos, Cano le explica al Secretariado que la masacre se dio porque se encontraron dos unidades de las Farc: una atacó a la que tenía a los secuestrados pensando que eran ‘elenos’ y esta, al ser atacada, pensó que era Ejército y mató a 11 de los 12 secuestrados. En otro correo de Tirofijo dirigido a todo el Secretariado, el comandante de las Farc discute cómo manejar el problema ante la opinión pública. Según él, ante la realidad de la masacre accidental había dos opciones: 1) ocultar lo ocurrido hasta estar “en la mesa hablando del intercambio” o 2) decir que algunos guerrilleros habían desertado con los secuestrados y que en la persecución se había dado un combate y habían muerto. Cano le responde a este correo y el contenido de este mensaje podría ser la prueba reina de la inocencia de López. Este afirma que “tanto el jefe de la guardia de los retenidos, que es el jefe del frente 60, como el jefe del 29 frente atribuyen el hecho a la intensa tensión en que se debaten nuestras unidades por la confrontación permanente con el Ejército. Sobrevivió un diputado que estaba sancionado en otro sitio, el diputado sobreviviente no vio nada, solo escuchó”. Timochenko, el hoy comandante de las Farc, terció en ese entonces anotando “me inclino porque asumamos la responsabilidad de lo sucedido (…) Entiendo que quedó uno vivo. Si no hay problemas de seguridad, el comunicado lo podría llevar él”. Finalmente las Farc optaron por mantener secuestrado a López e informaron al país de la masacre en un confuso comunicado dos días después de la recomendación de Timochenko.

 

Teniendo en cuenta que ni Tirofijo, ni Alfonso Cano, ni Timochenko podían saber que sus computadores iban a ser incautados, la autenticidad de esos correos no está en duda. Y el peso de esta prueba a favor del acusado parece, por decir lo menos, tan contundente como el video que tiene la Fiscalía en su contra.

 

Pero hay otros elementos adicionales a favor de Sigifredo. Andrés Santamaría, hoy personero de Cali, dice: “Me resisto a creer que esa tesis de la Fiscalía sea cierta. Durante el secuestro de los diputados estuve al lado de las familias como defensor del Pueblo del Valle y pude percibir de primera mano la tragedia que significó para todos ellos y en especial para Patricia, la esposa de Sigifredo”. Agregó que él contrató a Patricia en la Defensoría porque sin el sueldo del diputado no tenía ni para comer ni para pagarles a sus hijos el estudio.

 

Las secuelas del secuestro sobre él fueron devastadoras: perdió varios dientes, se le estrechó la válvula aórtica del corazón y llegó con una hernia discal. “Basta con ver las imágenes de su transformación física durante el cautiverio para darse cuenta de que no estaba de paseo en la selva”, anota Fabiola Perdomo, esposa del exdiputado asesinado Juan Carlos Narváez, a quien le cuesta trabajo creer que el colega de su marido sea culpable.

 

Las imágenes del día de la liberación de Sigifredo López –antes de él, las Farc liberaron unilateralmente a Consuelo González y a Clara Rojas– provocan otro inmenso interrogante. Los colombianos fueron testigos en vivo y en directo de la manera como se le desencajó el rostro al ver a sus hijos. Sergio, el menor, se abalanzó con tanto impulso que casi lo tumba, para envolverlo en un abrazo enorme en medio de lágrimas. Entre todas las liberaciones que se han dado en Colombia tal vez no ha habido una más emocionante y más conmovedora que esta. ¿Era eso solo una comedia?

 

A esto se suma que, desde su regreso del cautiverio, Sigifredo López ha tenido múltiples expresiones de repudio contra la guerrilla. Desde el primer día, cuando fue liberado, dijo: “Esta liberación unilateral no es un gesto humanitario de las Farc, sino de Piedad”. Hasta sus tweets de los últimos meses donde, haciendo referencia al Marco para la Paz que hace trámite en el Congreso, dice “Un nuevo proceso de paz debe iniciarse sobre la base de la justicia, no de la impunidad”.

 

También escribió un libro –El triunfo de la esperanza– con ayuda del reconocido escritor Julio César Londoño. Este último le dijo a SEMANA/APIC que en las charlas que tuvieron Sigifredo “siempre se dirigió de manera muy dura, con mucha rabia contra las Farc”, en especial por los malos tratos que padeció. No dudó en incluir denuncias fuertes sobre prácticas específicas de las Farc como la del reclutamiento de niños y “relató cómo algunos de esos niños eran ajusticiados dentro de la misma organización”.

 

En el libro, por ejemplo, Sigifredo también cuenta cómo, el día en que las Farc asesinaron al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y al exministro de Defensa Gilberto Echeverry, uno de los diputados que admiraba profundamente a Gaviria “se puso a llorar sin recato y de pronto empezó a gritarles a los guerrilleros: ‘¡A-se-si-nos! ¡A-se-si-nos! ¡A-se-si-nos!’. Nosotros tratamos de calmarlo pero, sin saber cómo, terminamos haciéndole coro: ‘¡A-se-si-nos! ¡A-se-si-nos! ¡A-se-si-nos!’”. Y continúa: “Uno de los guerrilleros le quitó el seguro al fusil y nos apuntó. Sus compañeros lo imitaron, eran por los menos 20 fusiles que nos apuntaban, pero nosotros gritamos más duro: ‘¡A-se-si-nos!, ¡a-se-si-nos!, ¡a-se-si-nos!’. Nos hicieron disparos al aire para amedrentarnos, pero nadie se movió. Éramos inmortales en ese momento”.

 

Julio Londoño concluye sobre sus charlas y el libro en general: “Ni el embustero más genial es capaz de inventarse una historia tan larga, con tanto detalle y tanta coherencia”.

 

¿Qué viene ahora? La Fiscalía hará durante los próximos diez días nuevas pruebas para ratificar los hallazgos del video. Y luego, si el material probatorio se robustece, se iría a juicio. De llegar a este, con peritazgos del video en su contra, se pondría sobre la balanza una prueba técnica que lo acusa frente a unos correos de la guerrilla y unas evidencias circunstanciales que lo exoneran. En la indagatoria del viernes pasado, el exdiputado negó haber participado del secuestro. Incluso lloró.

 

La Fiscalía dice que tenía que ordenar su captura porque por la fecha del secuestro este está cobijado por el sistema judicial anterior, en el que los delitos de homicidio y secuestro exigen la captura para la indagatoria. Si se confirma que Sigifredo López participó en su secuestro y en el de sus compañeros, estaríamos ante uno de los episodios más crueles y extravagantes en la historia del conflicto colombiano. Solo un psicópata o un fanático ideológico sería capaz de destruir a su familia de esta manera. Y si, por el contrario, acaba siendo inocente, a pesar de la rigurosidad con que ha trabajado la Fiscalía, la gente lo consideraría el mayor error de la Justicia colombiana desde que un señor de nombre Jazbún fue condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán y pasó tres años en la cárcel sin tener absolutamente nada que ver con ese magnicidio




Porno, armas y protección

Los malos hábitos del Servicio Secreto de Estados Unidos

 

El escándalo sexual que involucró a varios agentes estadounidenses con prostitutas en Cartagena tiene varios antecedentes. El Salvador, Argentina y Brasil son sólo algunos de ellos.


En un corredor frío del Hotel Caribe, el agente David Chaney le lanzó un billete de 50 mil pesos a Dania Suárez, por sus servicios de la noche anterior. Dania esperaba 800 dólares, 32 veces más de lo que el fornido y rubio gringo le había puesto en la mano para deshacerse de ella.

 

El escándalo que siguió —con agentes rebuscándose los bolsillos para completar la cuota y un policía colombiano anónimo que respaldó a la estafada prostituta— desató la investigación interna más grande en la historia del Servicio Secreto, a miles de agentes y cerca de 900 viajes al exterior durante dos décadas.

 

Lo que se ha encontrado, según han ido filtrando a cuentagotas los congresistas de Estados Unidos que vigilan al Servicio Secreto, ha confirmado una cultura de laxitud lasciva de los agentes cuando salen de Washington. Cartagena no fue la primera vez que esto sucedía. Talvez sí la más escandalosa.

 

Se dice que en marzo de 2011, unos días antes de la visita del presidente Barack Obama a El Salvador, siguiendo el mismo modus operandi, varios agentes del Servicio Secreto, acompañados por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en ese país, frecuentaron por tres noches seguidas un prostíbulo local. Según la cadena local Kiro-TV, con base en Seattle (noroeste) y que reveló la información, un hombre vio a varios agentes estadounidenses bebiendo alcohol excesivamente y a otros pagarles a prostitutas.

 

La historia salió de una fuente de la CBS y llegó a los pasillos del Congreso, donde el senador republicano Chuck Grassley acababa de escuchar de boca de la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, que “hasta donde ha avanzado la investigación, parece que nada similar a lo de Cartagena ha sucedido antes”.

 

Grassley salió furioso frente a las cámaras a reafirmar que quería una investigación independiente y ha sido el primero en agrietar las filas de apoyo que había recibido el director del Servicio Secreto, Mark Sullivan.

 

Secretos en el sótano

 

Poco después de que el Washington Post revelara la historia inicial de Cartagena, y de que The New York Times publicara la hasta ahora única entrevista con Dania (se rumora en los pasillos de Washington que el Times resarció con creces la cuenta pendiente del agente Chaney), los tabloides voraces de Estados Unidos se han tomado muy en serio la historia, renombrada “sexygate”.

 

El News and World Report dice que después de 2001 varios agentes del Servicio Secreto han sido sorprendidos viendo porno en el sótano de la Casa Blanca, bebiendo con niñas menores de edad durante un viaje que el expresidente George W. Bush hizo a Utah, e incluso reveló que algunos han llegado altamente alicorados a trabajar.

 

Entre más se habla del tema, siguen saliendo hermosas mujeres de otros lados del mundo que aseguran haber sido chicas por una noche de los hombres de la seguridad del presidente. En Buenos Aires, durante un viaje de Bill Clinton, en 2009 (el Servicio Secreto también cuida a los expresidentes), la delegación entera departió en un bar de shows de striptease. En este caso, sin embargo, lo hombres de corbata y gafas negras estaban tras los pasos de su protegido.

 

En diciembre del año pasado, esta vez en Brasil, un incidente involucró a tres oficiales de la Marina de Estados Unidos y a un miembro de la embajada en Brasilia. Supuestamente los oficiales subieron una prostituta a un carro y la arrojaron del vehículo por un desacuerdo sobre el pago. Los estadounidenses “fueron sacados del país inmediatamente y sometidos a medidas disciplinarias”.

 

La dama de hierro

 

Hasta ahora la investigación del “sexygate” de Cartagena deja dos agentes despedidos, siete que se han retirado forzosamente y tres exonerados. De forma separada, el Pentágono investiga al menos a 12 miembros de las Fuerzas Armadas que presuntamente también estuvieron con prostitutas en Cartagena. En medio de este espiral bochornoso ha surgido la figura de una mujer, Paula Reid, la jefa de la división de Suramérica del Servicio Secreto y responsable de haber actuado de manera fulminante apenas se desató el “sexygate”.

 

Reid, una negra con más de 21 años en la agencia de protección, decidió sin chistar retirarles las credenciales de seguridad a los 12 implicados de Cartagena y devolverlos a su país, una decisión acertada que tiene al director del Servicio aún en su puesto, aunque no se sabe por cuánto tiempo.


Ay sí, ay sí, gran vaina

CLAUDIA AYOLA ESCALLÓN/APIC

 

A las reacciones sobre el incidente entre los agentes del Servicio Secreto y mujeres en ejercicio de la prostitución se ha sumado la declaración de la canciller María Ángela Holguín, quien no ha brillado precisamente por su atino.

 

Al parecer, en un intento de defender el buen nombre de Cartagena, la Canciller trató de normalizar la situación asegurando que la prostitución existe en todas partes. Y es cierto, como miles de destinos turísticos, Cartagena tiene el desafío de prevenir y erradicar la explotación sexual, las redes de trata, la violencia sexual, y de garantizar de los derechos de las mujeres en ejercicio de la prostitución.

 

Más allá de los juicios morales, la prostitución no es un delito. Una mujer puede ser prostituta si quiere y puede. Lo lamentable es saber que a muchas les toca, especialmente cuando se cruza la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades, en una sociedad tan perversa que algunas empresas siguen exigiendo de manera ilegal la prueba de embarazo.

 

Sin embargo, en Cartagena, madres, tías y abuelas, levantan muchachitos, mientras un fulano pierde la vida en la esquina con la barriga llena de cerveza. Aquí en Cartagena las mujeres –también las prostitutas- sobreviven al patriarcado.

 

Pero mal hace la canciller Holguín asegurando que “Donde hay un hombre hay prostitución”. Si bien es tan absurdo satanizar a Cartagena como negar la existencia de redes de prostitución, también es inútil culpar a los hombres de la situación y no profundizar en las responsabilidades de otros actores.

 

Y en una ciudad tan manoseada por la Nación, las responsabilidades estatales no deben descansar solamente sobre la Alcaldía. También la Presidencia debe meterse la mano en el bolsillo y poner el hombro –no el hombre, para no polemizar con la Canciller-. La Cancillería, por ejemplo, que es tan buena promotora de una Cartagena al servicio de los visitantes ilustres. El honorable Concejo también puede hacer lo propio. Al menos deberían tomarse en serio la creación de la Secretaría de las Mujeres.

 

Titulares de periódicos gringos se han ensañado con la ciudad como si en sus pueblos no hubiese prostitutas. De una manera infame han divulgado la imagen de una de las supuestas mujeres implicadas en el incidente, y de paso, han contribuido a publicitar a Cartagena como destino sexual. Al parecer, lo de la aerolínea Spirit fue más de lo mismo: aprovechar la situación para vender lo suyo. Capitalismo depredador. Unos venden pasajes y otros, papel.

 

Pero, no, canciller Holguín, no son los hombres los culpables de la prostitución. El Estado al que usted representa tiene su enorme cuota de responsabilidad. Ojalá su supuesta defensa por Cartagena –y las mujeres– se evidencie en la ejecución efectiva de políticas públicas y no en el palabrerío coyuntural.  A la Canciller podríamos enviarle un botón con la imagen del popular meme de las redes sociales que diga “Ay sí, ay sí, gran vaina.  Donde hay un hombre hay una prostituta”.

 

 

Por el Pacto de Mompós

Incertidumbre por renuncia del Alcalde de Mompós

 

El periódico El Universal de Cartagena anunció que José Orlando Rojas radicó un documento ante la Gobernación de Bolívar, en donde escribe textualmente que “presento mi renuncia irrevocable al cargo de alcalde de Mompós, facilitando el desarrollo y progreso de mi pueblo como ha sido siempre”. 


El funcionario, posesionado en enero, es objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación y otros entes de control, por haber participado presuntamente en el denominado ‘Pacto de Mompós’, con la ex candidata a alcaldesa, Dolores Acuña, para repartirse contratos y otras prebendas burocráticas una vez Rojas se convirtiera en Alcalde.

 

Acuña, reveló entonces a la opinión pública el “acuerdo político 001 del 30 de septiembre del 2011”, refrendado en la Notaría Única del Círculo de Mompox, en el que Rojas habría legalizado con ella el pacto para que declinara de sus aspiraciones y se adhiriera a su candidatura, a cambio de prebendas públicas .

 

En el documento de renuncia radicado ante el Gobernador Gossaín, Rojas dice “soy consciente de todas las situaciones que han degenerado mi imagen ante el pueblo que me eligió...por eso estoy obligado a corregir las equivocaciones y demostrar mi inocencia”.

 

Rojas sostiene que demostrará su inocencia de las acusaciones que le formulan “por mercantilizar la administración municipal...lo cual no he realizado y así lo demostraré...ante la autoridades competentes”.

 

Concepto al Ministerio

 

El Universal conoció que en efecto, la renuncia sí fue radicada en la Gobernación de Bolívar, ante lo cual el gobernador Juan Carlos Gossaín, solicitó inmediatamente un concepto al Ministerio del Interior para buscar una pronta solución a la crisis municipal.

 

Misteriosa renuncia

 

Se supo que en el municipio de Mompós circuló la versión de que Rojas no había renunciado, sino que se trataba de un documento en blanco en donde este había depositado su firma. El Universal llamó al funcionario a un número de celular al cual nunca contestó. También se supo que Rojas había abandonado el municipio en horas de las tarde de ayer, con rumbo a Cartagena para entrevistarse con el gobernador Gossaín.

 

Más tarde, Rojas, quien ganó con 10.300 votos la alcaldía, por el Partido Verde, acudió a una reunión a puerta cerrada con el Gobernador, al parecer para explicarle aspectos de su renuncia, pero sin declaración alguna a los medios, para desvirtuar o afirmar el acto.

 

Hay incertidumbre

 

La renuncia de Rojas ha generado incertidumbre por las suerte administrativa y municipal de Mompós.

 

“Es preocupante la situación que se ha generado en Mompós, ya que el municipio queda acéfalo, sin el cumplimiento de las metas propuesta por la administración Rojas a menos de 4 meses, por eso pedímos la pronta intervención de los gobiernos departamental y nacional para resolver este caso”, dijo Húber Serrano, ex candidato a la Alcaldía de ese municipio.

 

“La renuncia era de esperarse porque desde nuestra veeduría Corporación Administrativa, coadyuvamos a denunciar que José Rojas estaba incurriendo en tráfico de influencias, concierto para delinquir y corrupción al elector”, dijo David López, veedor cuya organización participó en las demandas ante la Fiscalía sobre estos presuntos hechos.

 

El pueblo de Mompós se debate ahora entre el nombramiento por encargo en su Alcaldía y la posibilidad de convocatoria a elecciones atípicas.



Dice Presidente de la Asociación de Consultores y Asesores Ambientales

“El Cerrejón quiere dejar a los aborígenes Wayuu sin agua”

 

*Desviarán al río Ranchería para seguir contaminando a la Guajira con su explotación minera. 


Un grave problema político, económico y social se estará generando si se permite a El Cerrejón desviar al río Ranchería, por las condiciones climáticas y las condiciones de vida de las comunidades indígenas, lo que generaría un grave impacto ambiental y dejando a varias comunidades de la Etnia Wayuu expuestos a la sequía, el hambre, la desocupación, la sed, el desplazamiento y la muerte, advirtió el ingeniero ambiental Humberto Nieto Simanca, presidente de la Asociación Nacional de Consultores y Asesores Ambientales.

 

Nieto se solidarizó públicamente con la carta firmada por la líder Wuayuu, del clan Apshana, Vicenta Siosi Pino y dirigida por ella al presidente de la república de Colombia, Juan Manuel Santos. Donde clama por dejar el río Ranchería donde está desde hace por lo menos cinco millones de años y del que los nativos han vivido desde antes de la conquista y la colonia.

 

El Tesoro negro

 

Los dueños del Cerrejón quieren mover el cauce 26 kilómetros, para explotar un manto minero estimado en más de 500 millones de toneladas de Carbón que se encuentran bajo el lecho del mismo, sin importarles el impacto ambiental en la vida de los nativos, aseguró Humberto Nieto Simanca.

 

El río Ranchería  nace con los chorrillos de agua del Paramo de Chirigua, en el este de la Sierra Nevada de Santa Marta, que en su corto recorrido forman varios saltos de agua, dándoles la  oportunidad a la Madre Naturaleza de oxigenarla desde una altura cercana a  cuatro mil metros sobre el nivel del mar, lo que permite darle a lo largo de su recorrido el nombre que la toponimia indígena lo identifica. Estos nombres son : Río Yaro, río Hermo, río de La Hacha, río Seturma,  al consolidar su corriente se llama Ranchería.

 

Es de suma importancia que se sepa, que el río Ranchería, muchas veces en época de sequía no alcanza a desembocar en el mar Caribe y con este desvío su sequía empeorará. El río mencionado es la vida de las comunidades Wayuu, por el aprovechamiento de las etnias de la región, para ellos es de vital importancia en todo momento pero especialmente en los periodos de verano o secos, para la sobrevivencia, sus cultivos y peces en la parte continental y de los otro lado, su impacto costero en la producción de mariscos. El agua no solo representa el recurso porque les permite asearse y cocinar, sino la sobrevivencia de la población infantil, la que mas consume el liquido vital y la de sus animales. -Por lo general las cabras, los burros como animal de carga y la vegetación que rodea la ranchería.

La líder Vicenta Siosi

 

Vicenta Siosi, es una comunicadora social graduada en la Universidad de la Sabana de Bogotá, es una nativa Wayuu del grupo Apshana, escritora y oriunda de la antigua población indígena de San Antonio de Padua de Orino, llamada Pancho por sus habitantes. 

Ella se enfrenta a la topoderosa empresa carbonera de El Cerrejón, que tiene la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo y la que pretende dejar a los indios sin su agua vital, en un lugar donde no hay más río y no tienen otra alternativa de sobrevivencia.  Pero a la empresa carbonera no le interesa el problema humano, porque ahora su prioridad es duplicar la producción y aumentar su explotación anual de Carbón y su única alternativa es aprovechar los 500 millones de toneladas que están bajo el lecho del río ranchería, antes de que se le venza el periodo de la concesión que debe culminar en el año 2033 y dejarnos un nuevo y amplio territorio desértico.

 

La Unión del Caribe contra ese desafuero.

Nieto Simanca señala que el Caribe Colombiano, con la ayuda internacional de organizaciones medioambientales, como Greenpeace y Defensores de los Derechos Humanos, tiene que impedir este desafuero, ocultamente llamado “proyecto P500”, en donde solo hay un interés mezquino de apropiarse de este valioso carbón fino, sin tener en cuenta los principios universales promulgado por las Naciones Unidas que manifiesta que el Agua es un derecho inalienable del hombre y de la vida animal y vegetal del Planeta y con mayor razón de la gente nativa.

 

“Lo cierto es que si esta es la conducta que esperamos de los inversionistas de los países con poder financiero, entonces lo que nos espera a los colombianos es una eclosión no solo ambiental sino económica y social, como lo manifiesta este ejemplo de desplazar a los Wayuu para darle rienda suelta a sus intereses empresariales egoístas y avaros”

 

“Las comunidades indígenas, que, por ley, deben dar su visto bueno a través de una consulta previa, no deben permitir por ningún motivo que esto suceda” y nuestra Asociación se pone al frente de la convocatoria nacional e internacional para que el río Ranchería no sea desviado.

 

 

Las prostitutas que vuelven locos a los extranjeros

  

 Muchas de las mujeres dedicadas a este oficio se pueden contactar en bares del Centro y el Arsenal.  


Estas mujeres cobran elevadas sumas de dinero por sus servicios.

 

El escándalo protagonizado por agentes del servicio secreto de la seguridad del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, puso en el tapete uno de los temas que pisa callos en la ciudad: el turismo sexual.

 

Más allá de todo lo que se ha dicho sobre las acciones “impropias” que enredan al servicio secreto estadounidense, ¿quiénes son esas putas costosas que tanto buscan extranjeros y empresarios en la ciudad?

 

No son callejeras. No están en la calle de la Media Luna. Por el contrario, son contactadas por páginas web, buscadas en burdeles de alta reputación, por recomendación o de manera independiente.

 

El negocio

 

Las empresas que se dedican a ofrecer a estas chicas venden tratos exclusivos, sabiendo que sus clientes son distinguidos.

 

“Chicas particulares, con una vida normal y sin cargas, con un buen nivel socio-cultural y que han decidido experimentar este mundo como algo temporal”, dice en una de las tantas páginas que ofrecen compañías de mujeres.

 

“Te pueden contactar en muchos bares o en el Centro; luego de ahí vas al hotel donde se está hospedando el cliente”, afirma Hellen (*), quien vive muy de cerca esta situación.

 

Los clientes se alojan normalmente en hoteles o edificio de Bocagrande, Castillogrande, El Laguito o La Boquilla.

 

Por lo general, estas trabajadoras sexuales son muy elitistas y buscan empresarios o extranjeros, como señala el docente investigador Edgar Acuña -quien realizó un estudio en 2009 con estudiantes universitarias que se dedicaban a la prostitución_, "no comercializan su cuerpo con cualquiera ni a cualquier precio".

 

Muchas de las que ejercen este oficio trabajan independientemente, en sus propios apartamentos, con sus celulares. Otras están en redes de proxenetas, cobran elevadas sumas de dinero y tienen muchos recursos.

 

Casi nunca salen solas con los clientes, el cual les gasta a todas las compañeras y es el encargado de presentarles otros compañeros a las demás.

 

Comunes y corrientes

 

Acuña asegura que son niñas que se confunden entre otras estudiantes universitarias y que pueden manejar una doble vida.

 

“Son estudiantes y trabajadoras sexuales,  muchas tienen novios y tiene apartamentos en estratos altos”, añade el investigador. Acumulan grandes cantidades de dinero por lo alto que cobran sus servicios. Sin embargo, no todo es dinero.

 

Hellen afirma que “algunos no te dan plata como tal, pero te compran ropa y te llevan a lugares; eso es como una forma de pago”.

 

Dice que de esta manera se mantiene un contacto con el cliente para una próxima vez, incluso algunos envían dinero desde el exterior.

 

No hay un precio estándar de los servicios que ofrecen. “La tarifa se cuadra con el cliente e incluye todo lo que el cliente quiera, si quieren que te acuestes con 5 la vez o te quieren ver tirando con un amigo. Tú decides si lo haces o no”.

 

“Algunas pueden cobrar entre 300, 500, un millón o más, otras se prostituyen sin necesidad de plata”, agrega, sin desconocer que de lo que ganan viven muchas de sus familias. 

 

Mejor extranjeros

 

Los colombianos no pagan bien. “Los extranjeros son el mercado más amplio, pero no los "mochileros", sino los que se quedan en hoteles o son más adinerados”, dice Hellen, quien agrega que los meses más prósperos son agosto y septiembre.

 

“Los italianos son los más puteros del mundo, los más puercos, en cambio los gringos son más exigentes”, afirma la joven.

 

En muchos casos, las trabajadoras salen del país en compañía de sus clientes.

 

Niñas de bien

 

Son chicas muy cultas que comercializan su cuerpo. Muchos de sus padres son profesionales destacados que les han suministrado todos los medios económicos pero no los afectivos.

 

“Son padres que no ejercen la autoridad y no dan el cariño que las niñas necesitan y estas buscan llenar esas faltas de afecto con los cliente, así nunca lo logren”, argumenta el investigador Acuña, agregando que normalmente son personas con baja autoestima, con depresión o ansiedad.

 

Malas o no, las “damas de compañía” siguen dando de qué hablar, y hoy ponen a tambalear a unas de las estructuras más importantes del gobierno norteamericano: el servicio secreto


Wisting Fierro no tenía licencia del Dadis

 

Wisting Fierro Ruiz, una de las tres víctimas halladas calcinadas en la vía que conduce de Mamonal a Turbaco, ofrecía a sus pacientes curas milagrosas para enfermedades crónicas como el sida, el alzheimer o el cáncer. 


A sus clientas les prometía la eterna la juventud con tratamientos estéticos a un costo irrisorio y a crédito.

 

Todas las personas que llegaban a él, atraídos por sus módicos precios, eran atendidas en la Unidad Médico Preventiva Dr. Fierro, en el cuarto callejón del barrio Boston. Tenía otras sedes en los barrios Manga y Pie de la Popa.

 

Allí practicaba cirugías menores, aplicaba lo que aseguraba era ácido hialuronico en los glúteos  y trataba enfermedades en la piel.

 

Wistig Fierro elaboraba sus propias fórmulas, las cuales distribuía entre sus pacientes.

 

En su unidad médica, tenía incluso una farmacia con todo tipo de medicamentos.

 

Por sólo 20 mil pesos, una persona podía recibir atención médica, odontológica y estética durante tres años.

 

Lo que quizás no sabían quienes en masa acudían a las clínicas del doctor Fierro, es que ninguna de ellas tenía licencia para su funcionamiento.

 

Arsenio Aguilar, director del Dadis, aseguró a El Universal que la Unidad Médico Preventiva Dr. Fierro es un centro de salud ilegal.

 

“Es lo que comúnmente se conoce como consultorios garaje. El centro médico no aparece en los registros del Dadis como un prestador de salud, lo que indica que era ilegal”, afirma Aguilar.

 

Vecinos de Boston asegura que el lugar está cerrado al público desde el 29 de marzo pasado.

 

Desde ese día, a un sobrino de Fierro, que era quien cuidaba el consultorio, no lo volvieron a ver en el barrio.

 

¿Médico o fraude?

 

Wisting Fierro era un hombre enigmático. A sus pacientes les aseguraba que era médico cirujano con especializaciones en estética, medicina orthomolecular y biológica-oriental.

 

Sin embargo, no hay ningún reporte que indique que Wisting Fierro estudió medicina en una universidad en Estados Unidos, como él afirmaba.

 

También decía tener investigaciones científicas en la Universidad de Guayaquil (Ecuador), en el Medical Cancer Center Anderson en Estados Unidos, en la Universidad de León (España)  y la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber), pero en ninguno de ellos aparecía su nombre.

 

El supuesto médico autoproclamado ‘curador de enfermedades crónicas’ pagó 18 años de cárcel en Houston (Estados Unidos) por los delitos de posesión de cocaína con intención de distribuirla, y por lavado de dinero.

 

Sin cuerpo no hay crimen

 

En el Instituto de Medicina Legal, en Barranquilla, los médicos forenses trabajan en la identificación de los cuerpos calcinados hallados el 26 de marzo pasado.

 

Uno de ellos, el de Juliana López Cordero, fue identificado porque las llamas no consumieron las huellas de uno de los dedos de la joven, de 26 años.

 

Ella fue vista por última vez el 24 de marzo pasado en compañía de su compañero sentimental, Wisting Fierro, y la manicurista Eliana Grau, que era la asistente personal de la pareja.

 

Fierro y Grau están desaparecidos, así que las probabilidades de que los dos cadáveres hallados junto al de Juliana López sean los de ellos, es muy alta.

 

Se conoció que mientras los cuerpos de Fierro y Grau no sean plenamente identificados, lo que podría tardar entre 3 y 6 meses, los responsables del crimen seguirán libres.

 

“No se puede acusar a nadie sobre supuestos. Mientras no haya el resultado de la necropsia y las víctimas no estén identificadas, no hay pruebas para acusar al sospechoso del crimen”, aseguró una persona que conoce el caso.

 

El general Ricardo Restrepo Londoño, comandante de la Regional 8 de la Policía en la Costa Caribe, aseguró que se investigan tres posibles móviles del crimen.

 

“Esperamos que se confirme o no si el cuerpo masculino es el del señor Fierro. De ser así, tendríamos tres posibles móviles, es decir, narcotráfico, pasional o extorsión. El más cercano tiene que ver con un presunto tráfico de drogas. En este orden de ideas, esto podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, dejación o pérdida de dinero o droga”, expresó Restrepo Londoño.



¿Por qué los asesinaron?

 

Wisting Fierro Ruiz, atendía a sus pacientes en su centro de estética, en el barrio Manga. 


La forma como asesinaron a Juliana López Cordero, Wisting Fierro Ruiz y Eliana Patricia Grau Montes sigue rodeada de misterio. Sus cuerpos calcinados fueron hallados a un lado de la vía que de Mamonal conduce a Turbaco, cerca de Nelson Mandela.

 

Los asesinos incineraron los cuerpos de las víctimas para que nunca pudieran identificarlas. Pero el crimen no fue perfecto: las llamas no consumieron la huella dactilar de uno de los dedos de Juliana López, lo que permitió su identificación.

 

La joven, de 26 años, fue vista por última vez el sábado pasado en compañía de su compañero sentimental, Wisting Fierro, y la manicurista Eliana Grau, que trabajaba en el centro de estética de la pareja.

 

Fierro y Grau están desaparecidos, así que las probabilidades de que los dos cadáveres hallados junto al de Juliana López sean los de ellos, aumenta con el paso de las horas.

 

Condenado por narcotráfico

 

Wisting Fierro Ruiz era un hombre enigmático. En Cartagena ejercía la medicina estética y aseguraba prevenir enfermedades como el cáncer, las artritis, la obesidad y hasta el sida.  Fierro dictaba conferencias sobre medicina alternativa y era reconocido en diferentes países del continente.

 

Sin embargo, no hay ningún reporte que indique que Wisting Fierro estudió medicina en una universidad en Estados Unidos, como él afirmaba a sus pacientes.

 

Tampoco hay claridad si su Unidad Médico Preventiva Dr. Fierro, en la Avenida La Asamblea, en Manga, tenía licencia de funcionamiento. Al parecer, el médico tenía otras clínicas en los barrios Pie de La Popa y Boston.

 

El Universal conoció que el autoproclamado ‘curador de enfermedades crónicas’ pagó una condena en Houston (Estados Unidos) por los delitos de posesión de cocaína con intención de distribuirla, y por lavado de dinero.

 

Fierro fue capturado el 16 de noviembre de 1991 en su apartamento, junto a su sobrino Jaime Ibáñez y a una mujer.

 

En el lugar no se encontraron drogas, pero las autoridades federales hallaron pruebas que los vinculaban con dos sujetos capturados días antes con varios kilos de clorhidrato de cocaína.

 

En la residencia de Fierro, señalado como el líder de la banda de traficantes, encontraron documentos que evidenciaban que transfirió miles de dólares, producto del narcotráfico, a personas en Colombia.

 

Se supo que Fierro habría pagado 18 años de cárcel y supuestamente regresó al país a final de 2009. Se desconoce desde cuando estaba en Cartagena.

 

El supuesto médico es oriundo del Valle, pero residió mucho años en Estados Unidos y se habría nacionalizado en ese país.

 

El general Ricardo Restrepo Londoño, comandante de la Regional 8 de la Policía en la Costa Caribe, aseguró a la prensa en Barranquilla que se investigan tres posibles móviles del crimen.

 

“Esperamos que se confirme o no si el cuerpo masculino es el del señor Fierro. De ser así, tendríamos tres posibles móviles, es decir, narcotráfico, pasional o extorsión. El más cercano tiene que ver con un presunto tráfico de drogas. En este orden de ideas, esto podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, dejación o pérdida de dinero o droga”, expresó Restrepo Londoño.

 

 

Identifican uno de los cuerpos calcinados

 

El crimen macabro de las tres personas que hallaron calcinadas a un costado de la vía que de Mamonal conduce a Turbaco, comenzó a esclarecerse. Una de las víctimas del triple asesinato es Juliana López Cordero, de 26 años, oriunda del municipio de Tiquisio, sur de Bolívar. Ella fue identificada por sus huellas dactilares, las cuales no consumieron las llamas.  La joven administraba la Unidad Médico Preventiva Dr. Fierro, en la Avenida La Asamblea, del barrio Manga.

 

Si bien la de López Cordero es la única identidad que se conoce, existen muchas probabilidades de que las otras víctimas sean su compañero sentimental, el afamado médico Wisting Fierro Ruiz, y la manicurista Eliana Patricia Grau Montes.

 

Tal como El Universal lo informó  en forma exclusiva en su edición de ayer, a Fierro, López y Grau los reportaron como desaparecidos el martes en la mañana, ante el Gaula de la Policía.

 

Ese reporte lo entregó un sobrino de Wisting Fierro, 20 horas después de que hallaran los cadáveres calcinados.

 

Harán pruebas de ADN

 

Se supo que a los otros dos cuerpos les practicarán pruebas de ADN para confirmar su identidad.  Esos estudios podrían tardar entre 3 y 6 meses.

 

El Universal conoció que los familiares de Eliana Patricia Grau Montes, de 18 años, estuvieron en el Instituto de Medicina Legal, en Barranquilla, para conocer detalles del procedimiento que realizan los expertos.

 

En su perfil en Facebook hay mensajes que confirman la desaparición de la joven y su posible asesinato.

 

“Mi Eli, mi Eli, por qué, quién pudo acabar con esa sonrisa, por qué existirá tanta maldad. Qué vacío tan grande dejas, mi princesa”, dice uno de los mensajes que aparece en la red social.

 

Grau Montes, que era técnica en uñas acrílicas, trabajaba en la Unidad Médica del doctor Wisting Fierro. Los documentos de la joven y un bolso, que se presumen serían sus pertenencias, fueron hallados en la clínica de Fierro en Manga. En ese lugar las autoridades supuestamente encontraron rastros de sangre, por lo que se presume las habrían asesinado allí.

 

Al parecer los cuerpos fueron trasladados hasta el sitio donde los hallaron en una camioneta que la Policía tiene identificada.

 

Afamado médico

 

Wisting Fierro Ruiz es un médico reconocido que ha recorrido el mundo y supuestamente reside en Cartagena hace ocho meses.

 

 En su clínica en Manga practicaba aumento de glúteos con ácido hialurónico y ofrecía servicios de peluquería.

 

Además, tratamientos contra el cáncer, la obesidad, el sida, la artritis, los problemas de corazón y afecciones hepáticas, entre otros.

 

Fierro Ruiz usaba cabellera rasta y tenía prótesis dental, lo que concuerda con las características físicas de uno de los cadáveres.

 

Se supo que Medicina Legal trata de encontrar a algún familiar del médico, que se presume es de nacionalidad estadounidense, para cotejar los exámenes de ADN que practicarán al cadáver.

 

Hasta ahora no se conoce hipótesis alguna de los móviles del crimen macabro, uno de los más espeluznantes ocurridos en Cartagena.

 

 

Sin identificar cadáveres calcinados hallados en la variante Mamonal-Turbaco

 

Con pruebas de ADN tratarán de identificar a los tres cadáveres. 


Tendrán que pasar varios meses para que se sepa la identidad de los dos hombres y una mujer cuyos cadáveres fueron hallados calcinados en un box culvert a un lado de la variante Mamonal-Turbaco.

 

Así lo explicaron las autoridades, quienes informaron que los restos de los tres cuerpos deberán ser enviados al Instituto de Medicina Legal, Regional Norte, en Barranquilla, para hacerles las respectivas pruebas de ADN.

 

De los dos hombres y la mujer no se sabe sino el sexo.

 

El fuego borró todo vestigio que indique si eran altos, bajitos, morenos, blanco.

 

Tampoco hay indicios de cómo fueron asesinados, ya que hasta ahora no hay nada que así lo indique.

 

Tampoco hay reporte en Cartagena de tres personas desaparecidas juntas.

 

Las autoridades trasladarán esa búsqueda a otras ciudades de la Costa y el país para comenzar, con ese dato, a tratar de identificar a las víctimas.

 

¡Cuánta falta nos hace la tecnología CSI!

 

En casos como estos, es que se siente envidia de la buena de tecnologías como las que se utilizan en las grandes series de televisión, como las CSI y Bones para identificar cadáveres

 

Mientras tanto, familiares de personas desaparecidas, las autoridades y los mismos medios de comunicación tendrán que conformarse con tecnologías como la que tiene la Regional Norte del Instituto de Medicina Legal para hacer pruebas de ADN y esperar unos tres meses para que se den los resultados.

 

 

Hallan 3 personas calcinadas

 

Los tres cuerpos fueron encontrados a un costado de la variante Mamonal – Turbaco. 


Un macabro hallazgo hicieron dos recicladores a un costado de la variante Mamonal – Turbaco, frente a la entrada al barrio Nelson Mandela. En un box culvert encontraron los cuerpos calcinados de dos mujeres y un hombre. Era la 1:30 de la tarde de ayer.

 

“Nosotros estábamos recogiendo cosas para reciclar, cuando vimos los tres muertos, nos asustamos y fuimos a avisar a la Policía, no alcanzamos ni a verlos bien, pero estaban quemados”, relata uno de los recicladores, que prefirió mantener su nombre en reserva.

 

Los cuerpos estaban a solo 100 metros de un reten de Infantería de Marina.

 

Se desconoce si a las víctimas las mataron en ese lugar o si los cadáveres fueron arrojados a ese sitio y después les prendieron fuego. La Policía aún no tiene claro la manera como las asesinaron. Hasta el momento no han sido identificadas las víctimas de este hecho, que recuerdan las vendettas entre los carteles de narcotraficantes mexicanos.

 

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel William Ruiz, aseguró que hasta el momento no se maneja ninguna hipótesis sobre las muertes.

 

“Estamos en proceso de investigación porque un hallazgo de esta índole requiere elementos de juicio y ahí se hizo toda la recolección de evidencia que pudimos, pero hasta ahora infortunadamente no hay ninguna hipótesis”, afirma Ruiz.

 

Desaparecida

 

Un grupo de familiares de Geraldín Peña Hurtado, desaparecida el domingo pasado en Turbaco, llegó lugar del macabro hallazgo. Temen que uno de los cadáveres sea el de la menor de 14 años.

 

“La última vez que lo vimos estaba en la plaza principal de Turbaco. Geraldin estaba con varios amigos y ahora ninguno aparece”, dice un allegado a la menor.

 

Geraldín Peña, que es estudiante de bachillerato, reside en el mencionado municipio.

 

La menor vestía un bluyín y una blusa azul.

 

El coronel William Ruiz explica que debido a las quemaduras de los tres cuerpos, no es posible identificar si alguno de ellos corresponde a la menor desaparecida.

 

“Para identificarlas necesitamos de especialistas de medicina legal, para reconocer plenamente la identidad de las personas”, concluye el oficial.


“El fiscal me amenazó”

 

SEMANA/APIC revela un documento según el cual el fiscal que lleva el caso del universitario Luis Colmenares amenazó de muerte a una juez que se disponía a tomar una decisión en ese mismo proceso. 


El sábado 22 de octubre se llevó a cabo una audiencia que parecía ser rutinaria. Se trataba de legalizar la captura de la madre y la abogada de Carlos Cárdenas, el universitario implicado en el sonado caso por la muerte del también estudiante de la Universidad de los Andes Luis Colmenares. El fiscal del caso, Antonio Luis González, las acusó por supuesto favorecimiento del homicidio. La diligencia duró horas y, extenuada, la juez de garantías Nury Esperanza Cervera decidió suspender y anunció que daría a conocer su decisión el lunes.

 

Pero algo ocurrió ese fin de semana. El lunes, la juez sorprendió cuando comenzó diciendo que la habían amenazado de muerte: dijo que su decisión no se iba a modificar a pesar de "las amenazas contra mi vida e integridad, que espero sean de personas ajenas a esta audiencia". Y a renglón seguido, solicitó: "Que eso quede en el audio (grabación)".

 

Luego ordenó la libertad de las dos mujeres con el argumento de que las interceptaciones que había presentado el fiscal González para detenerlas, en las cuales se escucha a Cárdenas, su madre y su apoderada, violaban el derecho al secreto profesional de los abogados. Y además, dijo, los contactos que hizo la apoderada de Cárdenas con el director de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, en los que pedía el cambio del fiscal González, no configuraban un hecho punible.

 

En ese momento la advertencia de la juez sobre la amenaza en su contra no pasó a mayores. Sin embargo, ese 'detalle' está a punto de convertirse en una nueva bomba en el proceso. La juez Cervera, según pudo establecer SEMANA/APIC, afirma que quien la amenazó fue el fiscal González. En una declaración, que ya un juez de conocimiento admitió como prueba, Cervera explica lo que ocurrió ese fin de semana: "A los pocos metros de llegar a mi casa el conductor recibió una llamada al celular en la que le decían que se trataba de un compañero mío. Pasé al celular y reconocí la voz del fiscal Antonio Luis González, quien varias veces me insistió en que nos encontráramos el domingo. Me preguntaba reiteradamente que en dónde estaba, que él quería hablar conmigo urgentemente y, como yo le pedía que me dijera por el teléfono qué necesitaba, me dijo que era por un hábeas corpus que iban a interponer. Le dije que no me preocupaba (…) y que en derecho los iba a contestar. Cuando me insistía el fiscal que dónde iba a estar el domingo, sobre lo cual no quise informarle, entendí por sus palabras que estaba molesto conmigo, porque me dijo que esperaba que en derecho resolviera porque quedaba muy preocupado por mi integridad física. Le dije: 'si debo entender que sus palabras son de amenaza de muerte en derecho resolveré, y lo demás se lo dejaba a mi Dios'. Me dijo: 'eso espero porque temo por su integridad'. Le pregunté si necesitaba algo más, pero él me tiró el teléfono". La declaración, que hoy reposa dentro del expediente, fue tomada por la defensa de Acevedo y Gómez.

 

La juez le confirmó a esta revista que rindió esa declaración en la que asegura que el fiscal "muchas veces me repitió que mi vida peligraba" y en donde cita como testigos al conductor "Holman" y a la oficial mayor del juzgado 26 Zully Constanza Rotavista. Asegura, además, que dio cuenta de la irregularidad al comandante de seguridad del complejo judicial de Paloquemao y este le hizo estudio de seguridad y le puso un guardia en su despacho.

 

En la declaración la juez también deja constancia de que informó a la Fiscalía a través de un acta que entregó a un agente del CTI cuando este fue a su despacho para hacer una inspección. SEMANA/APIC le solicitó una entrevista a Cervera para preguntarle, entre otras inquietudes, por qué en la audiencia pública no dijo que la amenaza provenía del fiscal González, pero ella dice que dará los detalles a las autoridades.

 

Esta revista también contactó al fiscal González. En una primera comunicación el fiscal aseguró que conocía y poseía la declaración de la juez; luego, en otra llamada, afirmó, alterado, que no conocía nada del asunto. El funcionario en ambas oportunidades se negó a responder si el 22 de octubre llamó a la juez Cervera para intimidarla como ella lo afirma.

 

Este nuevo capítulo de uno de los casos judiciales que más han llamado la atención en los últimos tiempos no solo puede afectar el proceso que se sigue contra los supuestos implicados en la muerte de Luis Colmenares, sino que también exige, por el bien de la misma justicia, que se aclare este episodio en el que supuestamente está involucrado el fiscal González.´



Palacio de Justicia:

Reaparece testigo clave

 

El cabo en retiro Édgar Villamizar aseguró ante el juez 55 penal de Bogotá que jamás ha declarado ante la Fiscalía y que fue víctima de una suplantación.

 
Después de varios intentos fallidos por conocer la versión del cabo en retiro Édgar Villamizar sobre los hechos de Palacio de Justicia (1985), este jueves se presentó ante el juez penal 55 de Bogotá.

 

En su airada declaración aseguró que, contrario a lo conocido hasta ahora que ha sido base para la investigación en este caso, él nunca declaró ante la Fiscalía y en cambio fue víctima de una suplantación.

 

El hombre, cuyo testimonio evidencia contradicciones, señaló que sólo una vez ha declarado sobre el tema, y que fue ante la Procuraduría.

 

Villamizar aseguró también que él no hizo parte de la retoma al Palacio de Justicia y que nunca ha declarado contra militares que participaron en esta.

 

El cabo en retiro fue enfático en decir que se enteró de su supuesta declaración ante la Fiscalía por los medios de comunicación.

 

Villamizar, cuyo supuesto testimonio es pieza clave en el proceso contra Alfonso Plazas Vega, dijo ante la Fiscalía que no conoce al coronel Plazas Vega, pero que le gustaría, teniendo en cuenta que su testimonio ha sido fundamental para el caso del coronel en retiro.

 

Según Villamizar, en los últimos años su familia ha recibido amenazas. Manifestó que teme por su vida a raíz de su vinculación al caso del Palacio de Justicia, pues su testimonio parecía ser hasta hace unas horas uno de los fundamentos más sólidos de las investigaciones por los hechos registrados en noviembre de 1985.

 

Controversia

 

Entre todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, que había pedido la máxima pena para Plazas Vega, hubo un testimonio que terminó siendo clave, pero que fue controvertido por la defensa del coronel (r).

 

Se trata de Édgar Villamizar Espinel, un retirado suboficial del Ejército, quien se desempeñó en la Séptima Brigada con sede en Villavicencio y quien durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia hizo supuestamente parte del pelotón que fue trasladado desde el Meta para apoyar las operaciones tácticas de la Decimotercera Brigada, encargada de recuperar el control del edificio.

 

Según la defensa de Plazas Vega y el agente del Ministerio Público, Édgar Villamizar habría sido suplantado en el momento de rendir el testimonio en la Fiscalía y durante la diligencia de inspección a la Escuela de Caballería que se adelantó en el 2007. Uno de los argumentos era que el acta en la que se recogió el testimonio, debajo de la firma del testigo, se leía el nombre el nombre de “Édgar Villarreal”.

 

El testimonio

 

La declaración de Édgar Villamizar da cuenta de los traslados de algunos “sospechosos” a la Escuela de Caballería. Relata la forma como algunos de ellos fueron interrogados y da cuenta de la muerte de un hombre y de una mujer.

 

La Fiscalía ha planteado la hipótesis de que las personas que murieron, según este testimonio, son Carlos Rodríguez, administrador de la Cafetería del Palacio de Justicia, y Cristina del Pilar Guarín, empleada temporal de esa dependencia.

 

Este es el aparte del testimonio que la juez María Stella Jara Gutiérrez consignó en su providencia y que validó como prueba para condenar a Alfonso Plazas Vega.

 

“Al otro día a las 7 de la mañana nos volvimos a desplazar para el Palacio de Justicia. Se podía sentir el calor, en todo lo que es el sector del LEY, y el totiar de vidrios y botellas, porque estaban tratando de apagar el incendio y no podían. Alguien le pregunta al coronel Plazas qué hacemos con la gente y es donde manifiesta abiertamente, ‘cuelguen esos hijueputas’.

 

Para la Escuela de caballería se traen, en un Nissan Azul, claro que después ese carro estuvo en la PM, con un techo de color cremita o beige. Traen una señora con falda a cuadros, un señor con buso no recuerdo si era blanco o era beige, pero no recuerdo si era ese que llaman cuello de tortuga, nos vinimos y los meten allí, en el primer viaje, a las pesebreras. Eso es en el segundo día, no recuerdo la hora. Por estar en los grados más bajitos de los que estaban allá, yo era cabo segundo, me dejan de seguridad, cuidando las dos personas que acababan de llegar ahí (sic).

 

Achury el sargento viceprimero, ya fallecido, me manifiesta que a ‘esos perros ni agua’. Se van con los que ya había y pasadas como las 4 y media de la tarde, cuando regresaron otra vez, se regresan a la escuela de caballería y ya traían otros tres. Creo que era otra señora y dos hombres y los metieron detenidos, aislados. Se metieron a pesebreras diferentes, cada uno en una (sic.).

 

En el relato de Villamizar se asegura que a un hombre que decía ser el administrador de la cafetería y una mujer de falda de cuadros fueron torturados y asesinados. Ver nota.

 

 

El testigo clave del Palacio de Justicia

 

 Édgar Villamizar, suboficial (r.) del Ejército, se convirtió en el testigo clave del proceso del Palacio de Justicia. Su testimonio apareció en 2007 y le permitió a la justicia responsabilizar a Alfonso Plazas Vega en el delito de desaparición forzada. Esto fue lo que dijo.

 
El expediente sobre las desapariciones en el Palacio de Justicia ha sido uno de los más voluminosos en la historia reciente. Desde que la Fiscalía decidió reabrir el proceso, en 2005, más de un centenar de diligencias se practicaron; se recaudaron incontables testimonios y se allegaron pruebas documentales, la mayoría producidas en la propia época de los hechos pero que, dos décadas después, tuvieron otro tipo de análisis.

 

Si los videos facilitados por la Televisión Española fueron determinantes para establecer que al menos tres personas, de las once desaparecidas, fueron rescatadas vivas del Palacio de Justicia, varios testimonios le permitieron a la justicia colombiana establecer que algunos miembros de la Fuerza Pública tuvieron responsabilidad sobre esas personas que el 6 de noviembre se encontraban en el edificio asaltado por el M-19, y nunca más regresaron a sus hogares.

 

Por eso, al determinar que el entonces comandante de la Escuela de Caballería, coronel Alfonso Plazas Vega, tuvo responsabilidad sobre esos rehenes liberados, la juez tercera penal del circuito especializado de Bogotá decidió condenarlo a 30 años por el delito de desaparición forzada agravada.

 

Pero entre todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, quien había pedido la máxima pena para Plazas Vega, hubo un testimonio que terminó siendo clave.

 

Se trata del de Édgar Villamizar Espinel, un retirado suboficial del Ejército, quien se desempeñó en la Séptima Brigada, con sede en Villavicencio, y que durante la toma y retoma del Palacio de Justicia hizo parte del pelotón que fue trasladado desde el Meta para apoyar las operaciones tácticas de la Decimotercera Brigada, encargada de recuperar el control del edificio.

 

Édgar Villamizar, en ese entonces, se desempeñaba como cabo segundo. Al poco tiempo de los hechos del Palacio de Justicia abandonó la disciplina militar. Años después, a mediados de los 90, se desempeñó como agente del CTI, entidad de la que también se marginó y desde entonces poco o nada se supo de él.

 

Sin embargo, cuando la Fiscalía adelantaba las investigaciones de los desaparecidos del Palacio de Justicia, concretamente, en septiembre de 2007, Villamizar Espinel se acercó al despacho de la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago. Aseguró tener información clave de la investigación que la funcionaria adelantaba y se presentó como testigo presencial de los hechos.

 

En su testimonio, el retirado suboficial daba cuenta del traslado de rescatados del Palacio, por orden de Plazas vega, a la Escuela de Caballería, donde fueron objeto de procedimientos de interrogatorio que terminaron en torturas.

 

La Fiscalía contrastó este testimonio con otras pruebas. Con ellas pudo comprobar que los días 6 y 7 de noviembre de 1985 sí hubo una agregación militar proveniente de la Séptima Brigada de Villavicencio y que Villamizar sí hacía parte de esa agregación.

 

La juez María Stella Jara Gutiérrez, quien profirió la condena contra Plazas Vega, llegó a la misma conclusión, y además validó el testimonio de Édgar Villamizar que había sido muy controvertido por la defensa del ex comandante de la Escuela de Caballería y por la propia Procuraduría.

 

Según la defensa de Plazas Vega y el agente del Ministerio Público, Édgar Villamizar habría sido suplantado al momento de rendir el testimonio en la Fiscalía y durante la diligencia de inspección a la Escuela de Caballería que se adelantó en 2007. uno de los argumentos era que el acta en la que se recogió el testimonio, debajo de la firma del testigo, se leía el nombre el nombre de “Édgar Villarreal”.

 

La defensa de Plazas Vega aseguró que si en realidad se tratara de Édgar Villamizar no habría firmado encima del espacio que no correspondía a su verdadero nombre.

 

La juez Jara Gutiérrez consideró que ese hecho era un simple error de mecanografía pero que los otros datos suministrados por el testigo ratificaban su verdadera identidad y en efecto correspondían al cabo segundo que viajó de Villavicencio a Bogotá como parte de la agregación militar para reforzar los operativos que el Ejército adelantaba para recuperar el control del Palacio de Justicia.

 

El testimonio

 

La declaración de Édgar Villamizar da cuenta de los traslados de algunos “sospechosos” a la Escuela de Caballería. Relata la forma como algunos de ellos fueron interrogados y da cuenta de la muerte de un hombre y de una mujer.

 

La Fiscalía ha planteado la hipótesis de que las personas que murieron, según este testimonio, son Carlos Rodríguez, administrador de la Cafetería del Palacio de Justicia, y Cristina del Pilar Guarín, empleada temporal de esa dependencia.

 

Este es el aparte del testimonio que la juez María Stella Jara Gutiérrez consignó en su providencia y que validó como prueba para condena a Alfonso Plazas Vega.

 

“Al otro día a las 7 de la mañana nos volvimos a desplazar para el Palacio de Justicia. Se podía sentir el calor, en todo lo que es el sector del LEY, y el totiar de vidrios y botellas, porque estaban tratando de apagar el incendio y no podían. Alguien le pregunta al Coronel Plazas qué hacemos con la gente y es donde manifiesta abiertamente, ‘cuelguen esos hijueputas’.

 

Para la Escuela de caballería se traen, en un Nissan Azul, claro que después ese carro estuvo en la PM, con un techo de color cremita o beige. Traen una señora con falda a cuadros, un señor con buso no recuerdo si era blanco o era beige, pero no recuerdo si era ese que llaman cuello de tortuga, nos vinimos y los meten allí, en el primer viaje, a las pesebreras. Eso es en el segundo día, no recuerdo la hora. Por estar en los grados más bajitos de los que estaban allá, yo era cabo segundo, me dejan de seguridad, cuidando las dos personas que acababan de llegar ahí (sic).

 

Achury el sargento viceprimero, ya fallecido, me manifiesta que a ‘esos perros ni agua’. Se van con los que ya había y pasadas como las 4 y media de la tarde, cuando regresaron otra vez, se regresan a la escuela de caballería y ya traían otros tres, Creo que era otra señora y dos hombres y los metieron detenidos, aislados. Se metieron a pesebreras diferentes, cada uno en una (sic.).

 

A mí me releva el Cabo Lorza, yo me vengo a descansar como después de la comida para que yo viniera al Casino, porque volvía a coger turno a las 12 de la noche, otra vez en seguridad. Pude oír y pude darme cuenta de la tortura, vejámenes, no se que palabra colocar ahí, que estaban efectuándose a las personas que habían traído. Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas.

 

Yo me alcanzo a acordar bien, bien, bien, de la que primero se trajo, le rasgaron la blusa y le dejaron los senos a la intemperie. A uno de los detenidos, Achury le amarró las manos atrás con una cabuya, lo acostó boca arriba, le envolvió una toalla de color verde con letras negras que decía Ejército Nacional y le empezaron a echar agua a la altura de las fosas nasales. Yo creo que habrían trascurrido unos 40 o 45 minutos de estar Achury haciéndole eso a ese señor, a mi me provocó matar a Achury y cuando el aflojaba la toalla, él decía que no le hiciera eso que él era de la cafetería y soltaba un eructo fuerte. Como a los 10 o 15 minutos sale Achury y comenta con Gamboa, “curso, curso, se me fue este hijueputa”, fue cuando me di cuenta que se había muerto. La persona quedó, la cara era como ver, le quedó la cara como morada, como color remolacha y la expresión era de horror. Me acuerdo que se peinaba por la mitad, y se veía que el tipo tenía el cabello bien cuidadito (...)

 

Achury, después de que ocurrió eso, (...) temblaba más que una gelatina, estaba asustado. Gamboa se va y como a los 20 minutos llega con un plástico negro, y envuelven al señor, ese, le quitan la toalla y le quitan el plástico, lo envuelven como generalmente se hacía un levantamiento, plástico marrado en las dos puntas del cuerpo. Estando observando lo que estaban haciendo Achury y Gamboa, se escucharon los gritos de una mujer, porque yo estaba en la punta de las pesebreras y a un lado estaba el Cabo Corredor del Grupo Guías de Casanare y se me acerca Corredor y me dijo “tenaz”, yo de esta mierda me retiro, y al poquito tiempo se retiró y después yo me retiré. Estando en eso sale Arévalo , y manifiesta “manito, manito, la cagué”. Se le pregunta porqué la cago y manifiesta: “maté esta vieja”.

 

Volviendo al cuento con esto, Arévalo sale asustado con Gamboa empacan a la persona, y se la llevan para el lado de las pesebreras. Ahí, lo curioso es que, yo no se, entre cuantos ni quienes, volvieron a abrir un hueco y sacaron un caballo que estaba muerto y ya estaba encima del encementado y ahí pusieron los cuerpos, en eso pusieron a trabajar soldados. Eso fue como el 8 de noviembre, porque ya la gente estaba empezando a aglomerar aquí al frente y ya estaba empezando a preguntar por la gente (sic)”.

 

¿Por qué se validó este testimonio?

 

El testimonio de Villamizar fue el más cuestionado en todo el proceso, sin embargo el juzgado “le brinda total credibilidad en tanto que, una vez acreditada la presencia de la Unidad Militar a la que él pertenecía, Brigada 7 con sede en Villavicencio, en el lugar de los hechos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar por él relacionadas, guardan correspondencia con los elementos de prueba analizados por este despacho”.

 

Para la Juez, existe un documento que corresponde a la trascripción de un casete que recoge la versión de uniformados al servicio del B-2 del Ejército Nacional que participaron en “la operación de asalto del Palacio de Justicia”.

 

En ese documento se expone, por parte de los militares, que ellos fueron los encargados de trasladar a un “número de rehenes que eran mantenidos por la subversión dentro de las instalaciones del Palacio” a la Casa Museo del 20 de julio, en donde fueron identificados.

 

Un número aproximado de doce personas, “entre hombres y mujeres” que no lograron brindar “explicación de cuál era su motivo de presencia en el Palacio de Justicia, fueron conducidos a las instalaciones de la Escuela de caballería del Cantón Norte y de la Brigada de Institutos Militares en el norte de Bogotá”.

 

Da cuenta el escrito de la clasificación de las mencionadas personas, que fueron trasladadas así:

 

- “Cuatro hombres de diferentes edades”, algunos hombres, decían que ellos eran los administradores, meseros y cocineros de la cafetería del Palacio.

 

- “Otros tres, dos individuos más jóvenes y una mujer”, fueron “identificados como terroristas”, “participantes directamente en el asalto al Palacio”.

 

- “Los otros cuatro se los acusó de haber permitido el ingreso, a través de cajas, de parte del armamento que usó el grupo terrorista M-19”, imputación que no quisieron aceptar, razón por la cual se les brindó el mismo tratamiento “que a los tres guerrilleros comprobados”.

 

Se reitera que esas personas estuvieron en la Escuela de Caballería y, según se expresa en el documento, se trata de los mismos desaparecidos.

 

Refiere el documento que “por orden directa” del “Coronel Plazas Vega” se pretendió que los retenidos firmaran una carta en donde se decía “que ellos habían recibido tres millones de pesos” para comprar “material de guerra que usó el M-19 para financiar la operación”.

 

Se hace alusión a que uno de los individuos, tachado de “subversivo”, no quiso suministrar su nombre, y en lugar de ello “respondió con un madrazo”, por lo que fue torturado y “ahogado en los bebederos (...) que quedan en todo el centro de las caballerizas, que son las mismas celdas que utilizamos en la Escuela de Caballería para mantener a los detenidos” luego de lo cual yació muerto.

 

Respecto de otra persona tildada también de “terrorista”, se dice que fue el que “suministró la dirección de la calle sexta sur con carrera octava en el barrio Calvo Sur donde habían preparado la operación” de toma del Palacio por parte del M-19.

 

Dice la juez que en ese documento castrense “se impartió la orden” de acabar con la vida de los detenidos con el fin de que “no quedara ni un solo testigo que diera cuenta de las macabras atrocidades que llevaba a cabo el Ejército Nacional”.

 

La acusación de haber permitido el ingreso de armamento al Palacio de Justicia recayó en “David Celis”, “Jaime Beltrán”, “Hernando Hernández” y “Carlos Rodríguez”. Así mismo, luego de algunas pesquisas, se logró averiguar “que habían otras tres mujeres detenidas en otra instalación militar que correspondían a los nombres de Luz Marina o Luz María Puerta, Hohora Esguerra y Rosa o Margarita Castilblanco”.

 

Menciona el escrito que el día miércoles, cuando se preparaba el operativo de respuesta al ataque del grupo M-19, el Coronel Plazas Vega, les manifestó a los “efectivos del B-2” que tenían que estar dispuestos “a cobrar las vidas que el terrorismo había sacrificado en el cerro de comunicaciones del Cable de Bogotá y el Batallón Cisneros en Manizales”.

 

Resaltan los militares: “nosotros admiramos a mi coronel Plazas en grado sumo porque es (...) un estratega militar y un táctico militar de alta calificación, son cualidades que no tiene cualquier militar colombiano, la forma como se desarrolló el operativo fue exitosa, pero desconocíamos (...) este aspecto que el Coronel Plazas tiene con los métodos de interrogación a los terroristas, nosotros lo admiramos mucho pero en eso estamos en desacuerdo (...)”.

 

Con base en estos documentos, y sobre todo en estas pruebas, la juez tercera penal del circuito especializado aseguró que “resulta innegable que el coronel (r.) Luis Alfonso Plazas Vega, como comandante de la Escuela de Caballería, debió conocer los censurables actos perpetrados por personal militar en contra de varios sobrevivientes, entre ellos los once desaparecidos en dependencias militares a su cargo, lo cual demuestra la coincidencia de la antijuricidad que acompañó al acriminado durante el desarrollo de los sucesos que ocupan nuestra atención”.

 

Aunque la Juez hizo la salvedad de que en el proceso no hay pruebas que determinen que Plazas vega, como comandante de la Escuela de Caballería, fue quien directamente desapareció algunas personas, sí asegura que el coronel en retiro “tuvo el dominio del hecho a través de la fuerza que comandaba, lo que le aseguró la consumación del punible a través de la fungibilidad de los ejecutores responsables, quienes resultaron ser piezas esenciales de un engranaje completo orientado al crimen”.



Recluido en Ternera

Excongresista José María Imbeth

 


En un pabellón especial de la cárcel de Ternera, pasó la noche el excongresista José María Imbeth, condenado por parapolítica. A las 12: 30 del mediodía de ayer, el ex congresista José María Imbet Bermúidez fue trasladado a una celda especial en el primer piso de la cárcel de Ternera, por agentes del CTI de la Fiscalía, que fueron a buscarlo a hospital de Bocagrande, en donde estaba internado por afecciones cardíacas.

 

 La justicia requería a Imbeth desde el pasado 8 de febrero, tras la condena en su contra proferida por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, de 7 años y medio de cárcel, por haber firmado un acuerdo con los paramilitares en 2001, denominado el “Pacto de Ralito”.

 

Desde que se tuvo conocimiento del fallo, Imbet Bermúdez, fue internado en el centro hospitalario, por orden de sus médicos especialistas quienes determinaron que sus problemas cardiovasculares, estaban en aumento y su condición física no era la mejor.

 

La recomendación médica al personal del CTI, antes del traslado del político desde Bocagrande a Ternera, fue que este debía permanecer bajo estrictas condiciones especiales, de ahí que se le concediera la celda especial 4.

 

El Universal conoció que su médico cardiólogo, dijo que su paciente debía recuperarse primero, antes de ser trasladado a Bogotá.

 

Sin embargo, Imbeth sería trasladado a Barranquilla, a la penitenciaría de El Bosque, a los patios de justicia y paz.

 

Hoy se espera algún anuncio de las autoridades sobre el traslado de Imbeth hacia Bogotá o Barranquilla, el cual no se había producido, al cierre de esta edición.

 

Por el pacto

 

La Corte Suprema de Justicia estableció que el excongresista firmó de manera "libre y espontánea" el denominado “Pacto de Ralito”, por lo cual lo condenó a 90 meses de prisión (7 años y medio).

 

Imbeth le dijo entonces a El Universal/APIC que esperaba que la investigación y el juicio se lo hicieran la Corte Suprema de Justicia, como manda la Constitución.

 

“Son mis jueces naturales soy su aforado (de la Corte), pero ni me han hecho el juicio ni me han investigado; no conozco a mis jueces ni ellos me conocen a mí”, dijo el 9 de febrero el ex representante a El Universal.

 

La Corte también condenó ese mismo día a el exgobernador de Córdoba, Jesús María López y al ex representante a la Cámara Jorge Luis Feris por el mismo departamento, tras demostrar su participación en el famoso acuerdo firmado en la población de Ralito, a 28 kilómetros de Montería (Córdoba).

 

Según el fallo, el ex representante a la Cámara José María Imbett, se comprometió con su firma, con los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el que se buscaba "refundar la patria", como lo decía el acuerdo  a cambio de un apoyo a su proyecto político,

 

Los jefes de las autodefensas, Salvatore Mancuso, alías 'Diego Vecino' y Diego Fernando Murillo alias 'Don Berna, coordinaron la famosa reunión de Ralito, una estrategia que no les funcionó y con la que pretendían crear un movimiento nacional, que sirviera de base para el lanzamiento político de las AUC, y el regreso progresivo a la vida civil y política de los paramilitares adscritos a esa organización.

 

Captura anterior

 

En Junio de 2007 Imbett, exrepresentante a la Cámara,  fue capturado y detenido junto con 19 personas en la cárcel La Picota por el mismo caso. Salió libre en agosto de ese año porque sus abogados lograron demostrar que sus problemas cardíacos, no podían ser manejados en la fría Bogotá.

 

Los médico recomendaron que Imbeth debía estar en tierras cálida, cerca de la brisa costera, por lo cual se suspendió el encarcelamiento en La Picota.

 

Tras la cancelación de una multa de más de 10 salarios mínimos como otro componente para adquirir su libertad, y con la condición de seguir vinculado a la investigación, Imbeth se vino a vivir en Cartagena desde ese año.

 

El pacto de la condena

 

El “pacto de Ralito”, fue firmado en julio de 2001, pero se conoció en 2007, involucró a varios congresistas, alcaldes y gobernadores, así como a ganaderos y funcionarios públicos de la región, de los cuales varios han sido condenados por este hecho.

 

 

José María Imbett sale del Hospital de Bocagrande para la cárcel 


El exrepresentante a la cámara de Bolívar, José María Imbett, fue dado de alta del Hospital de Bocagrande, donde estuvo internado durante al menos 15 días debido a un problema cardiovascular.

 

Eluniversal.com.co conoció que el médico de cabecera de Imbett, condenado recientemente por la firma del "Pacto de Ralito", le dijo al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que debían esperar a que se restableciera su estado de salud si querían trasladarlo a Bogotá.

 

El excongresista que fue capturado en 2007 y que permanecía en la cárcel La Picota de Bogotá, recobró su libertad debido a sus problemas cardiacos. En Cartagena tenía casa por cárcel en Bocagrande, donde estaría ubicada su residencia, hasta que la Corte Suprema de Justicia lo condenó a pasar 90 meses en prisión, por haber firmado de manera "libre y espontánea" el acuerdo con las Autodefensas Unidas de Colombia.

 

El condenado habría sido trasladado inicialmente a la Cárcel de Ternera. Aún no se ha establecido cuándo sería llevado a Bogotá

 

 

Este jueves se reanudará la audiencia contra él y otros seis implicados, entre ellos Luis Carlos Restrepo

Los bandazos de 'Olivo Saldaña'

 

El exguerrillero que protagonizó la falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana no para de contradecirse. ¿A quién quiere proteger? 


Apenas 24 horas después de que Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, cambiara su testimonio una vez más y asegurara que él es el único culpable de la falsa desmovilización del frente Cacica la Gaitana, ocurrida en marzo de 2006, Mildred Hartmann, abogada del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, aseguró que su cliente no es un prófugo de la justicia, sino un protegido internacional. “Si se quiere que el doctor Luis Carlos Restrepo —y este es un mensaje que transmito por expresas instrucciones de él— se encuentre presente durante el proceso, él me ha manifestado su disposición de hacerlo si se le otorgan unas garantías”, aseguró la abogada.

 

Y agregó que su cliente poco o nada tuvo que ver con el supuesto montaje del Cacica la Gaitana, haciendo eco de lo dicho el pasado lunes por Saldaña, quien aseguró que engañó “al comisionado Luis Carlos Restrepo y a las Fuerzas Militares. Ni los coroneles (Jaime Joaquín Ariza y Hugo Hernán Castellanos) ni el general (Lelio Suárez) Tocarruncho hicieron parte de esto (…) El único responsable de todos estos actos soy yo. Y prefiero irme al infierno, pero que no vayan a ir inocentes en ese proceso, a pesar de las consecuencias jurídicas que me acarrea reconocerlo”.

 

Al respecto Hartmann reprochó: “Cómo el comisionado iba a dudar, a cuestionar lo que decía el ministro de Defensa, lo que decía el director de Inteligencia. El día de la desmovilización ve sentado al comandante de la Policía, al comandante del Ejército, ¿debía desconfiar de la desmovilización?”. Y agregó que “carece de toda lógica que hubiera un acuerdo con el señor Hugo Alberto Rojas Yepes —narcotraficante extraditado que, supuestamente, habría orquestado el montaje con el fin de limpiar su historial criminal— y mi cliente, porque mi cliente lo sacó de la lista. Fue él quien sacó al narcotraficante de la lista de Justicia y Paz”.

 

La audiencia durante la cual se decidirá si Restrepo y otros seis implicados en este proceso —los hermanos Gloria Inés, Miguel Alcides y José Alfredo Pacheco Ramos; los exguerrilleros Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, y Felipe Alejandro Salazar Pacheco, alias Biófilo y el coronel (r) Jaime Joaquín Ariza— son cobijados con la medida de aseguramiento quedó aplazada para mañana y empezará con la continuación de la intervención de Hartmann, después se tomará la decisión judicial. Hasta este momento, la diligencia ya ha dado de qué hablar y todo por la retractación de Saldaña.

 

No es la primera vez que el exguerrillero cambia su testimonio. A finales de febrero del año pasado, cuando la Fiscalía puso un manto de duda alrededor de la desmovilización del Cacica la Gaitana por presuntas irregularidades durante su desarrollo, Saldaña aseguró que la desmovilización había sido transparente y que quienes la ponían en duda sólo querían deslegitimar la política de seguridad democrática y el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. “Este no es sino un capítulo más de la guerra política contra el gobierno”, resaltó en ese entonces el exguerrillero y lo reiteró días después cuando el gobierno le pidió a la justicia que excluyera a ‘Saldaña’ del programa de Justicia y Paz y le quitara su condición de gestor de paz.

 

Luego, en julio de ese mismo año, Saldaña aseguró que el expresidente Uribe y el excomisionado de Paz sabían muy bien que el extraditado narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes pretendía hacerse pasar como miembro del Cacica la Gaitana, desmovilizarse y limpiar su pasado judicial. Pero comentó que no fue él sino José Alfredo Pacheco quien intentó incluir a Rojas entre los desmovilizados. “Es un mitómano que está preocupado por una investigación por extorsionar desde la cárcel”, refirió Saldaña con respecto a Pacheco, que ya en reiteradas ocasiones había señalado a Agudelo Medina de orquestar el supuesto montaje de La Gaitana.

 

Esta versión fue repetida el pasado 13 de febrero cuando Saldaña comentó que “en esta presunta falsa desmovilización siempre tuve la firme y única intención de lograr que las personas que combatieron conmigo en las Farc abandonaran las armas. Si existieron colados no es responsabilidad mía”. Y agregó que todo el proceso por la supuestamente falsa desmovilización de la Gaitana era un ataque de parte de la Fiscalía, los ‘paras’ y la guerrilla contra el uribismo y específicamente contra Restrepo. “No puedo seguir intimidado, tengo que quitarme esta mordaza y me bajo de esta locomotora de la infamia, la cual está engranada desde Palacio y a la que a mí me subieron con un arma”.

 

Pero el pasado lunes cambió de nuevo su versión y dijo que él y los hermanos Pacheco inflaron “el número de desmovilizados, estamos hablando de unos 35 realmente, los otros eran ‘embuchados’. No podemos permitir que se dañe el nombre de una persona que no tiene nada que ver en esto. La responsabilidad es mía y de los hermanos Pacheco, quienes hoy son los testigos estrella de la Fiscalía”.

 

Y solicitó que no se asegurara a los otros implicados en el proceso. Estas constantes retractaciones han puesto en duda a Saldaña. Tanto que el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Martín Moreno, comentó en su momento respecto al exguerrillero: “no sabemos con qué saldrá mañana, siempre hemos visto como cada día dice algo diferente”.

 

La justicia sólo espera que Medina Agudelo no dé más bandazos en sus versiones.



Asilo político de Restrepo

Piden a Gobierno y Fiscalía "no caer en trampa" de Restrepo

 

El excomisionado puede utilizar lo que se diga en su contra, para el asilo. 


El Partido Liberal fue más duro este viernes en sus críticas para el excomisionado de Paz, Luis C. Restrepo, al conocer que él está buscando un país para formalizar su pedido de asilo.

 

Según el jefe liberal, el representante Simón Gaviria Muñoz, Restrepo “está actuando desde su desesperación y desde una incompleta inestabilidad emocional”.

 

Para el congresista, el exfuncionario puede hacer señalamientos “mucho más absurdos de los que ya ha venido haciendo”.

 

Al referirse al caso específico de petición de asilo, Gaviria exhortó al Gobierno y a la Fiscalía para que por favor no respondan nada al excomisionado.

 

“Nos preocupa que cualquier respuesta que se le haga al exfuncionario frente a sus dementes acusaciones, pueda ser utilizada por él como la sustentación en su petición de asilo”, sostuvo el político bogotano.

 

Y agregó: “consideramos importante no caer en la trampa y no responderle a Luis C. Restrepo”.

 

La petición de Restrepo

 

Por medio de otro comunicado desde la clandestinidad, el excomisioando de Paz Luis C. Restrepo presentó diversas críticas al proceso que adelanta la Fiscalía en su contra por su presunta participación en el montaje de la desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc, registrada en marzo de 2006.

 

“Hoy, vestidos con el ropaje de la ley, los criminales se han apoderado de la Fiscalía. Si fueron capaces de hacer este montaje del que me acusan, no dudarán en matarme cuando me tengan a su alcance”, precisa en uno de los apartes del comunicado el excomisionado de Paz, por lo que señala que está buscando asilo en otro país, “con el fin de que me brinden la protección que mi país no quiso darme”.

 

En la carta, publicada en el sitio Periodismo Sin Fronteras, Restrepo calificó de “calumniosas” las argumentaciones presentadas por la Fiscalía en la imputación de cuatro delitos en su contra y la solicitud de medida de aseguramiento.

 

“Para declararme un peligro para la sociedad, recurren a testigos falsos que jamás he visto en mi vida”, precisó en el comunicado de tres párrafos, en los que niega que haya intentado sobornar y comprar testigos para que no declararan en su contra, y no contaran detalles sobre la manera en cómo se fraguó la falsa desmovilización.

 

Para Restrepo Ramírez, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de enero, la llamada “empresa criminal” de la que se le acusa haber sido parte junto a otros militares, narcotraficantes, y guerrilleros sí existe, “pero se encuentra en la Fiscalía General de la Nación”.

 

En los últimos días la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, fraude procesal, y porte, fabricación y tráfico de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

 

Además se le manifestó a la juez 62 de garantías la necesidad de hacer una solicitud formal a la Interpol para que se emita circular roja en contra de Restrepo Ramírez, “para que se someta a la justicia colombiana”.

 

 

Asilo de Restrepo

Juan Lozano no responder a "voces por fuera de la institucionalidad"

 

Así respondió el presidente de La U a la petición de Luis C. Restrepo de un asilo.

 

Luis C. Restrepo habría instigado a testigo para que guardara silencio

Oficialmente el Partido de La U se pronunció sobre el anuncio formal del excomisionado Luis C. Restrepo de buscar asilo político.

 

Sin mencionar al exfuncionario, el presidente de la colectividad, Juan Lozano Ramírez, dijo que no le responderá a nadie que esté por fuera de la institucionalidad.

 

“Tengo por norma y creo que es lo correcto para Colombia, no referirme a voces que no están dentro de la institucionalidad”, sostuvo.

 

“El Partido de La U es un partido institucional, tiene sus conductos, tiene una estructura que hoy le debe responder a los colombianos por la confianza que han depositado en un proceso electoral tras otro”, explicó.

 

Y agrego: “Yo me refiero a los procesos institucionales y no hago comentario frente a voces que vienen por fuera de la institucionalidad”.

 

El pedido de asilo de Restrepo

 

Por medio de otro comunicado desde la clandestinidad, el excomisioando de Paz Luis C. Restrepo presentó diversas críticas al proceso que adelanta la Fiscalía en su contra por su presunta participación en el montaje de la desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc, registrada en marzo de 2006.

 

“Hoy, vestidos con el ropaje de la ley, los criminales se han apoderado de la Fiscalía. Si fueron capaces de hacer este montaje del que me acusan, no dudarán en matarme cuando me tengan a su alcance”, precisa en uno de los apartes del comunicado el excomisionado de Paz, por lo que señala que está buscando asilo en otro país, “con el fin de que me brinden la protección que mi país no quiso darme”.

 

En la carta, publicada en el sitio Periodismo Sin Fronteras, Restrepo calificó de “calumniosas” las argumentaciones presentadas por la Fiscalía en la imputación de cuatro delitos en su contra y la solicitud de medida de aseguramiento.

 

“Para declararme un peligro para la sociedad, recurren a testigos falsos que jamás he visto en m vida”, precisó en el comunicado de tres párrafos, en los que niega que haya intentado sobornar y comprar testigos para que no declararan en su contra, y no contaran detalles sobre la manera en cómo se fraguó la falsa desmovilización.

 

Para Restrepo Ramírez, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de enero, la llamada “empresa criminal” de la que se le acusa haber sido parte junto a otros militares, narcotraficantes, y guerrilleros sí existe, “pero se encuentra en la Fiscalía General de la Nación”.

 

En los últimos días la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, fraude procesal, y porte, fabricación y tráfico de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

 

Además se le manifestó a la juez 62 de garantías la necesidad de hacer una solicitud formal a la Interpol para que se emita circular roja en contra de Restrepo Ramírez, “para que se someta a la justicia colombiana”.



Chuzadas del DAS

DAS quemó registros de seguimientos contra magistrados: 'Mata Hari'

 

Explicó que hasta la fecha se conoce el 20 por ciento de los seguimientos de los magistrados.


La exdetective del DAS Alba Luz Flórez, más conocida como 'La Mata Hari' explicó que desde el 2009, el organismo de inteligencia inició los seguimientos e interceptaciones ilegales contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de "espiarlos" durante sus sesiones para grabar los temas relacionados con la llamada parapolítica y farcpolítica.

 

Según la exdetective del DAS, señalada de ser una de las personas que infiltró fuentes humanas en el alto tribunal, el proceso tenía como primer objetivo averiguar cómo iban los procesos contra altos funcionarios del entonces Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

 

"Hasta el momento solamente se conoce solamente el 20 por ciento de la información recolectada en la Corte. Por orden de mi jefe se destruyeron archivos y documentos", precisó la 'Mata Hari' ante la juez 32 de conocimiento de Bogotá.

 

Para esta misión, se ubicaron grabadoras y micrófonos en las salas plenas de los magistrados de la Corte, con la ayuda de las empleadas del servicio que eran además las encargadas de recoger las grabaciones y hacer estudios de inteligencia, entre los que estaban los movimientos y encuentros de los magistrados en sus tiempos libres.

 

Ya para 2010, cuando el escándalo por las llamadas 'chuzadas' empezó a sonar en la opinión pública, su jefe, el entonces director de fuentes humanas William Romero, ordenó hacer informes falsos para "ocultar" la información que se había recolectado hasta el momento.

 

Aunque aseguró desconocer que documentos habían sido destruido, sí señaló que entre los informes que fueron solicitados por la entonces directora del DAS María del Pilar Hurtado, se encontraban los temas relacionados con los proceso contra Guillermo León Valencia Cossio (hermano del entonces ministro del Interior Fabio Valencia Cossio), el exdirector del organismo de inteligencia Jorge Noguera Cotes y el senador, y primo del presidente de la República, Mario Uribe Escobar.

 

En los procesos por la llamada 'Farcolítica' se recolectaron más de 1.400 folios, los cuales tenían relación con las investigaciones que se adelantaban contra los entonces congresistas Gustavo Petro y Piedad Córdoba.

 

Seguimientos en su contra

 

A la salida de la diligencia judicial, la exdetective señaló que hace un mes denunció actividades de seguimiento en su contra y sus abogados, hecho que ya fue conocido por la Fiscalía General que emprendió acciones.

 

Igualmente aseguró que está comprometida a seguir colaborando con la justicia y entregando información clave sobre los procesos que se adelantan por las llamadas chuzadas.

 

 

Luis Carlos Restrepo

Luis Carlos Restrepo aparece con ataque a Santos

 

Propone una campaña para bloquear una posible reelección del presidente Juan Manuel Santos.

 
"Desde la clandestinidad", como señala en su cuenta de Twitter el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria, el excomisionado envió un comunicado al denominado Centro de Pensamiento Primero Colombia, dirigido por Gaviria el cual comienza con la siguiente afirmación: "el uribismo se equivocó al elegir a Santos".

 

A reglón seguido propone "iniciar de inmediato una campaña contra la reelección de Santos, bajo el lema: “No a la reelección de la mentira”, según el comunicado que hace unos minutos divulgó Gaviria a través de esta red social.

 

En el llamado Decálogo Político para Retomar el Rumbo, el excomisionado -hoy procesado como persona ausente por la supuestamente falsa desmovilización de un bloque guerrillero- no hace mención alguna a ese proceso ni a la supuesta falta de garantías para su proceso en el país.

 

Luis C. Restrepo señala que la estrategia a seguir por parte del uribismo debe estar concentrada en retomar el gobierno durante ocho años, incluida una reelección, y llama a convocar a una nueva asamblea constituyente.

 

Tras haber dicho a Caracol Radio que estaba dispuesto a responder ante la justicia colombiana por la sindicación que se le hace, de haber permitido la falsa desmovilización del bloque Cacica “La Gaitana”, el funcionario salió del país rumbo a Estados Unidos y no ha regresado.

 

La semana pasada no se presentó a la audiencia de imputación de cargos y el juez aceptó la solicitud de la Fiscalía de procesarlo como persona ausente.

 

El Director Nacional de Fiscalías señaló que ya se ha emitido una orden de captura en contra de Luis C. Restrepo.

 

 

Hugo Alberto Rojas,

El "patrocinador" de la desmovilización de 'Cacica La Gaitana'

 


Alias el 'Indio', el 'Cholo' o 'Rafael' fue la persona encargada, según la Fiscalía y el testimonio del desmovilizado José Alfredo Pacheco, de aportar el dinero para llevar a cabo la financiación de la presunta falsa desmovilización.

 

En el caso de la presunta falsa desmovilización del frente 'Cacica La Gaitana' de las FARC llamó la atención la referencia que el fiscal del caso Francisco Javier Villareal hizo sobre un hombre llamado Hugo Alberto Rojas.

 

Aunque no se ha cumplido la audiencia de imputación de este, el fiscal señaló que fue él quien sirvió de financiador para que se llevara a cabo el desarme de dicha compañía.

 

¿Cuál era el interés de este piloto en pagar por el desarme y además hacerse pasar por un guerrillero? De acuerdo con la Fiscalía, Rojas Yepes, quien también es conocido con los alias el 'Indio', el 'Cholo' o 'Rafael', "desplegó una serie de actos tendientes a defraudar al Estado a través de reuniones sostenidas en el patio PAS-B de La Picota con los guerrilleros Raúl Agudelo, alias ‘Olivo Saldaña’, con el coronel Hugo Hernán Castellanos y el también coronel Jaime Joaquín Ariza, con quienes planeó y coordinó directamente la creación de una falsa compañía subversiva, reuniones que tuvieron lugar no solo en el interior de este patio, también en la dirección del penal".

 

Según estableció el ente acusador, y de acuerdo con lo cual le imputará cuatro delitos (peculado por apropiación, fraude procesal, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, y prevaricato por acción) fue Hugo Alberto Rojas Yepes quien aportó el dinero para llevar a cabo la financiación de la cuestionada desmovilización.

 

"Se recurrió a su dinero y a la coordinación suya con alias el 'Mono’ para la entrega del dinero a los paramilitares a quienes les compró las armas, la intervención de Miguel Alcides Pacheco Ramos para verificar la idoneidad del armamento, y la concurrencia de los militares, Castellanos y Ariza, para el transporte de las mismas".

 

Raúl Agudelo y José Alfredo Pacheco Ramos fueron quienes a través de sus hermanos que se encontraban en la libertad, "extendieron sus tentáculos al exterior de la cárcel, no solo para hacerse a las armas, sino para la incorporación de personas a quienes se les pagó y se les prometió que el Estado les seguiría pagando una vez concluido el proceso de desmovilización", señala el escrito de imputación.

 

Dichos desembolsos, que se realizaron hasta septiembre del 2011, se hicieron a 58 falsos desmovilizados. La cifra según la Fiscalía ascendió a más de mil millones de pesos.

 

Pero ¿de cuánto fue el aporte de Yepes para llevar a cabo el desarme? Señala el ente acusador que la cuantía estuvo cerca a los dos mil millones de pesos.

 

¿Y cuál era su propósito al hacer parte de este "montaje"? Según la Fiscalía, tenía "la creencia o esperanza de que al hacer parte de esa falsa estructura impediría su extradición a Estados Unidos, y por ello, contando con el aval de 'Olivo Saldaña', hizo que se creara un proceso judicial en su contra por el delito de rebelión", y logró ser condenado por ese delito, el cual aceptó y por el que recibió 48 meses de prisión como pena.

 

El único testigo en su falsa condición de guerrillero ante las autoridades fue justamente 'Olivo Saldaña'.

 

Sobre el papel de Rojas Yepes en el caso 'Cacica La Gaitana', hace un año el desmovilizado y hoy procesado también por este hecho, José Alfredo Pacheco, aseguró en entrevista con La FM que Rojas Yepes financió la totalidad de la desmovilización.

 

“Se le pedían 100 millones, listo tenga. Con el abogado que él tenía movía toda la plata, que era producto del narcotráfico”, apuntó entonces.

 

La idea era "hablar con el Gobierno, Luis Carlos Restrepo y el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega", dijo Pacheco, quien recordó en entrevista con la misma emisora que el narco quería que "lo metieran en el proceso de Justicia y Paz (...) Comenzaron a coordinar y a cuadrar con el Gobierno, pero luego extraditan a Hugo y le tumban la plata", relató.

 

El exguerrillero dijo en su momento que las armas que se compraron para la operación fueron vendidas por el narcotraficante 'Don Alvarito', según él, preso en La Picota.

 

"'Don Alvarito' me dijo: 'Tengo unos fusilitos, se los vendo para que le salgan más baratos’. Mi hermano fue hasta Santa Marta y de allá se van hasta La Tebaida'", aseguró Pacheco, cuya imputación de cargos se cumple en el marco de la investigación por 'Cacica La Gaitana'.

 

Los testimonios de exparamilitares como alias 'Don Mario', el 'Tuso Sierra' y Salvatore Mancuso dan cuenta, según el ente investigador, de que Hugo Rojas Yepes nunca fue un guerrillero, tal y como lo hizo creer.

 

Esos hombres, hoy extraditados, dan cuenta de que él era un "narcotraficante puro", cuyo interés era, ante una orden de extradición, presentarse como una persona de las FARC para evitar ser enviado fuera del país.

 

La Fiscalía ha establecido que alias el 'Indio' "es coautor en la inducción en error a los servidores públicos, con el fin de obtener una sentencia y/o resolución o acto administrativo, por parte de la Fiscalía de la Nación y las Altas Consejerías para la Reintegración Social, a favor de los impostores que conformaban la inexistencia de la compañía 'Cacica La Gaitana'".

 

Su participación en el hecho que hoy está siendo investigado y por el cual imputaron cargos al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo se inició, dice el escrito de imputación, "en el segundo semestre del 2005, al interior del EPAMS La Picota, cuando se realizaron múltiples actos para conseguir armas, uniformes y falsos desmovilizados".

 

Tal pacto, según la Fiscalía, se extendió hasta el 9 de diciembre del 2011, fecha en que se suspendieron los pagos a los falsos desmovilizados por solicitud de la Fiscalía de conocimiento, pues la empresa criminal se fue renovando en el tiempo hasta que se puso al descubierto lo que estaba sucediendo".

 

Este miércoles continuará la diligencia de acusación contra los implicados en este escándalo, entre los cuales está Hugo Rojas Yepes, quien hasta ahora no se ha hecho presente en ninguna de las audiencias a las que se le ha citado.



Capriles Radonski:

Así es el hombre que espera derrotar a Hugo Chávez

 

A los 39 años ya fue vicepresidente del Congreso, alcalde y gobernador del segundo estado más poblado de Venezuela. Ahora va por la Presidencia. 


Henrique Capriles Radonski es desde este 12 de febrero el nombre de una ilusión para millones de venezolanos. Representa la esperanza de muchos de los que no quieren que el presidente Hugo Chávez permanezca en el poder.

 

El gobernador del estado Miranda, que incluye partes de Caracas y es el segundo más poblado del país, fue a los 39 años el más joven en participar en las primarias opositoras celebradas el domingo.

 

Su juventud siempre ha marcado su historial. No cumplió 40 y ya fue vicepresidente del Congreso, alcalde y gobernador.

 

Con 25 años, en 1998, fue electo diputado por el antiguo Congreso venezolano, un récord.

 

Se jacta de nunca haber perdido una elección y tras confirmar su racha este domingo, tendrá en menos de ocho meses el mayor desafío de su vida: derrotar a Chávez en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.

 

Sin confrontar

 

Capriles proviene de una familia acomodada, dueña de una cadena de cines y otros negocios.

 

Sin embargo, pese a las críticas desde algunos sectores por su origen social, Capriles, señalan sus partidarios, sabe cómo hablar el "lenguaje del pueblo", sabe cómo mezclarse y sabe que para tener chances de imponerse en comicios necesita llegar a todas las capas de la sociedad.

 

Como gobernador recorre los barrios con asiduidad. Quedó marcada la imagen de Capriles con el agua hasta la cintura empapándose de la situación de los afectados por las intensas lluvias de fines de 2010.

 

Fue un contraste con la de Chávez que visitó la zona desde un helicóptero.

 

Capriles, dirigente del partido Primero Justicia, busca evitar el lenguaje de la confrontación y el radicalismo que muchos críticos del gobierno consideran que Chávez promueve constantemente, y que también es una bandera de algunos sectores de la oposición.

 

Prefiere la moderación, raramente nombra o ataca a Chávez directamente. Y aunque sí cuestiona muchas de sus políticas, suele repetir que Venezuela –un país que se ha tenido que acostumbrar a las continuas y extensas cadenas presidenciales– precisa alguien que hable menos y trabaje más.

 

"Pretendo ser un presidente que hable mucho menos, que no invada la vida de los venezolanos todos los días, que no se crea imprescindible", dijo la semana pasada en un encuentro con la prensa extranjera en Caracas.

 

Busca también dejar atrás las divisiones que aquejan desde hace años a la sociedad: "no hay chavistas y escuálidos (término despectivo que usa Chávez para referirse a los opositores). Somos todos venezolanos", ha asegurado.

 

El candidato también ha sabido estar inmerso en polémicas.

 

Mientras se desempeñaba como alcalde de un municipio caraqueño ocurrió el golpe de Estado que durante 48 horas en abril de 2002 sacó a Chávez del poder.

 

Capriles concurrió a la embajada de Cuba, que se encontraba en el municipio del cual tenía jurisdicción, a mediar, según dijo, pues se había corrido el rumor de que el entonces vicepresidente, Diosdado Cabello, se encontraba allí.

 

La Fiscalía lo acusó de ingresar a la embajada sin autorización y violar principios internacionales. Terminó encarcelado durante cuatro meses y tiempo después fue absuelto. Por ese hecho fue juzgado cuatro veces.

 

"Centroizquierdista"

 

Se autodefine como "centroizquierdista" e insiste en que su modelo es el "Brasil de Lula". De hecho, de ahí tomó una de sus principales políticas en Miranda: el Plan Hambre Cero, que proporciona alimentos, vivienda y educación a familias en situación de pobreza.

 

Aliento a la inversión, garantías jurídicas y el ojo en el crecimiento pero con la bandera de la justicia social en alto: esa es su concepción de gobierno.

 

En materia petrolera, eje de la economía venezolana, se deslumbra con el modelo noruego: "utilizar el petróleo para no depender del petróleo, hay que diversificar la economía".

 

Y asegura que de ganar en octubre mantendrá las populares "misiones", los programas sociales de Chávez.

 

Capriles dice que lo importante no sólo es el cambio en la Presidencia, sino introducir un nuevo modelo, ya que considera fracasado al actual.

 

Hugo Chávez, sin embargo, acusó a Capriles -y al resto de precandidatos opositores- de ser los "candidatos de los yanquis" y criticó sus planteos de campaña: "andan en un show. Lo que hacen es que un grupo de tecnócratas hablan por ellos", señaló el presidente.

 

Un candidato soltero

 

A los 39 se mantiene soltero. Un hecho que se convirtió en tema de campaña.

 

En público, y en tono de broma, le pidió a la mujer del exprecandidato Leopoldo López que le consiguiera una esposa y luego debió acostumbrarse a que le preguntaran una y otra vez . Algunos medios incluso hicieron sondeos entre la gente para que le eligieran novia.

 

"Creo en la familia y ya me tocará a mí. Lo importante es que sepan los venezolanos que soy un constructor de la familia", ha dicho el candidato.

 

El católico Capriles se tiene mucha fe para derrotar a Chávez el 7 de octubre: "aquel caballo (Chávez) está cansado, éste está lleno de energía. Vamos a ver quién aguanta estos siete meses".

 

"En nuestro país hay una cruzada

Contra Luis Carlos Restrepo": 'Olivo Saldaña' 


El exguerrillero se retractó de la versión en la que aseguraba que el excomisionado Luis Carlos Restrepo sabía de la presunta falsa desmovilización del frente Cacica la Gaitana. Ahora dice que lo acusó por presiones.

 

El exguerrillero de las Farc Raúl Agudelo, alias ‘Olivo Saldaña’, aseguró que fue presionado por paramilitares extraditados a los Estados Unidos, abogados y un sector de la Fiscalía para que declarara en contra del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Según su versión, recibió amenazas para que dijera que Restrepo sabía de la falsa desmovilización del frente Cacica la Gaitana de las Farc.

 

En diálogo con La FM, 'Olivo Saldaña' aseguró que unos abogados, quienes lo visitaron recientemente en la cárcel y de los cuales no quiso dar sus nombres, le ofrecieron cerca de 1.000 millones de pesos para que dijera que la falsa desmovilización fue conocida por el excomisionado.

 

“En nuestro país hay una cruzada contra Luis Carlos Restrepo, contra el uribismo”, afirmó ‘Saldaña’ tras declarar que hay muchas presiones.

 

Resaltó que como él no había hablado, las personas que le ofrecieron el dinero le dijeron que fiscales de la Fiscalía estaban dispuestos a ir a la cárcel para conocer su testimonio. Según él, le aseguraron que no se preocupara “porque el fiscal del caso era una ficha de ellos”.

 

De acuerdo con su declaración, “me dijeron los mismos abogados que ellos me garantizaban beneficios jurídicos, como el principio de oportunidad y un preacuerdo, que ellos tenían todo hablado con la Fiscalía General de la Nación”.

 

'Saldaña', preso en la cárcel La Picota, aseguró que decidió cambiar su versión porque cree que va a ser asesinado, pues recientemente se encontró un arma cerca a su celda con la cual, supuestamente, se iba a cometer el crimen. "Me quieren matar y hay un pacto de silencio para no contar quién me quiere muerto”, dijo a la cadena radial.

 

Para ‘Saldaña’, en el país "hay una cacería de brujas contra los (exfuncionarios) pertenecientes al gobierno Uribe".

 

Finalmente también involucró a las Farc en las presuntas presiones. “Aquí hay una tenaza de gente de las Farc que se unieron para acabar con el doctor Luis Carlos Restrepo junto con paramilitares extraditados”.

 

El testimonio de 'Saldaña' no ha sido parte del proceso que se adelanta en la Fiscalía contra el excomisionado de paz pues ha cambiado de versión en repetidas oportunidades.

 

‘Olivo Saldaña’ resaltó que espera recibir protección del Estado para aclarar lo que ha dicho y los diferentes cambios de su versión.

 

 

"Avalo que quien no tenga garantías busque asilo": Uribe 


El expresidente aseguró que no sabe dónde está el excomisionado Luis Carlos Restrepo pero declaró que comparte su decisión de salir del país, pues no tiene garantías por parte de la justicia colombiana.

 

En entrevista con La W, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que no sabe dónde está el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, pero reiteró que comparte su decisión de salir del país debido a que no tiene garantías por parte de la justicia colombiana.

 

“Yo no sé dónde está el doctor Restrepo. Lo que sí sé es que no tiene garantías en Colombia. Solamente al escuchar las imputaciones, ver ese calibre, uno llega fácilmente a las conclusiones de que no tiene garantías de parte de la justicia colombiana”, declaró Uribe.

 

Sobre la decisión de Restrepo de salir del país, el exmandatario señaló que él lo que avala es que “cualquier persona que no tenga garantías busque asilo o una medida similar”.

 

Además, agregó que con la figura del asilo no se puede jugar, pues “un país reconoce el asilo no porque sí, lo reconoce cuando la persona que lo reclama presenta unos hechos”.

 

Uribe reiteró que Restrepo es parte de una venganza criminal que hay en contra de los exfuncionarios de su gobierno y aseguró que es muy “grave” que exista esta “persecución”.

 

Añadió que las declaraciones que dio este lunes ‘Olivo Saldaña’, en las que asegura que fue presionado para declarar en contra de Luis Carlos Restrepo, son una prueba más de que no hay garantías para el excomisionado de paz.

 

El expresidente criticó la decisión de la Fiscalía de pedir que Restrepo sea privado de la libertad, pues aseguró que el excomisionado siempre ha sido una persona honorable que ha actuado con rectitud durante toda su vida profesional.

 

Sobre la presunta falsa desmovilización del frente Cacica la Gaitana de las FARC, Uribe señaló que “hay que ver los detalles de cómo operaban esas desmovilizaciones. Lo que yo sé es que él (Restrepo) hacía las desmovilizaciones colectivas, pero en este caso de Cacica la Gaitana fue la inteligencia militar la que supo de las intenciones de este frente de desmovilizarse, y Restrepo lo avaló”.

 

En cuanto a las irregularidades que se presentaron con esa desmovilización, el exmandatario declaró que pudo haber alguien en las Fuerzas Militares que fuera cómplice, pero que si así fue, él nunca supo.

 

“Si hubo alguna persona en las Fuerzas Militares o en el equipo de Restrepo (que sabía de la falsa desmovilización), me duele, me parece muy grave”, concluyó Uribe.

 

 

Sugieren "Circular Roja" para Luis Carlos Restrepo 


Instituciones del Estado cuestionaron las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en las que sugiere que exfuncionarios de gobiernos no tienen garantías con la justicia colombiana. Simón Gaviria, jefe liberal, plantea que la Interpol garantice la presencia de Restrepo ante la justicia colombiana.

 

Rechazo general generó la insinuación del expresidente Álvaro Uribe en la que sugirió que exfuncionarios del gobierno, como el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, se les debe dar asilo, a su juicio, porque no gozan de las garantías en Colombia para afrontar procesos judiciales.

 

A tal punto que sectores políticos sugieren que, mediante la Interpol, se garantice la presencia en Colombia de exfuncionarios reclamados por la justicia.

 

Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes y jefe único del Partido Liberal, fue más allá. Porque no solo calificó de "inaceptable" el comportamiento del excomisionado de paz y las declaraciones del expresidente, sino que en diálogo con Semana.com consideró que Luis Carlos Restrepo "debe ser incluido en la lista roja de la Interpol para garantizar su presencia ante la justicia colombiana".

 

Justicia con garantías

 

Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, fue el primer funcionario del gobierno en pronunciarse ante esa declaración. Reiteró que en Colombia existen las garantías suficientes para el procesamiento de cualquier colombiano, eso incluye al excomisionado Restrepo.

 

“Yo creo que todo colombiano que sea requerido por la justicia tiene y debe tener las garantías correspondientes porque están consagradas en la Constitución clarísimamente y porque están consagradas en el ordenamiento legal no menos claramente”, aseguró el alto funcionario.

 

Esas garantías explicó Esguerra, consisten en “el debido proceso, en la oportunidad de defensa, en la oportunidad de tener un abogado y de ser escuchado, en la oportunidad de que se practiquen las pruebas que haya solicitado, en la oportunidad de una doble instancia, en fin, son todas las garantías que existen en un país civilizado y en un Estado de Derecho del que en esa materia los colombianos debemos estar orgullosos”.

 

El procurador Alejandro Ordóñez, también se sumó al rechazo. Incluso le sugirió al expresidente Uribe convencer a Restrepo de que regrese al país para frontar su proceso judicial. “El excomisionado debe afrontar la justicia colombiana, demostrar su inocencia, si cree tenerla. Asumir esa actitud de sustraerse del Estado colombiano no solamente ejerce una rebeldía contra nuestra constitucionalidad, también le hace perder credibilidad (a Restrepo)”.

 

No hubo presión a ‘Olivo Saldaña’

 

El fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Martín Moreno, negó que la Fiscalía haya presionado a Raúl Agudelo, alias ‘Olivo Saldaña’ para que dijera que el excomisionado Luis Carlos Restrepo conocía de la falsa desmovilización del frente de las Farc, Cacica Gaitana. Además resaltó que el testimonio de ‘Saldaña’ no es clave en la imputación de cargos.

 

Moreno respondió a lo dicho por ‘Saldaña’ quien acusó a la Fiscalía, a paramilitares extraditados en Estados Unidos, incluso al Estado, de presionarlo para que mantuviera su versión en la cual acusó a Restrepo de conocer de la falsa desmovilización. Como se sabe 'Saldaña' fue presionado para que atestiguara contra Restrepo.

 

“La Fiscalía jamás ha tenido en cuenta la declaración de ‘Olivo Saldaña’ para formular la imputación de cargos contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo”, confirmó el fiscal Moreno a la emisora la FM.

 

El fiscal dijo que ‘Saldaña’ será el primer perjudicado ya que como se encuentra en justicia y paz va a perder todos los beneficios pues, la falsa desmovilización es un delito que no ha confesado.

 

“Somos garantitas de los derechos que le asisten a cualquier persona” resaltó Moreno  tras lo dicho por ' Saldaña'.

 

De igual manera confirmó un fiscal que lleva el caso asistió en enero a la cárcel La Picota por petición del abogado Fernando Mejía defensor de ‘Olivo Saldaña’ para escuchar lo que decía de Restrepo

 

 

Lo que la Fiscalía tiene contra los coroneles del Ejército

En el caso del 'Cacica La Gaitana' 


Hugo Hernán Castellanos y Jaime Joaquín Ariza fueron parte fundamental, según la Fiscalía, en la desmovilización de un frente guerrillero que nunca existió. A los dos les imputarán los mismos cargos que al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.

 

El tema de ‘Cacica La Gaitana’ parece estar comenzando hasta ahora. Luego de que el viernes la Fiscalía imputó como persona ausente al excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, cargos por peculado por apropiación, fraude procesal, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, y prevaricato por acción, el fiscal del caso, Francisco Javier Villareal, se alista para realizar las imputaciones a los demás implicados y pedir que sean cobijados con medida de aseguramiento.

 

Mientras esto ocurre, se escuchan diferentes voces frente al tema. En la mañana de este lunes, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al tema. También lo hizo Raúl Agudelo, alias ‘Olivo Saldaña’. Ambos salieron a la defensa de Restrepo. Sin embargo y aunque sobre el excomisionado están puestos todos los ojos, su papel dentro de la cuestionada desmovilización no hubiera sido posible sin la presunta complicidad de dos coroneles, quienes fueron clave para legitimar el proceso.

 

¿Quiénes son los coroneles y por qué resultaron involucrados? La Fiscalía les imputará a ambos cuatro delitos. Los mismos de Restrepo: peculado por apropiación, fraude procesal, fabricación y porte de armas de fuego y prevaricato por acción.

 

Hugo Hernán Castellanos era el enlace entre la oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ejército Nacional. Entre sus labores estaba asesorar tanto a Luis Carlos Restrepo como a las personas que dependían de él, en aspectos propios de la institución castrense, contribuyendo así en la calidad de la toma de decisiones del Alto Comisionado para la Paz. Según la Fiscalía, Castellanos ignoró, teniendo a su disposición, la información que señalaba de la inexistencia del ‘Cacica La Gaitana’ dentro de la estructura de las Farc. “Tampoco utilizó la información que indicaba que no existían reportes de acciones armadas atribuibles a esa compañía o en contra de ella”, señala en su escrito de imputación el ente acusador.

 

El entonces coronel Castellanos fue, según la Fiscalía, quien coordinó el transporte de las armas con las cuales se habría de proveer a la falsa estructura. “Las armas no eran portadas por las personas que pretendían desmovilizarse al momento de su ingreso a la zona de ubicación temporal, sino que fueron transportadas desde diferentes lugares del país hasta donde se encontraban los supuestos desmovilizados a la espera de ellas”, relata la Fiscalía.

 

La imputación contra Castellanos dice que el coronel, entre noviembre del 2005 hasta marzo del 2006, hizo parte de una “empresa criminal” que “realizó un aporte financiero para la adquisición de unas armas que se encontraban en la clandestinidad”. Además, según el ente acusador, “las armas de uso privativo de las fuerzas armadas fueron adquiridas en diferentes lugares del país, particularmente en la ciudad de Santa Marta, a grupos de paramilitares” con el dinero del narcotraficante Hugo Alberto Rojas.

 

“Las armas de defensa personal y las armas de uso privativo de las fuerzas armadas se almacenaron bajo estricta reserva, en las instalaciones de la RIME - 5, al punto que no se efectuó un inventario de las mismas (...) desconociendo los protocolos al respecto. Dicho almacenamiento se surtió por un espacio de tiempo de aproximadamente 20 días”, señala el ente acusador.

 

Para la Fiscalía, resulta reprochable que el coronel, dada su condición de servidor público y con una alta posición en la jerarquía militar, “defraudó la confianza puesta en su actuar por parte de la sociedad y prefirió sucumbir ante los execrables propósitos que la empresa criminal se había trazado, los cuales contaban como políticos, jurídicos y patrimoniales”.

 

La actuación de Castellanos, según el fiscal del caso, permitió que “los miembros de la espuria compañía recibieran beneficiaran de carácter económico y jurídico, los primeros a través de sumas de dinero desembolsadas por el Estado en cabeza inicialmente del Ministerio del Interior y de Justicia y posteriormente en cabeza de la Alta Consejería para la Reintegración Social y económica de la Presidencia, quienes consignaban los dineros en las cuentas personales de los beneficiarios”.

 

El detrimento patrimonial por dichos beneficios dados a los supuestos desmovilizados asciende a los mil millones de pesos. “Dicho detrimento no hubiese tenido lugar sin su efectiva y activa participación, quien a través de un cargo clave dentro de las Fuerzas Militares y actuando ante el Gobierno Nacional, logró dotar de armas a un grupo de personas, las cuales, movidas por un interés de lucro, se integraron a la empresa criminal que se estaba gestando, logrando de esta manera simular la existencia de un grupo ilegal y la supuesta pertenencia al mismo, con el que se obtuvieron ilícitamente una serie de actos administrativos que ordenaban las erogaciones pertinentes, adjudicando dineros de origen estatal a unos individuos que no tenían derecho legal a él”, señala el escrito de imputación.

 

Pero el coronel Castellanos no fue el único alto mando involucrado en este caso. El coronel Jaime Joaquín Ariza fue su dupla. Con él, se asoció en una “empresa criminal” destinada a la falsa creación de ‘Cacica La Gaitana’, dice la Fiscalía.

 

Ariza, en su calidad, de comandante de la Regional de Inteligencia Militar número 5-RIME-, “detentaba unas funciones inherentes al cargo, que le conminaban a planear, dirigir y supervisar la recopilación de la inteligencia y contrainteligencia obtenida por medios humanos y técnicos”, por lo que resulta cuestionable el que, siendo él oficial de la zona en donde supuestamente se desmovilizaría el ‘Cacica’ no se opusiera al engaño que se planeaba. Según la Fiscalía, el coronel Ariza fue “reconocido como el comandante central de inteligencia con su activa participación con ‘el proceso de concientización y posterior desmovilización’ relativo a la espuria compañía”.

 

Señala el ente acusador que el coronel Ariza mantuvo reiteradas reuniones con alias ‘Olivo Saldaña’ en el sitio en donde estaba recluido y previo a la falsa desmovilización. Las irregularidades que, según la Fiscalía, rodearon el proceso de ‘Cacica La Gaitana’ “encuentran explicación lógica en la necesidad de lograr desmovilizaciones colectivas de las Farc que legitimaran el proceso que se había llevado a cabo con las AUC”.

 

Otro punto por el cual se cuestiona al coronel es el que tiene que ver con el desconocimiento de un proceso con quien era el supuesto líder de la estructura armada, Felipe Salazar, alias ‘Biófilo’. Y, por el contrario, optó por reunirse con ‘Saldaña’, quien estaba detenido y era un desertor buscado por las Farc.

 

“En su condición de comandante de la Regional de Inteligencia Militar número 5 RIME 5, que tiene como jurisdicción del departamento de Tolima, pasó por alto dar cumplimiento a sus funciones asignadas, que le imponían la obligación de utilizar la información recaudada por la inteligencia militar (...) tenía que haber efectuado una verificación de la real voluntad de paz de dicha estructura, lo cual llevaba a comprobar su verdadera existencia”, se lee en el escrito de imputación.

 

Los dos militares tendrán que dar la cara a la justicia. Hasta ahora, por complicaciones de salud no ha sido posible que el coronel Hugo Hernán Castellanos comparezca ante los estrados judiciales en la diligencia de la imputación de cargos, que tuvo inicio el anterior viernes con el caso del excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.


Desmovilización del ‘Cacica Gaitana’ fue un montaje

 

.Bogotá, Colprensa/APIC Publicado el 13 Febrero 2012 Felipe Salazar, quien sería alias ‘Biófilo’, el jefe político de la compañía ‘Cacica Gaitana’ de las Farc, desmovilizada ante el exalto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo, narró el papel que este jugo en el proceso y como el montaje fue hecho para mejorar la percepción internacional de las desmovilizaciones en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.Alias ‘Biófilo’, como fue identificado el supuesto desmovilizado de dicha compañía por el noticiero de televisión Noticias Uno, y quien se habría encargado de reunir a los falsos guerrilleros a desmovilizarse, dijo que “otro de los engañados fue la comunidad internacional".

 

“Biofilo” dijo que ese nombre se lo puso el día de la desmovilización, que en su organización era conocido como “Chepe” o “David”.

 

Insistió en la responsabilidad del excomisionado Luis Carlos Restrepo en la desmovilización del 7 de mayo de 2006 en Alvarado, Tolima, por lo que afirmó “fue determinante en que se lograra hacer este montaje y presentarlo al país como un éxito de la política de la seguridad democrática (…) su emisario (posiblemente el de Restrepo) nos dice que el Presidente está enterado y que es él quien ha dado la autorización para que se lleve a cabo la desmovilización”.

 

“Biófilo” dijo que “el país no fue el único engañado” sino también a comunidad internacional que apoyó las desmovilizaciones: “El país no fue el único engañado, fue la comunidad internacional que en un porcentaje muy alto, me atrevo a decir que entre el 70 y el 80 por ciento, fueron quienes desembolsaron dineros para el Proceso de Paz. No hablo únicamente en el caso de ‘Cacica Gaitana’, hablo de todos los casos de desmovilización fraudulenta, porque los hubo” (SIC).

 

Así mismo agregó: “los dineros en realidad salieron de parte de un narcotraficante Hugo Rojas Yepes, pero también salieron platas de la oficina del alto comisionado para patrocinar una fundación, Paz Mundial Colombia. Apoyando en esa fundación se mantenían callados y quietos a las personas que habían participado, no en la desmovilización, sino en la gestión que son otros de los que no se han nombrado”.

 

Según el noticiero “el nombre de dicha fundación aparece en la camiseta que vistió Olivo Saldaña el guerrillero que ayudó a planear la falsa desmovilización”.

 

Por otra parte, “Biofilo” no se explica como ningún organismo del Estado se dio cuenta que se trataba de un montaje: “Un día después de la desmovilización participaron todas las instituciones que hacen parte del Comité Operativo para la Dejación de Armas, excepto la Fiscalía. Es decir, Bienestar Familiar, Registraduría, DAS, CTI y nadie se percató que ninguno, bueno la mayoría, no tenía antecedentes judiciales”.

 

También aseveró al noticiero que los funcionarios del gobierno que organizaron la desmovilización pusieron en peligro la vida de los 25 guerrilleros reales y las de los indigentes que se hicieron pasar por subversivos: “Estábamos a 20 kilómetros de La Caima, área guerrillera y cualquier error, una bala perdida, una mala avanzada, una guardia mal hecha podía presentar un peligro o riesgo de muerte para nosotros”.

 

“Biófilo” espera que después de su colaboración a la justicia tenga más garantías de seguridad para su vida.


¿Justicia o persecución?

 

La Justicia se juega su credibilidad con los gravísimos cargos que le imputan al excomisionado Luis Carlos Restrepo por la falsa desmovilización de un grupo guerrillero.

 
La noticia de la orden de captura contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo tomó por sorpresa al país. No solo es la primera vez que un alto consejero de la Presidencia es buscado por la justicia, sino que la categoría de “prófugo” no parece concordar con la imagen de un funcionario a quien muchos le reconocieron una particular entrega al servicio público cuando se puso al frente de la desmovilización de 32.000 paramilitares y cerca de 13.000 guerrilleros.

 

El fiscal del caso, Francisco Villarreal, le pidió el jueves pasado al juez de control de garantías ordenar la captura porque era evidente que Restrepo se había “fugado” para no responder a la audiencia de imputación de cargos a la que había sido citado para el día siguiente. Por esto, el juez dejó en firme la orden de captura esa misma noche y al día siguiente dio su visto bueno para que Restrepo sea juzgado como reo ausente por el caso de la falsa desmovilización de la columna guerrillera Cacica Gaitana.

La sorpresa en parte también se dio porque en la más reciente entrevista que dio Restrepo, el 22 de diciembre a El Tiempo, cuando le preguntaron que si pensaba irse del país, él lo rechazó de plano. “No me voy a poner en esas cosas. Si me van a aplastar aquí, que me aplasten”. ¿Cambió de idea o evitó revelar sus verdaderas intenciones? ¿En dónde está Restrepo y qué piensa hacer?

 

En la audiencia del viernes, la abogada del excomisionado, Mildred Hartmann, aseguró que no va a explicar la “ausencia de su defendido” y que en esta etapa del proceso él no se va a hacer presente. La Fiscalía había pedido un registro migratorio y, según este, Restrepo salió de Colombia hacia Washington, vía Nueva York, el pasado 8 de enero.

 

Esté donde esté, esa ausencia puede no ser corta pues, en la entrevista mencionada, el siquiatra también evidenció, con un toque de melodrama, el temor que lo embargaba: “Si me van a condenar a muerte tirándome a unas cárceles donde están los criminales que quieren matarme para callarme, denme la cicuta”.

 

Más allá de su drama personal, se trata, sin duda, de uno de los golpes más duros para el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Restrepo no solo es uno de los pocos altos funcionarios que lo acompañó en sus dos mandatos sino que tuvo a su cargo una de las columnas vertebrales de su política de seguridad democrática: la desmovilización de los grupos armados ilegales.

 

De llevarse a cabo la captura ya serían tres los hombres del expresidente Álvaro Uribe que en apenas un año y medio quedan tras las rejas –el exsecretario general Bernardo Moreno está recluido en las Escuela de Carabineros de Bogotá y el exministro Andrés Felipe Arias, en la Escuela de Caballería–y una más en el exilio –la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado--. ¿Será que Luis Carlos Restrepo antes que correr el riesgo de la cicuta optó por el asilo?

 

¿Cuál es el lío?

 

La pregunta que ronda en el ambiente es si se trata de un acto de justicia o hay razones para pensar que la Fiscalía se ha excedido en imputarle a Restrepo delitos tan graves como el de tráfico de armas agravado, peculado en favor de tercero agravado, prevaricato por acción y fraude procesal. O para decirlo al estilo de los tweets de Uribe: ¿“Cabalgan en la venganza criminal después que fracasaron en el ataque a nuestras políticas, y ahora la víctima es Luis Carlos Restrepo”?

 

Sin embargo, por absurdo que parezca, y por injusto que a primera vista pueda verse que un hombre que como Luis Carlos Restrepo, que venía de la academia y del mundo de las Ong, se jugó su pellejo por prestarle un servicio al país, pueda terminar con una condena de 24 años de cárcel o más, lo cierto es que para algunos hay serios indicios de que en este caso sí se infringió el Código Penal. El interrogante es si lo que sucedió da para la gravedad de los delitos imputados.

 

Hay varios hechos confirmados. La desmovilización de la Cacica Gaitana fue en buena parte un montaje. El líder del grupo, Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, estaba en la cárcel y según la Fiscalía para esa época ya había desertado de las Farc. Está confirmado que por lo menos 20 de los 66 supuestos guerrilleros eran en realidad civiles reclutados por Saldaña a última hora, para la desmovilización, y la avioneta que el grupo entregó, como si fuera de ese grupo subversivo, en realidad había sido decomisada por la fuerza pública meses atrás.

 

Pero lo que no está probado y es el quid de este caso es quiénes fueron los responsables de todo. ¿Luis Carlos Restrepo?, como dice la Fiscalía; ¿o los militares que organizaron el show?, como insinúa Restrepo, ¿o unos y otros fueron víctimas de Saldaña, un preso muy creativo que se las ingenió para timarlos a todos?

 

Para la Fiscalía la respuesta está clara, dice que el alto comisionado sabía todo y se ideó toda la operación. En el escrito de formulación de imputación se dice que Restrepo se confabuló en “una empresa criminal” con dos oficiales del Ejército (los coroneles Hugo Castellanos, que era el oficial de enlace de la Oficina del Alto Comisionado, y Jaime Ariza, comandante de la Regional de Inteligencia del Ejército número 5) y con algunos de los supuestos desmovilizados, entre ellos Olivo Saldaña.

 

Según el fiscal, esta “empresa criminal” se inventó la compañía la Cacica Gaitana y desmovilizó entonces a falsos guerrilleros, por lo cual incurre en el delito de fraude procesal, que es tal vez el menos grave de todos. Y como esos falsos guerrilleros necesitaban entregar armamento para hacer creíble la desmovilización, el fiscal también acusa a Restrepo de delitos de grueso calibre como tráfico de armas agravado –tanto de armas de uso personal como privativas de la fuerza pública– porque, según la acusación, el comisionado estuvo al tanto de la adquisición y el trasporte de las armas. No solo “se apoyó” en el coronel Castellanos, para que estas les llegaran a los falsos desmovilizados, sino que también fueron almacenados “en medio de un alto hermetismo” en las instalaciones de Rime 5 por cerca de 20 días. También señala que Luis Carlos Restrepo sabía que “una persona dedicada al narcotráfico, Hugo Alberto Rojas”, dio plata para comprar otras armas que estaban en la clandestinidad.

 

En tercer lugar, el fiscal acusa a Restrepo de haber permitido que esos falsos desmovilizados recibieran auxilios mensuales del Estado por un total de 1.037 millones de pesos –el último lo recibieron en septiembre de 2011–y por eso tiene que responder por el presunto delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

 

Y el último delito que le imputaron a Restrepo en la audiencia del viernes como reo ausente fue el de prevaricato por acción, por haber aceptado la lista de los desmovilizados que le entregó Saldaña, según la Fiscalía, a sabiendas que la Cacica Gaitana no existía.

 

En realidad, parece más el expediente de uno de los más avezados criminales que el de un siquiatra que en algún momento, por sus conocimientos y sus conferencias, se ganó el apelativo de ‘doctor Ternura’. O si se quiere, un hombre que les mostraba los dientes a los paramilitares mientras otros dirigentes políticos les rendían tributo.

 

De lo que parece no haber duda es que el eje de toda la operación fue Olivo Saldaña. Este había sido originalmente un jefe de finanzas de las Farc, quien había sido considerado un desertor cuando se fugó con un dinero. Posteriormente, fue capturado por las autoridades y encarcelado. Uno de los falsos desmovilizados le afirmó a la Fiscalía que “(Olivo) me dijo que tenía que hacer una desmovilización y que si lo ayudaba nos metía para obtener beneficios. Que eso ya estaba cuadrado con gente importante (...) Me dijo que consiguiera gente de la calle, ñeros, ladrones y todo eso, que les ofreciera 500.000 pesos y les pusiera una cita para que viajaran”.

 

Asimismo, el entonces jefe de esa cuadrilla, alias Biófilo, ha dicho que la compañía Cacica si existía, pero que el error fue que se le dio más importancia de la que tenía y que Saldaña metió un poco de gente colada. “Me dijo que la hermana iba a llevar gente para que desmovilizara (…). Llegaron nueve, más o menos”.

 

Y hay también otros indicios que abren un gran interrogante sobre el papel del Ejército. Restrepo ha dicho que “todo se coordinó en el Ejército” y que fue inteligencia del Ejército la que le anunció que esa compañía se iba a desmovilizar. “Casi al momento de la desmovilización me aclaran que es una compañía móvil que está haciendo tránsito por el Tolima y que iban a aprovechar para desertar”. Y añadió: “Hasta último momento eso tuvo el aval del comandante del Ejército, Mario Montoya. Yo actué con confianza, no tenía por qué dudar de ellos. Yo tenía una información avalada por el Ejército al más alto nivel”. De hecho, de manera inusual, quien presidió la desmovilización ese 7 de marzo de 2006 fue el general Mario Montoya y calificó esa deserción masiva como el más duro golpe a la guerrilla en esos últimos años.

 

De lo anterior queda claro que algunos miembros de las Fuerzas Armadas definitivamente habían participado en un montaje, lo que no queda tan claro es si el comisionado era cómplice de ese operativo o simplemente una víctima ingenua como él pretende. También existe la posibilidad de que él se diera cuenta del engaño pero lo dejara pasar porque le convenía a la imagen del gobierno. El fiscal parece no creer ninguna de estas alternativas intermedias y asegura más bien que Restrepo era el verdadero cerebro de toda la operación. Su argumento es que el comisionado necesitaba desmovilizaciones colectivas de las Farc para legitimar el proceso “que se venía surtiendo con los grupos de extrema derecha”. Sin embargo, el argumento no parece ser muy sólido porque para esa época, marzo de 2006, estaban en pleno auge multitudinarias desmovilizaciones reales y la opinión pública tenía una buena aceptación de ellas.

 

El que realmente podía estar más interesado era el Ejército, pues si los desertores gota a gota se habían convertido en una poderosa arma contra la guerrilla, la desmovilización de una columna entera era un golpe a la moral de los insurgentes en el corazón de la selva. En otras palabras, el montaje de la Cacica Gaitana no era tanto un engaño a la opinión pública como un mensaje para las Farc.

 

Por momentos el escrito de la Fiscalía cae en excesos como decir que “Luis Carlos Restrepo habría recibido la sugerencia de parte de la comandancia de las Auc de hacer estos acercamientos con los grupos armados ilegales de extrema izquierda”. Y anota que en vista de que no había logrado cumplir con esa tarea “procedió a concertar con los demás imputados para realizar la falsa desmovilización”. ¿Un hombre que los paramilitares muchas veces vetaron como su interlocutor iba recibir este tipo de sugerencias de ellos?

 

A nadie le cabe en la cabeza que Luis Carlos Restrepo termine condenado por delitos como tráfico de armas agravado o esté señalado de ser el líder de una organización criminal. Pudo haber sido testarudo, imprudente y hasta equivocado, pero delitos de 20 años de cárcel o más no parecen encajar con su gestión. Para que esto suceda, la Fiscalía tiene que presentar pruebas contundentes. En este caso no sería de buen recibo el simple testimonio de un par de desmovilizados, como Olivo Saldaña, que puedan tener intereses en obtener un principio de oportunidad y cuya credibilidad está en entredicho.

 

Incluso, de llegar a prosperar los cargos, no deja de ser una gran paradoja que el funcionario que desmontó 32 estructuras de ejércitos privados ilegales, podría llegar a tener una condena más alta que la de los jefes paramilitares o guerrilleros que desmovilizó. Mientras que estos, sometidos a la Ley de Justicia y Paz, reciben una pena máxima de ocho años; la Fiscalía, en su escrito de imputación de cargos, pide al juez que condene a Restrepo a delitos que tienen penas de hasta 16 años de prisión y en el peor de los casos se le podrían duplicar a 32.

 

La Fiscalía se está jugando en este caso su pellejo. Ya mostró un ánimo precipitado, y con cierto aroma mediático, al pedir la orden de captura de Luis Carlos Restrepo un día antes de que se diera la audiencia. Y a eso se le suma el factor Carlos Alonso Lucio, el esposo de la fiscal Viviane Morales. Como se recordará, en diciembre pasado, pocas horas antes de que se conociera la medida en su contra, Restrepo le mandó a la fiscal una carta de cinco páginas en la cual denuncia que como comisionado de Paz tuvo conocimiento de que Lucio usaba un avión privado para ir a asesorar a las autodefensas y que para ese entonces no tenía autorización para adelantar labores de paz con grupos ilegales. Restrepo aseguró en ese momento que la imputación de cargos era una respuesta “visceral” a la carta. La Fiscal le respondió: “¿Por qué le falló la memoria durante seis años y se viene a acordar ahora de esos hechos, supuestamente delictivos?”. Más allá de cuál es la verdad entras estas dos versiones, el hecho de que se persiga tan acuciosamente y en términos tan duros a un contradictor del marido de la fiscal, tiene muy mala presentación. Esta circunstancia es tan evidente que podría convertirse en el pasaporte de Restrepo para obtener asilo político en otro país, como dice La Silla Vacía.

 

Lo cierto hasta ahora es que el affaire Restrepo se juega tanto en el terreno judicial como en el político y los dos están íntimamente ligados. Los cargos criminales contra Restrepo parecen a primera vista sobredimensionados. Por eso, o la Fiscalía muestra pruebas contundentes para lograr la condena ante el juez, o de lo contrario le daría la razón a quienes pregonan desde la derecha que hay una persecución contra el uribismo.

 

 

Sin Restrepo,

Avanza audiencia de imputación

 

La defensa del excomisionado de Paz no presentó ninguna excusa por su ausencia, pidió que se realice la diligencia sin él.

 

Ante la juez 62 con función de garantías, el fiscal Francisco Villareal imputa cargos por la presunta falsa desmovilización del bloque 'Cacica La  Gaitana'.

 

A la audiencia no se hizo presente el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo ni la exguerrillera Marta Agudelo, así como tampoco el coronel  Hugo Hernán Castellanos ni Hugo Rojas, quien presuntamente habría patrocinado la desmovilización, ocurrida en el 2006.

 

La defensa de Restrepo, que no presentó excusa a la ausencia del excomisionado, pidió que la diligencia se cumpla sin su presencia. Tal y como la fiscal Viviane Morales lo anunció, será imputado como persona ausente.

 

En la instalación de la audiencia se presentaron como vìctimas el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la Contraloría, y el Gobierno, a través del ministerio de Defensa.

 

En las próximas horas se espera conocer por parte de la Fiscalía las circunstancias en que fueron cometidos los delitos que serán imputados a las once personas, aùn las que estân ausentes, por el caso 'Cacica La Gaitana' de las Farc.

 

Este jueves un juez ordenó la captura del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, a pedido del fiscal Martín Moreno, quien investiga el caso.

 

La misma decisión se prepara contra los coroneles del Ejército Hugo Hernán Castellanos Girón y Jaime Joaquín Ariza, así como los civiles Hugo Alberto Rojas Yepes, Alejandro Salazar Pacheco y Raúl Agudelo Medina, alias 'Olivo Saldaña'.

 

La orden de captura se dio en medio de la polémica despertada por la posible 'huida' de la justicia del excomisionado de Paz, según lo aseguró el director Nacional de Fiscalías, Néstor Novoa, se pidió orden de captura en su contra.

 

"El Código de Procedimiento Penal establece que la Fiscalía puede pedir orden de captura por evasión de la justicia. El comisionado Restrepo abandona el país y eso nos indica que está evadiendo la justicia", dijo Novoa.

 

Cabe recordar que el 20 de enero, la primera fecha que se fijó para llevar a cabo esta audiencia, la defensa del excomisionado excusó su ausencia argumentando "una situación difícil de seguridad", ante lo que el representante de la Fiscalía en este caso afirmó desconocer denuncias en este sentido por parte del excomisionado.

 

La audiencia de este viernes también se cumple luego de que una de las piezas clave en este caso, Raúl Delgado, alias 'Olivo Saldaña', denunció presiones para que declarara en contra de Restrepo. Una carta conocida por Semana.com da cuenta de la situación que reveló Delgado y por la cual pidió un cambio en el lugar de su reclusión.

 

"La razón de mi solicitud se debe a una serie de presiones y amenazas que he venido recibiendo para que declare en contra del general Montoya y del señor excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Además se me han ofrecido altas sumas de dinero para aceptar estos fraudes en contra de la honestidad y el buen nombre de estas personalidades y de la correcta administración de la justicia", dice la misiva, fechada del 3 de enero y dirigida al fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema de Justicia  

 

Días después se dió la renuncia del defensor de 'Olivo Saldaña', el abogado Jaime Restrepo, y se divulgó que su defendido colaboraría con la Fiscalía. “No voy a ser cómplice de una infamia de estas”, dijo el jurista a Semana.com y aseguró desconocer quiénes intentaron presionar a 'Saldaña' para que testificara contra exaltos mandos del Ejército y el exalto comisionado de Paz.

 

Al excomisionado de paz y a 11 personas más, la Fiscalía -fuera de pedir medida de aseguramiento en su contra- imputará cargos por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y fraude procesal, además de tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

 

Los otros imputados serán José Alfredo Pacheco Ramos, Flor Inés Pacheco Ramos, Miguel Alcides Pacheco Ramos, Felipe Salazar, Álvaro Agudelo Medina y Martha Lucía Agudelo Medina.

 

La columna desconocida

 

La presunta falsa desmovilización ocurrió el 6 de marzo del 2006. En esa fecha, con bombos y platillos, fueron presentados por el Gobierno en zona rural del departamento del Tolima, 62 guerrilleros de esta compañía.

 

La columna era desconocida hasta entonces e incluía 26 fusiles, otras armas y una avioneta. "¡El primer frente de las FARC desmovilizado en bloque!", dijeron entonces el presidente Álvaro Uribe,el alto comisionado Restrepo y el general Mario Montoya, mientras saludaban el golpe de la inteligencia militar, capaz de desmoralizar a la guerrilla.

 

Los desmovilizados lucían uniformes nuevos e impecables, algunas de las botas estaban marcadas con insignias de la VI Brigada, algunos de los fusiles que entregaron eran hechizos, otros no funcionaban y los demás no eran de los que acostumbran a usar las FARC.

 

Pronto se supo que el líder del grupo, 'Olivo Saldaña', había estado en la cárcel dos años anteriores a la desmovilización. Allí se habría reunido varias veces con Restrepo.

 

El frente 'Cacica La Gaitana', que el Gobierno en su momento calificó como muy cercano a 'Alfonso Cano', entregó una avioneta, supuestamente comprada por la guerrilla en tiempos del Caguán para transportar munición, pero a los pocos días se descubrió que había sido decomisada por las autoridades y estaba en una base militar en Corozal.

 

 

Fiscalía:

Luis Carlos Restrepo engañó al Estado

 

Así lo señaló el fiscal del caso al calificar de "olímpica, folclórica e irreverente", la decisión del excomisionado de irse del país.  


Antes de hacer la imputación de cargos, el fiscal del caso Francisco Villareal solicitó a la juez 62 con función de garantías que declare en contumacia a cinco de los vinculados por el caso de la falsa desmovilización de 'Cacica La Gaitana' de las FARC.

 

Las personas que señala el fiscal son el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, el coronel (r) Hugo Hernán Castellanos Girón, Hugo Alberto Rojas Yepes, Álvaro Agudelo y Marta Rocío Agudelo.

 

Según el fiscal, sus ausencias no han sido explicadas satisfactoriamente y se ha comprobado que han intentado evadir a la justicia.

 

El delegado del ente investigador recordó que el 20 de enero, la fecha inicial de la audiencia, Restrepo no asistió y su abogada aseguró que no lo había hecho por cuestiones de seguridad. Sin embargo, según una investigación al registro migratorio se pudo establecer que el excomisionado salió del país el pasado 8 de enero, doce días antes de la diligencia.

 

"Se vieron excusas sin justificación. El señor Luis Carlos Restrepo de manera olímpica, folclórica e irreverente tomó la decisión de irse del país, con complicidad de la defensora, el Estado se mantuvo engañado", dijo el fiscal, quien señaló que al salir de Colombia, Restrepo tomó el vuelo 396 con destino a Nueva York, y luego tomó rumbo a Washington.

 

Sobre el coronel (r) Hugo Castellanos, el ente acusador aseguró que la excusa médica presentada no justifica su inasistencia debido a que no estaba incapacitado para moverse. "Él no estaba postrado, se evidencia que no tiene la voluntad de presentarse".

 

Frente a la situación de Hugo Yepes, el fiscal señaló que después de varios intentos para tener un contacto con él, no fue posible. "Juan Carlos Cárdenas, su abogado, me decía que él (Hugo Yepes) no podía presentarse, que más tarde, que más tarde (...) Esas personas no han concurrido a la audiencia porque no han querido".

 

Sobre los hermanos Agudelo, Álvaro y Marta Rocío, el fiscal resaltó que no entiende por qué si la excusa que han tenido para no asistir es la falta de seguridad y las amenazas a su vida, no han denunciado formalmente.

 

La Procuraduría apoyó la solicitud de contumacia hecha por la Fiscalía, que permitiría dar inicio a la imputación de cargos. La juez, después de escuchar a todas las partes, dará a conocer su decisión.

 

La juez decidió avalar el pedido de la Fiscalía de declarar en contumacia a Luis Carlos Restrepo. Sin embargo no consideró lo mismo con las otras cuatro personas para las que el ente investigador pidió también esta medida.

 

La decisión se da debido a que Restrepo no ha argumentado el por qué de su ausencia, a diferencia de las otras personas, quienes por causas médicas y de seguridad no han podido asistir a las diligencias.

 

 

Excomisionado de paz “es un colombiano ejemplar”: Uribe

 

El expresidente Álvaro Uribe Vélez asegura que existe una "venganza criminal" en contra de funcionarios de su gobierno.  


Como se esperaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez trinó a favor de su excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo justo antes de que se iniciara la audiencia de imputación de cargos contra el exfuncionario.

 

En su cuenta de Twitter Uribe escribió: “La venganza criminal quiere llevar a la cárcel a un colombiano ejemplar como es Luis Carlos Restrepo, toda la solidaridad con este compatriota”.

 

Luego escribió, “cabalgan en la venganza criminal después que fracasaron en el ataque a nuestras políticas, ahora la víctima es Luis C. Restrepo”.

 

Los trinos del expresidente se enviaron justo antes de que se iniciara la audiencia de imputación de cargos en los juzgados de Paloquemao en el centro occidente de Bogotá.

 

El excomisionado está siendo investigado por la presunta falsa desmovilización del frente de las Farc 'Cacica La Gaitana'.

 

A Restrepo y otras once personas más, la Fiscalía -fuera de pedir medida de aseguramiento para ellos- imputará cargos por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y fraude procesal, además de tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

 

Como se sabe el excomisionado salió del país y por ahora no se conoce su paradero por lo que podría ser imputado como reo ausente.

 

 

 

Juez ordena captura de Luis Carlos Restrepo

 

Según el fiscal que investiga la presunta falsa desmovilización del bloque 'cacica La Gaitana', en la que está involucrado el excomisionado de Paz, este se habría ido del país con destino a EE. UU. El expresidente Uribe reiteró su respaldo al exfuncionario. 


A pocas horas de cumplirse la audiencia de imputación de cargos contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo por la presunta falsa desmovilización del bloque 'Cacica la Gaitana' de las FARC, el director Nacional de Fiscalías, Nestor Novoa, le pidió a un juez de garantías que expidiera una orden de captura en su contra, lo que ocurrió en la noche del miércoles. Según el fiscal existen pruebas que comprobarían que el excomisionado abandonó el país desde el 8 de enero.

 

La canciller, María Ángela Holguín, confirmó la salida del país del excomisionado de paz, sin embargo dijo que desconoce a qué lugar se fue.

 

"Lo que supimos la noche de ayer (miércoles) por parte de inmigración es que había salido del país pero desconocemos su paradero. Serán las autoridades judiciales las que se ocuparan del tema y una vez esto se desarrolle, miraremos qué hacemos".

 

La medida fue dictaba contra el excomisionado luego de sus reiteradas inasistencias a las diligencias judiciales a las que la Fiscalía lo ha llamado, tanto por el caso de 'Cacica La Gaitana', como por el de la denuncia que Restrepo hizo contra Carlos Alonso Lucio.

 

Novoa aseguró además "lo que se indica es que pudo salir hacia New York. Se rumora que pudo haber ido hacia Marruecos también (...) Tenemos que verificar con las autoridades aeroportuarias", dijo, y agregó que "el Código de Procedimiento Penal establece que la Fiscalía puede pedir orden de captura por evasión de la justicia. El comisionado Restrepo abandona el país y eso nos indica que está evadiendo la justicia".

 

Horas antes la Fiscal, Viviane Morales, advirtió que si el excomisionado no se hacía presente en la diligencia del viernes, lo procesarían como persona ausente.

 

Semana.com intentó comunicarse con la defensa de Restrepo, sin embargo no fue posible. Su abogada, Mildred Hartmann, señaló que solo se pronunciarían una vez concluida la diligencia de imputación.

 

Al excomisionado de paz la Fiscalía pretendió imputarle en una fallida audiencia los delitos de peculado por apropiación; concierto para delinquir; fraude procesal, y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Sin embargo, ante la ausencia de Restrepo, según su abogada por razones de seguridad, la diligencia se aplazó.

 

El ente acusador pediría además que Restrepo fuera cobijado con medida de aseguramiento. La diligencia de imputación también cobija a los coroneles del Ejército Hugo Hernán Castellanos Girón y Jaime Joaquín Ariza, así como a Hugo Alberto Rojas Yepes, Alejandro Salazar Pacheco y Raúl Agudelo Medina, alias 'Olivo Saldaña'.

 

Al anunciar (en diciembre del 2011) la imputación de cargos al excomisionado de Paz, la fiscal advirtió que ella "no se deja chantajear", al asegurar que había recibido una carta de Restrepo, horas antes, en la que denunciaba vínculos de Carlos Alonso Lucio, cónyuge de la fiscal, con paramilitares.

 

Uribe, a la defensiva

 

El expresidente Álvaro Uribe salió nuevamente en defensa de quien fuera su comisionado de paz en la noche del jueves desde Costa Rica, a donde llegó para dictar una conferencia.

 

Allí dijo que se acababa de enterar y que la orden de captura en contra de Restrepo le parecía "sumamente grave".

 

"A mi me parece que es un grave error judicial, que lo han creado para llevar a Luis Carlos Restrepo a la cárcel", dijo al noticiero RCN.

 

En su perfil de Twitter, el exmandatario también dejó entrever que desconoce su paradero y escribió "LuisCRestrepo, patriota eficiente, probo, víctima de venganza criminal. Me pronunciaré al saber de él. Apoyo solidario".

 

La presunta falsa desmovilización

 

La desmovilización de 'Cacica La Gaitana', por la que es investigado Restrepo, ocurrió el 6 de marzo del 2006. En esa fecha, con bombos y platillos, fueron presentados por el Gobierno en zona rural del departamento del Tolima, 62 guerrilleros de esta compañía.

 

La columna era desconocida hasta entonces e incluía 26 fusiles, otras armas y una avioneta. "¡El primer frente de las FARC desmovilizado en bloque!", dijeron, entonces, el presidente Álvaro Uribe, el alto comisionado Restrepo y el general Mario Montoya, mientras saludaban el golpe de la inteligencia militar, capaz de desmoralizar a la guerrilla.

 

Los desmovilizados lucían uniformes nuevos e impecables; algunas de las botas estaban marcadas con insignias de la VI Brigada; algunos de los fusiles que entregaron eran hechizos, otros no funcionaban y los demás no eran de los que acostumbra a usar las FARC.

 

Pronto se supo que el líder del grupo, 'Olivo Saldaña', había estado en la cárcel dos años anteriores a la desmovilización. Allí se habría reunido varias veces con Restrepo.

 

El frente 'Cacica La Gaitana', que el Gobierno en su momento calificó como muy cercano a 'Alfonso Cano', entregó una avioneta, supuestamente comprada por la guerrilla en tiempos del Caguán para transportar munición, pero a los pocos días se descubrió que había sido decomisada por las autoridades y estaba en una base militar en Corozal.

 

 

La teoría que condenó al coronel

 

 El concepto de la responsabilidad mediata, con el cual fue condenado el coronel Alfonso Plazas Vega, tiene su origen en legislaciones extraordinarias creadas para juzgar a los grandes criminales nazis y a las familias de la mafia norteamericana. ¿Qué tan válida es su aplicación en Colombia?  


Cuando salió el fallo contra el coronel Alfonso Plazas Vega se generó, en amplios sectores de la opinión pública, una gran indignación alrededor de dos aspectos: la exigencia de que el Ejército le pidiera perdón al país y la solicitud a la Corte Penal Internacional de que examinara la responsabilidad del presidente Belisario Betancur. Sin embargo, el elemento más trascendental y más controversial de ese fallo era otro: la afirmación de que dentro del Ejército de Colombia se constituyó un "aparato organizado de poder" para desarrollar actividades delictivas. En otras palabras, que la desaparición de la guerrillera Irma Franco y del administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Rodríguez, fue cometida por una organización criminal que operaba dentro de las Fuerzas Armadas.

 

Este concepto es totalmente ofensivo para el Ejército, que rechaza categóricamente el sustento jurídico que hay detrás. La figura de una organización criminal dentro de una institución tiene su origen en dos teorías jurídicas internacionales. La primera fue elaborada por el profesor alemán Claus Roxin para poder juzgar a Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Y la otra es una ley expedida en Estados Unidos a mediados del siglo XX denominada Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) creada con el fin de combatir a la mafia norteamericana que, al igual que en Colombia, en ese momento se estaba tomando el país. En ambos casos la innovación consistía en poder condenar a una persona simplemente por formar parte del supuesto "aparato de poder".

 

El solo hecho de que el Ejército de Colombia haya sido juzgado bajo el mismo rasero del mayor genocidio de la historia o de los herederos de la mafia de Al Capone, no solo para los militares sino para muchos juristas no tiene ninguna presentación. La teoría del profesor alemán Roxin pudo haber tenido lógica en el contexto de juzgar a Eichmann. Este era el jefe operativo de la exterminación de la raza judía en Europa, cuya meta era matar a los 11 millones que habitaban en ese continente. Por la victoria de los aliados, el genocidio tuvo que ser suspendido después de 6 millones de muertos. El autor intelectual de ese monstruoso crimen fue Hitler, quien le delegó esa responsabilidad a las S.S. (Camisas Negras) de Himmler y la ejecución directa del día a día a Eichmann. Por cuenta de esa atrocidad, en el juicio de Núremberg las S.S. fueron declaradas organización criminal, concepto que nunca antes se había aplicado a una entidad pública. La revelación de los campos de concentración, las cámaras de gas y los hornos crematorios dieron pie a la teoría del "aparato organizado de poder". La descripción del Ejército colombiano en esos mismos términos es una derivación de esa teoría, que para algunos juristas es absurda.

 

Eichmann se había escapado a Argentina después de la guerra y no fue sino 15 años después, en 1960, que fue ubicado por los agentes del Mossad (el Servicio Secreto israelí). Allí fue secuestrado y drogado para ser enviado a Israel clandestinamente. Su juicio fue la mayor noticia del año y permitió por primera vez revelarle al mundo todos los detalles del Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Como ejecutor del proyecto, Eichmann no podía pretender no tener conocimiento de los hechos y se limitó a defenderse con el argumento de que él era simplemente una tuerca más del aparato criminal creado por Hitler y que no tenía alternativa distinta a seguir las órdenes de sus superiores.

 

Para declararlo culpable, surgió la teoría de la autoría mediata por ser miembro de un "aparato organizado de poder". Esta consiste en atribuirle culpabilidad a un miembro de una organización aunque este no haya sido ni el autor intelectual ni el material de los hechos. Bajo esta nueva interpretación, el Tribunal de Jerusalén lo condenó a muerte. Como esta pena no existía en Israel, se reformó la Constitución de ese país para ponerla en vigencia durante 24 horas, de tal suerte que Eichmann pudiera ser colgado.

 

El otro antecedente legal sobre responsabilidad del autor mediato es la mencionada ley denominada Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Las mafias en Estados Unidos se habían constituido en media docena de grandes 'familias' que controlaban casi todos los negocios ilegales como el narcotráfico, la prostitución, el contrabando, las apuestas, los casinos, etcétera. Simultáneamente, se habían infiltrado en organismos legales existentes como la Rama Judicial, el Congreso, los sindicatos y otros. El poder de los mafiosos era tan grande que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno tuvo que recurrir a Lucky Luciano, el capo número uno del país en ese momento, para que los trabajadores de los puertos se pusieran al servicio de la causa bélica. Luciano estaba en la cárcel condenado a cadena perpetua y, a cambio de su colaboración, fue puesto en libertad y extraditado a Italia. Era el mundo que recreó magistralmente Mario Puzo en la novela El padrino con la dinastía de los Corleone. Las 'familias' de la Cosa Nostra eran tan poderosas que el Estado era impotente para derrotarlas en los estrados judiciales. De ahí nació la norma Rico que le dio a la Justicia la facultad de poner tras las rejas a los miembros de esas 'familias', aunque no tuvieran responsabilidad directa en determinados crímenes.

 

Con el transcurso del tiempo, la teoría de la responsabilidad mediata se fue aplicando en algunas circunstancias excepcionales y en escenarios diferentes de los que dieron pie a su creación. Aunque en Europa se dejó de aplicar, en Estados Unidos se ha mantenido su utilización en la lucha contra la mafia y extendido a otras organizaciones criminales. En Latinoamérica se recurre a esta teoría de vez en cuando para tratar de llevar ante la Justicia a las cabezas de algunos "aparatos de poder" como Augusto Pinochet o Alberto Fujimori, y en Colombia una interpretación parecida ha sido utilizada en algunos casos contra parapolíticos. También en el caso de Alberto Santofimio, quien fue considerado por la Justicia como el brazo político del cartel de Medellín.

 

Todas estas derivaciones de la doctrina de Claus Roxin no han estado exentas de críticas. Una docena de juristas, entre ellos los alemanes Günther Jakobs, Hans-Heinrich Jeschek, Uwe Murmann y el argentino Raúl Zaffaroni, han controvertido el concepto de responsabilidad mediata por pertenecer a una organización. Incluso en Perú la sentencia del caso Fujimori también generó rechazo entre los penalistas de ese país, como Carlos Caro Coria, Percy García Cavero e Iván Meini. La crítica principal es que esta teoría en el fondo es un mecanismo para condenar antagonistas limitándoles sus garantías procesales.

 

No es totalmente lógico que se pueda hacer una analogía entre el Holocausto judío, la mafia de los Estados Unidos y el Ejército de Colombia. La institución puede ser un "aparato de poder" pero no organizado para cometer actividades delictivas. Aunque es un hecho que en la toma del Palacio hubo por lo menos dos desaparecidos y se incurrieron en gravísimos excesos por parte de la fuerza pública, estos en ningún caso fueron producto de una organización prefabricada para cometerlos, como afirma la providencia que ratificó la condena de Plazas Vega. Fueron más bien el maniqueísmo, la ideología, las improvisaciones, los errores y, sobre todo, la rabia del momento los causantes de esos crímenes.

 

Se trató de un acto de guerra para el cual no había libreto y no de un aparato de poder organizado, el cual, por definición, según el jurista Fernando Velásquez, no podía existir, pues no podía haber sido montado en dos días. Las ejecuciones fuera de combate deben ser sancionadas ejemplarmente en la medida en que se establezca quiénes fueron los responsables directos. Pero ese no ha sido el caso del Coronel Plazas, quien ha sido condenado dentro de la teoría de la responsabilidad mediata más que por existir pruebas contundentes en su contra. Hasta ahora no se ha demostrado que el coronel hubiera ordenado las desapariciones o las hubiera ejecutado. Va a ser una decisión muy difícil para la Corte en la casación. Tendrá que decidir si acoge la teoría del tribunal de la responsabilidad mediata dentro del aparato organizado de poder o la de la Procuraduría, de que la responsabilidad penal es individual y de que no hay suficientes pruebas para condenar al coronel. Y para bien o para mal es un proceso que debería acelerarse para que el país pueda doblar esa página


 

En la Región Caribe es normal

 

Barranquilla, 18 de enero de 2012.

 

La empresa ELECTRICARIBE se permite informar a sus clientes en la Región Caribe que la prestación del servicio, a través de su sistema de distribución es normal y toda la demanda es atendida sin contratiempos.

 

A pesar de las restricciones en el Sistema de Interconexión Nacional (STN) y la indisponibilidad de algunas plantas de generación, se ha logrado garantizar el suministro eléctrico para los clientes residenciales, comerciales e industriales  

 

De acuerdo con el ingeniero Benjamín Payares Ortiz, director de Operaciones de ELECTRICARIBE, si bien es cierto el reporte a esta hora es de normalidad, no se descarta  que puedan presentarse inconvenientes en el servicio.

 

Mientras tanto, insistió que es necesario el respaldo de la comunidad para que se utilice  racionalmente la energía.

 

“Es necesario disminuir el uso los ascensores, sistemas de iluminación de alto consumo y equipos de refrigeración. Todo el aporte que hagamos en materia de ahorro nos permitiría disminuir de alguna forma el impacto de la emergencia”, explicó Payares Ortiz.

 

Por otro lado indicó que todos los actores que hacen parte de la cadena de energía como los generadores, transmisores, distribuidores y gobierno nacional están trabajando en forma conjunta para normalizar la situación.

 

 

En la Región Caribe

ELECTRICARIBE invita al uso racional de la energía

 

Barranquilla, 17 de enero de 2012.

 

Como consecuencia de las restricciones en el Sistema de Interconexión Nacional (STN) y la indisponibilidad de la generación regional con gas, la empresa ELECTRICARIBE invitó a sus clientes a utilizar de manera racional la energía en sus casas y establecimientos comerciales.

 

De acuerdo con el ingeniero Benjamín Payares Ortiz, director de Operaciones de ELECTRICARIBE, es necesario el respaldo de la comunidad para que disminuya su consumo de energía y así el impacto de la emergencia sea menor por el déficit de generación y por las restricciones en el transporte de la energía.

 

Payares Ortiz indicó que deben utilizarse racionalmente los ascensores, sistemas de iluminación de alto consumo y equipos de refrigeración, entre otros.

 

“Todo el aporte que hagamos en materia de ahorro nos permitiría disminuir de alguna forma el impacto de la emergencia”, explicó Payares Ortiz.

 

Por otro lado indicó que todos los actores que hacen parte de la cadena de energía como los generadores, transmisores, distribuidores y gobierno nacional están trabajando en forma conjunta para normalizar la situación.

 

Mientras tanto, Payares Ortiz señaló que la empresa hizo una planificación de los circuitos que serían desenergizados, en caso que el Centro Nacional de Despacho, CND, solicite a ELECTRICARIBE racionar carga.

 

En el Atlántico serían racionados los siguientes circuitos: Caribe, Martillo, Polonuevo, Saco, SG-02, Usiacurí, Verónica, San Felipe, Cordialidad, Juan Mina, Puerta de Oro 1, San Salvador, Nueva Granada, Almendros, Auxiliar 1, Bosque, Carrizal. Ciudadela, Los Robles, Macarena, Tesoro, 20 de Julio 13, Aeropuerto 2 y Modelo.

 

En Magdalena los circuitos: Banco I, Banco 4, Bonda, Ciénaga Centro Nuevo, Ciénaga Sur Nuevo, Ciénaga Norte Nuevo, Gaira Industrial, Orihueca, Zawady, Libertador 8, Campo Alegre, La Retirada, Pivijay I y II, Salamina II y III,  Guacamayal IV, Riofrío, Sevilla, Soplador, Cerro Kenedy, Libertador 6, Jardín,  Mamatoco, Manzanares, Aracataca I, II y III, Fundación I, II y III, Guamal I y II, Bastidas, Libertador 7, Concepción, Almendros, Chivolo, Plato I, II y III, Algarrobo, La Loma del Bálsamo, El Difícil, San Ángel, Nueva Granada, San Felipe, Tres Esquinas, Ariguaní, Pueblo Nuevo, Tenerife.

 

En Córdoba los circuitos: Montería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Pradera 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Cereté 1 y 4, Berástegui, Ciénaga de Oro, Los Mimbres, Sahagpun 1 y 2, Chinú planta 1 y 2, San Pelayito, San Pelayo, Carrillo, Cotorra, Abrojal, Lorica 1, 2, 3, 4 y 5, San Bernardo, José Manuel, Moñitos, San Antero, Puesto Escondido, Canalete, El Ebano, Los Córdobas, Bajo Grande, Colomboy, Las Aguaditas, EL Tamarindo, El Viajano, La Yé, Tres Esquinas, Acueducto, Tierralta 1 y 2, Valencia, La Apartada, Ayapel, Los Cedros, Las Delicias, Mata de Caña, Planeta Rica 1, 2 y 3, El Varal, Pueblo Nuevo, Centro Alegre, Cerro Esmeralda, San Francisco de Rayo, Belén, Centro, Puerto Libertador, Plaza Bonita, Montelíbano 1, 2, 3 y 4, Boca de Ure, Uré, La Apartada y San Jorge.

 

En Sucre los circuitos: SM 3020, SM 3030, Caimito, El Conguito, Unión, Juan José, Loma Seca, Pica Pica, Sucre, Majagual, Piza, Guaranda, subestación Sierra Flor, San Antonio, Cortijo 1, Terraza, Boston 1, 2 y 3, Corozal 1 y 2, Morroa, Sincé 3020, Sincé 3030 y Sincé 3040, Ovejas, Flor del Monte, Piñal, Toluviejo 1, 2 y 3, Tolú, Santa Lucía, Coveñas, Coveñas 3020, Coveñas 3030, Coveñas 3040, San Onofre, Palo Alto, Chinulito, El Rincón, Berrugas, Galeras 1 y 2.

 

En Bolívar los circuitos: Santa Bárbara, San Francisco, Talaigua Nuevo 1, Talaigua Nuevo 2, Río Viejo 1 y 2, San Martín 1 y 2, Barranco de Loba 1 y 2, Santa Rosa del Sur 1, Animas Bajas, Banco III, Monterrey, Pinillos,  Pozo Acul, San Blas, San Luis, Santa Teresa, Zaragocilla 2, 4, 6, 7, Ternera 1, 3 y 8, Bosque 1, 2, 3 y 8, Chambacú 1 y 2, Calamar 1 y 2.

 

En Cesar los circuitos: La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi 2, El Copey, Chimichagua, Astrea, Simaña, San Roque, San Sebastián, Casacará, La Gloria, Palestina, Arjona, El Burro, Palestina, Cerro de los Santos, La Loma, Salguero 4, La Jagua 2, Valledupar 3, Bosconia 2, Salguero 3, Valledupar 2, Salguero 3, Astrea 2, El Desastre, Astrea 1, Llerasca, Tamalameque, Bosconia, Europa, La Aurora, Mata de Caña, Puente Canoa, Pailitas 1 y 2, La Mata, La Costilla, Casa de Zinc, Santa Helena, El Paraíso, La Jagua 1, Salguero 2, Valledupar 5, Valledupar 3, Valencia de Jesús Urbano y rural, Aguas Blancas, Mariangola 1 y 2, Curumaní urbano y rural, San Roque, San Sebastián, Rincon Hondo, Chiriguaná, Valledupar 1, Codazzi, El Paso, Becerril.

 

En Guajira los circuitos: Patilla, Pájaro, Cuestecitas 2, Barrancas 2, Riohacha 4, El Horno Camarones, Matitas, Uribia, Barrancas 2, Barrancas 1, Urumita, Riohacha 1, Riohacha 6, Migueo, Cañaveral, La Junta, Distracción, Salinas, Barrancas 3, San Juan 1, Riohacha 2, Riohacha 3, Villanueva 2, Hatonuevo, Maicao 2, Maicao 4, Maicao 3, Riohacha 5 y Barrancas 2.

 

 

En la Región Caribe

Restricciones en el Sistema de Interconexión Nacional afectan servicio de energía

 

Barranquilla, 16 de enero de 2012.

 

Restricciones en el Sistema de Interconexión Nacional (STN) y la indisponibilidad de la generación regional con gas, obligan a la empresa ELECTRICARIBE a racionar el servicio de energía a partir de esta noche, hasta tanto la situación sea superada.

 

De acuerdo con la información recibida por parte de ELECTRICARIBE, a través del Centro Nacional de Despacho, CND, el racionamiento se lleva a cabo para garantizar la estabilidad del sistema de distribución de energía.

 

En consecuencia se hace necesario desenergizar subestaciones para equilibrar la oferta y la demanda de energía de los clientes.

 

Las proyecciones indican que en las horas de la noche, es decir cuando existe mayor demanda, el racionamiento en varias ciudades y municipios intermedios será del orden de los 200 megavatios. Los horarios de los racionamientos serán entre las 7:00 p.m. y las 10:00 de la noche.

 

Para el caso del Atlántico: Baranoa, Galapa, Usiacurí, Polonuevo, Santo Tomás, Juan de Acosta, Piojó, Tubará, Sabanagrande, Palmar de Varela, zona urbana y rural de Sabanalarga, Campo de la Cruz, Suan, Candelaria, Santa Lucía, Manatí, Luruaco, Repelón, parte de Soledad, parte del sur de Barranquilla.

 

En Magdalena: Aracataca, Tucurinca, Fundación, El Banco, Sevillano, Orihueca, Riofrío, Ciénaga, Guacamayal, Puebloviejo, Tasajera, Plato, Tenerife, Real del Obispo, Chibolo y El Retén.

 

En Guajira: Camarones, Manaure, Carraipía, Uribia, El Molino, Villanueva, La Jagua del Pilar, Urumita, parte de Riohacha y Maicao

 

En Cesar: Codazzi, El Paso y El Copey.

 

En Córdoba: Zona rural Montería, La Apartada, Montelíbano, Tiertalta, Cereté, parte de Montería,

 

Sucre: Sucre Sucre, Guaranda, Betulia, Majagual, San Marcos, Sincé, Galeras, San Benito Abad, Buenavista y parte de Sincelejo. 

 

Bolívar: Achí, María La Baja, Arjona, Turbaco, parte de Cartagena, San Cristóbal, San Etanislao, Soplaviento, Zambrano, Villanueva, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Mahates, Malagana, San Cayetano, Bayunca, Clemencia, Galerazamba, Loma de Arena, Pueblo Nuevo y Santa Catalina.


Oposición espera dar duro golpe a Chávez

 


Pablo Pérez, gobernador de la región petrolera del Zulia, es un de los favoritos para enfrentar al presidente Hugo Chávez en las próximas elecciones.

 

La oposición venezolana inició un mes crucial en busca de apoyo para unas inéditas elecciones primarias en las que escogerá, entre dos claros favoritos, a un candidato único que tendrá el desafío de enfrentar al popular presidente Hugo Chávez en los comicios de octubre.Dos gobernadores, Henrique Capriles, del Estado Miranda (norte), y Pablo Pérez, de la región petrolera del Zulia (oeste), son los principales aspirantes a convertirse el próximo 12 de febrero en el abanderado opositor entre los seis precandidatos.

 

Entre estos también figuran el exalcalde Leopoldo López, que los sigue en los sondeos, y la diputada María Corina Machado.

 

Al frente de los dos Estados más poblados y ricos del país, Capriles y Pérez encabezan las encuestas de intención de voto con una imagen de líderes cercanos, carismáticos y dinámicos, facetas que también ha cultivado Chávez durante sus trece años de gobierno.

 

“Ellos concentran el 80% de las preferencias y son bastante parecidos: profesionales, jóvenes, con gestiones exitosas. Hay un patrón muy claro, pero se elegirá al que pueda derrotar más fácilmente a Chávez”, comenta a la AFP/APIC Carmen Fernández, directora de la firma de marketing político Dataestrategia.

 

Abogado de 39 años, Capriles se ha perfilado como favorito con una gestión bien evaluada en la gobernación, a donde llegó en 2008 después de sendos períodos como alcalde y diputado.

 

“Yo no prometo, yo resuelvo. No me pego cinco horas hablando en la televisión”, ha dicho Capriles criticando las extensas intervenciones televisivas del presidente.

 

En los últimos meses Capriles se ha distanciado de Pablo Pérez (42 años), líder de un bastión tradicionalmente opositor desde donde tuvo que salir a recorrer el país para ampliar su apoyo electoral.

 

Leopoldo López (40), ex alcalde de Chacao, uno de los municipios más ricos de Caracas, ha crecido en los sondeos desde que fue rehabilitado hace cuatro meses para postularse a cargos públicos tras ser acusado por el gobierno de corrupción, cargo que siempre negó.

 

Aparece en tercer lugar, por delante de Machado, del exembajador Diego Arria y del sindicalista Pablo Medina, los otros precandidatos.

 

La oposición espera que en las primarias participe un 10% del padrón electoral, de unos 18 millones de votantes.

 

Agrupado en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), este sector no tiene una tarea fácil de cara a las presidenciales del 7 de octubre.

 

La oposición, advierte, afronta el reto de diferenciarse del mandatario y enfocarse en los sectores de la población que no se benefician directamente de las medidas oficiales. De esa manera, espera cosechar votos en sectores populares que han votado tradicionalmente por el chavismo, en un país de 28 millones de habitantes donde un tercio de la población es pobre.

 

Por el tercer mandato

 

A diez meses de los comicios, Chávez aspira a un tercer mandato arropado con una popularidad de 50% y una intención de voto mayor, aunque no de forma aplastante, a la de cualquier candidato opositor.

 

Pero aunque es muy popular, con un fuerte apoyo entre los sectores más pobres y con una amplia red de medios de comunicación oficiales para transmitir su mensaje, el presidente ya no parece ser una figura invencible después que en junio pasado fue diagnosticado de cáncer, aunque él asegure que ganará por “nocáut”.

 

“Chávez ya no está en la posición supercómoda de las elecciones pasadas cuando llevaba más de 30 puntos de diferencia al candidato opositor. Y si a eso se le agrega la sospecha de una enfermedad, menos”, asegura a la AFP/APIC José Antonio Gil, socio director de la encuestadora Datanálisis.

 

El gobernante, de 57 años, asegura haberse recuperado totalmente de la enfermedad, aunque nunca informó de dónde estaba el tumor que le extirparon ni del tipo de cáncer que contrajo.

 

 

Chávez dice que está dispuesto a reconocer eventual derrota

 

A nueve meses de los comicios en los que el presidente Hugo Chávez se juega la tercera reelección y la continuidad de su proyecto político, el líder izquierdista afirmó el viernes que estaba dispuesto a reconocer una eventual derrota y exigió a la oposición a que se comprometa a lo mismo. 


Al presentar el balance de su décimo tercer año de gestión a la Asamblea Nacional, Chávez dijo que si algún opositor resulta vencedor en las elecciones del 7 de octubre “yo sería el primero en reconocerlo”.

 

Destacó en su discurso, que se transmitió en cadena de radio y televisión, que el 2012 será un “año de pruebas” y de “confrontaciones de ideas”, pero aseguró que estaba confiado de que se impondrá la “institucionalidad”.

 

“Estoy parado, completo, y entero”, expresó Chávez, al asegurar que había superado el cáncer que enfrentó a mediados del año pasado. “Me hacía falta el cáncer. Le doy gracias a Dios”, dijo el gobernante al señalar que el padecimiento lo ayudó a “frenar en seco”.

 

El gobernante, de 57 años, acudió ante el congreso, dominado por los aliados del gobierno, para exponer la “Memoria y Cuenta” de su gestión del 2011, en un país afectado por la creciente delincuencia y galopante inflación.

 

El mandatario aprovechó el acto para defender la visita que realizó a comienzos de semana a Caracas el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, la cual fue cuestionada por los opositores y Estados Unidos.

 

Señaló que el líder persa es “un buen hombre. No es ningún fanático religioso”.

 

Defendió a su vez el programa nuclear iraní, destacando que “no hay ninguna prueba” de que Irán está desarrollando armas atómicas.

 

Al rechazar los cuestionamientos que han hecho opositores a su gestión por la creciente criminalidad que enfrenta Venezuela, Chávez dijo que “no es política” que se utilice ese problema para confrontarlo. “La responsabilidad de todos los problemas del país es de todos nosotros”, agregó.

 

Bajo la consigna “el pueblo lo sabe y tiene razón, aquí el que manda es Chávez y la revolución”, varios miles de seguidores del mandatario y empleados públicos, con sus características franelas rojas, se concentraron en los alrededores de la Asamblea Nacional para acompañar desde las calles al gobernante.

 

En medio de una fuerte custodia, Chávez salió del palacio presidencial en un vehículo descapotado y recorrió en caravana algunas calles del centro de Caracas hasta la sede del congreso.

 

La alta delincuencia y galopante inflación son consideradas por la oposición como las mayores debilidades del gobierno de Chávez, quien empero mantiene su popularidad sobre 50%, según estimaciones de las principales encuestas locales.

 

Al desestimar la aceleración que sufrieron los precios el año pasado, especialmente en el renglón de alimentos que registraron una tasa de 33%, Chávez dijo que había que poner en “contexto internacional” las cifras, e indicó que en sus trece años de mandato se ha registrado una inflación promedio de 22,2%.

 

“Pido ayuda incluso a esta Asamblea, e incluso a ustedes a los que saben de este tema, para que al mismo tiempo que sigamos incrementado el Producto Interno Bruto sigamos haciendo esfuerzos y que sean cada día más efectivos para reducir esa inflación”, acotó. “Este año no aspiramos menos de 4 de ese 5% (de crecimiento económico)”, dijo Chávez al expresar que espera que la economía mantenga el ritmo de crecimiento de los últimos dos años.

 

El diputado oficialista Darío Vivas admitió el viernes, durante una entrevista en la televisora estatal, que un “punto débil” de la gestión de Chávez es el problema de la criminalidad.

 

“Hay un problema de inseguridad que se ha venido dando, y en este sentido el comandante (Chávez) tiene muchas cosas que decir, desde el punto de vista de cómo ha enfrentado el gobierno esta situación”, expresó el congresista.

 

El bloque opositor objetó en un comunicado la gestión que cumplió Chávez durante el 2011 en materia de seguridad, economía, vivienda, y salud, y dijo que era lamentable que el mandatario siga “desconociendo los problemas de la gente por estar ocupado en perpetuarse en el poder”.

 

La llamada “Mesa de la Unidad Democrática” señaló que la corrupción, la falta de elementos científicos, técnicos y operativos para enfrentar el fenómeno de la criminalidad, la politización de las instituciones y la asignación insuficiente de recursos, han agravado la inseguridad personal, que es considerada por los venezolanos como su mayor problema.

 

De acuerdo a cifras de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), durante el 2011 fueron asesinadas 19.336 personas, lo que representó un aumento de 10% respecto al año anterior cuando se registraron 17.600 homicidios. Entre 1998 y el 2010 la tasa de homicidios casi se triplicó, al pasar de 19 a 57 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que convierte a Venezuela en uno de los más violentos de la región, agregó.

 

El ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, dijo esta semana que para el gobierno ha sido difícil “romper ese piso duro de 48 muertes por cada 100.000 habitantes”, pero reconoció que se ha bajado “significativamente esa curva en estos últimos años”, pero no preciso cifras.

 

A pesar de tener desde hace casi nueve año un control de precios y de cambio, Venezuela concluyó el 2011 con una inflación de 27,6%, la segunda mayor del mundo, superada sólo por Etiopía, y la más alta de la región.

 

El acelerado crecimiento de los precios empañó los resultados de crecimiento económico de Venezuela, que es uno de los principales productores de crudo del mundo. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4% durante el 2011.

 

El mandatario, que está impulsado en Venezuela un proyecto socialista, optará en los comicios del próximo 7 de octubre a una tercera reelección.

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Hugo Chávez, presidente de Venezuela

Pronuncia discurso de más de nueve horas ante Parlamento venezolano

 

El presidente venezolano, Hugo Chávez, pronunció el viernes un discurso de nueve horas y media durante la presentación anual de su gestión ante el Parlamento, uno de los más largos de su gobierno y solo interrumpido por las intervenciones de algunos diputados.  


La alocución del mandatario, transmitida en cadena por radio y televisión, se inició a las 14H15 locales y no culminó hasta cerca de la medianoche ante un pleno de diputados, embajadores e invitados especiales en la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), dominada por el oficialismo.

 

Al principio, Chávez prometió ser breve, señalando que los largos discursos tuvieron sentido “al inicio de la revolución” socialista que asegura abandera, y acotando que un discurso de “seis horas es un abuso”.

 

De pie, el presidente, en el poder desde 1999, hiperactivo y muy mediático, habló muchas horas para defender la labor de su gobierno en educación, salud, petróleo, producción alimentaria y lucha antidrogas.

 

Sin embargo, admitió fallas en el combate contra la inseguridad, que calificó como uno “de los más duros frentes de batalla”.

 

Las palabras de Chávez cedieron en ocasiones a intervenciones de diputados de la oposición -que ocupa el 40% de los escaños de la Asamblea Nacional-, quienes alzaron críticas contra los planes oficiales de construcción de viviendas y agricultura.

 

Según la televisora oficial VTV éste fue el discurso más largo de un presidente venezolano ante el Parlamento en la historia.

 

Durante su alocución, Chávez anunció que “sería el primero en reconocer” un eventual triunfo de sus adversarios en las elecciones presidenciales de octubre, en las que buscará un tercer mandato, y protagonizó un breve choque verbal con la diputada María Corina Machado, quien aspira a ser la abanderada de la oposición para esos comicios tras las primarias del 12 de febrero.

 

“Águila no caza moscas. Usted está fuera de ranking”, dijo Chávez, rechazando una propuesta para debatir de Machado, quien había acusado las medidas de expropiación de empresas que acomete el gobierno como “robo”.

 

Chávez, que asegura haberse recuperado de un cáncer diagnosticado en junio, habló cinco horas el domingo pasado, durante el reestreno de su programa semanal 'Aló, Presidente', que permaneció fuera del aire por siete meses debido a la enfermedad.

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La furia del Talibán por el video de "soldados orinando sobre cadáveres"

 

El video que muestra a cuatro supuestos marines orinando sobre los cadáveres de talibanes fue calificado de "inhumano" por un vocero del grupo. El material es un nuevo golpe a la imagen de EE.UU. 


Un video difundido en internet en el que supuestamente cuatro marines de EE.UU. aparecen orinando sobre los cadáveres de miembros del movimiento talibán generó airadas reacciones y el inicio de una investigación para determinar su veracidad.

 

La aparición de las imágenes es otro contratiempo para las fuerzas armadas estadounidenses tras una ya larga historia de escándalos como el de las fotos-trofeo de cadáveres afganos y el de los abusos cometidos contra iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib.

 

El video, además, se difunde en momentos en que el ejército de EE.UU. decidió procesar a cinco soldados de la 5ª Brigada Stryker acusados de matar a civiles afganos durante su despliegue en la provincia de Kandahar, en Afganistán, en 2010.

 

El ejército estadounidense dijo que comenzó a investigar el material aparecido en YouTube y otros sitios electrónicos, mientras que un prominente grupo de derechos de los musulmanes en EE.UU. reclamó aplicar castigos rigurosos.

 

Investigación

 

El portavoz del Pentágono, el capitán John Kirby, expresó en un comunicado: "Estamos profundamente preocupados por el video", y añadió que, de ser veraz, representa una "conducta atroz e inaceptable para un miembro de las fuerzas armadas".

 

Entretanto, la Infantería de Marina estadounidense aseveró: "las acciones mostradas no son consistentes con nuestros valores fundamentales (...) Este asunto será investigado a fondo''.

 

Imágenes

 

Una leyenda en el sitio YouTube publicada debajo del video identifica a los marines como parte de un equipo de francotiradores de Camp Lejeune, con sede en la provincia de Helmand, aunque no hay confirmación de esos datos.

 

Las imágenes fueron transmitidas inicialmente por la cadena televisiva Al Jazeera, pero no está claro quién las subió a la red.

 

En el video, de unos 40 segundos, aparecen cuatro hombres en uniformes de camuflaje de pie frente a tres cuerpos ensangrentados.

 

Por el color de piel y las vestimentas, los cuerpos parecen de afganos.

 

Los uniformados orinan sobre los cadáveres y a uno se le escucha decir: "ten un buen día, amigo".

 

Condenas

 

Entre las reacciones tras la difusión de las imágenes sobresale la del Consejo para las Relaciones Estadounidense-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés), la mayor organización musulmana para la defensa de las libertades civiles en Estados Unidos, cuyo vocero Ibrahim Hooper expresó a la BBC: "Es un video repugnante, inmoral".

 

Es "algo de lo que ningún militar estaría orgulloso", añadió.

 

El corresponsal de la BBC en Washington Rajesh Mirchandani informa que esta organización envió una carta al secretario de Defensa de EE.UU., Leon Panetta, en la que se reclama que los culpables sean "castigados con todo el rigor" de la ley.

 

En palabras de la parlamentaria afgana Fawzia Kofi, este video se trata de una ofensa para todos los afganos, sin importar qué piensen del talibán. "Es una cuestión de respeto al ser humano", manifestó a la BBC.

 

En otras declaraciones a la BBC, un portavoz del talibán en Afganistán dijo: "esta no es una acción humana. Es una acción salvaje demasiado vergonzosa como para que hablemos de ella".

 

Pese a todo, otro vocero talibán dijo a agencias de noticias que el incidente no obstaculizará los esfuerzos para llevar a las facciones afganas a la mesa de conversaciones en la búsqueda de la paz.

 

Abusos

 

Si se confirma la veracidad del video, el escándalo sería uno más en la ya larga lista que ha venido afectando la imagen del ejército estadounidense.

 

En incidentes parecidos, en 2009, un grupo de soldados se tomó fotos con cadáveres de civiles afganos como si fueran trofeos.

 

Esas imágenes se usaron como prueba en el juicio contra un sargento al que se condenó a cadena perpetua por la muerte de civiles en Afganistán.

 

En 2004, otras fotos revelaron los abusos cometidos contra iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib, en Bagdad.

 

En ellas se mostraba a detenidos sometidos a torturas e intimidados con perros mientras los efectivos posaban sonrientes.

 

Varias decenas de soldados fueron investigados y 11 condenados en consejos de guerra por ese hecho.

 

EE.UU. tiene unos 20.000 infantes de marina desplegados en Afganistán, principalmente con base en las provincias de Kandahar y Helmand. En total, hay unos 90.000 soldados estadounidenses en ese país.

 

Washington y sus aliados en Afganistán planean entregar la seguridad del país a las fuerzas afganas y retirar las tropas de combate para finales de 2014

‘Campo’ para los García

 

Tras su posesión como mandatario, el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, recibió el bastón de mando de manos de su antecesora, Judith Pinedo.  


Campo Elías Terán nombró en Cartagena un gabinete más político que técnico, que beneficia al grupo del exsenador Álvaro García, condenado por la parapolítica.

 

La contundente votación con la que Campo Elías Terán Dix fue elegido alcalde de Cartagena -160.000 votos, 54 por ciento- fue interpretada, en su momento, como un mandato amplio y una garantía de independencia para formar su gabinete sin necesidad de conceder cuotas para buscar apoyos. Sin embargo, el nuevo alcalde conformó un equipo que se caracteriza por sus vínculos con la política tradicional. Y, en especial, con uno de los clanes más fuertes de la ciudad en los años noventa: la familia García Romero, encabezada por el senador Álvaro García, quien fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en la formación de grupos paramilitares en Sucre.

 

La posesión del nuevo alcalde dejó en claro que habrá un notable cambio de estilo de gobierno en comparación con su antecesora, Judith Pinedo. Terán Dix asumió el mando en el estadio 11 de Noviembre, después de visitar una de las cabinas desde las que hizo durante años sus famosas transmisiones de béisbol. Después, desde la cancha, leyó un discurso de 35 minutos -"largo, pero necesario", dijo- en el que hizo énfasis en sus propuestas de pobreza, educación y desigualdad, y en el que no propuso un plan de choque contra algunos de los problemas que más agobian a los cartageneros, como la movilidad y el aseo.

 

Aunque en su intervención elogió a su predecesora, en el nombramiento del gabinete marcó un notable contraste. Mientras Judith Pinedo se caracterizó por su independencia y por sus distancias con el Concejo de la ciudad, Campo Elías Terán escogió para los cargos más importantes de su administración -las secretarías de Educación, Salud, Planeación, Tránsito y Hacienda-, a personas que han militado en el grupo del exsenador Juan José García, su esposa Piedad Zucardi y el exalcalde Gabriel Antonio García. Rosario Ricardo Bray, la secretaria de Educación, ya había ocupado esa posición durante la administración de Carlos Díaz Redondo, entre 2001 y 2003.

 

En la Secretaría de Salud sonó, hasta último momento, el prestigioso médico Álvaro Carcamo, quien apoyó la campaña de Terán Dix. A la hora de la verdad, no obstante, el alcalde designó al odontólogo Rubén Romero Mouthon, también de la cuerda de los García, quien fue desvinculado sin explicación de la gerencia de Coomeva en Barranquilla y de la gerencia del Hospital Bocagrande. Educación y Salud son considerados los principales botines políticos, porque significan casi un 50 por ciento del presupuesto de la ciudad. A la Secretaría General, clave por sus funciones de coordinación, irá Colombia Villamil, quien había desaparecido de la escena política. Villamil es amiga personal del alcalde, pero también fue cercana a Atenógenes Coronel, a quien se atribuye la quiebra del más importante centro hospitalario de Bolívar y Cartagena, el Hospital Universitario. A la supremacía de los García en el nuevo gabinete se agrega la exclusión del grupo político del exgobernador Miguel Navas Meisel, quien lo acompañó en la campaña electoral.

 

Al alcalde Campo Elías Terán se le ha notado una intención de ratificar su autoridad como mandatario y se ha comprometido con aplicar mano dura a quienes no acatan las normas en materia de movilidad y espacio público. "El alcalde soy yo", repite, y a los vehículos que, para escapar del trancón, ocupen el carril del solo bus en Bazurto, los ha amenazado con "sacarlos a la brava". En más de una ocasión ha reiterado que "ejercerá la autoridad" y ya regañó a los mototaxistas: "Pueden circular, pero tienen que respetar las normas", les dijo.

 

Más que por un discurso centrado en la seguridad, Terán Dix se ha caracterizado por hacer múltiples planteamientos sin mucho foco: desde la construcción de una marina para yates lujosos hasta la posibilidad de prohibir el porte de armas propuesto por el alcalde de Bogotá. En su arranque, el nuevo alcalde ha sido muy locuaz. Pareciera que no quiere olvidar su antigua profesión de locutor

 

LA VENTURA, LA DICHA Y LA FELICIDAD SIGA ATROPELLANDO AL GREMIO DE PERIODISTAS QUE DIA A DIA FORJAMOS UN NUEVO AMANECER HACIENDO LA HISTORIA DE ESTE PAIS

 

LA ASOCIACION DE PERIODISTAS INDEPENDIENTES DE COLOMBIA, APIC, desea en esta oportunidad manifestar a todo el gremio del periodismo en Colombia nuestras felicitaciones por su loable labor.
No es fácil ejercer la profesión en un país lleno de conflictos, en medio de una guerra que no ha permitido una solución a los graves problemas sociales. Son ustedes SEÑORES PERIODISTAS que han logrado informar a la opinión pública nacional e internacional en las diferentes épocas del desarrollo del país, a pesar de que muchas veces se encuentra con la violación a la libertad de opinión o a la censura. Su profesión alcanza el mayor grado de amor por una sociedad y su oficio cumple el derecho a la información.

 

Colombia Ha aprendido de ustedes, a través de los medios de comunicación, que son otros maestros del aula, sus tableros son los periódicos y el convencimiento, su voz y su capacidad intelectual. Las tareas que ha realizado el gremio de los periodistas están en el corazón de los colombianos, desde noticias muy difíciles, hasta campañas de solidaridad por salvarles la vida a muchas personas.

 

En nombre de la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, permítame llegar a todos ustedes con un gran abrazo y decirles gracias y que continúen trabajando por la paz y por una democracia con justicia social.

 

Reciban el saludo respetuoso de la Junta Directiva Nacional y la expresión de nuestra más profunda admiración por las transformaciones sociales, ejecutivas y Políticas que vienen adelantando como periodistas. Optar por estudiar Comunicación Social no resulta complicado. Lo complicado es ejercer la profesión, creer que realmente eso es lo que se quiere lograr y no pasar indiferente ante el gremio. El periodista enfrenta situaciones de alegría, tristeza, insultos y riesgo de vida; todo esto dentro de su profesión.  Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Así elaboran sus artículos y crónicas editoriales en los diferentes noticieros, programas de opinión, deportivos, culturales entre otras, guiando su labor periodística bajo los principios del  respeto por la verdad, el rigor en la búsqueda de la información fidedigna y verificable.  

 

Al margen de recordar el origen, evolución y situación actual de nuestro periodismo mediante actos conmemorativos, sin duda la coyuntura es la más propicia para hacer un alto en el camino y en actitud retrospectiva y autocrítica, revisar realmente que se ha hecho, dejado de hacer, que está por hacer…. y meditar sobre las lecciones de este encuentro, sus aciertos y sus desaciertos, para potencializar hacia el futuro, por aquello de quien pierde la referencia de su pasado, siempre estará abocado a repetir los mismos errores.

 

Un día tan especial como hoy 31 de diciembre a portas de darnos un fuerte abrazo para despedir este año, queridos colegas, me toca recordar a como de lugar que la profesión de Periodista otrora trinchera de libres pensadores y fieles defensores de la democracia, afronta ahora delicado dilema ante la extensa comercialización en los medios de comunicación social del país, amparados, ellos si, en un sistema indiferente convertido en cómplice de la clase dominante y como si esto fuera poco hemos permitidos ahondar la herida por nuestros propios colegas que no observan interés en la organización del quehacer y mucho menos en su unificación. Por eso vemos como años tras años por las flamantes facultades de periodismo egresan nuevos periodistas quienes con su fresco diploma debajo del brazo se aprestan a una desaforada competencia para ubicarse de algún modo. Por su parte, empresas periodísticas de alguna importancia ven en esta oportunidad de hacerse a lo que pudiéramos llamar una mano de obra barata cuando no gratuita. Es cuando noveles periodistas se comprometen a escribir gratis con tal de que su nombre aparezca en letras de molde en algunos periódicos importantes como para irse dando crédito mientras llega la oportunidad de un puesto fijo. Esos periódicos “hacen prácticas” como cualquier médico rural, se evitan la contratación de periodistas profesionales quienes son desplazados mediante estos procedimientos empresariales francamente irritantes.

 

No estoy, como periodista, en contra de las facultades de periodismo aunque si debo decir que dentro de ellas no son todos los que están ni están todos los que son incluyendo a unos flamantes profesores que sientan cátedra de periodismo sin haber pasado nunca por ningún periódico y mucho menos sin haberse embarrado en la persecución de una noticia. Se trata de “profesores” eminentemente teóricos que, de pronto, se habrán leído un barato manual de periodismo para posar después como catedráticos de una materia que desconocen en su dinámica y en su fondo.

 

De otra parte existe la circunstancia de que dentro de algunas emisoras o periódicos actúan individuos que sin haber quemado etapas lógicas resultan de pronto, de la noche a la mañana, de jefes de redacción o jefes de prensa de oficinas estatales o muchas veces de directores de espacios periodísticos solo porque se han convertido en serviles amanuenses del político de turno que revuelve, que trastorna a su capricho las jerarquías que deben imperar en cualquier empresa respetable.

 

A ustedes periodistas reciban de mi parte y en especial de la ASOCIACION DE PERIODISTAS INDEPENDIENTES DE COLOMBIA ”FELICITACIONES”  y los exhorto a continuar con su labor, tarea de mantener viva la libertad de la información, derecho fundamental de las comunidades y los invito a seguir en la orientación de la ética profesional, defendiendo las causas honestas, los Derechos Humanos, la Libertad de Prensa, propendiendo siempre porque en COLOMBIA el periodismo sea serio, responsable y correcto.

 

La perseverancia, la tenacidad, la imparcialidad y la inteligencia, son grandes cualidades que caracterizan a cada uno de los periodistas adscritos en las diferentes casas editoriales e independientemente, por eso hoy, día de Noche Buena,  a escasos horas de finalizar este ciclo del año 2011. La ASOCIACION DE PERIODISTAS INDEPENDIENTES DE COLOMBIA les quiere regalar a todos ustedes esas mismas palabras, sensaciones, circunstancias y propósitos que ellas pueden aportar y la mejor de las navidades y prosperidad para el año que viene.

 

Que DIOS los bendiga a todos y siempre en sus corazones los mejores sentimientos de convivencia que tanto necesita Colombia: Paz, Armonía, tolerancia, Responsabilidad, Compromiso, entre otros. No podemos hacer sin antes hacer, una ecuación sencilla.

 

Sean Perseverantes y tenaces.

 

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERIDAD PARA EL 2012


Chávez amenaza con meter presos a José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel

 

Ambos asesores del expresidente Álvaro Uribe fueron invitados a Venezuela por un alcalde opositor al gobierno del presidente Chávez. 


El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, amenazó con meter presos a miembros del equipo del expresidente Álvaro Uribe en caso de que visiten el país invitados por un alcalde opositor, que recientemente suscribió un convenio de seguridad con ellos y anunció su visita.

 

"Por ahí me enteré de que parece que un alcalde firmó un convenio (...) si aquí intentara entrar en nuestro país alguien, sea quien fuere, sabemos a lo que vendrían. No van a entrar en este país, no van a entrar, no pasarían de allí y, si vienen por caminos verdes (vías no legales), y lo agarramos, pues preso va a ir", dijo Chávez en un Consejo extraordinario de Ministros.

 

El jefe de Estado se refirió así, aunque sin hacer una mención explícita, al alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Emilio Graterón, quien anunció el pasado día 17 la suscripción de un convenio de seguridad con miembros del equipo de seguridad de Uribe (2002-2010) para reforzar esta materia en esa localidad.

 

Graterón dio a conocer también la próxima visita a Venezuela de dos asesores de seguridad del exmandatario colombiano, José Obdulio Gaviria Vélez y Alfredo Rangel, dos días después de que el líder de su partido y precandidato opositor, Leopoldo López, se reuniera con Uribe en Bogotá.

 

"El que fuere que viniera aquí a tratar de embochinchar a nuestro país, no se lo vamos a permitir", insistió Chávez.

 

"Y alcalde que lo haga, o pretenda hacerlo, o gobernador que pretenda hacerlo, hay que aplicar la Constitución y la ley con todo el rigor", señaló.

 

Chávez dijo que su Gobierno no va a permitir "de nuevo" que se repitan situaciones pasadas como la supuesta invitación de la oposición a William Bratton, exjefe de la Policía de Nueva York, e indicó que "por pendejos" permitieron "que viniera aquí a ayudar a montar un golpe de Estado".

 

"No podemos permitir a este bandidaje repetir la misma historia", exclamó el gobernante al referirse a sus contrincantes, que, aseguró, están conscientes de que van a perder las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012.

 

"Ya andan buscando a ver qué caminos verdes, qué atajos buscar para desestabilizar al país", manifestó Chávez, quien insistió en que no se lo permitirán "ni a sus aliados, ni a sus amos del imperio (EE.UU.) ni a sus lacayos, que están regados por América Latina".

 

El pasado 19 de diciembre, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ya acusó a la oposición de querer "importar paramilitares" tras las reuniones de López con el exmandatario y el anuncio del alcalde Graterón.

 

"Traer a estos caballeros para acá es importar paramilitares, es traer la violencia de Colombia que impuso Álvaro Uribe, traerla a Venezuela y nosotros no nos vamos a quedar tranquilos", afirmó el primer vicepresidente del partido oficialista, Diosdado Cabello, quien llamó a la militancia del PSUV a activarse y a estar "muy pendientes de lo que estos señores se proponen".

 

 

Inasistencia alimentaria tiene en vilo curul de concejal afro

ERNESTO TABORDA HERRERA/ EL UNIVERSAL/APIC

 


Hernando Trucco, accionante contra de Ávila logró que la demanda contra el concejal electo fuera admitida por el tribunal administrativo de Bolívar. Jaime Domingo de Ávila, concejal electo por el Partido Liberal, dice que nada puede detener su posesión., porque el triunfo se lo dio Dios, y "lo que da Dios no lo quita el hombre".La demanda pretende demostrar que el concejal electo estaría inhabilitado para posesionarse en su cargo el primero de enero, debido a que el 18 de septiembre de 2007 fue condenado a 25 meses de prisión por el Juzgado Promiscuo Municipal de Soplaviento (Bolívar) por el delito de inasistencia alimentaria.

 

La acción de nulidad fue interpuesta por el candidato Hernando Trucco inscrito en la misma lista liberal y quien le sigue en votos a de Ávila.

 

Por inasistencia

 

Según conoció El Universal, el líder afrodescendiente natural del corregimiento de Bocachica conocido popularmente como ‘Jimmy’ de Ávila, fue demandado penalmente el 15 de agosto del año 2000, por Olga Villacoth Hernández, la madre de una de sus hijas, por presunto incumplimiento con la manutención de la menor.

 

En su condena, el juez Darío Gómez Mejía también impuso una multa de 18 salarios mínimos legales vigentes contra de Ávila y la interdicción de derechos y funciones públicas en un período igual al de la pena principal.

 

Sin embargo, el juez también concedió a favor de Ávila  el recurso de apelación y el beneficio de las suspensión condicional de la ejecución de la pena, a cambio de una caución prendaria o multa estipulada en doscientos mil pesos.

 

La decisión

 

Todas esas pruebas fueron recopiladas y presentadas por ex edil de la Localidad 1 Hernando Trucco, quien también inscribió su nombre por el Concejo Distrital.

 

Representado por el abogado Gustavo Pianeta Arias, la demanda de Trucco fue admitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que deberá decidir en primera instancia si anula o no la elección de Ávila.

 

Mientras tramita la acción judicial, el Tribunal consideró necesaria la suspensión provisional del acta de escrutinio E26 del 24 de noviembre de 2011, expedida por la comisión escrutadora departamental y que declaró a de Ávila Fernández como concejal electo del Partido Liberal, para el período 2012-2015.

 

La decisión fue firmada por los magistrados magistrado José Fernández Osorio, Luis Miguel Villalobos y Norah Jiménez Méndez.

 

Habla de Ávila

 

En diálogo con El Universal el concejal afro demandado dijo que sí se posesionará el primero de enero de 2012.

 

“Tengo los papeles del juzgado tercero de familia, que dice que yo pagué todo en lo civil; pero en lo penal fallaron en contra mía en el 2007, sin yo saber, nunca tuve un abogado, y si pusieron un abogado de oficio, nunca llegó a mi casa, una notificación, ni nada diciéndome que tenía que presentarme para resolver lo penal”, se defendió de Ávila.

 

“Nunca tuve defensa. Eso es violatorio del debido proceso. Me condenaron  sin escucharme, porque paralelamente como yo estaba pagando mi parte civil, no tuve tiempo a defenderme. Eso está viciado”, dijo de Ávila.

 

“No tengo nada contra Trucco ni contra el político Argemiro Bermúdez que está detrás de esto; ellos están en su legítimo derecho de actuar contra mí, porque Trucco es el que me sigue en la lista y quiere ser concejal igual que yo”, dijo de Ávila.

 

“Acato los fallos judiciales y mis abogados interpondrán las acciones pertinentes cuando todo esto me sea notificado. En enero 11 de 2012, luego de que los servicios de los juzgados se restablezcan, yo instauraré mis recursos pero me voy a posesionarme tranquilamente. Mientras tanto el caso va al Consejo de Estado para resolver la nulidad en la que dicen que estoy incurso”, agregó

 

De Ávila explicó que pudo inscribirse como candidato porque aportó los papeles del DAS, Procuraduría, e ingresos fiscales los cuales revelan que es un hombre sin antecedentes.

 

“Hubo un barrido de la Organización Electoral y de la Fiscalía y a mí no me encontraron nada”.

 

“Fui elegido para el concejo durante cuatro años. Mi curul fue un milagro. Yo no tenía con qué aspirar y aspiré, esto me lo dio Dios, mis hermanas, mis hermanos las iglesias cristianas orando y me lo gané. Lo que Dios da no lo quita el hombre”, finalizó de Ávila.


La corrupción corroe a la empresa privada

 

 Según el informe global sobre corrupción, presentado por la consultoría mundial Kroll, la corrupción es lo que más preocupa a las empresas y una de cada cuatro se ve afectada por este fenómeno. 


El 60 por ciento de los fraudes son cometidos por personas que trabajaban para las empresas, mientras que el 70 por ciento expresan que son vulnerables a la corrupción. Estos son los principales datos que arroja la encuesta global sobre fraude, encargado por la consultora mundial Kroll que fue realizada a más de 1.200 altos ejecutivos en el mundo.

 

“El estudio de este año provee una razón tanto para el optimismo como para la preocupación,” dice Recaredo Romero, Managing Director de Kroll para Colombia. “Mientras que la incidencia general del fraude ha disminuido, algunos tipos de problemas van en aumento, como la corrupción, el soborno, fraude financiero interno y fraude de proveedores, y presenta un mayor riesgo de grave perjuicio económico y de reputación a una organización. Las compañías están prestando atención e invirtiendo más en la detección y prevención del fraude en general. El desarrollar la cultura y controles adecuados para enfrentar riesgos cambiantes y operaciones en distintos lugares geográficos será uno de los próximos desafíos”, expresó.

 

El informe asegura que el 70 por ciento de las empresas de América Latina dicen que son vulnerables a la corrupción, en comparación con sólo 20 por ciento del año pasado. Las empresas de la región también registraron aumentos en la incidencia de otros tipos específicos de fraude, incluyendo el fraude de proveedores o compradores, 23 por ciento, y el fraude financiero interno, 18 por ciento. El 30 por ciento de los encuestados citó a la complejidad de las tecnologías de la información como el principal factor a una mayor exposición al fraude.

 

Las conclusiones de la encuesta

 

La encuesta de este año encontró que en promedio el fraude le costó a las empresas el 2,1 por ciento de las ganancias en los últimos 12 meses, lo que equivale a una semana de los ingresos en el transcurso de un año. El 18 por ciento de las compañías perdió más de un 4 por ciento de los ingresos de un año por causa del fraude, mientras que 53 empresas, o una cuarta parte de este grupo, perdieron más del 10 por ciento por fraude.

 

La mitad de las empresas encuestadas dijeron que son entre moderada y altamente vulnerables al robo de información, muy por encima del 38 por ciento en 2010. Las industrias basadas en la información continúan reportando la mayor incidencia de robo de información y datos electrónicos. Estas incluyen servicios financieros, tecnología, medios y telecomunicaciones entre las primeras.

 

Uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas es la variedad de datos que están siendo buscados por los estafadores. Si bien la información de propiedad exclusiva de la empresa es el objetivo más común, los datos de clientes y empleados también son objeto de robo. La categoría de datos más solicitados por los estafadores varía según la industria, en función del valor de los datos que una empresa es probable que tenga. Para las empresas de tecnología, medios y telecomunicaciones, la categoría más común es la información de propiedad exclusiva, mientras que para las empresas de servicios financieros es la información del cliente.

 

 

“Es injusta mi condena”: Edison Lucio Torres

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 Edison Lucio Torres, periodista y militante del Polo “Mi caso está en suspenso por la apelación ante  la sala penal que la componen tres magistrados.En esa sala se encuentra mi suerte inmediata como profesional y como persona”: dice Lucio

 

El comunicador social Edison Lucio Torres, considera que el fallo que lo condena por injuria agravada por haber revelado las relaciones que habría mantenido el exsenador Javier Cáceres con los paramilitares, es injusta ya que lesiona su integridad profesional como periodista de opinión.

 

Lucio Torres está condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito por ese delito, por haber utilizado un medio de comunicación a través de su programa Vox Populi (emitido por Radio Vigía de Todelar) para referirse a los nexos de paras con el político.

 

“Esa condena se encuentra apelada ante el Tribunal Superior de Cartagena, por eso está en suspenso y además es excarcelable por ser menor a tres años, ya que las condenas consisten en 14 meses de prisión y y 14 meses de inhabilidad”, dijo Torres.

 

“Mi caso es paradójico”

 

El periodista considera que sus pruebas ayudaron y siguen siendo pieza fundamental para la Corte Suprema de Justicia ya que facilitaron los juicios de casos por parapolítica entre ellos el del polémico político cartagenero.

 

Torres sugiere que es paradójico que él sea condenado por injuria, cuando fue uno de los primeros periodistas en el país que reveló nexos del ex senador con los paramilitares en Cartagena.

 

Los antecedentes

 

Según el periodista, el pasado 18 de octubre del año 2006, hizo un análisis en ahora suspendido programa radial Vox Populi en el horario de  las 7:30 de la mañana, señalando las conexiones de Cáceres Leal con el paramilitarismo en el Caribe. “Específicamente hablé sobre el computador de alias Jorge 40, y sobre los hallazgos que la Fiscalía hizo en ese equipo”, explica Torres.

 

“Señalé con mucha antelación que las conversaciones sostenidas con Javier Cáceres Leal, apuntaban a que Jorge 40 penetraría en Cartagena y el departamento de Bolívar”.

 

“Todo lo que dije lo basé en la fuente principal: un informe que la Fiscalía General presentó, usadas también por un portal de internet que se dedicó al tema”, dice Cáceres.

 

Lucio, comunicador especialista en investigación de la Universidad de Antioquia, sostuvo que desde entonces tenía otras pruebas, por ejemplo de la contabilidad de Juancho Dique, en la que se habla de cómo algunos comerciantes del mercado Bazurto en Cartagena, estaban financiando a las autodefensas.

 

El periodista dijo que a propósito de un debate que se iba a realizar en el Congreso de la República entonces, señaló que el senador Cáceres Leal “iba a sentarse en el banquillo de los acusados, porque era uno de los senadores que de alguna manera tenía relación con los paramilitares en Bolívar y la Costa Caribe”.

 

“Dije que Cáceres iba a pasar de cazador a cazado e hice las preguntas sobre esa alianza, lo cual fue respondido cinco años después a mi favor, por los comandantes paras Juancho Dique y Diego Vecino, a la Corte Suprema de Justicia cuando revelaron que sí habían apoyado políticamente a Cáceres y a su hija”, dijo Torres.

 

La demanda

 

“Yo no he acusado a Cáceres de que el sea paramilitar, lo que hice fue un análisis de las conexiones de cómo el paramilitarismo controlaba el mercado de Bazurto de Cartagena, pero a raíz de ese análisis, Cáceres Leal me denuncia”, dijo.

 

Lucio Torres dijo que el fiscal de Xavier Paulo Romero Julio y sus auxiliares hicieron una inspección judicial en la emisora desde donde emitía su programa, grabaron el programa, se llevaron una copia y luego lo llamaron a indagatoria.

 

“Me dijeron que tenía orden de captura porque supuestamente no me encontraban, sin embargo nunca recibí esa notificación”, dijo Torres, quien no está detenido.

 

“Me presenté voluntariamente He hecho todo lo que corresponde; pero las pruebas que presenté como periodista, ni el juez ni el fiscal las reconocen y me condenan”, dice.

 

“En el fallo no existen frases entrecomilladas que demuestren que yo, Lucio Torres, injurié al senador, por eso ahora he presentado los argumentos con la transcripción textual del programa para que el Tribunal vea que no hay ninguna frase injuriosa”.

 

Corre peligro

 

El periodista, quien fuera hace algunos años precandidato presidencial por el Polo Democrático, dice que actualmente su vida corre peligro, ya que el Ministerio del Interior le retiró la seguridad.

 

“La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) me está ayudando, pero hago un llamado a las asociaciones periodísticas porque considero que la libertad de prensa corre peligro”, dijo Torres cuyo programa radial ahora está fuera del aire.


Guerra judicial en Las Pavas

Por: Elespectador/APIC

 

Una historia que hoy polariza al país, pero que constituye un ejemplo de los enormes apremios para poner en marcha la Ley de Víctimas, la búsqueda de memoria y el mismo logro de la paz.

 

La polémica desatada a raíz de la decisión de una fiscal de Cartagena, que concluyó que no hubo desplazamiento en la hacienda Las Pavas en el sur de Bolívar y que todo fue un montaje de un grupo de campesinos y una ONG de la región, constituye una evidencia de los enormes obstáculos que enfrentan el Estado y la sociedad para resolver las secuelas que ha dejado un conflicto armado de cinco décadas, y de qué manera avances como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como aportes de justicia, paz y reparación afrontarán muchos más.

 

Como lo resaltó en su declaración el sacerdote Francisco de Roux, la decisión es apenas el comienzo de un proceso al que le falta mucha controversia judicial. No obstante, deja ver una polarización extrema entre las partes enfrentadas, con múltiples ingredientes políticos y empresariales, así como un vacío histórico en la presencia del Estado, que ahora se ve sujeto a los fallos de la justicia. Sin espacios de distensión a la vista y el cruce de acusaciones y demandas, el caso Las Pavas representa un ejemplo de cómo se libra la otra guerra, la jurídica.

 

El predio Las Pavas, situado en el corregimiento de Papayal, en el municipio de San Martín de Loba (Bolívar), formó parte de varias adjudicaciones entregadas en los tiempos de la reforma agraria de Lleras Restrepo, que no tuvieron continuidad en otros gobiernos. Y así como el Estado dejó pasar una vez más este ideal aplazado, a lo largo de los años permitió también que los terratenientes recobraran su pleno dominio, mientras las organizaciones ilegales iban quedándose con las mejores tierras producto de sus dineros ilícitos o la fuerza.

 

Es así como en 1983 apareció en la zona Jesús Emilio Escobar, y de manera legítima no sólo compró a los adjudicatarios del antiguo Incora la finca Las Pavas, sino también otros terrenos anexos y extensiones de tierra colindante. Fueron pasando los años, y de la misma manera como la extensa propiedad fue destinada a la agricultura y la ganadería, los campesinos de la región siguieron aferrados a sus cultivos de maíz, arroz, yuca o plátano. Sólo faltaba que la guerrilla o el paramilitarismo llegara a provocar el caos donde el Estado hacía falta.

 

Aunque el robo de ganado empezó a ser notorio desde mediados de los años 90, lo claro es que a partir de 1997 Las Pavas empezó a convertirse en un terreno sin uso, aunque su propietario sostiene que nunca perdió su dominio. Sin embargo, los campesinos comenzaron a asentarse en estas tierras con sus cultivos agrícolas, y para consolidar su modelo de trabajo asociado, se agruparon en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), llamada así porque procedían de la vereda del mismo nombre, a orillas del río Magdalena.

 

Fueron años difíciles. La guerra pasó por el corregimiento de Papayal dejando estragos. Como lo resaltó esta semana el asesor regional del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, José Augusto Páez, “los grupos armados ilegales quemaron caseríos enteros. No lo leímos en informes, sino que lo vivimos cuando hicimos trabajo comunitario en la zona”. La Fiscalía dice que no hubo desplazados. Acción Social dijo que sí y años después admitió que los campesinos de la región fueron víctimas del desplazamiento forzado.

 

Lo cierto es que en 2003 los campesinos retornaron a Las Pavas, y ante el creciente rumor de que la extensa propiedad iba a ser producto de un millonario negocio, tres años después, al amparo de la Ley 160 de 1994, solicitaron al Incoder la declaratoria de extinción de dominio de la hacienda por inexplotación económica. Ese mismo año, durante una inspección ocular, el organismo oficial constató que desde seis años atrás 116 campesinos estaban cultivando esas tierras. Por eso accedió a iniciar el trámite requerido por los agremiados.

 

Entonces reapareció el propietario con personal armado, recobró el predio y un año después lo vendió por $1.000 millones a dos sociedades dedicadas a la producción de palma africana. En la Notaría Novena de Barranquilla, según la Escritura número 619 del 10 de marzo de 2007, quedó formalizada la venta de 1.717 hectáreas de los predios Si Dios Quiere, El Recreo, Peñaloza, Estrella de Belén y Las Pavas a las empresas Aportes San Isidro S. A., de propiedad de José Macías, y C. I. Tequendama S. A., del grupo industrial Daabón.

 

Desde ese mismo momento la pelea por Las Pavas se puso al rojo vivo. Al tiempo que el Incoder expidió resolución de apertura de extinción de dominio del predio, las comunidades retomaron la ocupación. Los nuevos dueños apelaron a la acción policiva a través de la figura del “amparo de la posesión”, y la Asociación de Campesinos de Buenos Aires respondió con una tutela reclamando su derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el trabajo y el libre desarrollo de la personalidad. El asunto terminó saldándose con victorias de cada lado.

 

El 14 de julio de 2009, en cumplimiento de la orden de un juzgado de Mompox, un inspector de Policía desalojó a los campesinos de Las Pavas. Diez meses después la Corte Constitucional ordenó al Incoder reiniciar el proceso de extinción de dominio sobre el predio. En esta especie de empate técnico judicial sólo faltaba que llegara la Fiscalía. Lo hizo para corresponder a una denuncia por supuestas irregularidades en el desalojo. Pero mientras el ente investigador indagaba, las partes se movían.

 

Como quiera que la problemática de Las Pavas trascendió las fronteras y la organización no gubernamental de origen británico Christian Aid emprendió una campaña internacional en favor de los campesinos y en contra del grupo Daabón, compañía proveedora de la multinacional The Body Shop, el dilema derivó en la conformación de una comisión independiente para aportar soluciones. Su informe no aportó conclusiones sobre la legalidad de la posesión de la tierra, pero sí reflexiones importantes sobre la forma de resolver el asunto.

 

Integrada por los especialistas Ricardo Vargas, June Marie Mow, Mario Pérez y Ángela Rivas, la comisión independiente admitió que el fondo de la disputa era una pelea entre la producción de minifundios y el cultivo de palma; que la polarización había agudizado el conflicto invisibilizando la ausencia recurrente del Estado a través de los años, y que en una pelea tan desigual entre los campesinos y los empresarios, la única fórmula viable era buscar espacios de distensión para buscar acuerdos, en vez de persistir en la confrontación pública.

 

Al margen de las recomendaciones de la comisión independiente, los efectos de la pugna no se hicieron esperar. Para proteger su marca, los directivos de The Body Shop terminaron su contrato con el grupo Daabón, y éste a su vez optó por vender su parte en Las Pavas al segundo propietario. Entre tanto, la investigación de la Fiscalía siguió su curso y el pasado 11 de noviembre aportó el diagnóstico que hoy tiene dividido al país entre quienes creen que se afectó el derecho de las víctimas y los que piensan que se desenmascaró a las ONG.

 

La fiscal de Cartagena Myriam Martínez concluyó que nunca hubo desplazamiento forzado en Las Pavas y en cambio se fraguó un alto montaje entre campesinos y ONG, por lo cual dispuso que se investigue un presunto fraude procesal. La fiscal general, Viviane Morales, respaldó la decisión y agregó que varias entidades oficiales fueron engañadas. En contraste, el padre Francisco de Roux alertó sobre el error de desvirtuar la legitimidad de las demandas de las víctimas. Una visión opuesta sobre un dilema eternamente aplazado.

 

El de la posesión de las tierras en un país con desiguales niveles de acceso a las mismas. Con un agravante que sigue gravitando alrededor del país: la existencia de un conflicto armado sin solución a la vista, que además del ruido de los fusiles, la perversión del narcotráfico, el antagonismo político o la mirada internacional de soslayo a la crisis humanitaria, también se libra en los estrados judiciales, donde la guerra protagoniza en las acusaciones cruzadas, mientras la sociedad sigue debatiéndose entre la ausencia de verdad y la intolerancia.

 

Una retractación determinante

 

El origen de la polémica en Las Pavas tiene nombre propio: Pedro Moreno Redondo. Inicialmente, en marzo de 2009 ante la Personería de El Peñón, y en representación de 130 familias, denunció el desplazamiento masivo de la comunidad de Buenos Aires. Directamente culpó a las autodefensas en su objetivo de sembrar palma.

 

El pasado 15 de junio, Moreno volvió a El Peñón, esta vez a su notaría única, pero para declarar que la denuncia del desplazamiento en Las Pavas fue una farsa y que incurrió en falso testimonio. Moreno añadió que la única manera de presionar al Estado para acceder a las tierras era declarándose desplazado. Su testimonio está en el ojo del huracán.



Las pesquisas de Estados Unidos a Enilse López

'La Gata' bajo la DEA

Por: María del Rosario Arrázola/Juan David Laverde Palma/APIC

 

El Espectador revela los reportes secretos que desde octubre de 2009 han elaborado agentes antidrogas sobre la polémica empresaria y sus estrechos nexos con Salvatore Mancuso Gómez. 


Más allá de las controversias o los expedientes judiciales que la han perseguido hace 20 años, fue sólo el pasado 9 de octubre cuando se ventiló que la justicia de Estados Unidos le seguía los pasos a la polémica empresaria del chance Enilse López Romero, más conocida como La Gata. El propio director de la Policía, general Óscar Naranjo, fue quien dio el anuncio. No obstante, documentos en poder de El Espectador demuestran que el rastreo tiene un poco más de dos años.

 

El primer reporte, fechado el 9 de octubre de 2009, fue firmado por Martin K. Caplan, en su calidad de asistente del director regional de la DEA en Cartagena. En dicho documento se reseña que esta oficina, a través de un informante, puso en conocimiento de la Agencia Antidrogas información sensible sobre empresas, casas, fincas, apartamentos, bodegas, vehículos y, en general, una telaraña de testaferros que movían y ocultaban dineros del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez.

 

Según los datos aportados, esta organización, dedicada al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, era liderada por Enilse del Rosario López Romero y sus hijos, en especial Jorge Luis López, conocido con el alias de El Tiburón o El Gato. El informe confidencial consta de cinco páginas en las que se detallan las direcciones de 28 inmuebles en los que desarrolla sus operaciones este grupo y los nombres de 26 de sus colaboradores, entre los que se destacan un exfiscal, varios exmiembros de la Policía, otro de la Armada y personal de confianza de La Gata.

 

“Entre la información aportada por la fuente se hace alusión a que una de las empresas en las que ha circulado dinero proveniente de los paramilitares es Uniapuestas S.A., con domicilio en la ciudad de Barranquilla y que tiene como accionistas a miembros de la familia López. Igualmente, hace referencia a las empresas Única S.A., Aposmar S.A., Aposucre S.A., Costa Salud, Seguridad 911 y Uniproducciones”. Dichas firmas, advierte la DEA, “hacen parte del grupo de empresas manejado por estas personas y a las cuales constantemente, después de 2004, se les inyectaron dineros en efectivo provenientes de Mancuso”.

 

Precisamente, el 31 de enero pasado un juzgado de Bogotá condenó a Enilse López a nueve años de prisión por sus vínculos con las autodefensas y le impuso una multa cercana a los mil millones de pesos. La justicia probó que la empresaria, nacida en El Naranjal (Sucre) en 1953, se alió con el paramilitarismo desde el año 2000 y que se demostró “su trato cercano con los jefes máximos de la agrupación, colaborando y cohonestando con sus pretensiones ilícitas a cambio de seguridad para ella y su familia, así como de recibir apoyo de la colectividad irregular en los proyectos políticos de su prole”.

 

De vuelta al informe de la DEA, se leen las direcciones de inmuebles en cabeza de testaferros que controla Jorge Luis López, El Tiburón, y que están ubicados en el norte de Barranquilla, Puerto Colombia, Magangué y Sabanalarga. Se reseñan el hotel Valle de Tenza, el hotel El Quimo, las fincas El Garzal, Villa Lía, Villa Enilse, La Habana y El Gato, entre otras propiedades y carros de alta gama. De igual forma, el informante relaciona los presuntos testaferros del clan de La Gata.

 

Por ejemplo, figuran los nombres de los gerentes de las empresas del chance que maneja Enilse López en Sincelejo o Cartagena. Figuran también representantes legales de Unicat, así como otros señalados testaferros de quienes se refiere que a través de maniobras empresariales lavan dinero de la mafia. Entre ellos aparecen Raúl Montes Flórez, conocido como El señor de los cachos, y Hárold Apolindara, quienes manejan la red de seguridad 911 y de acuerdo con información de inteligencia obtenida por este diario, son los encargados de velar por la vida de La Gata, sus hijos y sus socios.

 

De Apolindara se describe que fue suboficial del Ejército, funcionario del DAS y que tiene visa americana; de Montes Flórez, que es la mano derecha de uno de los hijos de La Gata; de Armando Carrillo, que es exfuncionario de la Armada y que aún tiene contactos allí; y de Jáider Ramírez se menciona que es expolicía. El informe relaciona a Carlos Miguel Domínguez, Rafael Forero y Guillermo Rojas como testaferros que ya están muertos. Pero de ese listado el nombre que más llama la atención es el del empresario Alfonso El Turco Hilsaca, quien también ha sido relacionado con grupos de autodefensas.

 

El documento de la DEA informa que cuando Jorge Luis Alfonso, otro de los hijos de Enilse López, se desempeñó como alcalde de Magangué, manejó a su antojo las empresas EPS Salud del Caribe, Regional de Aseo, Chearte, Serviencobros y dos cooperativas de trabajo asociado. El dinero de sus negocios particulares, añade el informante, lo manejaba a través de cuentas de empleados suyos en las que La Gata, “tenía firma autorizada y a través de ellas se manejaban cantidades de dineros que no eran acordes con la actividad económica relacionada en el momento de la apertura de las mismas”.

 

Por último, se suministran 29 correos electrónicos utilizados por este grupo para manejar sus negocios. Ocho meses después, un segundo informe, firmado esta vez por Cristopher Jakim, subdirector regional de la DEA en Cartagena, volvió a mencionar las redes de La Gata en la Costa Caribe. En éste se relacionan tres inmuebles y se dice que pueden ser objeto de allanamientos, pues allí se encontraría información sobre los negocios ilegales de la controvertida empresaria del chance.

 

Por ejemplo, uno ubicado en el norte de Barranquilla, en donde se escondería documentación, fotos, videos, portátiles y hasta cajas fuertes. En el documento se describe con detalle cómo están distribuidos los espacios de la casa y se advierte que cuenta con servicio cerrado de cámaras donde quedan grabadas todas las reuniones de La Gata. “En 2007, antes de que el señor Mancuso se casara, se reunió allí por espacio de dos horas con la señora Enilse López, pues la visitó cuando vino a Barranquilla a comprar el esmoquin, y de allí fue trasladado al aeropuerto”.

 

De un segundo inmueble se dice que es conocido como “La Fortaleza” y que allí en la capital del Atlántico “guardan vehículos de carrera como la (categoría) Nascar, un Ferrari y vehículos y motos de alto cilindraje que son de propiedad de uno de los hijos de La Gata”. El informe añade que este lugar, ubicado en la calle 68 Nº 62B-10, “ya fue allanado en el año 2004 porque presuntamente ahí ensamblaban helicópteros para las autodefensas, uno de los cuales era para uso exclusivo de Mancuso. Del tercer inmueble, ubicado en Medellín, se dice que hay fotografías de la familia López con algunos representantes de la clase política costeña.

 

No son sólo los señalamientos de la DEA. Organismos de seguridad del Estado han venido desentrañando en los últimos años la influencia y el poder político de La Gata en los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena. Pese a estar condenada, Enilse López obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria por complicaciones de salud. Aún así, en agosto de 2010 agentes de inteligencia de la Policía Militar informaron de una reunión en Magangué a la que asistieron ella, Luis Páez Gómez, Juan de Dios Úsuga y Rubén Arturo Ruiz con el fin de que estos tres últimos, de la banda de ‘Los Urabeños’, le ayudaran a enfrentar a la banda de ‘Los Paisas’, que la estaba extorsionando en Barranquilla.

 

Por eso se relaciona en otro informe de inteligencia que La Gata ha financiado a esa banda criminal. En mayo de 2010 las autoridades reportaron el crimen de un exagente del DAS en Barranquilla llamado Osvaldo Rafael Castillo, a quien se relacionó como un hombre cercano a La Gata y asimismo a la banda de ‘Los Urabeños’. En otros reportes a los que tuvo acceso El Espectador se advierte que un informante fue testigo de varios homicidios cometidos por la organización de Enilse López entre 2003 y 2010 y que “su papel era el de coordinar envíos de cocaína hacia el exterior a través de distintos puntos en Barranquilla, como Las Flores, Barranquillita, fincas en el Magdalena y playas del parque Tayrona en Santa Marta”.

 

En síntesis, y ya no es lugar común, la justicia le respira en la nuca a La Gata. Ella sigue reivindicando su inocencia y ha dicho que está dispuesta a presentarse ante las autoridades de Estados Unidos para que le revisen hasta las uñas. ¿Podrá la justicia norteamericana ponerle el cascabel a La Gata?

 

Enilse y sus 7 vidas

 

Es una mujer enigmática, que se ganaba la vida leyendo las cartas y haciendo sortilegios hasta que se convirtió en una próspera prestamista que fundó en los 80 Apuestas Permanentes El Gato. Así describe el periodista Alfredo Serrano, en su libro “Las siete vidas de ‘La Gata’”, a Enilse del Rosario López, la mujer que amasó tal poder político y económico en la Costa Caribe hasta ser conocida sólo como ‘La Madrina’. Con su poderío logró introducir a sus hijos en la política, primero en la Alcaldía de Magangué y luego en el Congreso.


Vargas Ll. asegura tener "el mismo mantra del presidente" ante reclamos de Uribe

 

En ese sentido, el ministro desechó posibilidad de que La U pase a ser parte de la oposición y se vaya de la unidad nacional.

 
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró contar con “el mismo mantra del presidente” frente a todos los ataques y críticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

 

Así, el alto funcionario prefirió no responderle al exmandatario frente a sus señalamientos por la falta de “fervor popular” y la posible “hostilidad” al nombrar a Rafael Pardo Rueda como ministro de Trabajo.

 

De otro lado, el ministro descartó que La U vaya a pasar a la oposición, tal y como se rumoró la tarde del miércoles.

 

“¿Pero por qué va a pasar a la oposición?”, preguntó Vargas al ser cuestionado sobre el tema por los periodistas.

 

Recordó que el miércoles en la sesión de la tarde en el Senado, La U fue un factor clave en la aprobación de la reforma a la justicia.

 

Además, insistió en que en la reunión que tuvo el presidente Juan Manuel Santos con la bancada de La U “quedó claro que el partido es de Gobierno y es factor clave de la unidad nacional”. Vargas aseguró igualmente que La U garantiza la gobernabilidad del presidente Juan Manuel Santos.

 

Sin embargo, el ministro admitió que en la bancada de La U en la Cámara ha hecho duros reclamos, al levantarse de las sesiones tanto de martes como de miércoles.

 

Por eso, para tranquilizar a los ‘rebeldes’ les dijo que el ministerio del Interior se apersonara de la seguridad de los legisladores que estén amenazados.

 

 

Ejército le responde a Uribe por sus críticas al desempeño

 

El general Javier Rey señaló que los soldados no están desmoralizados.

 

Tras las críticas del expresidente, Álvaro Uribe, sobre las deficiencias en el desempeño de la tropa a causa de la baja moral entre los hombres, el general Javier Rey señaló que no cierto y en nombre de la Institución declaró que todos los soldados están comprometidos con su deber.

 

“Quiero decirle al señor expresidente de parte de todos los soldados que eso no es cierto que exista una baja moral en las filas, todos los soldados estamos empeñados en las operaciones, en la protección de la población y la infraestructura del Estado”, señaló el comandante de la División de Aviación del Ejército.

 

El general Rey manifestó que las Fuerzas Militares realizan operaciones ofensivas a los largo del territorio nacional contra las Farc y las bandas criminales, obteniendo excelentes resultados como el anunciado en pasados días por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en el que se confirmó el abatimiento de siete subversivos y la captura de otros cinco integrantes del Bloque Oriental de las Farc.

 

“En las operaciones en las que hemos tardado más tiempo de lo esperado, es por el cuidado especial con los derechos humanos y el respeto por la biodiversidad (…) Durante los últimos meses, igual que antes, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía han estado en lo profundo de la selva persiguiendo a todos los grupos armados ilegales”, dijo el general en respuesta al expresidente Uribe.



Juan Camilo Salazar:

"El ministro Arias estaba al tanto de todos los detalles"

 

 El ex viceministro de agricultura decidió buscar un preacuerdo con la Fiscalía después de que le imputaron cargos a Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.


El ex viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar aseguró, en entrevista con El Espectador, que Andrés Felipe Arias siempre estuvo al tanto de todos los detalles de Agro Ingreso Seguro.

 

“El exministro, los directores y yo nos encargamos del diseño y puesta en marcha del programa. El ministro Arias estaba al tanto de todos los detalles. Hacíamos reuniones de seguimiento y evaluación de los resultados. No había nada que él no supiera”, aseguró.

 

Salazar señaló que le dolió mucho que el exministro Arias haya tratado de responsabilizar a sus subalternos. “Cuando el exministro le dijo a la Contraloría que solo daba orientaciones y que no podía ser responsable por la ejecución de los convenios, fue algo que me dolió más que la cárcel”.

 

El ex viceministro, quien recuperó su libertad por vencimiento de términos el pasado 15 de septiembre, explicó que primero quiso demostrar que no hubo delito en cuanto a los funcionarios del Ministerio, pero que después de que le imputaron cargos a Arias decidió buscar un preacuerdo con la Fiscalía en el que reconoce ciertos errores.

 

“Pero puse una condición: que no actué con dolo y que mi actuación no generó enriquecimiento ilícito para mí o para mi familia. Sobre esa base desarrollé las conversaciones y pude demostrar que lideré en el Ministerio las demandas a los particulares que terminaron en conciliaciones ante la Procuraduría. Y el Estado recuperó casi $15 mil millones”, señaló.

 

Salazar reconoció que le pudo haber faltado diligencia “para evitar que las personas nos hicieran trampa y se apropiaran recursos irregularmente”. Así mismo, denunció que alrededor de los subsidios que han otorgado los gobiernos se han creado unas mafias que son responsables del caso AIS y de otros escándalos, “como el Fondo Ganadero del Caquetá o la usurpación de tierras en Curvaradó y en la Costa Atlántica”.

 

Sobre la posibilidad de que su seguridad se vea afectada por sus declaraciones, el ex viceministro aseguró que “no es una decisión fácil, pero es tan legítima como la de irse a un juicio. Pensé mucho esta decisión con mi familia y con mi esposa. Soy consciente de que mi seguridad se puede ver amenazada, pero esta es una decisión que yo solamente consulto con mi esposa y de la cual no me arrepiento”.

 

Por último, Salazar aseguró que va a “decir todo lo que me consta sobre el ministro Arias, los demás funcionarios del ministerio y los funcionarios del IICA”.


Cómo murió Muamar Gadafi

 


Hay versiones encontradas sobre cómo fueron los últimos minutos de la vida del coronel libio en medio de relatos y videos de mala calidad. Un "informe forense" trata de explicar lo que pasó y la ONU pide investigación.