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A.P.I.C
 

 


NOTICIAS POLITICA COLOMBIANA

 


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Licencia para desertar de los partidos políticos

 Ante la división entre santistas y uribistas, la urgencia del PIN de cambiarse el nombre y los agarrones internos del Polo y los verdes, en el Congreso ronda la idea de legalizar, otra vez, el transfuguismo. Esto cambiaría el mapa político.

En estos días, en los pasillos del Capitolio solo se habla de dos cosas. La primera es que quedan solo cuatro semanas de trabajo para evacuar proyectos delicados como la reforma a la Justicia y el marco jurídico para la paz. Y la segunda es la posibilidad de que el Congreso tramite un proyecto para realinear los partidos políticos, permitir una especie de transfuguismo, el cual, rumoran los congresistas, cambiaría por completo el mapa político del país.

En Colombia, estos proyectos no son nuevos ni revolucionarios. En la Reforma Política de 2009 se incluyó un artículo que les permitió a los congresistas desertar de un partido a otro. Como el artículo quedó en un parágrafo de la Constitución, no faltaron las críticas por lo que los observadores llamaron "la constitucionalización del transfuguismo". Esa es la evidencia de que la "política es dinámica" y pertenecer a una colectividad o a otra depende más de la conveniencia electoral que de un compromiso ideológico. Por esto, cada cuatro años un senador o representante, aburrido en su partido y viendo que podría brillar más en otra colectividad, se pone en la tarea de redactar un proyecto de ley para abrir una vía de escape hacia otro partido. Y aunque todos parecían tan contentos en los comienzos de la época de Unidad Nacional, con el renacer del liberalismo y la distancia entre Uribe y Santos, esta legislatura no será la excepción.

Los integrantes del PIN, por ejemplo, están cansados de vivir bajo el estigma de la parapolítica y de ser tratados como la 'amante clandestina' del gobierno y estarían considerando disolver el partido para empezar de cero. Algunos disidentes del Polo más cercanos a la línea política de Gustavo Petro, como Camilo Romero y Luis Carlos Avellaneda, se sienten incómodos y opacados por la dirección actual del partido y también buscan la fórmula jurídica para escindir al Polo, salirse de las toldas amarillas y crear un nuevo movimiento. Y una parte de los verdes, que enfrentan una dura crisis interna entre mockusistas, santistas y uribistas, también están interesados en que se abra la puerta jurídica para el reacomodamiento político.

Otros partidos de la Unidad Nacional todavía no se han pronunciado sobre la conveniencia de un revolcón político, pero en el interior de ellos sí existen posiciones sobre el tema. Por ejemplo, el Partido Liberal estaría interesado en engrosar sus filas y recibir a los liberales que se escaparon del redil hace unos años. En el caso del Partido de la U y el Partido Conservador, cada vez hay más voces que dicen que la cuota uribista de esas colectividades podría hacer rancho aparte. Aunque uribistas de La U, como Juan Carlos Vélez y Manuel Enrique Rosero consideran que quienes deben irse son los santistas. Y Cambio Radical tal vez sería el menos interesado en el tema pues, aunque mucho se habló de la gran reunificación liberal, problemas de tipo jurídico y político (como el espacio en las listas electorales) han frenado el proceso y sus integrantes están convencidos de que es mejor quedarse quietos.

SEMANA/APIC conoció el borrador del proyecto de ley estatutaria que permitiría la disolución y escisión de los partidos políticos. Es decir, el proyecto busca crear figuras que se usan por sociedades comerciales para aplicarlas a las organizaciones políticas. Aunque un articulado parecido fue considerado en noviembre del año pasado y al final sucumbió, la iniciativa ha tomado más fuerza en el Capitolio. Lo más seguro es que sea presentado en la próxima legislatura que empieza el 20 de julio. El proyecto, que comenzó como una iniciativa de los 'disidentes' del Polo, entre ellos Camilo Romero y Luis Carlos Avellaneda, ha pasado por varias manos de otras colectividades que lo ven con simpatía. Según Romero, es evidente que "hay una nueva realidad política que tiene en tensión a varios sectores, y eso antes que algo negativo hay que verlo como oportunidad. Lo vital del proyecto no es tanto la división de los partidos sino lo que va a resurgir gracias al mismo."

En el proyecto, al que todavía le falta carpintería, se especifican los pasos por seguir para la disolución y la escisión de los partidos políticos. Según este, un partido se puede escindir en dos cuando el 25 por ciento de sus militantes o de los elegidos a corporaciones públicas lo soliciten. También lo puede hacer el 60 por ciento de la bancada del Congreso del partido en cuestión. Al escindirse, se crea una nueva agrupación política que debe buscar su personería jurídica a través del apoyo ciudadano (firmas o lograr votos para el umbral) en las próximas elecciones. Sin embargo, la redacción del proyecto que conoció SEMANA/APIC -por ahora- no contempla el paso de un partido a otro ya existente como sí lo hacía, por un periodo determinado, la Reforma Política de 2009. Por esta razón, en principio, la iniciativa no contribuye a fortalecer el sistema de partidos, sino que abre la posibilidad de ampliar su número, lo cual debilita estas organizaciones y va en contravía del espíritu de las pasadas reformas políticas cuyo propósito era fortalecerlas.

En plata blanca, como está redactado, un integrante del Partido Verde o del Partido de la U no podría pasar al Partido Liberal y un miembro del PIN no podría buscar un nuevo hogar en un partido ya existente. Los únicos que se podrían beneficiar de este proyecto serían el PIN, pues se disolvería para crear un partido nuevo; los disidentes del Polo, que podrían pasar a Progresistas (que no es un partido sino un movimiento ciudadano) y los uribistas. El gobierno podría estar interesado solo en el caso que quisiera 'santificar' La U y permitir que quienes se sienten más cómodos con la línea política de Uribe se vayan del partido de una vez por todas. Los más numerosos, como el Liberal o el Conservador -que podría verse afectado- podrían no jalarle a la iniciativa, a menos de que puedan modificar el texto y permitir que los tránsfugas engorden sus organizaciones. Hasta ahora, el respaldo del gobierno está en veremos. Todo depende de cómo se decanten las fuerzas políticas con miras a las elecciones de 2014.

En caso de que se apruebe la iniciativa, el mayor beneficiado sería el expresidente Uribe. Por eso los uribistas se han subido al bus del proyecto, cuando al comienzo fueron sus principales opositores. El exmandatario nunca ha creído en los partidos como plataforma política. Tanto es así que en sus dos campañas presidenciales no representó a ninguno y se lanzó como independiente. En estos días, se rumora que uno de sus planes para la temporada electoral de 2014 sería presentar una lista independiente al Congreso. Por esto, no sería descabellado pensar que algunos congresistas de La U y del conservatismo, todavía fieles a las doctrinas y el carisma de Uribe, quieran conformar una nueva agrupación política 'uribista purasangre' que busque el respaldo ciudadano en las próximas elecciones para lograr el umbral y tener su propia personería jurídica.

El problema que tiene el proyecto propuesto por los disidentes del Polo es que el 'transfuguismo' fue autorizado por la Constitución "una sola vez" en 2010. Para los políticos incómodos en sus partidos es necesario volver a abrir un espacio de tiempo limitado para cambiar de camiseta sin misterios. No obstante, algunos congresistas, académicos, juristas y miembros del gobierno están llegando a la conclusión de que la única manera de lograrlo es a través de una reforma constitucional, la cual necesita ocho debates en el Congreso para ser aprobada. Si los interesados logran redactar un proyecto consensuado y que cuente con el aval del gobierno, es muy posible que sea presentado el 20 de julio, con lo cual contaría con el tiempo justo para ser aprobada y aplicada para las elecciones de 2014. De esta manera el mapa político de Colombia sí cambiaría, pues las fichas se reacomodarían en busca de un nuevo equilibrio político en términos electorales e ideológicos. ¿Será que se le miden?


'Cano' y Petro:

Lo que va de la fuerza a la reconciliación

Tres dirigentes políticos de diversos sectores compararon las dos historias para demostrar que en el siglo XXI la revolución sólo tiene un camino: el de las vías democráticas.

En menos de una semana, dos personas que en los años 70 decidieron tomar el camino de las armas y sublevarse contra el Estado fueron noticia.

El 30 de octubre, Gustavo Petro, un exguerrillero del M-19, ganaba con más de 700.000 votos en las urnas la Alcaldía de Bogotá. Por primera vez, un exsubversivo llegaba al segundo cargo de elección popular más importante del país.

Cuatro días después, Guillermo León Sáenz, alias 'Alfonso Cano', un antropólogo de la Universidad Nacional que hace 33 años decidió empuñar las armas y adentrarse en las montañas para integrar la guerrilla de las FARC, perdía la vida tras un operativo militar en el departamento de Cauca que puso fin al máximo jefe de esa guerrilla.

Fueron dos hechos de gran trascendencia que, seguramente, estarán dentro de los más importantes del año y de la historia reciente del país. Dos hechos muy valorados por dirigentes políticos de distintos sectores que, en diálogo con Semana.com, demuestran que en el siglo XXI el camino de las armas está mandado a recoger.  

Aún con los efectos mediáticos que sigue generando la muerte en combate de 'Alfonso Cano', y al subrayar la importancia del triunfo electoral de Petro, el representante a la cámara Guillermo Rivera (Partido Liberal) considera que las FARC perdieron la oportunidad de adelantar su proyecto en el marco de la Constitución, un camino que decidió seguir Petro.  

“Las FARC perdieron dos oportunidades históricas de reintegrarse a la sociedad: la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y los diálogos del Caguán entre 1998 y 2001. En esas, y en otras oportunidades, fueron incapaces de comprender que la lucha por las ideas se podía dar a través de los canales institucionales, de lo cual Gustavo Petro, el electo alcalde de Bogotá, resulta ser el ejemplo más elocuente”, dice Rivera.

Por eso, dice el representante liberal, las consecuencias de lo que llama la “testarudez” de la guerra de las FARC se traduce en “el desprecio de la inmensa mayoría de los ciudadanos y los golpes militares que han recibido. El de la noche del 4 de noviembre de 2011 resulta ser el mayor de ellos”.

Un dirigente de izquierda, Luis Eduardo Garzón (Partido Verde), también relacionó ambos hechos. Considera que la elección de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá “demuestra el nivel de respeto y aceptación de la mayoría de los colombianos con quienes le juegan limpio a la paz y cumplen la palabra empeñada en los proceso de desmovilización, reinserción y reconciliación”.  

Por eso Garzón considera que tras el exitoso operativo militar que culminó con la muerte del máximo jefe de las FARC, esta guerrilla “tiene que dar un paso adelante y demostrar con hechos su decisión de detener la guerra, negociar y apostarle a la democracia. Llegó la hora de la paz”, una posición que fue respaldada por el pleno del Partido Verde.

Pero más significativa aún puede ser la postura del representante a la Cámara Miguel Gómez (La U), sobrino del extinto dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado quien en 1988 fue secuestrado por la guerrilla del M-19, de la que Petro hizo parte. Gómez, un día después del triunfo de Petro, se dirigió a él en una carta en la que le ofreció su respaldo en la administración de Bogotá.  

“Reciba en primer lugar mi felicitación por conseguir tan distinguido título que la democracia le otorga. Reconozco su inteligencia y ponderación a la hora de enfrentar los más crudos debates en la pasada contienda electoral”, le dice Gómez.  

Pero en la carta, el sobrino de Álvaro Gómez no sólo reconoce en Petro la oportunidad histórica que aprovechó al abandonar las armas y acogerse a la institucionalidad, sino que pone su caso como ejemplo.

“En lo personal hago extensivo a usted y a su familia mi voto de aplauso por el ejemplo que puede generar su victoria frente a los que insisten en desafiar la democracia por la vía de las armas”, son las expresiones con las que Gómez culmina la carta.

La renuncia a las armas

Gustavo Petro desde muy joven decidió ir en contra del establecimiento. Encontró en el movimiento subversivo M-19 el escenario. En agosto de 1984, a raíz del proceso de paz entre el M-19 y el gobierno de Belisario Btancur, hizo pública su militancia en una manifestación en Zipaquirá. Los militares, según Petro, que no se sentían comprometidos con ese proceso de paz y lo sabotearon, lo detuvieron en siete ocasiones.  

Posteriormente, el 6 de septiembre de 1984, fue llevado a la Escuela de Caballería y luego lo enviaron a la cárcel. Aprovechando el decreto de Estado de Sitio, una resolución militar del general Jesús Armando Arias Cabrales lo condenó a prisión de dos años.

Como político, Petro es “hijo” del proceso de paz entre el gobierno de Virgilio Barco con el M-19, que culminó con la desmovilización del grupo guerrillero, en ese entonces al mando de Carlos Pizarro.  

Beneficiario de la amnistía de ese proceso de paz, Petro inició una carrera que lo llevó por varios experimentos de consolidar una fuerza política de izquierda, luego de promulgada la Constitución de 1991, a la que las FARC fueron invitadas pero rechazaron hacer parte de ella.

Vía alterna, el Frente Social y Político, el Polo Democrático fueron los intentos de Petro que tuvieron como denominador común hacerle contrapeso al establecimiento pero por la vía democrática.

Hasta que consolidó su movimiento Progresistas, que lo llevó a ganar las elecciones en Bogotá. Un movimiento que no sólo se alzó con esa significativa victoria, sino que tiene aspiraciones y proyecto nacional, tal como se advirtió en el discurso como alcalde electo que pronunció Petro en la noche del 30 de octubre.  

La renuncia a las instituciones  

Por su parte, Guillermo León Sáenz Vargas comenzó su militancia poco tiempo después de entrar a estudiar antropología en la Universidad Nacional, en 1968, como militante de la Juventud Comunista (JUCO). En los años 70 comenzó a trabajar directamente con las FARC como una especie de comisario político en Bogotá hasta que se enroló en ese grupo armado ilegal hasta llegar a ser jefe de finanzas del Estado Mayor Central.  

También fue perseguido por las autoridades que empezaron a seguirle la pista, y en 1981 terminó preso en La Modelo. Dos años después recobró la libertad gracias a la amnistía del gobierno de Belisario Betancur, y tras pocos días en Bogotá decidió tomar el camino de las armas y la montaña, el cual culminó el 4 de noviembre del 2011, como máximo líder del secretariado de las FARC, en un lugar conocido como El Chirriadero, en Suárez (Cauca), y con tres impactos de bala en su cuerpo.  

'Alfonso Cano', como ideólogo de las FARC, tuvo la oportunidad de negociar en Tlaxcala (México) y durante el gobierno de César Gaviria, la presencia en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Exigió la mitad de las curules sin renunciar a las armas.

En los también frustrados diálogos del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue 'Cano' el encargado de presentar en sociedad las plataformas de su proyecto político: el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, y el Partido Comunista Clandestino, PC3.  

Pero 'Cano' nunca dejó las armas como herramienta para llevar a cabo su revolución. Incluso cuando las FARC parecieron perder su norte político a cambio de la financiación del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, actos de terrorismo contra la población civil y el reclutamiento de menores de edad.  

El mensaje  

Mientras tanto, la noche de su muerte, en Bogotá, Gustavo Petro, a quien alguna vez el congresista Álvaro García Romero (condenado a 40 años de prisión por paramilitarismo) calificó de “guerrillero de cafetería”, se enteraba de la noticia del operativo militar contra 'Cano'.  

Y en declaraciones al diario El Tiempo calificó el hecho de la siguiente manera: “La muerte de 'Cano' demuestra que es la política del amor y de la vida la que puede transformar el mundo y superar las injusticias. El camino de la guerra sólo ha dejado kilómetros de tumbas”.  

Gustavo Petro Urrego y Guillermo León Sáenz Vargas protagonizaron dos de los hechos más trascendentes del 2011. Cada uno de ellos, resultado del camino que a la larga eligieron


Campo Elías Terán Dix

El locutor de Cartagena

Campo Elías Terán, conocido por su populismo radial y asociado con la causa de los pobres, no ha tenido, hasta ahora, un rival que ponga en peligro su victoria.
La campaña por la Alcaldía de Cartagena, en su versión 2011, no se parece en nada a las que se han llevado a cabo en los últimos 23 años. Nunca había habido una competencia tan poco reñida y con un favorito tan sólido. Tampoco se había pensado que un afrocolombiano pudiera ganar en una ciudad en la que, hasta ahora, se decía que "negro no vota negro".

Pero si las elecciones fueran hoy, Campo Elías Terán arrasaría con el 54 por ciento de los votos y superaría a todos los demás candidatos sumados, incluida María del Socorro Bustamante, quien ocupa el segundo puesto con un distante 15 por ciento. Aunque aún hay un 15 por ciento de cartageneros que no han decidido su voto, sus opositores tienen pocas posibilidades de cortar la distancia. Así lo demuestra la encuesta realizada la semana pasada por la firma Ipsos-Napoleón Franco para la gran alianza de medios de RCN Radio, la FM, RCN Televisión y SEMANA/APIC.

La fortaleza de Terán no se limita a su ventaja en la intención de voto, sino a que su arraigo se extiende a todos los sectores, con énfasis en los estratos populares. Su mayor debilidad está en los grupos de más altos ingresos, que no son definitivos desde el punto de vista electoral. Y en estos, lo mismo que entre quienes prefieren a otros candidatos, Terán no tiene un rechazo muy fuerte: a pesar de que es mucho más conocido que todos sus rivales, su imagen negativa es menor que la de todos ellos. La favorabilidad de Terán en Cartagena es más alta que la de Juan Manuel Santos, fenómeno que no se había registrado en ninguna de las encuestas que ha hecho Ipsos para la gran alianza de medios en la actual campaña electoral.

El liderazgo del exlocutor radial Campo Elías Terán se explica por tres razones. La primera, porque su discurso demagógico pega bien en una ciudadanía insatisfecha, pesimista y que busca un cambio: un 62 por ciento cree que las cosas van por mal camino. El segundo motivo es que el ambiente político está caracterizado por una profunda desilusión con la gestión de la actual alcaldesa, Judith Pinedo: el 63 por ciento afirma que está insatisfecho con su trabajo y un 72 por ciento considera que no cumplió sus promesas electorales. En consecuencia, las candidaturas que guardan alguna semejanza con la propuesta que hizo Pinedo hace cuatro años -independientes, ajenas a los partidos- están desprestigiadas. Y en tercer lugar, a Terán le favorece que sus rivales, sin excepción, son desconocidos para amplios porcentajes de los electores, que van de 40 por ciento a 65 por ciento.

¿Quién es Campo Elías Terán? La mayoría de los cartageneros lo conocen por su voz. Incursionó en la radio desde los años setenta en la Voz de Montería de Radio Todelar, inicialmente como un hobby. Llegó a Cartagena hace 29 años y dirigió durante los últimos 15 el Noticiero Popular de RCN, con emisiones en la mañana y al mediodía: siete horas en las que cantaleteaba, daba noticias, regalaba mercados, útiles escolares y hasta carne que le aportaban algunas empresas. Este trabajo le generó una imagen de intermediario eficaz entre el Estado y los necesitados. Su lenguaje era chabacano y popular. Y cubrió noticias deportivas, lo cual le permitió viajar a los Mundiales de Fútbol de Estados Unidos y Francia, a muchas peleas por un título mundial y a series de béisbol de las Grandes Ligas.

Su trayectoria en la radio no significa que no tenga apoyo político. Campo Elías Terán se presenta como el candidato popular, pero su aspiración es respaldada por el exgobernador de Bolívar Miguel Navas; el empresario Óscar Brieva, accionista mayoritario de un canal de televisión por suscripción; el exdirector nacional de Regalías Juan Manuel Barraza; el gerente de la Sociedad Portuaria de Cartagena, capitán Alfonso Salas; el constructor Arturo Cepeda y el industrial Amaury Covo, entre otros. Campo Elías desmiente la existencia de esos apoyos diciendo que solo lo respaldan Navas y Brieva. Y la verdad es que la popularidad y la fuerza electoral de Terán tienen desconcertados a los sectores de la política tradicional, que han pasado los últimos cuatros años esperando el fin del gobierno de Judith Pinedo para recapturar la administración distrital.

La principal rival de Terán es María del Socorro Bustamante, una enfermera que ha sido concejal durante cinco periodos y a quien apoyan 11 concejales: cinco de Cambio Radical, dos liberales y cuatro del PIN. Su principal apoyo político y económico proviene de la senadora Dayra Galvis, de Cambio Radical. Otros aliados son el exconcejal, excandidato a la Alcaldía y empresario Amaury Martelo Vecchio, el empresario eléctrico William Mourra Babum, el exsenador William Montes, el exalcalde Nicolás Curi y el exgobernador de Bolívar Luis Daniel Vargas Sánchez, los dos últimos inhabilitados. Una fuente importante en la que se apoya la candidata Bustamante está en las cuotas burocráticas en entidades como el Sena, ICBF, el sector de salud del Distrito y, adicionalmente, durante la administración de Joaco Berrío y la interinidad de Mendoza Diago, en el manejo del Plan Departamental de Aguas. En algunas manifestaciones se le ha visto en tarima con el senador Héctor Alfonso López, hijo de 'la Gata' Enilce López y senador del PIN.

Hay quienes sostienen que la campaña está polarizada entre Campo Elías Terán y María del Socorro Bustamante. Y aunque ese término no es el adecuado para una competencia en la que hay una diferencia tan grande entre el primero y el segundo, es cierto que los demás candidatos están eclipsados y casi no suenan. Y eso que algunos de ellos tienen una larga trayectoria pública: Roxana Segovia, del Partido Conservador, fue secretaria de Educación durante el último gobierno de Nicolás Curi y directora ejecutiva de una fundación cívica en el complejo petroquímico de Mamonal; Carlos Díaz fue alcalde en 2001 y Miguel Raad, gobernador en 1998. Ninguno de ellos ha logrado repuntar en las encuestas. En igual situación se encuentra Jhonny Romero Julio, exconcejal y exdirector de Tránsito, candidato de Afrovides.

Más aceptación ha tenido Dionisio Vélez Trujillo, un joven desconocido en la política y sin trayectoria en el gobierno, de origen conservador, miembro de una de las familias más influyentes durante gran parte del siglo XX en la ciudad, quien ha realizado un trabajo silencioso pero persistente y ha liderado un movimiento denominado Sí es Posible, que recogió 152.000 firmas, realizó 567 foros, reuniones en las que participaron 12.000 personas.

En repetidos foros y columnas periodísticas, voces autorizadas y contradictores de Campo Elías le han manifestado que no está preparado para gobernar una ciudad con todos los problemas que tiene Cartagena y, además, que hay una demanda contra su inscripción porque su esposa, Nereida Humanez, trabajó en la Alcaldía y manejaba la caja menor. En cuanto a lo primero, Campo sostiene que conoce los problemas de la ciudad y que escogerá muy bien a su equipo. Promete que no gobernará con recomendados políticos y que incluso mantendrá a algunos funcionarios de la actual administración. Sobre la demanda contra su inscripción, aunque no ha habido un pronunciamiento del Consejo Electoral, SEMANA/APIC consultó voces autorizadas que afirman que no existe riesgo porque su esposa desempeñaba un cargo técnico.

¿Está echada la suerte? En política y en elecciones, nada está escrito. Pero la ventaja de Campo Elías Terán es tan grande que, en Cartagena, no se habla tanto sobre sus posibilidades de ganar, sino sobre sus condiciones para gobernar

 

Parapolítica (parte II)

A pesar del escándalo que llevó a decenas de funcionarios elegidos a la cárcel, en el Caribe proliferan los candidatos cuestionados. Por qué la política no cambia.
A medida que las elecciones se acercan, en varios departamentos de la costa hay más desaliento que entusiasmo. En algunas regiones sienten miedo porque los candidatos no tienen buenos antecedentes. Aunque cinco gobernadores costeños elegidos en 2003 terminaron presos, y otros 15 senadores, docenas de alcaldes, concejales y diputados corrieron con la misma suerte, se percibe el inicio de un nuevo capítulo de la parapolítica.

Varias candidaturas a las gobernaciones gastan dinero sin agüero. Una de ellas es la de Luis Miguel 'el Mello' Cotes, el candidato con mayor opción para ser elegido gobernador del Magdalena. Nadie se atreve a especular a cuánto ascienden los gastos de su campaña, porque el Mello comenzó a girar plata desde 2010 como precandidato liberal. Pero su candidatura tambaleó cuando el partido le pidió, tres semanas antes de las inscripciones, que aclarara los apoyos a su campaña de parapolíticos como el exgobernador Trino Luna, Omar Díaz Granados y el senador Manuel Mazeneth, actualmente en investigación. Ante la imposibilidad de explicar esos respaldos, renunció al aval que le había otorgado el partido y recogió 165.000 firmas en cinco días para inscribirse como candidato de un movimiento llamado Respeto por el Magdalena, una hazaña increíble para un joven de 25 años sin ningún prestigio político.

En La Guajira se da por descontado que Bladimiro Cuello, conservador, cuenta con el respaldo del gobierno departamental y de varios parlamentarios que no escatimarán recursos para conservar el poder. Su principal oponente, el controvertido Kiko Gómez, los acusa de gastar los recursos de las regalías del carbón en la campaña electoral. Kiko, quien ha sido dos veces alcalde de Barranca -señalado de ser aliado de los paramilitares, aunque en su contra no existe una sola investigación por ese motivo-, fue escogido entre un grupo de cinco candidatos porque tenía el dinero para financiar su campaña. Se inscribió con el aval de Cambio Radical y el respaldo de disidentes conservadores y liberales, del Partido Verde y del MIO. La trashumancia, la compra de votos y el fraude podrían definir el próximo gobernador de La Guajira, en un clima cargado de miedos y tensiones. Mientras el aval de Kiko está en suspenso ya que Cambio Radical se lo retiró y se espera una decisión final del Consejo Nacional Electoral, el miércoles los aliados liberales de Gómez denunciaron a Cuello de ser paramilitar.

En Bolívar, Sucre, Córdoba y Atlántico hay de todo. Desde el presunto apoyo de la condenada empresaria del chance Enilce López, 'la Gata', hasta las campañas de dos candidatos a la Gobernación de Sucre -Ramón Emiro Muskus y Héctor Hernández-, y la de Élber Santos, exgerente de Uniapuestas y aspirante a la Gobernación de Atlántico. También están las arrasadoras maquinarias de los clanes familiares, algunos de cuyos miembros han sido condenados o están actualmente investigados por parapolítica, como los García Romero, los López Cabrales y los Guerra (Tulena y De la Espriella).

Algunos de sus candidatos están enfrentados, pero en otros casos también están aliados con poderes emergentes apoyados por grupos armados ilegales que imponen candidatos, constriñendo a la población para que no vote, asesinando y provocando desplazamiento en las regiones del Alto Sinú, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Estos nuevos grupos, sin embargo, tienen en sus filas a representantes del viejo paramilitarismo que logró imponerse en la región infiltrando las alcaldías locales, y no hay duda de que puede suceder otra vez.

En Achí, Bolívar, el candidato por el partido Afrovides, Anuar Nadjar Badrán, alias 'el Clavi', es un desmovilizado del Frente Mojana de las AUC y algunos habitantes del municipio lo señalan como responsable de varios delitos. Su promesa de campaña es parcelar la finca El Amparo, hoy más conocida como El Clavo, con la que pretende reparar a sus víctimas. Aunque lleva dos años como postulado de Justicia y Paz, no se le ha imputado ningún cargo y por eso no tiene ninguna sentencia que lo inhabilite como candidato. Badrán es apoyado por el Mocho Pedraza, un hermano de Eder Pedraza Peña, alias 'Ramón Mojana', el excomandante del frente La Mojana, actualmente preso. Otros dicen que lo apoyan Los Rastrojos.

La otra candidata de los paras en Bolívar es Diana Mancilla García, quien aspira a la Alcaldía de María La Baja por el partido MIO. Mancilla es la hermana de Alexis Mancilla García, alias 'Zambrano', exjefe militar del Bloque Montes de María. Un informe de la Infantería de Marina enviado a la Fiscalía en el año 2004, en lo relativo a la 'corrupción política' la menciona en un grupo de personas con funciones públicas que prestaban apoyo a los grupos de autodefensas ilegales de Bolívar y Sucre. En ese entonces se desempeñaba como presidenta del Concejo Municipal de María la Baja.

En Sucre el panorama tampoco es alentador. Nilson Navajas, candidato a la Alcaldía de Coveñas por Cambio Radical, está denunciado ante la Fiscalía por peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado. Navaja es señalado como intermediario en los contratos que el municipio tenía con los paramilitares. SEMANA-APIC  tuvo acceso a una copia de la USB del jefe de finanzas del bloque Montes de María, comandado por el paramilitar Rodrigo Mercado, alias 'Cadena', en donde aparecen pagos a varias personas entre los que figura uno a Navaja por 5 millones de pesos.

En San Onofre la candidata cuestionada es la extesorera municipal, Maida del Carmen Balseiro López, quien cuenta con el aval del PIN. La apoyan los exalcaldes Sabas Enrique Balseiro (2001- 2004) y Jorge Blanco Fuentes (2004-2007). Balseiro firmó el pacto de Ralito, fue detenido y condenado por parapolítica. Blanco Fuentes también fue detenido y condenado por parapolítica, pues durante su administración se cometieron innumerables casos de corrupción en los que terminaron involucrados la notaria, concejales y funcionarios, por despojo de tierras. Su tío Waldemaro Balseiro Gutiérrez, preso en Panamá por tráfico de cocaína, la estaría financiando.

Estos son solo algunos casos que SEMANA­-APIC pudo documentar y que explican por qué en algunos municipios de esta región existe la sensación de que nada ha cambiado. Las capturas, inhabilidades y destituciones han sacado de sus cargos a funcionarios cómplices del paramilitarismo, pero estos siguen mandando tras las rejas y tienen fichas no solo en las administraciones locales o departamentales, sino también en instituciones descentralizadas tan importantes como las CAR, el Incoder o el sector de la salud. También tienen carteles de contratistas, negocios, empresas de servicios, y tierras, que siguen en manos de testaferros o parientes. Y se han sabido adaptar y hacer alianzas con los nuevos grupos dedicados al narcotráfico. Las fuentes de poder de algunos de estos parapolíticos están prácticamente intactas.

La depuración de la política se ha hecho judicialmente, pero no en los partidos. A pesar de todas las advertencias de no avalar candidatos con vínculos con grupos al margen de la ley, en varios casos terminó imponiéndose la lógica de que el candidato ideal es el que pone más votos o más plata para quedarse con un aval. Son candidatos que ganan, con dinero o por presión, y la gente los elige a cambio de unos pesos, un refrigerio o un techo que necesita solución inmediata. No se dan cuenta de que al hacerlo siguen perpetuando un círculo vicioso y perverso que a largo plazo no contribuye a mejorar sus condiciones de vida.


Verdes en unidad nacional

"Uribe es la oposición a Santos": Lucho Garzón

El vocero del Partido Verde igualmente dijo que quién sí tiene cuotas burocráticas dentro del Gobierno Nacional es el Polo.

El exalcalde en La FM dijo que Uribe le hace oposición a Santos.

Uribe dice que sus detractores "se inventaron el cuento de la corrupción"

Una sorprendente declaración dio este viernes el vocero del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, tan sólo un día después de haber oficializado su ingreso a la mesa de unidad nacional.

Garzón consideró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es la oposición del actual Jefe de Estado, Juan Manuel Santos.

En diálogo con La FM, explicó que aunque al llegar Santos al poder pensó que el actual Ejecutivo era 'Uribe III' –siendo la continuidad del exmandatario–, se dio cuenta que realmente se trata de ‘la Era Santos I'.

Para exponer el porqué de sus declaraciones, Lucho reseñó que basta mirar los proyectos aprobados y la oposición que ha ejercido Uribe a algunos de éstos.

“En el caso de la Ley de Víctimas se terminó aprobando con la figura del conflicto armado, a la cual el expresidente tanto se opuso”, aseguró.

Luego citó los casos de investigación de la justicia para los casos de corrupción y consideró que los procesos también obedecen a las denuncias que ha hecho el actual gobierno en contra de su similar anterior.

En contra del Polo

De otro lado, el vocero verde dio una contundente respuesta al Polo Democrático Alternativo, quien criticó la llegada de su partido a la mesa de unidad nacional.

Al conocer que el exsenador Jaime Dussán Calderón, presidente del PDA, dijo que “los verdes salieron del closet”, Garzón le recordó que quién sí tiene cuotas burocráticas en el Gobierno es el Polo.

Según él, María Emma Mejía es la representación del Polo en el Gobierno. Actualmente, la excanciller es la representante de Colombia ante la Unasur y la secretaría general de ese organismo.

“Hasta el momento no ha sido expulsada del Polo, entonces sigue siendo del partido”, dijo.

“Juro en piedra que no hay transacción”

Finalmente, Lucho insistió en que no hubo ninguna “transacción” en la llegada verde a la bancada santista.

“Yo creo que no es como dicen las mujeres que todos los hombres somos iguales, pues no, y tampoco todos los políticos somos iguales”, enfatizó.

Y recalcó: “Les juro por mi madre y mis hijos que no hay ninguna transacción; y lo puedo firmar en piedra”.

 

Vuelve y juega

Familiares y sucesores de políticos condenados por llegar al poder de la mano de los paramilitares y otros candidatos cuestionados se lanzan al ruedo.

El fantasma de la parapolítica, que muchos daban por muerto, ha vuelto a rondar. Se le ha visto en distintas regiones, en las candidaturas de algunos jóvenes sin mucha experiencia en política, pero que representan el poder de los caciques que ya fueron condenados por vínculos con paramilitares, y también entre aspirantes curtidos, que lograron avales de partidos tradicionales o recogen firmas como independientes.

En Magdalena están en alerta desde hace tres semanas por la candidatura liberal a la Gobernación de Luis Miguel 'el Mello' Cotes Habeych. Cotes cuenta con el respaldo de su padre y de su tío, Álvaro y Luis Miguel Cotes Vives, más conocidos como Los Conejos. Ellos impulsaron la candidatura a la Alcaldía de Santa Marta en 2004 de su cuñado, José Francisco Zúñiga, condenado por parapolítica. Y aunque la Fiscalía investiga unos documentos encontrados en la finca de Jorge 40, que hablan sobre la presunta relación que los hermanos Cotes habrían tenido con el Bloque Norte de las AUC, todavía no han sido acusados ni detenidos.

Aunque Cotes Habeych hizo sus pinitos en política como diputado -fue elegido con la más alta votación a los 21 años-, en Santa Marta dicen que no tiene perfil para ser gobernador, pues ni siquiera ha terminado su carrera universitaria. El candidato le dijo a SEMANA/APIC que su juventud representa un cambio con los políticos tradicionales del departamento, pero a él lo apoyan el exgobernador Trino Luna Correa, condenado por parapolítica; el suspendido gobernador Omar Diazgranados Velásquez y Manuel Julián Mazenet Corrales, actual senador por el PIN (el partido que sucedió a Convergencia Ciudadana y cuyo líder, Luis Alberto Gil, de Santander, fue condenado por parapolítica).

Por los lados de Bolívar la gente se pregunta si hay un nuevo "gato", refiriéndose a la empresaria del chance, Enilce López, 'la Gata', condenada por la Fiscalía a nueve años de cárcel por concierto para delinquir con los paramilitares. Dicen que 'la Gata' apoya la candidatura a la Gobernación del exconcejal de Magangué Giovanni Meza Menco.

Lo más lógico habría sido que Meza se lanzara con el aval del PIN, pues Héctor Julio Alfonso, hijo de 'la Gata', es senador de este partido, pero Meza está recogiendo firmas. En diciembre, de acuerdo con información aparecida en una página de simpatizantes, Meza Menco entregó más de 20.000 regalos en nombre del movimiento La Esperanza de un Pueblo, que lidera el hijo de 'la Gata'. SEMANA/APIC buscó a Meza, pero dijo que estaba de viaje recogiendo firmas y que respondería a las preguntas posteriormente por correo electrónico.

En los pueblos de La Guajira, el nombre que más suena es el de Juan Francisco Gómez Cerchar, apodado 'Kiko', famoso en el departamento no solo por ser un importante ganadero, exalcalde de Barrancas y aspirante a la Gobernación, sino porque su nombre está asociado con algunos escándalos.

Un paramilitar desmovilizado le dijo a esta revista lo mismo que dicen en voz baja periodistas y autoridades en La Guajira: que fue auxiliador del grupo paramilitar comandado por Jorge 40, a quien, dicen, visitaba en la base de San Ángel, cuartel del Bloque Norte. Tiene más de quince investigaciones disciplinarias en la Procuraduría por presunta corrupción en sus dos periodos como alcalde. Gómez no ha sido condenado, aunque estuvo preso en 1991, durante tres meses, por porte ilegal de armas. SEMANA/APIC intentó hablar con él, pero dijo que estaba recién operado de las cordales y prometió responder por escrito a través de su hijo. Al cierre de la edición no habían llegado sus respuestas.

La U, los conservadores y la Alianza Social Indígena (ASI) le negaron el aval, pero Cambio Radical se lo otorgó hace un par de días.

En Cesar, el candidato a la gobernación de La U es Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien compitió por el aval contra su tío Pepe Gnecco. Monsalvo es el heredero de una dinastía política, algunos de cuyos miembros han sido vinculados con los paramilitares y con hechos de corrupción. El exgobernador Lucas Gnecco, tío de Monsalvo, fue condenado por corrupción en contratación y constreñimiento al elector. De otro tío, Jorge Gnecco, se dice en el Cesar que habría sido aliado de Salvatore Mancuso y le dio apoyo a Jorge 40 para conformar el Bloque Norte. Monsalvo, ha sido cuestionado no solo por sus relaciones familiares, sino porque durante el Festival Vallenato habría violado las normas electorales con volantes y otros objetos publicitarios que circularon por toda la ciudad para promocionar su candidatura (ver foto). Monsalvo le dijo a SEMANA/APIC que esa publicidad es falsa porque hasta ahora está definiendo su imagen de campaña y que él hace parte de la nueva generación de la política en su departamento.

En el interior del país también se vive un nuevo episodio de la parapolítica. En Santander, el exgobernador y coronel (r) Hugo Aguilar quería aspirar otra vez al primer cargo del departamento, pero como la Procuraduría lo inhabilitó a principios de año tras comprobar sus vínculos con paramilitares, tuvo que buscar reemplazo. Su hijo Richard, de 29 años, quien estaba de cónsul en Chile, regresó al país y es ahora su heredero político. A Richard le tocó recoger firmas porque La U no quiso avalar su candidatura y el PIN, que tiene dentro de sus filas a su hermano Mauricio, no le dio el aval.

En el Valle, el exsenador Juan Carlos Martínez esperaba lanzarse a la Gobernación, según fuentes cercanas a él, pero acaba de ser condenado a 90 meses de prisión "por concierto para delinquir, por promover grupos armados ilegales". Alex Loango, primo y cuota de Martínez en Acuavalle, era su primera opción para reemplazarlo como candidato a la Gobernación, pero debió desistir por su bajo registro en las encuestas y porque tuvo una cuestionada gestión en Acuavalle y las autoridades lo tienen en la mira.

Ahora Loango y Martínez estarían apoyando a Héctor Fabio Useche, exsecretario de Salud del destituido gobernador Juan Carlos Abadía, y exalcalde de Bugalagrande. Pero su candidatura también podría enredarse porque la Contraloría investiga su participación en un escándalo de corrupción como miembro de la junta de la Industria de Licores del Valle. SEMANA/APIC habló brevemente con Useche, pero dijo que no podía atender las preguntas en ese momento. Y después ya no contestó.

Para completar el panorama, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exgobernador liberal de Risaralda y candidato a repetir, Carlos Alberto Botero López. El procurador general investiga la alta votación que obtuvo Botero en 2003, especialmente en el municipio de Dosquebradas, donde operaba el paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'. Esta vez, Botero cuenta con el apoyo de algunos liberales y sectores de La U y está presentando su candidatura por firmas de la mano de un nuevo movimiento llamado Unir. "Yo sigo adelante, tengo mi conciencia tranquila", dijo a SEMANA/APIC

Mientras avanzan las investigaciones en los organismos de control contra algunos de estos candidatos, sus parientes o padrinos políticos, ellos siguen adelante. Los delfines de familias políticas que resultaron implicadas en el escándalo de la parapolítica tendrán que demostrar su independencia y su espíritu de renovación ante los votantes, que serán los que decidan, en últimas, qué tan ficticios o reales son los fantasmas de la parapolítica que rondan sus campañas.

 

14 candidatos o precandidatos han sido asesinados en 2011

Elecciones bajo amenaza

Partidos y organizaciones electorales piden a autoridades ser más activas en la seguridad.

La incertidumbre se ha apoderado de los candidatos para las elecciones regionales de octubre ante las crecientes amenazas, atentados y asesinatos en su contra. Tal es la preocupación que los dirigentes de los partidos políticos y las organizaciones de seguimiento electoral reclaman una actitud más activa de parte de los organismos de seguridad del Estado para que los comicios se puedan llevar en calma y que quienes piensan participar no tengan que desistir por las amenazas contra su vida.

Aunque los ministros del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y de Defensa, Rodrigo Rivera, han asegurado que el Estado garantiza las condiciones de seguridad para las elecciones, los hechos de violencia contra los candidatos son cada vez más recurrentes: esta semana fueron asesinados los aspirantes a la alcaldía del municipio de Campamento, Antioquia: Guillermo Roldán, del Partido Conservador, y Donay Correa, de la U.

No se trata de hechos aislados, como lo han señalado las autoridades. De acuerdo con la información que maneja la Misión de Observación Electoral (MOE), en lo corrido de 2011, se han presentado amenazas de muerte contra 19 candidatos y dirigentes políticos, 14 asesinatos y 6 atentados. Un balance nada alentador de 39 actos violentos.

Al respecto, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, manifestó que “resulta muy preocupante, porque los hechos se empezaron a presentar desde el momento en que aún estábamos hablando de precandidatos y faltan varios meses para las elecciones. Las autoridades deben consolidar esquemas de seguridad muy rápidamente y hablar de forma muy seria con los partidos y candidatos para garantizar su labor en las campañas. Los debates deben hacerse en el escenario de las ideas y no partiendo de la eliminación del otro”.

Precisamente, el presidente del Partido Conservador, José Darío Salazar, reclamó seguridad para las elecciones: “Le pido al Gobierno y en especial a las Fuerzas Militares que se garanticen las condiciones, porque esto genera zozobra, no sólo para los candidatos sino para la sociedad civil, que empieza a sentir temor de participar. En el caso del asesinato de los candidatos en Antioquia, entre ellos uno del partido, el ministro Rodrigo Rivera, debe responder por lo que está sucediendo, explicar qué está pasando y generar dispositivos de seguridad”.

Ante este reclamo, el ministro de Defensa respondió que “este tema es de toda nuestra preocupación, ya salió una comisión rumbo a Antioquia para adelantar una investigación minuciosa de los móviles de los asesinatos. Me preocupa que estos dos candidatos estaban vinculados en el ‘Plan Padrino’ que les permite pedir el acompañamiento de la Policía, pero no lo hicieron, y esta es una zona de clara influencia del Frente 36 de las Farc”.

Rivera, ante las inquietudes generalizadas por las amenazas contra los candidatos, aseguró que se están reforzando en todo el país los operativos de seguridad,  en estrecha coordinación con el Ministerio del Interior, que tiene la responsabilidad concreta de los esquemas individuales.

Por su parte, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, aceptó la gravedad de los hechos: “Estos candidatos nunca pidieron protección, no sabíamos que la situación de vulnerabilidad era tan grave. Sabemos  que el frente 36 de las Farc los retuvo y los asesinó sin piedad el mismo día en el que este grupo terrorista está solicitando reiniciar diálogos. Por eso expreso un total rechazo al asesinato de dos personas inocentes que estaban manifestando una aspiración para alcaldía”.

Pese a las manifestaciones de preocupación y rechazo de los miembros del Gobierno, y de su compromiso de tomar medidas, los dirigentes políticos y organizaciones de seguimiento electoral exigen resultados. Juan Lozano, presidente del Partido de la U, reclamó al Ejecutivo “que aplique todos los mecanismos que tiene a su disposición para reforzar el personal de seguridad, garantizar la vida de los candidatos y la neutralidad del debate, para que no se altere la voluntad popular por la fuerza de las balas”.

Lo cierto es que ya son 14 las personas que tenían alguna aspiración electoral para los comicios de octubre próximo que han sido asesinadas. Lo que se demuestra es que guerrilla, bandas criminales, narcotráfico y delincuencia común quieren influir en el poder local y regional. Las alarmas están prendidas porque, según algunos dirigentes políticos, pareciera que lo están logrando con sus armas.

 

Tres rebeldes con causa

Las vidas paralelas de Gina Parody, Gustavo Petro y Antanas Mockus.

Los tres van por caminos diferentes en la política y, de cara a las elecciones para la Alcaldía de Bogotá de octubre próximo, ella ya se lanzó al agua como independiente y lejos de los partidos; del otro dicen que lo está estudiando y que la próxima semana podría dar la noticia de su candidatura; y del tercero, que está explorando y tocando puertas en busca de aval. Los tres tienen también algo en común y es que ahora o en el reciente pasado alzaron la voz dentro de sus propias colectividades para rebelarse contra actitudes o posturas de las mayorías, por lo cual llegaron a ser calificados de desleales y hasta traidores.

Se trata de Gina Parody, Gustavo Petro y Antanas Mockus, tres nombres con un alto margen de reconocimiento ante los ciudadanos de la capital y para quienes, como un juego del destino, la figura del expresidente Álvaro Uribe ha incidido de una u otra manera en la realidad que hoy viven dentro del escenario político. Parody, una uribista ‘purasangre’ en sus comienzos, se hizo a un lado en enero de 2009 desencantada con el gobierno del entonces primer mandatario, renunció a su curul en el Senado por el Partido de la U y hoy ratifica que esas zanjas persisten porque el proyecto de Uribe, que en un comienzo parecía democrático, “se fue convirtiendo en beligerante, defensor de los victimarios y no de las víctimas, y pasó del amor a la patria al apego del poder”.

El caso de Petro es diferente. Crítico y denunciante feroz de la administración de Samuel Moreno, fue enconado opositor de Uribe durante sus dos mandatos y la sombra del exmandatario ha servido para sembrar cizaña en su contra dentro del que hasta hace poco fuera su propio partido, el Polo Democrático, algunos de cuyos militantes más radicales han llegado a calificarlo de “uribista soterrado” y de querer ser presidente de la colectividad para hacer un alianza con Santos. “De hecho, hoy lo tiene. Se fue a donde Santos e hizo un acuerdo sin siquiera contarnos que lo iba a hacer. Cuando le dijimos que no, se paró furioso: le echó la culpa a Iván Moreno y se fue”, dijo el senador Jorge Robledo en una entrevista a la revista Semana, corroborando ese divorcio ideológico dentro de la izquierda democrática en Colombia. Petro, por su parte, niega tener acuerdos por debajo de la mesa y enarbola las banderas de la transparencia y de la lucha contra la corrupción.

¿Y Mockus? En la defensa de los principios de que ‘la vida es sagrada’, ‘los recursos públicos son sagrados’ y ‘no todo vale’, chocó con lo que, según su criterio, implica correr un enorme riesgo al aceptar el apoyo “de personas involucradas en escándalos de corrupción, politiquería y atentados en contra de la vida”, léase Álvaro Uribe y el Partido de la U. El público respaldo ofrecido por el expresidente a la candidatura de Enrique Peñalosa, aceptado en reunión directiva del Partido Verde, amenaza hoy con hacer añicos su unidad. Porque, según conoció El Espectador esta semana, ya un emisario del exalcalde y excandidato presidencial estuvo tanteando el terreno por los lados del movimiento de las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), mirando la posibilidad del aval para una eventual candidatura a la Alcaldía capitalina.

Y tomando esos hilos conductores, el de la rebeldía y el de un expresidente Álvaro Uribe factor de perturbación, la realidad política pone hoy a Parody, Petro y Mockus como protagonistas de un proceso electoral que se ha convertido en fundamental para una ciudad que ha perdido la confianza en sus instituciones y cuya clase política parece haber tocado fondo. Parody como candidata independiente y con el lema “Quiero poner orden en Bogotá”. Petro refugiado en su recién creado Movimiento Progresista, esperando cómo se decantan las cosas, aunque uno de sus alfiles, el senador Jorge Guevara, ya reveló que este miércoles, en el centro de la ciudad, iniciará la recolección de firmas para respaldar su aspiración. Y Mockus, agazapado aún en los verdes, como buen matemático, seguramente analizando probabilidades, sumando y restando opciones y calculando una estrategia que, sea como sea, implicará no compartir tarima con Uribe.

Por ahora, las encuestas se muestran favorables a Peñalosa. A Petro le va bien —ocupa en unas el segundo lugar o el tercero—, aun sin haber anunciado su candidatura. En su contra juega un alto nivel de desfavorabilidad, aunque según la más reciente encuesta realizada por el Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación y el Seminario de Investigación en Comunicación Pública de la Universidad de la Sabana, la gente lo reconoce como una persona honesta, preparada académicamente, con capacidad de trabajo y que genera confianza. Gina Parody va más atrás, pero su labor apenas comienza. Sin embargo, es vista también como una mujer confiable, honesta, preparada y trabajadora. A Mockus no lo han medido como candidato, pero cabe decir que las excelentes calificaciones obtenidas durante las dos veces que fue elegido alcalde le dan un plus alto. Eso sí, los tres son fuertes en aquella franja del voto de opinión que durante las últimas elecciones para la Alcaldía de Bogotá ha marcado la pauta. Y es allí donde, por lo visto, se jugará la partida definitiva.

Una mirada desde la academia

Según Bibiana Andrea Clavijo, investigadora de la Universidad del Rosario y especialista en marketing político, si bien hay coindidencias, los casos de Gina Parody, Gustavo Petro y Antanas Mockus son muy distintos entre sí. “Parody tomó una decisión bastante fuerte al decidir formar parte de la disidencia de la U con Nicolás Uribe. Ella fue una de las personas más significativas de la U. Ahora lo que hay que evaluar es si el electorado estaría dispuesto a ayudarle por fuera de su colectividad y lejos de Uribe”, señala.

En cuanto a Petro, Clavijo cree que éste capitaliza mucho la crisis del Polo porque se ha mostrado siempre en divergencia con las posturas del Partido y ha desmarcado su imagen de los problemas que afonta hoy la administración de Bogotá.

Y el caso de Mockus, advierte, es lamentable: “Sigue aislado de la política, cuando ésta es de alianzas. Él no puede seguir pensando que la política excluye. ¿Qué de malo pueden tener los electores uribistas? Una cosa es decir Uribe no, ¿pero qué pasa con los electores uribistas? Mockus asume una postura bastante complicada y le puede costar mucho al partido. Uno creía que por ser tan nuevo pudiera superar los problemas por dentro, sin desgastarse en medios”, concluye.

 

Hay que poner sobre la mesa el tema, dijo el procurador General

A la elección popular de alcaldes hay que hacerle reingeniería: Procuraduría

Por: Elespectador/APIC

Los ciudadanos no acuden a las urnas porque no creen en su institucionalidad y porque perciben que quien ejerce la función pública actúa en muchas oportunidades privilegiando el interés particular.

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, realizó recientemente una reflexión sobre los motivos de la abstención electoral en Colombia, la privatización de la concepción de lo público y la necesidad de generar un debate académico frente a la elección popular de alcaldes.

En el marco del Foro “Los retos del Estado y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción”, el jefe del Ministerio Público afirmó que los ciudadanos no acuden a las urnas porque no creen en su institucionalidad y porque perciben que quien ejerce la función pública actúa en muchas oportunidades privilegiando el interés particular: “Hay una deslegitimación de nuestro sistema originado por la corrupción”, señaló, según un informe de prensa de la Procuraduría General.

El Procurador indicó además que existe una privatización de la concepción de lo público y al respecto afirmó: “ese es el paradigma sobre el cual el funcionario se sirve de su función y no ejerce su función para servir al interés general, al bien común”.

Señaló que en los actos de corrupción se evidencian tres actores: el funcionario, el particular y la sociedad civil, que sufre las consecuencias de esos actos de corrupción: “Con las altas cuotas de corrupción, menos hospitales, menos carreteras, menos servicios públicos”.

Respecto del papel de los organismos de control, reiteró que se deben escoger los casos paradigmáticos de corrupción, de acuerdo con sus consecuencias sociales, jurídicas, económicas, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, pero dando una respuesta oportuna a la sociedad civil.

“Si hay algo catastrófico en una sociedad, es percibir que la corrupción se hizo crónica, es decir, que es imposible combatirla eficazmente. Y para reconstruir esa credibilidad perdida, se requiere dar resultados frente a casos paradigmáticos de corrupción”, dijo según el informe de prensa.

Al referirse a la elección popular de alcaldes, el Procurador General aseguró que actualmente no se tiene un balance satisfactorio para la institucionalidad: “Ese tema hay que ponerlo sobre la mesa; a la elección popular de alcaldes hay que hacerle una reingeniería”, aseguró.

El Jefe del Ministerio Público se refirió además a los riesgos de corrupción que por los costos de las campañas se generan en los municipios: “(…) se nos dice cómo los altos costos de las campañas electorales permiten que se compren los alcaldes, y que comprando los alcaldes lo que se está comprando es el presupuesto y la actividad contractual subsiguiente, y que esa cooptación es otro escalón para la cooptación de nuestro sistema jurídico y político”.

En este sentido, planteó la importancia de analizar y discutir qué tanto el sistema de elección de alcaldes genera hoy vulnerabilidades que permiten la cooptación de lo público.

 

El gran chicharrón

La entrega de avales es un dolor de cabeza para los partidos políticos, porque están obligados a asumir responsabilidades que no tienen capacidad de cumplir.

La página web del Partido Liberal colapsó el viernes 8 de abril. Fue bloqueada por la avalancha de candidatos que quieren ser avalados por esa colectividad en las próximas elecciones. Llegaron más de 12.000, y como todos los interesados no alcanzaron a inscribirse, el plazo tuvo que ampliarse. Lo mismo ocurrió en el Partido Conservador y en La U. Y luego de los coqueteos de Álvaro Uribe con Enrique Peñalosa, al partido le cayeron decenas de aspirantes al Concejo que quieren entrar a las listas verdes.

Si tradicionalmente un candidato, para ser elegido, tenía que hacer cálculos sobre cómo pescar votos y dónde conseguir dinero, ahora tiene que agregar otro tema clave: quién le da un aval. Hay quienes pagan por él. En la práctica, los candidatos no forman parte de un partido dentro del cual buscan una candidatura, sino se cambian de camiseta según quién los acoja en sus filas.

La nueva reforma política, que alcanzaría a regir para las elecciones de octubre si la Corte Constitucional la aprueba, cambiaría la mecánica del mercado de avales. Por esa razón, los candidatos están haciendo todo lo posible por asegurarse uno desde ahora. La razón es que las nuevas normas castigarían de forma severa la doble militancia y no permitirán los cambios preelectorales de camiseta.

El analista político Juan Fernando Londoño explica que "es una reforma dura que busca fortalecer a los partidos". Y en efecto, es tan dura que establece graves responsabilidades a quienes otorgan los avales. Los partidos que apoyen a candidatos que tengan vínculos con sectores ilegales podrían perder su personería jurídica. Para evitarlo, todos los partidos han diseñado sofisticados formatos y procedimientos que los aspirantes a elección popular deben llenar sobre sus antecedentes.

Pero hay problemas. Los trámites adoptados han generado resistencias internas en varios de ellos. En el Partido Liberal se libra una batalla entre caciques regionales que quieren imponer sus candidatos con la Dirección Nacional, que es la que tiene la última palabra. "Esas decisiones llenan de divisiones al partido, pero la responsabilidad está primero", afirma Rafael Pardo, quien vetó a Roberto Jiménez, hermano del paramilitar alias 'Macaco', para la Alcaldía de Dos quebradas.

Juan Lozano, director de La U, está enfrentando una encrucijada similar. "Mi compromiso es contribuir para que ninguna persona vinculada con organizaciones de narcotráfico, guerrilla o paramilitares reciba nuestro aval. Estoy dispuesto a darme las pelas que sean necesarias", dice. Aunque La U ha definido mecanismos como las consultas internas, encuestas y consensos para definir candidatos, la Dirección Nacional, en últimas, es el filtro final.

El PIN, la Alianza Social Indígena (ASI) y Cambio Radical confían más en los parlamentarios regionales y consideran que ellos conocen mejor a quién se le deben entregar avales. Según Antonio Álvarez, secretario general de Cambio Radical: "Lo democrático son los votos que les han dado a los senadores y representantes. Las consultas internas se utilizan para que los enemigos pongan a votar a gente para que salgan elegidos los candidatos de otros partidos", asegura.

Por el contrario, el Partido Conservador va a apelar al mecanismo de las conultas internas, y el Polo las hace cuando ningún candidato obtiene el 60 por ciento de aprobación por parte de las coordinadoras regionales. "Una consulta tiene más legitimidad, pero tiene el riesgo de que queden elegidos candidatos que después no puedan avalar", dice Juan Fernando Londoño. Por eso, estos partidos tendrán que hacer un doble esfuerzo para asegurarse de que todos los que participen en las consultas puedan recibir el aval si salen elegidos.

Otros partidos más jóvenes, como el Verde y el Movimiento Mira, que son débiles regionalmente, apuestan a la formación de los candidatos y al fortalecimiento interno de su militancia como garantía de que no avalarán a candidatos paracaidistas que creen campañas fachada para lavar dinero. "Este año es como una partida de ajedrez, el que gana es al que menos fichas le metan a la cárcel", dice Carlos Ramón González, director nacional del Partido Verde.

La gran pregunta es si los partidos cuentan con mecanismos y voluntad política para depurar sus listas. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Cepero, les advirtió que tuvieran en cuenta la calidad de los aspirantes a la hora de llenar sus listas y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, también lanzó su respectiva advertencia en días pasados.

Los jefes de las colectividades políticas están contra las cuerdas. No consideran justo que el gobierno, con mejores instrumentos de investigación, no esté dispuesto a compartir información sobre candidatos riesgosos. La Unidad de Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda, anunció el pasado viernes 15 de abril que hará un monitoreo permanente para detectar operaciones financieras sospechosas en las cuentas de campaña de los candidatos, pero dijo que, por tratarse de información reservada, no podrá compartirla con los partidos. "Sería inaceptable que existiendo información de inteligencia que compromete a candidatos el gobierno no la entregue oportunamente", dijo el director de La U, Juan Lozano. El DAS también está exigiendo que los partidos envíen una carta por el candidato sobre el que tengan dudas, pero exige que ese mismo candidato autorice para que revisen sus antecedentes.

Cada partido, dependiendo de su tamaño, está procesando entre 7.000 y 12.000 aspiraciones. Una tarea dispendiosa y casi imposible sin la ayuda del Estado. La nueva ley ha sido bien recibida, porque la feria de avales no podía seguir como venía. Lo que no está claro es en qué porcentaje se va a cumplir.

 

Familiares de congresistas

No podrían aspirar a alcaldías y gobernaciones

Dentro del Estatuto Anticorrupción que esta semana aprobó en penúltimo debate la Cámara se incluyó un artículo que busca acabar con ese “foco de corrupción”.

Esta semana la Cámara de Representantes avanzó en la aprobación en penúltimo debate del proyecto que establece un Estatuto Anticorrupción.

Una audaz idea surgió alrededor de la iniciativa. Se estableció que quedará prohibido que un familiar de un senador o representante a la Cámara, pueda aspirar a ser alcalde o gobernador.

De tal orden es la restricción que ni siquiera podrá inscribirse para tal designación, quien tenga un familiar congresista.

El promotor de esa idea, el representante Carlos Augusto Rojas, dijo que su iniciativa de incluir un artículo con esa restricción está soportada en que el mayor “foco de corrupción” está en las empresas políticas familiares constituidas desde las regiones para todo el país.

Para explicar porque no debe permitirse esa elección, Rojas citó el caso de Bogotá, “donde tenemos alcalde y senador y ya vemos el escándalo público que es el plato de cada día”.

“Es que gobernadores y alcaldes eligen senadores y representantes, y de vuelta, estos eligen alcaldes y gobernadores, y se convirtió esa situación en un círculo vicioso”, explicó.

Según él, a través de ese sistema empieza a “enquistarse” los nudos más grandes de la corrupción en el país.

“Sólo queremos que quienes sean elegidos alcaldes y gobernadores quienes dentro de los grados definidos en la ley tengan familiares dentro del Congreso”, señaló.

Texto de los artículos:

“No podrá ser inscrito ni elegido como candidato o designado como gobernador quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con representantes a la Cámara y Senadores de la República”.

“No podrá ser inscrito ni elegido como candidato o designado como alcalde quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con representantes a la Cámara y Senadores de la República”.

Al proyecto aún le resta un debate por ser aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes.

 

"Castigarán al abstencionista"

Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador/APIC

El registrador cuenta que un artículo de la reforma política, aprobado por el Congreso en diciembre, excluye del censo electoral a 15 millones de personas.

Advierte que la reinscripción de quienes quieran participar en las elecciones de octubre será difícil y que el nuevo censo está compuesto, mayoritariamente, por el uribismo-santismo.

Cecilia Orozco Tascón.- Hoy están habilitados para votar cerca de 30 millones de personas. Si se declara exequible el artículo que aprobó el Congreso en diciembre, según el cual debe eliminarse del censo electoral a todos los que no hayan votado en las últimas elecciones. ¿Cuántos colombianos quedarían en el nuevo censo?

Registrador Carlos Ariel Sánchez.- No más de 15 millones, porque el artículo señala que permanecerán activas en el censo sólo las cédulas de quienes hayan sufragado en las últimas elecciones. Y como entre la primera y la segunda vuelta presidencial del año pasado votó, más o menos, el 50%, el otro 50% quedaría por fuera. Se sumarían al nuevo censo sólo los excluidos que inscriban otra vez su cédula para las elecciones de octubre y también entrarían quienes hayan llegado a la mayoría de edad.

C.O.T- ¿Podrá ser legal y constitucional un artículo que “desaparece” del censo a 15 millones de personas y cuya aprobación en el Congreso ocurrió en condiciones aparentemente irregulares?

C.A.S.- De lo publicado en la Gaceta del Congreso se deduce que sí hubo un vacío de procedimiento que consistió en que no se cumplió el principio de consecutividad entre el segundo debate en la Cámara y la conciliación.

C.O.T.- ¿Qué pasó?

C.A.S.- Que en el texto aprobado en la plenaria de la Cámara para la reforma política no figura el artículo que modifica el censo. Ese texto aparece en las actas de conciliación que son posteriores. Como se sabe, los textos de las actas de conciliación no pueden tratar de asuntos diferentes a los discutidos en las plenarias. Este es un “artículo canguro” que llegó de un gran salto a la etapa de conciliación sin haber sido aprobado en los debates reglamentarios.

C.O.T.- Si eso es así, el artículo que reduce el censo electoral es inconstitucional…

C.A.S.- Podría ser. La Corte dirá la última palabra.

C.O.T.- Usted ha hablado de la necesidad de que se depure el censo, pero, ¿tanto como para eliminar a la mitad de los votantes?

C.A.S.- Para tener un censo depurado al día de hoy no se necesita hacer nada distinto que incluir a todos los que renovaron su cédula, pues si lo hicieron, son ciudadanos activos. Reclamaron la cédula nueva alrededor de 27 millones de personas. Respecto del actual censo, que está en cerca de 30 millones, hay una diferencia de más o menos 2 millones y medio. De estos últimos, una parte corresponde a quienes viven en el exterior. La otra parte se depuraría con los criterios que se han venido utilizando con éxito.

C.O.T.- De acuerdo con su teoría, si un ciudadano se preocupa por reclamar su nueva cédula, ¿debería tener automáticamente abierta la posibilidad de ejercer su derecho al voto?

C.A.S.- Debería tenerla en cuanto es un ciudadano en ejercicio. Lo que uno observa con la norma que incluye en el censo únicamente a quienes hayan sufragado en las últimas elecciones, es que se le inflige un castigo al abstencionista. Pero además, como no se establecen fechas límites para la aplicación de ese artículo, la pregunta es si conviene emplear ese castigo indefinidamente.

C.O.T.- Eso, justamente, es lo que alega la presidenta del Polo, Clara López: su partido recomendó a sus seguidores no votar en la segunda vuelta presidencial porque ni Santos ni Mockus eran afines a su proyecto político. ¿La abstención no es también una forma legítima de participar en una elección oponiéndose a ella?

C.A.S.- La abstención es una forma de manifestación política que en la práctica opera como una expresión de rechazo a una decisión política. Hay que tener en cuenta que cuando la Corte Constitucional se refirió a la abstención como un derecho, lo hizo al hablar de las decisiones sometidas a referendo, porque en los mecanismos de participación ciudadana la ley exige alcanzar un umbral mínimo de participación, y abstenerse dificulta la obtención de ese umbral.

C.O.T.- Si en las últimas elecciones para presidente votaron 9 millones de personas por Santos, significa que el nuevo censo estaría compuesto mayoritariamente por el uribismo-santismo. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco?

C.A.S.- No, no se equivoca. Si quienes serán incluidos en el censo son los mismos que votaron en la última elección, lógicamente el partido ganador será la mayoría en el nuevo censo.

C.O.T.- ¿Muy conveniente, no?

C.A.S.- (Sonrisa y silencio).

C.O.T.- ¿Qué porcentaje del censo calcula que se inscribiría de nuevo entre los 15 millones de personas excluidas?

C.A.S.- En nuestra tradición electoral, para las elecciones de Congreso y Presidente se inscriben entre 2 y 3 millones de personas (8%) y para las elecciones regionales y locales los inscritos suben a cerca de 4 millones (13%). Si el artículo que disminuye el censo electoral se aplica, las inscripciones subirían a 35 o 40%. Pero el verdadero obstáculo no está en ese incremento, sino en que la inscripción tendrá que hacerse 100% a mano. Además, como se establece que la depuración es permanente y que las personas pueden inscribirse hasta dos meses antes de la elección, se vulnerarían derechos constitucionales.

C.O.T.- ¿Cuáles derechos?

C.A.S.- El derecho de defensa y el derecho de contradicción, por cuanto si se recogen datos en papel hasta dos meses antes de la elección es posible que en muchos casos no se alcance a procesar la información para que los ciudadanos, tal y como está previsto actualmente en el Código Electoral, puedan expresar las razones de su desacuerdo a la exclusión del censo. Si el proceso fuera electrónico, la persona podría conocer su estatus en tiempo real. Pero como es manual, es muy posible que no tenga tiempo de reclamar antes de la elección.

C.O.T.- ¿Cuál es el argumento visible de quienes son partidarios de esa disminución tan drástica del censo?

C.A.S.- Se ha argumentado que se trata de ahorrar parte de los recursos que se invierten en las elecciones. Sin embargo, yo no veo claro el ahorro porque, ¿cuál es la diferencia entre dejar vigente la posibilidad de que voten 27 millones de personas que hay en el censo actual, más lo que valen las inscripciones de cerca de 4 millones; o reducir el censo a 15 millones, pero incrementar las inscripciones a 12 o 13 millones de personas?

C.O.T.- ¿Los “reduccionistas” dan alguna otra razón?

C.A.S.- Sí, han dicho que se bajaría la abstención. Pero la disminución estadística del censo es una ficción numérica y no significa que el fenómeno del abstencionismo haya desaparecido en la realidad.

C.O.T.- ¿La disminución del censo afecta los mecanismos de participación ciudadana?

C.A.S.- Sí y será un tema de honda discusión constitucional: si el censo es menor, se reducirá automáticamente el número de votos necesarios para alcanzar el porcentaje que se exige para que queden aprobadas las propuestas hechas mediante los mecanismos de participación ciudadana.

C.O.T.- Significa que se disminuirán artificialmente las exigencias para aprobar lo propuesto en un referendo?

C.A.S.- Sí. Esa es una consecuencia práctica: si se disminuye artificialmente la abstención, se tendrá una exigencia menor en el número de ciudadanos que se requerirá para aprobar un referendo. En este caso, la pregunta es qué pasará con lo que consideró la Corte Constitucional en el referendo de 2003, cuando dijo que la abstención era también un derecho y una forma de participación política.

C.O.T.- Cuando los uribistas impulsaron el referendo reeleccionista se requerían 7 millones y medio de votos para su aprobación. ¿Cuántos votos se necesitarían hoy si se aprobara la disminución del censo?

C.A.S.- Supongamos que el censo quede después de todos los ajusten en 20 millones de personas. Para pasar un referendo se requerirían sólo 5 millones de votos.

C.O.T.- ¿Cuántas inscripciones podría tramitar nacionalmente la Registraduría hoy?

C.A.S.- Podríamos inscribir a 6 millones de personas, pero una por una, manualmente y en papel. Eso le indica el grado de dificultad que tendrá el proceso. De nada sirve tener una base de datos de huellas o identificación electrónica si la gente tiene que inscribirse a mano para una elección.

C.O.T.- Entonces la disminución del censo, tal como está planteada, no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista meramente pragmático.

C.A.S.- El mecanismo para las nuevas inscripciones podría ser práctico si se dispusiera de soporte electrónico. Pero si usted crea una restricción de recursos tecnológicos, de nada sirve. Lo más conveniente sería que ese artículo, si la Corte lo autoriza, rigiera a partir de 2014. Lo que no tiene ningún sentido es tratar de hacer compatibles dos realidades: una electrónica y una manual.

C.O.T.- Precisamente usted se ha quejado de falta de presupuesto. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta en este campo?

C.A.S.- Cada día se practica más el ‘ilusionismo’ jurídico. Con esto quiero decir que se aprueban reformas y artículos, y no hay con qué financiar la aplicación de los mismos. El artículo de reducción del censo va unido a otro que se refiere a su depuración permanente. Pero no hay recursos para hacerlo. Estoy seguro de que en Colombia hay interesados en que no salgamos del lápiz y del papel para hacer las elecciones, porque no conviene. Todo esto va a terminar sólo en una gran dificultad para las personas que quieran inscribirse.

C.O.T.- ¿Y por qué no convendría salir del lápiz y papel?

C.A.S.- Porque con control electrónico se acaba la trashumancia, dado que los datos pueden comprobarse inmediatamente. La información oportuna e inmediata evita los fraudes. En cambio, imagínese usted lo que puede suceder cuando se depende de datos recolectados manualmente. Hay un gran riesgo, porque la trashumancia se practica en los últimos días y como las personas pueden inscribirse hasta dos meses antes.

 C.O.T.- ¿Por qué la trashumancia podría dispararse con la reforma propuesta?

C.A.S.- En materia electoral se presume que uno reside donde tiene inscrita la cédula. Si una persona ha tenido su residencia electoral en un sitio y aparece inscrita en otro, se puede empezar a investigar si hubo trashumancia, porque existe presunción de permanencia de residencia. Pero con la modificación de la reforma política, cuando una persona queda excluida del censo y después se inscribe en otro lugar, ya no será posible alegar esa presunción.

C.O.T.- En consecuencia, usted diría que si se aplica tal cual está el artículo que reduce el censo, es más fácil hacer trampa en las elecciones.

C.A.S.- Diría que es más fácil mantener el statu quo.

C.O.T.- El statu quo político…

C.A.S.- Sí.

Censo ‘dorado’, abstencionismo eliminado

El polémico artículo 47 de la reforma política, que aprobó el Congreso en diciembre, consiguió lo que habían intentado hacer varias veces, sin éxito, los uribistas del primer anillo presidencial: disminuir el censo electoral. Pero ni los más optimistas amigos del exmandatario se imaginaron que excluirían de un solo golpe al 50% de los votantes potenciales. El “milagro” se produjo con una propuesta simple: el nuevo censo se conformará sólo con quienes votaron en la última elección nacional o regional, más los que se inscriban y los que vayan a votar por primera vez. Los que se abstuvieron de participar en la contienda de 2010 o en las elecciones atípicas de sus zonas, quedarán por fuera del censo. Eso los obligará a reinscribir sus cédulas si quieren elegir a alcalde o gobernador en octubre. El artículo en cuestión tuvo una extraña concepción y un no menos raro nacimiento. No aparece el padre responsable ni sus impulsores. Tampoco fue discutido en comisiones ni plenarias. Hizo su ingreso calladamente en el acta de conciliación y el ponente de la reforma, el senador de la U Roy Barreras, puso a consideración de sus colegas el texto sin darle mayor lectura. Varios medios le atribuyen esta tesis ‘salvadora´ al exministro Jaime Castro.

“Repican y van en la procesión”

Cecilia Orozco.- Suponga usted que todos los que saldrán del censo electoral quisieran reinscribirse, ¿qué sucedería?

Registrador Sánchez.- ¿15 millones de personas inscribiéndose? Tenemos capacidad para atender a 6 millones. Si eso ocurriera, tendríamos que recibir 5 millones de personas cada mes o a 16 mil personas cada día. Primero, los formularios que recibimos no alcanzan para esa multitud. Segundo, sólo tenemos autorización para contratar personal de apoyo distinto a la Registraduría una semana antes del cierre de inscripciones.

C.O.- ¿Cuántas oficinas y personal permanente tiene la Registraduría en todo el país?

R.S.- La Registraduría tiene un solo funcionario en 882 de los 1.102 municipios del país. Y el Ministerio de Hacienda no autorizó poner otra persona más en esta época.

C.O.- ¿Qué hace el funcionario único de la Registraduría en un municipio? ¿Cuál es su trabajo diario?

R.S.- Atiende a los ciudadanos, expide o entrega las cédulas nuevas, se encarga de los registros civiles y las tarjetas de identidad, inscribe candidatos, organiza las elecciones, recibe capacitaciones, etc. Nuestros funcionarios repican y van en la procesión.

 

El PDA instaló su dirección nacional

BOGOTÁ, COLPRENSA/APIC

Clara López defendió el “poder destituyente contra la injusticia y la exclusión social, contra el enriquecimiento ilícito, contra el modelo neoliberal, contra la corrupción de los gobiernos regionales y municipales tomados por las mafias, las bandas criminales y los gamonales desalmados;  contra el desempleo, contra los responsables y gestores de la pobreza, la improvisación frente al invierno anunciado. Poder destituyente contra la guerra, las bases norteamericanas en suelo colombiano y la violencia en todas sus manifestaciones”.

En su intervención el excandidato presidencial Carlos Gaviria, invitado especial, señaló que “el Presidente (Juan Manuel) Santos nos ha hecho el valor invaluable de ahorrarnos inútiles debates internos, al declarar sin ambages que su proyecto es el mismo de su antecesor, pero con otro estilo”.

Llamó a la dirigencia polista a “aclarar y superar discrepancias, pero no malgastemos energías en frivolidades, cuando sabemos que nuestro adversario no distrae su atención del objetivo que tiene en la mira: mantener una sociedad sumida en la injusticia, pero convencida de que es el único paraíso alcanzable”.

Con respecto a las deserciones del partido, Carlos Gaviria llamó a no seguir “llorando ausencias: quienes abandonaron la marcha lo hicieron a conciencia, bien porque equivocadamente han creído que el camino es otro, bien porque su ambición personal les resulta más urgente y apremiante que la tarea ponderosa de contribuir a la construcción de una sociedad mejor”.

Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo, en representación de la bancada del Polo en el Congreso, señaló que de las deliberaciones de la Dirección Nacional debe salir la táctica para poner a esta colectividad al servicio de las luchas sociales. Llamó a cuidar el partido porque no es posible transformar a Colombia sin un mecanismo político de izquierda democrática como es el Polo.

Robledo hizo un balance del trabajo de la bancada parlamentaria y resaltó los debates que en los diversos temas sociales, económicos y políticos que han venido dando los congresistas de esta colectividad.

ARTICULACIÓN DEL MOVIMIENTO

En representación del sector social intervino el dirigente Tarsicio Rivera, quien señaló la necesidad de articular todas las acciones de resistencia con un partido político de izquierda del talante del PDA, que tiene amplia presencia en sectores como los indígenas, afrodescendientes, el pueblo Rom, la comunidad LGBT, los campesinos, las organizaciones agrarias, sindicales, de jóvenes y de mujeres, que le apuestan a un cambio.

RIESGOS EN COLOMBIA

La presidenta del Polo se refirió a los riesgos que en un país como Colombia debe enfrentar la dirigencia y la militancia de izquierda. “No se trata de un complejo de persecución relacionado con nuestra posición de minoría o de oposición. Hay hechos objetivos que muestran las intenciones de las clases dominantes contra la izquierda”, dijo Clara López.

También sostuvo “que conocemos la macro maniobra de las mayorías gobiernistas para sacar al Polo del censo electoral, alegando falta de recursos y diciendo abierta y cínicamente que no se puede gastar dinero en mantener en el censo a los que se abstienen de refrendar con su voto al régimen imperante. Lo que quieren no es un censo electoral sino un registro confiable de votantes afectos al oficialismo”.

“Primero lanzan desde el DAS y financiada con dineros públicos, la Operación Amazonas, con el objetivo explícito de desprestigiar, intimidar y dividir al Polo Democrático; después convirtieron las denuncias de la contratación en Bogotá en un linchamiento moral contra nuestro partido; y luego, para estar seguros del exterminio político, nos excluyen del censo electoral…”.

Finalmente se refirió a la gestión de esta colectividad en Bogotá y la manera como en forma sesgada la “gran prensa” desconoce los avances sociales en la Capital y que el PDA, consolidará la articulación de lucha con el movimiento social, no solo para desarrollar las actividades de resistencia al modelo neoliberal que continúa ahondando el gobierno del presidente Santos, sino de cara a los comicios regionales de octubre próximo.

Con motivo de la reunión de la Dirección Nacional del PDA, se recibieron mensajes de partidos y organizaciones de izquierda, entre los que se cuentan los del Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo, del Partido Die Linke de Alemania, del Parti de Gauche de Francia, del Partido Comunista de Chile, del Partido de los Trabajadores de Brasil, del Partido de la Revolución Democrática de México, del Partido Comunista de Grecia, del Frente Amplio del Uruguay, del Grupo de la Izquierda Verde Nórdica, y del Foro de Sao Paulo.

 

La Constitución Política cumple 20 años

BOGOTÁ, COLPRENSA/APIC

Con actos políticos y académicos comenzó la celebración de los 20 años de la Constitución Política de Colombia.Compartir Las actividades para celebrar los 20 años de la Constitución Política de Colombia Dichas actividades de índole académica, política y cultural, se llevarán a cabo a partir de este 04 de febrero y hasta el próximo 04 de julio, fecha en la que se cumple el aniversario número 20 del nacimiento de la actual carta magna con el propósito de analizar cuáles han sido sus logros y cuáles deben ser los retos a los que se debe enfrentar.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González; el presidente de la Corporación Centro de Estudios Constitucionales y delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente, Augusto Ramírez Ocampo; el gobernador de Santander, Horacio Serpa; el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Consuelo González de Perdomo, entre otros.

El también excanciller Ramírez Ocampo señaló que la Constitución de 1991 significó para el país el paso del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. “Hay muchas instituciones, muy trascendentales como la Carta de los Derechos y Deberes, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la acción de tutela, la Defensoría del Pueblo, instituciones que han tenido un enorme prestigio y están en crecimiento, mientras hay otras que no han tenido tanta suerte como la Comisión Nacional de Televisión que se encuentra en estado preagónico, asimismo hay otras que necesitan modificaciones como el Consejo Nacional Electoral o el Consejo Superior de la Judicatura”, afirmó Ramírez Ocampo.

  Sin embargo, agregó que “la Constitución de 1991 es una entidad viviente que ha tenido 29 reformas en 20 años, aplicadas a 54 artículos, las cuales algunas fueron malas, otras excelentes como la reforma política, de modo que la Carta Magna tiene la facilidad de acomodarse a los tiempos y por eso, espero que su vigencia sea tan larga como la Constitución de 1986 que duró 105 años y tuvo 75 reformas”.

Por su parte, el gobernador de Santander y exconstituyente por el partido Liberal Horacio Serpa Uribe indicó que la Asamblea Nacional Constituyente, figura con la cual se le dio origen a la Constitución, es un ejemplo de cordura, credibilidad, cordialidad y hermandad donde primó el interés del país por encima de los intereses de los partidos políticos.

“Que bueno que después de 20 años los constituyentes podamos reconocer que no fue una norma perfecta, pero que seguiremos luchando para lograrlo.  No cedimos a tentaciones extremas y decidimos en pro de las necesidades del país”, enfatizó Serpa Uribe.

Asimismo le pidió que se cuestione acerca de lo que hubiera sido Colombia sin la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo  o sin la tutela y las iniciativas populares, elementos que le han permitido a los ciudadanos contar con el reconocimiento y la garantía de sus derechos.

El gobernador de Nariño y exconstituyente por el movimiento  M- 19 Antonio Navarro Wolf indicó que la Carta Magna es el símbolo de la integración y la inclusión, y sin ella no hubiera sido posible la adecuada defensa de los Derechos Humanos. “La Constitución significó la inclusión de nuevos partidos políticos, de las comunidades indígenas y de las afrodescendientes y esto ha permitido el reconocimiento de sus derechos, al igual que significó la reconciliación. Inclusión y reconciliación son dos características del pueblo colombiano por las cuales hay que trabajar para alcanzar la paz”, afirmó Navarro Wolf.

Finalmente, los asistentes a la conmemoración organizada por el Centro de Estudios Constitucionales y la Presidencia de la Cámara de Representantes, coincidieron en afirmar que la Constitución Nacional es el único camino hacia la paz y la “locomotora” para conseguir la prosperidad.

 

Desde el 23 de febrero se podrán inscribir cédulas para las elecciones

Por: Elespectador/APIC

Consejo Nacional Electoral adelantó la fecha, prevista en principio para el 2 de marzo.

Con el fin de facilitarle tanto a los ciudadanos como a los funcionarios de la Organización Electoral el proceso de inscripción de cédulas, se decidió adelantar en una semana la apertura del mismo, de tal manera que la inscripción de ciudadanos para las elecciones de octubre comenzará el miércoles 23 de febrero en todas las registradurías del país.

Inicialmente, en el precalendario electoral se había previsto que el período de inscripción de cédulas se realizaría entre el 2 de marzo y el 29 de mayo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución 0006 del pasado 25 de enero, determinó que el 29 de mayo se celebrarán las consultas populares internas de partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Teniendo en cuenta el cruce de ambas fechas, que la mayor afluencia de ciudadanos a inscribirse se registra durante los últimos días del proceso y que en los días posteriores a las consultas de partidos los funcionarios de la Organización Electoral deberán atender el proceso de escrutinio, se determinó adelantar en una semana todo el período de inscripción de ciudadanos, de tal forma que éste se desarrollará entre el miércoles 23 de febrero y el domingo 22 de mayo.

La inscripción se desarrollará en 2 etapas:

• Del 23 de febrero al 13 de mayo: en las Registradurías Especiales, Municipales y Auxiliares de todos los municipios del país, de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm.

• Del lunes 16 de mayo al domingo 22 de mayo: en más de 10.000 puestos de votación del territorio nacional, incluyendo corregimientos y zonas rurales.

Inicialmente la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público $38.205 millones, para realizar el proceso de inscripción de cédulas en puestos de votación durante 20 días en el mes de mayo.

No obstante, los recursos aprobados fueron de $17.000 millones, es decir menos de la mitad del dinero solicitado, razón por la cual se redujo el tiempo de inscripción a 7 días en puestos de votación, comprendiendo el periodo del 16 al 22 de mayo y se canceló el proyecto original de instalar lectores ópticos de huella en los puestos de votación, para individualizar a los ciudadanos y evitar suplantación, privilegiando aquellos puestos en los que de acuerdo con el mapa de riesgo de trashumancia electoral presentan mayor probabilidad de fraude

 

Bandeja paisa

¿Al fin se sacaron o no los trapos al sol Santos y Uribe en el almuerzo de Rionegro?

El viernes pasado aparecieron en El Tiempo y en El Espectador dos versiones diametralmente opuestas sobre la relación Uribe-Santos. Las dos giraban alrededor de una columna de Ernesto Yamhure sobre un supuesto rompimiento entre los dos mandatarios, que se convirtió en el bocado político de la semana. El Espectador tituló al respecto '¿Divorcio Santos y Uribe?' y El Tiempo, 'Uribe y Santos: una tempestad en un vaso de agua'.

Yamhure, en menos de 48 horas, arremetió contra Santos en su espacio en El Espectador, en su columna radial de Caracol y en una entrevista con La FM de Vicky Dávila. El tema central de la polémica fue una reunión que sostuvieron Santos y Uribe en Rionegro por iniciativa del actual Presidente, quien quería hacerle una visita de cortesía a su antecesor. Según la versión de Yamhure, la cumbre desembocó en un encuentro tenso, con recriminaciones de lado y lado, en el cual el Presidente de la seguridad democrática le cantó la tabla al Presidente de la prosperidad democrática.

Yamhure sostiene que el memorial de agravios de Uribe fue contundente y se resumía en tres puntos concretos. Primero, "haber nombrado a sus peores enemigos en sendos cargos ministeriales". Segundo, haber convertido al "dictador venezolano, ese mismo que ha dicho que Uribe es un mafioso, un asesino, un maniobrero, en su nuevo mejor amigo". Y tercero, "promover una ley de víctimas y tierras que menoscaba el honor de la fuerza pública y que acabará con la confianza inversionista en el sector agropecuario".

Ese pliego de cargos, en el fondo, no tenía nada de nuevo. En círculos políticos se sabía que el ex presidente estaba molesto con esos aspectos del actual gobierno. La novedad consistía por lo tanto en la firma y los términos de la acusación. Yamhure es considerado uno de los voceros de Uribe en la prensa, y el tono en el que se refirió al Presidente rayaba en lo irrespetuoso. Para comenzar, aseguró que Uribe hizo esperar a Santos dos semanas antes de recibirlo y que finalmente accedió a regañadientes en contravía del consejo de sus amigos, quienes le recomendaron guardar distancia. Luego se refirió a Santos como una persona incoherente y desleal que, "al igual que a Pastrana, le gustan los bailes, los salones y la parafernalia fantoche". A esto le agregó una dosis de mala leche al afirmar que Santos, antes de nombrar a Juan Camilo Restrepo ministro de Agricultura, durante el gobierno de Uribe le había pedido a este que no lo nombrara en la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros. También señaló que el rompimiento de las relaciones con Venezuela durante el gobierno anterior se debió en buena parte a la "incontinencia verbal" de Santos cuando era ministro de Defensa.

El único punto que de verdad se trató en la reunión fue el de los talleres democráticos que piensa hacer el ex presidente Uribe en su campaña de apoyo a los líderes regionales en las próximas elecciones. Santos le preguntó que por qué los hacía a nombre del movimiento Primero Colombia y no del Partido de la U. Uribe le contestó que las dos veces que se lanzó a la Presidencia lo hizo por ese movimiento y que prefería mantenerse en esa filiación. Este punto, sin embargo, fue marginal en medio de la chismografía del tema, que se centraba más en la andanada de Yamhure que en los talleres de Uribe.

Al día siguiente, los dos mandatarios procedieron en privado a negar categóricamente la versión del columnista. El encuentro en realidad fue muy cordial y, aunque se tocó el tema de los talleres, no hubo ningún encontrón ni agresividad por parte de alguno de los protagonistas. Para comenzar, estaban con sus respectivas esposas, María Clemencia y Lina, lo cual hacía imposible cualquier bronca. Además, como a Lina le tocó improvisar una bandeja paisa, les pidió una mano a sus dos vecinas, Olga Stella de Franco y Ana María Arango Bacci (hermana del almirante), quienes estuvieron presentes y atestiguan de la armonía en que transcurrió la reunión.

¿De dónde sacó entonces Ernesto Yamhure el mano a mano presidencial que causó tanta polémica? Según él, nunca consultó su versión con el presidente Uribe. Sin embargo, a pesar de las inexactitudes, algunos elementos de su columna no eran de conocimiento sino de quienes estuvieron en el almuerzo. Por lo tanto, aunque no le estuviera haciendo un mandado al ex mandatario, sí estaba reflejando un sentimiento de inconformidad con el gobierno de Santos que está presente en algunos sectores del uribismo. Las cabezas visibles de ese grupo son Yamhure, Fernando Londoño, William Calderón y José Obdulio Gaviria, que en círculos santistas son apodados jocosamente como 'la Banda de los Cuatro'. Estos no siguen directamente órdenes de Uribe, pero sí lo interpretan. Como son más papistas que el Papa, algunas veces esas interpretaciones se desbocan, como sucedió con Yamhure la semana pasada.

Porque la realidad es que es de conocimiento público que hay diferencias importantes entre el actual Presidente y su antecesor. Sin embargo, esas diferencias han sido hasta ahora manejadas con tacto y prudencia por ambas partes y definitivamente no salieron a flote durante la cumbre de Rionegro.

Ideológicamente, todo se podría resumir en que, para esos cuatro, Santos fue elegido como un candidato de derecha y luego se volvió de centro izquierda. Esta es la lectura que les dan a la ley de tierras, a la reparación de las víctimas y a otros aspectos de la agenda santista. Paradójicamente, ni Uribe se reconoce de derecha ni Santos de izquierda. Por lo tanto, la interpretación es algo simplista. Sin embargo, algo debe haber en el fondo cuando el mismo Santos, en su reciente entrevista con Patricia Lara en El Espectador, le mostró la biografía de Franklin Delano Roosevelt que estaba leyendo, titulada Traitor to his Class (Traidor a su clase), y le dijo, mitad en chiste y mitad en serio: "Eso van a decir de mí cuando termine el gobierno".

 

Elecciones locales:

Retos y riesgos por emergencia invernal

Hay que estar atentos a la trashumancia, al intento de utilizar los subsidios como bandera de campaña y a las cuentas de la financiación de campañas, advierte Alejandra Barrios, directora de la MOE.

César Paredes, periodista de Semana/APIC

Desde ya se calienta la campaña electoral para las próximas elecciones de octubre, en la que los colombianos elegirán alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, entre otros mandatarios locales. Los partidos políticos fraguan sus estrategias y alianzas, los posibles candidatos toman impulso y los observadores electorales se preparan para la maratónica tarea que les espera.

A propósito del trabajo de los observadores, Semana.com consultó a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), una organización de la sociedad civil que tiene como objetivo vigilar el proceso. Barrios lanzó las primeras advertencias y señaló los riesgos que desde ya se ciernen sobre las elecciones. En su criterio, la ciudadanía debe estar muy atenta a denunciar a quienes querrán aprovecharse de los subsidios para los damnificados del invierno para hacer política, vigilar el traslado de votantes de un lugar a otro para incidir en los resultados, y escrutar con lupa las cuentas de las campañas.

Semana/APIC: ¿Cuáles son las principales características de las elecciones de octubre?

Alejandra Barrios: Cada proceso electoral tiene temas críticos diferentes. En las elecciones locales principalmente es el número de candidatos. En el 2007, alcanzamos un número de 84.000 candidatos. Debido a la reducción de partidos causada por la Reforma Política, esperamos entre 70.000 y 74.000 candidatos. Eso significa que hay que hacer un seguimiento a un gran número de candidatos, de partidos, de movimientos políticos y de ciudadanos.

El segundo aspecto de este proceso electoral es el de la financiación de las campañas políticas. En las elecciones al Congreso de la República se puso de presente la imposibilidad de hacer seguimiento a monto, origen y destino de los recursos. Lamentablemente, en la reglamentación de la Reforma Política el Congreso no creó herramientas para que los partidos hagan informes previos de la financiación, como ocurre en la mayoría de los países, no sólo del mundo, sino de América Latina. No contamos con un instrumento para hacer veeduría, y a enero del 2011, por ejemplo, no tenemos información de quiénes financiaron las campañas políticas de las elecciones del año pasado.

Semana/APIC: ¿Cuáles son los retos de la falta de información?

A.B.: Hay una brecha que facilita la infiltración de dineros ilegales en las campañas, o de dineros de procedencia legal pero que provienen de los ‘carruseles de la contratación’. Frente a ese fenómeno en el que el contratista aporta a una campaña y después el elegido lo contrata, la Reforma Política determinó que aquellos empresarios que reciben la mitad de sus ingresos de contratos con el Estado o de subsidios del Estado no pueden financiar campañas políticas. Entonces, el primer mecanismo de control es preguntar todo el tiempo por los financiadores de las campañas.

El segundo es conocer quiénes son los socios de las empresas que el Estado va a contratar para resolver el problema de la emergencia invernal. Conociendo esa información, creo que le vamos a hacer un seguimiento importante a la financiación de las campañas.

Semana/APIC: Ahora que mencionó la emergencia invernal, ¿de qué manera esa contingencia representa un riesgo para el proceso electoral?

A.B.: La cifra de damnificados es cercana al número de desplazados en Colombia. Hay municipios que han quedado completamente inundados y destruidos, al igual que las registradurías con toda su información. Algunos municipios deberán ser reconstruidos y muchos ciudadanos se han trasladado a otros. Además de la necesidad de identificar a los ciudadanos de esos municipios, eso significa un cambio del mapa político electoral.

Vamos a ver liderazgos nuevos, ojalá que vayan hacia adelante, pero eso también facilita la utilización de los recursos del Estado para hacer campaña en beneficio propio. El año pasado se hicieron recolecciones de donaciones en las que todos participamos. Los recursos fueron puestos por todos. Nos preocupa que se repita lo que con el programa Familias en Acción, que de manera inescrupulosa se utilizó, según denuncias de la ciudadanía, para hacer campaña.

Semana/APIC: ¿Qué implicación tiene la aplicación de la norma que desarrolló la Reforma Política en las elecciones del 2010?

A.B.: Esa norma tocó tres temas muy importantes. De una parte, lo que tiene que ver con los principios de las organizaciones políticas. En segundo lugar, las sanciones políticas a los partidos y movimientos que avalan candidatos que no han cumplido con requisitos de transparencia o que hayan cometido delitos de lesa humanidad o narcotráfico. El tercero es la financiación de la política. Ahí entran las restricciones a los contratistas del Estado que ya mencioné y el tope del 10 por ciento de apoyo en el caso de empresas privadas.

Todo eso es muy importante. Pero faltó lo esencial: que podamos acceder a información sobre la financiación de una campaña en el momento en que se está desarrollando. Por eso es muy importante que los partidos políticos, al menos los que tienen representación en el Congreso, asuman públicamente la responsabilidad de entregar esa información.

Semana/APIC: ¿Ya han comenzado a recibir denuncias sobre la campaña que se avecina?

A.B.: Hay información que indica que el proceso electoral ya comenzó. En algunos municipios en este mes que pasó, había vallas de posibles candidatos. Hay que señalar que eso no es ilegal porque cualquier ciudadano puede desearle “feliz navidad” a todo el mundo, pero ese es el banderazo. Hay que preguntarle al Consejo Nacional Electoral si una vez esas personas son avaladas como candidatos, esos gastos se cuentan como parte de la campaña.

En algunos municipios preguntamos a qué partido pertenece ese potencial candidato. La respuesta era: está buscando partido. Hay un problema de afiliación política: el candidato es el que busca el partido, y no el partido el que busca el candidato.

Semana/APIC: ¿Qué otros problemas enfrentará el sistema electoral en las próximas elecciones?

A.B.: En Colombia estamos en mora de fortalecer la autoridad electoral. En la reforma quedó planteada la posibilidad de crear fiscalías electorales. Nosotros estamos de acuerdo con que esa fiscalía tenga fuerza, funcione y reciba información. Pero el CNE necesita más cuerpo y mucha más presencia en el territorio nacional.

Otro problema será el de la trashumancia. En las elecciones locales esa es una de las principales amenazas. Hay elecciones que se definen por muy pocos votos, por eso es muy importante poner la estar atentos. Con el fenómeno del invierno se entregarán nuevos documentos, por lo que vamos a tener que hacer un trabajo de seguimiento.

De manera afortunada, la violencia por razones políticas ha disminuido, pero la participación de funcionarios en política se sigue presentando. Ya tenemos un caso ejemplarizante que fue la sanción al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, el año pasado. Eso no se nos puede olvidar. Todos los alcaldes y gobernadores están avisados para que eso no les ocurra.

Lamentablemente se seguirán presentando los problemas de siempre: compra y venta de votos, financiación sin reportar, delitos electorales, ofertas de puestos a cambio de votos…

Semana/APIC: ¿Cómo se puede preparar la ciudadanía para ayudar a que el proceso democrático sea transparente?

A.B.: Lo primero que hay que hacer es informarnos muy bien sobre las realizaciones de los gobernadores y alcaldes. Es necesario, como ciudadanos, acudir al cobro político. Eso quiere decir que si hemos tenido un mal alcalde, un mal gobernador o malos concejales, no debemos votar por ese partido político. Es hora de que los partidos políticos comiencen a responder.

Semana/APIC: En diciembre pasado, la misión presentó en México un balance de cómo el narcotráfico ha afectado el sistema político en Colombia. ¿A qué conclusión llegó la MOE en esa presentación?

A.B.: Lo que hicimos fue llevar la experiencia colombiana para contarles a las autoridades mexicanas y organizaciones lo que nos pasó, para que a ellos no les pase. Estamos en un escenario de recuperación de los escenarios democráticos. Después de perderlos es muy difícil recuperarlos. Uno de los objetivos es hacer, con las autoridades mexicanas, los mapas de riesgo electoral con una mirada específica sobre el narcotráfico. Ese ejercicio ya lo hemos hecho en Perú y estamos haciéndolo en Guatemala, entre otros países. El objetivo es preparar a las organizaciones para enfrentar un reto que impone el narcotráfico que es la financiación política que es aparentemente imposible controlar.

También intercambiamos experiencias sobre lo que significa ejercer la democracia en un escenario alterado por el narcotráfico. Ese intercambio de experiencias nos permitió ver de dónde venimos, cuanto hemos avanzado y analizar de manera conjunta cómo nos afecta ese problema en la región, cómo está en situación de emergencia la democracia.

Semana/APIC: ¿Cómo nos afecta aún ese problema a los colombianos?

A.B.: Hay ciudadanos que aún no confían y otros que están tratando de recuperar la confianza en el sistema político y en el sistema electoral. Hay ciudadanos que ejercemos la ciudadanía desde la resistencia, desde la recuperación de escenarios que se perdieron por la compra de votos, por los asesinatos, por los desplazamientos. Pero hay otros que aún no conocen sus derechos.

Semana/APIC: ¿Por qué son importantes para la democracia las elecciones de octubre?

A.B.: En las elecciones locales nos estamos jugando el bienestar de cada uno de nosotros. Lo que vamos a elegir es cómo será el sistema de salud, cómo va a ser la calidad de las calles, qué tipo de educación tendrán nuestros hijos. Si elegimos mal, estamos eligiendo pobreza, bajos servicios públicos, mala educación, concentración de riqueza, desempleo, falta de vivienda.

Ahora todo el mundo parece sorprendido por lo que pasó con la emergencia invernal. No, lo que ocurrió no es sólo producto de las lluvias. Éste no es un problema de San Pedro. Lo que hemos visto es parte de la desidia y de los malos gobiernos locales. Con la emergencia hemos visto cómo se entregaron las corporaciones autónomas al manejo de intereses personales, para llenar los bolsillos de particulares y no para los ciudadanos. Por eso el llamado es a elegir de manera consciente, informada y honesta.

 

La tarea del Polo es encontrar lo que nos une: Clara López

Diana Carolina Jiménez, Colprensa – El Colombiano/APIC

"Sería incorrecto afirmar que no hemos atravesado una crisis. Pero sería también equivocado no entender que estamos saliendo de ella fortalecidos”, Clara López.ColprensaPara Clara López la actitud del ex candidato presidencial Gustavo Petro frente al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, está impregnada de odio y resentimiento.Compartir

Pese a la situación de desprestigio por la que atraviesa el Polo Democrático Alternativo, después del escándalo de contratación que involucró al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y a su hermano, el senador Iván Moreno, Clara López -quien fue fórmula vicepresidencial del ex candidato a la Presidencia Gustavo Petro- sostiene que, en la administración de la capital esa colectividad tuvo logros y que la lucha electoral para la izquierda no es fácil, "pero estamos en la pelea".

Sostiene que la actitud de Petro frente al alcalde Moreno está impregnada de odio y resentimiento.

¿Con la salida de dos de sus máximas figuras se desmorona el Polo Democrático Alternativo?

"En la última etapa hemos registrado tres bajas, incluidas las de Petro y Lara. Paradójicamente, el debate público y la controversia interna desatada por Gustavo sirvieron para consolidar la unidad a través del esclarecimiento de los objetivos tácticos y estratégicos del partido, discusión que continúa constructivamente. El 4 y 5 de febrero se reúne la Dirección Nacional del Polo Democrático. Son más de 200 delegados de todo país que representan a todas las corrientes polistas incluyendo el grueso de los amigos de Gustavo Petro, quienes permanecen en el partido."

En el país se ha utilizado la palabra "crisis" para definir la situación del Polo Democrático. Si es así, ¿cuál es la estrategia para afrontarla?

"Sería incorrecto afirmar que no hemos atravesado una crisis. Pero sería también equivocado no entender que estamos saliendo de ella fortalecidos. En el Polo actualmente, como siempre ha ocurrido, existen distintas lecturas sobre la situación política actual y la táctica a seguir, pero esos puntos de vista no son excluyentes y la tarea que tenemos es la de buscar y encontrar lo que nos une y no lo que nos separa."

¿Se modificó el papel de la oposición con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia?

"Sí porque es necesario reconocer que se ha creado un nuevo ambiente de distensión favorable al debate público. No es todo lo que queremos pero aspiramos a que se profundice. Una democracia se mide no solamente porque haya elecciones e instituciones formales surgidas de ellas. Se distingue, sobre todo, por la posibilidad real que exista para que se escuchen los distintos puntos de vista y las voces de los distintos sectores de la población. Este Gobierno ha dado el paso de reconocer la legitimidad de la oposición, así todavía le cueste aceptar que ello implica reconocerle derechos efectivos. Por ejemplo, es lamentable que el Estatuto de Oposición haya quedado en veremos por la falta de la voluntad de avanzar en materias tan sensibles como el acceso a los medios de comunicación. Sin ello, ¿cómo se escucha la voz y la agenda no mediatizada de la oposición?".

La figura de Petro

¿El divorcio con Petro es total o hay posibilidades de reconciliación?

"Petro fue indudablemente un destacado dirigente del PDA. Fue el hombre que ideó y concretó la unidad del antiguo PDI con Alterativa Democrática de la cual hacían parte el MOIR, el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda. Fue un destacado senador del Polo desde donde tuvo actuaciones meritorias que todos reconocemos. Pero resolvió salirse del Polo y buscar otras opciones políticas que nosotros respetamos. Ojalá en el futuro pudiéramos encontrar coincidencias para el logro de la paz y de objetivos democráticos para Colombia."

¿Cómo interpreta la posición de Petro, con respecto a la gestión del alcalde Samuel Moreno?

"Más que crítica y analítica como Petro sabe hacerlo, siento que es una actitud impregnada de odio y resentimiento".

¿El desprestigio del alcalde Moreno, borraría del mapa político al Polo Democrático, teniendo en cuenta que la Alcaldía de Bogotá es una pequeña presidencia?

"Los enemigos del Polo Democrático no pueden todavía cantar victoria. El cronograma de terminación de las grandes obras de Bogotá ya fue publicado por Instituto de Desarrollo Urbano. ¿A qué le temen? Este es el año de la concreción de las metas de un Plan de Desarrollo transformador: gratuidad en la educación pública que beneficia a 1.030.000 estudiantes; refrigerio escolar para 750.000 y cobertura gratuita en salud para los niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 y personas con discapacidad severa. Son 500.000 atendidos anualmente, así no tengan POS o ARS.

Un modelo social digno de imitación y, desde luego, de profundización. ¿Será que otro alcalde o gobernador puede mostrar semejantes resultados? La operación de invisibilización y difamación para sacar al Polo de Bogotá continúa pero no se puede tapar el sol con las manos indefinidamente".

Vienen las elecciones

¿Cuál será la estrategia electoral del Polo para octubre?

"La estrategia electoral del Polo es motivo de análisis permanente por parte de los dirigentes en todo el país, con miras a la reunión de la Dirección Nacional del 4 y 5 de febrero. Propondré la necesidad de aprovechar las elecciones de octubre para fortalecer la unidad del partido y los nexos de unidad de acción con todos los sectores democráticos del país. Creo que tendremos que diferenciarnos en las corporaciones públicas y en las alcaldías y gobernaciones de los voceros de la ultraderecha. Nuestros candidatos, conforme a los estatutos partidarios, serán escogidos por consensos mayoritarios de las coordinadoras departamentales, distritales y municipales donde están representados todos los sectores del Partido. De faltar un consenso que reúna al menos al 60 por ciento de los integrantes, las decisiones se adoptarán por consulta popular.

Ello no excluye coaligarnos con las fuerzas que se comprometan con un modelo social de educación gratuita, eliminación del hambre y garantías en salud así como con la defensa de la Carta de Derechos de la Constitución de 1991 - hoy en peligro por la contrarreforma que impulsa el Gobierno Santos- y la promoción de la solución política negociada al conflicto armado, como fundamentos de la construcción de paz con justicia social".

¿Aceptaría alianzas con otras colectividades, aunque sean oficialistas?

"Creo que necesitamos seguir el ejemplo de Bogotá donde torrentes de sectores provenientes de los partidos tradicionales se alinderaron alrededor del Polo, lo que nos condujo a obtener un millón de votos en la capital de la República. Donde no podamos presentar candidatos propios, seguramente los compañeros en cada territorio analizarán la conveniencia de coaligarse con candidatos capaces de defender políticas de profunda raigambre popular. Los lineamientos generales de esa política serán materia de definición por la Dirección Nacional de febrero.

¿Hay una estrategia enfocada en Antioquia?

"Vamos a trabajar para impedir que el uribismo cope todo el espacio político del departamento, como se lo propone el expresidente Álvaro Uribe y no solo en Antioquia. Estoy segura que el Polo Democrático encontrará la fuerza suficiente para abrirle una brecha muy grande al uribismo".

 

Actividad política empieza a moverse

Cali, Colprensa – El País/APIC

Apenas comienza el 2011 y la actividad política, de cara a las elecciones regionales de octubre, ya comenzó a tomar pista.Son muchas las cábalas que comienzan a surgir por estos días, incluso, toman fuerza los vientos de alianzas partidistas y resquebrajamientos de algunas colectividades, por cuenta de diversos factores.

Uno de ellos es, según los analistas, la labor que emprenderá el ex presidente Álvaro Uribe con los talleres democráticos que iniciarán a final de este mes.

Este trabajo ya se está planeando, como lo comentó el ex ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, quien dijo que “lo que hemos acordado es iniciar este mes los talleres democráticos en todo el país. El propósito es hacer una evaluación de temas regionales y motivar la participación de líderes en las próximas elecciones para que puedan comprometerse con los programas básicos e ideas que siempre ha defendido el presidente Uribe”.

Zuluaga, quien tiene la misión de aglutinar las fuerzas uribistas, asegura que esta labor se adelantará con los partidos que siempre acompañaron al ex presidente, principalmente, con el Conservador.

Niega, de antemano, una eventual candidatura de Uribe a cualquier cargo de elección popular, así como la casi nula posibilidad de que en el proceso ingresen sectores liberales y del Polo.

“Él no tiene ninguna aspiración”, aseguró Zuluaga al referirse a la candidatura de Uribe y enfatizó que “el Partido Liberal nunca ha estado con el presidente Uribe, ha sido opositor y el Polo siempre ha estado en la otra orilla, luego -digamos- no están dentro del objetivo de los talleres y las propuestas de avanzar en la búsqueda de los principios de fortalecimiento democrático”.

Otros partidos

Por su parte, el analista Camilo González Posso anotó que “todas las apuestas están en las elecciones y por ello habrá alianzas y recomposiciones” y comentó que “el Polo, entre tanto, tiene una ruptura por la salida de Gustavo Petro, lo que muestra que habrá un reacomodo de la izquierda”.

Con respecto al caso de Gustavo Petro, el ex candidato ya anunció que buscará el reconocimiento legal de su ‘corriente democrática’, la cual, según se advirtió, se buscaría a través de firmas.

Petro aún no anuncia aspiraciones, pero sí tiene claro que el partido que nazca abrirá las puertas para los políticos que se sienten “encarcelados” en sus colectividades y armará cuadros políticos para los comicios.

No se descartan alianzas

El partido Cambio Radical es uno de los que menos se ha movido en materia estratégica de cara a las elecciones. Sin embargo, es el que más adelantado tiene una eventual alianza con el Partido Liberal.

En este sentido, el presidente de la colectividad, representante Germán

Varón Cotrino, dijo que “hasta el momento no hay nada diferente a la identidad ideológica que se tienen entre las colectividades” y enfatizó que “en las actuales condiciones, no se descartan alianzas con los liberales, el Partido Verde, eso es la mecánica de la política”.

Esta eventual alianza no representa “desestabilizar a los conservadores o a la U”, según advirtió el senador Carlos Fernando Motoa, quien sustentó: “El liberalismo y Cambio Radical se vienen identificando hace muchos años en muchos temas”.

Vuelta a Colombia

La expectativa para las elecciones de octubre se enfoca en los resultados que pueda obtener el Partido Verde, en manos de Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón.

Esta colectividad es la más nueva del escenario nacional y los especialistas advierten que luego de los resultados en las elecciones de marzo del 2010, podría haber “sorpresas”.

El codirector de los Verdes, Luis Eduardo Garzón, ha dicho que esta colectividad espera tener, por lo menos, el 20% de los concejales del país y entre “60% y 70% de diputados y jugar con gobernaciones fuertes” en seis departamentos y alcaldías de no menos cuatro ciudades capitales, entre ellas la de Bogotá.

Conservadores no se amilanan

El presidente del Directorio Nacional Conservador (DNC), senador José Darío Salazar, tiene claro que su colectividad es muy fuerte y que “en sus 165 años nunca se ha amilanado frente a un proceso electoral”.

Dijo que “lo que se pretende es aumentar la representación que se tiene en el país y no hay duda que las alianzas se pueden presentar para el caso de los alcaldes y gobernadores”, pero aclaró que “en los cuerpos colegiados no”.

Estas alianzas, según se advirtió, serían principalmente con la U, por lo que no se descarta que en algunas ciudades capitales hayan consultas para escoger candidatos de esos acuerdos.

Partido más organizado

El director del Partido Liberal, Rafael Pardo, tiene un reto personal e institucional: “Que las ideas liberales serán las ideas que gobiernen a Colombia”.

Pardo comentó que su colectividad está “fortalecida y organizada” y trabajan en la consolidación de “los directorios departamentales y municipales”.

Enfatizó que “somos el Partido más organizado en las regiones. Tenemos directorios en todos los departamentos del país y en 632 municipios, y esa estructura tiene que funcionar”.

El ex candidato presidencial dijo que donde quiera que el Partido sea fuerza política debe “tener candidato liberal”, pero advirtió que “donde hay una mayoría relativa, debemos construir coaliciones ganadoras basadas fundamentalmente en lo programático”.

Partido de la U

El presidente del Partido de la U, Juan Lozano, ha insistido en que el ex presidente Álvaro Uribe “vino a ayudar. Ha sido generoso, lo que ha hecho es estimular la cohesión del Partido de la U”.

Recordó que la colectividad va a realizar 32 talleres democráticos con el objetivo de “buscar los mejores candidatos a las alcaldías y gobernaciones”. Esta idea ya es adelantada por el ex mandatario Uribe, quien adelanta reuniones en diferentes partes del país con líderes regionales.

Esta colectividad ya trabaja de la mano del ex ministro Óscar Iván Zuluaga para buscar alianzas con otros partidos, sobre todo en regiones donde no tienen representación, por lo que desde ya se advierte que habrá consultas internas para escoger candidatos.

El Polo está bien

Uno de los partidos que se encuentra en la encrucijada es el Polo Democrático Alternativo (PDA), el cual ya enfrenta el lastre de los escándalos de contratación en Bogotá y la reciente salida de su ex candidato presidencial Gustavo Petro.

La situación del alcalde capitalino, Samuel Moreno, y de su hermano, el senador Iván, ya deja secuelas que, según los analistas, se podrían reflejar en los resultados de las elecciones. Sin embargo, resaltan que habrá zonas, como en Nariño, donde las cosas sí han salido bien.

En este sentido, la presidenta del Polo, Clara López, insistió en que “el partido está bien” y aseguró que ya se preparan para las elecciones con la “conformación de comités en todos los municipios del país, ampliando la presencia partidaria”.

 

¿Uribe vs. Santos?

Al ex presidente le puede resultar su estrategia de crear un bloque político propio en las próximas elecciones regionales. Sin embargo, parece inevitable un choque entre él y el actual Presidente.

En Colombia nunca antes se ha tenido memoria de un Presidente que después de dejar el poder con un prestigio tan alto como Álvaro Uribe a la vuelta de unos cuantos meses haya sido objeto de tanta controversia. Y eso tal vez tiene que ver con que tampoco nunca antes un ex presidente había regresado tan rápido a la arena política como lo ha hecho él.

En el caso de Álvaro Uribe, el título de ex no pegó. En menos de medio año, su Twitter se ha convertido en lo más parecido a una pelea campal: a un periodista lo tildó de mafioso, a otro de parásito y su hijo Tomás vinculó a uno más con el asesinato de Álvaro Gómez. En este corto lapso, Uribe ya anunció dos denuncias penales, una contra el ex senador Rodrigo Lara y otra contra el columnista Daniel Coronell. Y, a su vez, Coronell lo denunció también a él por injuria y calumnia.

Ahora, un nuevo ingrediente seguramente aumentará esa controversia. Con el anuncio de que Uribe va a comenzar a recorrer el país con sus escuderos y de que hará una réplica de los consejos comunitarios -a los que llama 'talleres democráticos'-, el ex presidente promete dar lora para rato. La meta de los talleres, según lo planteó el ex ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, es que del debate que en ellos se dé salgan los nombres de los candidatos que pelearán las alcaldías y gobernaciones por una coalición entre el Partido de la U y el Partido Conservador.

Aunque la ofensiva uribista probablemente no va a ser bien recibida en todos los sectores, no es imposible que funcione. Para comenzar, el ex presidente, a pesar de la controversia, ha logrado mantener su popularidad en niveles parecidos a los que tuvo en el momento de su salida de la Casa de Nariño (superaba el 70 por ciento de favorabilidad, cifra que aún mantiene). Por otra parte, la fórmula patentada por Uribe siempre ha sido ganadora. Hablarle en vivo y en directo a la gente, llamar a cada persona por su nombre, mostrar cercanía y preocupación por los problemas de cada región, en fin, se trata en el fondo de una combinación de micromanagement con micropolítica que hasta ahora nunca le ha fallado. Además, el ritmo va a ser intenso. Como la idea que tienen es hacer 32 talleres de aquí a junio, tendrán que distribuir tres o cuatro por mes, y cada taller se espera que sea de unos tres días. La logística está a cargo de la Fundación Primero Colombia, promovida por José Obdulio Gaviria y que sirvió de plataforma para la candidatura de Uribe en 2002. No se descarta que después de una primera ronda venga una segunda en la que Uribe ya acompañe a los candidatos elegidos.

Pero así como es posible que el ex presidente logre consolidar un bloque de dirigentes regionales que lo respalden, lo que es casi seguro es que esa aventura le generará un distanciamiento con el presidente Santos. Hasta ahora las diferencias entre los dos se han mantenido bajo control, en un relativo ambiente de cordialidad. Pero una jefatura del Partido de la U ejercida por Uribe, que es en el fondo lo que está planteando en la actualidad, es una intromisión menos soportable para Santos, quien como primer mandatario también es de facto el jefe de La U.

Juan Manuel Santos considera que ha hecho todo lo posible por complacer a Uribe. Y eso es verdad, en parte. Lo ha tratado con elegancia y con gratitud. Pero en el terreno ideológico ha hecho todo lo contrario de lo que esperaba Uribe. Si a eso se suman las diferencias políticas que van a tener en las próximas semanas sobre los candidatos a alcaldías y gobernaciones, la cuerda se podría reventar.

La prueba ácida de la relación Santos-Uribe serán las elecciones de octubre: mientras Uribe quiere una coalición de solo dos partidos -La U y el Conservador-, Santos, fiel a su lema de Unidad Nacional, pretende con toda razón tenerlos a todos. No quiere dejar por fuera a partidos como el Liberal y Cambio Radical, que hoy por hoy son sus principales soportes.

Óscar Iván Zuluaga, si bien no descarta la presencia de otros partidos, fue muy claro en marcar los límites ideológicos del empeño de Uribe. A este se refiere como "coalición natural entre La U y conservadores". Y es que, más allá de vanidades o de diferencias ideológicas, lo que está en juego es nada más y nada menos que el poder regional, que es la base del poder político real. En ciertos casos Uribe y Santos podrán coincidir en algún candidato que sea del agrado de ambos. Pero en muchos otros no será así y cada uno tendrá su propio candidato. La antigua coalición uribista -La U y conservadores- tiene más del 35 por ciento de los 1.107 alcaldes, 12.537 concejales y 418 diputados del país, sin contar los elegidos por partidos como el PIN o los que desaparecieron por la parapolítica. Mientras que, del otro lado, el Partido Liberal y Cambio Radical tienen un porcentaje similar, aunque ligeramente menor, de alcaldes, concejales y diputados.

Lo que no está claro es la forma como Uribe podrá incidir en las decisiones de los partidos a la hora de elegir los candidatos. El Partido Conservador, en una resolución que expidió el 23 de diciembre, habla de la disposición de participar con candidatos propios, en lugares donde haya condiciones políticas para hacerlo, o en alianza, donde las condiciones políticas lo aconsejen. Pero la elección de esos candidatos, según sus estatutos, será a través de procesos democráticos internos o de consulta popular. Y lo mismo ocurre en las toldas de La U, según dijo su presidente, Juan Lozano, a SEMANA/APIC:

"La U usará varios mecanismos para escoger sus candidatos. Entre ellos, la consulta, las encuestas y el colegio electoral". Precisó que el directorio nacional es el único que da los avales, y cuando se le preguntó por el papel que desempeñaría Álvaro Uribe, se refirió a él en los siguientes términos: "Es un pilar, fundador y miembro activo del Partido de la U. Un miembro carnetizado".

A estas alturas es evidente que aunque la agenda de Uribe ha sido presentada como de apoyo a Juan Manuel Santos, en la práctica no es así. El bloque uribista lo que pretende no es apoyar las iniciativas del gobierno, sino que Santos tenga que negociar con ellos su programa. Se trataría de una especie de estructura alterna que seguramente incomodaría al actual mandatario.

No está claro cómo se va a resolver la situación. Así como ha tratado de mantener la cordialidad, llega un momento en que se llena la copa y Santos no es manco. Él y Uribe son ambos muy populares, pero si algo ha demostrado la historia de Colombia es que el que tiene el gobierno es el que tiene la sartén por el mango. Seguramente ese poder se va a sentir en las próximas semanas.

 

Reforma Política se aplicaría en las próximas elecciones

Por: Elespectador/APIC

La Plenaria del Senado aprobó en último debate, con 60 votos a favor y 1 en contra, el proyecto de Ley.

El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, se declaró satisfecho con el trámite positivo de esta iniciativa, la cual espera rija para las elecciones de octubre de 2011.

"Este proyecto pasa ya a conciliación y se convertirá en Ley de la República no sin antes ir a control de la Corte Constitucional por ser una Ley Estatutaria. Aspiramos que esta iniciativa rija para los comicios del mes de octubre", indicó el alto funcionario.

El ministro Vargas Lleras explicó que el proyecto establece el régimen sancionatorio para los partidos políticos, el cual va desde multa hasta cancelación de la personería jurídica y/o su disolución.

El proyecto no sólo establece una escala de sanciones aplicables según la falta de que se trate, sino que distingue entre sanciones administrativas aplicables por el Consejo Nacional Electoral y sanciones que afectan el derecho de asociación, como la cancelación de la personería jurídica y la disolución, que corresponde aplicar al Consejo de Estado en única instancia.

Así mismo, señala el sistema para la financiación estatal de las campañas; regula el anticipo y la propaganda a través de los medios de comunicación; crea la Unidad Nacional de Delitos contra los mecanismos de participación democrática, implementa el voto electrónico y la identificación digital de la huella.

 

Inscripción de Fernando Benitez Velez ante el Partido Liberal

Para obtener el aval a la Gobernación de Bolivar

El Candidato a la Gobernación de Bolívar Fernando Benítez Vélez, ¡Con Huella Social! dando cumplimiento a la resolución N° 2592 de la Dirección Nacional Liberal, que promueve candidaturas tempranas  y cumpliendo con el principal requisito  para poder recibir el aval del partido el cual recae en obtener el 70% del apoyo de los miembros del Directorio Departamental y dirigentes locales se inscribe mañana viernes 10 de Diciembre de 2010 a las 9:00 a.m en el Directorio Liberal Departamental, en el edificio Suramericana 3 piso.

Luego dará una rueda de prensa a la cual está Usted cordialmente invitado a las 11:00 a.m en el segundo piso del Restaurante Nautilus del centro histórico de la ciudad, sede política del Candidato a la Gobernación de Bolívar Fernando Benítez Vélez, ¡Con Huella Social!.

 

Gobierno de Santos acudió a inmunidad soberana para Uribe

Por: Elespectador/APIC

Con esta solicitud buscan impedir que el ex presidente declare en el caso de la Drummond.

El Gobierno a través de su embajador en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján, hizo una petición para que se le aplique la inmunidad soberana al ex presidente Álvaro Uribe y así evitar que declare como testigo en el caso de la Drummond por el asesinato de sindicalistas.

Según reveló La F.m, esta inmunidad soberana es una doctrina que evita la persecución por actos cometidos durante su Gobierno y por ende lo exime de ir a declarar ante una Corte de Estados Unidos.

A su turno, el abogado de las víctimas, Terry Colingsworth, en diálogo con La F.m. aseguró que la carta de solicitud de inmunidad fue envidada por el embajador Silva. Sin embargo, señaló que en su criterio esta inmunidad no será concedida porque esta solo se otorga a mandatarios en ejercicio.

"Este es un paso preliminar de parte de Uribe, solo por haberla pedido no significa que se la hayan concedido. Primero tendrá que verse si el Departamento de Estado le da su beneplácito y segundo si el sistema legal de Estados Unidos debe determinar si según las leyes él tiene derecho o no a recibir la inmunidad", indicó el abogado Terry Colingsworth.

Finalmente, indicó el jurista que esta semana llevará los documentos que certifican que el ex presidente Uribe no asistió a la diligencia a la que estaba citado.

"Vamos a pedir un desacato con el ex presidente Uribe y así fijar una nueva fecha", indicó el abogado Terry Colingsworth.

La F.m. tuvo acceso a la carta enviada por el embajador Gabriel Silva el pasado 12 de noviembre al abogado Gregory Craig, representante del ex presidente Uribe en este proceso y en la que señala que:

"El Gobierno de la República de Colombia ha decidido retener y afirmar todas las inmunidades aplicables al presidente Uribe y específicamente pide que le den una inmunidad como cabeza de Estado. Además, se le pide al Departamento de Estado que ayude en la preparación para enviar una sugestión de humanidad que se puede llevar a la corte distrital de acuerdo a la ley 28 U.S.C 517 y que tome todos los pasos necesarios para que esta citación judicial se acabe".

 

Demandan pérdida de investidura de senador Armando Bennedetti

Por: Elespectador/APIC

Los accionantes buscan que inhabilite para aspirar a cargos de elección popular de por vida.

Ante el Consejo de Estado fue demandada la pérdida de investidura del senador Armando Beneddetti por presuntas irregularidades en su paso hacia la Comisión Primera Constitucional y su posterior retorno a la Comisión Segunda.

La Red de Veedurías, a través de su vocero Pablo Bustos, indicó que el cambio inicial de Comisión por parte del actual Presidente del Congreso se dio en una sesión  plenaria de la cual Bennedetti debió apartarse y no sólo no lo hizo sino que la presidió y ejerció en ella el votó.

El dirigente, dice, debió declararse impedido para hacer parte de esa sesión, lo que dejaba en manos de la plenaria del Senado si se avalaba o no la participación del congresista  de La U en la seisón.

Bustos indicó que de esa actuación se derivó la primera de las violaciones al régimen de incompatibilidades e inhabilidades por parte del parlamentario.

Posteriormente, precisó, Benedetti retornó a la Comisión Segunda sin siquiera contar con el visto bueno del plenario que, según Pablo Bustos, era el único competente para autorizar esta actuación.

De ser aceptados los argumentos expuestos por el accionante, Armando Bennedetti será sancionado con inhabilidad para la ocupación de cargos de elección popular de manera vitalicia, lo que se denomina como ‘la muerte política’.

 

"Siento un dolor inmenso por lo que está sucediendo"

Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador/APIC

La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, María del Rosario González, analiza caso del asilo concedido a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado.

Dice que la comunidad internacional debe revisar el sustento con que se justificó el asilo. Habla del impedimento que la sacó a ella y a sus colegas del juicio al ex ministro Pretelt  y contesta sobre la presunta politización general de la justicia.

Cecilia Orozco Tascón.-  El ex presidente Uribe y sus más cercanos colaboradores sostienen que no hay garantías en el país para juzgar a los ex funcionarios de su gobierno. El hecho de que Panamá le haya concedido asilo a la ex directora del Das ¿Para usted, eso significa que el gobierno Martinelli cree que Uribe tiene razón?

Magistrada María del Rosario González.- No me corresponde hacer interpretaciones sobre decisiones autónomas de los Estados soberanos pero como presidenta de la Sala Penal, enfáticamente le contesto que lo que se afirma sobre una supuesta politización de la Corte no es cierto. Nos ha tocado enfrentar investigaciones que afectan a personas del mundo político y esa ha sido la razón para confundir la actividad constitucional de la corporación, con otras. Lo que hemos hecho es investigar cuando y como debíamos hacerlo.  Si se señala a unos miembros de la Corte de un asunto tan grave como es el de desviar la administración correcta de justicia por razones políticas, debería hacerse con nombres, apellidos y casos concretos. Yo no he oído que se asegure de un determinado magistrado, que tomó una decisión contraria a derecho por motivaciones ajenas a las propias del proceso.

C.O.T.- En el escenario jurídico internacional que siempre ha apoyado a este tribunal ¿Qué tan grave es que una persona cuya investigación iba a llegar algún día a ustedes, se refugie en otro país y se le acoja por presunta persecución política de la justicia colombiana?

M.R.G.- La comunidad internacional debe evaluar lo que está sucediendo en Colombia. Ese asilo va a influir de manera determinante en las investigaciones que se adelantan por lo que se ha denominado las ‘chuzadas’ del DAS ¿Cómo influirá? Las víctimas, y entre ellas los magistrados de la Corte, tal vez nos quedaremos sin conocer el fondo de lo que pasó.  Pero más allá de nuestro propio sentir, se encuentra el problema de la estabilidad de relaciones entre las naciones. Llamo la atención de la comunidad internacional para que examine las razones que tuvo el Presidente de Panamá para otorgarle protección política a la señora Hurtado, y para que analice si esa decisión corresponde a la esencia de la figura del asilo que pactaron los Estados.

C.O.T.- De todas maneras, el efecto político está creado ¿El prestigio internacional de la Corte quedará menguado después de concedido el asilo a Hurtado?

M.R.G.- No lo creo. La comunidad internacional observará que una cosa es el asilo político que, como su nombre lo indica, se concede por motivaciones políticas, y otra cosa bien diferente es el de las medidas cautelares otorgadas por un órgano supranacional de justicia como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El asilo político es decisión de un gobierno. El de las medidas cautelares, de un tribunal  de derechos. El uno está en el campo de la política, el otro, en el de la justicia. Conociendo todo esto, la comunidad de naciones sabrá cómo analizar la situación.

C.O.T.- Precisamente usted tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Lo mismo sucede con otros magistrados ¿Se siente afectada personalmente por el asilo concedido a quien supuestamente ordenó los seguimientos ilegales a ustedes?

M.R.G.- Varios magistrados y ex magistrados tenemos medidas cautelares y hay otras peticiones en trámite. Eso quiere decir que, contrario a lo que usted sugiere, la comunidad internacional ha visto las pruebas y creyó que nosotros corremos riesgos por nuestra actividad como jueces. Desde el punto de vista humano y personal de María del Rosario González, siento un dolor inmenso por lo que está sucediendo. Pero me sobrepongo porque tengo una investidura de juez que debo respetar y que me compele a cumplir todos los días, sin pausa y sin descanso, mis obligaciones.

C.O.T.- las declaraciones del presidente encargado de la Corte en contra del asilo político a María del Pilar Hurtado, se tomaron como demostración reina de que la ex funcionaria no tiene garantías de juicio imparcial ¿Qué opina al respecto?

M.R.G.- El doctor Arrubla no concurre a la Sala Penal porque es un magistrado de la Sala Civil. Entonces no tiene incidencia en ningún caso, en cualquier proceso que se le pudiera adelantar a María del Pilar Hurtado si esto llegara a suceder. Además, creo que el presidente (e) de la Corte fue malinterpretado.

C.O.T.- Lo cierto es que de un momento para otro ustedes pasaron de ser víctimas a ser victimarios. Este cambio de roles ¿Cómo será asumido por la Sala Penal cuya actividad siempre ha estado en el eje de la polémica?

M.R.G.- Es muy extraño que se diga que la Corte es victimaria cuando ni siquiera tiene el proceso de la señora María del Pilar Hurtado que se encuentra todavía en la Fiscalía. Y tenga en cuenta que, muy seguramente, si ese proceso llegara a la Corte, los magistrados tendríamos que estudiar una decisión con respecto a nuestra competencia y posible impedimento, así como la tomamos en el caso del señor Pretelt.

C.O.T.- Las críticas a la Corte no son de ahora. Hace un par de años que se habla de los sesgos ideológicos de la corporación. La prueba estaría en las decenas de investigaciones y condenas de la parapolítica y la casi nula actividad en el caso de la farcpolítica ¿Qué responde a este cuestionamiento?

M.R.G.- Como presidenta de la Sala Penal estoy en la obligación de ser fiel a la realidad: tengo la seguridad de que los 8 magistrados que la componemos en este momento, somos ajenos al devenir político sin que eso quiera decir que no nos enteramos de lo que está sucediendo en el país. Cumplimos estrictamente con la labor de los jueces y administradores de justicia y nadie puede sostener, después de estudiar las sentencias que hemos emitido, que los fallos no tienen todo el fundamento jurídico de cada caso. Otra cosa es que los comentaristas ejerzan su libre derecho a opinar lo que deseen.

C.O.T.-  ¿Por qué hay tantos procesados por la parapolítica y ninguno por la farcpolítica?

M.R.G.- Porque ha habido abundancia de pruebas en los casos de la parapolítica y no ha sucedido lo mismo con la farcpolítica. Hacemos reuniones periódicas con los magistrados que llevan los procesos de este último fenómeno y si no se ha avanzado es porque no se han hallado las pruebas. El país debe tener la absoluta certeza de que ni la Sala Penal ni la Corte actúan de manera parcializada, para favorecer a un sector que se encuentre en la contienda nacional.

C.O.T.- La Sala Penal se declaró impedida, la semana pasada, para juzgar a Sabas Pretelt de la Vega por el tema de la yidispolítica ¿Cuál es el fundamento jurídico de tal decisión?

M.R.G.-  La Sala Penal firmó esa declaración en el  proceso contra el ex ministro Pretelt de la Vega porque la ley ordena que los funcionarios se declaren impedidos cuando hayan emitido opiniones sobre el asunto materia del proceso. Tuvimos en consideración que en varios casos, principalmente en el de Yidis Medina y  Teodolindo Avendaño, hicimos algunas referencias al ex ministro y por eso debíamos guardar los principios de imparcialidad y transparencia de la justicia aunque no hubiéramos estudiado de fondo su situación.

C.O.T.- Cuando la Sala Penal dictó la sentencia de Yidis Medina, decidió compulsar copias a la Fiscalía para que investigara al ex ministro ¿Significa que ustedes ya tienen un concepto previo sobre la conducta de Pretelt?

M.R.G.- Cuando uno hace una consideración dentro de un proceso, está ligado a lo que dice: a sus palabras y a sus conclusiones. Si la Sala Penal mandó una petición para que el señor Pretelt fuera investigado, obviamente había un concepto que podía interpretarse como una decisión en su contra. Repito: era conveniente para la correcta administración de justicia que se declarara el impedimento.

C.O.T.- Días antes, Pretelt había dicho en entrevistas de radio que no creía que la Corte pudiera garantizar imparcialidad en su caso ¿Esa declaración influyó en la decisión de impedimento de parte de ustedes?

M.R.G.- De ninguna manera. Es una simple coincidencia. La declaración de impedimento se produjo cuando llegó el proceso a la Corte. Las declaraciones del ex ministro no influyeron en la posición que asumimos.

C.O.T.- Aunque lo ha negado, el ex ministro podría llega a ser beneficiario de asilo político en algún país ¿Qué pasaría con el juicio que tiene pendiente en Colombia en caso de que eso pasara?

M.R.G.- Los conjueces que asuman el proceso, decidirán qué hacer en el caso concreto del doctor Pretelt. Pero en términos generales, cuando una persona no está presente por decisión voluntaria o involuntaria, la ley procesal prevé el derecho de defensa. Se le nombra un abogado de oficio para que lo asista en el proceso y el juicio continúa.

C.O.T.-  Con la nueva terna ¿Será posible elegir Fiscal General?

M.R.G.- Aspiro a que logremos, en la Corte, superar todos los problemas. Es lo único que le puedo decir porque la decisión corresponde a la sala plena.

C.O.T.-  En su oficina vi muchas imágenes religiosas ¿Usted confía más en la justicia divina que en la humana?

M.R.G.- Aquí en la tierra hay que confiar en la justicia humana.

C.O.T.- Pero por lo que veo, usted confía más en la de Dios a pesar de que no lo confiese en voz alta.

M.R.G.- Soy creyente y una católica convencida pero la labor de hacer justicia pertenece a la tierra y la separo totalmente de mis creencias.

¿Asilo en masa?

El asilo territorial concedido a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado por Panamá, parece ser solo el inicio de una estrategia ideada por el  ex presidente Uribe y sus asesores cercanos quienes han venido entregando declaraciones sobre la presunta politización de la justicia colombiana, el argumento con que Panamá decidió proteger a Hurtado. En efecto, se ha rumorado en los círculos políticos y periodísticos que varios ex funcionarios del gobierno anterior que tienen líos con la justicia, estarían preparando su camino hacia el exilio antes de tener que enfrentar juicios y probables encarcelamientos por la comisión de delitos como concierto para delinquir, cohecho, falsedad en documento público, extralimitación de funciones etc. Entre ellos se han mencionado, además de Hurtado, al ex ministro del Interior Sabas Pretelt, que aunque negó que estuviera buscando refugio en otro país, fue desmentido por Costa Rica que reveló que Pretelt le había solicitado el asilo y que se lo negó. Las versiones sobre fuga hacia el exterior cobijan también ex ministro Diego Palacio, que intentaría blindarse aprovechando la nacionalidad española de su esposa. Y por último, se relaciona a Bernardo Moreno y a José Obdulio Gaviria como otros que habrían estado tramitando su salida de Colombia.

La dama “de hierro” de la Sala Penal

María del Rosario González de Lemos es la actual presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, precisamente la sección de ese alto tribunal que se encuentra en el ojo del huracán, pues son las decisiones sobre preclusiones o condenas de miembros de la clase política y ex funcionarios de gobierno, las que han provocado una enorme crispación entre las ramas del poder. González es la única mujer de la Sala y se le conoce internamente como una dama “de hierro” por su verticalidad y la firmeza de sus conceptos jurídicos. Nació en Palmira (Valle del Cauca); es abogada de la Universidad del Cauca e hizo especializaciones en Derechos Humanos, en Derecho Penal y en Derecho Constitucional, además de una maestría en Criminología, en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Fue juez Promiscuo Municipal, juez de Instrucción Criminal y juez del Circuito. Más tarde ascendió a magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Cauca, del Tribunal de Cali y posteriormente, del de Bogotá. Fue elegida para la Corte Suprema en junio de 2007 lo que significa que le quedan casi cinco años para cumplir su periodo. Es una defensora radical de la independencia judicial y por eso se especula que nunca se sintió satisfecha con los candidatos de las ternas presentadas por el ex presidente Uribe para Fiscal General.

 

¿Quién asumirá la voz de Piedad Córdoba?

Las luchas políticas de la destituida senadora representaron la corriente de izquierda del Partido Liberal. Ahora serán asumidas por el Polo Democrático, el partido que con el que ha tenido mayores coherencias.

Aunque el Partido Liberal reconoce en Piedad Córdoba a una “batalladora defensora de los Derechos Humanos”, tal como lo señala el vocero del partido en el Senado, Álvaro Ashton, las banderas de la destituida congresista, probablemente, cambien de color.

La curul que venía ocupando Córdoba en el Congreso será suplida por el bolivarense Lidio García, pero el Partido Liberal no tendrá entre su nómina alguien que lidere las causas de la dirigente antioqueña.

Aunque los liberales han liderado temas humanitarios como la reparación a las víctimas, con los congresistas Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, por ejemplo, causas como los derechos de los trabajadores, de la mujer, el acuerdo humanitario y la reivindicación de la llamada comunidad LGBT, entre otras no tendrán el liderazgo que venía ejerciendo Piedad durante dos décadas.

Es más, algunas posturas de la antioqueña no sólo fueron polémicas dentro del partido, sino que en algunos casos fueron incómodas. La más reciente controversia interna estuvo marcada por las declaraciones de la hoy destituida senadora en el parlamento europeo, donde afirmó que Colombia se había convertido en una fosa común, y que motivó un rechazo del propio jefe de la colectividad, Rafael Pardo.

Por eso, quienes asumieron como propias las banderas que dejará en el escenario público Piedad fue el partido Polo Democrático. Algunos de sus actuales dirigentes no solo acompañaron a la congresista liberal en sus principales causas, sino que asumieron recoger el testimonio, tan pronto se conoció la decisión de la Procuraduría de ratificar la suspensión de la congresista y la inhabilitó por 18 años.

Senadores como Alexander López y Gloria Inés Ramírez, y representantes como Iván Cepeda hacen parte del grupo ‘Colombianos y colombianas por la paz’. Una iniciativa civil que Piedad Córdoba instaló con el propósito de avanzar en mecanismos de reconciliación, y sobre todo, en la liberación de todos los secuestrados.

El Polo Democrático fue quizás el sector político que rechazó con mayor vehemencia el fallo disciplinario que afectó a Piedad. Las voces que reaccionaron coincidieron en descalificar la decisión, al argumentar que el Procurador General “no se ajustó al Derecho y a la justicia, y fue parcializado en su decisión”, tal como lo sostiene el representante Iván Cepeda.

Unas afirmaciones que contrastaron con el respetuoso respaldo con que el Partido Liberal rodeó a Piedad Córdoba. Cuando se conoció la decisión de primera instancia, el Liberalismo emitió un comunicado en el que, primero, lamentó la decisión del Procurador, pero afirmó el respeto por las determinaciones de los organismos de control.

“La lucha de Piedad es nuestra causa”

Aunque los liberales reconocieron el papel que desempeñó Piedad Córdoba, fueron los del Polo quienes expresaron abiertamente seguir trabajando por las llamadas “luchas de Piedad”.

El senador Alexander López Maya, quien hace un par de años trabajó junto a Piedad en la defensa de las reivindicaciones laborales de los corteros de caña en el Valle del Cauca, reconoció en la congresista un “juicioso empeño” en la búsqueda de la paz y el respeto de los derechos sociales. Pero afirmó que “su lucha, es nuestra lucha y la seguiremos”.

La senadora Gloria Inés Ramírez fue la socia de Piedad Córdoba cuando ambas compartieron curul en la Comisión Séptima del Senado. No duda en calificar la sanción disciplinaria como el “ensañamiento de la Procuraduría contra Piedad” y calificó la destitución de 18 años como “el escarnio a quienes estamos a favor de la salida negociada del conflicto”, según lo sostuvo en el escenario de la plenaria del Senado.

Ramírez dijo que el trabajo de Piedad Córdoba en ‘Colombianos y colombianas por la paz’ ha sido reconocido por varios sectores democráticos, pero que “fuerzas reaccionarias y guerreristas han levantado campañas intimidantes para sacarla del escenario político”.

La congresista del Polo también afirmó que pelearán en el Congreso por las causas que lideró Piedad Córdoba, aunque tras la destitución cuestionó las garantías de quienes abogan, entre otras, por el acuerdo humanitario o la salida negociada del conflicto.

En el Congreso, por iniciativas parlamentarias, hay otros escenarios donde Piedad se venía desempeñando. Por ejemplo la comisión de Paz y la comisión accidental por el del Acuerdo humanitario, recientemente instalada por el presidente del Senado.

El senador Armando Benedetti, que hace parte de esta comisión, dice que sí hay garantías para el trabajo en busca del acuerdo humanitario, aunque aseguró que cualquier movimiento debe estar ajustado a las normas.

Las 'luchas' de Piedad

Desde 1990, cuando obtuvo su primer cargo de elección popular, en la asamblea de Antioquia, Piedad Córdoba ha orientado su ejercicio público a la protección y promoción de los derechos de los grupos sociales vulnerables, en especial de las mujeres, de los grupos étnicos (afrodescendientes e indígenas), de las minorías políticas y de los grupos sociales discriminados por su orientación sexual.

En el Congreso, donde llegó en 1994 como Representante a la Cámara, sus principales causas han sido la reivindicación de los derechos laborales, la equidad de la mujer, el reconocimiento de derechos patrimoniales a parejas del mismo sexo y la paz.

Fue autora, entre otras, de leyes como la del IVA social (partida por valor de 60 mil millones de pesos para seguridad social de las Madres Comunitarias). Creación de la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres (Ley 188 de 1995). La ley de prevención de violencia intrafamiliar (Ley 294 de 1996). La ley que aumenta las penas para los delitos sexuales (Ley 360 de 1997).

También la que regula el recaudo del impuesto de oro y platino para inversión en educación y salud en municipios (Ley 366 de 1997). La que reconoce cinco curules en la Cámara de Representantes para los grupos étnicos, minorías políticas y colombianos residentes en el exterior (Ley 649 de 2001). La que establece igualdad de oportunidades para la mujer (Ley 823 de 2003). Y la de protección de la vivienda familiar como patrimonio inembargable (Ley 854 de 2003).

 

Curul de Piedad Córdoba podrá ser reemplazada

 La senadora liberal deberá abandonar sus funciones legislativas, pues los recursos que pueda interponer pasan a la jurisdicción contenciosa.

A Piedad Córdoba sólo le queda el camino de interponer recursos ante el Consejo de Estado con el propósito de salvar su carrera política. 

Este miércoles, la Procuraduría dejó en firme su destitución por 18 años y la congresista se verá obligada a abandonar sus funciones legislativas. 

Eso se producirá tan pronto la Procuraduría notifique oficialmente su decisión que responde al recurso de reposición a la sanción que el pasado mes de septiembre le impuso el propio procurador general Alejandro Ordóñez. 

Los procesos en el contencioso administrativo suelen tardarse varios años. Y el sólo trámite de este recurso no implica la suspensión de la medida, según explicaron varios parlamentarios expertos en la letra menuda de la Constitución.

Si el propósito de Piedad Córdoba es mantener su curul en el Congreso, probablemente no le funcione. Este recurso sólo le significaría suspender la inhabilidad que por 18 años le puso el máximo ente disciplinario, que para muchos se ha traducido en su “muerte política”. 

Tan pronto la Procuraduría notifique la decisión al Congreso de la República, la mesa directiva tomará las decisiones que se desprenden del fallo disciplinario. La suspensión de las funciones legislativas de Piedad Córdoba las podrá suplir el Partido Liberal, pues según el presidente del Congreso, Armando Benedetti, en este caso no se aplicará la figura de la ‘silla vacía’, la cual fue estrenada tras la captura de Javier Cáceres. 

Según Benedetti, y a la luz del artículo 134 de la Constitución, la Reforma Política de 2009 estableció que ningún partido político podrá reemplazar a un congresista investigado por delitos de promoción de grupos ilegales, narcotráfico o delitos de lesa humanidad. 

Pero el presidente del Congreso explicó que esto sólo aplica a procesos penales y no a disciplinarios. 

En consecuencia, la curul de Piedad Córdoba será ocupada por Lidio García, quien en las pasadas elecciones legislativas ocupó el décimo octavo lugar en las elecciones parlamentarias dentro de la lista liberal. García, del departamento de Bolívar, fue vicepresidente de la Cámara de Representantes en el pasado periodo legislativo.

La ratificación de la sanción disciplinaria contra Piedad Córdoba no tomó por sorpresa al congreso de la República. El vocero del Partido Liberal en el Senado, Álvaro Ashton, calificó la noticia como “la crónica de una decisión anunciada”.

El vocero liberal dijo que su partido respeta la decisión de los organismos de control, pero que también respalda a la senadora Córdoba en su defensa jurídica y pidió respeto al debido proceso en las instancias que la ley le faculta a la senadora liberal.

El representante Iván Cepeda, vocero del Polo en la Cámara de Representantes, sí controvirtió el fallo disciplinario y aseguró que la Procuraduría no se ajustó ni al Derecho ni a la justicia para vincular a Piedad Córdoba con las Farc.

Juan Lozano, presidente del Partido de La U, sólo reiteró que su partido acata y respeta las decisiones judiciales.

 

Controversia por restructuración del DAS

El Gobierno está a punto de recibir del Congreso plenas facultades para reestructurar la administración del Estado. El DAS, tal como está concebido hoy, perderá sus funciones de policía judicial, migración y seguridad.

Un sólo debate le resta al Gobierno para tener plenas facultades para reestructurar la administración del Estado. Además de la creación de tres nuevos ministerios (Justicia, Trabajo y Vivienda), el Ejecutivo tendrá plenas herramientas para modificar el DAS. 

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, le explicó a la Comisión Primera del Senado que el DAS, como departamento de inteligencia, “no será eliminado”. Pero sí será objeto de una “profunda reestructuración”. 

El DAS, tal como se conoce en la actualidad, será un organismo civil, adscrito a la Presidencia de la República, pero sólo se concentrará en funciones de inteligencia estratégica. 

En consecuencia, las funciones de control migratorio serán nueva competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que deberá crear una unidad específica para el cumplimiento de esta tarea. 

Las funciones de Policía judicial que venían siendo desempeñadas por el DAS serán concentradas en el CTI de la Fiscalía y en la Dijin de la Policía. Mientras que la función de seguridad de funcionarios, y otras personas que requieran escoltas, será competencia del Ministerio del Interior. 

Así quedó establecido al aprobarse, en tercer debate, el proyecto que faculta al Presidente de la República a la escisión de ministerios y la reestructuración de departamentos administrativos. 

Este proyecto fue aprobado por una amplia mayoría, pues los 14 parlamentarios que participaron de la votación lo respaldaron afirmativamente. 

Sin embargo, aunque hubo pleno consenso en la creación de los ministerios, la controversia se concentró en la reestructuración del DAS. 

El Polo Democrático, partido de oposición al Gobierno, sostuvo la tesis que la reestructuración del DAS podría obstaculizar las investigaciones judiciales que por el escándalo de las chuzadas viene adelantando la Fiscalía y la Procuraduría.

El Gobierno aclaró que la reestructuración no tiene como objetivo “encubrir a nadie”. 

Vargas Lleras reveló que todo el material probatorio sobre las irregularidades en el DAS “ya no es reservado” y está en manos de los organismos investigadores. Sin embargo admitió, como ha sido de conocimiento público, que una parte de estos archivos fueron destruidos en el propio DAS y que será la Fiscalía la que determine los responsables en esta obstrucción de la justicia. 

La otra controversia que rodeó el debate de la reestructuración del DAS se concentró en la suerte de los cerca de seis mil funcionarios adscritos a esta entidad, una preocupación que fue objeto de discusión en todos los partidos políticos y que aún no está plenamente satisfecha. 

El Ministro del Interior dijo que la restructuración del DAS no será sinónimo de “masacre laboral”, como muchos sectores lo han planteado. 

Según Vargas Lleras las entidades que cumplirán con las funciones que actualmente eran de competencia del DAS reintegrarán en sus nóminas a quienes venían desempeñando esa labor en el departamento de inteligencia. 

Por ejemplo, los cuerpos de policía judicial del CTI y la Dijin reintegrarán agentes de policía judicial que se venían desempeñando en el DAS. Lo mismo sucedería en la Cancillería, que absorbería en las funciones migratorias a los empleados del departamento de inteligencia. 

Las inquietudes que plantearon los congresistas es que, por ejemplo, los funcionarios acceden a la Fiscalía mediante mecanismos de concursos y carrera administrativa, una observación que el Gobierno aún no ha aclarado definitivamente. 

Al margen de esta decisión, lo claro es que el Presidente de la República en menos de un mes tendrá las facultades necesarias para revivir tres ministerios que habían sido fusionados en la administración del ex presidente Uribe.

 

Senado aplica silla vacía a la curul de Javier Cáceres

 Política Su suspensión puede ser temporal. Si la Corte establece que no hay motivos para condenar a Cáceres, este podría recuperar su curul.

Un año después de aprobada la reforma política, que estableció, entre otras sanciones, la silla vacía para quienes sean judicializados por promoción de grupos al margen de la ley, la plenaria del Senado suspendió de sus funciones al senador Javier Cáceres Leal y estableció que su partido, Cambio Radical, no podrá reemplazarlo.

Así lo decidió la plenaria luego de aprobar con 65 votos el informe de la Comisión de Ética del Senado, que se sustentó en un concepto de la Corte Suprema de Justicia, en el que señala que la investigación contra Cáceres se inicio al momento de su orden de captura, es decir el 14 de septiembre del presente año. La reforma política establecía que la figura de la silla vacía se aplicaría para investigaciones posteriores a su aprobación, en junio de 2009.

De esta manera no sólo se estrena esta sanción sino que Cambio Radical perderá una curul. En consecuencia tendrá siete senadores. El quórum del Senado también se reduce y ahora será de 101 parlamentarios. 

Javier Cáceres fue detenido el pasado mes de septiembre por orden de la Corte Suprema de Justicia al señalar evidencias de sus presuntos nexos con el bloque de las AUC Héroes de los Montes de María.

En este momento, el senador está detenido y su suspensión del Congreso puede ser temporal. Si la Corte al término de un juicio establece que no hay motivos para condenarlo, podría recuperar su condición de congresista y reincorporarse en su curul.

 

Rodrigo Lara no aceptará, independiente de decisión de la Corte, curul de Javier Cáceres

El ex zar anticorrupción asegura que sólo está detrás de la curul que le "robaron" en el Consejo Nacional Electoral.

El ex senador Rodrigo Lara Restrepo aseguró que no le interesa asumir la curul del detenido jefe político de Cartagena, Javier Cáceres Leal.

Tras la aprensión de este último, [0] el Senado le pidió a la Corte Suprema de Justicia informar sobre la vinculación formal del Legislador al proceso penal por parapolítica; esto para definir si aplica la figura de la ‘silla vacía [0]' o permite el ingreso del siguiente en la lista de Cambio Radical. Según Lara (que para tal efecto es quien sigue [0]), independiente de dicho concepto él no tomará ese escaño en el Parlamento.

El ex zar anticorrupción aclaró que "yo sólo acepto entrar al Senado cuando el Consejo de Estado me devuelva la curul que me robaron en el Consejo Nacional Electoral".

‘Palabras más, palabras menos', Lara está empeñado en quitarle su curul por la vía legal al senador Carlos Fernando Motoa, quien según la Organización Electoral, lo venció por 13 votos.

"Cuando el Consejo de Estado me devuelva la curul que me quitaron con 13 votos que aparecieron en la Costa cuatro meses después de la elección" asumirá uno de los 1023 puesto en el Congreso.

"Son 13 votos en el municipio de Carmen de Bolívar, que aparecieron una semana antes del 20 de julio", insistió Lara Restrepo.

 

¿Uribismo contra Santos?

Mientras los liberales se sienten cada vez más cómodos en la Unidad Nacional, la U y los más cercanos colaboradores de Uribe están inquietos.

La paz política que se había generado desde la posesión del presidente Juan Manuel Santos está alterada. En los últimos días salieron a flote diferencias entre el presidente del Congreso, Armando Benedetti, y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, por quejas del primero sobre la lentitud del gobierno para presentar los proyectos de ley al Congreso. Entre los partidos Liberal y Conservador hubo diferencias sobre las leyes de tierras y de víctimas, y sobre en cuál de ellas debe incluirse el capítulo de restitución de los predios de los que se apropió el paramilitarismo. El senador Juan Lozano, jefe de la U, sorprendió a más de uno con una declaración, que nadie le pidió y pocos le entendieron, en el sentido de que su partido apoyaría sin reservas al ex presidente Álvaro Uribe.

En cuestión de días, la tranquilidad que había producido la convocatoria a la Unidad Nacional le dio paso a un nerviosismo generalizado en el mundo político. ¿Qué hay detrás? En un extremo se asegura que no ha pasado nada, que cada miembro de la coalición de gobierno está luchando por consolidar su espacio, y que el trabajo de un Congreso congestionado por una agenda ambiciosa no podría ser de otra forma. En la otra orilla hay interpretaciones fatalistas que ya avizoran el fin de la luna de miel del nuevo gobierno o que consideran que en la Unidad Nacional no hay cama para tanta gente. Es decir, que la U, Cambio Radical, los conservadores y los liberales -y el Pin en su ambigua posición- no pueden convivir juntos.

Las tensiones han tenido orígenes muy diversos, pero la que más llama la atención tiene que ver con el malestar que reina en la U, el partido que eligió al Presidente con una votación histórica y con una bancada parlamentaria ampliamente mayoritaria. La U es la columna vertebral de la coalición de gobierno y en principio cuenta con todas las condiciones para jugar un papel protagónico y para consolidarse con gran fuerza. Se supone que está en su cuarto de hora. Sin embargo, hay varias razones por las que la U no se siente totalmente cómoda en el actual escenario político. Sus miembros sienten celos por lo que consideran un manejo generoso del Presidente y de su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, con los otros miembros de la coalición, en especial con el Partido Liberal.

Los resquemores tienen una dimensión ideológica y otra política. Dentro de la primera, hay congresistas de la U que no entienden que el gobierno haya sido tan abierto a los argumentos del Partido Liberal en temas como el proyecto de víctimas, en el que la administración Santos rectificó aspectos fundamentales en los que nunca cedió el gobierno de Álvaro Uribe: la reparación a todas las víctimas, incluidas las de agentes del Estado, la aceptación de una cuantiosa carga presupuestal y su separación de la ley de tierras. Esta última, además, fue inspirada en la propuesta que preparó Santiago Tobón, coordinador programático de la campaña presidencial de Rafael Pardo.

En el plano político, la U considera que su representación en el gabinete no es satisfactoria y que está en desventaja frente al Partido Conservador. Aunque la opinión pública recibió muy bien los nombramientos del presidente Santos porque hicieron énfasis en las calidades profesionales y no en la milimetría partidista, el análisis tradicional -que todavía se hace en los pasillos del Congreso- arroja la conclusión de que los azules cuentan en el gabinete con pesos pesados de la talla de Juan Carlos Echeverry, Juan Camilo Restrepo, Hernando José Gómez y María Fernanda Campo, mientras que la U tuvo que contentarse con el nombramiento de Sergio Díaz Granados en Comercio Exterior, un colaborador cercano a Santos durante muchos años.

Otro motivo de escozor ha surgido por la presencia del Partido Liberal en el gobierno. Aunque los rojos no tienen un solo cargo de importancia, es evidente que sus jefes están felices en la coalición y que ya sienten la diferencia entre los 12 años de desierto que sufrieron durante las administraciones de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, y el mes que llevan con Santos. Según lasillavacía.com, Santos está gobernando con sus ideas. Y es indudable que el nuevo gobierno tiene un talante más cercano a la tradición liberal, que los de sus dos antecesores.

Lo cierto es que si vuelve a leer la polémica carta con la que el ex presidente César Gaviria anunció su criticado apoyo a Santos antes de la segunda vuelta electoral, todos los puntos que planteó en ese momento se están cumpliendo. El nuevo gobierno se ha acercado a posiciones que el liberalismo defendió durante la campaña contra Santos y durante la oposición a Uribe: el proyecto de reparación a las víctimas, el trato respetuoso a la oposición, un discurso favorable a la Constitución de 1991, las aproximaciones a la Corte Suprema de Justicia, el giro en la política exterior.

Pero si a Rafael Pardo, el jefe único del partido rojo, y sus colaboradores más cercanos -como el senador Juan Fernando Cristo, su ex jefe de debate en la campaña- se les ve muy sonrientes y muy activos, en el otro lado de la moneda al uribismo purasangre se le ve muy aburrido. "Santos ganó con los votos de Uribe, y les da los privilegios a los liberales y a Cambio Radical. Llevamos ocho años quemándonos las pestañas con Uribe para que ahora Vargas Lleras sea el hombre del momento", le dijo a SEMANA/APIC un reconocido senador uribista que pidió que no se revelara su nombre.

Lo cierto es que el ex presidente Uribe está inquieto, aunque, por el momento, ha optado por una actitud prudente en el escenario público: no ha dicho nada y ha negado decenas de solicitudes de entrevistas de todos los medios. Sin embargo, tiene línea telefónica y chat de BlackBerry activados con ex colaboradores claves como el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera -el único funcionario que sigue hablando de "seguridad democrática" -; el ex minagricultura Andrés Felipe Arias, quien influye sobre la bancada conservadora en la Cámara de Representantes; el nuevo embajador en Caracas, José Fernando Bautista, quien hace dos semanas visitó a Uribe en compañía de la nueva contralora, Sandra Morelli; y los congresistas Roy Barreras y Juan Lozano. A ellos les ha expresado su preocupación por la posibilidad de que "la obra" de gobierno esté en peligro por las rectificaciones que ha introducido Juan Manuel Santos en el discurso y en la agenda de gobierno, y les ha anticipado intenciones de regresar al país en dos meses para alinear la bancada y apoyar candidatos para las elecciones regionales de octubre de 2011.

A Uribe le molestaron los movimientos que se produjeron la semana pasada para buscar un cambio de la terna que él le presentó a la Corte Suprema de Justicia para Fiscal General de la Nación. Hasta ahora el largo proceso -de más de un año- se había bloqueado en las salas de la Corte y se había debatido en los medios.

Pero la carta que les envió Rafael Pardo a la Corte y al Ministro del Interior de alguna manera lo desplazó al campo político. Pardo argumentó que la potestad de nominar la terna es del Presidente, y que, en consecuencia, Santos podría revisar la lista, siempre y cuando hubiera una señal de la Corte en el sentido de que le da validez a esa interpretación.

Los uribistas sintieron pasos de animal grande para una especie de conspiración dirigida a elegir un Fiscal santista en momentos en que se complica la situación penal de varios ex funcionarios del gobierno anterior, como el ex ministro del Interior Sabas Pretelt, cuyo llamamiento a juicio fue confirmado por la Fiscalía, y la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, cuyo nombre ha sido mencionado en las últimas versiones que le han entregado a la justicia ex empleados de la entidad. No por coincidencia la bancada de la U hizo una declaración, al comenzar la sesión plenaria del Senado el miércoles, para pedirle al liberalismo que no interviniera en el proceso de elección del Fiscal.

En el uribismo purasangre, definitivamente, no ven con buenos ojos al intenso ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. No solo porque figura en los primeros lugares del ranking de odios del ex presidente, sino porque consideran que su gestión en la cartera política ha sido muy favorable a los liberales. Algunos piensan que Vargas Lleras vislumbra un escenario de largo plazo en el que podrían unirse las tres fuerzas que tienen un origen liberal: Cambio Radical, la U y el oficialismo de las toldas rojas. Pero en la U consideran que el papel de los liberales en la Unidad Nacional está limitado porque no formaron parte de la alianza de gobierno en la era Uribe y se mantuvieron en una dura oposición, y porque llegaron de últimos -y después de la segunda vuelta- a la Unidad Nacional convocada por Santos. A las molestias de los uribistas contra el Ministro del Interior se agregan las del conservatismo, que considera que Vargas Lleras arrasó con todos los amigos que su antecesor, Fabio Valencia Cossio, había nombrado en el Palacio Echeverry.

Todo lo anterior compone un panorama complejo en el que algunos analistas encuentran un germen de enfrentamiento de la U y del uribismo con el gobierno de la Unidad Nacional. Incluso se aventuran hipótesis sobre su futura composición. ¿Se mantendrían todos los que están? ¿Se recompondrá la coalición del gobierno anterior, sin el Partido Liberal? ¿Tiene alguna posibilidad la unidad del viejo Partido Liberal, al cual Juan Manuel Santos perteneció toda su vida? El senador liberal Luis Fernando Velasco considera, por ejemplo, que "en el mediano plazo, Uribe quedará de jefe conservador de Colombia, enfrentado a una coalición de matices liberales liderada por Santos".

Pero es muy prematuro para vaticinar semejantes escenarios. Los juegos cruzados de los últimos pueden ser simplemente la búsqueda de cada miembro de la coalición de su lugar en el gobierno. Todos, como es natural, quieren un sitio privilegiado porque la agenda de reformas legislativas, la actitud abierta del Presidente y el beneplácito que muestran las encuestas frente a los planes de la nueva administración hacen más rentable estar adentro que afuera.

Lo más probable es que el presidente Santos y su Ministro del Interior, que son verdaderos maestros de la política, le apuesten a tranquilizar las aguas, prolongar la luna de miel y consolidar la Unidad Nacional. También, que lo logren para la primera etapa del cuatrienio. Pero después, a juzgar por lo que se ha visto en los últimos días, la cosa puede ser a otro precio.

 

Candidatos perdedores: sin segunda vuelta, pero con curul

El proyecto que busca premiar a quien quede segundo en una elección popular y evitar la segunda vuelta presidencial -cuando se presente una amplia ventaja en la primera-, fue aprobado por la Comisión I de Senado. ¿Cuáles son los pros y los contras?

La Comisión Primera del Senado aprobó este martes, en primer debate, el proyecto de reforma constitucional que busca impedir la segunda vuelta presidencial, cuando en la primera un candidato obtenga una ventaja superior al 30 por ciento a su adversario.

Además, el proyecto busca abrirles un espacio en las corporaciones legislativas a los candidatos que queden en segundo lugar en las justas electorales.

Esta iniciativa nació luego de que en las elecciones pasadas, Juan Manuel Santos, de La U, le sacara una amplísima ventaja a Antanas Mockus, del Partido Verde, en la primera vuelta Presidencial que se celebró el 30 de mayo. Santos obtuvo el 46.6 por ciento de la votación, mientras que Mockus alcanzó solo el 21.5 por ciento.

La reforma plantea que “si entre los porcentajes de la votación obtenida por los dos candidatos mayoritarios, hay una diferencia del 30 por ciento o más, no habrá segunda votación”. En otras palabras, el primero debe sacarle al segundo más del 30 por ciento de los votos.

De estar la reforma vigente en las elecciones pasadas, de todas maneras se hubiera presentado la segunda vuelta presidencial, por cuanto la diferencia entre Santos y Mockus fue del 25,1 por ciento.

Fue ante esa enorme diferencia que varios dirigentes políticos adujeron que no se justificaba el gasto del Estado para la segunda vuelta, pues una amplia mayoría consideraba que el triunfo de Santos estaba sobreentendido.

Sobre el tema, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya radicó una iniciativa que modifica los artículos 112, 171, 176, 299, 312 y 190 de la Constitución.

Maya aduce que si “hay una diferencia del 30 por ciento o más, carece de sentido la segunda votación, pues el electorado ya ha tomado una determinación respecto de quien debe ser el Presidente de la República”.

Según explicó a Semana/APIC la reforma tiene dos intenciones: “fortalecer la democracia y abrirle espacios a la oposición”.

El segundo componente de esta reforma es permitirle un escaño al perdedor, pero no sólo en las elecciones presidenciales (en donde el candidato a la vicepresidencia perdedor tendría una curul en la Cámara), sino al perdedor de las de gobernadores y alcaldes.

Así, por ejemplo, si esta norma estuviera vigente, Mockus tendría un puesto en el Senado y Sergio Fajardo, su fórmula vicepresidencial, una en la Cámara.

Además, quien pierda la elección a la gobernación, accedería a un escaño en la asamblea del departamento y el que pierda la alcaldía accedería a un puesto en el concejo del municipio.

Según Enríquez Maya, “así se fortalecería la oposición”.

“Esta propuesta no existe en ningún otro país. Es hecha por colombianos a la colombiana”, agregó.

Lo que piensa Pardo

En una entrevista con Caracol Radio, el ex candidato y director del Partido Liberal, Rafael Pardo, dijo que no le gustaba la propuesta de premiar al segundo de una elección. “Yo creo que la llegada al Congreso debe ser para quien lo busca. No puede ser un premio de consolación, ni refugio de liderazgos que no tienen vigencia por otra vía”, adujo.

Pardo, quien participó en las elecciones pasadas elecciones presidenciales como candidato, también indicó que eso lo han ensayado en otros países y no ha dado resultados.

Los pros y los contras

Para el asesor político Juan Fernando Londoño la intención de suprimir la segunda vuelta presidencial cuando el uno de los candidatos le saca una ventaja muy amplia al segundo, “es válida y hay buenas experiencias en otros países”.

“En Colombia se hubiera evitado la segunda parte de la campaña anterior, que se volvió aburrida y lánguida porque todo el mundo sabía quién iba a ganar”, agregó.

Las consecuencias de una medida como esta podría cambiar la estrategia de las campañas, pues muchos partidos podrían adelantar sus coaliciones para la primera vuelta.

El propósito de la segunda vuelta es otorgarle legitimidad a la elección del Presidente con una votación abultada, pues como señala Londoño, “la falta de respaldo trae consecuencias negativas para la gobernabilidad”.

Pero, en criterio del analista, la diferencia entre el primero y el segundo, según la reforma propuesta, debe conservar un amplio margen de diferencia, para no truncar la aspiración de un candidato que haciendo coaliciones podría llegar a la Presidencia. En su criterio, 30 puntos de diferencia es un buen margen. 

El senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo, votó contra esta iniciativa porque consideró que "en un país en el que se permite la reelección presidencial y las garantías electorales son mínimas, una votación que no obtiene la mitad de los votos más uno, no tiene legitimidad".

Además, para Avellaneda, el argumento de que esta reforma le ahorraría dinero al Estado no lo convence. "Si fuera por eso, no tendríamos elecciones. En ese caso yo he propuesto que se implemente el voto electrónico, que además de dar mayores garantías de transparencia, le ahorraría al Estado recursos, pero sin sacrificar la democracia".

Sobre la propuesta de darle un espacio al perdedor de una elección en la corporación legislativa correspondiente, Londoño adujo que tiene “un espíritu sano”, pero que “eso es propio de sistemas parlamentarios”, lo cual podría tener consecuencias negativas para el diseño institucional.

Por ejemplo, los cuerpos colegiados como los concejos municipales tienen un número específico de cabildantes. Permitir uno más, cambiaría el diseño de esas corporaciones.

Además, hay candidatos a elecciones locales que son independientes y no tienen partido. De llegar al concejo a la asamblea, lo harían sin el respaldo de una organización política fuerte. 

Para Avellaneda, quien se mostró a favor de este punto de la reforma "porque no deja en el ostracismo a los buenos líderes", el problema es que la curul podría pasar a un candidato que no represente la oposición. "Yo estoy de acuerdo en que se le de la curul al candidato de una minoría, pero de un partido que se declare abiertamente en oposición, porque de lo contrario, se fortalecería al propio Gobierno", dijo.

Sin embargo, todos estos temas deberán ser considerados por el Congreso en los debates siguientes, pues la iniciativa apenas salió de su primer etapa, de ocho que requiere por tratarse de una reforma a la Constitución

 

Sin salida

Con el fallo de la Procuraduría y la acusación de la Fiscalía, la situación jurídica de Sabas Pretelt se complica. El gran interrogante es si puede haber un desenlace sin cárcel.

Hace cuatro años, Sabas Pretelt era el hombre del momento. Dejaba el cargo de ministro del Interior y de Justicia en hombros. El presidente Álvaro Uribe lo acababa de nombrar embajador en Roma en un gesto de agradecimiento por haber logrado la reforma constitucional que permitió la reelección. Figuraba en la parte alta de la tabla de favorabilidad en las encuestas y estaba de primero en la fila de presidenciables del Partido Conservador, una agrupación que parecía lista para asumir las riendas de la seguridad democrática a partir de 2010.

Hoy ese logro político de la reelección se volvió una pesadilla. El martes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyó a Pretelt y le decretó una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años. Aunque el ex ministro interpuso un recurso ante el mismo Procurador, pocos ven posible que Ordóñez revoque su propio fallo.

La Procuraduría concluyó que Sabas sí le ofreció al congresista Teodolindo Avendaño una notaría a cambio de que se ausentara de la sesión clave de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 4 de junio de 2004, donde pendía de un hilo la reforma constitucional. Según la entidad disciplinaria, "Sabas participó en las reuniones donde se gestó el ofrecimiento a Teolindo Avendaño e incluso tuvo ocasión para conocer la persona que posteriormente sería designada como notario 67 del Círculo de Bogotá".

Sobre el tema de la notaría, Ordóñez le da plena credibilidad al testimonio de Yidis Medina, condenada por la Corte Suprema por cohecho y quien desempeñó un papel fundamental en la relación de Teodolindo con el Ministro del Interior. El Procurador, que en un fallo anterior había absuelto a Pretelt por lo concerniente a Yidis, explicó que en esta ocasión sí tuvo la oportunidad de interrogar a la ex congresista y evaluar la veracidad de sus declaraciones. Algunos le han atribuido su cambio de posición al hecho de que la Corte Suprema le abrió una investigación precisamente por ese fallo absolutorio.

Sabas negó a los cuatro vientos todas las acusaciones y expresó su sorpresa por la decisión de la Procuraduría. "En el caso de Yidis, estábamos involucradas cinco o seis personas y todas fuimos absueltas. Ese era el tema central porque ella decía que ella y Teodolindo habían recibido dádivas. He servido con entereza y con dedicación, y no me perdonan que haya sacado con transparencia la reelección", le dijo a La W, en una de sus múltiples entrevistas radiales de la semana pasada, en las que causó mucha impresión la tragedia personal que reflejaba. Parecía un hombre acabado que no entendía bien lo que le había pasado.

Para la mayoría de la gente, si Sabas es culpable es por haber hecho lo que se había hecho toda la vida en Colombia: armar mayorías parlamentarias dándoles 'zanahorias' a los congresistas. El ex presidente Uribe defiende a su ex ministro en ese terreno: "Se está confundiendo lo que ha ocurrido toda la vida en Colombia, que es dar representación, estudiar recomendaciones, que se hace en todas partes del Estado, con el cohecho. El país estaría lleno de cohechos y en todas las instituciones del Estado, si así fuera".

Sabas, sin embargo, no reconoce eso. Asegura con indignación y dolor que él nunca negoció nada con ningún parlamentario como contraparte del voto a favor de la reelección. Eso que nunca había escandalizado a nadie se volvió delito solo por la confesión de Yidis, pues la relación directa entre votos y prebendas generalmente no es demostrable.

En el caso del ex ministro, no se puede decir que haya una prueba reina -un audio o un acuerdo firmado-, como él mismo ha manifestado una y otra vez. La evidencia en su contra es esencialmente circunstancial. Como Ministro de la política, su función principal era contar y asegurar los votos. Todo el mundo sabía que Yidis y Teodolindo estaban más cerca del no que del sí. Yidis ya confesó que su voto fue comprado, y aunque Teodolindo lo ha negado, las pruebas de que su voto también fue comprado con una notaría, que posteriormente fue vendida, son contundentes. Y el hombre que por su cargo desempeñó un papel clave en la creación de esa notaría y en la entrega fue Sabas Pretelt.

Ante esa situación, Pretelt le jugó a buscar la nulidad de su proceso ante la Fiscalía por vicios de procedimiento. Alegó que la Constitución establece que como ministro de Estado solo podía ser investigado y acusado por el Fiscal General de la Nación. Como cuando explotó el escándalo ocupaba ese cargo Mario Iguarán, quien había sido su viceministro, este tuvo que declararse impedido y el caso pasó a manos del vicefiscal. Como Iguarán salió de la Fiscalía, los abogados de Sabas argumentan que el caso tiene que pasar a manos del Fiscal, pues ya no existe ningún impedimento. Esta teoría, que no es absurda, no ha sido aceptada por la Fiscalía.

En últimas, el fallo de la Procuraduría, aunque implica una sanción, es manejable pues se refiere al ámbito disciplinario. Lo que sí preocupa es la acusación de la Fiscalía, que entra en el terreno penal. Si la Corte Suprema, que será la encargada de juzgarlo, decide ponerle la misma pena que a Yidis y Teodolindo, Sabas terminaría en la cárcel o, en el mejor de los casos, con casa por cárcel. Si la Corte considera que su responsabilidad es menor que la de las personas que aceptaron las dádivas, y lo condena a la pena mínima de tres años, el delito sería excarcelable. Lo que parece poco probable, dada la posición que ha tenido la Corte frente a la reelección de Uribe y frente a la yidispolítica, es que después de la acusación de la Fiscalía lo exonere.

 

Tambalea la reelección

El fallo contra Sabas Pretelt por yidispolítica puede significar la caída de la figura de la reelección. Santos sería el primer damnificado.

Nadie se habría imaginado en febrero pasado, cuando la Corte Constitucional tumbó el referendo que habría permitido un tercer mandato de Álvaro Uribe, que al cabo de pocos meses se reabriría un nuevo debate sobre la reelección. El proceso largo y tortuoso de recolección de firmas, debates y discusiones en el Congreso había concluido y dejaba al país satisfecho con un régimen que funciona bien en otras democracias, como Estados Unidos: un mandato presidencial de cuatro años, prorrogable a ocho si el pueblo lo decide. Parecía que la fórmula era aceptable y convendría dejarla así.

Pero el fallo reciente de la Procuraduría contra el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega puede poner en peligro esa norma y reabrir la caja de Pandora de la polémica sobre la reelección presidencial. El drástico castigo -destitución del cargo y 12 años de inhabilidad para ejercer puestos públicos- se debe, según el texto del fallo, a que Pretelt, "valiéndose de su cargo y del poder decisorio a él inherente, formuló ofrecimientos dirigidos a sesgar, incidir o afectar de manera efectiva la intervención del congresista Teodolindo Avendaño en el trámite legislativo referido a la reelección presidencial". En otras palabras, que le ofreció al representante favores para que se ausentara del decisivo debate en la Comisión Primera de la Cámara y no votara contra la reforma constitucional que establecía la posibilidad de que el presidente Uribe pudiera volver a ser candidato.

En las cuentas del gobierno, y de los medios de comunicación, la controvertida iniciativa de la reelección estaba bloqueada porque había un empate entre los votos a favor y en contra. Se necesitaba que dos de los representantes que se oponían modificaran su voto. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. La primera terminó votando a favor, como suplente de Iván Díaz Mateus, y el segundo se ausentó de la sesión clave. La reelección pasó por un estrecho margen de 18-16.

El proceso de aprobación generó una fuerte polémica y durante meses dividió a la opinión entre quienes lo consideraban un hecho normal dentro de las costumbres parlamentarias y los que lo calificaban como un delito. Pero en los distintos procesos que se abrieron aparecieron indicios y pruebas de que el gobierno les concedió beneficios, como nombramientos y notarías, a Teodolindo y a Yidis. La mayor parte de los protagonistas han tenido líos con la justicia. Los tres congresistas -Díaz Mateus, Medina y Avendaño- están en la cárcel, y Pretelt acaba de ser sancionado en materia disciplinaria y está pendiente de una apelación a una providencia en su contra por parte de la Fiscalía. También está siendo investigado el ex ministro de Protección Social Diego Palacio por haberles entregado dádivas a los congresistas Avendaño y Medina.

La pregunta que surge es si esas irregularidades cometidas en el trámite de la reelección ponen en vilo a esta figura. En otras palabras, aunque la de Uribe ya es una realidad, algunos juristas consideran que los vicios incurridos en su búsqueda podrían llevar a la conclusión de que fue ilegal. Y en esa circunstancia, se podría argumentar que la figura constitucional de la reelección podría ser demandada. Si esta acción prosperara, le impediría a Juan Manuel Santos y a sus sucesores reelegirse.

No todo el mundo comparte esta interpretación. Cuando Yidis Medina fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional conceptuó que las anomalías en el proceso de reforma no anulaban la reelección del presidente Uribe. Entre varios argumentos, mencionó que no se podía aplicar la retroactividad para un tema de la importancia de una elección presidencial y que el asunto era cosa juzgada -es decir, que no se podía revisar- porque la misma Corte ya le había dado el visto bueno cuando había revisado la constitucionalidad del acto legislativo.

Lo que queda por verse es si el reciente fallo contra Pretelt puede ser considerado nueva evidencia en una eventual demanda no contra la victoria de Uribe en 2006, sino contra la figura de la reelección. ¿Se puede considerar inválida una reforma aprobada por dos votos comprados por el Ejecutivo? Desde el punto de vista jurídico no hay consenso y existen argumentos sólidos para responder en cualquiera de los dos sentidos.

El representante Germán Navas Talero no duda de que "esta Corte que ha demostrado independencia aceptaría el punto de que no puede ser válido un artículo que es producto de un delito". El asunto de fondo es que cuando los magistrados de ese alto tribunal le dieron vía libre a la reforma que estableció la reelección presidencial no conocían evidencias y pruebas que han aparecido posteriormente en los procesos contra Teodolindo Avendaño y contra el ex ministro Sabas Pretelt. Y que, en consecuencia, debería revisar su dictamen a la luz de estos hechos fraudulentos.

Sin embargo, hay otro punto de vista. La Corte ya dijo que su fallo que aprobó el trámite del acto legislativo de 2004 -el que adoptó la reelección- ya es cosa juzgada. Tendría que modificar su propia decisión de entonces y tendría que encontrar razones para justificar que puede volver sobre el caso. A esto se agrega que la Carta establece que los vicios de procedimiento solo pueden ser analizados dentro de un año después de haberse sancionado la reforma. De otra manera, las normas estarían siempre en tela de juicio y se consagraría la inestabilidad jurídica. Todo lo anterior fortalece la posición de quienes piensan que no es conveniente reabrir un debate sobre las reglas del juego.

A pesar de esto, lo que es seguro es que va a surgir alguien que trate de tumbar la figura de la reelección invocando el fallo del ex ministro Pretelt. Y de ahí en adelante el asunto pasará de lo estrictamente jurídico a lo político. Para nadie es un secreto que el presidente Santos tiene en la mira un gobierno de ocho años. En uno de los debates de la campaña electoral dijo en forma directa que le gusta la figura y que "no ve por qué si alguien lo está haciendo bien no pueda seguir". Si faltaran señas sobre las intenciones de Santos, el programa de gobierno anunciado en el discurso de posesión tiene un alcance que no se agota en un solo cuatrienio y marca un norte para mínimo ocho años. Ni los planes de la Prosperidad Democrática, ni la alianza de la Unidad Nacional, ni el talante del mandatario encajan con un periodo breve.

La historia enseña también que la imagen de la reelección está estrechamente ligada a la popularidad del gobernante del momento. Antes de la Constitución del 91 esa figura existía, aunque no inmediata, pero los ex presidentes que la buscaron siempre fueron derrotados y su desgaste en el ejercicio del cargo desprestigió la idea de la reelección.

Por eso fue abolida en la nueva Carta. En cambio, con un presidente como Uribe, con una popularidad sin precedentes, fue posible restablecerla una vez y casi lo logra incluso para un tercer mandato. Desde ese punto de vista, el panorama actual favorecería cualquier trámite para mantener la reelección haciendo caso omiso de las graves fallas incurridas en 2004. La imagen positiva de Juan Manuel Santos asciende a un 84 por ciento, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada esta semana en CM&, la luna de miel es sólida y el gobierno cuenta con el apoyo de casi todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso.

Si Santos logra conservar un apoyo tan amplio como el que hoy tiene en ambos escenarios -poder Legislativo y opinión-, es poco probable que la Corte Constitucional tumbe la reelección. Pero aún en el escenario de que la Corte lo haga por vicios de forma, el actual Presidente tendría la capacidad de enderezar la situación. Podría jugarle a volver a presentar la iniciativa ante el Congreso y ferrocarrilear su aprobación, como se dice en el Capitolio, cuando con la locomotora de las mayorías se logra hacer votar a pupitrazo una iniciativa del Ejecutivo en forma rápida y sin mayor resistencia. Solo que en esta oportunidad tendría que ser cuidadoso y aprender las lecciones que dejaron los tormentosos debates de 2004 y 2009. Pero se revivirían las controversias que acecharon al presidente Uribe cuando se quiso quedar en el poder. Los errores cometidos en las reelecciones de Álvaro Uribe -una exitosa y otra fallida- marcan una especie de guía básica sobre qué se debe hacer y qué no. En otras palabras, definitivamente no yidispolítica.

No obstante, cabe también la hipótesis de que la imagen del presidente Juan Manuel Santos se desgaste durante el largo periodo que tomaría la demanda del acto legislativo, que requiere ocho debates y su posterior consideración por la Corte. Ante ese nuevo panorama, cualquier cosa podría suceder, pues la experiencia demuestra que en épocas de impopularidad presidencial el país se vuelve antirreeleccionista.

Lo que es un hecho es que el debate sobre la reelección presidencial está a punto de resucitar y que eso no le conviene al nuevo gobierno. La reforma de la Constitución en beneficio de quien está en el poder ha demostrado tener consecuencias peligrosas para la gobernabilidad y para la institucionalidad. Y más aún en el caso de Juan Manuel Santos, que quiere sacar adelante una serie de reformas estructurales que dependen de aprobaciones en el Congreso. El proyecto bandera de Álvaro Uribe era la seguridad democrática, que no dependía del poder Legislativo. Por eso tuvo éxito a pesar de los enredos de la reelección en el Congreso. En el caso de Juan Manuel Santos, la situación sería diferente pues, como van las cosas, quiere pasar a la historia más como reformista que como mariscal de campo.

Para un gobierno de Unidad Nacional que le apunta a una serie de ambiciosas reformas que dependen de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, el debate parlamentario sobre la reelección frenaría las locomotoras en las cuales el Presidente ha centrado su obra de gobierno.

 

Liberales piden Reforma Tributaria en Acuerdo de Unidad Nacional

Por: Elespectador/APIC

Este miércoles, la bancada liberal en el Congreso se reunirá con el presidente Santos.

En un encuentro que el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, sostuvo este martes con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y los demás dirigentes de colectividades que hacen parte de la Mesa de Unidad, el jefe del liberalismo, a través de una carta le solicitó al primer mandatario que incluya en los puntos que hacen parte del compromiso, una Reforma Tributaria Estructural.

“Consideramos que es necesario incorporar una reforma, no para subir impuestos, sino para hacer un sistema tributario más equitativo en Colombia. Que sea una reforma que reduzca los beneficios tributarios, baje el impuesto a la renta de las sociedades, comience el desmonte gradual de impuestos anti técnicos como el cuatro por mil, unifique, y no aumente el IVA, y dedique parte de este impuesto a la inversión social en las regiones”, dijo el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, al salir de la reunión en la Casa de Nariño.

Adicionalmente, Pardo le solicitó a la Mesa de Unidad Nacional incorporar la restitución de tierras en la Ley de Reparación a Víctimas de la Violencia, que ha impulsado y seguirá impulsando el liberalismo. Estas dos nuevas solicitudes se suman a las hechas el pasado 28 de julio, día en el que se firmó el Acuerdo de Unidad Nacional, que contempla una Ley de Primer Empleo, que ya fue presentada por el gobierno dentro del plan de medidas para reducir las cifras de desocupación; la incorporación de una iniciativa de ahorro para la vejez, que les permitirá a los trabajadores informales ingresar al sistema pensional; la reparación de millones de víctimas de la violencia y una Ley de Tierras y Desarrollo Rural que busca asegurar la competitividad de la producción, el crecimiento y la reducción de los índices de pobreza en zonas rurales del país.

Este miércoles, la bancada liberal en el Congreso se reunirá con el Presidente Santos en la Casa de Nariño para discutir estos y otros temas de la agenda legislativa.

Esta es la carta:

Bogotá, agosto 24 de 2010

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Ciudad

Respetado Señor Presidente:

Con entusiasmo recibe el Partido Liberal la incorporación que la Mesa de Unidad Nacional ha hecho de diferentes propuestas que en nuestra campaña a la Presidencia les presentamos a todos los colombianos. La reducción de la pobreza e indigencia, que se convierte en el marco de nuestro acuerdo de Unidad Nacional, es uno de los grandes retos que tendrá su Gobierno. Las iniciativas presentadas por el liberalismo en esta mesa serán decisivas para lograr la meta de disminuir la pobreza de 35.5% a 20% y la indigencia de 16.4% a 5%.

En ese sentido hemos recibido complacidos la radicación ante el Congreso de la Ley de Primer Empleo y Formalización, como medida de choque para contener y bajar los índices de desempleo en el país en los menores de 25 años, la franja de población más afectada con este fenómeno.

Dentro de la Mesa de Acuerdo de Unidad Nacional, que junto con dirigentes de otras colectividades firmamos el pasado 28 de julio, su Gobierno también acogió iniciativas liberales como la Ley de Ahorro para la Vejez, que busca garantizar la inclusión del segmento de ciudadanos que hoy no cuentan con seguridad social, en el sistema de pensiones.

El liberalismo reitera la importancia que tiene para una verdadera reconciliación la reparación de millones de víctimas del conflicto. La propuesta liberal que presentamos en nuestro camino a la Presidencia, se ajusta a la Resolución de la Asamblea General de la ONU y otros tratados internacionales. Es importante explicar que la restitución de tierras es una modalidad de reparación a víctimas de la violencia, y como tal, hace parte de un instrumento de justicia transicional y no permanente, en tanto que la política general de tierras es permanente en el tiempo. En ese orden de ideas conviene que haga parte del proyecto de Ley de Reparación a las Víctimas de la Violencia.

Adicionalmente, con el fin de proteger la mayor fuerza de trabajo del país, que se encuentra en el campo, el liberalismo ha propuesto también una Política de Tierras y Desarrollo Rural que busque asegurar la competitividad de la producción, el crecimiento y la reducción de los índices de pobreza en las zonas rurales del país. La propuesta se comprende de una política de tierras, política de desarrollo rural, política de incentivos para la productividad y la competitividad y un marco institucional.

Por último, aprovecho para poner a su consideración y de los demás integrantes de la Mesa de Unidad Nacional, la necesidad de adelantar una Reforma Tributaria Estructural, no para crear más impuestos sino con el fin de hacer un sistema tributario más equitativo en Colombia. Una reforma que reduzca los beneficios tributarios, baje el impuesto de renta de las sociedades, comience el desmonte gradual de impuestos anti técnicos como el cuatro por mil, unifique (no aumente) el impuesto del IVA y dedique parte de este impuesto a la inversión social en la regiones.

Señor Presidente: todas estas iniciativas liberales son esenciales para la disminución de la brecha social y la generación de oportunidades para todos los colombianos. En esa medida estamos seguros de que la permanencia de estas medidas y la inclusión de las nuevas, serán acogidas por esta mesa de Unidad Nacional que, como lo dije anteriormente, tiene como meta reducir la pobreza y la indigencia en nuestro país.

Cordialmente,

Rafael Pardo

Director Partido Liberal Colombiano

Santos y Unidad Nacional acuerdan paquete de proyectos

 

En el clóset

El PIN tiene una bancada de 20 congresistas que se dicen santistas y son claves para el trámite de las reformas, pero nadie quiere salir en la foto con ellos.

Los congresistas del PIN parecen estar en el lugar equivocado. Desde que se posesionaron, el 20 de julio, viven en una especie de limbo en el que no se sabe cómo se relacionarán con el nuevo gobierno. Aunque la mayoría de sus integrantes dicen identificarse con las propuestas políticas de Juan Manuel Santos y quieren apoyarlas, sienten que son la 'novia fea' del Ejecutivo.

"Después de las elecciones nos cayeron encima muchos cuestionamientos que aún nos pesan. Esperamos que la Unidad Nacional no sea discriminación", dice Alirio Moreno, presidente del partido. El desprestigio del PIN surgió a comienzos de año, cuando se formó para servir de plataforma a candidatos uribistas que no cupieron en las listas de la U y del conservatismo. Algunos de ellos, como los senadores Teresita García, Héctor Julio Alfonso y Nerthink Aguilar, son parientes de personas condenadas o investigadas, como Álvaro García -condenado a 40 años por la masacre de Macayepo; Enilse López, 'la Gata', y Hugo Aguilar, investigado por presuntas relaciones con el paramilitar Ernesto Báez. Otros están en el ojo del huracán por escándalos relacionados con clientelismo o corrupción. Es el caso de los senadores Manuel Mazeneth, cuestionado por contratos que impulsó como secretario de Educación de Magdalena, y Juan Carlos Rizzetto, a cuya campaña aparentemente ayudó el destituido gobernador del Valle Juan Carlos Abadía, estando en ejercicio de su cargo. Adicionalmente, el representante legal del PIN, el concejal de Bogotá Álvaro Caicedo, fue suspendido por la Procuraduría por conducir en un vehículo oficial por un carril de TransMilenio. Y por si fuera poco, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia existe una inquietud por el origen del partido. Hay testimonios según los cuales este se formó en La Picota a partir de un acuerdo entre los ex senadores Juan Carlos Martínez y Luis Alberto Gil, capturados por presuntos nexos con los paramilitares.

A pesar de los cuestionamientos, el PIN tiene peso político propio. En las elecciones a Congreso obtuvo más de un millón de votos que le permitieron conquistar nueve sillas en el Senado -que equivalen al 10 por ciento del total de las curules- y 11 en la Cámara. Es, pues, una bancada con posibilidades de incidir en decisiones como la elección de Contralor -apoyaron a la ganadora, Sandra Morelli- o, incluso, en tener representación propia en el Consejo Nacional Electoral. Para este efecto postularon al ex magistrado José Joaquín Plata.

Por último, el PIN tuvo representación en mesas directivas de varias comisiones, como consecuencia de un acuerdo que hizo con un sector del Partido Conservador y que le permitió a este asegurar la presidencia de la Cámara.

Las posiciones ideológicas del PIN no son claras pero, aunque sus integrantes se han reunido pocas veces, insisten en que han logrado acuerdos fundamentales. "Apoyamos a Santos en la campaña y coincidimos con la mayoría de sus propuestas. Somos de centro y nos gusta la Tercera Vía que plantea. Seguridad, prosperidad social y medio ambiente son los temas de nuestra agenda", dice Alirio Moreno, presidente del PIN, y enfatiza que así no tenga interlocución con el Ejecutivo, en el Capitolio su partido hace parte de la coalición mayoritaria.

En otros procesos distintos a la elección de mesas en las comisiones parlamentarias, el PIN podría llegar a trabajar de la mano de los partidos mayoritarios de la coalición: la U y el conservatismo. En Bolívar, por ejemplo, sus directivas estarían pensando en apoyar la aspiración del candidato de la U a la Gobernación, Alberto Bernal.

La discusión en el Congreso de las complejas reformas propuestas por Santos será el momento para saber si la relación del PIN con el gobierno sigue en el limbo, o si por cuenta del poder de sus 20 parlamentarios el Ejecutivo termina por llamar a su bancada a una interlocución abierta y formal. "Nuestros votos valen, los tiempos son largos y los espacios se ganan", insiste el presidente del partido.

Sin embargo, ninguno de los miembros del PIN ha participado de la mesa de Unidad Nacional. "A pesar de que Santos insistió en el diálogo institucional con todas las fuerzas políticas, con nuestra bancada nadie se ha reunido", insiste Moreno.

 

Muerte política a 'tránsfugas'

El Consejo de Estado le quitó la investidura a uno de los congresistas que se trasteó de partido para votar el referendo. La misma dosis, en teoría, deben recibir otros tres congresistas activos. Voz de alerta al voltiarepismo.

El fallido referendo de la reelección sigue causando estragos. La última 'víctima' es Luis Felipe Barrios. El repentino salto que dio este representante a la Cámara de un partido a otro -de Cambio Radical a la U- para completar los votos que hacían falta para pasar a como diera lugar el referendo dio pie a su muerte política. El Consejo de Estado le quitó hace unos días su investidura y le puso punto final así a diez años de vida política en la que había sido concejal de Bogotá y congresista, y en las pasadas elecciones había ratificado su curul con poco más de 25.000 votos.

Pero la decisión del Consejo de Estado tiene un impacto mucho más trascendental. En primer lugar, porque los otros cuatro representantes que se hicieron lo mismo que Barrios también tendrían que perder su investidura. De ellos, tres son hoy congresistas y la cuarta no repitió. Es decir, no solo la Cámara de Representantes, sino también el Partido de la U perderían de un tajo a cuatro de sus miembros. Ellos son, además de Barrios, Ángel Custodio Cabrera, de Bogotá; José Ignacio Bermúdez, de Cundinamarca, y Felipe Fabián Orozco, de Cauca.

En segundo lugar, el fallo del Consejo de Estado se convierte en una advertencia para quienes suelen recurrir a la costumbre del voltiarepismo, es decir, el cambio de un partido a otro, que tanto arraigo tuvo entre los congresistas en el último cuatrienio.

El caso en cuestión es relativamente simple. Esos cinco votos le hacían falta al gobierno de Uribe para sacar adelante el referendo en momentos en que se había dado por muerto. Pero como ellos pertenecían a Cambio Radical, partido que había dado la orden de votar en contra, optaron por una salida sencilla: pasarse para la U.

El día de la votación, el primero de septiembre, se armó la pelotera. Congresistas de la oposición, para evitar que el referendo completara los votos, alegaron que esos cinco representantes no podían votar porque su partido los había sancionado. Sin embargo, ellos demostraron que cuando Cambio Radical los sancionó -el 31 de agosto- ya no pertenecían a ese partido pues habían ingresado a la U un día antes. El presidente de la Cámara, entonces, los dejó votar. Todo parecía ir sobre ruedas hasta cuando otro de los legisladores apeló y dijo que no había constancia de que en Cambio Radical les hubieran aceptado la renuncia y por ende la sanción quedaba en firme.

El presidente de la Cámara pidió que votaran esta apelación, y ahí fue el problema: los cinco congresistas votaron sin darse cuenta de que estaban incurriendo en conflicto de intereses. El Consejo de Estado dice que "el congresista Barrios antepuso su interés directo y particular -de lograr el reconocimiento como miembro del Partido de la U y la ineficacia de la sanción impuesta por Cambio Radical- frente al deber constitucional y legal de ejercer sus funciones de congresista". El haber saltado de un partido a otro no fue exactamente lo que le hizo perder la investidura a Barrios, sino el conflicto de intereses, pero por culpa del trasteo incurrió en ligerezas y en el error.

Este fallo se suma a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el referendo, anunciada en marzo, en la cual le puso 'tatequieto' a la indisciplina de los partidos. En ese fallo, la Corte consideró como un vicio grave que estos cinco congresistas hubieran votado a favor del referendo, en contra de lo que su partido había acordado. Esa decisión abrió la puerta no solo para que fueran sancionados los congresistas, como en efecto ya ocurrió, sino para que se caigan leyes en las que hayan sido definitivos esos votos inválidos.

Lo interesante de todas estas decisiones de la justicia es que van perfeccionando las reformas políticas de los últimos diez años, que se han quedado cortas en su deber de construir partidos disciplinados y fuertes. Y sin duda, le serán de gran ayuda al nuevo presidente, Juan Manuel Santos, en su idea de llegar a acuerdos políticos con los presidentes de los partidos y no caer en micronegociaciones, letales para la democracia, con todos y cada uno de los congresistas.

 

Con los pelos de punta

 La casa en instalaciones de la Policía, el blindaje en la Comisión de Acusaciones y hasta las recomendaciones que le hace a su sanedrín son indicios de que Uribe estaría creyendo que su pesadilla apenas comienza.

Los presidentes en Colombia suelen dejar el poder con una cierta sensación de alivio. Al fin y al cabo, les haya ido bien o mal en su mandato, sienten que se quitan un piano de encima. Pero el caso de Álvaro Uribe es toda una paradoja: se despide con el más alto rating (75 por ciento de buena imagen y 80 de apoyo a su gestión), pero también con una dosis de angustia, como si pensara que ahora es cuando comienza su pesadilla.

Por lo menos, varios hechos así lo demuestran. A diferencia de otros mandatarios que cuando dejan la Casa de Nariño deciden viajar al exterior o regresan a su residencia de siempre, Uribe prefirió trastearse a una de las casas ubicadas en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, más conocido como Cespo. No podría encontrar un lugar mejor blindado en el país: allí no solo tiene su sede la Dirección de Inteligencia de esa institución, sino que vive el propio director de la Policía. El decreto de mayo pasado, que la entonces candidata Noemí Sanín cuestionó con tanta vehemencia, no solo tenía el propósito, como se dijo, de ampliar los beneficios de seguridad de los ex presidentes a los ex vicepresidentes, sino también para que los hijos de los ex presidentes puedan hacer uso de instalaciones de la Policía como esta.

Esas precauciones pueden ser naturales para un presidente que como Álvaro Uribe se fajó en una guerra sin cuartel contra la guerrilla de las Farc hasta llevarla a un punto de quiebre, y mandó a la cárcel en Estados Unidos a decenas de comandantes de ejércitos de paramilitares y narcotraficantes. Y por eso teme las retaliaciones de los enemigos que ha cosechado.

Pero no es solo su seguridad física la que le preocupa. Uribe, antes de dejar el poder, también buscó una armadura para protegerse de ataques jurídicos. "En la reunión de compromisarios de hace dos semanas, los de la U dijeron que la Comisión de Acusaciones no iba a hacer parte del acuerdo. Que tanto la presidencia como la secretaría serían de la U cuatro años, y que al presidente y al secretario les harían un test de lealtad a Uribe", le dijo a SEMANA/APIC uno de los asistentes a la reunión. Esta comisión es la única que tiene facultades para investigar no solo a los presidentes sino a los ex presidentes por hechos ocurridos durante su gestión. Además, también es la única que investiga a los magistrados de las altas cortes.

Y ha hecho extensivo a su sanedrín el ánimo de blindarse. Una fuente de la Casa de Nariño cuenta que Uribe le pidió a su secretario general, Bernardo Moreno, hoy enredado en escándalos como el de las 'chuzadas' ilegales del DAS, que se fuera para el exterior. Y a Sabas Pretelt, su embajador en Italia, que tiene líos por la yidispolítica, le sugirieron que no regresara por ahora. En un momento dado, desde afuera, podrían alegar persecución política y pedir asilo a gobiernos amigos.

Una cosa es que el ex presidente tema por su seguridad física y la de su familia luego de la guerra frontal que dio contra las Farc, y otra muy distinta que arme toda una estrategia para protegerse él y a sus escuderos de posibles retaliaciones de la justicia. A nadie se le ocurre, salvo a algunos fanáticos antiuribistas, que Uribe vaya a terminar tras las rejas o que la Corte Penal Internacional se lo vaya a llevar para juzgarlo como criminal de guerra en una Corte de Europa. Lo cierto es que hay entre quienes lo rodean algunos personajes que se han encargado de hacérselo creer. En menos de 24 horas, la semana pasada, la Casa de Nariño publicó cinco comunicados relacionados con los líos judiciales comentados.

La última semana del mandato de Uribe, que debía estar destinada a todo tipo de despedidas en las páginas políticas de los periódicos, se cerró con noticias en la sección judicial. Por una parte, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a su hijo Tomás Uribe por el supuesto delito de tráfico de influencias en el otorgamiento de una notaría. Y por otra parte, cuatro de los mosqueteros del ex presidente (Bernardo Moreno, César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo y Jorge Mario Eastman) tienen que responder esta semana en la Fiscalía sendos interrogatorios por las 'chuzadas' ilegales del DAS.

Y como si fueran pocos los motivos de Uribe para estar mortificado, El Espectador y La FM revelaron hace ocho días apartes de las grabaciones que el DAS hizo a la sala plena de la Corte Suprema durante el 2008. Esa revelación tuvo dos efectos: de un lado, quienes no creían en la existencia del 'Watergate' criollo terminaron por convencerse ante la contundencia de las pruebas, y, de otro lado, quedó claro que, por la manera como algunos magistrados se refieren a Uribe en esas grabaciones, este tiene motivos para preocuparse. "Un día le oyeron decir a un magistrado que el Presidente era un falso y que toda la Corte estaba contra él", dice El Espectador, recogiendo el reporte de ese momento del DAS. En otro aparte dice que se escuchan "los comentarios de un jurista diciendo que al Presidente le iban a dar de su misma medicina". Y más adelante, que "se le escuchó afirmar al magistrado Yesid Ramírez que no le cabía duda de que el Presidente tenía que ver con las amenazas de muerte en su contra". Con esta última frase en la mano, el presidente Álvaro Uribe anunció que denunciará por prevaricato al magistrado Yesid Ramírez.

Ese, sin duda, es un ocaso triste para una relación que se planteó como una larga luna de miel entre el gobierno y la Corte cuando Uribe llegó a la Presidencia, que mostró síntomas de agotamiento en 2006, cuando Yesid Ramírez, en una dura entrevista, insinuó que Uribe prefería a la Corte Constitucional porque le había dado el aval para su reelección, y se rompió del todo cuando la Corte Suprema abrió el expediente de la parapolítica.

Otro nombramiento que, por lo ya dicho, preocupa al gobierno saliente es el del Fiscal General, según le comentó a SEMANA/APIC un congresista cercano a él. Hasta ahora se pensaba que, con el cambio de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos propondría una nueva terna. Pero por lo visto la semana pasada, la situación no está tan fácil como se pensaba. Dos de los tres candidatos de la terna actual le dijeron a esta revista que no están dispuestos a renunciar a ella. Y la Corte Suprema, que es la encargada de elegir, está prácticamente paralizada para tomar este tipo de decisiones administrativas, porque está dividida en dos grandes bloques que por ahora parecen irreconciliables: el uno propugna por elegir a alguno de los miembros de esta terna, y el otro, en el cual están los magistrados más radicales con el gobierno de Uribe, se opone a ello. El gran interrogante es si el presidente Santos y su ministro Germán Vargas podrán reconciliar a las dos partes.

El pasado jueves 29 de julio, tres profesionales de la salud de la Clínica Santa Fe llegaron hasta la Casa de Nariño para atender al presidente Uribe. Los llamaron para que le revisaran un fuerte brote en la cara. No es la primera vez que le ocurre, le ha pasado en otros momentos de gran estrés. Sin duda, es toda una paradoja que el Presidente más popular de los últimos 50 años en Colombia, el mismo que se echó el país al hombro para acabar con la pesadilla de las Farc, no sienta alivio al dejar el poder.

¡La patrasiada!

Luego de haber aceptado su culpa en las irregularidades cometidas en la campaña del referendo, Luis Guillermo Giraldo, líder de la iniciativa, se arrepintió.

Hace apenas mes y medio, el curtido político Luis Guillermo Giraldo, vocero del comité de promotores que impulsó la campaña por el referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe, se declaró culpable de los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal. Era un paso trascendental en la aplicación de la justicia por unos hechos irregulares que durante más de un año mantuvieron en vilo la institucionalidad y la vida política del país.

Además, su autoincriminación era una ventana de esperanza para una decena de personas que, por su participación en dicho comité, están siendo investigadas por delitos similares; y para 86 congresistas que igual están bajo pesquisas por haber votado la iniciativa sin que esta cumpliera con los requisitos. Qué mejor para todos que hubiera un sacrificado que asumiera toda la responsabilidad. Con su confesión, Giraldo también lograba reducir una eventual pena de 6 a 12 años a una de 54 meses con prisión domiciliaria.

En esencia aceptó que no relacionó todos los donantes de la campaña de recolección de firmas, que recibió aportes por encima de los topes legales y que simuló un crédito inexistente para ocultar esa situación. Así mismo, que con este informe falso buscó engañar a la Registraduría para obtener una certificación de que todo estaba en orden, lo que no prosperó, pero que sí logró su cometido en el Congreso, donde aceptaron sus documentos para darle trámite a la iniciativa.

Pero las dudas de una juez de si se estaba aplicando de forma adecuada la ley en los beneficios que Giraldo negoció con la Fiscalía llevaron el caso a apelación ante el Tribunal de Bogotá. La sorpresa se dio la semana pasada cuando el abogado de Giraldo decidió no defender el acuerdo, y dejó en evidencia que se echó para atrás en su autoincriminación. ¿Qué sucedió para que un día Giraldo se inmolara y al otro se envalentonara y decidiera enfrentar un juicio público que de perder le podría significar una mayor condena?

El abogado David Espinosa dijo que su defendido había aceptado la culpa para que ninguno de los miembros del comité se viera perjudicado por esta situación, pues la mayoría de ellos nunca ni siquiera tuvieron contacto con los detalles de lo que sucedía en la campaña. Que lo hizo porque consideraba que la justicia no sería imparcial en ningún tema que oliera al presidente Álvaro Uribe, por las confrontaciones entre este y el poder judicial, y porque sabía que el contador de la campaña buscaba negociar, según él, mintiendo e incriminando a otros.

Pero dice que luego de aceptar los cargos, todo el mundo rodeó a Giraldo, y eso le dio ánimo para dar la pelea hasta el final. Y que volvió su confianza en la justicia cuando supo que el contador no había logrado ningún acuerdo, algo que aún no se ha definido.

La inusual estrategia jurídica puso a los magistrados del Tribunal en una encrucijada que aún no resuelven. La audiencia con ellos era solo para definir si se aceptaban los términos del acuerdo, no para resolver si había acuerdo. Obviamente, que Giraldo se haya echado para atrás es una consideración que puede afectar la decisión que debían tomar. Si los magistrados resuelven aceptar el preacuerdo, Giraldo no tiene otro camino que asumir los cargos que ya había aceptado y pagar su condena, pero siempre podrá decir a su favor que fue algo que en el fondo no quería aceptar, tiñendo con la duda la acción de la justicia.

 

Y de la oposición, ¿qué?

La pelea de Gustavo Petro con el Polo Democrático debilita aún más la frágil oposición al nuevo gobierno.

Ningún gobierno desde que terminó el Frente Nacional había arrancado con una oposición tan débil como la que tiene el de Juan Manuel Santos. En el Congreso, de 268 parlamentarios que se posesionaron el 20 de julio, 234 apoyan abiertamente al nuevo Presidente y hacen parte activa de la nueva coalición gobiernista.

En términos del respaldo parlamentario, Santos heredó el apoyo de quienes estaban con Uribe, pero también le sumó parte de la fuerza de quienes se oponían a él. Con la entrada de Cambio Radical y el Partido Liberal al proyecto de Unidad Nacional, la mayoría de políticos dejó de estar en los extremos del uribismo y el antiuribismo, y se dibujó un panorama político distinto. "En el Capitolio hay una identificación mayoritaria con el gobierno. Se respira un nuevo aire", afirma el presidente del Congreso, Armando Benedetti.

En la práctica, la única bancada que queda en la oposición es la del Polo Democrático. No en vano, los ocho congresistas del Partido Verde -principal opositor de Santos en campaña porque su candidato, Antanas Mockus, se enfrentó a él en la segunda vuelta-, no se declaran opositores del gobierno. "Apoyaremos lo bueno y rechazaremos lo malo", se limitó a decir Mockus el día de su derrota.

Pero la semana pasada, cuando estallaron las profundas diferencias que existen entre Gustavo Petro y la dirigencia del Polo, quedó en duda la posibilidad de que esta fuerza política le haga a Santos una oposición tan dura como la que le hizo a Álvaro Uribe.

Después de casi un año de negativas de la dirigencia del Polo a nombrarlo como su presidente, Petro intentó hacer valer el millón y medio de votos que obtuvo en las urnas para armar una especie de disidencia. "En el Polo no están interesados en un diálogo nacional, pero yo seguiré acercándome a otras fuerzas para promover reformas en materia de tierras, derecho al agua y reparación a las víctimas", dice Petro, mientras repite que eso fue lo que hizo cuando buscó, la semana pasada, la interlocución de la Alianza Social Indígena y del liberalismo.

Aunque Petro y el Polo no pueden convivir, la pelea que tienen desde hace más de año y medio les hace un profundo daño a los dos. El Polo sin Petro se queda sin un líder natural que en la última campaña se ganó a la opinión, se convirtió en una revelación política y quedó en fila india para las próximas elecciones. Y Petro sin el Polo se queda con dos alternativas, ninguna de las cuales es fácil: entrar al Partido Verde o armar su propia plataforma para lanzarse a la Presidencia en 2014.

La primera es prácticamente imposible. Entre los codirectores del Partido Verde está Enrique Peñalosa, quien -por cuenta de las profundas diferencias políticas que tiene con Petro- se opuso a que este hiciera una alianza con Antanas Mockus durante la campaña. Y la segunda alternativa, armar un partido propio, podría ser todavía más difícil para Petro. La experiencia de Sergio Fajardo en la última campaña dejó en claro que recoger firmas es desgastador y que nadie puede llegar a la Presidencia sin una estructura como la que brindan los partidos políticos consolidados. "No vemos a Petro recogiendo firmas. Tampoco acudiendo a personerías como la de la Alianza Social Indígena. Su estructura política está en el Polo y nada más que en el Polo", dice uno de sus asesores.

Dos días después de que estallara la crisis política en el Polo Democrático, el nuevo gobierno anunció que reglamentará el Estatuto de la Oposición, tarea pendiente desde 1991. Ahora está en manos de la dirigencia de esta colectividad la posibilidad de aprovechar la actual escasez de contradictores del gobierno para lucirse en la oposición. Para eso tendrá que encontrar una salida a la disyuntiva entre la "oposición radical" que quieren la mayoría de sus miembros y el "diálogo" nacional que prefiere Gustavo Petro. De no lograr acuerdos que se ajusten a la coyuntura, es claro que sus peleas internas abrirán las puertas al unanimismo parlamentario y debilitarán aún más la oposición.

 

El Pacificador

Tras ocho años en el poder, Álvaro Uribe deja un país más seguro y más rico, pero más corrupto y desigual. ¿Qué tan sostenible es su legado? Perfil escrito por María Teresa Ronderos, asesora editorial de Semana, para la revista Gatopardo.

"Recé tanto y mi Dios escuchó mis plegarias y me mandó al presidente Uribe que nos salvó”. Es la frase emocionada de un campesino del Caribe colombiano que lo perdió todo. Primero sufrió la extorsión guerrillera. Luego, los paramilitares los expulsaron de su tierra. Ahora cuenta su historia, sin prisa y sin miedo, pues en su terruño reina la tranquilidad.

Su devoción es la misma que sienten millones de colombianos por Álvaro Uribe Vélez. Lleva ocho años en un gobierno turbulento y plagado de escándalos, que termina en agosto próximo, pero goza aún de un 75 de popularidad. La gente siente que el Presidente pacificó el país. Llevó a la fuerza pública hasta los confines del territorio nacional, una tarea en la que la democracia colombiana estaba vergonzosamente atrasada un siglo.

Uribe, un político curtido que fue diputado, senador y gobernador de Antioquia (uno de los departamentos más grandes y ricos del país), se sintonizó con una mayoría hastiada con el autismo y la crueldad de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no quiso dejar las armas por las buenas. Las FARC asesinaron a su padre, y sus amigos y vecinos hacendados en Córdoba y Antioquia habían sido también sus víctimas. Él encarnó el clamor de medio país rural que se sentía abandonado por unas élites gobernantes, mayormente bogotanas, cínicas y livianas.

“Mija, eche su cuento”, le dice el Presidente a la señora que se queja porque no hay profesor en su vereda o no hay gimnasia para la tercera edad. Atento, casi siempre vestido de provinciano, con ruana de hilo al hombro y sombrero, viaja religiosamente cada sábado a algún pueblo o barrio a un Consejo Comunitario. Regaña a sus ministros delante de la gente. Le piden favores por seis o siete horas que se transmiten por televisión a todo el país. Él otorga o no, explica, hace gala de su memoria por el detalle. Recita cifras, nombres de los ríos, curvas de carreteras. Habla sencillo, en diminutivo: “La tierrita”, dice. No le gusta cuando invocan derechos y le exigen. Sus asesores le filtran a los arma-pleitos. Microgerencial, colérico, teatral en sus calculadas rabietas, Uribe hace sentir a la gente que tiene un padre cercano, uno que le importa, pero sobre todo uno que está al mando.

Un equipo de expertos trazó la Política de Seguridad Democrática, que sacó a los militares de los cuarteles, los puso a combatir, dio una batalla interna para que actuaran en derecho, no siempre con éxito, con un Ejército en el cual demasiados practicaban la guerra sucia. El Presidente cobró impuestos extraordinarios para triplicar la fuerza pública y puso una sostenida presión sobre los militares, brincándose líneas de mando a su antojo. Estadounidenses, ingleses e israelíes aportaron inteligencia. Así el gobierno sacó a las guerrillas de las goteras de Bogotá y Medellín, les acabó el negocio del secuestro en las carreteras, mató jefes y bombardeó frentes.

Bombardeó el campamento de “Raúl Reyes”, el principal negociador y relacionista internacional de las FARC, en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008, con el consecuente hallazgo de unos computadores que sirvieron para desvertebrar la red de negocios y apoyo mundial que había tejido clandestinamente durante años. Las FARC tenían a 24 rehenes políticos y a decenas de policías y soldados como arma de chantaje para la salida de los suyos de las cárceles. El gobierno falló en el primer rescate a la fuerza en 2003, y un gobernador y un ex ministro, entre otros, cayeron baleados. Tuvo que avalar reacio liberaciones unilaterales de otros políticos, y 12 más cayeron asesinados. Pero al fin asestó el golpe soñado con la “Operación Jaque”, que liberó el gobierno a 14 secuestrados, entre ellos a tres estadounidenses (contratistas militares) y a la famosa Íngrid Betancourt, quien bendijo la jugada como “perfecta”.

En siete años, las FARC pasó de ser una guerrilla de 20 mil hombres a la ofensiva, a ser la mitad de grande y sin iniciativa militar. Los ataques a la infraestructura nacional cayeron de 917 a 153 y los secuestros extorsivos a la séptima parte.

El gobierno consiguió, asimismo, que la organización sombrilla de los “contras” colombianos, llamada las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizaran su aparato militar, con el consiguiente alivio para los miles de campesinos que habían sufrido masacres, desplazamientos forzados, violaciones, y robo de la riqueza pública bajo su yugo. El proceso, por el que se desmovilizaron 30 mil paramilitares, estuvo lleno de trampas y mentiras. Incluso, el gobierno extraditó súbitamente a casi todos sus jefes. Unos tres mil “paras” fueron postulados a un proceso judicial especial, conocido como Justicia y Paz, que buscaba castigar los delitos atroces que cometieron con penas leves a cambio de su contribución efectiva a la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas.

Durante casi cinco años, medio centenar de fiscales, hombres y mujeres valientes, han investigado los crímenes paramilitares, han escuchado confesiones de los desmovilizados sobre 15 mil hechos violentos; han armado los expedientes, han desentrañado la verdad de lo sucedido y, lo más impresionante, su trabajo ha conducido a encontrar 2?488 fosas comunes, con más de tres mil cuerpos. Aunque falta por identificar a muchos, 795 familias ya hallaron a sus desaparecidos y pudieron por fin hacer su duelo.

Así, Uribe cambió el ánimo nacional. De un país resignado a malvivir con la violencia acechando, con los ciudadanos rogando para que un familiar no cayera en un secuestro guerrillero en la carretera o que algún paramilitar no se le ocurriera codiciar su finca o su hija, Colombia pasó a sentirse más segura, capaz de forjarse otro futuro.

Y como la prosperidad es la hija de la confianza, con mayor seguridad la economía colombiana pudo aprovechar la bonanza mundial. Ganar dinero ya no era ni un riesgo ni un pecado. En el modelo del presidente-caudillo, con la seguridad bajo control, se rebajó el impuesto a la renta a cambio de inversión en capital, firmó garantías de estabilidad tributaria para grandes empresas por 20 años, otorgó zonas francas, eliminó el impuesto a las remesas de utilidades de las compañías extranjeras y subsidió a la agroindustria y al turismo.

La inversión extranjera pasó de 2?100 millones de dólares, en 2002, a casi 11 mil millones de dólares, en 2008. La economía salió del atolladero en que estaba y empezó a crecer con energía. El gobierno alcanzó un récord de crecimiento histórico de 7.55% del producto interno bruto (PIB) en 2007, y aunque en 2008 sufrió por la recesión mundial, en 2009 la economía no se contrajo. Los altos precios del petróleo y el carbón triplicaron las exportaciones colombianas de alrededor de cinco mil millones de dólares anuales a unos 15 mil millones.

Aunque no se avanzó lo suficiente para prepararla para ello, se abrió la economía y se firmaron tratados de libre comercio con Mercosur (2005), Chile (2006), Estados Unidos (en 2007, aunque está empantanado porque el Congreso de ese país no lo ha ratificado), El Salvador, Guatemala y Honduras (2007), con Canadá (en 2008) y actualmente está negociando otro con la Unión Europea.

El termómetro del Banco Mundial para medir el clima de negocios, dijo en su informe de 2009 que Colombia estaba entre los 10 países que más reformaron los procesos para facilitar los negocios.

No todos los negocios florecieron en esta bonanza. El Presidente empujó más decididamente a aquellos que calzaban en su proyecto de país, exportador de agrocombustibles, oro y carbón. Ejerció mucha presión para debilitar a quienes alertaron sobre los posibles daños sociales y ambientales de la minería. Además, se forjó una nueva elite empresarial por los grandes contratos con el Estado. Entre los emprendedores favorecidos estuvieron los jóvenes hijos del presidente Uribe, quienes prosperaron con diversos negocios.

La confianza inversionista es sólo uno de los tres eslóganes con los que Uribe suele resumir su gobierno. Los otros son seguridad democrática y cohesión social. Esta última, sin embargo, llevó la peor parte. Recibió un país con más de la mitad de su población en la pobreza y, entre ellos, uno de cada cinco colombianos, con ingresos de miseria. La situación en el campo era peor. Una investigación comisionada por la Corte Constitucional determinó que 760 mil familias campesinas fueron desplazadas a la fuerza ente 1998 y 2002. Atrás quedaron sus tierras, 5.5 millones de hectáreas abandonadas o en manos ajenas.

Las políticas del gobierno, no obstante, no cambiaron esta situación. Hoy 65% de los campesinos colombianos siguen viviendo en la pobreza, muchos de ellos sin tierras y con créditos escasos. Según investigó Ana María Ibáñez de la Universidad de los Andes, bajo este gobierno se concentró la propiedad de la tierra a niveles escandalosos, y se llegó a un Gini (índice que entre mayor sea, mayor desigualdad muestra) de la tierra de 0.875: el más alto de la región después del de Paraguay.

La prosperidad reciente ha debido —como en Brasil, Chile o Ecuador— mejorar con creces las condiciones de la vida de muchos pobres. Pero en Colombia, la pobreza siguió siendo demasiado alta para un país de desarrollo medio. La Cepal calculaba que en 2008, un 71% de los colombianos era pobre o estaba con un alto riesgo de serlo, pues sus ingresos apenas sobrepasaban la línea mínima.

En gran parte esto sucedió porque el desempleo, que nunca baja de cifras de dos dígitos, apenas cedió unos puntos, y el mal empleo informal de ambulantes y trabajadores por cuenta propia, se mantuvo alrededor de 60%. Las políticas macroeconómicas no premiaron especialmente la creación de empleo formal y decente que, como se sabe, es la política social más efectiva. Y con la bonanza reciente, la riqueza no se distribuyó. Al contrario, en estos últimos años, Colombia entró en la corta lista de los países más desiguales del continente más desigual del planeta.

¿En qué consistió entonces la política de cohesión social de la era Uribe? Aumentó los servicios sociales para la gente de escasos recursos; más cupos en educación y más población con atención en salud. Y Familias en Acción que en 2002 subsidiaba con unos pesos colombianos al mes alrededor de 200 mil familias pobres para que enviaran a sus hijos a la escuela, se convirtió en 2009 en un programa masivo de 2,9 millones de familias. Además el gobierno creó la Red Juntos, destinada a acompañar a un millón de familias pobres y coordinar mejor los servicios que les llegan.

Algunos estudios han determinado que estos programas han contribuido a paliar la pobreza, e incluso que algunos podrán sacar a la gente de pobre en una o dos generaciones. Pero como lo muestran las tercas y tristes cifras de hoy, la bonanza que trajo la confianza inversionista del gobierno de Uribe le dejó a los pobres limosna, pero no un empleo decente que les permitiera salir adelante.

Claro que como se han repartido estas ayudas desde la Presidencia, la gente está agradecida con el Primer Mandatario, y esto también explica su popularidad.

Ante estas políticas económicas concentradoras de la riqueza y de la tierra, pobreza y mal empleo extendidos, cabe preguntarse si es éste el terreno fértil para que, donde se ha ganado la guerra, la paz eche raíces.

Pero hay otra fractura grave en esta pacificación de Uribe: la corrupción y la politiquería cundieron como plaga, abonadas en gran parte por la forma como el gobierno construyó su gobernabilidad. ¿Y cómo aprovechar la ola violenta en retroceso, si no se cuenta con instituciones transparentes regionales y locales para asumir la tarea de la reconstrucción?

La lucha contra los grupos armados ilegales y la criminalidad no puede depender solamente de la energía de un presidente carismático que da órdenes a diestra y siniestra y redes de informantes que reciben recompensas. Tiene que cimentarse en un tejido ciudadano más fuerte que exija sus derechos y unas autoridades que los representen en forma legítima. Y, ése es el gran vacío del legado de Uribe.

Se dio por dos puntas. La primera, su defensa acérrima de ciertos políticos acusados de haber pactado con el paramilitarismo para ganar elecciones, fenómeno que fue bautizado por la prensa como parapolítica. La segunda, el esfuerzo del Presidente por extender su mandato constitucional de cuatro años, convencido de que sólo él podía garantizar que no habría marcha atrás con las FARC hasta que se rindieran.

En 2005, opositores, académicos y periodistas empezaron a descubrir que en las elecciones de 2002 que eligieron a Uribe y a un Congreso mayoritariamente uribista, y en las locales de 2003, había habido un juego sucio bien orquestado por los “paras” en sus zonas de influencia. Se pudo constatar que en esa elección y en la siguiente en 2006, en la que el uribismo volvió a triunfar, políticos regionales y jefes paramilitares planearon juntos las campañas, obligaron a miles de ciudadanos a votar por sus candidatos a punta de fusil, impidieron que los enemigos aspiraran a algún cargo, y conquistaron una tercera parte del Congreso.

La Corte Suprema de Justicia asumió, muy en serio, la investigación de los congresistas sospechosos por parapolítica y la Fiscalía la de gobernadores, alcaldes, diputados y otros funcionarios regionales. Hoy se han iniciado procesos contra 107 congresistas, de los cuales 21 ya han sido condenados y muchos están en juicio. Además fueron condenados tres gobernadores y otros 16 procesados. Los más contaminados han sido los partidos uribistas, con 84 congresistas salpicados.

La justicia descubrió además que políticos y AUC firmaron pactos para “refundar” la república, una libre de guerrilla, y diseñada según sus intereses.

También se hizo público que el gobierno había nombrado funcionarios cercanos al paramilitarismo en cargos que controlaban aspectos estratégicos del Estado, como la inteligencia, los permisos de vigilancia y seguridad, la incautación de tierras a narcotraficantes y la repartición de éstas a campesinos, las concesiones estatales, entre otros. El caso más grave fue el de Jorge Noguera, ex coordinador en un departamento de influencia paramilitar de la campaña de Uribe en 2002, a quien el Presidente nombró como su primer director del Departamento Administrativo de Seguridad (das, algo así como el FBI colombiano). Está acusado de complicidad con el paramilitarismo en crímenes atroces, como el asesinato de sindicalistas, líderes sociales y un profesor universitario en la Costa Caribe.

A medida que la justicia avanzaba en sus investigaciones de la parapolítica, el gobierno estuvo a la defensiva, y en algunos casos, como el de Mario Uribe, un gran aliado del Presidente, incluso se batió con la justicia. Y en el intento, echó mano de todo tipo de medios poco santos y dejó averiadas las instituciones.

¿Por qué Uribe puso tantas fichas del paramilitarismo en el alto gobierno? ¿Por qué se peleó a muerte con la Corte Suprema de Justicia, cuando empezó a investigar a parapolíticos cercanos a él y estuvo dispuesto a todo para conseguir pruebas que la pusieran en aprietos? ¿Por qué nunca rechazó el apoyo de partidos cuyos líderes estaban procesados por parapolítica y, en cambio, puso el peso de su gobierno para hundir una reforma política que buscó castigarlos dejándolos por fuera del Congreso?

Las respuestas pueden ser múltiples y no se sabrán por muchos años. Lo esencial es que esas movidas del gobierno nacional impidieron arrancar de raíz la influencia política ilegítima del paramilitarismo o de sus herederos. De ahí que ganar elecciones con dineros oscuros, hacerse al poder local por la fuerza, fueron métodos que no quedaron del todo fuera de la agenda de lo permisible políticamente. Y la prueba es que se volvieron a repetir en las últimas elecciones de Congreso del pasado 14 de marzo, y varios elegidos están siendo investigados por parapolítica.

En su primer año, Uribe quiso nombrar por mérito a los directivos regionales de entidades nacionales. Impulsó un referendo que apretaba la vigilancia estatal y le daba muerte política a los corruptos. Lo perdió y se dio por vencido rápidamente. Calculó que no lograría acabar con las FARC, su real prioridad, en un periodo presidencial y debía cambiar la Constitución para hacerse reelegir por otros cuatro años. Para esto tenía que consentir a sus congresistas, fueran parapolíticos, corruptos, ilegítimos o líderes magníficos.

Con la popularidad de Uribe rondando 80%, su reelección era una locomotora inatajable. Después se supo, como lo determinó la Corte Suprema, que el gobierno compró con puestos lucrativos los dos votos que le faltaban en el Congreso para aprobar la reforma que lo dejaba repetir, el de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. También está bajo investigación una repartija de notarías que, al parecer, incentivaron el voto favorable de los congresistas.

Pero no quedó conforme con dos mandatos: las FARC seguían existiendo, y el mesianismo uribista dijo que habría hecatombe si no había tercer periodo. El ideólogo principal de Uribe, José Obdulio Gaviria, un izquierdista renegado, sofista hábil para ganar argumentos, que además tiene la desfortuna de ser primo del narcotraficante Pablo Escobar, inventó la teoría del Estado de Opinión, según él, una etapa avanzada de la democracia, en la cual instituciones y leyes son un obstáculo al gobierno directo del pueblo, cuyo sentir, el Presidente interpreta por encuestas. Con ese iluminado hallazgo, se puso a andar una iniciativa reeleccionista que se hundió en la última instancia legal, cuando la Corte Constitucional encontró que había violado descaradamente los procedimientos. El fin justifica los medios, fue el ejemplo que cundió desde arriba en la Colombia de Uribe.

Apostarle a consolidar una paz duradera con esa filosofía es una tarea imposible. En Caquetá, en los Montes de María, en La Macarena, en Putumayo, con gran sufrimiento de la población civil y de los soldados, el Estado ganó la guerra contra los violentos. Pero ahora que hay tranquilidad, para comer, los campesinos venden sus tierras a grandes empresas, y como los gobiernos locales suelen ser ineficaces, cuando no corruptos, los militares intentan sustituirlos temporalmente. ¿Es esta paz sostenible?

Todavía hay combates con la guerrilla en medio país, los rezagos del paramilitarismo y nuevos reclutas se han organizado en bandas criminales que ya suman unos tres mil hombres, algunas como “Los Rastrojos” con tentáculos en todo el país, y en regiones donde se había conseguido tranquilidad, como en Córdoba, ahora han vuelto las masacres.

Evitar que el conflicto colombiano se derrame al otro lado de las fronteras y que sus protagonistas usen los territorios vecinos como trincheras son condiciones para conseguir la paz en Colombia. La línea política Uribe, en contravía de la su vecindario de corte izquierdista, hizo difícil el diálogo. Se anotó un logro importante, al develar muchos aliados internacionales de las FARC. Pero se equivocó en calibrar sus alianzas internacionales con un solo termómetro: la lealtad con su causa antisubversiva.

Así, el gobierno colombiano bombardeó el campamento de las FARC en suelo ecuatoriano, no sólo sin permiso de Rafael Correa, sino además mintiéndole cuando le informó al respecto. Y manejó la relación con Chávez a bandazos. Le abrió las puertas para que se volviera mediador de la liberación de secuestrados de las FARC, dándole un juego indebido en la política interna colombiana, para después echarlo; envió agentes secretos del Estado a secuestrar a un guerrillero colombiano en Caracas, pero al tiempo, le bajó el perfil a la acción diplomática con ese país.

Esto es grave porque Venezuela es un problema mayúsculo para la paz colombiana, pues allí se refugia la guerrilla, y el narcotráfico encuentra su santuario, porque en su lucha contra el imperio, el gobierno de Chávez ha limitado la vigilancia de su territorio.

Es por eso que el gobierno que llegue, heredará una alta tensión con la nación vecina, fronteras cerradas, pérdidas económicas enormes porque Venezuela era el principal destino de las exportaciones colombianas, escaramuzas diarias. Debe corregir el rumbo, como sí lo hizo el propio gobierno de Uribe, después de muchos errores en la relación con Ecuador, y fortalecer la capacidad de diálogo.

El presidente Uribe salvó a Colombia de un abismo de desesperanza. Pero no supo encaminar al país hacia una paz sustentable. Evitó que el Estado colombiano sucumbiera, pero socavó la institucionalidad democrática que había sobrevivido todos los embates violentos del último cuarto de siglo. Un gran político que no creyó en las soluciones políticas sino en las militares; uno que se conectó con el pueblo mucho más que sus antecesores, pero no supo darle realmente una mejor calidad de vida.

Para conseguir una paz duradera, el próximo gobierno tendrá que repartir mejor la tierra y la riqueza que se concentró en menos manos. Falta construir carreteras, sobre todo donde persista el conflicto, pues casi no se avanzó (de 200 kilómetros de vía pavimentada por cada millón de habitantes pasamos a 300, un índice peor que los de Ecuador y Bolivia). Tendrá que presionar la salida de los políticos corruptos en las regiones y abrirle reglas de juego transparentes para que los mejores líderes tengan opción, ya que el gobierno de Uribe hundió los intentos por lograrlo y se alió con demasiados políticos dañados para poder conseguir su primera reelección e intentar la segunda.

Deberá debilitar al narcotráfico con imaginación y fuerza cultural, tanto en Colombia como afuera, pues sólo se ensayó más de lo que ya se sabe que no funciona y el resultado es que las bandas criminales han vuelto a crecer. Tendrá que revitalizar todos los mecanismos institucionales para manejar una vecindad conflictiva, pues Uribe actuó en solitario, pretendiendo que la prioridad de todos los vecinos fuera la suya de derrotar a las FARC. En fin, se necesita un presidente que asuma los retos de montar una democracia liberal que los colombianos aún no hemos visto funcionar como debe ser.

 

Polo: crónica de una fractura anunciada

La unidad del Polo Democrático no resiste más. El ex candidato Gustavo Petro no descarta su salida del partido y la creación de un nuevo movimiento.

Gustavo Petro, uno de los más acérrimos opositores del Gobierno saliente de Álvaro Uribe, no va más en el Polo Democrático. Esa parece ser su decisión, luego de que el Comité Ejecutivo de esa organización decidió ratificar en la presidencia a Clara López Obregón.

Petro calificó la decisión del Comité Ejecutivo de “definitiva y determinante”. Adujo que la mayoría de las directivas del Polo lo había vetado y que ahora deberá tomar decisiones.

El ex candidato presidencial había solicitado al Comité que considerara su aspiración a ocupar la jefatura del Polo, luego de haber obtenido más de 1.300.000 votos en las pasadas elecciones, y tras haber salido victorioso de la consulta del partido celebrada en a finales de septiembre de 2009, en la que fue elegido el candidato de la colectividad.

La presidenta del Polo, Clara López, adujo que al ex candidato le “gusta tomar decisiones por su propia cuenta”. En su criterio, aunque Petro comparte el grueso del ideario de unidad del Polo, el ex candidato quería imponer su estilo de dirección. “En un partido democrático la dirección es colectiva. A Gustavo le gusta tomar decisiones unilaterales”, advirtió la dirigente en una entrevista con Caracol Radio. 

El analista político León Valencia, quien ha sostenido en reiteradas ocasiones que al interior del Polo hay dos izquierdas, una social demócrata y una radical, ha dicho en varias ocasiones que esas diferencias son insalvables.

Los juicios de Valencia le han generado críticas de los propios directivos del Polo, pues mientras ellos propenden por la unidad, él argumenta que “experiencias de otras democracias demuestran que es menos nocivo para la izquierda la separación de los moderados de los radicales”.

Sin embargo, esta decisión supone una dura crisis no sólo en el partido, sino en la izquierda democrática. Más, en un momento en el que la mayoría de las fuerzas políticas pertenecen a la coalición santista.

De prueba en prueba

Fue una escisión anunciada. El último capítulo de la fractura del Polo se vivió cuando Petro le envió una carta al Presidente electo, Juan Manuel Santos, en la que le pidió que abriera un debate nacional sobre temas como la reforma agraria, el derecho al agua y la reparación a las víctimas.

El hecho fue interpretado por algunos de sus copartidarios como “oportunismo político”, una “jugada audaz”, pero también como deslealtad.

Entre las directivas del partido no se hicieron esperar los reclamos. Por ejemplo, el senador Jorge Robledo dijo que la foto de Petro y Santos significaba la “absolución por los gravísimos sucesos del gobierno de Uribe, de los que Santos fue actor principal o copartícipe”.

Sin embargo, según el propio ex candidato del Polo, los problemas comenzaron desde mucho antes. Su victoria en la consulta fue una prueba definitiva a la unidad del partido, de la que no salió del todo bien librado. La mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo, es decir, los 25 votos que refrendaron la elección de López este lunes, estaban a favor de que el candidato presidencial fuera el ex magistrado Carlos Gaviria, y no Petro.

“(El conato de división) ese es un tema que venía de antes, una discusión que arrancó de hace años; arrancó con la carta que yo envié desde el exterior en la cual pedía al Polo tener una posición muy firme por el asesinato de los diputados del Valle”, recordó Petro este martes, en una entrevista con la emisora Caracol Radio.

El ex senador se refería al impasse que se produjo luego de que él le reclamó al Polo una posición más dura contra las Farc por la masacre de 11 diputados del Valle. Petro llamó al delito un “crimen de guerra” y le envió una carta al entonces presidente del partido, Carlos Gaviria, para que pusiera a su consideración el debate sobre la carta.

En uno de los apartes, Petro decía: “Nuestra actuación internacional, en mi opinión, debe conducir a la conformación de una Misión de Observación de la Corte Penal Internacional”.

En ese momento, al final de una extensa reunión en la que estuvieron los integrantes del Comité Ejecutivo, el partido emitió un comunicado en el que se ratificó la unidad del partido y en apariencia quedó subsanado el desencuentro.

Petro después le pidió al partido que marchara el 4 de febrero de 2008 contra las Farc, pero su propuesta fue derrotada. En su lugar, el partido decidió hacer un plantón “por el acuerdo humanitario, contra la guerra y contra el secuestro”.

Pero el pronunciamiento no se concentró en el rechazó a los métodos de guerra de las Farc, sino que incluyó las ejecuciones de la fuerza pública y la estigmatización del Gobierno a los opositores.

Petro, sin embargo, al lado Luis Eduardo Garzón, María Emma Mejía, Samuel Moreno y Antonio Navarro Wolf, decidió marchar.

El periodista Armando Neira, en una columna escrita en Semana.com y titulada "La fractura del Polo", calificó el hecho como un “cisma de consecuencias impredecibles”. Vaticinó: “Un movimiento de izquierda que con lo ocurrido este lunes (4 de febrero) no volverá a ser igual”.

En junio del 2008, renunció Daniel García-Peña a la secretaría del partido, luego de que Gaviria amenazó con irse de la presidencia si García-Peña no tomaba esa decisión. El presidente del partido, al parecer, no estaba de acuerdo con la forma como se manejaron los recursos durante las elecciones de octubre de 2007.

No obstante, ese argumento no convenció a varios integrantes de la colectividad. Desde ese momento, ya se advertía que había un pulso político interno de cara a las elecciones presidenciales. García-Peña pertenecía a la cuerda de Petro.

En febrero del 2009 comenzaron las críticas de Petro a la administración de Samuel Moreno, el alcalde de Bogotá elegido por ese partido. En un foro organizado por SEMANA/APIC, sobre el futuro del Polo, el entonces senador dijo que la sociedad empezaba a entender que el Polo no estaba administrando bien la capital, y describió a la Alcaldía como influida por el “nefasto clientelismo político”.

Inmediatamente sus contradictores dentro del partido lo criticaron por lo que consideraron una falta de lealtad. El ex representante Wilson Borja, quien se encontraba en el foro, defendió a Moreno: “Parece que a Petro ya no lo persigue Uribe, sino nosotros”.

En febrero del 2009 vino la renuncia de Petro al Comité Ejecutivo, pues las directivas del partido le advirtieron que él no podría dirigirse a los asistentes del Congreso que se celebró a finales de ese mes. Para él, se trató de una artimaña para cerrarle espacio a su aspiración presidencial.

Petro, sin embargo, logró dirigirse a los militantes. Pero, por decisión de la mayoría de los delegados, Carlos Gaviria Díaz fue reelegido en el cargo de presidente del partido y postulado como precandidato presidencial. El ex senador le reclamó a Gaviria por haberse hecho reelegir, luego de haber sido crítico de la reelección presidencial.

Petro recordó este martes que, sin embargo, “en el Congreso del Polo logramos reivindicar la tesis que está en el ideario de la unidad: que la principal política del partido es un acuerdo nacional alrededor de los problemas fundamentales de la sociedad”.

La estrategia de Petro, dado el amplio apoyo que estaba recibiendo el presidente, Álvaro Uribe, fue convocar a lo que él llamó un “acuerdo por lo fundamental”.

En su criterio, era necesario acordar con todos los sectores un programa de gobierno para resolver los problemas más urgentes. La línea mayoritaria del Comité Ejecutivo del Polo interpretó la propuesta de Petro como una alianza con otros partidos. Su propuesta fue rechazada en una junta directiva.

Este hecho motivó la renuncia al Polo del ex alcalde Luis Eduardo Garzón, en mayo del 2009, mientras se calentaba la campaña por la Presidencia. Petro, por su parte, decidió dar la pelea, permaneció en el partido a pesar de que varios de sus coequiperos ya no estaban. Pero las diferencias persistieron.

“Decidimos mantenernos en el Polo y participar en su consulta interna. La mayoría del Comité Ejecutivo fue derrotada en las urnas, por mi candidatura. Ellos estaban con Carlos Gaviria. No querían que fuera el candidato presidencial del Polo. Pero la ciudadanía determinó otra cosa”, dijo Petro.

Contra todo pronóstico, Petro fue elegido en septiembre del 2009 candidato del partido de izquierda. Nuevamente la unidad del Polo se puso a prueba. El ex magistrado Gaviria renunció a la presidencia, y desde ese momento se escucharon voces que argumentaban que el jefe natural del partido debía ser Petro.

Pero, el Comité Ejecutivo le entregó la presidencia a Jaime Dussán. “Creo que nunca se acostumbraron a ese tema (al triunfo de Petro). Nosotros esperamos que sucediera lo que sucedió cuando Gaviria derrotó a Navarro, cuando Samuel nos derrotó a María Emma Mejía y a nosotros, que era que nos dieran apoyo incondicional. Hubo una especie de parálisis en el partido, yo hice la campaña solo”, dijo Petro.

El candidato se sintió poco respaldado. No obstante, invitó a la entonces Secretaria de Gobierno del Distrito, Clara López, a que fuera su fórmula vicepresidencial. El gesto tenía el propósito de reconciliar a todos los sectores del partido.

Luego, el Polo hizo una manifestación pública a la que asistieron el senador Jorge Robledo y el ex magistrado Gaviria, entre otros de los líderes de la izquierda llamada por algunos “radical”.

Tras demostrar una gran habilidad en los debates y hacer una campaña juiciosa sobre temas fundamentales, Petro obtuvo más de 1.300.000 votos en las urnas.

Fue derrotado, pero sus votos tenían un valor político. Petro propuso al partido apoyar sobre la base de un acuerdo programático al candidato Antanas Mockus, del Partido Verde, quien pasó a la segunda vuelta que se celebró el pasado 20 de junio.

Nuevamente afloraron las diferencias. Sin embargo, al final, Petro se anotó una victoria cuando convenció al partido de proponerles a los verdes un acuerdo sobre puntos clave de su campaña. Los verdes, en un acto aplaudido por algunos y criticado por otros, rechazaron el acuerdo.

¿Qué camino cogerán Petro y sus seguidores? ¿Cuál es el futuro del Polo Democrático? Son dos interrogantes que quedan sin resolver. El tiempo dirá.

 

Benedetti logró la más alta votación en historia del Congreso para Presidente

Por: Elespectador/APIC

Tras conocer que consiguió 101 votos, el Senador en su discurso propuso una reforma política y un fondo de financiación para las regiones.

Finalmente, el Congreso de la República cumplió los pactos en el Senado y la Cámara de Representantes y eligió a quienes estaba proyectado fueran nombrados.

Armando Benedetti (Partido de La U) y Carlos Alberto Zuluaga (Partido Conservador), salieron elegidos para presidentes de Senado y Cámara, respectivamente.

Benedetti consiguió la más alta votación en la historia del Congreso para tal designación, al lograr que 101 de sus compañeros, sufragaran a su favor.

En la primera vicepresidencia de la Cámara fue nombra Carlos Ramiro Chavarro (Conservador) con 97 votos, mientras para la segunda fue designada Alexandra Moreno Piraquive (MIRA) con 100 sufragios.

Para la Cámara fueron confirmados en la primera vicepresidencia Rosvelt Rodríguez (La U) y en la segunda vicepresidencia Germán Navas Talero (Polo).

¿Qué dijo Benedetti tras su posesión?

En su discurso de posesión, el nuevo presidente del Senado, Armando Benedetti, llamó a dos grandes retos al nuevo Congreso de la República que estará hasta el 20 de Julio de 2014.

Según él, es necesario aprobar una nueva reforma política y electoral, para "acabar con tantos vicios que se presentan en el sistema actual".

"Este Congreso no debería concluir la legislatura que se inicia sin haber acometido una reforma electoral y política de gran alcance (...) creo que hacen falta medidas urgentes y de todo tipo para combatir la corrupción al sufragante que tal vez es la madre de todas las corrupciones", aseguró.

Para el Senador, es necesario que sean elaborados mapas de zonas de riesgo y crear políticas públicas para ocuparse de las condiciones que propician ese riesgo mayor.

Además, insistió en la necesidad de educar al ciudadano frente a los delitos contra el sufragio, crear estímulos a las denuncias ciudadanas contra los responsables de estas conductas y promover un verdadero combate a las formas viciadas de trashumancia electoral.

De otro lado, Benedetti habló de su propuesta que busca crear un Fondo de Compensación para las regiones. Explicó que éste consta de dos tipos de programas: el primero de nivelación de recursos entre las regiones del país que necesitara 1.6 billones de pesos anuales, y el segundo, que sería destinado a la financiación de proyectos de impacto regional en materia de prestación de servicio de salud, educación e infraestructura competitiva.

Finalmente, llamó a sus homólogos legisladores a que superen señalamientos como el "clientelismo y el populismo".

 

Armando Benedetti y Carlos Zuluaga, presidentes de Senado y Cámara

Por: Elespectador/APIC

A La U y al Partido Conservador les corresponden en el primer año esos cargos.

Aunque muchos daban por hecho las presidencias de Senado y Cámara de Representantes, esto sólo quedó confirmado la tarde del lunes.

De tal orden fueron los acuerdos, que hasta partidos que no son de la coalición 'santista', se sumaron a los pactos suscritos.

A la oficina del senador Armando Benedetti se acercaron algunos legisladores del Partido Verde que le manifestaron que votarían por él en la elección de este martes para la presidencia del Senado. Esto implica que el Senador podría contar con una de las votaciones más altas de la historia para tal designación.

De otro lado, está el caso del representante Carlos Alberto Zuluaga, quien fue proclamado por el Partido Conservador como candidato a la Presidencia de la Cámara.

Aunque se esperaba una dura puja entre Zuluaga y Telésforo Pedraza, ésta nunca se dio pues el legislador capitalino adhirió a la campaña de su similar antioqueño.

Este martes 20 de Julio, luego de la instalación del nuevo Congreso, se espera que sea ratificada la unidad de la coalición de Juan Manuel Santos en la votación de las mesas directivas.

 

Colombia tiene ya sus 102 senadores definidos

Por: Redacción Política/Elespectador/APIC

Consejo Nacional Electoral proclamó ganadores, pero la Procuraduría no avaló resultados.

La lista final del Senado de la República, por fin, después de una larga espera y a un día de la posesión del Congreso, fue definida este domingo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dejando al descubierto que a representativas figuras políticas como Rodrigo Lara, de Cambio Radical; Arturo Yepes, del Partido Conservador, y Luis Fernando Duque, del Partido Liberal, no les alcanzó la votación para formar parte del nuevo Legislativo.

Carlos Fernando Motoa le ganó la curul a Lara por 13 votos, pues   obtuvo 41.948, mientras que Lara sacó 41.935. Arturo Yepes sacó 42.764, pero lo superó Carlos Emiro Barriga Peñaranda, con 42.898. En el Partido Liberal la disputa  por la última curul era entre  Luis Fernando Duque, Guillermo García Realpe y Lidio Arturo García Turbay. García Realpe logró entrar a la lista de Senado con 36.042 votos. Se quemaron   García Turbay  (35.679)  y Duque  ( 35.059).

Por curules definitivamente la bancada de la U es la más grande con 28, le siguen  el Partido Conservador con 22, el Liberal con 17, el PIN con 9, Cambio Radical con 8, el Polo Democrático Alternativo con 8, el Verde con 5, el Mira con 3 y los indígenas con 2.

Pese a que la Procuraduría se abstuvo de avalar u objetar  el resultado revelado por el CNE, la presidenta del órgano electoral, Adelina Covo,  destacó  la transparencia   de los  escrutinios que  duraron    95 días y costaron   $3.200 millones.  “Lo que se busca no es que haya vencedores ni vencidos, sino que estén quienes deben representar a la ciudadanía en el Legislativo”, agregó.

Partido Verde

Gilma Jiménez,  207.776 votos.

Jorge E. Londoño Ulloa, 81.738.

Félix José Valera, 34.277.

John Sudarsky, 32.786.

Iván Leonidas Name, 10.178.

Mira (votos por lista cerrada: 324.051)

Alexandra Moreno Piraquive

Manuel Antonio Virgüez.

Carlos Alberto Baena López.

Indígenas

Marcos Avirama.

Germán Bernardo Carlosama.

Partido de la U

Juan Francisco Lozano Ramírez: 212.814 votos.

Dilian Francisca Toro Torres, 151.580.

José David Name Cardozo, 99.763.

Efraín Torrado García, 82.992.

Roy Leonardo Barreras, 81.323.

Armando Alberto Benedetti, 80.975.

Piedad del Socorro Zuccardi, 75.380.

Bernardo Miguel Elías Vidal, 74.188.

Germán Darío Hoyos Giraldo, 71.678.

Óscar Mauricio Lizcano Arango, 66.691.

Juan Carlos Vélez Uribe, 62.739.

Musa Besaile Fayad, 62.022.

Maritza Martínez Aristizábal, 61.221.

Jaime Alonso Zuluaga Aristizábal, 60.774.

Carlos Enrique Soto Jaramillo, 57.493.

Karime Mota y Morad, 47.625.

Manuel Guillermo Mora Jaramillo, 47.623.

Manuel Mesías Enríquez Rosero, 47.312.

Jorge Eduardo Gechem Turbay, 46.447.

Milton Arlex Rodríguez Sarmiento, 46.124.

Jorge Aurelio Iragorri Hormaza, 45.800.

Carlos Roberto Ferro Solanilla, 44.793.

Plinio Edilberto Olano Becerra, 44.693.

Claudia Jenneth Wilches Sarmiento, 44.015.

Martín Emilio Morales D., 41.119.

Fuad Emilio Rapag Matar, 39.513.

Jorge Eliécer Ballesteros Bernier, 39.286.

Eduardo Carlos Merlano Morales, 37.192.

Partido Conservador

Olga Lucía Suárez Mira, 122.736 votos.

Liliana María Rendón Roldán, 109.127.

Myriam Alicia Paredes Aguirre, 104.181.

Roberto Víctor Gerlein Echeverría, 96.239.

Hernán Francisco Andrade, Serrano, 89.138.

José Iván Clavijo Contreras, 81.840.

Efraín Cepeda Sarabia, 80.766.

Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar, 78.978.

Luis Emilio Sierra Grajales, 69.131.

Nora María García Burgos, 67.445.

Juan Manuel Corzo Román, 63.126.

Fernando Eustacio Tamayo Tamayo, 60.981.

 Eduardo Enríquez Maya, 59.843.

Juan Mario Laserna, 54.383.

Jorge Hernando Pedraza, 53.495.

Germán Villegas Villegas, 50.842.

José Darío Salazar Cruz, 50.389.

Juan de Jesús Córdoba, 48.557.

Juan Samy Merheg Marun, 46.938.

César Tulio Delgado, 46.275.

Gabriel  Zapata Correa, 44.928.

Carlos Emiro Barriga, 42.898.

Partido Liberal

Arleth Casado, 134.076 votos.

Juan Manuel Galán Pachón, 81.538.

Piedad Esneda Córdoba, 67.630.

Rodrigo Villalba, 66.000.

Eugenio Prieto Soto, 64.425.

Honorio Galvis Aguilar, 63.647.

Édgar Alfonso Gómez Román, 60.298.

Jaime Enrique Durán Barrera, 53.456.

Álvaro Ashton Giraldo, 52.793.

Jesús I. García Valencia, 52.285.

Camilo  Sánchez Ortega, 50.313.

Juan Fernando Cristo,  42.711.

Amparo Arbeláez Escalante, 41.812.

Guillermo Antonio Santos, 39.709.

Luis Fernando Velasco, 37.833.

Édinson Delgado Ruiz, 36.160.

Guillermo García Realpe, 36.042.

PIN

Juan Carlos Rizzetto Luces, 84.118 votos.

Héctor Julio Alfonso López, 78.549.

Carlos Arturo Quintero Marín, 60.813.

Hemel Hurtado Angulo, 59.051.

Manuel Julián Mazenet Corrales, 58.995.

Antonio José Correa Jiménez, 55.898.

Teresita García Romero, 53.573.

Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado 51.111.

Édgar Espíndola Niño, 42.043.

Cambio Radical

Javier Enrique Cáceres Leal, 83.885 votos.

Fuad Ricardo Char Abdala, 73.181.

Daira de Jesús Galvis Méndez, 65.932.

Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, 54.820.

Bernabé Celis Carrillo, 53.437.

Juan Carlos Restrepo Escobar, 47.520.

José Francisco Herrera Acosta, 45.599.

Carlos Fernando Motoa Solarte, 41.948.

Polo Democrático

Jorge Enrique Robledo, 165.339 votos.

Néstor Iván Moreno Rojas, 86.133.

Luis Carlos Avellaneda Tarazona, 47.815.

Camilo Ernesto Romero Galeano, 44.461.

Mauricio Ernesto Ospina Gómez, 42.702.

Alexánder López Maya, 42.275.

Jorge Eliécer Guevara, 41.180.

Gloria Inés Ramírez Ríos, 36.335.

 

Los senadores bajo la lupa

Ahora que ya se sabe como quedó conformado más del 90 por ciento del Senado por partidos, revisamos cuántos de esos aspirantes que estaban en alerta por parapolítica, corrupción o vínculos con familiares o padrinos cuestionados, entraron al Congreso. El 25% del Senado está bajo la lupa.

Votebien presentó un listado con los candidatos que podían tener problemas con la justicia, sanciones disciplinarias o que estaban cuestionados porque podrían salir elegidos con las mismas maquinarias que habían servido a personajes que han cometido delitos o están siendo investigados por ellos.

Ahora que ya se sabe como quedó conformado más del 90 por ciento del Congreso por partidos, revisamos cuántos de esos congresistas que estaban en alerta por diversos motivos, serán los nuevos senadores.

Puede suceder que las investigaciones o sospechas se aclaren a su favor. Pero también puede suceder que, pronto, sus curules puedan estar otra vez, en la cuerda floja.

Partido de la U

Este partido tendrá 27 curules o 28, dependiendo de los resultados finales del escrutinio que entregue la Registraduría, y será la mayor fuerza política en el Senado. De los 27 senadores con la votación más alta hay 10 que tienen investigaciones sobre asuntos graves o apoyos de familiares o padrinos políticos que han estado condenados o envueltos en escándalos de corrupción y parapolítica, entre otros procesos penales.

1. Dilian Francisca Toro

Médica cirujana del Valle, elegida con la segunda votación más alta dentro del partido (137,237). Llegó a la política por su esposo Julio Cesar Caicedo. Dilian tiene una investigación por parapolítica en la Corte.

2. Armando Benedetti

Senador barranquillero, hijo del ex ministro de Comunicaciones Armando Benedetti y quien ocupa el sexto lugar en votación dentro del partido con 73,627 votos. Fue concejal de Bogotá. Tiene una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica.

3. Piedad Zuccardi de García

Senadora cartagenera que repite gracias a 65,022 votos. Su esposo, el ex senador Juan José García Romero, fue condenado por el delito de peculado, por irregularidades en la contratación de Telecartagena, mientras su cuñado, Álvaro García Romero fue condenado a 40 años de prisión por complicidad con los paramilitares y ser el autor intelectual de la masacre de Macayepo.

4. Bernardo Miguel Elías Vidal

Es representante a la Cámara y fue elegido en 2006 como fórmula de Zulema Jattin y ahora sube al Senado luego de obtener 62,472 votos. Tiene investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por prevaricato en la votación del referendo. Jattin es investigada por la Corte Suprema de justicia por presuntos vínculos con paramilitares. El proceso de Zulema está en etapa de instrucción, y ella recobró la libertad por vencimiento de términos. Elías también es el sobrino y heredero político del cacique liberal José Ramón Elías Nader, quien estuvo preso por el Proceso 8.000

5. Oscar Mauricio Lizcano Arango

Hijo del ex senador secuestrado Oscar Tulio Lizcano, es representante a la Cámara y ahora pasa a Senado con 62,236 votos. Tiene dos investigaciones previas en la Corte Suprema de Justicia por dos hechos: Parapolítica y prevaricato en la votación del referendo. Además es apoyado por Adriana Gutiérrez, actual senadora, investigada por presuntos vínculos con paramilitares.

6. Maritza Martínez Aristizabal

Salió elegida con 58,428 votos. Es esposa del ex congresista del Meta Luis Carlos Torres, de Cambio Radical a quien se le abrió investigación por parapolítica en la Corte Suprema y renunció a su fuero para ser investigado por la Fiscalía. Torres tiene también un proceso por concierto para delinquir.

7. Carlos Enrique Soto Jaramillo

Dirigente risaraldense, cercano al alcalde de Pereira Israel Londoño. Sacó 53,757 votos. El ex superintendente de notariado y registro, Manuel Cuello Baute, lo señaló como uno de los congresistas que supuestamente recibió como premio a su lealtad al gobierno por haber votado a favor de la ley de referendo, una cuota en la notaría séptima al suroccidente de Pereira. Tiene una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por prevaricato en la votación del referendo.

8. Musa Besaile Fayad

Dirigente político de Córdoba, que obtuvo 51,768 votos. Tiene una investigación previa en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Hoy, 16 de marzo en una audiencia ante la Corte, el desmovilizado Carlos Andrés Padilla Gonzáles, alias "Visaje" confirmó la versión de Salvatore Mancuso sobre los vínculos de Besaile con los paramilitares. La Corte Suprema también le sigue un proceso preliminar por los manejos de la salud en su departamento.

9. Manuel Guillermo Mora Jaramillo

Ex alcalde de Cúcuta, y con una larga trayectoria en Norte de Santander, lo que se tradujo en 44,170 votos. Tiene una investigación previa en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica.

10. Martin Emilio Morales Diz

Ex alcalde de San Antero, Córdoba, elegido con 34,121 votos. Tiene el respaldo de Zulema Jattin, investigada por la Corte Suprema de justicia por presuntos vínculos con paramilitares. El proceso de Zulema está en etapa de instrucción, y ella recobró la libertad por vencimiento de términos.

Partido Conservador

El partido Conservador será la segunda fuerza en el Senado, con 23 o 24 curules. Dentro de los elegidos en este partido hay 3 o 4 candidatos que tienen investigaciones sobre asuntos graves o apoyos de familiares o padrinos políticos que han estado condenados o envueltos en escándalos de corrupción y parapolítica, entre otros procesos penales.

1. Olga Lucía Suárez Mira

La ex alcaldesa de Bello, Antioquia obtuvo la más alta votación en su partido (112,475) y está en el top cinco de candidatos con más votos en el Senado. Es la hermana del ex senador Óscar de Jesús Suárez Mira, quien tiene una investigación preliminar por presuntos nexos alias 'el Alemán' y 'don Berna'.

2. Juan Samy Merheg Marún

Es hermano del ex senador risaraldense Habib Merheg, quien fue llamado a indagación preliminar en la Corte Suprema por parapolítica y fue condenado por la Procuraduría en un proceso de conflicto de intereses. Los medios locales cuestionaron la abundancia de dinero de las campañas de Merheg en Pereira. Incluso tuvieron que desmontar algunas de las vallas porque sobrepasaban la cantidad permitida. Merheg obtuvo 43,797 votos.

3. Fernando Eustacio Tamayo Tamayo

Parlamentario boyacense que sacó 57,582 votos. La sala penal de la Corte Suprema le abrió una investigación preliminar el 11 de febrero de 2010, por haberse beneficiado presuntamente en el reparto de las notarías para favorecer la reelección de 2006. La notaría con la que se habría beneficiado el Senador está ubicada en el municipio de Bosa, en el sur de Bogotá.

4. Alfredo “Ape” Cuello Baute (en el limbo)

Si el partido logra una curul más entraría el actual Senador del Cesar Alfredo “Ape” Cuello Baute con 39,415 votos. A él le abrieron una investigación preliminar por presuntas irregularidades cuando ejerció como presidente de la Cámara y le acaban de cerrar otra por posibles nexos con el paramilitarismo. Es investigado por la Corte por prevaricato, al votar en segundo debate el referendo reeleccionista sin cumplir los requisitos de Ley.

También es hermano de Manuel Guillermo Cuello Baute, el ex superintendente de Notariado y Registro que fue condenado a prisión por corrupción en el escándalo en el que él mismo denunció que el gobierno le pidió premiar a los congresistas que votaron a favor de la reforma constitucional para permitir la primera reelección de Uribe otorgándoles cuotas en notarías.

Partido de Integración Nacional (PIN)

El PIN quedó como el cuarto partido más fuerte del Senado con 8 curules. Entre los 8 elegidos de este partido hay 7 con investigaciones sobre asuntos graves o apoyos de familiares o padrinos políticos que han estado condenados o envueltos en escándalos de corrupción y parapolítica, entre otros procesos penales.

1. Héctor Julio Alfonso López

Es el hijo de Enilse López Romero, ‘La Gata’, la polémica empresaria del chance de Sucre y Bolívar que tiene una medida de aseguramiento por los presuntos delitos de conformación de grupos ilegales y homicidio. El senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, interpuso una denuncia ante la Unidad de Reacción Inmediata de Transparencia Electoral, Uriel, advirtiendo que ‘La Gata’ estaba entregando dinero a líderes de Bolívar para que votaran por Héctor Julio, quien obtuvo 69,734 votos, la segunda votación más alta de su partido.

2. Carlos Arturo Quintero Marín

Salió elegido como el tercer senador de su partido con 57,140 votos. Tiene el respaldo político de Juan Carlos Martínez, ex congresista detenido por parapolítica y promotor del sancionado movimiento ADN, al que el Consejo Nacional Electoral le suspendió la personería jurídica.

3. Hemel Hurtado Angulo

Es otro de los candidatos que cuenta con el apoyo político de Juan Carlos Martínez, ex congresista detenido por parapolítica y promotor del sancionado movimiento ADN. Obtuvo 50,387 votos.

4. Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado

A pesar de que nunca ha participado en política, el médico santandereano obtuvo 49,382 votos. Es el hijo del conorel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, elegido como Gobernador de Santander en el período 2004-2007. Hugo Aguilar tiene 10 investigaciones activas por peculado, delitos contra la administración pública, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública, celebración indebida de contratos y falsa denuncia contra persona determinada.

5. Teresita García Romero

Fue cónsul en Frankfurt, Alemania pero nunca ha participado en cargos de elección popular. Obtuvo 48,636 votos por ser la hermana y heredera del fortín político de Álvaro García Romero, 'El Gordo', recién condenado a 40 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado y ser responsable de la masacre de Macayepo (Bolívar) y del asesinato de Georgina Narváez, maestra de San Onofre.

6. Manuel Julián Mazenet Corrales

Fue el secretario de Educación del Magdalena y cuenta con el apoyo político de Trino Luna, ex gobernador del mismo departamento condenado a tres años en la cárcel por vínculos con los paramilitares. Salió elegido con 47,667 votos.

7. Antonio José Correa Jiménez

Salió elegido con 50,491 votos. Tiene el apoyo de la empresaria del chance Enilse López, “la Gata”. Cuando Héctor Julio se lanzó hace cuatro años, Correa, quien también es oriundo de Magangué, creó el lema “La esperanza de un pueblo”, con el que los magangueleños identifican a los candidatos de la familia López. Correa también estuvo detrás de la candidatura a la alcaldía de Magangué de Jorge Luis López, el otro hijo de “la Gata”, quien salió elegido pero fue destituido por la Procuraduría por contratación ilegal.

Partido Liberal

El Partido Liberal volvió a ser la tercera fuerza del país y tendrá 18 curules en el Senado. Entre los políticos cuestionados, bien sea por tener familiares vinculados con la parapolítica o tener alguna investigación, se encuentran dos senadoras.

1. Arleth Patricia Casado

Tendrá una curul en el próximo congreso después de obtener la votación más alta dentro del Partido Liberal, con 111.752 votos.

Arleth es la heredera directa de la maquinaria política de Juan Manual López Cabrales, ex senador y ex representante por Córdoba por el Partido Liberal. Cabrales fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años de prisión por haber firmado el Pacto de Ralito que acordaba un plan de toma de la política con los paramilitares. Estuvo preso en la cárcel de la Picota hasta la primera semana de 2009 cuando salió después de haber cumplido tres quintas partes de su condena.

El aval que recibió Casado por parte del partido resultó muy polémico y causó que la senadora liberal Cecilia López, decidiera mantenerse al margen de las elecciones al Congreso acusando a las directivas de afincarse en la vieja política, según informó la Revista Semana.

2. Piedad Córdoba

Piedad Córdoba obtuvo la tercera votación más alta dentro de los liberales con 63.413 votos y repetirá curul en el Senado por cuarta vez consecutiva.

La Procuraduría inició en 2009 investigación formal en su contra por presuntos nexos con las Farc. El Ministerio Público inició el proceso después de revisar el material probatorio y la evidencia física incautada en el operativo donde murió 'Raúl Reyes'.

Cambio Radical

Cambio Radical verá reducida su bancada en el Senado, pues en 2006 obtuvo 15 curules y ahora tendrá 8. Es el quinto partido con mayor votación del país. De esos escaños 3 senadores tienen alguna investigación o vínculos con familiares investigados por la parapolítica.

1. Antonio Guerra de la Espriella

Antonio Guerra de la Espriella, repetirá curul por tercera vez (1998-2002 2006-2010) después de obtener la quinta votación más alta de Cambio Radical con 50.560 votos.

La Corte Suprema de Justicia inició una investigación en su contra por presuntos vínculos con el desaparecido paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena". El proceso está en etapa de instrucción.

Antonio es primo de Miguel de la Espriella Burgos, condenado a 45 meses de cárcel por firmar el ‘Pacto de Ralito’, la alianza hecha en 2001 por paramilitares y políticos.

2. Javier Cáceres

El actual Presidente del Congreso repetirá curul después de conseguir la votación más alta de su partido, 74.675 votos.

Cáceres tiene una investigación preliminar en Corte Suprema de Justicia, proceso 32009, por tráfico de influencias en Etesa, según denunció la Revista Cambio.

3. Fuad Char

Fuad Char obtuvo la segunda votación más alta del Partido Cambio Radical con 65.783 votos. Chad fue Senador entre 1992 y 2002.

Fuad Char es un empresario barranquillero, dueño de la cadena de tiendas Olímpica, y el patriarca de la dinastía Char, cuyos miembros han ocupado altos cargos en Barranquilla. Su sobrino, David Char, tiene una investigación previa en la Fiscalía por parapolítica.

El Polo Democrático Alternativo

El Polo Democrático Alternativo obtuvo 8 curules. De los 8 senadores hay 2 que tienen investigaciones en la Procuraduría por Farcpolítica, Jorge Enrique Robledo y Gloria Inés Ramírez.

1. Jorge Enrique Robledo

El senador obtuvo la mayor votación de su partido, (152,936) y está entre los 5 senadores con más votos a nivel nacional. Tiene una investigación en la Procuraduría pero la Corte no ha abierto ninguna investigación formal en su contra.

2. Gloria Inés Ramírez

La senadora caldense fue la única mujer de su partido que logró una curul en el Senado con 33,681 votos. Tiene una investigación en la Procuraduría pero la Corte no ha abierto ninguna investigación formal en su contra.

 

Se acabó la campaña

Por: Redacción Política/Elespectador/APIC

Antanas Mockus y Juan Manuel Santos cierran actividades este fin de semana.

A sólo una semana de la segunda vuelta presidencial, los candidatos por el Partido de la U, Juan Manuel Santos, y del Verde, Antanas Mockus, hacen sus últimos esfuerzos en plaza pública. El primero de ellos le apunta a mantenerse adelante en las encuestas y el segundo a repuntar, pues según la más reciente encuesta de la firma Gallup Colombia, el aspirante de la U le lleva al verde casi 40 puntos de distancia en intención de voto.

El viernes Santos fue a Bucaramanga y Mockus visitó Cartagena y Medellín. Se trata de días decisivos y Mockus parece empeñado en enmendar los errores que cometió ad portas de la primera vuelta y en tomar las riendas de su campaña. El candidato verde se ha vuelto vehemente en criticar lo que considera incorrecto de parte de su contendor. Y a quienes lo han señalado de ser débil, Mockus les recalcó que los débiles son los corruptos, porque no aguantan la tentación.

Incluso este se convirtió en el tema de la nueva publicidad del candidato, en la que dice: “Algunos en la campaña rival se han inventado el cuento de que soy débil. ¿Acaso acatar la ley y jugar limpio es de débiles? ¿Acaso es ser fuerte levantar la voz para luego ceder? Hay que ser muy fuerte para no prometer lo que no puedo cumplir. No puedo compartir la debilidad de quienes festejan falsas victorias de guerra a costa de la vida de civiles inocentes. Tengo la fuerza de saber que hago las cosas como hay que hacerlas, con todas las de la ley”.

Y hubo más pullas: el candidato verde contó a los medios de comunicación que tenía “la piedra afuera” porque habló con madres cabeza de hogar, quienes le habrían contado que la campaña de la U las amenazó con quitarles el subsidio de Familias en Acción en caso de no apoyar a Santos en las urnas. De inmediato, el ex ministro de Defensa reaccionó desde Bucaramanga, desmintiendo enérgicamente a su contendor y asegurando que se trata de una infamia. “He dicho que si alguien dice una cosa así saldrá de la campaña automáticamente, pero estoy seguro de que eso no ha pasado”, sostuvo.

En la tarde, desde su red social de Twitter, Mockus dijo: “hay que pasar de un gobierno que apaga incendios a un gobierno que construye futuro educando a la gente”. Precisamente por estar “encantado” con la propuesta educativa, el profesor y el candidato a la Vicepresidencia Sergio Fajardo recibieron el respaldo del ex candidato a la Vicepresidencia por el Partido Liberal Aníbal Gaviria.

Simultáneamente Santos, desde Barranquilla, se daba el lujo de recibir en tarima el respaldo de quien resultó ser la tercera votación en Colombia, el ex candidato a la Presidencia Germán Vargas Lleras, que además fue uno de sus grandes críticos antes de la primera vuelta. En ese entonces Vargas Lleras insistió en que los rumores de alianza eran tendenciosos y falsos positivos divulgados por la otra campaña y que sólo buscaban generar confusión.

Este sábado Mockus tratará de ganar electores en Cali y Buenaventura. Su cierre de campaña de mañana será en Bogotá, pero no en plaza pública, sino con un acto puerta a puerta, mecanismo por el cual el aspirante pretende convencer a los ciudadanos de que lo dejen entrar a su casa, que él es la mejor opción. El candidato Santos estará hoy en Cartagena y mañana en Medellín, donde se reunirá a puerta cerrada con sus seguidores.

 

"El Partido Liberal no hizo alianzas electorales"

El ex candidato del Partido Liberal Rafael Pardo hace un balance de las elecciones y habla de las alianzas electorales y de la eventual relación de su partido con un nuevo gobierno.

SEMANA/APIC: A partir de los resultados electorales del 30 de mayo, ¿aún cree que el Partido Liberal hizo una buena campaña?

Rafael Pardo: Nadie puede decir que no hubo campaña o que lo que hicimos no era lo correcto. Igualmente nadie puede decir que el candidato era corrupto o incapaz. Los resultados muestran que la coyuntura no nos favoreció pero que la campaña fue muy buena.

SEMANA/APIC: ¿En qué sentido?

R.P.: Movilizamos el partido, mantuvimos la representación en el Congreso, ratificamos nuestras ideas y las hicimos visibles, de manera positiva, en los debates de televisión. Digo que la coyuntura estuvo en contra nuestra, porque en el momento en que se cayó el referendo reeleccionista, nuestra fuerza opositora perdió significado en el electorado. Además la campaña se polarizó muy rápido entre dos candidatos: parte de nuestros votos urbanos se fue a donde Antanas Mockus y parte de los rurales se fue a donde Juan Manuel Santos.

SEMANA/APIC: ¿Haber asumido la jefatura del partido fue bueno para la campaña?

R.P.: Sí. Yo asumí la dirección, la confección de listas y toda la organización de las elecciones al Congreso y eso salió bien. Si yo no hubiera asumido, lo único que tendría para mostrar es el resultado de la competencia presidencial. Desde un comienzo tuve claro que la viabilidad del partido estaba en las elecciones del Congreso y por esos buenos resultados mantuvimos el tamaño y la fuerza de nuestra bancada.

SEMANA/APIC: ¿Con el deslizamiento de parte de los parlamentarios liberales a donde Santos, en parte producto de los resultados de la primera vuelta, se puede seguir hablando de coherencia liberal?

R.P.: Desde el domingo yo dije que había libertad de voto, y libertad es libertad. Sin embargo, esta libertad es de votar y no de hacer acuerdos. Ningún congresista puede hacer a título individual acuerdos programáticos, burocráticos o políticos a nombre del Partido Liberal.

SEMANA/APIC: Si el liberalismo ha hecho una abierta oposición a las políticas del uribismo y Santos representa la continuidad, ¿por qué tantos liberales se van con él?

R.P.: Porque Santos habló de un proyecto de unidad nacional que podría ser distinto al de Uribe. Lo dijo antes y después de las elecciones, y eso lo hizo creíble. Antanas Mockus, en cambio, ni siquiera insinuó la posibilidad de construir conjuntamente un punto de la agenda política con el liberalismo. Agradezco los elogios que dijo Mockus sobre mí el día de la elección, pero tengo claro que no nos convocó y que no quiere ningún acuerdo con otros partidos.

SEMANA/APIC: ¿O sea que definitivamente sí se siente identificado con esa idea de unidad nacional?

R.P.: Quiero aclarar que a nosotros solo nos interesa hablar de un eventual gobierno de unidad nacional después de que sea elegido el Presidente. Hay temas programáticos en los que coincidimos con ambos candidatos, pero hay otros que son inamovibles para el liberalismo. El principal de ellos: la independencia judicial. Para que hagamos acuerdos con el próximo presidente, este tiene que tener una actitud absoluta de respeto con la justicia y eso incluye -por ejemplo- continuar con la independencia de la Fiscalía y respetar las Cortes y las decisiones judiciales.

SEMANA/APIC: ¿Qué se habló en la reunión con Santos?

R.P.: Eso precisamente. Que el Partido Liberal no hace alianzas electorales y que deja a sus miembros en libertad para votar. Le dije que esto último no implica compromisos frente al nuevo gobierno, aunque después del 20 de julio vemos con buenos ojos discutir la idea de un gobierno de unidad nacional.

SEMANA/APIC: Horas después se reunió con Mockus...

R.P.: Sí, e insistí en lo mismo. En que el partido se mantiene en no hacer acuerdos electorales y en que sus integrantes pueden votar por el candidato que prefieran.

SEMANA/APIC: ¿Cómo interpreta el nuevo panorama político después de las elecciones?

R.P.: Lo que hubo el 30 de mayo fue un referendo a favor de Uribe. Si el referendo reeleccionista se hubiera hecho, Uribe habría sacado los siete millones de votos que necesitaba para ser Presidente por tercera vez. Creo que a los otros candidatos nos afectó la polarización que se montó como parte de la campaña, pero que no era real. En otras palabras, el discurso de los uribistas ha calado y este se centró en un falso dilema: afirmar que si no se elegía la continuidad habría un salto al vacío. La gente interpretó que las elecciones eran entre Uribe y Mockus. Eso nos afectó.

SEMANA/APIC: ¿La oposición a Uribe fue una equivocación?

R.P.: La oposición nos trajo costos muy grandes, pero era lo que el partido tenía que hacer. A futuro el partido tiene que tomar una decisión frente al nuevo gobierno. Hablar a estas alturas con una postura de oposición no tiene sentido. Primero hay que ver qué propone, qué hace y cómo actúa el próximo gobierno.

SEMANA/APIC: ¿Es posible competir contra un gobernante que tiene una red social asistencialista montada, como es el caso de Familias en Acción?

R.P.: Hace cuatro años me referí a ese tema en varias revistas internacionales. Planteé entonces, y lo sigo haciendo, que el sistema de subsidios a la demanda favorece al gobierno que los está dando. Eso pasa en Argentina, Venezuela, México y Costa Rica. Ese tipo de programas asistencialistas reemplazaron al clientelismo y tienen una incidencia electoral puesto que las personas que reciben el cheque mensualmente del gobierno tienden a apoyar al Presidente (si busca ser reelegido) o al candidato de la continuidad. Esa es una realidad que afecta electoralmente.

SEMANA/APIC: ¿Cuál sería una estrategia para reposicionar el Partido Liberal?

R.P.: La reconstrucción del Partido Liberal tiene que empezar por la base municipal demostrando, a partir de propuestas, la cohesión que tiene con el nivel local y el territorial. Lo que garantiza la viabilidad de un partido es que funcione como una pirámide y que logre representar a las personas y temas de las localidades. Por supuesto, defender tesis nacionales es importante. Pero hay que entender que los partidos tradicionales perdieron de vista las agendas locales.

SEMANA7/APIC: Todo parece indicar que si Santos es elegido Presidente tendría una coalición mayoritaria en el Congreso...

R.P.: Depende de él y de su agenda de gobierno. Si Santos llega a ser Presidente y mantiene su idea de armar un gobierno de unidad nacional, las partes deberían tener acuerdos sobre temas centrales. Sin embargo, frente a otros temas tendría que haber libertad crítica y de control político. Un gobierno de unidad nacional no es una coalición que vota a ciegas lo que diga el gobierno. Llevándolo al extremo: si alguien llega a proponer cerrar la Sala Penal de la Corte o a señalar que los proyectos de reparación de víctimas no son necesarios, al menos con el liberalismo no habría acuerdo posible.

SEMANA/APIC: ¿Usted cree que Santos está tratando de hacer lo que Uribe no pudo hacer: unificar en torno de él al Partido Liberal?

R.P.: No. Lo que veo es que Santos está haciendo un llamado institucional. No veo que quiera fusionar al liberalismo con la U ni hacer de los dos un solo partido. Tampoco podría hacerlo.

SEMANA/APIC: ¿Pero entonces usted no ve al gobierno de Santos como una continuidad calcada?

R.P.: Yo espero que, si es Presidente, no sea continuista en muchas cosas. Sobre todo en los temas que fueron fundamentales para nosotros como representantes de la oposición. Entre ellos el abuso de poder en el caso de las 'chuzadas' o el ataque a la independencia de la justicia, a las ONG o a los que piensan diferente.

SEMANA/APIC: ¿Por quién va a votar en la segunda vuelta?

R.P.: Como jefe del partido no puedo decir por quién voy a votar. Se podría entender como una instrucción o una descalificación y eso sería inconsecuente con un criterio de libertad.

SEMANA/APIC: ¿Se ve como jefe de partido después del cambio de gobierno?

R.P.: Las elecciones son el 20 de junio, vamos por pasos. Lo que es claro es que yo tengo una responsabilidad que no puedo dejar botada. Independientemente de cuál sea mi sentimiento personal yo tengo que buscar que el partido tenga una posición coherente y unificada frente al próximo gobierno. Y de eso me voy a hacer cargo.

 

Toconsán (Todos con Santos)

El amplio triunfo de la U en la primera vuelta y el rechazo de Mockus a las alianzas partidistas consolidaron el ingreso de casi toda la clase política a la campaña santista.

A comienzos de la campaña, cuando Juan Manuel Santos figuraba como el gran favorito para llegar a la Presidencia, la hipótesis más factible era que los aspirantes de otros partidos se unirían contra él. Se llegó a pronosticar que se formaría un 'Tocosán': Todos contra Santos. Pero después de las elecciones de primera vuelta todo cambió y lo que se produjo fue un 'Toconsán': Todos con Santos, en lo que se refiere a la clase política.

El desplazamiento de congresistas y ex candidatos hacia la U tiene explicaciones que van más allá de la conveniencia de estar con el ganador. En su discurso del domingo en la noche, Santos reiteró su propuesta de hacer un gobierno de unidad nacional que incorpore a todos los partidos dispuestos a participar. Y ese discurso se convirtió en una puerta abierta para facilitar la llegada de conservadores, liberales y miembros de Cambio Radical, aunque cada uno con esquema distinto. El proceso fue estimulado por diversos mensajes que envió Antanas Mockus en el sentido de que los verdes no harían coaliciones, lo cual alejó a algunos liberales y a la totalidad del Polo Democrático.

La de los conservadores fue la primera adhesión, la más expedita y la más contundente. Al fin y al cabo, los azules habían formado parte de la coalición uribista en los últimos ocho años y al no haber logrado que su candidata, Noemí Sanín, clasificara para la segunda vuelta, su retorno era casi natural. El ex ministro Andrés Felipe Arias fue el gestor. Desde el lunes contactó a 50 parlamentarios y los convenció de llegar en bloque a la campaña uribista. Arias tuvo que superar agrias disputas con Noemí Sanín, tanto en la junta de parlamentarios como en una entrevista conjunta de casi una hora en La FM, quien consideró que la unión debía tener como requisito previo un acuerdo programático. Pero la foto de Santos con el jefe del partido, Fernando Araújo, cerró todas las distancias y aceleró un proceso lógico de acercamiento entre dos fuerzas afines. "Desde antes estábamos con Juan Manuel", dice un senador conservador, y así lo demuestran las cifras: mientras en la elección parlamentaria el partido sacó más de dos millones de votos y se consolidó como la segunda fuerza en el Congreso, en la primera vuelta presidencial Noemí no obtuvo ni siquiera la mitad de esa suma. El propio ex presidente Belisario Betancur declaró que -a pesar de haber estado presente en la convención conservadora- en la primera vuelta votó por Santos.

En el caso de los liberales, Santos logró atraer a su campaña el 80 por ciento de la bancada. Liderados por el ex senador Germán Olano y el presidente de la Cámara, Édgar Gómez, más de 40 parlamentarios se comprometieron a dedicarle al candidato de la U las tres semanas definitivas a su campaña. Pero esta adhesión no fue tan fácil ni tan rápida como la de los azules. El jefe de la colectividad acudió a la fórmula de dejar a su bancada en libertad para votar por cualquiera de los dos finalistas: "No sería coherente que un partido que lleva ocho años en la oposición, ahora respalde un candidato cuyo lema es la continuidad", dijo.

Y con ese argumento, después de una junta parlamentaria en la que casi le dan golpe de Estado a su jefatura, decidió mantener la independencia, se tomó una foto con Santos y otra con Mockus y reiteró su posición. En ella lo apoyaron los senadores Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Luis Fernando Velasco, Héctor Elí Rojas y Piedad Córdoba. También los ex precandidatos Iván Marulanda y Cecilia López y los representantes Gema López, Pablo Salamanca y Guillermo Rivera, entre otros. Entre los que se fueron con Santos, se destacan los nombres de los senadores Camilo Sánchez y Griselda Yaneth Restrepo, así como el del representante a la Cámara Simón Gaviria.

La tercera adhesión a la campaña santista se concretará el próximo martes y tendrá origen en Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras. La mayoría de la bancada se quiere subir en el tren santista, pero la decisión en grupo no es ni tan obvia ni tan fácil. En parte, por la oposición de tres de sus miembros más cercanos a Vargas Lleras: Rodrigo Lara, Alfonso Valdivieso y Carlos Fernando Galán. Pero también hay criterios de largo plazo, porque si algo logró el candidato en esta campaña fue fortalecer su imagen entre la opinión. Y adherir a Santos en nombre del partido podría debilitar su identidad y perder visibilidad al convertirse en uno más de un enorme equipo. A Vargas Lleras le conviene consolidar la percepción de que pasó a las ligas mayores.

Por último están los congresistas del PIN, que no se han reunido con Santos ni adhirieron formalmente a él, pero han insinuado que lo respaldarían desde el Congreso en caso de que llegue a la Presidencia. "Estaremos con el candidato que mejor represente el sentir uribista", dijo Samuel Arrieta, director del partido.Y aunque a las dos partes les conviene no hacer un acuerdo público, debido al desprestigio de la mayoría de sus miembros, se da como un hecho que, si Santos llega a la Casa de Nariño, los nueve senadores y 13 representantes del PIN se sumen al proyecto de unidad nacional de la U.

Si a la campaña de Santos se suman cada día más congresistas, no ocurre lo mismo en la de Antanas Mockus. Los acercamientos con Gustavo Petro para hacer un acuerdo programático se rompieron el viernes. Las eternas conversaciones dejaron la sensación de que Gustavo Petro se tragó el sapo de una ofensiva declaración que hace un mes hizo Mockus en su contra, y que hizo todo lo que estuvo a su alcance para facilitarles su apoyo a los verdes. El jueves por la noche ya estaba cocinado un texto en el que Mockus aceptaba cinco puntos generales de muy poca controversia y los dos partidos anunciaban el lanzamiento de "una segunda ola ciudadana" para cooperar en la segunda vuelta. Sin embargo, Enrique Peñalosa hizo unas duras declaraciones en las que criticó el gobierno del Polo en Bogotá y manifestó su rechazo a que "Mockus y Petro aparecieran en una misma tarima". Y ese discurso fue inaceptable para el Polo. Adicionalmente el ala radical de este partido cuestionó a Petro por acercarse a los verdes sin un consenso previo. El Polo, en últimas, optará por la abstención en la segunda vuelta.

La ruptura tuvo connotaciones estratégicas. No comprometerse con la izquierda podría servirle a Mockus para no perder los votos de uribistas que lo respaldan y para fortalecer la idea de que la suya es la campaña de los ciudadanos enfrentada a la de los políticos.

Más allá de lo que las adhesiones les sirvan a las aspiraciones de los dos candidatos, lo cierto es que el fuerte desplazamiento de congresistas a la campaña de Santos genera nuevas preguntas sobre lo que pasaría con la oposición en su eventual gobierno. Mientras Mockus solo contaría con el apoyo de los siete congresistas del Partido Verde y de uno que otro del Polo y del liberalismo, Santos tendría una coalición mayoritaria. Y esta sería mucho más grande que la que tuvo Álvaro Uribe puesto que, de ganar, reuniría a las fuerzas uribistas (la U, conservatismo, y quizá los de Cambio Radical), pero esta vez sumadas a más de la mitad de la bancada liberal. Aunque para algunos, esta situación limitaría el necesario control político que asume la oposición, para muchos otros garantizaría una mayor gobernabilidad y fluidez política al armonizar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. No obstante, la pregunta sobre la gobernabilidad aún no es la más relevante. Por estos días lo que importa es qué tanto las movidas políticas y las decisiones de partidos y congresistas les sirven a los candidatos para ganar más adeptos o para mantener sus propios votos. Y eso se sabrá el 20 de junio.

 

De Mockus para el Polo: "Cada loro en su estaca"

 Elecciones 2010 En rueda de prensa, el candidato del Partido Verde aseguró que la única coalición posible de cara a la segunda vuelta presidencial es con la ciudadanía. El Polo Democrático le propuso un proceso de diálogo público y transparente para construir un acuerdo programático.

El candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, le cerró la puerta este martes a un eventual “acuerdo político tradicional” o basado en cuotas burocráticas con otra colectividad de cara a la segunda vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 20 de junio.

En rueda de prensa, Mockus aseguró que la única coalición imaginable para el Partido Verde es con la ciudadanía. “Coaliciones, cogobernar y repartir cargos nos desdibujan como partido”, dijo el aspirante presidencial que el pasado domingo alcanzó el 21,5 por ciento de la votación, más de 3’120.000 sufragios.

Y sobre el Polo Democrático dijo: "Ni al Polo le conviene aliarse con los verdes, ni a los verdes aliarse con el Polo (...) Cada loro en su estaca".

El pronunciamiento se dio en momentos en que el Polo parecía acercarse al movimiento verde. Incluso, la noche del martes, tras la declaración de Mockus, el Polo le propuso en carta abierta al Partido Verde “iniciar un proceso de diálogo público y transparente, con el fin de construir un acuerdo programático frente a las elecciones del 20 de junio”.

Para el Polo, dicha discusión debe estar basada en cinco puntos:

1. La superación de la influencia de la mafia sobre el Estado Colombiano.

2. La verdad, justicia y reparación sobre los crímenes de lesa humanidad y el cese del hostigamiento al poder judicial, a los partidos de oposición y a los movimientos sociales.

3. La aplicación de una política para extinguir la propiedad de la tierra en manos del narcotráfico y las mafias, y su entrega a los campesinos, a las víctimas y a los desplazados.

4. En la perspectiva del mejoramiento de las relaciones con los países vecinos, lo invitamos a acordar una nueva política de relaciones internacionales de Colombia basada en la soberanía política, económica y militar y fundada en el respeto a los principios del derecho internacional.

5. De acuerdo con su afirmación de que la vida y los recursos del erario son sagrados, proponemos la creación de sistemas públicos en los que la salud y educación sean derechos humanos fundamentales.

Así mismo, el Polo declaró que no acepta “conversaciones o pactos sobre cuotas burocráticas”, y aseguró que no participará en un eventual gobierno del Partido Verde dadas sus “profundas diferencias en las concepciones sobre el modelo económico y social”.

Con esta aclaración, el Polo pareció salirle al paso a lo dicho por Mockus minutos antes, cuando insistió que en su partido todos eran bienvenidos a sabiendas de que “no hay nada para repartir, sino principios para compartir”. 

Sobre este tema, Mockus argumentó que le da "temor que se replique el cuestionado expediente del Frente Nacional", pues hoy los acuerdos de partidos "podrían debilitar su identidad y generar desconfianza entre los ciudadanos".

De todas maneras, las condiciones expuestas por el Polo en su carta sí parecen coincidir en parte con lo dicho por el candidato del Partido Verde, quien aseguró que durante las próximas semanas realizarán amplios diálogos ciudadanos alrededor de sus propuestas programáticas, en las que esperan incorporar “varias de las positivas iniciativas presentadas por los candidatos”.

Al final, Mockus concluyó que el próximo 20 de junio espera que los votantes de los aspirantes que no pudieron pasar a segunda vuelta y los millones de colombianos y colombianas tradicionalmente abstencionistas, se sumen a su propuesta política.

Este es el comunicado emitido por Antanas Mockus la tarde del martes:

Quiero reiterar, como lo hice el domingo pasado, mi admiración por la manera como participaron en la campaña de la primera vuelta presidencial los candidatos que no alcanzaron la segunda vuelta.

Tuvimos naturales coincidencias y diferencias en los planteamientos que sometimos a consideración de los colombianos y valoré positivamente varias de las propuestas que ustedes presentaron en el debate electoral.

Por decisión de los ciudadanos tengo el deber y la responsabilidad de liderar ahora esa inmensa cantidad de colombianos y colombianas que quieren:

- Transformar radicalmente la manera de hacer política.

- Rechazar manifestaciones de ilegalidad originadas en las propias esferas gubernamentales.

- Y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Convocamos una gran alianza ciudadana alrededor de esos propósitos.

En Colombia estamos en un proceso de transición democrática y nos da temor que se replique el cuestionado expediente del Frente Nacional, hoy los acuerdos de partidos podrían debilitar su identidad y generar desconfianza entre los ciudadanos. Aún cuando reconocemos que los seis principales partidos somos en este momento necesarios y útiles para la democracia.

Por todo ello, desde el propio domingo señalé con claridad que no promovería acuerdos políticos tradicionales.

El Partido Verde se encuentra en ese esfuerzo de construcción de partidos fuertes. La dirección nacional y la bancada parlamentaria, elegida el pasado 14 de marzo, comparten los términos de esta comunicación.

Espero que muchos de los simpatizantes y electores de los candidatos que no llegaron a la segunda vuelta se sumarán a nuestra alianza ciudadana. Bienvenidos todos a sabiendas de que aquí no hay nada para repartir sino principios para compartir.

Durante estas semanas realizaremos amplios diálogos ciudadanos alrededor de nuestras propuestas programáticas, en los que esperamos poder incorporar varias de las positivas iniciativas presentadas por esos candidatos y con las que esperamos que sus votantes y los millones de colombianos y colombianas tradicionalmente abstencionistas se sumen a esta alianza.

Esta es la carta del Polo Democrático al Partido Verde:

CARTA ABIERTA DEL POLO AL PARTIDO VERDE

Bogotá, D.C., 1 de junio de 2010

Doctores

ANTANAS MOCKUS SIVICKAS

Candidato Presidencial

CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ

Presidente

Partido Verde

Ciudad.

El Polo Democrático Alternativo propone al Partido Verde iniciar un proceso de diálogo público y transparente, con el fin de construir un Acuerdo Programático frente a las elecciones del 20 de junio sobre los siguientes puntos:

1. La superación de la influencia de la mafia sobre el Estado Colombiano.

2. La verdad, justicia y reparación sobre los crímenes de lesa humanidad y el cese del hostigamiento al poder judicial, a los partidos de oposición y a los movimientos sociales.

3. La aplicación de una política para extinguir la propiedad de la tierra en manos del narcotráfico y las mafias, y su entrega a los campesinos, a las víctimas y a los desplazados.

4. En la perspectiva del mejoramiento de las relaciones con los países vecinos, lo invitamos a acordar una nueva política de relaciones internacionales de Colombia basada en la soberanía política, económica y militar y fundada en el respeto a los principios del derecho internacional.

5. De acuerdo con su afirmación de que la vida y los recursos del erario son sagrados, proponemos la creación de sistemas públicos en los que la salud y educación sean derechos humanos fundamentales.

El diálogo que planteamos para la construcción de un Acuerdo, parte de la premisa de que no será posible hacer coincidir en su totalidad los dos proyectos políticos, que son naturalmente diferentes.

Declaramos explícitamente que no aceptamos conversaciones o pactos sobre cuotas burocráticas, ni participaremos en un eventual gobierno del Partido Verde dadas nuestras profundas diferencias en las concepciones sobre el modelo económico y social. 

El Polo Democrático ha defendido en circunstancias adversas los pactos ciudadanos, su Ideario parte del reconocimiento del carácter del ciudadano como sujeto político y considera que una democracia moderna implica una cultura de relaciones dignas y respetuosas entre los partidos políticos.

Por el Comité Ejecutivo Nacional

GUSTAVO PETRO URREGO

Ex Candidato

CLARA LÓPEZ OBREGÓN

Presidente

 

Polo reitera que quiere derrotar a Santos, pero enfatiza en que Mockus no lo ha buscado

Por: Germán D. Espejo/Elespectador/APIC

Aunque no descarta una unión con el candidato del Partido Verde, el candidato Gustavo Petro advierte que no hay nada definido.

El Polo Democrático Alternativo este lunes anunció que su nuevo proyecto político busca derrotar las pretensiones presidenciales de Juan Manuel Santos. Así lo dejó claro el candidato Gustavo Petro quien dijo: "el Polo está en la decisión de derrotar a Santos".

Sin embargo, al ser preguntado si esto de inmediato abre las puertas a un acuerdo con el Partido Verde, Petro prefirió no anunciar nada en concreto y sostuvo que "hay varios mecanismos para derrotar a Santos pero aún no se pueden indicar cuáles son". Este lunes en la noche, el ex candidato del Polo agregó que Mockus no lo ha buscado.

¿Mockus podría ser?

Al ser preguntado varias veces si se trata de una unión con Mockus, se limitó a manifestar: "eso ya lo veremos". Sin embargo, dejó claro que hay evidentes y claras diferencias programáticas entre lo que buscan el Polo y el Partido Verde y recalcó que el jefe del Partido Verde no lo ha buscado.

"La política social, la salida al neoliberalismo, la necesidad de acabar la guerra y no de simplemente limpiarla, son temas que aparecieron en los debates y que nos diferencian", aseguró Gustavo Petro.

Polo codiciado

El candidato del Polo, además dijo que ha recibido ‘guiños' de muchos otros sectores, y no sólo de Mockus. "Nos ha hecho ‘guiños' Santos, Mockus y hasta Fajardo; eso hay cambio de semáforo por todas partes pero el problema no es ese, el problema es cuál va ser la actitud del Polo y si podrá salir fortalecido a partir de unja decisión en conjunto", agregó.

Sin cuotas burocráticas

Petro afirmó que su acuerdo con Mockus no depende en nada de un pacto burocrático. Según él nunca ha estado en un gobierno que no comparta.

"Sólo estaría en un gabinete si hay un acuerdo programático muy profundo porque no me veo en el papel de Angelino Garzón (vicepresidente de Juan Manuel Santos)", puntualzó.

 

Juan Manuel Santos quedó en holgada posición para la segunda vuelta electoral

Jaque a la ola verde

Por: Redacción Política/APIC

A menos que el voto de opinión, los abstencionistas y los nuevos aliados sumen a su caudal electoral, Antanas Mockus la tiene muy difícil. El presidente Álvaro Uribe y sus políticas son también ganadores de la jornada electoral. 

La segunda vuelta electoral estaba cantada. Lo que no estaba previsto y tampoco lo advirtieron las encuestas fue la apreciable ventaja con que quedó Juan Manuel Santos para decidir la Presidencia de Colombia. A menos que el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, logre concertar fuertes alianzas con los movimientos y candidatos que salieron de la pelea política, todo apunta a que el candidato del Partido de la U, con una cómoda posición para ganar adherentes y ofrecer alianzas, tiene muy cerca la victoria.

Es más, sumando los votos de los cuatro candidatos que ayer salieron de la carrera a la primera magistratura del Estado, y suponiendo que todos apoyaran a Antanas Mockus en la segunda vuelta, apenas el candidato del Partido Verde quedaría dando una apretada pelea a Juan Manuel Santos. En cambio, al candidato de la U le bastaría el apoyo de alguno de los candidatos perdedores para obtener ventaja y ganar en segunda vuelta. A menos que suceda un error craso o una reacción del electorado que se abstiene, la lógica del censo electoral no augura mayores cambios.

Este camino parece más sólido si se evalúa qué puede pasar con las alianzas. Los votos no son endosables y menos en Colombia. Eso quiere decir que así los candidatos derrotados señalen a quién se debe apoyar en segunda vuelta, es difícil que logren imponer una disciplina absoluta. Por ejemplo, en las toldas del Partido Conservador, la orientación de su candidata Noemí Sanín ya no compromete a sus electores. Va a pesar más la tendencia que ha traído la colectividad azul en los últimos tiempos.

Cabe recordar que Noemí Sanín le ganó la candidatura en una forma muy apretada al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, acérrimo defensor del presidente Uribe y sus políticas. Es lógico ahora pensar que esa masa electoral llegue más fácil a fortalecer el caudal del candidato Santos, quien al fin y al cabo representa la opción del uribismo para seguir en el poder. Si se tiene en cuenta que con Uribe en la Presidencia cobró un segundo aire el conservatismo, es más fácil que esa reciprocidad se configure en votos para Santos.

Si ese mismo análisis se evalúa respecto a Germán Vargas Lleras y su partido Cambio Radical, también hay que mirar antecedentes. Esta colectividad fue uno de los soportes del presidente Uribe en el Congreso y en las urnas, tanto en 2002 como en 2006. Las discrepancias surgieron cuando los uribistas y la propia Casa de Nariño promovieron la idea de un tercer mandato. Pero es una base electoral de pasado uribista, que podría estar más cerca de apoyar a Santos que cambiar de frente y sumar en la propuesta de Antanas Mockus.

Claro está que en el desarrollo de la campaña electoral, Germán Vargas Lleras fue muy crítico con ciertos hechos del Gobierno y al propio Santos le enrostró casos como los falsos positivos o el errático manejo del DAS. En política suele suceder que terminadas las campañas se olvidan las pullas. Por eso, a la idea de unidad nacional que ha venido planteando el candidato Santos, seguramente no le van a faltar algunos votos, o quizá muchos, de Cambio Radical con o sin Vargas Lleras.

En cuanto a los votantes del Polo Democrático y del Partido Liberal, donde la lógica indica que podrían estar los eventuales aliados de Antanas Mockus para una segunda vuelta, tampoco es probable que sea un apoyo absoluto. La campaña demostró que para algunos hay diferencias insalvables entre el Polo y el Partido Verde. Y por los lados del liberalismo, hay quienes a la sombra siguen añorando los tiempos de un partido unificado y victorioso.

Así las cosas, el vencedor de la jornada electoral de este domingo, una vez más, es el presidente Álvaro Uribe Vélez y sus políticas de gobierno. Hoy, su ex ministro de Defensa y elegido sin guiño abierto, Juan Manuel Santos, quedó a las puertas de asegurarse el triunfo el próximo 20 de junio. No hay enemigo pequeño, y ante la ola verde, cualquier cosa aún puede pasar. Pero el resultado de este domingo deja pocos márgenes de cambio. Santos se acerca a la Presidencia de Colombia.

"Será difícil un repunte de Mockus"

Firmas encuestadoras dicen que ya sabían que Juan Manuel Santos arrasaría

Aseguran que en los últimos 10 días cambió drásticamente la intención de voto como consecuencia de los debates.

Jorge Londoño, director de la firma encuestadora Invamer Gallup, manifestó este lunes que el cambio drástico en los resultados de las recientes elecciones presidenciales, con respecto a lo que indicaban las encuestas previo a dichos comicios, se debió a declaraciones de los candidatos en debates y apariciones públicas en los últimos días.

Londoño fue preciso al señalar que las declaraciones erráticas de Antanas Mockus en los diferentes debates llevados a cabo, durante el tiempo en el que las encuestas no podían volver a mostrar resultados, "le costaron mucho".

A la vez destacó el repunte de los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras, también por el hecho de haber salido bien librados en los más recientes debates entre aspirantes a la Presidencia de Colombia.

"El resultado es desconcertante, no se puede negar, la diferencia de 25 puntos difiere mucho con los reportados hace más de 10 días", reconoció Londoño, pero agregó que durante el tiempo en el que no se podían sacar resultados a la luz pública, debido a la Ley de Garantías, la firma realizó sondeos en los que ya se reflejaba un aumento en la diferencia de Santos sobre Mockus.

De otra parte, César Valderrama, de la firma Datexco, reconoció el error de las firmas encuestadoras al no haber tenido en cuenta a los electores del exterior.

También aseguró que las campañas publicitarias y los debates pueden modificas ‘muchísimo' la intención de voto en los últimos días, tal como en efecto sucedió.

De cara a la segunda vuelta, quienes manejan las firmas encuestadoras coinciden que será difícil que Mockus logre superar a Santos, como consecuencia de la gran diferencia que hay entre un candidato y otro actualmente.

 

Mockus admite que las encuestas lo ilusionaron y que será difícil ganar

"No esperaba un resultado tan holgado" en favor de Santos, reconoció el candidato a la Presidencia por el Partido Verde.

El candidato a la Presidencia de Colombia por el Partido Verde, Antanas Mockus, admitió que las encuestas lo ilusionaron sobre la posibilidad de ganar en la primera vuelta electoral y que vencer en la segunda será difícil por el contundente triunfo logrado este domingo por el oficialista Juan Manuel Santos.

Las encuestas, que pronosticaban un empate entre Mockus y Santos en la primera vuelta disputada ayer, "nos ilusionaron y la cruda realidad de las votaciones efectivas es la que cuenta. Nos desconcertó" , sostuvo el aspirante del Partido Verde.

"Si no hubiera habido encuestas, no nos hubiéramos creado la expectativa de ganar en primera vuelta, como nos la formamos en algún momento, o de tomarle ventaja desde la primera vuelta al Partido de la U (el de Santos)" , agregó Mockus.

A su juicio, el "campesino más clásico recibió mejor la propuesta de Santos" y ese "voto rural" no estaban reflejados en las encuestas de las semanas previas a las elecciones, que se hicieron en las ciudades y en municipios pequeños pero en "el casco urbano".

Santos, ex ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe, barrió en las elecciones de este domingo con un 46,5 por ciento de respaldo, pero no alcanzó la mayoría absoluta y tendrá que disputar la Presidencia en una segunda vuelta el 20 de junio con Mockus, el segundo más votado (21,5 por ciento) .

"No esperaba un resultado tan holgado" en favor de Santos, reconoció Mockus, aunque remarcó que "hace cinco meses la gran meta era pasar a segunda vuelta" y eso se ha conseguido.

Todavía quedan tres semanas "para imaginar alternativas" que seduzcan a los electores, por lo que ganar la Presidencia en la segunda vuelta "no es probable" pero sí "posible" , anotó el también ex alcalde de Bogotá.

Además, dijo que ahora toca "estudiar qué pasa" con los votantes de los cuatro candidatos presidenciales derrotados ayer para posibles alianzas.

Sin embargo, subrayó que no va a hacerles "propuestas burocráticas" a Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical (CR) , y a Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo (PDA) , el tercer y cuarto candidato más votado, respectivamente.

En cuanto al balance general de su campaña electoral, afirmó que "en conjunto ha sido bueno" , aunque anotó que en algunos de los debates televisivos entre los aspirantes le fue bien "y en otros no muy bien".

"Hubo una explotación muy fuerte por parte de los rivales" de pequeños errores que "fueron sobredimensionados" , explicó Mockus, quien puso como ejemplo la polémica en torno a su comentario de que el salario de los médicos no debería sobrepasar el millón de pesos.

 

‘Santistas' proponen a Mockus que renuncie para ahorrar costo de segunda vuelta

Con el dinero de la segunda vuelta "se pueden construir colegios y hospitales", dicen.

Con el lema "Colombia voto uribista", un grupo de legisladores del Partido de La U están proponiendo a Antanas Mockus que desista de ir a una segunda vuelta de las presidenciales y renuncie a esa posibilidad.

"Le sugiero al profesor Mockus, quien merece todo el respeto, él y sus ideas, que haciendo eco a su propuesta le ahorre a los colombianos los más de $90 mil millones de la segunda vuelta retirando su nombre ante la realidad irreversible", sostuvo el senador electo Roy Barreras.

Según él, con el dinero de la segunda vuelta "se pueden construir colegios y hospitales", tal y como lo había manifestado Mockus.

Similar propuesta está promoviendo el senador Armando Benedetti, quien le recordó al aspirante del Partido Verde que los "recursos públicos son sagrados".

"Que se retire Antanas Mockus para hacer 20 colegios", insistió Benedetti

 

Las encuestas fueron las grandes perdedoras, dice Petro

El candidato presidencial dijo que los corazones de los colombianos no parecen estar muy abiertos al cambio que necesita el país en materia social.

El aspirante presidencial del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, manifestó que las grandes perdedoras de estas elecciones fueron las encuestas.

Dijo que, por desgracia, este tipo de instrumentos siguen siendo utilizados para manipular a los electores y no para informar a la ciudadanía.

Señaló con desazón que la mayoría de los colombianos siguen demostrando que sus corazones no están lo suficientemente abiertos al cambio social que le urge experimentar al país.

Percisó que, en cambio, la mayoría de los ciudadanos sigue prefiriendo la seguridad armada, aún cuando advirtió que seguirá trabajando desde la orilla opositora.

Añadió que las maquinarias de siempre y los grandes grupos empresariales volvieron a ganar durante esta jornada, pero que el Polo Democrático Alternativo seguirá denunciando todas las "mañas" que continúan rigiendo en alguna medida el ejercicio de la política en Colombia.

Indicó, no obstante que recibe con beneplácito el hecho de que su candidatura y el partido se hayan establecido como la segunda fuerza democrática en el departamento del Atlántico.

 

Noemí y Pardo dejan en libertad a sus electores

La hora de Juan Manuel

Por: Elespectador/APIC

En su discurso de victoria, Santos invitó a conservadores, liberales e independientes a realizar una gran alianza y prometió un gobierno de unidad nacional.

El debut de Juan Manuel Santos como candidato a un cargo de elección pública en el país fue casi perfecto. Con más de 30 años en cargos por nombramiento, era una incógnita el hecho de que no se hubiese hecho contar en votación alguna y en ese sentido es más que sorprendente el resultado del candidato del Partido de la U en las elecciones de ayer: ganó sobrado la primera vuelta presidencial, superó la votación del presidente Álvaro Uribe en las elecciones de 2002 (aunque sus 6,7 millones son 700 mil menos que los que éste logró en 2006) y se perfila como el más opcionado para triunfar en la segunda vuelta, en la que enfrentará dentro de tres semanas al candidato del Partido Verde, Antanas Mockus.

Sorprende la diferencia que le sacó a Mockus, aunque las encuestas —las grandes derrotadas de la jornada— de todas formas lo daban como ganador. La maquinaria uribista le caminó a la perfección y, pese a que en algún momento se dijo que Santos no era del todo de los afectos del Presidente, no cabe duda de que le ayudaron los permanentes guiños de Uribe (cuestionados incluso por la Procuraduría).

También le funcionaron sus críticas de las últimas semanas a Mockus, su estrategia de no perdonar la papaya del candidato verde en una que otra respuesta ambigua en los debates. Se benefició hasta del crecimiento de Gustavo Petro (Polo Democrático) y Germán Vargas Lleras (Cambio Radical), que horadó el electorado mockusiano.

Santos comienza oficialmente el tránsito a la segunda vuelta con gran ventaja, pues su campaña adquiere a partir de este domingo un carácter de triunfadora. Lo importante para él será no embriagarse con ese triunfo y jugar de manera inteligente las fichas en una partida en la que, con un papel diferente, siguen la mayoría de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta.  Santos sabe que con los votos del Polo Democrático no cuenta, pero tiene en cambio mayor cercanía con huestes conservadoras y ni qué decir de la gabela que representa su cercanía ideológica con Cambio Radical y el Partido Liberal.

No suena descabellado pensar que, así como ha tenido diferencias con Pardo, uno y otro saben que la coyuntura actual es un escenario favorable para la reunificación del Partido Liberal. Esa nueva fuerza sería el pasaporte para que el liberalismo vuelva a integrar una coalición de gobierno luego de 12 años de sequía burocrática. ¿Se le medirán los liberales a hacer equipo con el uribismo, al que cuestionaron durante ocho años? ¿Bajo qué condiciones le  tendería la mano Santos? ¿Qué hará Mockus para contrarrestar esa fuerza? Después de la descachada de ayer, ¿acertarán las encuestas que predijeron que la migración de votos para la segunda vuelta sería más grande hacia Mockus que hacia Santos?  Quedan preguntas por resolver, pero sin lugar a dudas el que tiene las  mejores cartas hoy es Santos.

La voz de  Santos

'Invito ala unidad nacional'

“Muchas gracias, muchas gracias (...). Hoy miro al cielo y agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi patria. Miro al cielo y pienso con el corazón conmovido, con la emoción viva por el recuerdo en mi padre y en mi madre; recuerdo a mi abuelo, Calibán, el periodista, quien me dijo alguna vez: ‘Oiga, mi chinito, en la vida arrepiéntase de lo que hizo, pero nunca de lo que no hizo’.

Quiero dar las gracias al presidente Álvaro Uribe Vélez, el mejor presidente que ha tenido Colombia. Gracias a usted, Presidente, Colombia ha vivido una de las elecciones más tranquilas y seguras de su historia. Gracias a lo logrado por su gobierno, estas elecciones no giraron en torno a las Farc, sino a propuestas de progreso (...). Este es su triunfo y el de todos quienes queremos preservar su inmenso legado. Colombia ha votado mayoritariamente por defender sus logros y sus propuestas. Aquí está su Partido de la U, triunfante como siempre.

También quiero agradecer a los conservadores, a los liberales, a los independientes que nos acompañaron en esta jornada histórica. Tengan la seguridad de que el mío será un gobierno de unidad nacional, de todos y para todos (...). Muchas gracias a Angelino Garzón, un gran hombre, un verdadero luchador social y un vicepresidente que Colombia merece tener (...). Esta ha sido una campaña electoral de la cual nuestro país sale fortalecido (...). No reconozco enemigos ni en la política nacional ni en ningún gobierno extranjero. Unidos derrotaremos el desempleo, la pobreza, la corrupción y el terrorismo, y hacer realidad el gobierno del trabajo para todos los colombianos”.

En cifras

6’758.539 votos obtuvo ayer el candidato Juan Manuel Santos, del Partido de la U (del 99,71% de las mesas reportadas).

2’804.123 votos sacó el Partido de la U en las elecciones para Congreso, en marzo.

7’363.297 votos obtuvo Álvaro Uribe, candidato del Partido de la U, en las presidenciales de 2006.

 

La primera vuelta

La de ayer fue una jornada de elecciones muy ejemplar por la atención rigurosa a las denuncias sobre delitos electorales, por la incidencia muy exigua que tuvieron las acciones de la guerrilla, por la vigilancia de distintas organizaciones, que impidió fraudes más allá de hechos aislados, y, por supuesto, por los resultados que demuestran la dinámica de la democracia en Colombia, que no se guía por encuestas, ni subterfugios propagandísticos.

La jornada deparó dos sorpresas. La primera fue la votación de Mockus, decepcionante para quienes veían una ola verde arrasadora, pero esperanzadora para sus seguidores, porque más de 3 millones de votos y el paso a la segunda vuelta son triunfos. La segunda fue el repunte de Germán Vargas, que aparecía en los últimos lugares en la intención de voto, pero que ocupó el tercer lugar y abrió así buenas perspectivas de aspiraciones futuras.

Los más de 3,1 millones de votos de Mockus indican que de la avalancha de jóvenes entusiastas que elegían y ganaban en el mundo virtual, muchos no votaron en la vida real, y una elección se gana a punta de votos, no de buenas intenciones. También es posible que el gran resultado que sacaba Mockus en las encuestas haya movido a quienes iban a votar por él -más por oponerse a Santos que por su programa-, a que lo hicieran por otros candidatos, a los que antes no les daban opciones.

Lo único inobjetable y que no es factible de ser analizado especulativamente es el contundente triunfo de Santos, aunque queda la impresión de que el candidato había lanzado todas sus estrategias con fortaleza y decisión, confiando en que ganaría en la primera vuelta.

Los más de 6,7 millones de votos que obtuvo Santos demuestran que todavía la obra del presidente Uribe, sus logros indudables en seguridad y otros frentes, en los que el propio candidato fue protagonista, pesan sobre la conciencia de los colombianos.

También ayudó el apoyo de los más pobres, que han tenido un respiro en su drama de miseria y padecimientos con los programas asistencialistas, que siguen siendo un elemento determinante de las decisiones electorales.

Gustavo Petro puede considerarse perdedor según las encuestas, pero el caudal de más de 1,3 millones de votos no es despreciable, y pesará enormemente en la coyuntura de alineamientos de la segunda vuelta para establecer alianzas y negociar apoyos.

El Partido Conservador y el Partido Liberal, antes las dos colectividades que monopolizaban la actividad política en el país, quedaron reducidos a una fuerza precaria que no parece tener posibilidad de negociar adhesiones debido a su número reducido de votos.

La abstención siguió siendo de un poco más de la mitad de los colombianos habilitados para votar, y ya se ha analizado demasiado la causa, que incluye elementos como la dificultad de encontrar la mesa de votación, hasta la imposibilidad de trasladarse hasta ella.

Los 21 días que siguen hasta la segunda vuelta serán de debate ideológico como no se había visto en nuestro país. Ojalá sea para bien de la democracia.

 






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