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A.P.I.C
 


NOTICIAS RELACIONADAS CON EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA


 

Las historias cruzadas de un exgobernador del Guaviare y su socio

Los hilos sueltos de 'Cuchillo'

Por: Juan David Laverde Palma/APIC

En desarrollo de una investigación por el despojo y desplazamiento de un ganadero en Casanare, las autoridades descubrieron que uno de los supuestos apadrinados del capo recibió millonarios créditos de Agro Ingreso Seguro.

Vicente Castaño Gil, el jefe de jefes de las autodefensas. / ‘Semana’ La extorsión y el desplazamiento de un ganadero en Casanare hace una década les permitió a las autoridades reconstruir una historia con varios escándalos cruzados: parapolítica, bloque Capital, Agro Ingreso Seguro y las mafias de Vicente Castaño y Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias Cuchillo. Un enredo con culpables confesos, otros protagonistas muertos o extraditados, requerimientos de las autoridades norteamericanas y la usurpación de las mejores tierras del Llano por parte de las autodefensas.

En 1965 Luis Armando Rincón adquirió el predio La Argentina, ubicado en la vereda Maporal, en jurisdicción del municipio de Trinidad (Casanare). Dos décadas después el desaparecido Incora le adjudicó un terreno baldío y la finca llegó a tener un terreno de 839 hectáreas en una de las regiones más prósperas de Colombia. Durante casi medio siglo Rincón capoteó todas las guerras del Llano y las ‘vacunas’ que le exigían los grupos ilegales. Como se negó a la extorsión de las autodefensas fue rotulado como “simpatizante de las guerrillas”.

Entre 1995 y 1997 ofició como diputado y desde la Asamblea denunció la barbarie de los ejércitos privados que empezaron a asolar Casanare. Se volvió un sujeto incómodo y su finca La Argentina en objeto del paramilitarismo. Le tocó pagarles $172 millones en sucesivos pagos extorsivos que lo fueron arruinando entre 1998 y 2001. De nada sirvieron los acercamientos que buscó con la casa Castaño para impedir que lo sacaran a empellones de su tierra. El delegado del paramilitarismo para correrlo a escobazos fue Jesús Emiro Pereira, concuñado de los Castaño y enlace fundamental del bloque Capital.

En enero de 2001, 50 hombres armados hasta los dientes se tomaron la finca y la utilizaron para entrenar a sus ejércitos. Salió despavorido con su familia rumbo a Bogotá. En junio de ese año un intermediario lo llamó para decirle que había unas personas interesadas en La Argentina. Obligado a deshacerse de su tierra, en julio se la vendió ni más ni menos que al congresista Óscar de Jesús López Cadavid y a su socio Benedicto Romero Barrera. Un predio avaluado en $1.800 millones terminó traspasado por $350 millones. Huyendo de la guerra se fue a Bolivia, pero en 2008 regresó para acreditarse como víctima del paramilitarismo y recuperar la finca que adquirió desde 1965.

Escándalos cruzados

La orden de quitarle la tierra al exdiputado provino del propio Vicente Castaño Gil, el jefe de jefes de las autodefensas. A finales de la década de los 90 el bloque Centauros de Miguel Arroyave comenzó a hacer presencia en Meta y Casanare, y pronto entró en guerra con las Autodefensas Campesinas de Casanare, comandadas por Héctor Buitrago Parada, alias Martín Llanos. Un baño de sangre que mal contado dejó no menos de 3.000 muertos en ambos bandos. Arroyave fue asesinado por sus mismos secuaces en 2004, entre ellos alias Cuchillo. En ese fuego cruzado terminaron cientos de ganaderos de los Llanos.

Pero vino el proceso de Justicia y Paz y comenzaron a aflorar las verdades. El despojo en Meta y Casanare empezó a ser documentado, así como las fosas de la barbarie paramilitar. Se supo entonces cómo el paramilitarismo cooptó la política regional y nacional mientras gestaba alianzas con empresarios y comerciantes para apoderarse de tierras estratégicas para sus propósitos. En los Llanos uno de sus alfiles resultó siendo Óscar de Jesús López Cadavid, quien en 2005 llegó a participar de la Sociedad de Exploración y Explotación Minera del Llano S. A. con Pedro Guerrero, alias Cuchillo.

Cadavid López, uno de los despojadores a la sombra del predio de Luis Armando Rincón, después de tres períodos como parlamentario se lanzó a la Gobernación del Guaviare para el período 2008-2011, pero apenas llevaba un año de mandato cuando fue capturado por sus vínculos con las autodefensas de Cuchillo y su posterior banda criminal Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia. En enero de 2011 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 90 meses de prisión por la promoción de grupos paramilitares, al tiempo que se ordenaron nuevas pesquisas para determinar si es responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrados por los hombres de su exsocio Cuchillo.

No obstante, a sus cercanos colaboradores aún no les ha llegado su turno con la justicia. La finca La Argentina, de la que sacaron corriendo a Luis Armando Rincón con su familia, aparece a nombre suyo y de su socio Benedicto Romero Barrera. Ambos fueron incluidos en la temida Lista Clinton en diciembre de 2010, al constatar las autoridades norteamericanas que a través de distintas empresas se lavó dinero de la mafia. Las declaraciones que aportó a la justicia el paramilitar Jesús Emiro Pereira fueron fundamentales para endilgar más responsabilidades.

Conocido con los alias de Alfonso o Huevo de Pisca, desde finales de los años 80 Pereira siempre ofició como un enlace de los hermanos Castaño Gil. Aunque siempre se presentó ante las autoridades como “financiero” de la organización, se han documentado expedientes en los que ha terminado procesado por homicidio o secuestro y como promotor del insuficientemente investigado bloque Capital. Tiene una condena a 40 años por un asesinato y otra a 16 años por los delitos de desplazamiento forzado y extorsión en el caso del ganadero Rincón. Además, está siendo investigado por el plagio y abuso sexual a la periodista del diario El Tiempo Jineth Bedoya.

En sus distintas declaraciones a la justicia, Emiro Pereira reconoció que hasta que cayó preso en 2001 fue uno de los hombres de confianza de Vicente Castaño. En el caso particular del despojo de la tierra La Argentina, sostuvo que en el año 2000 Vicente le dio la orden de apropiarse de ese predio a como diera lugar, al tiempo que aportó detalles de estratégicas reuniones que sostuvieron en Casanare con líderes políticos de la región. Entre ellos, claro, estaban los exgobernadores de Guaviare Nebio Echeverri Cadavid —también incluido en la Lista Clinton— y su primo Óscar de Jesús López Cadavid.

Pero las particularidades en esta investigación no paran. Por ejemplo, el socio de López Cadavid en la compra irregular de la finca La Argentina, Benedicto Romero Barrera, figura como beneficiario de millonarios créditos del Ministerio de Agricultura. A través del Incentivo a la Capitalización Rural, del polémico programa Agro Ingreso Seguro —que tiene en prisión al exministro Andrés Felipe Arias—, Benedicto Romero recibió a diciembre de 2007 más de $100 millones. Es decir, uno de los favorecidos con este programa en el municipio de Necoclí (Antioquia) no sólo fue socio de un exgobernador condenado por nexos con las autodefensas, sino que además figura reportado en la Lista Clinton.

Asimismo, está siendo investigado por la Fiscalía para esclarecer cómo terminó como copropietario del predio La Argentina después de que los ejércitos privados de la Casa Castaño prácticamente obligaran al exdiputado Rincón a vender por nada un inmueble avaluado entonces en casi $2.000 millones. Benedicto Romero, de 48 años, también ha rendido algunas declaraciones a la Fiscalía y en ellas ha dejado constancia de que es ganadero y comerciante, con apenas estudios de primaria.

Nacido en Campohermoso, Boyacá, Romero les contó a las autoridades que en los últimos nueve años se la ha pasado viajando entre República Dominicana y Colombia porque por problemas de seguridad tuvieron que salir del país su esposa y sus hijos. Además, relató, uno de ellos fue secuestrado. El socio del condenado exgobernador del Guaviare también manifestó que su trabajo se ha concentrado “en la reproducción y el mejoramiento genético del ganado”, además de tener otros frentes de negocio en el mercado textil. Al ser interrogado por la Fiscalía por su relación con Óscar de Jesús López, señaló que lo conoce desde hace 25 años.

La compra del predio La Argentina —hoy objeto de pesquisas judiciales— no ha sido el único negocio en el que han cruzado intereses López y Barrero. En la Superintendencia de Notariado y Registro figura que un lote de 304 hectáreas a nombre del exgobernador en Paratebueno (Cundinamarca) le fue vendido a Odilio Romero Barrera, hermano de Benedicto. Además, ambos tuvieron títulos mineros juntos para explotar minas de esmeralda en el municipio de Campohermoso. En síntesis, una relación de muchos años que fue documentada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al concluir que los dos terminaron ‘apadrinados’ por alias Cuchillo.

El 28 de diciembre de 2010, después de una persecución en los Llanos, resultó muerto el capo Pedro Oliverio Guerrero. Pero muchas de sus conexiones aún siguen sin ser tocadas por la justicia. Uno de sus señalados beneficiarios —Benedicto Romero— resultó favorecido con créditos millonarios de Agro Ingreso Seguro. El Espectador constató que su socio, el controvertido exrepresentante a la Cámara y exgobernador Óscar de Jesús López Cadavid recuperó su libertad el pasado 15 de mayo. Pagó apenas unos 38 meses de prisión.

Aún faltan muchos hilos sueltos en estos caminos cruzados de crimen y testaferrato. Mientras tanto —el colmo de los colmos— el ganadero, exdiputado y despojado de su tierra Luis Armando Rincón tuvo que acudir a una acción de tutela para poder ser incluido entre las víctimas de la persecución paramilitar de los Castaño, Arroyave y Emiro Pereira. Él dice que sólo quiere retornar a la tierra que le ha pertenecido desde hace poco más de medio siglo, que confía en que las autoridades puedan arrebatarles a los violentos el predio con el que levantó a dos generaciones de su familia. Un inmueble que ha sido testigo de todas las guerras del Llano.

La historia de Jesús Emiro Pereira

Jesús Emiro Pereira Rivera, el concuñado del asesinado excomandante paramilitar Vicente Castaño Gil, siempre ofició como uno de sus hombres de confianza y delegado en la creación y consolidación de los bloques Centauros y Capital. En 2001, después de casi 15 años de andanzas en los ejércitos privados de las autodefensas, alias Alfonso o Huevo de Pisca fue detenido por las autoridades y hoy purga dos condenas. La primera por homicidio le representó una pena de 40 años de prisión. Por la otra fue sentenciado por los delitos de extorsión y secuestro a una pena de 16 años.

Pereira Rivera fue durante mucho tiempo el depositario de los secretos mejor guardados del paramilitarismo. Fue él el encargado de despojar de sus tierras al ganadero Luis Rincón en el año 2001. Pero, además, está siendo investigado por el secuestro y abuso de la periodista del diario El Tiempo Jineth Bedoya, ocurrido el 25 de mayo del año 2000. Desde la cárcel ha buscado acercamientos con la justicia. Sin embargo, es mucho lo que calla. Tiene una deuda con la verdad del país.

 

Paramilitarismo en Colombia

Mancuso: "Apoyé la reelección de Uribe con propaganda y dinero"

Por: Elespectador/APIC

El excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso dijo que en 2007 colaboró  y apoyó con publicidad y dinero la reelección de Álvaro Uribe Vélez en diferentes regiones del país.

"Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dineros que se le entregó al comandante 'Andrés' para que contratara buses, hiciera propaganda, para la alimentación y todo este tipo de cosas", precisó en la entrevista con la alianza Caracol Radio-El Espectador/APIC.

Al ser precisado, el confeso dirigente paramilitar excomandante del Bloque Catatumbo de las AUC no reveló detalles sobre el asunto, aunque aseguró que se reunió en diversas oportunidades con el exmandatario.

"Prefiero guardar silencio", insistió el procesado, que se encuentra recluido en una cárcel de los Estados Unidos. Dijo que siente temor por la seguridad de su familia.

El excomandante paramilitar, indicó que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez estuvo detrás de un plan de desprestigio a la Corte Suprema de Justicia con el fin de eliminarla y nombrar una "ad hoc" que estuviera más de acuerdo con sus intereses.

Para este propósito dijo que “se les ordenó” buscar pruebas que relacionaran a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con narcotraficantes, “en parrandas o jolgorios” con personas como Giorgio Sale o Ascencio Reyes.

“Querían que consiguiéramos fotos, me decían que si yo podía conseguir pruebas, estaban buscando desesperadamente”, manifestó el extraditado paramilitar en la alianza informativa de Caracol Radio y El Espectador/APIC.

Mancuso rompió su silencio y desde una cárcel de los Estados Unidos cuestionó seriamente el hecho de que el gobierno de Estados Unidos haya dado la orden de extraditarlos, precisando que dicha decisión fue injusta y afectó el proceso de Justicia y Paz que se venía adelantando con ellos.

La extradición de los máximos comandantes paramilitares fue una forma de silenciarlos, consideró el procesado. Admitió que desconoce si existieron otros intereses para que dejaran de contar todo lo relacionado con el crecimiento de los grupos de autodefensas en el país y su infiltración en la política y la economía.

En la entrevista radial, el excomandante del Bloque Catatumbo de las AUC señaló que pese a que estaban cumpliendo con todo lo que se habían comprometido en el proceso de desmovilización fue extraditado.

“Con la extradición el Gobierno resquebrajó el proceso de paz”, dijo al hablar sobre el tema relacionado con la reparación de víctimas, la verdad sobre el conflicto armado y la participación en la sociedad.

Excomisioando de Paz sabía que existían “colados”

El excomandante paramilitar recordó que durante el proceso de desmovilización se le comentó al entonces comisionado de paz, Luis C. Restrepo sobre la existencia de un grupo de personas que no pertenecían a las Autodefensas.

Entre las personas que se encontraban en este caso identificó a Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’ y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quienes eran confesos narcotraficantes,  y les habían colaborado en su proceso de inmersión en diferentes zonas del país.

Reconoció que para su proceso de crecimiento y expansión, los paramilitares buscaron el apoyo y financiación de narcotraficantes. Además que hicieron lo mismo con los sectores sociales de las regiones donde llegaban para contrarrestar la presencia de las Farc y de ELN.

Venezuela quería sus propias Autodefensas

Mancuso también confirmó que sí es cierto que militares venezolanos que no simpatizaban con el gobierno del presidente Hugo Chávez contactaron al entonces comandante de las AUC, Carlos Castaño, porque estaban interesados en conformar un grupo de autodefensas que evitara el asentamiento de las Farc en la zona fronteriza con Colombia.

Ese grupo de militares del vecino país tenía en mente, además, propiciar un golpe de estado en Venezuela por lo que buscaban también entrenamiento de parte de las AUC, toda vez que no tenían experiencia en combate, dijo.

En la entrevista con la alianza Caracol Radio – El Espectador/APIC, reafirmó que el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón fue ordenado por Carlos Castaño, pero por informaciones que le llegaban desde las Fuerzas Militares y las cuales lo llevaron a tomar dicha decisión.

Aclaró que Carlos Alonso Lucio, esposo de la exfiscal General de la Nación, Viviane Morales fue un hombre que aportó al proceso de desmovilización con su experiencia e ideas, pero que nunca recibió algún tipo de contraprestación.

Reconoció que a la exfiscal Viviane Morales nunca la vio, aunque supo que en algún momento estuvo presente en reuniones o manifestaciones públicas que se hicieron con Lucio, durante el proceso.

Confirmó lo que tantas veces se ha dicho; que a Carlos Castaño sí lo mandó a matar su propio hermano, Vicente Castaño, por diversas situaciones en las que no estaban de acuerdo. “Fue en una emboscada en donde se dieron los infortunados sucesos”, dijo.

Omitió especificar los vínculos de Víctor Carranza, reconocido comerciante de esmeraldas, con las AUC. Adujo que las medidas de seguridad para los desmovilizados y sus familiares no son las más óptimas.

Carranza sí era un hombre muy allegado a la casa Castaño, dijo pero descartó ahondar sobre ese tema en los medios de comunicación.

 

Salvatore Mancuso revela que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe

En dialogo con Caracol Radio, el exparamilitar insistió en que las autodefensas participaron en la financiación de la campaña reeleccionista del exjefe del Estado. Aseguró además que Francisco Santos les insistió en crear el Bloque Capital.

"Sí me reuní con el expresidente Uribe", dijo pausadamente en la mañana de este viernes desde una cárcel en Estados Unidos el exparamiltar Salvatore Mancuso. La explosiva confesión fue hecha a Caracol Radio en una amplia entrevista de casi dos horas en la que sin embargo no quiso precisar si fue una vez o más, ni el lugar y menos la intención del encuentro.

"¡Ay Dios, prefiero no hablar de eso!", exclamó. Entonces argumentó que no podía ampliar más esta confesión por simple temor y narró que en otras ocasiones, durante el gobierno anterior, cada vez que él o uno de los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia quería empezar a contar toda la verdad de las violentas acciones de las que fueron protagonistas de inmediato le era retirada la protección a sus familias en Colombia.

En la entrevista, sin embargo, Mancuso contó que los paramilitares sí apoyaron la campaña para la reelección de Uribe en el año 2006: "Se contrataban buses y se hacía propaganda. De eso estuvo encargado el comandante 'Andrés'".

Sobre las campañas a otros cargos públicos también dijo que "ideológicamente nos identificábamos con los candidatos propuestos por el expresidente Uribe".

Ante la petición de los periodistas para que precisara la revelación, Mancuso insistió en que no quería dar detalles sobre algunos temas espinosos porque teme por su seguridad y, sobre todo, por la de su familia y volvió a reiterar que cada vez que ha hecho denuncias y declaraciones, las amenazas se han incrementado. Además, dijo que le han disminuido las medidas de seguridad a sus seres queridos.

Por si fuera poco, el exparamilitar –señalado de crímenes de lesa humanidad y extraditado a Estados Unidos por orden del expresidente Uribe debido a que las autoridades tenían informaciones de que habían roto su promesa de no volver a delinquir- también sindicó al exvicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, de quien dijo "ideó" la creación del Bloque Capital, una estructura militar de criminales para hacer presencia en Bogotá. "Él fue uno de los que hizo la propuesta de la creación de un grupo de autodefensas", aseguró.

El desmovilizado también salpicó al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, al exfiscale Mario Iguarán y al zar de las esmeraldas Víctor Carranza, así como a varias empresas que, según él, colaboraron con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sobre Víctor Carranza, Mancuso aseguró "sí es cierto" que fue muy cercano a los grupos paramilitares y que era un hombre muy allegado a la casa Castaño, pero se negó a revelar detalles de esta relación por "el riesgo que esto puede significar para mi familia".

Sobre las empresas privadas que, según él, dieron dinero para su causa, citó a Postobón.

De igual forma, también confirmó que "es cierto" que Mario Montoya tuvo presuntas relaciones con las AUC, aunque también se negó a dar más detalles.

En cuanto a las presuntas falsas desmovilizaciones de varios bloques paramilitares, como el Cacique Nutibara, Mancuso dijo que "por supuesto que Luis Carlos Restrepo sabía sobre las falsas desmovilizaciones; claro que sabía", y añadió que "al comisionado se le dijo que esas personas, esas bandas, en el caso específico de Cacique Nutibara no hacían parte de las autodefensas".

También agregó que los narcotraficantes "colados" en el proceso de paz fueron Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", y los mellizos Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera.

El desmovilizado también señaló que José Felix Lafaurie, actual director de Fedegán, buscó apoyo de paramilitares para promover la elección de Mario Iguarán como fiscal. Según Mancuso, Lafaurie "iba con el mensaje del Gobierno" para lograr dicho nombramiento.

Así mismo, advirtió que alias 'Macaco' era el que estaba pendiente del supuesto pago de cinco mil millones de pesos para organizar la elección del fiscal Iguarán.

También insistió en que sí había un ‘complot’ para tumbar a la Corte Suprema y crear una Corte ad hoc. "Abogados cercanos al anterior gobierno nos pidieron pruebas, fotos para incriminar magistrados. Estaban buscando desesperadamente las relaciones de los magistrados con Giorgio Sale".

Sale es un narcotraficante italiano, socio de Mancuso, que tenía una vida pública muy activa. Según la revista SEMANA/APIC, no faltaba a los eventos públicos de la rama judicial.

Sobre el asesinato de Jaime Garzón, Mancuso reiteró que fue Carlos Castaño quien lo ordenó, y aseguró que él solo se enteró de la orden después de los hechos.

Igualmente contó un dato escalofriante. Dijo que por petición de los militares, Castaño ordenó la creación de hornos crematorios en el Catatumbo porque las cifras de muertos que estaba dejando el conflicto eran demasiadas y era mejor desaparecer la evidencia. Dijo que él y sus hombres han confesado casi 4.500 acciones criminales. Por eso, pidió perdón públicamente y añadió que todas las acciones criminales que cometieron los paramilitares no debieron de haber pasado. "Eso nunca debió ocurrir", dijo.

 

Iván Cepeda denuncia al expresidente Uribe y su hermano Santiago

Presentó supuestas pruebas sobre la relación del exmandatario con paramilitares.

El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro presentó ante el director de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, la denuncia penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez (hermano del exmandatario), Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao.

El delito del que les acusa el legislador se relaciona con los hechos narrados por los exparamilitares Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, y de Juan Monsalve, quienes señalan la supuesta participación del expresidente y de los otros mencionados, en la conformación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En el debate, el congresista entregó fotografías y testimonios que dan cuenta de que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de los hermanos Uribe Vélez, existió un grupo paramilitar para la década de los 90, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia.

También exhibió documentos y expedientes que fundamentan su denuncia sobre la supuesta estrecha relación del entonces gobernador con los hermanos Álvaro (fallecido) y Juan Guillermo Villegas Uribe, ambos señalados de colaborar con grupos paramilitares, según la declaración de alias ‘Julián Bolívar’ dentro del proceso de Justicia y paz. Lo mismo, sobre las relaciones y negocios con Santiago Gallón Henao, quien fue condenado por financiar grupos paramilitares en Antioquia.

El representante le solicitó al Fiscal General, que se respetuosamente se inicien las investigaciones pertinentes, a efectos de determinar la veracidad de los hechos expuestos, y la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao, por los delitos que llegaren a probarse en el curso de dichas averiguaciones.

 

Javier Cáceres, condenado a nueve años por parapolítica

La Corte Suprema de Justicia emitió la condena contra el expresidente del Congreso por el delito de concierto para delinquir, por aliarse con paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María. Cáceres además deberá pagar una multa de 6.000 millones de pesos.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador bolivarense Javier Cáceres Leal a nueve años de cárcel por sus nexos con grupos paramilitares de Bolívar. El Alto Tribunal responsabilizó al político de promover grupos de autodefensa y de realizar acuerdos y alianzas con estos a cambio de que lo apoyaran.

En la decisión, la Corte también ordenó investigar posibles desvíos de dinero de la alcaldía de Campo de la Cruz, en el Atlántico, y eventuales irregularidades en Cardique hacia los paramilitares, hechos que fueron denunciados por José del Carmen Gélvez Albarracín, alias 'El Canoso' y Úber Banquez Martínez alias 'Juancho Dique', exparamilitares del Bloque Norte y principales testigos del juicio.

Según la versión de'Juancho Dique', Cáceres se reunió con él en Ñanguma, un corregimiento al Norte de Bolívar a mediados del 2003. De Ñanguma también hablaron el exjefe paramilitar alias 'Ernesto Báez', y los desmovilizados alias 'El Chino' y alias 'Zambrano', quienes declararon que habían escuchado de la presencia de Cáceres en la reunión.

Según ‘Dique’, en Ñanguma se trataron el tema de la desmovilización y las amenazas que constantemente recibían los líderes del polo en la región.

"Me reúno con Cáceres en donde unos señores santandereanos que tienen una tiendita, me habló de Ralito y me sugirió que nosotros contratáramos asesores que eso iba a fracasar…Después se tomó el tema del señor Germán González, candidato a la alcaldía de Turbaco, que era del Polo, no era de nuestra gente. Yo le dije que ese señor había que apartarlo del camino, pero él me pidió que no hiciera nada", contó el desmovilizado.

El exjefe paramilitar también aseguró que a partir de ese encuentro acordaron no atacar a los líderes del Polo.

"Le dije a Cáceres: no te preocupes le voy a dar la orden a mi gente para que no se metan con los líderes del Polo. Llegamos a un acuerdo con Cáceres y le di la orden a las estructuras que estaban a mi mando, para que no amenacen a los líderes en Bolívar".

Al inicio de la investigación, 'Dique' negó en tres oportunidades sus relaciones con el exsenador Javier Cáceres, sin embargo desde junio del 2009, cambió su versión y aseguró que se reunió con el político. Asimismo, a las preguntas de la Corte sobre su retractación, 'Dique' manifestó que Cáceres lo estaba presionando, hecho al que se refirió pero sobre el que no ahondó, durante la audiencia oral, el pasado noviembre.

Durante el juicio, paramilitares también aseguraron que Cáceres asistió a una reunión en la finca Casa Loma, en el municipio de Arjona, Bolívar, a finales del 2002.

La de Cáceres con los paras en Bogotá, según el 'Canoso'

Durante el juicio, el exjefe político del frente Resistencia Tayrona de las Auc, alias El 'Canoso' se refirió a tres reuniones entre paramilitares y varios políticos, que se realizaron en su presencia durante el primer semestre de 2004.

Según 'Canoso', los encuentros se realizaron en tres restaurantes de Bogotá y en una oficina cercana al parque de la calle 93.

Los encuentros relatados por el 'Canoso' en los que participó alias 'Gonzalo', jefe político del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, y algunos senadores entre los que se encontraban Eleonora Pineda, Rocío Arias, Vicente Blel, Lucho Vives, Zulema Jattín, Eric Morris, Dieb Maloof, Miguel De La Espriella, Salomón Saade, Mauricio Pimiento, y Javier Cáceres, entre otros políticos, se hicieron para aprobar todos los puntos de la ley de Justicia y Paz, aseguró el paramilitar.

En su declaración, 'El Canoso' aseguró que "Cáceres fue una pieza fundamental para que se aprobara la ley de Justicia y Paz".

Los testimonios de 'Báez' y 'Mancuso'

En noviembre del año pasado el exjefe político del Bloque Central Bolívar, Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', aseguró que se reunió de manera extraoficial con el congresista durante su estadía en Santafé de Ralito. En esa declaración, Báez también aseguró que 'Juancho Dique' le había contado sobre el apoyo de Cáceres a los paramilitares.

Asimismo, durante el desarrollo del juicio, en teleconferencia desde su centro de reclusión en Estados Unidos, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró que, a mediados del 2003, se reunió en el Caramelo con un grupo de congresistas, hoy condenados por parapolítica, que fueron en nombre del expresidente del senado, Javier Cáceres Leal.

Mancuso aseguró que la excongresista Eleonora Pineda le dijo que el encuentro era una idea de Cáceres. (Ver Salvatore Mancuso salpica a Cáceres)

La versión de la procuraduría

El pasado 15 de febrero, la delegada de la Procuraduría, Sonia Patricia Sierra, pidió la absolución del exsenador Javier Cáceres Leal al considerar que los testimonios de los paramilitares, Uber Banquez Martínez alias 'Juancho Dique', Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque alias 'Ernesto Báez', José Gelves Albarracín alias 'El Canoso', Manuel Antonio Castellanos alias 'El Chino' y Alexis Mancilla García alias 'Zambrano',eran contradictorios y dudosos.

"Las versiones de los integrantes de las autodefensas y las otras pruebas no nos ofrecen la certeza necesaria de que existieron reuniones de Cáceres con paramilitares y son insuficientes para comprobar que se alió con las autodefensas. Hay una duda insuperable", aseguró la delegada del Ministerio Público.

Durante su intervención, Sierra aseguró que las versiones de los paramilitares sobre las reuniones en Ñanguma, Casa Loma y otras tres realizadas en Bogotá, en donde se asegura que Cáceres se encontró con los miembros de las autodefensas para pactar acuerdos, tienen muchas inconsistencias, son imprecisas y en muchos casos faltan a la verdad.

¿Quién es Cáceres?

Javier Cáceres empezó su carrera política junto al Partido Liberal en Cartagena. En 1998, es por primera vez elegido como Senador de la República y reelegido en el 2002.

Después de que según él Piedad Córdoba lo sacara del Partido Liberal, Cáceres se adhiere al Polo Democrático, partido en el que milita hasta el 19 de octubre del 2005, fecha en la que decide renunciar a raíz de los problemas que le trajo acusar a los movimientos insurgentes de los 90 de robarse la plata para la reinserción.

Cáceres llega al senado por tercera vez consecutiva en el 2006 con el partido Cambio Radical. En julio de 2009 llegó a la presidencia del Senado y en 2010 fue de nuevo elegido como Senador de la República.

Durante el juicio Cáceres siempre se declaró inocente. Ante los magistrados del Alto Tribunal, Cáceres aseguró, en más de una oportunidad, que su vida ha sido ejemplar "desde el barro hasta la cumbre".

"Me declaro inocente. Jamás haría algo que pudiera atentar contra mi dignidad y mis principios. Tengo suficientes pruebas para demostrar mi inocencia", declaró ante los magistrados de la Corte el exparlamentario.

El expresidente del Congreso aseguró que todos sus problemas con la justicia se debían a las múltiples denuncias que ha hecho en contra de 'Dragacol' y las denuncias que se han originado en La Costa tras pedir que se investigara la adjudicación del contrato del chance a Enlice López, alias 'La Gata'.

"Mi enemistad con 'La Gata' se debe a que me opuse a la adjudicación del chance. Yo pedí la intervención del procurador en ese proceso, y denuncié el hecho ante la fiscalía. Eso llegó a tal punto que recibí una amenaza de muerte", ha asegurado en más de una oportunidad el exsenador.

Sobre los testimonios de los desmovilizados que lo salpicaban, Cáceres aseguró que existían muchas versiones que faltan a la verdad. "Ellos en la cárcel se han inventado varias versiones".

Sin embargo, ahora comprobada su responsabilidad Cáceres tendrá que responder por promover grupos paramilitares.

 

 

Rafael García revela sus charlas con 'Don Berna'

Reaparece el ventilador de la parapolítica

Dice que no es un prófugo de la justicia, que en cambio sí lo son María del Pilar Hurtado y el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

A finales de 2005 Rafael García, exdirector de informática del DAS, comenzó a destapar cómo el paramilitarismo se adueñó del organismo de inteligencia. Después ‘aventó’ a los congresistas y gobernadores apadrinados por el bloque Norte de Jorge 40. Sus explosivas revelaciones hicieron que fuera conocido como “el ventilador de la parapolítica”. Hoy reaparece para seguir acusando y confirmar la tesis del complot contra la Corte Suprema de Justicia. En diálogo con El Espectador/APIC cuenta detalles inéditos de sus charlas con Don Berna, quien le dijo, entre otras cosas, que el exfiscal Mario Iguarán debió declararse impedido para aplicar la Ley de Justicia y Paz por su supuesta amistad con el paramilitar Julián Bolívar.

¿Es usted un prófugo de la justicia como dice el expresidente Uribe?

Fui condenado a 11 años. Por colaboración con la justicia me rebajaron un tiempo. Pagué 45 meses de prisión.

¿Qué sabe usted del complot de ‘Don Berna’ para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia?

Estuvimos en aislamiento en La Picota. Él me contó todo. Antonio López, alias Job, su emisario, fue muchas veces a la Casa de Nariño, era muy amigo de César Mauricio Velásquez. Lo que me llama la atención es cómo el gobierno del doctor Uribe hizo una alianza con criminales para espiarme a mí en la cárcel.

¿Sabía que ‘Don Berna’ lo estaba grabando y que filtraba esas conversaciones a Palacio?

No, pero sí sabía que cualquier cosa que le dijera a él la iban a saber en la Presidencia, porque la comunicación entre Don Berna y Palacio era muy fluida. Él llega dizque en tránsito a La Picota. ¿Y quiénes intercedieron para que lo dejaran definitivamente ahí? Pues Mario Uribe y Santiago Uribe. Me lo contó el propio Berna.

¿Con qué objetivo?

El complot contra la Corte se originó por ellos. Cuando Don Berna llegó a La Picota, la primera persona que lo visitó fue el abogado Sergio González (condenado ya por el complot). El Tuso Sierra lo declaró también. Santiago y Mario Uribe lo sabían todo.

¿Qué tan enterados del complot estaban los funcionarios de Palacio en la famosa reunión de la “Casa de Nari”?

Lo sabían. Mire, un día yo voy a declarar en el juicio de Luis Eduardo Vives. Días antes le dije a Don Berna que iba a mencionar 18 entidades que sabía habían sido penetradas por el paramilitarismo. Cuando fui a declarar a la Corte, un amigo mío tenía una cita con Edmundo del Castillo y cuando llegó a la secretaría jurídica de Presidencia le dijeron que él no podía atenderlo porque estaba pendiente de mi declaración en la Corte. ¿Cómo se enteró Del Castillo de lo que yo iba a decir?

¿Pero se enteró de lo que usted iba a declarar o que estaba citado a declarar en la Corte?

Él sabía que iba a declarar contra 18 entidades. Yo a Don Berna no le dije cuáles, pero Don Berna le dio el chivatazo a Presidencia.

¿Cómo empieza a configurarse el complot contra la Corte?

Muchas veces Don Berna intentó sonsacarme cosas. Él me decía que el magistrado Iván Velásquez les hacía ofrecimientos a presos para que declararan en contra del Gobierno y yo siempre le decía: “Don Diego, ¿no cree que si él quisiera hacer eso la primera persona a la que le habría hecho el ofrecimiento era a mí?”. El doctor Velásquez jamás me hizo ofrecimiento alguno, pero Don Berna quería que yo le dijera eso. En ese enfrentamiento entre el gobierno y la Corte Suprema, Don Berna tomó partido por el gobierno. ¿Cuándo se decepcionó él? El día que extraditaron a Macaco. Ese señor se descompuso totalmente y me dijo: “Rafa, yo me veo allá”.

Si estos señores tenían un complot con el gobierno para desacreditar a la Corte, ¿por qué termina extraditándolos el gobierno Uribe?

El punto de quiebre es la extradición de Macaco. A raíz de eso, Jorge 40, Salvatore Mancuso y Don Berna se ponen de acuerdo para declarar todo lo que saben. Recuerdo que un día antes de su extradición, Don Berna estaba chateando con 40 y Mancuso desde la cárcel y yo le dije: “Tenga cuidado, porque eso lo monitorean”. Después los extraditaron.

Pero estos tipos siguen declarando desde Estados Unidos. Si el objetivo era silenciarlos, eso no pasó.

Ellos ahora están declarando porque a sus familias se las protegieron. Pero casi cuatro años después. Don Berna me dijo que antes de que lo extraditaran lo llevaron al pabellón de Justicia y Paz de La Picota porque ese día iba Luis Carlos Restrepo a la cárcel. ¿A qué? A pedirle a El Pájaro que no declarara contra la senadora Nancy Patricia Gutiérrez. A eso va el excomisionado, ese hombre impoluto, según Uribe.

¿A qué autoridades les contó lo que sabía de este complot?

Se lo conté al magistrado Iván Velásquez una semana antes de salir de la cárcel: en noviembre de 2008. Y le dije el papel que había jugado Sergio González en eso. Le digo más: Antonio López, yo no sé bajo qué figura, permanecía ahí en La Picota donde nosotros, iba todos los días, tenía un permiso del Inpec para visitar a Don Berna. Pero mire qué curioso, sólo aparecieron las grabaciones de lo que yo le contaba a Don Berna en la cárcel, pero yo quiero que salgan las conversaciones en las que él me contó muchas cosas.

Pero, ¿cómo creerle a un criminal como ‘Don Berna’?

Está bien, pero ¿y por qué ahora hay que creerle a Olivo Saldaña, que es un profesional de la mentira? El presidente Uribe se cansó de decir que a mí no me podían creer porque yo era un delincuente, pero mire que todo lo que dije se demostró.

¿Cuántos parapolíticos terminaron condenados por sus declaraciones ante la justicia?

Dieb Maloof, Alfonso Campo, Jorge Caballero, Trino Luna y otros se acogieron a sentencia anticipada cuando estalló el escándalo. Al final fueron como 30 personas.

Volvamos al complot contra la Corte. ¿Qué otros detalles conoció de ese episodio?

El expresidente habla de unos bandidos que buscan acabar con su gobierno, pero se alió con ellos para espiarme a mí, para grabar al doctor Iván Velásquez y para armar este complot. Yo presencié esas conversaciones entre Sergio González, Diego Álvarez (abogado de Berna), Antonio López y Berna. Estaba claro que iban contra la Corte. Sergio González decía que estaban buscando información para desacreditarla.

¿Por qué ‘Don Berna’ acepta ese juego?

Él buscaba garantías de no ser extraditado.

¿Cuántas conversaciones de ese estilo presenció usted?

Muchas. Don Berna estaba al lado de mi celda. Él atendía a las personas de una en una. La antesala para visitarlo era la celda mía. ¿Qué hablaban ellos delante de mí? Todo.

¿En esos encuentros qué infidencia le contó ‘Job’ a usted?

Bueno, la amistad con el jefe de prensa de Palacio. Tanto es así que alguna vez me transmitió una especie de amenaza. Ellos pensaban que cuando yo saliera de la cárcel me iba a ir a Estados Unidos. Antonio alguna vez me dijo: “Es que si Rafa sigue hablando no se va para Estados Unidos”. Le dije: “¿Me estás amenazando?”. Y él me dijo: “No, es un mensaje que te estoy transmitiendo”.

¿Y ese mensaje quién lo envió?

Ah, no sé. De las continuas visitas de Antonio a la Presidencia uno supone que de allá vino el mensaje.

Por lo que se sabe ‘Job’ estuvo una sola vez en la famosa reunión de la ‘Casa de Nari’. ¿Fue más veces acaso?

Sí. Él mismo me lo decía.

¿Usted sabe por qué terminaron asesinándolo?

Porque los secretos de Don Berna los tenía él. Sus relaciones con políticos y con mucha gente. Acuérdese que a Antonio lo matan después de la extradición de ellos. Diego Álvarez había terminado peleando con Antonio. Poco después de que extraditan a Don Berna, Diego Álvarez me visita en la cárcel y me dice que Antonio lo amenazó con matarlo.

Sergio González fue condenado por este complot contra la Corte. Pero parece que falta mucho por investigar.

El señor expresidente dice siempre que todo ha sido una venganza criminal, pero la Procuraduría ha sancionado a muchos de los funcionarios de Uribe y yo me resisto a creer que el Procurador haga parte de una venganza criminal contra el gobierno pasado. Imagínese eso. El complot contra la Corte se originó por las investigaciones de la parapolítica cuando se tocó a Mario Uribe. La parapolítica se inicia con políticos costeños. Y Jorge 40 le decía a Don Berna “es que mientras los presos sean costeños, esto no le molesta a nadie”. El lío fue cuando las investigaciones se extendieron a otras regiones.

¿Qué le decía ‘Don Berna’ de que usted hubiera ‘aventado’ a tantos parapolíticos?

Contra mí iniciaron toda una persecución judicial. A mi madre de 70 años la metieron a un calabozo. Cuando Don Berna se enteró de todo eso, se dio cuenta por qué colaboré. Eso después lo entendieron Jorge 40 y Miguel Ángel Mejía, El Mellizo, que es como mi hermano. Él me dijo que muchos pensaron que yo era un sapo, pero después entendieron.

Esta semana ‘Don Berna’ salpicó nuevamente a José Miguel Narváez, el exsubdirector del DAS. ¿Qué sabe usted de él?

Don Berna siempre me preguntaba por dos personas que no entendía por qué seguían libres: Orlando Perdomo, el abogado de Jorge Noguera, y el otro era Guillermo Hoenigsberg, el exalcalde de Barranquilla. En una declaración que le di a la Fiscalía, conté una anécdota que me contó Don Berna: que un asesor iba a darles charlas y que Carlos Castaño un día le dijo: “¿Sabe qué, doctor?, mejor no vuelva por aquí, que usted nos está haciendo es un daño a nosotros”. Ese señor que dictaba las charlas era el señor Narváez.

¿Y cuáles eran las pruebas de ‘Don Berna’ para acusar a Orlando Perdomo?

Perdomo se la pasaba visitándolos, a Carlos Castaño, a Berna, a todos. Hasta a Ralito fue. Yo se lo dije a la fiscal enfrente de Orlando Perdomo y él se puso pálido. ¿Por qué le renuncia él como abogado a Jorge Noguera? Porque pensaba que yo iba a decir todo esto en el juicio contra Noguera ante los magistrados de la Corte.

¿Qué ha pasado con su vida después de que encendió el ventilador de la parapolítica?

He tenido que permanecer escondido, porque a mí nadie me ha brindado protección. Pero todo lo que declaré lo constató la justicia. Uribe habla de venganzas, pero resulta que muchos de sus exfuncionarios hoy están investigados. ¿Todos lo engañaron? ¿Jorge Noguera, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, el excomisionado, todos lo engañaron a sus espaldas? Ojalá Don Berna, el Tuso y Mancuso cuenten la verdad.

Otro de los participantes de la polémica reunión de la ‘Casa de Nari’ fue Juan José Cháux. ¿Qué le dijo ‘Don Berna’ de él?

H.H. lo estaba metiendo en sus declaraciones y también a Óscar Suárez Mira y a través de un abogado le mandaron a pedir el favor a Don Berna para que le dijera a H.H. que no los siguiera señalando. Don Berna y El Mellizo me dijeron que el propio Sabas Pretelt les decía que el gobierno no los iba a extraditar. Pero lo hicieron y por eso ellos siempre se han sentido engañados.

Pero es que esos tipos le incumplieron al país. Seguían traficando desde prisión, mantenían sus estructuras paramilitares en las regiones, no confesaron toda la verdad, era un problema controlarlos en las cárceles. A esos tipos había que extraditarlos.

Pero en Ralito les dijeron que eso no pasaría.

Últimamente ha habido mucho ruido con la gestión del exfiscal Mario Iguarán. ¿Usted qué sabe?

A mí Don Berna me dijo muchas veces que el doctor Mario Iguarán debió declararse impedido para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz por su amistad con algunos jefes paramilitares, especialmente con Julián Bolívar.

¿Del escándalo del DAS qué más falta por saberse?

Ahí pagaron muchos mandos medios. Y bueno, María del Pilar sigue veraneando en Panamá.

De usted se dice que ha declarado ante autoridades de Estados Unidos. ¿Eso es verdad?

Tuve contacto con autoridades de ese país. No fue una declaración oficial. Estaban interesados en otras cosas, además del narcotráfico. No puedo decir más.

¿Usted está en Colombia?

Sí. Me preocupa mi seguridad. En cualquier momento pueden asesinarme. Pero yo no soy un prófugo. Prófugos son el excomisionado o María del Pilar.

 

Las confesiones de 'El Tuso'

Por: Norbey Quevedo H./APIC

El extraditado Juan Carlos Sierra detalló cómo se fraguaron planes para desprestigiar a la Corte Suprema. No dejó títere con cabeza. El gobierno Uribe, el DAS y hasta jefes ‘paras’, como ‘Ernesto Báez’ y ‘Julián Bolívar’, fueron salpicados.

Desde una sala de audiencias en la cárcel Northen Regional Jail de Virginia (Estados Unidos), a través de una videoconferencia para la Fiscalía de Colombia, el extraditado jefe paramilitar y narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuso, habló por primera vez sobre las distintas estrategias en las que participaron las autodefensas con altos funcionarios del gobierno Uribe y el DAS para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, a raíz de sus investigaciones en el escándalo de la parapolítica.

La entrevista se desarrolló los días 1° y 2 de noviembre de 2011, y, luego de recalcar que es bueno desahogarse después de tres años en que su nombre ha sido referenciado como el eje del caso ‘Tasmania’, por medio del cual se quiso enlodar al magistrado investigador de la Corte Suprema Iván Velásquez, relató paso a paso cómo se gestó el montaje. De paso detalló qué contraprestaciones dio el Ejecutivo, cómo se intentó relacionar a Yidis Medina con la guerrilla o de qué manera el DAS fue el soporte de sus ilícitos.

La teleconferencia, de más de seis horas, comenzó con el relato de El Tuso Sierra sobre la forma como conoció a José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania. Lo hizo entre 1997 y 1998, cuando regresó a su pueblo natal, Andes (Antioquia), y el personaje operaba en las autodefensas bajo el mando de José Alcides Durango, alias René. En aquella época, recalcó El Tuso, él era el soporte financiero de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, a través del narcotráfico, pero casi nadie conocía su papel.

De hecho, cuando empezó a hacer inversiones en Andes, alias René pensó en ajusticiarlo, porque corrió el rumor de que era un auxiliador de la guerrilla, y tuvo que intervenir Don Berna para aclarar quién era. Después se volvieron grandes amigos e incluso vivieron juntos luego de un atentado contra René en 2003, que el paramilitar siempre atribuyó a un plan orquestado por los ganaderos Ernesto Garcés Soto y Santiago Uribe Vélez, a raíz del asesinato de uno de sus administradores.

El Tuso recordó que se volvió a encontrar a Tasmania en 2007, cuando estaba recluido en la cárcel de Itagüí, en desarrollo del accidentado proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas. Inicialmente, por asunto de paisanaje, decidió ayudarle para que tuviera un espacio decente en el centro penitenciario y después le puso un abogado para que examinara su expediente por dos secuestros. Ese abogado resultó ser un viejo conocido y condiscípulo de su hermano: Sergio González Mejía.

Un día en que concluía un partido de fútbol, sin su autorización, un guardián de la cárcel llevó a su lado a Tasmania, porque éste insistió en que debía contarle algo grave. El asunto resultó ser que, según Tasmania, durante una diligencia judicial en Medellín, le preguntaron por las relaciones entre El Tuso y el congresista Mario Uribe y supuestamente le habían ofrecido enviarlo al exterior, dinero y protección a su familia a cambio de testificar contra los Uribe Vélez por el fallido atentado contra alias René.

Al día siguiente, el abogado Sergio González fue a la cárcel y después de oír la historia de Tasmania, El Tuso le pidió que buscara a Mario Uribe y le contara lo que estaba pasando. González lo hizo y, según El Tuso, cuando Uribe se enteró de que la persona que estaba averiguando por sus relaciones era el magistrado Iván Velásquez, de la Corte Suprema, se enfureció. Después le mandó decir a El Tuso que incidiera para que Tasmania relatara en una carta todo lo que le había sucedido.

Consignando en ella todo lo que fue contando Tasmania, el abogado González redactó la carta. Según El Tuso, a diferencia de las mentiras que ha dicho Tasmania en su falsa retractación, él leyó la carta, la aprobó, le puso su huella y la firmó sobre la cama donde dormía El Tuso. Y no fueron los únicos que conocieron del tema. Contrario a sus declaraciones, Sierra afirmó que la carta fue corregida por Ernesto Báez y la conocieron alias Macaco y alias Julián Bolívar. La hicieron en un computador que El Tuso le regaló a Báez.

Posteriormente, el abogado González se la llevó a Mario Uribe, éste se la entregó a Santiago Uribe, y el caballista se la dio a su hermano, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en su finca de Llanogrande. Días después, insistió El Tuso, llegó un mensaje de la Casa de Nariño: la carta tenía que ser radicada a través de la Presidencia. Así se hizo y González le comentó que pudo conocer al secretario jurídico, Edmundo del Castillo; al secretario Bernardo Moreno, y al asesor presidencial José Obdulio Gaviria.

Aunque el presidente Uribe conocía el texto de la misiva desde días atrás, cumplido el requisito de la radicación de la carta, estalló el escándalo. Corría el mes de octubre de 2007 y la versión en la Casa de Nariño fue que el magistrado Iván Velásquez quería involucrar al jefe de Estado en un supuesto plan para asesinar a un jefe paramilitar, ofreciéndole dádivas a alías Tasmania para que testificara en su contra. La carta produjo sus efectos, pues el magistrado Velásquez comenzó a ser investigado.

El Tuso reveló que obviamente el plan tenía sus contraprestaciones y no tardaron en llegar. Las autodefensas pedían que bajaran a Macaco de una fragata y lo hicieron. Que sacaran a Don Berna de la cárcel de Cómbita y también cumplieron. Y que pasaran a Tasmania al patio de los procesados por la Ley de Justicia y Paz. Pero este último aspecto causó revuelo. Mancuso, Jorge 40 y El Alemán pegaron el grito en el cielo. Al final aceptaron a regañadientes, porque era el único extraño en el patio.

En su confesión, El Tuso sostuvo que lejos de lo que han dicho, Ernesto Báez y Julián Bolívar participaron activamente en el plan ‘Tasmania’. No sólo en ese montaje por el cual ya fue condenado el abogado Sergio González, sino en otros episodios para redondear la faena. Por ejemplo, en la entrevista que dio Tasmania a la periodista Vicky Dávila, que según El Tuso la contestó mientras Ernesto Báez, vestido con una bata de baño blanca y chanclas, sostenía un papel donde él había escrito lo que tenía que contestar a cada pregunta.

Pero el caso ‘Tasmania’, que la justicia ya demostró fue un complot contra el magistrado Iván Velásquez, no fue el único caso. Después vino el intento de desprestigiar las denuncias de la excongresista Yidis Medina contra el gobierno Uribe, a raíz de la compra de su voto para la aprobación de la reforma de la reelección presidencial en 2004. En esta ocasión, según El Tuso, se hizo a través de un periodista que dijo tener pruebas de que Yidis Medina tenía nexos con el Eln. La vuelta la orquestaron Ernesto Báez y Julián Bolívar.

Sólo que esta vez participaron también la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y la subdirectora de operaciones Martha Inés Leal. A esas alturas de la confrontación entre la Corte Suprema y el gobierno Uribe eran insistentes las peticiones desde el Gobierno para que, por ejemplo, Mancuso ayudara a conseguir una foto del narcotraficante Giorgio Sale con uno de los magistrados de la Corte o evidencias de que Iván Velásquez supuestamente había trabajado para Pablo Escobar.

La situación era tan desesperada, agregó El Tuso, que no faltaron otros intentos. A través de la excongresista Rocío Arias quisieron grabar al magistrado Velásquez para comprometerlo y lo mismo se intentó hacer en la oficina del abogado de Don Berna, Diego Álvarez. En ambos casos la parte logística corrió por cuenta del DAS. Tampoco faltó una carta, poco conocida, para que otro paramilitar desmintiera a un tal Francisco Villalba, que acusaba al presidente Uribe de haber ordenado la masacre del Aro.

Por todos lados se buscó neutralizar a la Corte. Cuando alias Don Berna coincidió en la cárcel con el testigo estelar del primer escándalo contra el DAS, Rafael García, el primero le picaba la lengua al segundo para grabarlo y enviar la información al Gobierno. Incluso llegó a ser tan estrecha la participación del DAS en sus alianzas con las autodefensas que, según El Tuso, Martha Leal enviaba informaciones a la cárcel sobre operaciones de extinción de dominio que iban a realizarse contra los ‘paras’.

En últimas, como lo resaltó El Tuso recordando palabras de Ernesto Báez, llegó el momento de decidir si debían ayudarle al gobierno Uribe o a la Corte Suprema, y ellos se decidieron por el Ejecutivo, que tenía el poder. Todos trabajaban por un bien común y en sus estrategias, desde el caso ‘Tasmania’, el desprestigio a Yidis y demás triquiñuelas pasaban por el conocimiento de Mario Uribe, Santiago Uribe, José Obdulio Gaviria, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Martha Leal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La confesión de El Tuso Sierra, quien hoy, junto con su familia, es testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos, es el primer paso para establecer qué fue lo que realmente sucedió en la trasescena de una confrontación que, en palabras de El Tuso, buscó acabar con la Corte Suprema. Una pelea que en la sala VIP del aeropuerto José María Córdova, en el apartamento de Mario Uribe en El Poblado, en su oficina o en su finca Marichú, en la Asociación de Caballistas o en la finca de Santiago Uribe, o en la propia Presidencia de la República, tuvo capítulos inéditos que ahora la justicia quiere aclarar.

‘El Tuso’ Sierra y Mario Uribe Escobar

Una de las inquietudes de la Fiscalía en su entrevista con Juan Carlos El Tuso Sierra fue conocer sus relaciones personales y económicas con el expresidente del Congreso Mario Uribe Escobar. El extraditado narcotraficante ratificó que son de vieja data y empiezan porque comparten su pueblo natal: Andes (Antioquia).

Además, según El Tuso Sierra, el excongresista está casado con una prima suya y se conocen desde niños. Incluso, aclaró, muchas veces durmió en su casa en Andes. En cuanto a los negocios, cuando fue interrogado, agregó que le compró la finca La Palmira, ubicada en el municipio de Hispania, y ese fue sólo una transacción.

Le vendió el apartamento que hoy posee Uribe en el sector de El Poblado y otro en predios de la Clínica Medellín, negoció también un penthouse en Andes y siempre fue uno de los principales financiadores de sus campañas políticas. Además de buenos amigos y coterráneos, fueron vecinos de edificio.

Narcoparamilitar con defensores

El Tuso Sierra, desde el narcotráfico, se unió a Don Berna desde 1994. En 2002 se sumó al proceso de paz con el gobierno Uribe, pero dos años después lo sacaron por narco. Se escondió en Valencia (Córdoba) y empezó una larga tarea para que pudiera regresar a Justicia y Paz a partir de 2006. Lo hizo gracias a la gestión de políticos, paramilitares, abogados y funcionarios.

En su declaración nombró a algunos de sus mentores para el regreso: Rocío Arias, Eleonora Pineda, Óscar Arboleda, Guillermo Gaviria, Santiago Uribe, Mario Uribe, Francisco Zapata y Miguel de la Espriella. En la última etapa lo hicieron Sabas Pretelt y el abogado Abelardo de la Espriella. El Tuso recalcó que no siempre fue gratis y pagó buena plata.

 

Las confesiones de alias 'Gonzalo'

"Yo llevé a Hoenigsberg a Ralito"

Por: Elespectador/APIC

De cómo las autodefensas penetraron en Barranquilla. Desde el exterior, Carlos Mario García revela parte de sus secretos ilegales.

Desde hace cinco años vive en el exterior, pendiente de que su situación jurídica le permita su reinserción y contar lo que sabe. Se llama Carlos Mario García Ávila, nació en Sincelejo, se graduó como médico en Barranquilla, pero su vocación por la política lo llevó a un escenario inesperado: las autodefensas de Carlos Castaño. Luego creció en la organización ilegal hasta convertirse en el jefe político del extraditado comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

En el mundo ilegal fue conocido con el alias de Gonzalo y como jefe político de Jorge 40 cumplió tareas que la justicia no ha investigado hasta la saciedad. Por ejemplo, la participación de las autodefensas en la discusión de la Ley de Justicia y Paz. En diálogo con El Espectador, habla sobre uno de los temas que lideró personalmente antes de su desmovilización: la penetración del paramilitarismo en el departamento del Atlántico y especialmente en su capital Barranquilla.

¿Cómo se da la alianza paramilitar con la política en Atlántico y Barranquilla?

El tema de la parapolítica en referencia al frente José Pablo Díaz y la alcaldía de Guillermo Hoenigsberg data de mediados de 2003. El antecedente para apoyar esa candidatura fue una conversación con Jorge Gerlein Otálora, quien aspiraba a una curul en el Concejo de Barranquilla. Sin pertenecer a las autodefensas todavía, lo acompañaba en su campaña, pues me gustaba su propuesta. En una de sus reuniones proselitistas llegó el tema del paramilitarismo en Barranquilla. Cabe aclarar que antes de la llegada de Antonio, Édgar Fierro Flórez, ya estaban las autodefensas en la ciudad. Entonces le comenté a Gerlein que yo conocía a paramilitares de la Sierra Nevada, pues alguna vez en Santa Marta me había topado con ellos en un evento que se hizo en Buritaca con congresistas, diputados, alcaldes y concejales del Magdalena. Ese día conocí a Hernán Giraldo, a José Gelvez Albarracín, alias El Canoso; a Nodier Giraldo, alias El Cabezón, y a doña Sonia, directora de todo el evento. Fue algo parecido a un festival de orquestas. Las Auc manejaban el evento.

¿Usted ya hacía parte de las autodefensas?

Yo era un estudiante de medicina de 26 años. Estaba en mi año de internado. Vivía tranquilo, pero me gustaba la política. Ese día hice amistad con los Giraldo y después ellos llegaron a Barranquilla y me ubicaron. Así comenzamos a ser amigos, pero para rumbear. Es más, yo les preguntaba por el comandante de Atlántico y ellos me decían que acababan de nombrar a uno nuevo. Ellos iban mucho a Barranquilla y siempre se reportaban.

¿Cómo llega entonces la conexión entre autodefensas y la campaña de Hoenigsberg?

Cuando Gerlein me comenta de su preocupación por la candidatura de Hoenigsberg, pues pensaba que si quedaba elegido no le iba a cumplir a la familia. Yo le dije que conocía a unos amigos que a lo mejor les interesaba invertir en la campaña y podían conseguir que se respaldara su apoyo a Hoenigsberg, para que respetara los acuerdos. Él me dice que me lleva a donde el personaje que está poniendo billete para la campaña y me lo presenta. Entonces hablo con Eduardo Losada (q.e.p.d.) y ahí empieza el tema de Hoenigsberg. A Losada no le gustaba salir de su casa y estaba obsesionado por su empresa Métodos y Sistemas. Él fue quien me dijo: “Médico, busque el respaldo de las autodefensas y nos ganamos de una vez esta alcaldía”.

¿Con quién habló?

Con El Canoso y me dijo que ellos tenían un asesor en temas ambientales y propuestas de negocios para la campaña de Francisco Zúñiga a la Alcaldía de Santa Marta, que se llamaba Roberto Castillejo (q.e.p.d.). Yo le contesté: perfecto, mientras más seguro, para mí mejor. Así concretamos una reunión en Barranquilla entre El Canoso (político del frente Resistencia Tayrona), Roberto Castillejo y yo. Les conté sobre Eduardo y la candidatura de Guillermo, las garantías que ellos pedían. Roberto comentó que él tenía entrada con Hoenigsberg. Me imagino que lo hizo para demostrarles a los Giraldo que él tenía relaciones. Fue así como Roberto nos avisó que la reunión era en la casa de su amigo José Pérez Orozco. A los dos días se realizó la reunión. Antes me dijo El Canoso que iba a llevar a su jefe Nodier Giraldo, alias El Cabezón. Así se realizó la primera reunión en casa de José Pérez, en Villa Campestre.

¿Quiénes fueron?

José Pérez, que era el anfitrión; Roberto Castillejo, que fue el contacto con José Pérez para la reunión con Hoenigsberg; José Gelvez, alias El Canoso; Jorge Gerlein, Guillermo Hoenigsberg y mi persona.

¿Qué se habló en esa reunión?

En esa reunión se acordó apoyo económico por parte del Resistencia Tayrona a Hoenigsberg, respaldo a Jorge Gerlein para que él hablara con su familia y comentara que había garantías para que apoyaran a Hoenigsberg. Se quedó en volvernos a reunir en unos pocos días.

¿Y en la reunión en Magdalena de la que usted habló al comienzo quiénes estaban?

En esa época no los conocía a todos, pero estaban los de la parapolítica, más los alcaldes de Magdalena, que creo que eran todos, y varios diputados. Había mucha gente, dos mil personas creo, con Trino Luna a la cabeza.

¿Por qué esas alianzas o acuerdos se dieron tan fácilmente?

Nadie escapaba a la cultura pendeja de creer que las cosas se estaban haciendo bien y que lo malo no era la rosca, sino estar fuera de ella.

¿Por qué usted, un médico y líder estudiantil, termina promoviendo acuerdos de las Auc con los políticos?

Yo siempre he sido de relaciones. Era líder estudiantil y me gustaba mucho la política. Así conocí la otra parte de la vida. No todo lo que brilla es oro. Pero hay que aprender de las experiencias malas y buenas.

¿Pasa la reunión en la casa de Pérez y qué sigue después?

A los dos días me reuní con Eduardo Losada en su casa, le comenté de la reunión donde José Pérez y me dijo que si Hoenigsberg aceptaba el apoyo, las cosas iban a salir mejor de lo previsto.

¿Y hubo otra reunión?

Se hizo una semana después. Yo llegué primero a la casa de Eduardo, pues la reunión se hizo en la oficina de José Pérez Orozco en la calle 54 con 94 esquina. Al lado de un negocio de comidas rápidas que se llamaba Vacas Place. Primero me reuní con Eduardo. Él me dijo que quería gestionar un préstamo con los Giraldo por $2.500 millones para invertirlos en la campaña y que él tenía $2.500 millones más que ya estaban agotados.

¿Cómo es la entrega del dinero?

Eduardo me entregó los $500 millones en una caja para llevárselos a Hoenigsberg, con el mensaje claro de que eran de las autodefensas porque en el fondo tenía desconfianza con Guillermo y no se equivocaba. Luego hablé por celular con El Canoso y se alegró muchísimo. Hoenigsberg recibió la platica. Y quedó definido que José Pérez iba para un cargo en la administración y Roberto Castillejo para una entidad que manejara políticas ambientales. El énfasis fue que Eduardo era el dueño del 40% de la administración.

¿Qué pasó luego?

A los pocos días, El Canoso me dijo que había una reunión con el comandante de Atlántico, que había que reportarle las reuniones. Entonces llamamos a José Pérez, nos fuimos hasta su casa en Villa Campestre y allí llegó por primera vez Édgar Fierro Flórez, conocido con el alias de Antonio.

Ya usted empieza a ser importante en las autodefensas.

Mi importancia radicaba entonces en juntar cabezas y hacer que las cosas se nivelaran en la confianza. Las autodefensas ya estaban en Atlántico, pero no con fuerza en la política. Existían relaciones con empresarios y políticos, pero cuando llegó don Antonio arrancó con pie derecho.

¿Qué pasó en la nueva reunión?

Antonio dejó muy claro que el departamento le pertenecía a él, al frente José Pablo Díaz. Y que de ese día en adelante no se hacía nada sin su anuencia. El Canoso y El Cabezón asintieron. Desde entonces comienza la relación Antonio-Losada-El Médico. Todos los días, a la hora que tocara. Después me enteré de que Antonio ya estaba adelantado en Soledad, donde había presencia militar y política, así como acompañamiento de buena parte de la sociedad civil.

¿Soledad fue un fortín de las autodefensas?

A diferencia de Barranquilla, allí cobran mucha importancia nombres como Mario Marenco, alias El Rey; Jesús Vergara, alias Julio, y Hernán Navarro, alias Rubén. Pero bueno, ese es otro capítulo, como el de Santa Marta, el del Magdalena, el de los negocios directos con el comandante Jorge 40, el de las reuniones en Bogotá con los congresistas afines al bloque Norte, el de la financiación del grupo en Bogotá a manos de empresarios... hay demasiados temas por aclarar.

¿Qué ocurrió en Santa Marta y en Magdalena?

Ese es un capítulo muy extenso. Sólo puedo decir por ahora que hubo muchos negocios del bloque Norte en la gobernación de Trino Luna y con los llamados Conejos de Santa Marta (Álvaro y Luis Miguel), el primero de ellos padre del actual gobernador de Magdalena. Ya lo dijo una vez un fiscal: las autodefensas no infiltraron la política, los políticos infiltraron las autodefensas.

¿Y Bogotá?

En Bogotá hay todo tipo de financiadores de las autodefensas. Y todos fueron personas que se beneficiaron donde tenían obras para que la delincuencia no les robara maquinarias o les mataran empleados. Son grandes empresarios, ya contaré en detalle quiénes son. Hay de todo, no creo que vivan muy tranquilos.

Volvamos a Barranquilla.

Las reuniones donde Eduardo Losada eran todos los días. Ese señor se convirtió en el brazo financiero del frente y lo que se necesitaba él lo colocaba: sitios, plata, reuniones con empresarios. Recuerdo que para esa época José Pérez me dijo que El Negro, como llamaba despectivamente a Édgar Perea, se estaba montando mucho en las encuestas y necesitábamos hacer algo para evitarlo. Propuso que lo forzáramos a que declinara su aspiración, pero nos negamos rotundamente, porque Antonio y yo no comulgábamos con esa política de los candidatos únicos. Hubo reuniones para hablar de la campaña y en cada una se le entregó dinero a Hoenigsberg. Siempre con la garantía de las autodefensas y de Losada. Fue así como llegaron las elecciones, ganó Hoenigsberg y se fortalecieron las autodefensas en Barranquilla. El nombre de Eduardo Losada también se fortaleció mucho. Es más, las dos oficinas de las Auc en Barranquilla eran de propiedad suya. Una en el piso cuarto de Métodos y Sistemas y otra a la vuelta del DAS en Barranquilla. Las proyecciones financieras eran espectaculares y Antonio le reportaba a Jorge 40. Así fue como se habló de Transmetro, Tránsito, Damab, Valorización, entre otros. Todo muy bien. Eduardo era mi fortaleza y la de Antonio para mostrar una buena gestión frente a Jorge 40.

¿Usted que llegó a ser?

Fui coordinador político. Los políticos de los frentes fuimos eso: relacionistas. No manejábamos nóminas, no teníamos gente a cargo, Lo que tocaba era reportar negocios que eran la base de la economía de guerra de uno de los actores del conflicto armado.

¿Y por qué se quedó en las autodefensas?

Por las relaciones. Ver que mucha gente de la política regional comulgaba con ellos, que ellos eran el verdadero poder, que nada pasaba en su contra, que aquel que no estaba con ellos estaba por fuera. ¿Cuántos hubieran querido mi puesto? Es la cultura estúpida del poder mafioso. Y la inexperiencia. Fui hasta ingenuo en muchos casos porque pude haberle sacado más provecho a la situación. Yo era profesional. Hablaba bien y tenía buenas relaciones. Pero cumplí. El que no cumplió fue él (Jorge 40).

¿Cuándo conoció a ‘Jorge 40’?

Unos meses después de la elección, Jorge 40 me citó en Ralito. Me fui con Antonio e hice mi presentación formal. Quedé con el alias de El Médico. Me felicitó por el tema de Guillermo, me dio correo, número de teléfono y me autorizó para todo lo concerniente a lo político. Eso sí, me hizo énfasis especial en que no quería verme reunido con militares ni financieros, que lo mío era un tema político exclusivamente y lo trataríamos de manejar lo más directo posible. Así quedamos y me dijo que la próxima reunión le llevara a Hoenigsberg.

¿Le llevó a Hoenigsberg?

Sí. Un mes después le llevé a Guillermo. Lo llevé a Ralito y le pagamos desde los tiquetes de avión hasta el hotel y Antonio y yo personalmente lo entramos a Ralito en 2004. En ese paseo también llevamos a José Pérez, que era nuestra cuota. Los llevamos, nos reunimos y se quedaron con la bendición de Jorge 40. Roberto Castillejo se ubicó privadamente para organizar negocios. Era experto en esa materia.

¿Por qué dice que Pérez era su cuota?

Lo sabía, pero después de la desmovilización fue de los primeros que se sacudieron y, al enterarse de que entraba un comandante militar nuevo, alcanzó a amenazarme. Esa nueva estructura alcanzó a declararme objetivo militar. Por eso lo denuncié en todos lados. Como yo empecé a manejar proyectos productivos del bloque Norte, caí en la cuenta de que en Barranquilla me iban a asesinar. Ya iban varios de la estructura anterior. Estoy seguro de que Antonio se salvó porque cayó preso. La nueva estructura quería congraciarse con los políticos con que nosotros habíamos hecho alianzas. Por eso, ya desmovilizado, decidí irme del país.

¿Qué sucedió con Eduardo Losada?

En 2004 lo mataron. Casi me asesinan ese mismo día. Íbamos para una reunión en Métodos y Sistemas con Guillermo Hoenigsberg. Salimos juntos con la plata que se le había entregado para el pago de los concejales del tema de valorización. La esposa de Eduardo puede dar fe de eso. Yo estaba en el semáforo esperando el cambio para llegar cuando empezó la balacera. Antonio estaba llegando cuando escuchó las detonaciones. Entonces activó vía avantel a la red urbana de Barranquilla y ellos los capturaron en el restaurante Medio Oriente de la carrera 43 con 85. Tocó entregárselos a la Policía. Quedamos desorientados. Hasta hace poco me he venido enterando cómo fueron las cosas. Eso habla de la porquería de organización donde estuve.

Una carta al consejero para la reintegración

Dice que es la octava carta que le escribe al Estado colombiano para que revisen su caso. Esta vez lo hizo al director de la Agencia Nacional para la Reintegración, Alejandro Éder, para expresar que se desmovilizó en agosto de 2005 con el bloque Centauros, luego colaboró con la entrega de Jorge 40 en marzo de 2006, pero hoy no sabe qué hacer.

Dice que contactó importantes empresas de Estados Unidos para apoyar el proceso de paz, pero luego percibió un ambiente hostil de anteriores estructuras, que denunció ante las autoridades, y que como nadie lo atendió, salió del país. Lo que aguarda es saber si puede acceder a los beneficios del Decreto 1424.

Y lo hace porque ya tiene dos órdenes de captura en su contra. Una en Sincelejo y otra en Bogotá. Pero que no piensa regresar al país para quedar preso. Además, sostiene que en Venezuela, Ecuador o Panamá hay gente en las mismas condiciones, dispuestos a colaborar con la justicia pero no a pagar largas condenas.

 

Juancho Dique:

“Sus votos están manchados de sangre”

Uber Enrique Banquez alias Juancho Dique, ayer durante el juicio contra Cáceres. Durante el juicio contra el expresidente del Senado, Javier Cáceres, varios testigos han confirmado que éste sí se reunió con paramilitares, pero para discutir temas relacionados con la desmovilización Compartir 0Durante el juicio que se realiza al exsenador cartagenero Javier Cáceres Leal, declaró el exjefe paramilitar Uber Enrique Bánquez alias “Juancho Dique”, reconociendo que sí se reunió con ély que los votos del exgobernador Libardo Simancas, así como los de la exdiputada Luz Estela Cáceres, fueron conseguidos por la influencia paramilitar.

La audiencia pública de juzgamiento contra el expresidente del Senado Javier Cáceres continuó ayer en la Corte Suprema de Justicia. Allí, algunos testigos han ratificado que el exsenador sí se reunió con paramilitares, pero aclaran que fue dentro del marco legal del proceso de desmovilización.

El excomandante del Bloque Héroes de María aseguró que sostuvo nexos con Javier Cáceres en el año 2003 y que acordaron que las Autodefensas respetarían la vida de los líderes políticos del Polo , a cambio, éstos respetaran sus acuerdos con la comunidad del departamento. “Nosotros no pedíamos beneficios para las Autodefensas sino para la comunidad, como obras, vías y escuelas”, dijo Bánquez refiriéndose a las exigencias a cambio del apoyo electoral.

Bánquez también dijo que en la reunión con Cáceres, el exsenador solicitó apoyo para el entonces candidato a la Gobernación de Bolívar, Libardo Simancas . Sin embargo aclaró que inicialmente no quería otorgar este apoyo, dado que en ese momento el apoyo era para el entonces candidato Alfonso López Cossio. Esto cambió luego de que Simancas supuestamente hablara directamente con Salvatore Mancuso para conseguir su apoyo, luego de lo que todas la Autodefensas decidieron otorgar su apoyo político a Simancas.

“Juancho Dique” dice que luego de la reunión con Cáceres, su bloque de las Autodefensas se comprometió a “respetarle la vida” a todos los candidatos del Polo Democrático que hacían campaña en la región.

Habría amenazas

El exjefe paramilitar denunció que el expresidente del Senado tuvo una conversación con él cuando ya estaba preso en La Picota, en la que amenazó con divulgar sus influencias familiares en el departamento, si mencionaba la reunión que sostuvieron en Ñanguma.“Yo sí soy paramilitar,  pero tu esposa que controla toda la salud en Bolívar no lo es”, dijo supuestamente Cáceres en la conversación.

Esto se refería a una supuesta relación que tuvo Uber Bánquez con una prestigiosa médica de la región, cuya familia poseía varias clínicas en el departamento. El exparamilitar aclaró que esa mujer no era su esposa, pero que sí sostuvo una relación con ella, sin que ella supiera que era un paramilitar. “Yo quería mucho a esa persona, y ante la amenaza que la involucraba a ella yo decidí guardar silencio ante la Corte”, dijo Bánquez explicando sus cambios de testimonio a lo largo del proceso.

El exparamilitar denunció también que hubo varias amenazas en contra de su familia por cuenta de esta denuncia, razón por la cual tuvo que retirar a su familia de Barranquilla, y traerla a Bogotá.

En respuesta a estas acusaciones alias “Juancho Dique” sugirió a la audiencia que revisara “de donde han salido los votos de la hija del excongresista”, refiriéndose a Luz Estela Cáceres, exdiputada de Bolívar.

“Sus votos están llenos de sangre, la sangre de las masacres de los Montes de María”, agregó.

Contexto

En este proceso uno de los primeros en testificar fue el excongresista Vicente Blel, condenado por vínculos con paramilitares. Blel manifestó que las reuniones sostenidas por Cáceres con grupos al margen de la ley fueron en un marco legal. La primera de ellas se realizó en el marco de los procesos de paz que adelantaba el gobierno de Andrés Pastrana con las guerrillas de las Farc y Eln, mientras que el segundo fue durante los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares durante la administración de Álvaro Uribe.

Otro de los testigos fue el ganadero Carlos Roberto Castaño quien aseguró ante la Sala Penal que en 2005 acompañó al entonces congresista a reunirse con el segundo al mando del Bloque Héroes de Montes de María, de las Autodefensas Unidas de Colombia, Uber Enrique Bánquez, alias ‘Juancho Dique’.

Según el ganadero, este encuentro fue muy breve ya que “no duró más de 15 minutos”, y sólo se trataron temas relativos a la desmovilización de dicho bloque.

Castaño también aclaró que fue contactado por Cáceres, dado que él había sido víctima de amedrentamientos por parte de dicho bloque paramilitar. Al parecer, el exsenador sentía miedo de lo que los paramilitares le pudieran hacer. Ante esto el ganadero reconoció que también estaba asustado pero recordó que solamente se hablaron temas relacionados con el proceso de desmovilización, nada más”.

La audiencia continuará hasta hoy.

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Paramilitares usaron violencia sexual

Como arma de conquista en Colombia

Inicia la cuarta semana por la memoria histórica con la presentación de un informe sobre violencia sexual, a cargo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hicieron de la violencia sexual en todas sus formas un arma de conquista y de poder durante la toma del Caribe colombiano, entre 1997 y 2005, según un informe presentado el jueves con motivo de la Semana por la Memoria y que reconstruye esos hechos.

El documento, que cuenta con dos apartados titulados "Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano" y "Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política", fue presentado en Bogotá por el Grupo Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Este informe es resultado del trabajo de un grupo de investigadores liderados por la politóloga María Emma Wills, que recabaron testimonios en las regiones caribeñas de Montes de María y Magdalena, donde la violencia sexual se sumó al horror del despojo y las matanzas.

Expone cómo en Rincón del Mar y Libertad, el Bloque Héroes de Montes de María de las AUC construyeron un orden social a través de su injerencia en la vida cotidiana con "ejercicios de estigmatización pública, esclavitud laboral, trabajos forzados domésticos y hasta violencia sexual", explicó Wills.

Wills agregó que los paramilitares también intervenían "organizando festejos para su beneficio y explotación económica, porque obligaban a las comunidades" a asistir y participar.

Y en el municipio de San Onofre (Sucre), en 2003, el cabecilla paramilitar Marco Tulio Pérez Guzmán, alias 'El Oso', recibió a su superior Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena', con un combate de boxeo que tenía el planteamiento de un circo romano.

'El Oso' subió a un ring a 16 homosexuales y varias mujeres y les obligó a practicar boxeo, un deporte que, según Wills, "daba mucho orgullo a esa comunidad, para transformarlo en una enorme mofa y humillarles".

Ese paramilitar, asimismo, convocó a las jóvenes más bonitas de la zona a participar en un concurso de belleza, que fueron obligadas a "desfilar delante de los comandantes".

Esos comandantes, prosiguió Wills, "escogían a las niñas más bellas para obligarlas a mantener relaciones sexuales con ellos".

Detrás de aquellas prácticas se escondía un mensaje que ubicaba a la ultraderecha armada como "figura masculina dominante del lugar", según la investigadora.

"Ahí se descubre que hay algo en disputa que no hemos puesto en evidencia en Colombia, que es que además de territorio, tierra, corredores para el narcotráfico y armas, lo que está en juego en esta guerra de manera menos evidente pero muy persistente es un cierto tipo de masculinidades", argumentó.

También en Montes de María el informe detecta que hubo "un sistema de violencia sexual sistemático para castigar a las mujeres que eran consideradas transgresoras de los códigos de conducta que ellos quisieron arraigar en esas comunidades".

Uno de los métodos de sanción consistía en rapar públicamente a las mujeres que consideraban infieles, viciosas, libertinas o entrometidas.

El informe del Grupo de Memoria Histórica también destaca que de las 63 violaciones sexuales documentadas en el Magdalena, 40 fueron cometidas por paramilitares, cuatro por miembros del Ejército, una por una alianza entre las AUC y la fuerza pública, tres por las FARC y otra más por miembros de la guerrilla del ELN, mientras que en 14 casos no se estableció autoría.

Los militares son de lejos los principales responsables de ese delito, que cometían "en contextos estratégicos" de su conquista territorial y también de manera "oportunista" para conseguir "satisfacción sexual", pues el "desprecio hacia las mujeres" inculcado en sus filas, según Wills, marcó esa conducta.

La paradoja es que esas mujeres caribeñas, según el estudio, también han sido motor de iniciativas de resistencia colectiva, lo que las convierte en "la esperanza" de Colombia, según Wills, a pesar de vivir amenazadas todavía por los herederos de las AUC. 

Las Autodefensas se desmovilizaron en 2006 en virtud a un acuerdo con el entonces presidente Álvaro Uribe, pero en adelante han proliferado lo que el Gobierno actual denomina bandas criminales (Bacrim), que no son otra cosa que la continuidad de los paramilitares que sembraron el terror en Colombia durante años. 

 

A Human Rights Watch le preocupa la seguridad

De 'exparas' que declararon contra Uribe

En una carta enviada al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, José Miguel Vivanco pide protección para quienes han dado declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe.

En una carta dirigida al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó preocupación por la seguridad de Pablo Hernán Sierra García y Juan  Guillermo Monsalve, "dos exparamilitares que, en declaraciones públicas recientes, afirmaron que el expresidente Álvaro Uribe habría estado activamente involucrado con un grupo paramilitar". 

En la misiva Vivanco recuerda que en agosto y septiembre del 2011, Sierra y Monsalve ofrecieron declaraciones grabadas en video a Iván Cepeda Castro, representante a la Cámara, en las cuales señalaron que Uribe habría mantenido vínculos directos con paramilitares. Ambos aseveraron que el hermano de Uribe, Santiago Uribe, también habría estado activamente involucrado con un grupo paramilitar. 

"Las  declaraciones de Sierra y Monsalve han tenido amplia repercusión en la prensa y el representante Cepeda, a su vez, ha entregado los testimonios a  la Fiscalía General de la Nación. En una carta firmada el 10 de septiembre del 2011, Monsalve denunció ante la Fiscalía que familiares suyos habían recibido una amenaza de muerte telefónica", se lee en la misiva.

Vivanco pide que teniendo en cuenta lo expresado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) adopte todas las medidas  necesarias para garantizar la seguridad de Sierra y de Monsalve, ambos detenidos en la cárcel de Cómbita.

"Es crucial que reciban plena protección mientras las autoridades investigan estas denuncias de manera inmediata y activa", concluye.

 

"Es mejor negocio la política que el narcotráfico"

El hombre que maneja medio país desde la cárcel

Cómo un condenado por parapolítica dirige desde la cárcel gran parte de la política regional colombiana. Aspira a elegir cinco gobernadores y 106 alcaldes sin que el Estado pueda hacer mucho para impedirlo. Este es Juan Carlos Martínez.

"Es mejor negocio la política que el narcotráfico", le oyeron decir, hace unos meses, al exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, en la cárcel. Y, con su estilo de hablar escueto, precisó: "La plata que deja una alcaldía no la deja un embarque".

Con esa frase, tal vez, Martínez intentaba dar argumentos para demostrar su inocencia en el caso que le sigue la Fiscalía por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pero más allá de si logra convencer o no, lo cierto es que esa frase resume su vida: Martínez ha hecho de la política uno de los más rentables negocios. El senador, hoy preso en la cárcel El Bosque de Barranquilla por parapolítica, tiene los cálculos de cuánta plata se le puede sacar a una alcaldía, cuánto a una Secretaría de Salud y cuánto, por dar otro ejemplo, al manejo de la Dian en el Puerto de Buenaventura.

Y por esa razón, desde la cárcel sigue moviendo los hilos del poder. En las elecciones al Congreso en 2010, por ejemplo, cuando ya llevaba detenido un año, aumentó su cuota de tres parlamentarios a siete, y la votación de su estructura política pasó, solo en el suroriente del país, de unos 100.000 votos a 250.000.

Aunque puede parecer un gamonal más, Martínez es una especie distinta en la fauna de la política. Y a pesar de estar preso, ha logrado ser invulnerable en materia electoral: la cárcel no le acaba los votos, se los multiplica.

Prueba de su poder fue el repertorio de visitas durante su estadía en La Picota, antes de que lo mandaran a Barranquilla: altos cargos del gobierno de Cali y del Valle se echaron desde uno hasta diez viajes hasta Bogotá para acompañarlo (ver tabla). Así como los invitados a la fiesta por su cumpleaños número 41, en enero de este año: un notario, un exfiscal delegado ante la Corte Suprema, un exsecretario jurídico de la Gobernación y dos congresistas, entre otros.

La figura de Juan Carlos Martínez cobra hoy un especial interés porque en las elecciones del próximo 30 de octubre se pondrá a prueba su poder. Martínez tiene una apuesta muy ambiciosa: ha construido una astuta fábrica de avales -mediante los partidos PIN, MIO y Afrovides- y gracias a ellos hoy tiene cinco candidatos a gobernaciones, 101 para asambleas, 106 en alcaldías y 2.363 aspirantes a concejos. Con esa maquinaria se propone aumentar la cuota que hoy tiene de seis diputados, diez alcaldes y 156 concejales.

Ese día, el 30 de octubre, se sabrá si ha dado algún resultado la batalla que ha venido dando el Estado para tratar de atajar a este hombre, que en junio pasado fue condenado a 7,5 años por parapolítica y que ha montado todo un entramado de saqueo del erario a su alrededor.

¿Cómo lo ha hecho?

Este hombre, un negro grande y fornido que nació en un pueblito pobre de la costa pacífica, cuyo aspecto trae a la memoria el de ciertos mandatarios africanos que imponen su propia ley a como dé lugar, ha sabido encontrar todo tipo de atajos para poner el Estado a su servicio.

Martínez logra con un chasquido de dedos una tarea como la de crear un partido para participar en las elecciones, lo que a personajes políticos de alto reconocimiento en el país les ha costado mucho (Mockus, Peñalosa y Lucho tuvieron en su momento que acampar en el Verde, y Petro está hoy sin partido). Y lo ha hecho no una, sino muchas veces. Tanto que tiene hoy tres partidos: PIN, MIO y Afrovides, y ninguno tiene más de dos años.

La cárcel es apenas una molestia en el zapato para él. Es el único preso que se ha dado el lujo de celebrar su fiesta de cumpleaños con la orquesta Guayacán a bordo, y de tumbar tres paredes de su celda para hacerla más amplia. Y lo que el país no sabe es que además tiene un séquito de presos a su servicio. Incluso, el recién condenado Jorge Noguera, exdirector del DAS, hacía por él oficios como lavar los baños a cambio de un pago necesario para subsistir en La Picota.

Cuando lo trasladaron a Barranquilla, Martínez aplicó la misma táctica. Unos policías presos le cocinaban y hacían la limpieza en todo el pabellón. Y lo más curioso es que con ese trabajo de otros es Martínez el que redime tiempo: en los libros dice que él dedica ocho horas al día a barrer las áreas comunes. El director del Inpec trasladó a los uniformados para ponerle tatequieto, pero de nada valió, pues durante el día cinco policías se pasan de su pabellón al de los parapolíticos y le siguen haciendo los oficios a este emperador del Pacífico.

Y para acabar de ajustar, las rejas parecen ser un chiste para Martínez. Logró que el Inpec le diera un certificado de días trabajados -a pesar de ser en cuerpo ajeno- y un juez le dio un guiño de buena conducta -a pesar de los escándalos-, y así logró un exótico permiso de 72 horas. ¿En qué país del mundo un condenado sale tres días de la cárcel? ¿En dónde ese condenado puede salir solo para aceitar su maquinaria política?

El argumento que usó para pedir el permiso es que su esposa, Nelly Bonilla, estaba muy enferma por un trasplante de hígado que le hicieron en diciembre: "Pernoctaré en mi residencia ubicada en el municipio de Yumbo". Y al final, casi que a la única que no visitó fue a ella. Primero hizo una parada técnica en Cartagena, para el matrimonio de la hija del también parapolítico Jorge Castro, y de ahí se fue a una gira relámpago por cinco ciudades del Valle, donde, como todo un patrón, impartió instrucciones y dio bendiciones.

En Cartago, la cumbre fue en un lujoso condominio en la casa de su ahijado político, el senador Carlos Arturo Quintero, y dio línea a sus candidatos en Ansermanuevo, Obando, Toro, Argelia y Bolívar. En Tuluá, la reunión se dio dentro del carro escoltado por una caravana de camionetas con vidrios polarizados. En Palmira fue quizás la parada más provechosa, porque concretó una alianza con el candidato de Cambio Radical Miguel Motoa, padre del senador Carlos Motoa. En Buenaventura lo recibió una calle de honor frente al palacio municipal y atendió a decenas de personas que querían saludarlo en el Hotel Estación. Y en Cali se concentró en enfilar baterías hacia su candidato a la Gobernación del Valle.

En todas y cada una de las reuniones, Martínez dijo que lo esperaran antes del 30 de octubre. El salvoconducto que logró es permanente: puede salir cada tres meses.

¿Quién es Martínez?

Juan Carlos Martínez nació en 1970 en una casa de madera en uno de los pueblos más pobres del Cauca, Timbiquí, al que hoy solo se puede llegar por aire o por mar. En la escuela era uno de los más pilos: "En el estudio se destacó entre los mejores", le dijo a SEMANA/APIC Jacinto Sinisterra, su maestro de matemáticas y primo lejano. Como cualquier otro niño, jugaba fútbol descalzo y era acólito en la parroquia Santa Bárbara.

Su tía Felisa Sinisterra cree que la "berraquera de Juan Carlos" se debe a que le tocó trabajar desde niño, "primero, en la panadería de su mamá y, luego, en una ebanistería. Esos eran los dos oficios de la familia", recordó doña Felisa tras precisar que su hermana Teófila -la mamá de Juan Carlos- lo crió sola porque el papá -Euclides- murió cuando apenas tenía 2 años.

Muy joven se fue a Popayán a estudiar carpintería en el Sena. Luego saltó a Buenaventura, donde terminó el bachillerato, se convirtió en un próspero comerciante de plátanos y después manejó un restaurante: El Sazón Timbiquireño, en el centro del puerto. En esa época, 1994, con 24 años aspiró al Concejo de Buenaventura y obtuvo 780 votos. No ganó la curul, pero fue suficiente para que el entonces senador Carlos Herney Abadía le echara el ojo y lo pusiera a trabajar en el Hospital de Buenaventura, cuando la hoy senadora Dilian Francisca Toro era la secretaria de Salud del Valle. Martínez se lanzó en 1998 a la Asamblea y ganó. Repitió en 2001 y en 2002 se retiró para lanzarse al Senado, al que llegó con 58.000 votos. "Creció demasiado rápido. Es que manejaba mucha plata, y aquí se da una política de estómago (de pedir dinero a los políticos), por eso se dio su poder", dijo a los medios, en su momento, un dirigente comunal de Buenaventura.

Sin duda, no es propiamente el carisma lo que catapultó a Juan Carlos Martínez en las urnas. Dos fantasmas han rondado su figura desde que comenzó su carrera política: el narcotráfico y la corrupción. Empezando por su padrino político, el exsenador Abadía, que lo adoptó en el preciso momento en que lo estaban investigando por el proceso 8.000, que no era otra cosa que la financiación del cartel de Cali a los políticos. Abadía fue condenado por enriquecimiento ilícito y hace pocos años la Fiscalía ocupó 17 bienes suyos avaluados en 3.000 millones de pesos. Carlos Herney, con 11 visitas, fue el más asiduo visitante de Martínez en la cárcel.

En segundo lugar ha desempeñado un papel importante en su carrera Olmes Durán Ibargüen, alias el Señor del Pacífico, un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2007. Los dos no solo se conocieron en el barrio La Playita de Buenaventura y fueron compañeros de colegio, sino que Martínez fue su padrino de boda en una apoteósica fiesta de dos días en 2003, en Pizarro, Chocó -en una conversación telefónica, interceptada por las autoridades se tratan de "padrino" y "ahijado"-. El exsenador, en la audiencia ante la Corte Suprema, trató de relativizar su amistad y dijo que eran solo amigos de infancia. Y el narco desde Estados Unidos salió a defenderlo diciendo que era un complot contra Martínez. Pero su testimonio se vino a tierra cuando la Corte demostró que fue el mismo Olmes Durán el que se encargó de pedirle a los paramilitares del Bloque Calima el apoyo para la candidatura de Martínez al Senado en 2002 y, sobre todo, en el fallo queda claro que 'hicieron política' juntos. Durán apoyaba a los candidatos de Martínez en el Chocó, para tomarse el poder político y saquear al Estado. La Fiscalía ocupó hace dos años cien bienes del capo extraditado avaluados en más de 50.000 millones de pesos.

Un tercer capítulo del tema narco se dio también en las elecciones al Congreso de 2002, cuando Martínez recibió el apoyo de la representante a la Cámara Nancy Montoya, esposa de Ariel Rodríguez, alias el Diablo, temido jefe de sicarios del capo Rasguño. Montoya dio a la Corte el año pasado un comprometedor testimonio en contra de Martínez en el cual lo señala de haber tenido vínculos con el también extraditado Rasguño para las elecciones de alcaldías y concejos en 2003. Y para rematar, el contador en una de las campañas de Martínez a la Asamblea del Valle resultó incluido en la Lista Clinton (de la cual ya fue sacado) como miembro de la organización de Víctor Patiño Fómeque.

¿Qué tanto incidió el narcotráfico en el poder que adquirió Martínez en Buenaventura, que como se sabe es puerto sobre el Pacífico por el cual se distribuía buena tajada de la coca al mundo? Es una pregunta que trata de responder la Fiscalía, a la que la Corte Suprema le compulsó copias del expediente para que investigue al excongresista por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Juan Carlos Martínez no es un gamonal tradicional más. Es, más bien, el mejor exponente de una nueva generación de políticos que resume las pesadillas de narcos, paras y corrupción que ha padecido el país. ¿Qué tantos de los seis escaños que tiene en asambleas, las diez alcaldías y los 145 concejales son parte de esa 'tradición'? ¿Y qué tantos los candidatos para las elecciones del próximo 30 de octubre?

El fantasma de la corrupción

El otro capítulo por el cual Martínez se refiere a la política como un buen negocio, es el de su habilidad para drenar los recursos del Estado. Y no deja títere con cabeza.

Desde 2003, el senador liberal Luis Fernando Velasco denunció "un cartel de drogas lícitas e ilícitas que se quiere tomar la política". En voz alta no dijo el nombre, pero se refería a Juan Carlos Martínez. Su organización fue la precursora del saqueo de la salud, como se demostró unos años después: la Contraloría encontró sobrecostos en compras de medicamentos por 3.000 millones de pesos, en Cauca, "pagaban el acetaminofén a 5.000 pesos la unidad", y el responsable era de la cuerda de Martínez. Y así mismo, la semana pasada, el general Óscar Naranjo denunció que se va a destapar el saqueo a la salud en el Chocó y mencionó que el extraditado Olmes Durán no solo manejaba una red de farmacias, sino que tenía en su casa contratos por más de 4.000 millones con la Secretaría de Salud.

También le jaló al tema de tierras. En noviembre de 2005 destituyeron de manera fulminante a José Tovar, director del Incoder de Putumayo, Nariño, Cauca y Valle, por graves irregularidades en la asignación de tierras y propiedades. En su defensa, Tovar dijo en su momento: "No me va a pasar nada, porque tengo el respaldo del senador Martínez".

Y por supuesto, el puerto era una mina de oro para él. Un funcionario del gobierno anterior le contó a SEMANA/APIC que la Casa de Nariño había decidido darle a una ficha de Martínez el cargo de administrador de la Dian en Buenaventura. Martínez llegó a la Dian en ese entonces y, como le estaban poniendo trabas a su nombramiento, dijo: "Limítese a cumplir. Bernardo Moreno ya dio la orden de que eso es mío". Un alto funcionario del Ministerio de Hacienda del gobierno anterior le explicó a esta revista el porqué del interés: "Eso es oro en polvo. Alguna vez supimos que a la Dian de Sincelejo le sacan una buena tajada para engrasar a todo el grupo y de eso le puede quedar libre 1.000 millones mensuales al congresista. Los congresistas 'dueños' de la Dian en Barranquilla se pueden quedar con 5.000 millones mensuales. ¿Se imagina usted cuánto deja el de Buenaventura?".

En el último año han salido a flote una serie de escándalos que han dejado al descubierto el tamaño de los tentáculos de Martínez en entidades como Acuavalle y la CVC. Hace menos de un año, al gobernador Lourido, recién posesionado, se le salió la siguiente perla: "La verdad, la CVC (Corporación Autónoma del Valle) pertenece al PIN y desafortunadamente nosotros (Gobernación) todavía no hemos logrado el manejo, como tampoco en Acuavalle".

El gerente de Acuavalle hasta hace un año era Álex Pascual Loango, la mano derecha de Martínez, quien visitó diez veces a su 'jefe' en La Picota. El presupuesto de más de 100.000 millones sirvió para favorecer a aportantes a la campaña al Congreso en 2002 de Martínez y a fundaciones de Guacarí, tierra natal de Carlos Herney Abadía, en las cuales aparecen personas cercanas a su familia. Y eso no fue todo: la entidad concesionó a finales del año pasado un polémico contrato de construcción de acueductos y alcantarillado con vigencias futuras, pese a las objeciones de la Procuraduría, que se opuso porque costará 300.000 millones más de lo contratado. Por último, la Contraloría investiga un posible detrimento patrimonial de más de 30.000 millones de pesos en contratos con La Guajira. ¿Se repite la historia del escándalo de los Nule?

En la Corporación Ambiental del Valle (CVC) se repite la dosis. Era el fortín burocrático de Martínez -el Estado lo recuperó hace unos meses- y con casi 200.000 millones de pesos hacían contratos con fundaciones ambientales cercanas a la estructura política de Martínez. Hace unos meses, William Garzón, entonces director de la CVC, denunció que "nadie llega a este puesto (el de director) sin el apoyo de Martínez".

Y como si fuera poco, los escándalos de corrupción de la guardia pretoriana de Martínez terminan también en oscuros episodios. Como, por ejemplo, el asesinato del decano Ébert Mosquera Hurtado, de la Universidad Santiago de Cali (Usaca). El catedrático era del PIN y había visitado dos veces al exsenador Martínez en La Picota. Fue asesinado en medio de un escándalo.

Hace menos de un mes se armó otra batahola. La contralora de Buenaventura, Betty Arboleda, encontró un detrimento patrimonial cercano a los 102 millones de pesos en la Secretaría de Hacienda del puerto. La contralora lanzó un SOS al país, a través de La W, y dijo que su vida estaba en peligro porque desde su despacho lideraba investigaciones contra la administración del alcalde José Félix Ocoró, ficha de Martínez.

Y la propia Corte Suprema, en su sentencia de hace tres meses, también disparó las alarmas sobre el terror que cundió en el proceso del exsenador Martínez. "Especial mención merece este aspecto de las retractaciones de los testigos (…) si se asocia esta circunstancia a varios eventos más, los cuales analizados en conjunto permiten inferir la existencia de intimidaciones (…) como son las manifestaciones de riesgo por su propia vida que consignaron en sus versiones (…) y el exterminio de la casi totalidad de los miembros urbanos del Frente Pacífico, asignados al puerto de Buenaventura".

Caja menor de 1.000 millones

De paquete de 1.000 millones de pesos en paquete de 1.000 millones, la caja menor de Martínez va sumando. Por eso no es extraño que en los archivos secretos del DAS aparezcan algunas anotaciones sobre Martínez como un hombre que apuesta fuertes sumas de dinero para lograr lo que quiere. En un informe conocido por SEMANA/APIC se dice que en noviembre de 2008 Martínez Sinisterra estaba reunido con otro congresista en un restaurante de la exclusiva zona T de Bogotá y se comunicaron por teléfono con el vicepresidente de la Cámara de entonces para ofrecerle 1.000 millones de pesos para que apoyara el artículo de un proyecto de ley que beneficiaba el esquema financiero de las pirámides

Ese episodio no pasó a mayores, porque, entre otras, el vicepresidente no aceptó la oferta. Pero la historia que sí fue ratificada por fuentes cercanas al caso fue la de la compra que hizo Martínez de la personería jurídica del partido Colombia Viva por una cifra de miles de millones, para convertirlo en ADN, otro partido que no duró más de cinco meses.

Con tal poder económico y político, y con una evidente falta de escrúpulos, Martínez impone su ley a cada sitio que llega. Y si bien trata cálidamente a sus amigos, frente a sus enemigos despliega una actitud soberbia y un tono de voz impositivo. Felisa Sinisterra, tía del exsenador, explica que "desde muy joven mostró un temperamento fuerte; cuando quería hacerse escuchar de sus amigos de barriada, se ponía serio y hablaba duro". En la Comisión Cuarta del Congreso, la de Presupuesto, no se movía una hoja sin su visto bueno, le contó un exministro a SEMANA/APIC, y creó un curioso grupo conocido como 'la bancada de los amigos'. En la cárcel, además del ya mencionado séquito de sirvientes, se permite ciertas extravagancias como someterse a una operación de bypass gástrico para perder peso y llevar una dieta a punta de pescados y mariscos que le traen de Buenaventura. No acepta alimentos del Inpec. "Martínez llegó muy alzado de Bogotá, y siempre que pedía algo quería que lo complacieran y que fuera ya", cuenta uno de sus compañeros.

A su pueblito, Timbiquí, viajaba todos los diciembres y era recibido como un ídolo. Sobre todo porque junto a la caravana de escoltas de la Armada también arribaba un barco cargado de regalos. "A todos les trae su detallecito", dijo una fuente. Sus estadías se convertían en carnavales, "aunque no es bebedor. Cuando venía siempre se tomaba una costosa champaña que trae de la capital". Gracias a las gestiones de Martínez, pavimentaron la única calle que tiene Puerto Luz, el barrio donde creció, asfaltaron la pista del aeropuerto, donde llegan tres vuelos semanales, y consiguieron 3.000 millones de pesos para construir un muro de contención para proteger a los habitantes de un corregimiento.

Y para completar el retrato de este hombre, no puede faltar una característica de su personalidad que lo hace bastante particular: no solo suelen verlo con bellas mujeres que hacen parte de su círculo de confianza, sino que, según cuentan quienes lo visitaban en su casa, tiene más de un 'matrimonio' formalmente establecido. Del sonajero no se salvan funcionarias de las alcaldías de Cali y de Buenaventura, con quienes le atribuyen relaciones más allá de la política. Quizás buena parte de esa fama de casanova se debe a que el exsenador es padre de cinco hijos de tres madres distintas; el último de ellos lo tuvo el año pasado. "De Martínez pueden decir lo que sea, pero quienes lo conocen saben que es todo un caballero con las mujeres", dice una gran conocedora de los entresijos de la política local.Hace cuatro años, después de las elecciones de 2007, Martínez se convirtió en aliado o 'jefe' de buena parte del poder político del Valle: desde el gobernador Juan Carlos Abadía y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pasando por su influencia en las elecciones de los contralores del Valle y Cali, el apoyo a 30 de los 42 alcaldes y el bloque que armó con 19 de los 21 diputados del departamento. "En diciembre de 2007 citó a todos los asambleístas electos a una de sus fincas en Rozo y allí repartió las mesas directivas de la duma", le dijo un diputado a los medios, en ese entonces.

Sin embargo, en estos cuatro años el Estado ha hecho un gran esfuerzo por cortarle todos sus tentáculos. Ya desmontaron su influencia en la CVC y Acuavalle. El gobernador Abadía fue destituido. El Consejo Nacional Electoral le anuló el partido ADN. Capturaron al propio Martínez y lo condenaron. Y hasta la extradición de Olmes Durán suma en ese esfuerzo por neutralizarlo. Llega, pues, en otras condiciones a las elecciones de octubre. No obstante, en las elecciones de marzo pasado, en menos de seis meses creó (¿o compró ) un partido, el PIN, que con nueve senadores y 11 representantes se convirtió en la cuarta fuerza política del país.

En Colombia no es extraño que personajes muy cuestionados terminen elegidos o capturando la política. Pablo Escobar lo hizo hace treinta años cuando fue elegido a la Cámara, después el cartel de Cali puso en su nómina a varios congresistas y, más tarde, el paramilitar Salvatore Mancuso dijo que el 40 por ciento del Congreso era de ellos. Lo que está sucediendo con Martínez refleja que muy poco ha cambiado a pesar de las denuncias, los escándalos, las capturas y el alboroto político.

Juan Carlos Martínez dice que todas las acusaciones son una mentira y que lo atacan solo porque él es pobre y negro.

¿Quién puede parar la maquinaria política de este hombre?

 

Los malos pasos de Javier Cáceres Leal

El expresidente del Congreso, Javier Cáceres se habría reunido en 2003 con los ex-comandantes paramilitares Uber Enrique Banquez, alias Juancho Dique y Edward Cobos alias Diego Vecino. En la foto, alias Diego Vecino. El expresidente del Congreso, Javier Cáceres se habría reunido en 2003 con los ex-comandantes paramilitares Uber Enrique Banquez, alias Juancho Dique y Edward Cobos alias Diego Vecino.  

Cuando el político cartagenero Javier Cáceres buscó el  apoyo de los nacientes grupos de  autodefensas que se estaban  formando en el departamento de  Bolívar estos, a su vez,  buscaban posicionamiento  territorial y aumentar su poder  local y nacional, con candidatos  propios a los puestos políticos  más importantes del país.

Esa es una de las conclusiones a  las que llegó la Corte Suprema de Justicia en la investigación  que se le adelantó por más de  tres años al senador Javier  Cáceres Leal, en el llamado  proceso de la parapolítica, y que  finalizó con su captura el pasado  14 de septiembre de 2010, por el  delito de concierto para delinquir  agravado.En el escrito de acusación de  158 páginas, se hace referencia  explícita y detallada a las  reuniones que sostuvo el  expresidente del Senado Javier  Cáceres con comandantes  paramilitares que operaban en  el departamento del Bolívar.

Así  mismo, de la forma cómo se  realizó la firma de un acuerdo de  cooperación mutua con miras a  las elecciones del 2006, en las  cuales el candidato arrasó en las  votaciones en las regiones que  controlaban las autodefensas.

 El alto tribunal se basó en las  declaraciones de 30  paramilitares, entre los que se  encuentran Úber Bánquez  Martínez, alias ‘Juancho Dique’,  comandante del Bloque Montes  de María; así como Edward  Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’,  comandante político de esa  estructura. También, Salvatore  Mancuso e Iván Roberto Duque,  alias ‘Ernesto Báez’.

 Todos coincidieron en afirmar  que a finales de 2002 y en  diferentes reuniones Cáceres  Leal llegó a acuerdos políticos  con paramilitares con miras a la  elección de 2006 y a posicionar a  personas que tenían nexos con  las autodefensas en las alcaldías  de los principales municipios del  norte de Bolívar.

“Colabórame usted”

 En esas mismas reuniones  participaron la también  senadora Piedad Zuccardi, su  esposo y el congresista Vicente  Blel Saad, quienes estuvieron  reunidos por más de 30 minutos  con los paramilitares; sin  embargo, en sus declaraciones,  los testigos dijeron que no  podían dar fe de lo que allí se  trató.

 ‘Diego Vecino’ comentó sobre  una reunión en la cual “un  amigo” de ‘Juancho Dique’  habría realizado el principio de  un acuerdo en torno a un  candidato. Ese amigo al que  hace referencia es el senador  Javier Cáceres, quien ya había  hecho, según la investigación,  acercamientos con el bloque  paramilitar y se había ganado la  confianza y el respaldo de sus  comandantes, así como de los  candidatos de la región que  también tenían nexos con las  autodefensas.

  De esa primera reunión son  testigos los exparamilitares  Manuel Antonio Castellanos,  alias ‘Chino’, y Óscar David  Villadiego, alias ‘Néver’, quienes  aseguraron haber escuchado  sobre el encuentro de Cáceres  Leal con los máximos  comandantes que estaban  haciendo incursión en el  departamento. Uno de los  testigos, que entonces fungía  como escolta, alcanzó a  escuchar al senador decir: “Sí  ‘Juancho’ (Dique) yo le voy a  colaborar, pero colabóreme usted  también a mí”.

  La reunión de Ñanguma: el  cierre del acuerdo

 A mediados de 2003, según  señala el escrito de acusación,  Cáceres Leal se reunió en el  corregimiento Ñanguma,  jurisdicción del municipio de  María la Baja, con ‘Juancho  Dique’ para “pactar” con éste los  términos en que sus líderes  tramitarían las aspiraciones  electorales en Bolívar.

 La Corte manifiesta que ese año  las autodefensas vivían un  momento “histórico”, pues  ejercían un dominio armado en  amplias zonas de la geografía  nacional y se empeñaban en  ejecutar una estrategia política  que les permitiera posicionarse  en los gobiernos locales y  departamentales.

  En uno de los principales puntos  se destaca el hecho de que  ‘Juancho Dique’ negó en tres  oportunidades ante diferentes  entes haberse reunido con  Cáceres Leal, sin embargo el 24  de junio de 2009, al ser  preguntado por cuarta vez, sí  confirmó el encuentro en  Ñanguma, en el cual en  compañía de algunos  empresarios del sector lo invitó  “a que se uniera al proyecto  político que tenían las  autodefensas”. Igualmente,  señaló que en dicho encuentro  se trató sobre el asesinato de  Álvaro Trocha Guzmán, alcalde  del municipio de Guamo  (Bolívar), en marzo de 2002, por  lo que se llegó a un acuerdo en  el que las autodefensas iban a  respetar a los líderes de Cáceres  Leal y los paramilitares “no los  iban a asesinar ni a amenazar”.

 Ante la pregunta de los  investigadores acerca del porqué  de su retractación, el  excomandante paramilitar  manifestó que Cáceres Leal lo  tenía amenazado, enfatizando el  hecho de que podrían quitarle  los beneficios de la ley de justicia  y paz y que de hablar en contra  de él la extradición sería un  hecho.

Curi y el CD

En una oportunidad el  exparamilitar manifestó que  Cáceres y el exalcalde de  Cartagena Nicolás Curi le  mandaron en un CD, entregado  por el abogado Hugo Atencia, un  escrito diciendo que “ellos  movían todo lo que era Fiscalía,  Procuraduría, todo, que él  (Cáceres) me hacía el daño y en  ocho días me mandaban a  Estados Unidos y a mi esposa me  la colocaban en ocho días presa;  yo comí amenazas y me dio  miedo y dije: para que voy a  cazar pelea con estos señores”.

“Una cosa es que un testigo se  sienta presionado frente a la  acción legitima de la justicia y  otra que resulte intimidado,  constreñido o amenazado con  anuncios de males futuros, para  que se abstenga de declarar la  verdad en actuación judicial,  como aparentemente habría  ocurrido en este caso”, señala  uno de los apartes de la  decisión.

Volviendo a la reunión de  Ñanguma, ‘Dique’ aseguró que  ‘Diego Vecino’ le comentó sobre  los acercamientos con Cáceres y  sobre otro importante grupo de  políticos que buscaban las  alcaldías de municipios de  Bolívar para las elecciones del  2006. Para ello, se había  nombrado a Arnulfo Ospino,  alcalde del municipio de Arroyo  Hondo, para que fuera el  “puente” de las relaciones entre  las dos partes para acordar el  apoyo financiero y logístico de  las campañas electorales.

     Los ‘paras’ consiguen el  poder en Bolívar

     Según los excomandantes  paramilitares ‘Juancho Dique’ y  ‘Diego Vecino’, después de  firmado el acuerdo vieron cómo  los “alcaldes amigos de las  autodefensas” votaron por el  senador Cáceres, “lo cual  concluye que hubo un respeto”.

     Entre los llamados “amigos” se  encuentran los exalcaldes de los  municipios de Arjona, Julio  César López; Arroyo Hondo,  Arnulfo Ospino, y de María la  Baja, Rubén Hernando Aguirre  Flórez. “Si unos líderes o unos  alcaldes que tuvieron relación  con las autodefensas se fueron  con el senador, allí hubo  votación de las autodefensas”.

     En el escrito de acusación llama  la atención especialmente el  hecho de que Cáceres haciendo  parte entonces del partido Polo  Democrático, hubiera buscado  apoyo paramilitar para ocupar  espacios de poder político en la  región Caribe.

Lo dicho por Dique

     Según lo relatado por ‘Juancho  Dique’ después de la reunión en  Ñanguma no se presentaron  más amenazas, “porque el Polo  cogió el carril de las  autodefensas y los que fueron al  Concejo, fueron al Concejo y los  que fueron candidatos a la  alcaldía, a la alcaldía y  sucesivamente”.

     Según ‘Diego Vecino’, algunos de  los líderes y candidatos de los  municipios de Bolívar que  tuvieron vínculos con las  autodefensas desde el año 2003,  resultaron a la postre electos  como mandatarios locales,  aunque con el aval del partido  Cambio Radical, pues la  dirección departamental de esa  colectividad fue asumida por  Javier Cáceres, “en zonas en  donde históricamente éste tuvo  ascendencia política y las  autodefensas dominio territorial  e influencia electoral”.

     A mediados de 2005 se llevó a  cabo la ‘cumbre’ en el municipio  de Santa Fe de Ralito, Córdoba.  Los declarantes en el proceso  contra Cáceres dijeron que allá  se buscó ayuda al candidato a la  Gobernación del Bolívar apoyado  por éste, quien además fue  mencionado como una persona  importante de la “coalición” con  una representación en la mesa  de discusión encabezada por  Salvatore Mancuso.

     En ese momento Cáceres, que ya  militaba en Cambio Radical y su  tercer periodo en el Senado,  había tenido enfrentamientos  con ‘Juancho Dique’, quien  consideraba que el congresista  se estaba apartando de los  acuerdos. Poco tiempo después,  en 2006, los señalamientos de  paramilitares dentro del proceso  de justicia y paz serían la base  para abrir indagación preliminar  en contra de  Cáceres Leal.

     En ese momento se empezaron a  conocer las denuncias de  intentos de soborno por parte de  los paramilitares desmovilizados  alias ‘El Chino y ‘Néver’,  supuestamente para que  cambiaran su testimonios en  contra del expresidente del  Congreso a cambio de una suma  superior a los 100 mil dólares.

     En la conclusión principal de la  Corte, tras analizar las  declaraciones, se señala que “la  Sala, comparte la apreciación de  la defensa cuando piensa que la  simple asistencia a una reunión  con grupos de autodefensas, sin  pacto alguno, no constituye en sí  misma hipótesis de la comisión  del injusto reprochado a Cáceres  Leal.

Sin embargo, no es el caso  de este congresista, ya que al  menos en el encuentro de  Ñanguma hubo acuerdos y  alianzas concretas, de  naturaleza pública, que distan  de una simple mediación  clandestina, la cual, además, no  le corresponde a un congresista  respetuoso del Estado de  Derecho”.

El senador Cáceres negó amenazas contra ‘Juacho Dique’

 El expresidente del Senado Javier Cáceres Leal negó haber amenazado al excomandante paramilitar Uber Enrique Banquéz alias ‘Juancho Dique’, para que cambiara su declaración que lo involucraba con grupos de autodefensas en el norte de Bolívar.

Cáceres Leal manifestó que es falso que por medio de su abogado le haya enviado a ‘Juancho Dique’ una grabación en la que lo amenazaba con extraditarlo e iniciar un proceso judicial en contra de su esposa si no cambiaba su testimonio.

El senador de Cambio Radical, capturado en septiembre de 2010, negó dichas amenazas y desmintió tener el poder para avalar las extradiciones y enjuiciar a una persona.

“Como si Cáceres tuviera influencia en la Sala Penal con los honorables magistrados que hoy lo tienen detenido. Sería importante averiguar porqué este excomandante no fue extraditado siendo un reconocido narcoparamilitar”, se cuestionó el excongresista.

 

Vínculos con el paramilitarismo

Por parapolítica fue capturado exgobernador de Santander

Hugo Aguilar fue capturado en el hotel Dann de Bucaramanga.

Este sábado fue capturado el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, en el hotel Dann de la ciudad de Bucaramanga.

La detención se dio mientras Aguilar presidía una reunión política. La captura del exgobernador de Santander está relacionada con presuntos nexos con paramilitares. Es investigado por haber sostenido entrevistas con varios excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En estos momentos Hugo Aguilar se encuentra detenido en los calabozos de la Fiscalía de Bucaramanga.

Las pruebas allegadas al proceso demuestran que el disciplinado promocionó y colaboró con el grupo paramilitar Bloque Bolívar de las AUC, en razón a que aceptó el respaldo de dicho grupo ilegal para así obtener la votación suficiente que le permitiera ser elegido Gobernador y en contraprestación a ello, una vez en ejercicio del cargo, apoyó y permitió el auge de la organización armada ilegal durante su administración, lo que se vio reflejado en la designación y vinculación como servidor de su gabinete a Bonel Patiño Noreña como Secretario de Educación departamental, quien en su declaración señaló que su vinculación a ese cargo obedeció a la promesa efectuada por el entonces Gobernador a Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, de darle una secretaría de despacho.

Se comprobó además que Aguilar Naranjo asistió de manera voluntaria a reuniones convocadas por los líderes paramilitares.

 

Las confesiones de alias 'Rasguño'

Lea aquí la declaración que dio el capo Hernando Gómez Bustamante alias 'Rasguño', desde Estados Unidos, a la Comisión de Acusación.

“Rasguño” no sólo dio su versión sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, sino que también salpicó a oficiales de la Policía y el Ejército, funcionarios del DAS y políticos que trabajaron de la mano, según él,  para el cartel del Norte del Valle.

Dos oficiales de la Policía en la confesión de 'Rasguño'

“Conocí a Ignacio Londoño Zabala desde joven, era amigo de su familia. Siempre estuvo vinculado con el cartel del norte del Valle. Hoy sigue manejando  corrupción y es asesor de los Comba”. Con estas palabras, desde Estados Unidos  donde se encuentra preso, el capo Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”  empezó su testimonio ante varios integrantes de la Comisión de Acusación de la  Cámara de Representantes el pasado 14 de junio. Y lo hizo para arremeter de nuevo contra un político  del Valle, hijo de políticos, que se preciaba de ser amigo del expresidente  Ernesto Samper. 

“Rasguño” agregó que Ignacio Londoño siempre estuvo vinculado a Samper y a  Horacio Serpa e incluso hizo campaña política con este último en Cartago. “Hasta  compartieron tarima”, insistió el capo. Ignacio Londoño era un relacionista de  la organización ante los políticos y la Fiscalía, con lo que él más sabía hacer: corrupción. “Prestaba servicios para Iván Urdinola, Orlando Henao, Arcángel  Henao, Efraín Hernández, los hermanos Rodríguez Orejuela. Le hizo favores a  Carlos Castaño, a Danilo González, a Diego León Montoya, a todos los que tenían que ver con nosotros”.

Luego precisó en qué casos se necesitaba: “para manejar procesos en la Fiscalía, en la Dijín, en el CTI. Él tenía buenos contactos en el DAS, ayudaba a sacar  pasaportes y papeles en la Registraduría”. Según “Rasguño”, fue Ignacio Londoño  quien convenció a los capos del cartel del norte del Valle que algo debía hacerse con Álvaro Gómez Hurtado. La razón: le estaba dando muy duro al entonces  presidente Samper y supuestamente preparaba un golpe de Estado que  posteriormente llevaría a la extradición de los narcotraficantes. Por eso fue  asesinado.

¿Quién lo hizo? En su declaración ante la Comisión de Acusación, “Rasguño” no  titubeó para decirlo: el coronel de la Policía Danilo González, “que pertenecía  al cartel del norte del Valle, y no sólo recogía información, también traficaba  droga y sicariaba mucho”. “Rasguño” agregó que lo conoció desde que era  subteniente y que le prestaba protección a él y al capo Orlando Henao cuando  ambos tenían un laboratorio de droga por Palmira. Cuando murió asesinado Orlando  Henao, se pasó a trabajar con Wilber Varela. “Siempre trabajó para nosotros”,  recalcó varias veces.

Los comentarios sobre el coronel Danilo González  lo llevaron a relacionar a  otro oficial de la Policía: Germán Osorio. “Él manejaba traslados de policías,  Hacía muchos cuadres para hacer cambios. Para el Valle lo que se necesitara. En  la Policía de carreteras también. Danilo hablaba mucho de él. Pedía dinero para  ir con él”. Este oficial, que según “Rasguño”  tenía sueldo de la organización,  fue el edecán del entonces presidente Ernesto Samper y fue relacionado por  “Rasguño” en su testimonio sobre la forma en que se produjo el magnicidio de  Álvaro Gómez Hurtado en noviembre de 1995. 

El crimen de Gómez Hurtado según Rasguño

Las primeras evidencias sobre la responsabilidad del crimen de Álvaro Gómez  Hurtado las obtuvo “Rasguño” en una finca en Tierralta (Córdoba), cuando fue  testigo de una discusión entre Carlos Castaño y Orlando Henao por este  magnicidio. Henao aceptó que lo hizo porque fue un favor solicitado por Ignacio  Londoño porque supuestamente Gómez estaba orquestando un golpe de Estado con los  ricos de Bogotá y los militares y si subía a la Presidencia el país se volvía una finca de Estados Unidos y todos iban a terminar extraditados al país del norte.

El propio Orlando Henao admitió que esa vuelta la realizó el coronel Danilo  González y el oficial se lo confesó abiertamente a “Rasguño” en una finca  llamada “La 53” por el área de Puerto Escondido. El capo, hoy preso en Estados  Unidos, aseguró que muchos dieron dinero para la campaña de Samper, entre ellos  Guillo Ángel y Gabriel Puerta Parra. Pero que Gómez Hurtado empezó a convertirse  en un problema. Pero que ni él ni Carlos Castaño participaron en el crimen. Lo  hicieron Danilo González, Orlando Henao, Ignacio Londoño y Efraín Hernández,  alias Don Efra.

En este momento del testimonio, “Rasguño” volvió a detallar las andanzas de  Danilo González  y agregó que hizo parte del Bloque de Búsqueda y siempre  trabajaba con las mismas personas. Por ejemplo, con un sargento de Buenaventura  que en 1996 salió en una fotografía cargando al hermano del expresidente César  Gaviria después de ser liberado de un largo secuestro. Según “Rasguño”, ellos le decían “Langarejo” y que lehan dicho que ahorrase parte de la estructura de la banda criminal de “Los urabeños”. Con sus hombres, el coronel Danilo González asesinó a Gómez Hurtado y contribuyó a desviar la investigación.

“Rasguño” indicó que el mensaje de Ignacio Londoño era contener a Álvaro Gómez por las vías legales pero fue imposible porque Orlando Henao, quien era el que mandaba, tomó la determinación de asesinarlo. En una ocasión, relató el capo, Carlos Castaño le reclamó a Ignacio Londoño por algo que había hecho en la Fiscalía y de paso le recordó lo de Gómez Hurtado, reclamándole porque tratándose de un abogado con familia bien, se había puesto a proteger a Samper y a Serpa. Esta conversación tuvo lugar en la misma finca de la 53.

Según “Raguño”, Ignacio Londoño Zabala acudía mucho donde Carlos Castaño y donde Diego Murillo Bejarano, y lo hacía en compañía de Carlos Alonso Lucio. El narcotraficante hoy detenido en Estados Unidos insistió en que “Don Berna” debe saber perfectamente de estos hechos porque él se enteraba de todo lo que pasaba en la delincuencia colombiana. De todos modos, recalcó “Rasguño”, Ignacio Londoño o “Nacho”  fue el personaje que dirigió los hilos de la organización para lograr que miembros de la clase política trabajaran para su causa.

Las vueltas de alias “Nacho”

En su testimonio ante varios integrantes de la Comisión de Acusación de la Cámara, el narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias “Nacho”, concentró su testimonio en describir el papel que cumplió en el cartel del norte del Valle el político Ignacio Londoño Zabala. Por ejemplo, la forma como logró que varios capos le dieran dinero para colaborar a la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994. La base para solicitar esa ayuda económica fue una especie de blindaje ante los reclamos de Estados Unidos para que se restableciera la extradición de nacionales.

“Rasguño” relató que por conducto de Ignacio Londoño y del político y abogado Jairo Chavarriaga, llegaban las informaciones sobre las listas de extraditables. Y había que pagarles por esa vuelta. El capo añadió que después se dieron cuenta que esas listas las sacaban con fotocopias en la Fiscalía pero pagaban hasta 300 millones por esa información. Sobre la promesa de que con Samper no iba a existir extradición, Ignacio Londoño convenció a los narcotraficantes de ayudar. En su declaración agregó que después reempezó a hablar de extradición sin retroactividad. Finalmente llevó la razón para que asesinaran a Gómez Hurtado.

El extraditado capo Gómez Bustamante no dudó en reconocer a Ignacio Londoño Zabala como el consejero de la mafia y señaló directamente al coronel Danilo González y a los capos Efraín Hernández y Orlando Henao, ambos asesinados meses después, como los que participaron directamente en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. “Rasguño” lo describió en simples términos: “El doctor Samper pudo terminar su mandato y se quitó un enemigo muy grande que tenía para poder seguir adelante. (…) ” No encontraron a nadie que le hablara al oído a Gómez para que dejara tranquilo a Samper”. Lo asesinaron y el que más se enojó fue Carlos Castaño.

Ignacio Londoño Zabala, según “Rasguño”, fue el personaje que introdujo en Bogotá a Víctor Patiño Fómeque y se lo presentó a Horacio Serpa. Después, bajo el nombre de  Julio Gómez, el recién llegado se coló en una comida de la campaña Samper Presidente. El capo asegura que hoy alias “Nacho” anda en Cartago en carros blindados y que tiene el respaldo de los combas, la banda criminal más poderosa del occidente del país. Por eso define su testimonio a la justicia como un suicidio que está haciendo. De todos modos sostiene que en varias vueltas que hizo de droga le pidió a un tal Sabogal que anotara a Ignacio con una cantidad de kilos.

El DAS, un juez y don Berna.

De todo habló un poco Rasguño ante los integrantes de la Comisión de Acusación que lo entrevistaron hace algunos días. El DAS no podía faltar y el capo se despachó con una perla. A la pregunta de si tuvo contacto con algún directivo del DAS contestó: “Con el doctor Noguera”. Y que pidieron cincuenta millones para él y que esa vuelta se hizo con un doctor de apellido Carmona de Cartago y un señor Fidencio Mena que eran los contactos del DAS. Rasguño agregó que también les colaboraban Rito Alejo del Río y Pedro Juan Moreno. Sobre este último detalló que se reunió con él dos veces porque buscaba información sobre el general Leonardo Gallego para llevarle una prueba al presidente Uribe para que lo destituyera.

El capo del norte del Valle referenció también al excapitán Gerardo Candamil, y dijo sobre él que lo conoció también como juez y que por devolverle unos predios lo dieron de baja en el Ejército. Después se volvió su guardaespaldas, también le ayudó como abogado. Se lo llevó un ex oficial del Ejército llamado Guillermo Tarazona, que protagonizó en los medios de comunicación presentándose como el jefe de las autodefensas del Magdalena Medio. “Rasguño cayó preso en abril de 2004 en Cuba, y después de ser deportado a Colombia fue extraditado a Estados Unidos. Ese mismo año, recordó Rasguño, fue asesinado el coronel Danilo González.  

Sostiene que Víctor Patiño Fómeque sabe muchas cosas sobre el caso Gómez Hurtado y otras andanzas del cartel del norte del Valle, y que también don Berna conoce de eso e incluso en algunas charlas manifestó que no lo debieron haber hecho. Rasguño recordó que conoció a Don Berna desde que trabajaba manejando los pistoleros del narcotraficante Fernando Galeano y reclamando en Cartago una mercancía que le habían robado, y se lo volvió a encontrar cuando se crearon los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), que unieron fuerzas con las autoridades para enfrentar la máquina terrorista y sicarial del capo de capos.

 

Paramilitares por un día

Por: Alexánder Marín Correa/Elespectador/APIC

Ocho personas, de Valle y Antioquia, llegaron en febrero de 2006 supuestamente enviados por 'Macaco'. Dijeron que no se alcanzaron a desarmar con el bloque Libertadores del Sur.

Por las calles de Aguadas (Caldas), municipio que estuvo bajo la amenaza constante de las Autodefensas, hace algunos años rondaron falsos paramilitares que intentaron colarse en el proceso de reinserción del Gobierno. El episodio que toma vigencia por las denuncias de las falsas desmovilizaciones, sería evidencia de algunas irregularidades detrás de la negociación con las Auc.

El 28 de febrero de 2006, en el bus de las 4 de la tarde, llegaron cuatro parejas oriundas del Valle del Cauca y Medellín, al este del municipio que fue cuna del jefe paramilitar Ernesto Báez y una de las bases de operaciones de su frente Cacique Pipintá de las Autodefensas. Era la primera vez que visitaban este pueblo caldense, encumbrado en el norte del departamento y en límites con Antioquia, luego de un viaje de casi 10 horas.

Las ocho personas, desorientadas en el pueblo, se acercaron a un grupo de soldados campesinos que patrullaba por la terminal de transportes debido a la amenaza de orden público que vivía la zona. Sin recato y como si fuera algo normal, confesaron que eran militantes del frente Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar de las Auc, comandado por alias Julio, que operaba en el departamento de Nariño. Agregaron que como no habían alcanzado a desmovilizarse, porque llegaron tarde al desarme en el Caquetá, estaban allí para someterse a la justicia y ser parte del programa de reinserción.

La mencionada desmovilización de la que supuestamente quedaron excluidos había sido el 30 de julio de 2005 (ocho meses atrás), en la población de El Tablón, jurisdicción de Taminango (Nariño), a casi 500 kilómetros de donde se encontraban ahora los confesos paramilitares. Esta fue una de las más recordadas en el país, debido a que fue en la que más armas entregaron en relación con el número de reinsertados: 677 combatientes y 593 armas.

Sin embargo, por el tiempo que había transcurrido, a los militares les pareció extraña la versión. Sin embargo, tenían un problema entre manos: no tenían directrices para manejar este tipo de situaciones justo en medio del proceso de paz con las Autodefensas.

Los soldados, quienes ahora era los confundidos por no saber cómo atender la inesperada visita, dejaron el caso en manos de la Policía del pueblo. El suboficial Desiderio Moreno Valencia, quien para la época era el comandante de la Estación de Policía de Aguadas, fue un poco más allá e interrogó a las ocho personas. Al preguntarles por qué habían llegado hasta Caldas, completaron su historia diciendo que habían hablado con el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Javier Montañez o Macaco, comandantes del Bloque Central Bolívar de las Auc, sobre su situación, y que él les dio dinero e instrucciones para que se desplazaran hasta allí con el fin de incorporarse a las filas del frente Cacique Pipintá y así poder acceder a la desmovilización. Este frente era casi el único que quedaba alzado en armas en el país.

El suboficial Moreno Valencia recogió los datos personales de los supuestos paramilitares, quienes suministraron su número de cédula, dirección de residencia, nombre de sus familiares y hasta teléfono de contacto, los cuales quedaron consignados en un documento reservado de la Policía de Caldas. La promesa era contactarlos luego, en caso de que se diera el eventual desarme.

Lo que desconocían los supuestos visitantes era que para ese momento el grupo ilegal de Caldas ya había perdido cualquier posibilidad de tomar parte en el proceso de paz, por haberse negado a participar dos meses atrás en la desmovilización del frente Mártires de Guática, en el departamento de Risaralda.

Pese a que la Policía se contactó con la Oficina del Alto Comisionado y el Comité para la Dejación de Armas (CODA), no hubo instrucción clara de cómo proceder. En vez de dejarlos a disposición de alguna autoridad para ahondar en su historia, les dieron dinero para que se devolvieran a sus ciudades.

Hoy, cinco años después, en medio de los escándalos detrás de las desmovilizaciones, se conoce la verdadera historia de este episodio. Ninguno era paramilitar, sino desempleados de Cali y Medellín, que aceptaron la propuesta de ser paramilitares por un día para desmovilizarse y acceder así a los beneficios del Gobierno.

“No éramos paramilitares, al igual que muchos de los que hoy cobran los beneficios del Estado. Un amigo, que en paz descanse y que sí era paramilitar, nos habló de la posibilidad de asegurarnos una plata a costillas del Gobierno, por meternos en una desmovilización. Como no alcanzamos las que hubo cerca de donde vivíamos, nos dijeron que fuéramos a Aguadas, que se estaba preparando un desarme”, dijo a El Espectador una de las supuestas paramilitares, que vive en España.

“Hoy doy gracias a Dios que no se dio, porque de haberlo logrado no hubiera podido viajar fuera del país, ni tener mi hogar como ahora. Por culpa de esa situación perdí mi hogar en Colombia y algunas pertenencias. Menos mal no me ensucié con ese dinero. Nadie de mi familia supo que hice esto”, agregó la mujer, quien pidió no revelar su nombre.

De los que fueron a Aguadas, seis eran de los barrios Manuela Beltrán y Patecuy de Cali, y dos del barrio Robledo de Medellín. Ninguno tiene antecedentes, no están en la lista de frentes desmovilizados, ni en el programa de Justicia y Paz. El Espectador trató de contactarlos a todos, pero en los teléfonos que dejaron dicen que allí ya no viven.

Este es sólo uno de los episodios, con rastros oficiales, que comprueban cómo en el proceso de paz con las Auc hubo no sólo narcotraficantes colados, sino desempleados que aceptaron prestarse para inflar las cifras de las desmovilizaciones y aceptar ser criminales a cambio de vivir a costa del Estado.

Las falsas desmovilizaciones

Varios exjefes paramilitares extraditados han denunciado desde cárceles de EE.UU. que durante el proceso de paz se “colaron” personas, narcotraficantes y que se registraron falsas desmovilizaciones.

Desmovilizaciones como las del bloque Cacique Nutivara, en Medellín; la del bloque Héroes de Tolová, de Don Berna, y la del bloque Héroes de Granada, que operaba en zona rural de Antioquia, fueron señaladas como falsos desarmes. Frente a la desmovilización del bloque Central Bolívar, dicen que centenares de ladrones y jíbaros los incluyeron como ‘paras’ para poder inflar las cifras.

Durante el proceso se desmovilizaron casi 30 mil personas, que confesaron haber sido militantes o colaboradores del grupo armado ilegal en todo el territorio nacional. Antes de que se dieran los acercamientos entre el Gobierno y las Auc, las autoridades militares y de Policía decían que esta organización contaba con 15 mil combatientes.

Investigan si hubo fraude en proceso de paz

Tras las denuncias de falsas desmovilizaciones, la Fiscalía y la Contraloría abrieron investigaciones contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, el exministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega y varios militares. Todos insisten que las denuncias son falsas, aunque reconocieron que pudo haber algunos “colados”.

El pasado viernes, el exministro Pretelt, luego de asistir a rendir versión ante la Contraloría, aseguró que los que certificaban quiénes era militantes eran los propios comandantes y no el Estado. “Es obvio que el Gobierno no sabe quiénes están en el monte”, manifestó Pretelt.

El detonante de la seguidilla de denuncias e investigaciones fue el supuesto montaje detrás del desarme del frente Cacique la Gaitana de las Farc, en el Tolima, que supuestamente fue promovida por el exguerrillero Olivo Saldaña, patrocinada por un narcotraficante y con armas de los paramilitares.

 

El renacer de la parapolítica en Antioquia

Todo empezó en Envigado

Por: María del Rosario Arrázola/Elespectador/APIC

La Corte Suprema de Justicia quiere aclarar de dónde surgió y cómo creció el paramilitarismo en Antioquia.

Alas-Equipo Colombia, un extraño caso. Desde 1997 a la fecha, la refundación del Estado estaba en marcha.

La primera plataforma política de penetración a los órganos legislativos se llamó Movimiento de Renovación Liberal y el escenario donde se experimentó la captura del poder local fue el municipio de Envigado. Hasta estas evidencias, ocurridas en los años 80, en los tiempos de Pablo Escobar Gaviria y su letal invento de las oficinas de cobro, se dirigen ahora las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, en su propósito de aclarar de una vez por todas la cronología, las conexiones y el mapa de la parapolítica en Antioquia.

Con la colaboración de los jefes paramilitares Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, desde cárceles de Estados Unidos; y otro grupo de exintegrantes de las autodefensas detenidos en Colombia, la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a llegar a fondo en la explicación judicial de un largo proceso de infiltración del delito en las instituciones colombianas, y ello explica el súbito aumento de políticos antioqueños citados para explicar hasta dónde pudo llegar el narcoparamilitarismo.

Una pesquisa que comienza en las listas del Movimiento de Renovación Liberal que llevó a la Cámara de Representantes a Pablo Escobar en 1982 y, sin que trascendiera mucho, tuvo comando departamental, coordinadores de zona, jefes de debate y elegidos en diversas instancias de Antioquia. Pero sin duda, el modelo de penetración de la mafia al Estado fue el municipio de Envigado. No sólo porque se convirtió en la trinchera del jefe del cartel de Medellín, sino también en el laboratorio para su expansión “legal” y delincuencial.

Hace 25 años, el primero que lo tuvo claro fue el juez Tulio Manuel Castro, quien indagando el homicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara, constató cómo en el Concejo de Envigado figuraban tres miembros del Movimiento de Renovación Liberal que tuvieron permanente comunicación con los asesinos. Rubén Darío Londoño Vásquez, alias La Yuca; Juan Fernando Maya Restrepo y Alba Marina Escobar, esta última hermana del capo. Desafortunadamente, el juez Castro fue asesinado y su investigación no fue continuada.

Como tampoco se neutralizaron otras modalidades de infiltración mafiosa. El Departamento de Orden Ciudadano de Envigado, un aparato de atribuciones “policiales”, algunos de cuyos miembros terminaron aplicando justicia por mano propia, mimetizándose también en las oficinas de tránsito para acceder a matrículas de vehículos, pases de conducción o realización de retenes. En esas vueltas, y apenas hoy empieza a aclararlo la Corte, ya estaba Daniel Mejía, alias Danielito, quien llegó a ser uno de los matones del paramilitarismo.

Escobar y sus socios lo controlaban todo. Era un secreto a voces que la alcaldía de Jorge Mesa nunca se opuso y que buena parte del poder judicial en Antioquia tampoco. En la calle, el capo también ideó un perverso esquema de control que con los años se vino a conocer como la ‘Oficina de Envigado’. Una especie de justicia en los bajos fondos con “tributos” y pena capital para quien quisiera delinquir. La lideró el dirigente deportivo Gustavo Upegui, pero salvo algunas semanas en la cárcel, hasta su muerte en 2006, pasó de agache.

Este modelo, con extensiones de impunidad hasta los municipios vecinos del Valle de Aburrá, fue la base de la expansión paramilitar después de la muerte de Pablo Escobar en 1993. En sus confesiones al antropólogo Aldo Cívico, en su libro Las guerras de Doblecero, el subteniente retirado del Ejército Carlos Mauricio García, quien llegara a ser el jefe del bloque Metro en Medellín, admitió que eso fue lo que hizo el nuevo jefe: Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Controlar todas las bandas delincuenciales con su oficina de cobro.

Don Berna, antiguo aliado del narcotraficante Fernando Galeano, se impuso sobre todos. Pero no lo hizo solo. Desde Urabá y en las entrañas de Medellín lo apoyaron los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño. En el bajo Cauca lo hizo Ramiro Vanoy, alias Cuco, y en el Magdalena Medio, Ramón Isaza. Muerto Escobar, de la mano de las Cooperativas de Seguridad Rural que le sirvieron de mámpara, se fue desdoblando la estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo demás fue replicar el modelo.

En el libro Paracos, del periodista Alfredo Serrano, Don Berna admite que 1994 fue clave para la organización. Ese año consolidó con los Castaño la expansión paramilitar y entró a trabajar con tres personajes claves de su objetivo: Juan Carlos Sierra, alias El Tuso; Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, y Ramiro Vanoy. Entre ellos ya se movía Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Y poco a poco fueron llegando otros jefes como los hermanos Fredy, Daniel y Jairo Rendón Herrera, así como Rodrigo y Guillermo Pérez Alzate.

Desde Urabá, pasando por el nordeste y el Magdalena Medio hasta oriente y el suroeste, el paramilitarismo impuso su Talión en Antioquia. Y lo hizo con la misma estrategia que la Corte Suprema de Justicia hoy está dispuesta a aclarar: apoyado por políticos y miembros de la Fuerza Pública, financiado por algunos empresarios y ganaderos, fortalecido con los dineros de la droga y penetrando al Poder Judicial. Muchos investigadores, fiscales y jueces que se opusieron, o terminaron en el exilio o insubsistentes o fueron asesinados.

En 1997, cobró forma la organización Autodefensas Unidas de Colombia, y lo que nació como un laboratorio de ilegalidad en Envigado en los años 80, desde Antioquia, bajo la égida de los Castaño, Don Berna, Doblecero, Cuco Vanoy, Macaco o Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, se empezó a proyectar a Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar y poco a poco hasta abarcar al país. Los socios paramilitares fueron aumentando y como lo ha sustentado la investigadora Claudia López, se impuso también la fórmula de los distritos electorales.

Las votaciones atípicas, la consolidación de movimientos políticos emergentes, los pactos non sanctos para acceder a las corporaciones legislativas, la apropiación de dineros públicos a través de los contratos y, a mediados de 2001, el punto más alto de su estrategia impune: el pacto de Santa Fe de Ralito para la “refundación de la patria”. Todo eso se hizo porque hubo apoyo político. En varios departamentos de la Costa Atlántica el asunto fue tan notorio que a la justicia no le costó mucho tiempo aclararlo. Pero la Corte quiere ir más allá.

Como lo comentó una fuente a El Espectador/APIC, se van a revisar todos los departamentos de Colombia. Pero por estos días la clase política de Antioquia tiembla. Por sus vínculos con Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, y el proyecto “Movimiento político por una Urabá grande, unida y en paz”, ya fue condenado el exsenador Rubén Darío Quintero. La misma suerte le cupo a la exrepresentante a la Cámara Rocío Arias por sus vínculos con Don Berna. Y Carlos Arturo Clavijo anda en las mismas por cuenta de alias Ernesto Báez.

Pero detrás de ellos hay un interrogante con nombre propio: el movimiento Alas-Equipo Colombia. Un exitoso proyecto político que en las elecciones de 2002 no sólo logró la primera votación al Senado con Luis Alfredo Ramos, sino que en las elecciones locales alcanzó un alto número de alcaldías, ganando espacio en territorios donde el conservatismo tradicional era mayoría. Como segunda fuerza, otro grupo no tradicional: el movimiento de Renovación Acción Laboral, encabezado por el exsenador liberal Mario Uribe Escobar.

Hoy, Alas-Equipo Colombia es una plataforma en la mira judicial. El exsenador Antonio Valencia Duque está preso y los testimonios de los paramilitares señalan que su victoria electoral obedeció al apoyo de las autodefensas. Según estableció El Espectador, ya aceptó acogerse a sentencia anticipada, lo cual implica que asumió su responsabilidad. Y por la misma vía cayó preso el representante Luis Carlos Restrepo Orozco, quien aún se defiende de las imputaciones por su presunta cercana relación con el narcotraficante alias Rasguño.

Cuatro dirigentes políticos de la región de Urabá se repartieron una curul del Congreso entre 2002 y 2006, y ahora responden ante la justicia por las mismas causas: extrañas alianzas con el exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera. Son Manuel Darío Ávila, Estanislao Ortiz, Jesús Enrique Doval y César Augusto Andrade, llamados popularmente “los cuatrillizos”. Avalados por Rubén Darío Quintero y encartados con la justicia por los mismos hechos: presuntos pactos con los grupos de autodefensas.

En medio de la redada está Mario Uribe Escobar. Surgido de las entrañas del Partido Liberal del entonces todopoderoso Bernardo Guerra Serna en los años 80, junto con su primo, el expresidente Álvaro Uribe, constituyó una disidencia que lo llevó a la Cámara en 1986. Llegó a la Presidencia del Congreso en tiempos de Andrés Pastrana y preparaba su retiro político cuando entró en desgracia. Un testigo llamado Pitirri lo señala, y desde Estados Unidos, El Tuso Sierra también lo deja mal parado. Seguramente esta semana se conocerá su suerte.

Pero la Corte no para y, según estableció El Espectador/APIC, ya avanza en otros campos sobre pistas seguras. Sabe, por ejemplo, que además de Fredy (El Alemán) y Daniel Rendón (Don Mario), hay un tercer hermano llamado Jairo de Jesús, conocido con el alias de Germán Monsalve. Y tiene claro que colabora activamente con la justicia de Estados Unidos. Los investigadores de la Corte aspiran a que también lo haga en Colombia. El Tuso Sierra y Don Berna no quieren guardarse nada y el alto tribunal está dispuesto a hacer justicia.

Se está revisando todo. Los nombramientos de notarios, los negocios de tierras, las listas políticas, los contratos con el Estado, las relaciones con la Fuerza Pública. La Corte tiene claro que si bien hubo Castaños o Rendón desde Amalfi, Ramón Isaza en el Magdalena Medio, Cuco Vanoy o Macaco en el bajo Cauca, H.H. en Urabá o Don Berna en las entrañas del Valle de Aburrá, también hubo políticos que se dejaron seducir por el poder criminal, replicando la fórmula que hace un cuarto de siglo acuñó Pablo Escobar: el modelo Envigado.

El proceso por parapolítica contra Mario Uribe

La investigación en contra del exsenador Mario Uribe por sus presuntos nexos con el paramilitarismo en Córdoba comenzó el 26 de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria.

Las pesquisas empezaron por los testimonios aportados por varios exparamilitares, entre ellos alias Gomelo, Pantera, Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes señalaron que Uribe se reunió con algunos de ellos con el fin de comprar tierras baratas en Córdoba y llegar al Senado en 2002.

Estos testimonios sirvieron para que la Corte expidiera orden de captura en su contra el 22 de abril de 2008. Al conocer la decisión, Uribe solicitó asilo político en Costa Rica, recurso que le negaron, por lo que se entregó a las autoridades y acabó detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. La Corte Suprema de Justicia decidirá en las próximas semanas si lo condena o absuelve.

Los pasos de Rocío Arias por la justicia

Después de que entrara sin ninguna experiencia política al Congreso como representante a la Cámara para el período que empezaba en el año 2002, la periodista, Rocío Arias empezó a ser señalada de ser una de las legisladoras impuestas por jefes de las autodefensas como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy. Su discurso en el Congreso sorprendía por sus debates en la no extradición de narcoparamilitares a Estados Unidos y la constante promoción de la Ley de Justicia y Paz que, sin duda, beneficiaría a los paramilitares desmovilizados.

Una investigación en contra de Arias haría que ésta se acogiera a sentencia anticipada en 2008, razón por la cual un juez la condenó a 45 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. En 2010, la excongresista fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría a 20 años para ejercer cargos públicos por sus demostrados nexos con las Auc.

Nuevas investigaciones preliminares por parapolítica

La  Corte Suprema solicitó al Congreso que certifique en qué momento pertenecieron o desde cuando integran el Poder Legislativo la senadora Olga Suárez Mira, el supernotariado Jorge Enrique Vélez, el representante José Mesa y el exrepresentante William Vélez. Las averiguaciones de la Corte obedecen a los testimonios que han venido dando los  paramilitares Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, y los hermanos Daniel y Freddy Rendón Herrera, más conocidos como alias ‘Don Mario’ y alias ‘El Alemán’.

De igual modo, abrió investigación preliminar contra el actual gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y el congresista Guillermo Gaviria Zapata. Ademas aseguró a Óscar Suárez Mira.

 

Por nexos con 'paras',

Exgobernador de Santander es inhabilitado por 20 años

La Procuraduría también inhabilitó a Hugo Aguilar para ejercer cargos públicos por ese mismo lapso de tiempo.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, destituyó e inhabilitó por 20 años para el ejercicio de cargos públicos a Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, en su condición de Gobernador del departamento de Santander, tras comprobar que promovió y colaboró con las Autodefensas.

El Ministerio Público señaló que Aguilar Naranjo, con el apoyo de los bloques Central Bolívar y Bloque de Puerto Boyacá de las Autodefensas, accedió al cargo de gobernador de ese departamento, poniendo su investidura a disposición de dicha estructura armada ilegal.

Las pruebas allegadas al proceso demuestran que el disciplinado promocionó y colaboró con el grupo paramilitar Bloque Bolívar de las AUC, en razón a que aceptó el respaldo de dicho grupo ilegal para así obtener la votación suficiente que le permitiera ser elegido Gobernador y en contraprestación a ello, una vez en ejercicio del cargo, apoyó y permitió el auge de la organización armada ilegal durante su administración, lo que se vio reflejado en la designación y vinculación como servidor de su gabinete a Bonel Patiño Noreña como Secretario de Educación departamental, quien en su declaración señaló que su vinculación a ese cargo obedeció a la promesa efectuada por el entonces Gobernador a Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, de darle una secretaría de despacho.

Señaló el procurador general de la Nación que el sancionado intervino desde su posición como primer mandatario del departamento de Santander en el desarrollo de proyecto paramilitar, “toda vez, que al ser impulsada su candidatura por el comandante Iván Roberto Duque, entre otros, dejó incondicionalmente su investidura a disposición de las autodefensas” (…).

Se comprobó además que Aguilar Naranjo asistió de manera voluntaria a reuniones convocadas por los líderes paramilitares, en las cuales se evidenciaba la relación de cercanía con este grupo ilegal. Con su conducta Aguilar Naranjo promovió y colaboró con la señalada organización, en contravía de la sujeción especial con el Estado, relación que ostentaba en su calidad de servidor público.

 

El destape de 'Gordolindo'

Contó que las autodefensas enviaron 80 mil kilos de coca a Estados Unidos

Por: Elespectador/APIC .

Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, el extraditado ‘narco’ purasangre que terminó colado en la desmovilización de las autodefensas, comenzó a destapar desde una cárcel en Estados Unidos las verdades que le constan sobre las relaciones entre el grupo armado al margen de la ley, empresarios y la compleja máquina criminal con la que los paramilitares se abrieron paso a sangre y fuego en el país.

Gordolindo comenzó por reconocer que la Casa Castaño lo reclutó para manejar las finanzas, enlaces y contactos con traficantes de estupefacientes con los que mantenía estrecha relación Vicente Castaño Gil, alias El Profe. Muy a pesar de que la mayoría de los ex comandantes ‘paras’ negaron en Colombia sus nexos con las mafias, Gordolindo aportó detalles y confesó que Vicente Castaño, consciente de que los jefes de frentes y bloques tenían tantas tareas por cumplir, le pidió que se dedicara exclusivamente a coordinar el tráfico de drogas.

Así, contó que las autodefensas enviaron 80 mil kilos de cocaína a Estados Unidos. En su relato recordó que conoció en esas vueltas a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, a Ramiro Cuco Vanoy, a Diego Murillo, Don Berna, y otros capos más, en virtud de sus actividades como ganadero y criador de caballos. En la organización era a Vicente a quien rendía cuentas. Su función era manejar los egresos y ganancias de cargamentos y embarques. Vicente direccionó siempre a quién se debía pagar o qué hacer con el dinero, muchas veces usado para sostener los bloques o comprar grandes extensiones de tierra.

Gordolindo recordó el episodio de la llegada al país de 8.000 fusiles búlgaros para las autodefensas, negociados, según él, por los empresarios Nicolás Bergonzoli, alias Don Julián, y otro de apellido Agredo. Aunque dijo desconocer las circunstancias en que esas armas entraron al país, sostuvo que es poco probable que hubieran ingresado de una sola vez sin que ninguna autoridad se hubiera percatado. O sin que, cuando menos, hubiera complicidad.

En la versión entregada a la Unidad de Justicia y Paz los pasados 25, 26 y 27 de octubre en una cárcel de la Florida, aseguró que el narcotraficante Micky Ramírez fue objeto de un secuestro por parte de las autodefensas porque se había apropiado de unos dineros que les pertenecían a ‘Los Pepes’ (Perseguidos por Pablo Escobar). Gordolindo relató que Micky fue dejado en libertad luego de la mediación del ex senador Miguel de la Espriella y de un político de apellido Lara, investigado durante el Proceso 8.000. La mediación se hizo en una especie de ‘misión humanitaria’ ante Don Berna, entonces inspector de las autodefensas, para que se le respetara la vida de Ramírez.

En su declaración, conocida por El Espectado/APIC, Francisco Javier Zuluaga dijo que en Chocó hacían presencia el bloque Élmer Cárdenas y los ex jefes paramilitares Rodrigo Zapata y Jorge Iván Laverde, El Iguano. Aunque la Fiscalía ha documentado 147 homicidios en Quibdó, entre 1998 y 1999, a raíz de las declaraciones de Gordolindo, El Iguano se comprometió a esclarecer otros 300 homicidios perpetrados por sus hombres en la capital chocoana. Ese departamento en particular era manejado por Vicente Castaño, en especial la región de San José del Palmar, objeto de una fuerte disputa con la guerrilla por ser un corredor estratégico para el tráfico de drogas.

Una vez las autodefensas lograron sacar a los reductos subversivos, la zona quedó en manos de Don Berna hasta que, ya en tiempos del proceso de desmovilización, fue detenido por las autoridades sindicado del crimen de un líder político en Córdoba. En ese momento, sostuvo ante un fiscal Gordolindo, Vicente Castaño le dio la orden de pagar las nóminas de los ‘paras’ que quedaron a la deriva tras la captura de Berna. Seguidamente añadió que tuvo que desmovilizarse con el bloque Pacífico porque Hébert Veloza, alias H.H., no dejó que lo hiciera con el bloque Calima, argumentando que iban a extraditar a todos los jefes paramilitares por sus nexos con la mafia.

Por último, advirtió que en la próxima versión que dará en diciembre entregará los nombres de empresarios que simpatizaron con las autodefensas en el Valle. Por ahora, anunció la entrega de la hacienda San Pedro, de cerca de 500 hectáreas, en inmediaciones de Montería, avaluada en cerca de $5 mil millones, para la reparación de víctimas. Sostuvo que ese es uno de los bienes que compraron los paramilitares como producto del narcotráfico y que para adquirirlo tuvo que contar con el aval de Don Berna, quien manejaba esa zona. Gordolindo apenas dio puntadas sobre lo que sabe del narcotráfico y sus enredos con las autodefensas. La justicia espera que sus verdades aclaren muchos episodios de la violencia de las últimas dos décadas en Colombia.

 

Gobierno alerta sobre abusos de 'parapolíticos' para eludir la prisión

El Mininterior adelanta una investigación sobre la justificación de los permisos médicos para salir de la penitenciaría La Picota en Bogotá.

Martes 26 Octubre 2010La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrada María del Rosario González, denunció ante el Ministerio del Interior que varios de los dirigentes políticos detenidos por el proceso de la ‘parapolìtica’ se valen de permisos médicos para eludir la detención en La Picota. 

Según la denuncia, algunos de los detenidos no han podido acudir a diligencias judiciales porque no se encontraban en la penitenciaría, debido a los permisos que les concedían. 

Esta comunicación motivó una investigación del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), tal como lo informó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. 

En los primeros hallazgos de la investigación se descubrieron casos particulares, por ejemplo que un ex congresista permanecía más tiempo fuera de la cárcel porque tenía que cumplir citas odontológicas. 

Se trata del ex presidente del Congreso, el conservador Luis Humberto Gómez Gallo, quien en el presente año se le han concedido 17 salidas para atender visitas al odontólogo. 

Según la investigación, el ex senador Vicente Blel, entre los meses de enero y septiembre del presente año, ha recibido 54 permisos para atender citas médicas, algunas de ellas en Santa Marta. 

Otros congresistas que han tenido un número significativo de salidas por este mismo concepto son Álvaro García y Mario Uribe, ambos con 22 permisos. 

El Gobierno admitió el conocimiento de estas irregularidades y, según el Ministro del Interior, el Inpec ya atendió estas inquietudes e impartió instrucciones al director de la penitenciaría en restringir este tipo de consideraciones y evaluar con mayor rigurosidad las solicitudes de permisos para abandonar parcialmente la detención. 

El ministro del Interior también explicó que existe un compromiso con los propios reclusos para evitar este tipo de esguinces a la detención.

 

De donde salieron los paras del Magdalena

Las batallas de Hernán Giraldo, y cómo terminó sometido a ‘Jorge 40’

El 18 de enero y el 8 de febrero de 2002 no fueron días normales en Santa Marta. La capital de Magdalena amaneció desierta. Ni un alma se aventuró en las calles, los comercios no levantaron sus cortinas de acero abajo, no salieron los buses, ni los taxis. “Parecía un domingo en plena semana, asustaba ver la ciudad tan sola”, recuerda una samaria que habló con VerdadAbierta/APIC

Desde hacía unos días un rumor se había propagado de casa en casa: “Hernán Giraldo mandó a decir que nadie puede salir a la calle”. Muchachos en motos recorrían las calles, verificando que se cumpliera la orden de ‘El Patrón’. Ese mismo día, 15 mil campesinos cumplían dos semanas de bloqueo de la carretera Troncal del Caribe que comunica a Santa Marta con Riohacha. Y hacía menos de dos semanas, otro paro del comercio había sacudido a Santa Marta.

Los dos, el paro urbano y el sitio a la vía eran los últimos actos desesperados de demostración de fuerza de quien hasta entonces y por 20 años había sido el amo de las fuerzas militares ilegales de la región.

Sin embargo, la derrota de Giraldo era inminente. Combatía aún en la Sierra, en minoría, con apenas 200 hombres contra las huestes unidas de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y de los hermanos Castaño, que los sextuplicaban.  

Desde hacía más de un año, ‘Jorge 40’ que había asentado su reino de terror en Cesar y el centro del Magdalena y sus aliados que venían de Córdoba y Urabá, habían empezado a presionar a Giraldo para que se sometiera a sus Autodefensas Unidas de Colombia. En su estrategia de expansión nacional, buscaban hacerse a las rutas de salida de cocaína  y los millones de dólares que se movían en la zona costera  frente a la Sierra Nevada. Era éste, en 2002, el último territorio de la Costa Caribe que les faltaba por dominar.

Como en otras regiones del país ante las pretensiones de control de las Auc, los precursores del paramilitarismo en el país, como Giraldo podían optar por plegarse a los nuevos señores de la guerra o por enfrentarlos, y él había escogido la batalla.

Tensión en la Sierra

En su gesta por armar su emporio de exportación de drogas y de protección a cambio de pagos extorsivos, Giraldo, también conocido como ‘El Viejo’, ya había lidiado a otros que le habían querido competir en ese paradisíaco rincón al norte de Colombia.  

Eso le sucedió con el clan de Rojas. Ellos, que habían estado aliados a la casa Castaño desde los ochenta en sus negocios turbios, le habían reñido su territorio y finalmente habían pactado que ellos podrían controlar el paso por la población de Ciénaga, parte de la ciudad de Santa Marta y las veredas de Minca, Jirocasaca, Plamor y San Pedro de la Sierra. Sin embargo, llegaron a oídos de ‘El Patrón’ demasiadas quejas de abusos que los Rojas estaban cometiendo contra  a  campesinos, taxistas y comerciantes asediados por la violencia; que estaba fuera de control.

A finales de 1999,  en un episodio que aún no claro, cerca de Santa Marta, los Rojas abalearon a Emérito Rueda, un comerciante del mercado de Santa Marta que era compadre de Hernán Giraldo. “Asesinaron al amigo de ‘El Patrón’ en sus propias narices, no iba a aguantar eso”, le dijo a VerdadAbierta.com un testigo de esa pelea.

En represalia, ‘El Patrón’ atacó el campamento de los Rojas entre Bonda y Girocasaca. Adán Rojas y a su hijo, Rigoberto, los dos jefes principales del grupo salieron heridos y fueron capturados a las pocas semanas en Barranquilla. El resto del clan abandonó la región y se refugió en Córdoba donde los Castaño. Sólo después volverían con estos a cobrar venganza.

Dos años después, el 10 de octubre de 2001, frente al Mendihuaca Caribbean Resort, un complejo turístico en la Troncal del Caribe, una docena de escoltas de Jairo ‘Pacho’ Musso, el segundo de Giraldo, descargaron sus fusiles AK-47 sobre una camioneta en la que viajaban unos policías que buscaban incautar un gigantesco embarque de cocaína de los paramilitares.

Esa masacre selló el comienzo del fin del imperio de impunidad en la que había prosperado Giraldo, pues los hombres trabajaban para la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos.  Pocos días después, la DEA y la Policía Antinarcóticos trasladaron más de 200 agentes a la Sierra, que lograron confiscar, según los medios de la época, 16 toneladas de cocaína.

También existen versiones conocidas por VerdadAbierta.com que aseguraron que los Castaño perdieron cargamentos de droga en el feudo de Giraldo. Así que después de la matanza de los agentes de la DEA, los Castaño, molestos además por el destierro de Los Rojas, pidieron en un comunicado público de noviembre de 2002, la cabeza de ‘Pacho’ Musso. Giraldo les contestó: “Un padre no entrega a sus hijos”.

El desafío de Giraldo lo puso en pie de guerra con sus “hermanos” paramilitares, quienes aprovecharon para emprender su ofensiva y controlar los negocios clandestinos de esas costas que aún no eran suyos.

Guerra entre ‘paras’

En diciembre de 200,  según reportó la Defensoría del Pueblo en ese momento, panfletos de las Auc empezaron a circular en Santa Marta y en las veredas de la Sierra, anunciando la llegada de cientos de sus hombres para someter a Giraldo.

El asesinato de cuatro delegados de ‘Jorge 40’ y la explosión de una bomba frente a la Ferretería Gómez Hermanos, en pleno mercado de Santa Marta, pusieron a oscilar a los samarios entre el miedo y el terror.

Los Rojas, que aún tenían amigos en la zona, fueron la avanzada de los Castaño. Con ellos llegó la guerra sucia. Entre los matorrales de las veredas de la Sierra y en barrios samarios como el Once de noviembre, bastión tradicional de Giraldo, empezaron a aparecer cadáveres.

“Después de las 8 de la noche nadie salía de la casa, era como un toque de queda”, aún recuerda un joven samario que habló con VerdadAbierta/APIC.

En febrero de 2002,  ‘Jorge 40’ pasó a la guerra frontal contra los 200 ‘paras’ de ‘El Patrón’. El ataque fue fulminante. Mandó 400 hombres por Dibulla, La Guajira, en el norte de la Sierra, y cerró la tenaza con 800 más que entraron por Minca, un pueblo a 15 kilómetros al norte de Santa Marta.

Bastaron dos combates para que quedara claro que ‘Jorge 40’ se coronaría como el nuevo ‘Señor de la Sierra’.

“Es que salía gente de todos lados, cuando uno miraba estaban encima de uno y se daba de baja y al minuto ya habían dos más ahí en el mismo sitio, nos tocó salir corriendo, escondiendo los fusiles”, dijo a VerdadAbierta/APIC un desmovilizado del grupo de Giraldo.

Según han coincidido varios paramilitares desmovilizados en sus versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, miembros del Ejército ayudaron a ‘Jorge 40’; llevaron tropas en camiones, prestaron apoyo aéreo, evacuaron heridos de las zonas de combate e incluso bombardearon las posiciones de Giraldo. Estas versiones aún no han sido ratificadas por la justicia.

Uno de los desmovilizados dijo a VerdadAbierta/APIC, por ejemplo, que “cuando ‘Pacho’ Musso envió a un emisario para tratar de comprar a un mando de la fuerza pública, éste le respondió que ‘Jorge 40’ le había triplicado esa chichigua que le mandaba Giraldo”.

Derrotado, con sus tropas desperdigadas por toda la montaña, Giraldo pidió en febrero de 2002 un cese al fuego. En mayo las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACMG), firmaron un acuerdo de paz con Carlos Castaño y su segundo, quien que condujo el combate, Edgar Córdoba Trujillo, alias ‘Cinco Siete’. Le dieron 24 horas a Musso para esfumarse. Un año después las autoridades lo capturaron en Venezuela.

Bajo las órdenes de ‘Jorge 40’, las autodefensas de Giraldo, adoptaron el nuevo nombre de Bloque Resistencia Tayrona. ‘Cinco Siete’ fue nombrado jefe militar y Los Rojas volvieron de su destierro. Giraldo quedó como una figura decorativa, con mando sobre sus escoltas.

Según la versión de un desmovilizado del grupo de Giraldo que conoció los términos de su rendición,  Carlos Castaño le exigió a su antiguo jefe que le traspasara gran parte de sus rentas financieros y el control total sobre las rutas de cocaína. Además Castaño ordenó que los hombres de Giraldo fueran repartidos en diferentes frentes del Bloque Norte, para evitar así una sublevación en su contra.  

Los nuevos amos

Con la llegada de ‘Jorge 40’, los samarios se tuvieron que acostumbrar a un terror más despiadado aún que el de Giraldo. Los nuevos paramilitares estaban más organizados y querían no sólo ganar dinero con los negocios ilegales, sino además cooptar el poder político y crear una nueva estructura económica en la región.

“Hicieron censos entre los campesinos y hacendados, y cobraban una tarifa fija, por hectárea, sin importar si la tierra era de un colono que llevaba mucho tiempo ahí. A los comerciantes también les tocó pagar en dinero, cuando antes completaban con víveres”, le dijo otro desmovilizado a VerdadAbierta/APIC.

Los ‘paras’ de ‘Jorge 40’ se adueñaron además del débil Estado en la región.  Un análisis sobre parapolítica en Magdalena de la Fundación Nuevo Arcoiris señala que las elites pasaron de una relación relativamente horizontal frente a Giraldo a una sumisión al yugo de ‘Jorge 40’.

Según José Gelvez Albarracín, alias 'El Canoso, ex jefe paramilitar, a 'Jorge 40' le interesaba  ganarse las 29 alcaldías y la gobernación de Magdalena con candidatos apoyados por las autodefensas, para que de esta manera se financiaran los distintos frentes. Detrás estaba el proyecto de refundar la patria del que se habló en varios de los acuerdos que firmaron con líderes políticos y agrícolas.  

Por medio de los pactos de Chivolo y Pivijay en 2001 y El Difícil en 2003, tovar Pupo dividió el departamento en distritos electorales y escogió qué candidatos iba a apoyar el Bloque Norte. Así fue como en las elecciones locales de 2003, los paramilitares presentaron candidatos únicos o apoyados por ellos a las elecciones para la gobernación, asamblea departamental, alcaldías y concejos de Magdalena.

Los candidatos que no quisieron obedecer sus órdenes fueron amenazados, desplazados e incluso asesinados, como el médico Eugenio Rafael Escalante Ebrath que fue abaleado en noviembre de 2002 por inscribirse a las elecciones a la Alcaldía de Concordia sin autorización de ‘40’.

Ese año Trino Luna fue elegido gobernador después de presentarse sin contendores; José Francisco Zúñiga, salió alcalde de Santa Marta, por las para- financiación y la presión que ejercieron los armados sobre sobre los electores para que votaran por él. Trino Luna fue condenado en octubre de 2007 a tres años y ocho meses de prisión por hacer pactos con los ‘40’. Zúñiga por su parte tiene una sentencia a cuatro años de cárcel, dictada por un juzgado de Santa Marta en abril de 2009.

Otros muchos alcaldes y concejales de los municipios de Magdalena están hoy tras las rejas o investigados por parapolítica.

Según las investigaciones académicas y de la Corte Suprema, en las elecciones nacionales de 2006, ‘Jorge 40’ volvió a tener una injerencia importante por lo que hoy ocho ex congresistas del departamento están investigados o condenados.

“Empezaron a copar la política de una manera muy organizada. Tenían gente en Bogotá que les mandaba información y sabían exactamente cuánta plata llegaba a un municipio, cuál era el presupuesto, qué impuestos había, qué obras estaban programadas. Así pedían y robaban con información en mano” le dijo a VerdadAbierta/APIC un desmovilizado, que confesó que en 2003 le tocó votar siete veces por Trino Luna.

‘Jorge 40’ montó empresas fachadas, asociaciones como las de Mujeres de la Provincia, que se llevaron miles de millones de pesos en contratos y le exigió a los alcaldes que ayudó a elegir puestos burocráticos en sectores clave como salud y educación para saquear el erario público.

En marzo de 2006, por fin se desmovilizaron los 4700 paramilitares del Bloque Norte, gracias a una enorme presión militar del gobierno, pues a última hora ‘Jorge 40’ quería  salirse del acuerdo con el gobierno firmado en Santafé de Ralito.  En Magdalena y Cesar se pensó entonces que se podría respirar con más tranquilidad. Casi treinta años de violencia paramilitar y guerrillera, según los datos que ha recogido la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en su enorme tarea de investigación del Bloque Norte de las Auc,  dejaron más de 200 mil desplazados, 127 masacres, mil secuestrados, por lo menos 650 desaparecidos y ocho mil víctimas en eso dos departamentos.

Sin embargo la paz sólo duró un suspiro. Detrás de ‘Jorge 40’ llegaron Los Nevados, Los Paisas y, lo más paradójico de todo, que después de tanta sangre a nombre de la lucha contrainsurgente,  las guerrillas siguen arraigadas en lo más alto de la Sierra Nevada. Las armas cambiaron de dueño, pero la violencia aún sofoca al Magdalena.

Según Acción Social entre 2007 y 2009 cerca de 40.000 campesinos abandonaron sus tierras en el departamento por temor. La tasa de homicidio sigue siendo más alta que la de ciudades como Bogotá.

Y es que, a pesar de los esfuerzos de muchas personas valerosas en el Magdalena, es difícil construir una sociedad pacífica sobre un terreno que por tantos años ha sido fértil para la violencia, por la corrupción de las élites y de miembros de la fuerza pública y otros funcionarios del Estado, y el narcotráfico que nunca se desmontó.  

 

¿De dónde salieron los ‘paras’ en Cesar?

Una gran crisis social y económica, una sórdida guerra sucia, de lado y lado, contra líderes pacifistas y hacendados dibujaban el telón de fondo de esta región, cuando los paramilitares entraron en escena.

Oficialmente el paramilitarismo en Cesar empezó cuando 25 hombres armados se instalaron en junio de 1996 en las sabanas del Ariguaní en los límites entre Magdalena y Cesar. Fueron enviados por los hermanos Castaño y por Salvatore Mancuso a petición de algunos empresarios, políticos y hacendados vallenatos.

¿Qué había sucedido en estas tierras tranquilas de juglares y cantores caribeños para que la guerra extendiera su brazo hasta allí? Las aguas ya venían turbulentas de tiempo atrás. Antes de que la política se tornara amarga, la otrora boyante economía de la región se había malogrado.

Entre la década del sesenta y el setenta, la región había vivido una bonanza algodonera. Los cultivos de la mota blanca se esparcieron por esos campos y de 42.000 hectáreas cultivadas en 1962 pasaron a ocupar 123.000 en 1970. Según el investigador Fernando Bernal, gracias al boom del algodón, emergió una clase de propietarios medianos. Sin embargo, en 1983 el precio internacional del algodón se desplomó y estalló la crisis. Los sembradíos de esta fibra se encogieron y para la mitad de los ochenta apenas llegaban a 25.000 hectáreas.

Muchos finqueros sobreaguaron la crisis con nuevo préstamos, que después no pudieron pagar y varios perdieron sus fincas. Miles de jornaleros quedaron en la calle. Un estudio de PNUD y el Ministerio de Protección Social, sobre el algodón y la violencia en Cesar, calculó que de 30.000 empleos que generaba esta agroindustria al comenzar la década del setenta, en los ochenta apenas si daba trabajo a 3.000 campesinos.

La crisis llevó a que en junio de 1987, unos 10.000 labriegos de varios municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira se concentraran en la plaza Alfonso López para protestar por la precaria situación del campo. Pedían vías, servicios públicos, tierras y mejores salarios.

“Era una sociedad excluyente, importaba más la vida de una vaca que la de un peón”, recordó un dirigente de la marcha. Esta contó con el liderazgo de jóvenes pertenecientes a familias tradicionales del Cesar, quienes habían conformado el movimiento social Causa Común. Entre ellos estaban Imelda Daza, Rodolfo Quintero, Víctor Ochoa, Víctor Mieles, José Francisco Ramírez y Ricardo Palmera Pineda.

Empresarios y políticos tradicionales consideraron a Causa Común, como una amenaza a la sociedad agraria. Sospechaban que muchos jóvenes profesionales o sindicalistas que impulsaban la protesta eran infiltrados de la guerrilla del Eln, que tenía fuerza en el sur del Cesar.

Durante mes y medio los campesinos bloquearon el ingreso de alimentos a la región, levantaron cambuches en la tradicional plaza Alfonso López a donde vivían varias de las familias más poderosas de Cesar. María Inés Castro, entonces gobernadora de ese departamento, recuerda que la ciudad entera estaba impresionada de tener a 6.000 personas en la plaza, la mayoría provenientes del sur del departamento.

A ella le correspondió liderar el equipo de negociadores que envió el gobierno del presidente Virgilio Barco. Los marchantes levantaron su plantón con la condición de que les abrieran vías, les mejoraran los acueductos y alcantarillados, les construyeran escuelas y les entregaran tierras baldías a campesinos que se habían quedado sin ingresos.

Antes que el progreso lo que llegó a la región, a los pocos días de acabado el paro, fue la guerra sucia contra los principales líderes de la marcha. En la puerta de su casa, fue asesinado José Francisco Ramírez, un abogado de Valledupar, cuya autoría entonces los organizadores se la atribuyeron a miembros del Ejército.

También cayeron abaleados por desconocidos José David López Teherán, Ovidio de la Hoz, un médico de apellido Villalba (cuyo homicidio se dio luego de que volviera de Venezuela, donde estaba exiliado), Víctor Ochoa, un militante del Partido Comunista y Víctor Mieles, quien era sindicalista de Cicolac, empresa procesadora de leche de Valledupar.

“Cuando empezó la ola de muertos, entre nosotros nos preguntamos cuál era el camino, y había dos: uno exiliarse como hicimos varios y otros, como Palmera, que cruzaron la línea y se enrolaron a las Farc”, dijo a VerdadAbierta.com uno de ellos que se refugió en el exterior.

Como respuesta a la represión, las Farc, ya con un pie en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá, y el Eln, que cosechaba descontento en el sur, intensificaron su otra guerra sucia contra los dirigentes de la región. “Algunas familias tradicionales sufrieron tanto con el secuestro que les tocó acercarse a los guerrilleros para poder medio vivir en paz”, dijo un dirigente vallenato a VerdadAbierta/APIC.

El dramático caso de Roberto Lacouture, hoy dirigente de la Federación de Cerealistas, ilustra lo que lo que se vivió en esa época. Fue secuestrado en 1989 por las Farc, que también secuestró a otros 36 de sus familiares. “Nos atacaron durísimo a finales de los ochenta, levantaban las fincas a dinamita, mataban el ganado cuando no se lo podían llevar, y en otros casos asesinaban a los administradores de las fincas”, dijo Lacouture a VerdadAbierta/APIC

A comienzos de los noventas, guerrilleros del Eln sacaron a la representante a la Cámara, María Cleofe Martínez de su casa en Valledupar y en septiembre de 1995 fue secuestrada y asesinada por ese mismo grupo Margarita Rodríguez Fuentes, hermana del comerciante y ganadero, Hughes Rodríguez, quien después desempeñaría un papel clave para traer a los paramilitares a Cesar.

“Pedíamos el apoyo del Estado, del Ejército, de los políticos y no nos respondieron –recuerda Lacouture – . Nos dejaron solos. Nos dijeron ‘defiéndanse como les dé la gana’”.

Ufley Quintero, quien fue guerrillero del Epl y se había desmovilizado en 1991, luego de una negociación con el gobierno, relata que ante la impotencia y buscando vivir tranquilos, muchos “hacendados les dieron uniformes a los guerrilleros, hicieron fiestas con ellos en la Sierra”. Pero eso no satisfizo a las Farc, que después terminando cobrándoles vacunas. “La guerrilla no golpeó las estructuras del Estado, sólo a los grandes hacendados”, dijo. El camino a la violencia quedó abierto.

Tensiones en Aguachica

En 1995, Aguachica, un muncipio al sur del Cesar en límites entre Santander y Bolívar, era una olla a presión. A medida que Eln secuestraba y asesinaba, algunos ganaderos y finqueros empezaron a organizar pequeños grupos de autodefensa. En el conflicto fueron asesinados dos alcaldes y el gobierno tuvo que nombrar a un militar en el cargo.

El 15 de enero de ese año, un grupo que se conocía como ‘Los Masetos’ asesinó en el corregimiento de Puerto Patiño a ocho pescadores. El nombre fue tomado del grupo armado ‘Muerte a Secuestradores’, MAS, que había nacido en el Magdalena Medio, luego de que el M-19 secuestrara a una hermana de Pablo Escobar.

‘Los Masetos’ también se hacían llamar ‘Los Magníficos’ o las Autodefensas del Sur del Cesar. La Procuraduría había encontrado que un mayor del Ejército que era comandante en Aguachica, Jorge Alberto Lázaro Vergel, había sido cómplice de esta masacre de Puerto Patiño, sin embargo la Justicia Penal Militar lo absolvió junto a otros cuatro militares.

Según un informe de Human Rights Watch (HRW) de la época, una investigación de la Policía concluyó que los paramilitares locales estaban organizados por el mayor Lázaro Vergel. Según la declaración de un comandante de la Policía de Aguachica, Lázaro le había dicho que iba a "dar balín a unos pocos bandidos" activos en esa población, mencionados en una lista negra que él había conformado. Según el reporte de HRW, el mayor Lázaro alardeó del apoyo que recibía del DAS, de la Unidad Anti Secuestro y Extorsión (UNASE), y de ganaderos locales, como la familia Prada. El oficial policial denunciante había denunciado que el militar lo había acusado de ser una amenaza potencial porque "no colaboraba con las acciones que realizaban los paramilitares, y (había dicho) que paramilitar que capturara lo dejaría en manos de la Fiscalía."

En otro aparte del informe habla de una reunión entre el comandante de Policía y Lázaro. Según dijo el oficial policial, el mayor Lázaro quería que le dijera con quién estaba y que: “todo lo que tenía que hacer era cerrar los ojos y no sacar a la Policía a la calle cuando ellos fueran a operar... que aquí nadie opera si no es con la orden mía, ellos están bajo mi mando, además ya no se van a dejar muertos, vamos a levantar gente y a desaparecerlos porque los muertos hacen mucha bulla”.

Un hacendado de la región, Roberto Prada, fue señalado como el autor material de esta masacre en Puerto Patiño. Prada fue apresado y murió sin ser procesado por ese crimen en un enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares en la cárcel La Modelo de Bogotá en 1996. Su hijo, Juan Francisco ‘Juancho’ Prada, lo reemplazó a la cabeza de las Autodefensas del Sur del Cesar.

En la región, la gente ya asociaba a los Prada con la conformación de grupos paramilitares. Ellos eran propietarios de fincas en San Martín, Cesar. Según una versión libre que Wilson Salazar alias ‘El Loro’, desmovilizado de las Auc, dio a los fiscales de Justicia y Paz años después, este grupo apareció a finales de los ochentas como una autodefensa de palmicultores y ganaderos del sur del departamento para enfrentar a la guerrilla en esa zona.

Era evidente que los paramilitares estaban llegando a la región y además, como se ha conocido posteriormente, este mismo grupo de los Prada apoyó a Carlos Castaño en su incursión al corazón del Comando Central del Eln en la Serranía de San Lucas en 1995.

Mientras, esto ocurría en el campo, el temor del avance de los violentos en Aguachica se materializó con el asesinato en marzo de ese año del médico y director del hospital regional, José David Padilla Villafañe. En medio de ese clima de guerra, un grupo de dirigentes, entre los que se encontraba el alcalde del municipio, Luis Fernando Rincón, empezó a promover una consulta popular por la paz.

“Rincón se desmovilizó el M-19, pero era una persona más política que militar. A pesar de que había estado en la zona como jefe guerrillero no tenía enemigos. Era un convencido de la paz en el Cesar”, recuerda Antonio Calvo, quien lo acompañó en la Alcaldía. Rincón nació en Sogamoso, se crió en Barrancabermeja y cuando se lograron los acuerdos de paz con el M-19 se asentó en Aguachica.

Rincón y sus amigos concibieron la consulta pensando en responder a los panfletos que aparecían en el municipio cada vez que ocurría un crimen. En ellos, los violentos argumentaban que asesinaban o extorsionaban a nombre del pueblo.

El mismo Rincón fue amenazado por el Eln que lo señalaba de ser amigo de los paramilitares.

“La pregunta fue de lo más simple. Si ellos actuaban a nombre del pueblo entonces había que preguntarle a la gente si rechazaba la violencia y convertíamos a Aguachica en un modelo de paz”, dice Calvo. Los políticos tradicionales, guerrilla y paramilitares se opusieron con ferocidad a la Consulta por la Paz. “Los grupos armados estuvieron juntos, los ‘paras’ quemaron urnas y el Eln también”.

La consulta que se realizó en agosto de 1995, sin embargo, fue un éxito.

Consiguió 12.000 votos a favor, y con ese respaldo popular, Rincón y otros líderes, incluso su opositor, el conservador Álvaro Payares Ropero, a quién había derrotado en su aspiración a la Alcaldía, iniciaron un proceso de cultura ciudadana por la paz y en defensa de los derechos humanos. La iniciativa logró el apoyo del presidente de Francia, François Mitterrand, y tuvo acompañamiento internacional.

Sin embargo, el 6 de octubre el sueño de paz se acabó: el Eln asesinó a Payares Ropero, a quien Rincón había nombrado gerente de la empresa de Servicios Públicos de Aguachica. Entonces se reanudaron las retaliaciones entre paramilitares y subversivos.

Pero esta no fue un asesinato aislado. Días antes las autoridades habían reportado el asesinato por el Eln de un oficial y dos suboficiales de la policía.

También, el asesinato de los hermanos Jesús Emilio y Luis Tiberio Galvis. Y pocas horas después de la inspectora Imelda Ruiz, cuñada de los Galvis. Los tres fueron torturados y degollados.

Después de la masacre de Puerto Patiño, y a pesar de las denuncias que había en su contra por su participación en esa matanza, la Superintendencia de Vigilancia le otorgó a los hermanos Prada dos licencias para operar las Convivir Renacer y Los Arrayanes.

La paz de Aguachica terminó de sucumbir, luego de la derrota del grupo político de Rincón en las elecciones municipales de 1997. Varias de las personas que lo acompañaron en la iniciativa popular fueron asesinadas en los años siguientes: César Paso Torres, Edinson Duarte, Arsenio Obregón, Domingo Molano, Luis Cubides y, en 2000, el mismo Rincón. El desmovilizado jefe ‘para’ ‘Juancho’ Prada aceptó ser el asesino del ex alcalde dentro del proceso de Justicia y Paz.

Los paramilitares aprovecharon que Aguachica quedó sin líderes para consolidar su poder en la región. A partir de 1996 desataron su barbarie sobre todo contra el poco liderazgo social que aún quedaba en la región.

Las Convivir y los primeros paramilitares

El mismo año del intento de paz en Aguachica, en 1995, Salvatore Mancuso había sido enviado por Carlos Castaño a reunirse con varios empresarios y hacendados de Cesar, quienes habían buscado a los jefes paramilitares de Córdoba y Urabá, para que los protegieran del secuestro y el boleteo de la guerrilla.

Según relata Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ en el libro que comenzó a escribir antes de ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, Mi vida como autodefensa, en una reunión con Carlos Castaño, el jefe paramilitar le aseguró de “ la necesidad de enfrentar a la subversión en toda la región Caribe, pues dentro del objetivo propuesto por ellos (la guerrilla), para constituir unos Estados paralelos encaminados a la toma del poder, la Costa jugaría un papel primordial y había que evitar que se consolidaran, como ya había pasado en el sur del país”.

Varios ganaderos consultados por VerdadAbierta/APIC aseguran que el llamado a los Castaño fue desesperado. Uno de ellos dijo que “el valor que (las Auc) estaban cobrando era inferior a lo que cobraba la guerrilla, y de pronto por eso hubo personas de Valledupar que se metieron en eso y eran conocidos de toda la sociedad vallenata.” Otro ganadero le dijo a VerdadAbierta.com que “cuando (los paramilitares) llegaron a Cesar, lo hicieron casi aplaudidos, porque ante la falta de un Estado que te defendiera y muriera por los ciudadanos, ellos fueron bienvenidos”.

Las Cooperativas de Seguridad Rural, Convivir, aprobadas por el gobierno de Ernesto Samper en 1995, ofrecieron bases sólidas a la ofensiva de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en Cesar. En una versión libre en marzo de 2007, el desmovilizado Salvatore Mancuso dijo que cuando fueron a Cesar, iban con la idea de consolidar el accionar de las Convivir en esa región.

Precisamente, el 18 de septiembre de 1996, Mancuso conformó junto a Jorge Gnecco Cerchar, un reconocido comerciante, ganadero y hermano del ex gobernador de Cesar, Lucas Gnecco, una Convivir llamada Sociedad Guaymaral Ltda. Desde comienzos de los noventa, los Gnecco se habían erigido en una familia poderosa en esa región. Lucas fue elegido gobernador de Cesar, y su primo Hugo Gnecco Arregocés, alcalde de Santa Marta. Ambos fueron luego destituidos e inhabilitados por cargos de corrupción en sus administraciones.

“En el Cesar y Magdalena se involucran a los empresarios y ganaderos con liderazgo del señor Jorge Gnecco, quien consigue los recursos para el Cesar y Magdalena”, dijo luego Mancuso a la justicia.

Pero la de Gnecco no sería la única Convivir que le sirvió a las Accu para consolidarse en Cesar. Mancuso relató que allí existían pequeños grupos de autodefensa como las Autodefensas del Sur del Cesar, comandadas por ‘Juancho Prada’ que tenían su radio de influencia en San Martín, San Alberto, Ocaña, Aguachica, Rio de Oro y Ábrego, entre otros municipios.

Los Prada habían constituido dos Convivir, una el 29 de enero de 1996 llamada Los Arrayanes a nombre de Juan Francisco Prada y Martiniano Prada Gamarra, y Renacer constituida el 5 de octubre de 1995 por Roberto Prada Delgado hijo del jefe de este clan.

Según la Fiscalía, esta familia había conformado en 1992 un grupo de 25 hombres llamados los ‘Masetos’, también se conocieron como los ‘Caretapadas’ o los ‘Magnificos’, y en sus orígenes delinquían en San Martín, Aguachica, San Alberto y Gamarra en Cesar, así como Ocaña, El Carmen y Ábrego en Norte de Santander.

Tras la muerte de Roberto Prada Gamarra, en la cárcel La Modelo en Bogotá en 1996, su hijo Juan Francisco se convirtió en el máximo jefe de ese grupo en sur de Cesar. Al tiempo, el hijo de éste, Roberto Junior, montó un grupo en Ocaña, Santander.

Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, uno de los paramilitares enviados por Carlos Castaño en la incursión a la serranía de San Lucas en 1995, le dijo a VerdadAbierta.com en una entrevista, que cuando las Auc intentaron meterse al sur de Bolívar contaron con el apoyo de los Prada, quien le prestó algunos de sus hombres.

Mancuso también encontró en los límites entre Magdalena y Cesar, al ganadero José María ‘Chepe’ Barrera quien conformó un grupo que delinquía en El Difícil, Santana, Ariguaní, Plato, Mompox e Isla de Margarita, entre otros. Barrera es un santandereano que llegó al centro de Magdalena en los años setenta. Para defender a los grandes propietarios y a sus hatos ganaderos creó grupos de seguridad privada, que poco a poco cruzaron la delgada línea entre autodefensa y paramilitarismo.

‘Chepe’ Barrera obtuvo en licencias para sus convivir Guayacanes, que estaba a nombre del ganadero Luis José Botero Salazar y Siete Cueros, que representaba Jhon Jairo Londoño en octubre de 1995, según un informe de inteligencia de la Policía.

En el centro de Cesar, unos meses más tarde, en diciembre de 1996 fueron aprobadas las Convivir Guaymaral de Jorge Gnecco y la de Hughes Rodríguez Fuentes quien montó la Convivir Salguero, ambos señalados de ser cómplices de los paramilitares por Salvatore Mancuso y otros desmovilizados.

Hernando de Jesús Fotanlvo, alias ‘Pájaro’, quien era guardaespaldas de Mancuso y que ayudó a llevar las autodefensas en Cesar, aseguró que se reunieron Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, Mancuso y varios ganaderos en la casa de Nelson Gnecco. “Ahí vi a Nelson y a Lucas Gnecco (ex gobernador de Cesar), a ‘Pepe’ Castro (José Castro, ex gobernador del Cesar), a uno que le dicen ‘El Mocho’. También estuvo el alcalde de Valledupar (sic), ‘Nando’ Molina”, aseguró el ‘Pájaro’. Éste último, Hernando Molina Araujo, en realidad no era alcalde sino gobernador del Cesar, y fue condenado en mayo de 2010 por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir con los paramilitares a siete años y siete meses de cárcel. Además la Corte pidió que se le investigara por posible complicidad en delitos de lesa humanidad.

Hugues Rodríguez es señalado por las autoridades como el ‘Comandante Barbie’, supuesto testaferro de ‘Jorge 40’. Rodríguez, gran ganadero del departamento, fue condenado a seis años de cárcel por nexos con paramilitares en el caso del asesinato de la jueza de Becerril, Marilyn Hinojosa y fue pedido por la justicia de Estados Unidos por presunto lavado de lavado de activos. Según estableció VerdadAbierta/APIC, ésta ahora negociando con la justicia de ese país rebajas de penas a cambio de colaboración.

Según ‘Pajáro’, Rodríguez se entrevistó con él para indagar por el paradero de su hermana Margarita, que como se dijo antes fue secuestrada por el Eln, y apareció asesinada después de varios meses de zozobra. Otros desmovilizados también confesaron que las Auc tenían campamentos en las fincas de Rodríguez en La Jagua de Ibirico.

Según recuerda Antonio Calvo, hoy director de la Cnrr en Cesar y quien fuera asesor jurídico de la alcaldía de Aguachica, en la región había otros grupos paramilitares, además de los mencionados, como el de alias ‘Jimmy’ en Pailitas, Curumani y Chiriguaná, a quien le gustaba matar a hombres para robarse a sus esposas.

Varias personas de la región también identificaron a otros grupos paramilitares como el de ‘Los Cirujanos’, otro al que llamaban ‘Pasos’ que delinquía en los municipios de Pelaya, La Gloria y Tamalameque; y el de Luis ‘Lucho’ Abrego en Pailitas y Curumaní.

Para Mancuso la existencia de varios ejércitos privados facilitó su llegada en 1996 a las Sabanas de Ariguaní. Aunque cada grupo aún era relativamente autónomo, Mancuso podía contar con bases, guías y zonas seguras para poder arremeter no sólo contra quienes habían señalado como guerrilleros o a cualquiera que se les resistiera.

La idea era dar golpes fuertes, simbólicos y de mucha resonancia para que los cesarenses escucharan hablar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Sus primeras acciones fueron asesinatos selectivos y secuestros como el de Leonor Palmera, hermana de Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’.

‘Jorge 40’ cuenta también en su libro que su primer operativo con Mancuso fue la liberación en Chivolo, Magdalena, de dos ganaderos de la familia Botero secuestrados por el Eln. Esta familia está asociada a dos Convivir, la Guayacanes con ‘Chepe’ Barrera, y la ‘Nueva Esperanza’ montada en Bolívar en llave con Héctor Julio Alfonso Pastrana, el ya fallecido esposo de Enilce López, la empresaria del chance detenida, conocida como ‘La Gata’.

El siguiente paso fue controlar todos los grupos que existían de autodefensas y las Convivir de Cesar y Magdalena. Aunque algunos de ellos fueron reticentes a  doblegarse al poder de los Castaño y Mancuso, en 1996, las Accu, ya sea por la violencia, negociación o adhesión, ya dominaban todos los ‘paras’ del Cesar.

Toda esta violencia paramilitar y la que siguió después —y que dejó miles de víctimas, despojados y más miseria de la que nunca se había visto en Cesar – se hizo en nombre de la lucha contra el secuestro y la despiadada violencia guerrillera. No obstante, con la ofensiva de ‘Jorge 40’ no bajó el secuestro, sino que éste empeoró.

Así de 86 personas que secuestraron las guerrillas en 1996, se pasó a 138secuestrados en 1997, y 324 en 1998, algunos de éstos secuestros a manos delos mismos ‘paras’. Las masacres, que según han dicho y repetido los paramilitares desmovilizados que han confesado ante Justicia y Paz, fueron la justificación de la lucha antiguerrillera, también se dispararon al tiempo con los secuestros y solo entre 2000 y 2009 hubo 123 masacres en las que fueron asesinadas 605 personas, y más de 154.000 campesinos tuvieron que huir de sus tierras para salvar sus vidas. El remedio que unos creyeron sería la solución a sus males no sólo no acabó con ellos, sino que resultó peor que la enfermedad

 

Los Herederos

La Puja por los negocios que dejo “Jorge 40”

 A mediados de 2006, varios meses después de la desmovilización  de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, Norte y Resistencia Tayrona, la Fiscalía inició una investigación para establecer si era cierto que los antiguos militantes de los grupos paramilitares habían seguido delinquiendo en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre. Los dos grupos habían desmovilizado seis mil hombres entre el 3 de febrero y 7 de marzo de 2006.

Los indicios que tenían las autoridades señalaban que los mandos medios se estaban rearmando. Además,  el grupo llamado Resistencia Wayuu, que delinquía en la Guajira, bajo el mando de alias ‘Pablo’, no se había desmovilizado y estaba pasando contrabando de gasolina y de drogas ilícitas, y seguía extorsionando, cometiendo homicidios e intentando controlar lo que sucedía en la parte alta de la península.

En Magdalena y Atlántico, hombres afines a ‘Jorge 40’, ex jefes del Bloque Norte, como Miguel Villarreal Archila, alias ‘Salomón’ o ‘Sandra’, estaban controlando el negocio del narcotráfico desde la zona norte de Cartagena hasta Ciénaga, Magdalena, por toda la línea costera. Alias ‘Salomón’, se había desmovilizado en La Mesa, Cesar, y había sido procesado en calidad de reo ausente por la devolución que hicieron varios policías de un cargamento de cocaína, incautada a narcotraficantes en 2003. Como miembro del Bloque Norte antes de la desmovilización, se movía por los municipios costeros del Atlántico.

Con base en esos indicios, la Fiscal Quinta de Derechos Humanos y DIH, ordenó la interceptación de unos abonados telefónicos y al cruzar algunos hechos criminales con las conversaciones grabadas a varios miembros de presuntas bandas criminales, encontró que efectivamente muchos ex ‘paras’ se habían reagrupado.  En Barranquilla había sido asesinado alias ‘Capulina’, quien obedecía órdenes de alias don ‘Berna’. Lo que hizo presumir que la guerra estaba declarada, pues la presencia de este desmovilizado en Barranquilla era para disputarle la extorsión financiera y el territorio a los subalternos de ‘Jorge 40’.  

En Santa Marta y La Sierra Nevada, miembros del desmovilizado grupo Resistencia Tayrona, se unieron con la denominada Oficina de Envigado, mientras que alias ‘Salomón’, desde Barranquilla, dirigía ‘La Banda de los 40’, los herederos de ‘Jorge 40’. Unos y otros estaban dedicados al cobro de cuentas del narcotráfico.

Con el paso de los meses, a finales de 2006 y comienzos de 2007, se supo que los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, ‘los Mellizos’, quienes se habían evadido de la concentración paramilitar en Santa Fe de Ralito durante las negociaciones con el gobierno de Uribe, ya habían llegado a la zona para disputarse las rutas de cocaína y otros negocios ilegales. Comenzaba a hablarse ya a comienzos de 2007 de ‘La Banda de los Nevados’, y en las conversaciones entre los militantes, interceptadas por policía judicial, se decía que en la zona se encontraban “los igualitos” y se hablaba de ellos con reverencia y temor, pues se presumía que tenían gran poder económico y militar.

La llegada de los hermanos Mejía Múnera se dio como consecuencia de la compra de la ‘franquicia’ que hicieron del territorio que había controlado Hernán Giraldo en la Sierra Nevada y en Santa Marta, y en Atlántico a ‘Jorge 40’. Miguel Ángel, conocido con los alías de ‘Pablo Arauca’ o ‘El Loco’, buscaba dominar el próspero bajo mundo del Atlántico; y Víctor Manuel (Q.E.P.D.), conocido con los alias de ‘Sebastián’, ‘El Papá’ y ‘El Señor’, quería apoderarse de los negocios turbios del Magdalena.

A pesar de haber pagado su franquicia, ‘Los Mellizos’  tuvieron que entrar a disputarse el territorio con ‘La Banda de los 40’, herederos originales de ‘Jorge 40’, durante gran parte de 2006, 2007 y 2008, con múltiples bajas de lado y lado.  A la cabeza de ‘Los 40’ estaban hombres que habían sido del grupo de ‘Jorge 40’: Miguel Villarreal Arcila, alias ‘Salomón’, Yuri Frecid Rodríguez Saab alias ‘Walter la Araña’, Ignacio ‘El Cabo Guerrero’, Edgardo Rosemberg Contreras, conocido como ‘El Chino’; y Javier Acosta Maestre, alias ‘Baltazar’.

Este imperio criminal también era pretendido por la denominada ‘Oficina de Cobros de Envigado’. Llegaron a la disputa nuevos grupos originados en el narcotráfico antioqueño, como ‘Los Paisas’ y ‘Los Urabeños’. También en puja aparecieron ‘Los Rastrojos’, un grupo armado que se formó a la sombra de alias ‘Don Diego’, un narcotraficante del Norte del Valle.

‘La Banda de los 40’ comenzó a perder negocios en Sucre, donde eran más débiles, después Bolívar y en especial Cartagena a manos de ‘Los Paisas’ encabezados para ese entonces por alias ‘Rogelio’. En 2007 la Banda iba siendo diezmada y los que quedaban vivos eran presionados para que se pasaran a las nuevas estructuras criminales.

En Magdalena y Atlántico, ´Los Mellizos’ intentaban mantener el control y le dieron un ultimátum a los cabecillas de ‘Los 40’, diciéndoles que ellos eran los que mandaban, además de exigirles que no siguieran cobrando y que quien lo hiciera “lo recogerían”, un eufemismo de asesinato, común entre los delincuentes.

Eso, en efecto, ocurrió con varios, a tal punto que en una agónica conversación de alias ‘Salomón’ con uno de sus hombres, les dio la orden de esconderse, de no frecuentar los sitios que antes frecuentaban advirtiéndoles que los habían traicionado algunos de sus compañeros de mafia. “Ya ni la policía nos puede proteger’, llegó a decir en una de las conversaciones interceptadas.

El mismo ‘Salomón’ terminó renegociando el territorio con ‘Los Mellizos’ y se fue para Venezuela, pues allí no se sintió seguro. Igual camino tomaron varios de los integrantes de la banda. A mediados de 2007, el grupo de los ‘40’ habían sido absorbido parcialmente por ‘Los Mellizos’ en Atlántico y Magdalena, mientras que en Sucre y Córdoba, ‘Los Paisas’ y la ‘Oficina de cobros de Envigado’ habían asumido el control.

En Magdalena y Atlántico, el control de ‘Los Mellizos’ sobre el territorio adquirido a Hernán Giraldo y a ‘Jorge 40’ duró poco, pues no habría tregua entre las diferentes bandas y la posibilidad de maniobra fue muy estrecha. En Magdalena un grupo de  desmovilizados hizo alianza con la ‘Oficina de Envigado’, y comenzaron a denominarse ‘Águilas Negras’. Este grupo se había tomado Santa Marta y una parte de la Sierra Nevada con un grupo de sicarios y hombres con armas automáticas.      

Con base en testimonios de desmovilizados, se supo que éste nuevo grupo tenía aliados en el Ejército. A tal punto era la relación que informes de inteligencia y versiones de testigos amenazados reportadas por el Sistema de Alertas Tempranas, informaron que el Batallón Córdoba en Santa Marta les suministraba material de intendencia y los apoyaba logísticamente. También tenían respaldo de algunos miembros del DAS, de fiscales y miembros de la Sijin. Denunciar era también muy peligroso, por ello los allanamientos se hacían con unidades de otras regiones y se creó una fuerza de tarea del Magdalena para combatir a los grupos ilegales, hasta que al fin fueron capturados algunos mandos de las Aguilas Negras.

Para camuflarse, cambiaron de nombre y comenzaron a llamarse ‘Bloque Arhuaco’ y su jefe era alias ‘Caucasia’, quien fue capturado a finales de 2007, lo mismo sus otros aliados conocidos con los alias de ‘55’ (Norberto Quiroga, extraditado), ‘57’, ‘101’ y ‘Macondo’. Su jefe, Villarreal Archila, alias ‘Salomón’, también fue capturado en Bucaramanga en abril de 2007 (y extraditado a Estados Unidos). Así mismo fueron enviado a prisión los hermanos Adán y José Gregorio Rojas, hijos del ‘Negro’ Adán, quien se encontraba preso desde hacía varios años en compañía de su hijo mayor Rigoberto, conocido con el alias de ‘Rigo’ o ‘El Escorpión’. También capturaron a varios sicarios, siendo desmantelada la estructura.

Al ser desmantelada esta estructura, comenzó el control de ´Los Mellizos’, aliados con un grupo de ‘Los Paisas’, y  mandos medios del Resistencia Tayrona, como alias ‘Chaparro’.

Pero la batalla no terminó ahí. A comienzos de 2008,  alias ‘Valenciano’, quien venía de la temible ‘Oficina’ se unió con parte de la familia de los Giraldo y con los pocos que quedaron de las Águilas, con el propósito de sacar a ‘Los Nevados’ de la región y se estableció en Barranquilla. ‘Los Rastrojos’, que seguían buscando su espacio, armaron su propia alianza con gente de la ‘Oficina de Envigado’ y de ‘Don Mario’, hermano del ex jefe paramilitar alias ‘El Alemán’, que había hecho un emporio del narcotráfico en los Llanos Orientales. A los seguidores de ‘Don Mario’, se les llamaban ‘Gaitanistas’.

En Magdalena coincidían todas las bandas de narcotraficantes nacionales en alianza con grupos locales. La disputa por el control territorial desató una cruenta guerra entre ellos. Entraban a una ciudad volteando con dinero a algunos, mataban a los que podían y negociaban con los que quedaban. Ese es el ciclo que se repitió cada vez en Magdalena. Eso ocurrió con los hermanos Mejía Múnera, quienes bautizaron su banda como  ‘Bloque Norte de los Nevados’, intentando aparecer tan poderosos como sus antecesores ‘Jorge 40’ y el Bloque Norte. Ellos, en un intento desesperado por mantener su poder del territorio, se aliaron con ‘los Rastrojos’, pero Víctor Manuel murió el 29 de abril de 2008 y Miguel Ángel capturado el 2 de mayo en el Honda, Tolima, y después extraditado a Estados Unidos.

 

De que están hecho los malos

“La Venganza es muy Jodida”

Venganza. Es sin duda la palabra que ha guiado la vida de Adán Rojas. Rojas cuenta que cuando sólo tenía 12 años, en 1956, guerrilleros comandados por Pedro Antonio Marín, alias ‘Tirofijo’ llegaron a la finca de su familia en Chapinero, Huila, y asegura que asesinaron a su padre delante de toda la familia porque no le quisieron dar panela a ‘Tirofijo’.

La decisión del joven Adán Rojas fue la misma que la de miles de campesinos en los cincuenta: coger las armas para proteger a su familia y vengar la muerte de su padre. Se unió a Jesús María Oviedo, alias ‘Mariachi’, un bandolero anticomunista que delinquió en los años cincuenta en el sur de Tolima.

Seis años después, cansado de la guerra, se fue a la Sierra Nevada de Santa Marta, siguiendo los pasos de su madre y de miles de familias ‘cachacas’, como le dicen en el Caribe a la gente del interior, que huían de la violencia en Tolima, Huila, Santander y Antioquia y que instalaron fincas cafeteras en las tierras altas de la montaña.

Pero la guerra volvió a tocar a su puerta. A finales de los setenta las Farc se tomaron Palmor, el pueblo donde vivía. Sostiene que le tocó desenterrar las armas para defender a los suyos. Así nació el clan de Los Rojas, que dominó todo el occidente de la Sierra Nevada durante casi dos décadas.

Con sus hijos y sus sobrinos organizaron las autodefensas en la Sierra, después de seguir cursos junto a los hermanos Castaño y al mercenario israelí Yair Klein. Su gesta confundió guerrilleros con militantes de izquierda y asesinaron a decenas de militantes de la Unión Patriótica y sindicalistas de las palmeras y bananeras en Ciénaga, en Fundación; se aliaron con políticos, ganaderos y narcotraficantes de Magdalena; y se enfrentaron a muerte con el Eln.

En 2000 el grupo de Los Rojas llegó a su fin. Se enfrentó con Hernán Giraldo, un colono antioqueño que también tenía un grupo paramilitar en la Sierra Nevada. Para hacerle frente a Giraldo, Los Rojas acudieron a los Castaño y a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, que ese momento buscaban unificar todos los paramilitares bajo el paraguas de las Auc.

Desde la cárcel Rodrigo Bastidas de Santa Marta, donde ha pasado más de 10 años, Adán ‘El Negro’ Rojas conversó con VerdadAbierta/APIC.

Una vida marcada por la Violencia

Adán Rojas nació en 1944 en Chapinero un pequeño poblado en las montañas del Huila, azotado por la violencia partidista de los años cincuenta. Según contó, un miércoles santo, guerrilleros comunistas de Pedro Antonio Marín, alias ‘Tirofijo’ asesinaron a Camilo Rojas, su padre, delante de sus 11 hijos y su esposa. ¿La razón? No les quiso dar cinco cargas de panela ni dejó que se llevaran a sus dos hijos mayores a las filas rebeldes.

Cinco tiros en la espalda y varios machetazos lo dejaron agonizando delante de su familia. Ahí arrancó su camino de venganza. Con sólo 12 años se unió en Planadas, Tolima, a Jesús María Oviedo, alias ‘Mariachi’ y a ‘Peligro’, liberales, declarados anticomunistas, que llegaron a comandar más de 600 hombres en el sur del Tolima y que pelearon contra los hombres de ‘Tirofijo’ y de Jacobo Prías Alape, alias ‘Charro Negro’.

Por más de seis años Adán Rojas se disputó el sur del Tolima, parte del Valle y Huila con ‘Tirofijo’ y su banda de comunistas. Al final quedó de comandante “porque yo les salió bueno para la guerra”, dijo el veterano paramilitar.

“Después de unos años yo ya me aburrí, me desquité de la muerte de mi papá, fui a buscar otra vida a la Costa”, añadió. Aunque asegura que en esa época no quería volver a coger las armas, estuvo treinta años más en guerra.

Los Rojas, un clan de cachacos en la Sierra Nevada

En los sesenta, Adán Rojas se reunió con su madre, que se había ido a colonizar tierras nuevas en la Sierra Nevada de Santa Marta. En esa época miles de campesinos que huían la violencia en Tolima, Huila, Santander y Antioquia se fueron a la región en busca de nuevas oportunidades.

Con un crédito del Banco Agrario en el bolsillo, Rojas se instaló en la Zona Bananera. Uno años después siguió su camino hacia Palmor, un pueblo cafetero en las tierras altas de la Sierra Nevada. Cuenta que un día, estando en Santa Marta, se enteró de que la guerrilla se había tomado el pueblo y que dos sobrinos habían muerto en el fuego cruzado.

“Vi que me estaban matando la familia y me tocó volver y armarme. Conseguí un poco de  campesinos que también la guerrilla los había jodido y ahí me volví a ponerme a guerrearles. Éramos unos 25, después 50 y así hasta llegara a unos 200”, dijo.

En el libro Aproximación a una historia oral de la colonización del investigador Alfredo Molano, varios colonos entrevistados en 1988 recuerdan que los primeros grupos paramilitares se formaron en Palmor en 1977. En ese momento, para ellos es claro que Rojas, según relata Molano, “ha recibido apoyo del Ejército, uniformes, y se desenvuelve con total impunidad por la región, tiene vinculación muy cercana con el comandante del batallón Córdoba, ganaderos de la zona ganadera y políticos de Santa Marta”.

Otro colono le dijo al sociólogo que “en el cementerio de Palmor sólo seis de las 134 personas enterradas ahí, han fallecido de muerte natural, los demás han sido víctimas de la ‘Mano Criminal’, como también se llama a los ‘chachos’ del MAS”.

Junto a sus hijos y a sus sobrinos Adán Rojas poco a poco se fue volviendo un señor de la guerra en la Sierra Nevada. Dominaban el sur oeste de la Sierra, Ciénaga, Fundación y parte del norte del Cesar. Se financiaron gracias a la ayuda de campesinos y sobre todo ganaderos del Magdalena.

En las entrevistas de Alfredo Molano, un habitante del área le contó que “El MAS ha asesinado a muchas personas, alegando que son colaboradores de la guerrilla, pero en el pueblo (Palmor) se comenta que son problemas personales por los cuales se obtienen contratos relativamente substanciosos”.

En 1996 Adán Rojas cayó preso y el mando de su grupo pasó a manos de su hijo Rigoberto. ‘El Negro’ estuvo preso hasta 1999, cuando se escapó de la cárcel Rodrigo De Bastidas de Santa Marta. En 2000 volvió a caer en Barranquilla en el momento en el que se estaba recuperando de una herida de bala en el brazo. Desde entonces ha estado tras las rejas.

Los Castaño, Yair Klein y Los Rojas

A finales de los ochenta los hermanos Castaño en Córdoba y Urabá y Henry Pérez en el Magdalena Medio, consolidaron el paramilitarismo moderno. Por sus escuelas de entrenamiento pasaron decenas de hombres que luego se volvieron jefes ‘paras’ en todo el país.

Según cuenta Adán Rojas, Camilo Dávila, hermano del político magdalenense José Domingo Dávila Armenta, investigado por parapolítica, y de Eduardo Dávila, condenado por narcotráfico, lo contactó con paramilitares del Magdalena Medio que tenían centros de entrenamiento.

En 1986 su hijo Rigoberto y varios sobrinos, Reinaldo, Mincho, Camilo, Javier viajaron a Puerto Boyacá. Durante varios meses se entrenaron en el Magdalena Medio y en Córdoba, en donde Rigoberto conoció a Carlos Castaño, quien también hacía el curso con instructores como el mercenario israelí Yair Klein y el teniente retirado del ejército Luis Antonio Meneses, más conocido como 'Ariel Otero'. Los dirigentes de esa escuela eran Gonzalo y Henry Pérez.

En el 87, Rigoberto, ‘Rigo’ o ‘El Escorpión’ regresó a Santa Marta y se hizo cargo de la parte militar. A su regreso desató una guerra sucia, no contra guerrilleros, sino contra los militantes de izquierda y miembros de la Unión Patriótica (UP) en el Magdalena. La Zona Bananera, bastión emblemático del sindicalismo agrario colombiano desde los tiempos de la masacre de las bananeras en los años treinta, sufrió con fuerza el embate de Los Rojas.

La relación de Adán Rojas con los Castaño fue clave para que su grupo se afianzara en la Sierra Nevada. En varias oportunidades se reunió con Fidel Castaño en El Rodadero, cerca de Santa Marta, donde le entregó armas y mucha munición.

Los Rojas, los políticos, los ‘narcos, los ganaderos y las autoridades

Aunque Adán Rojas dijo que eran muy pocas las figuras públicas y los políticos que los apoyaron, queda la duda si se puede delinquir por más de 20 años en Santa Marta, Ciénaga y la Sierra Nevada sin que muchos funcionarios no se hayan hecho los  de la vista gorda.

Rojas asegura que “Edgardo nos ayudó con unas compras de 80, 100 millones”  que él le ayudó a Edgardo Vives en su campaña a la Alcaldía de Santa Marta, poniéndole votos de campesinos que vivían en su zona de influencia. También dijo que ‘Nacho’ (José Ignacio) Vives les ayudó.

José Ignacio Vives Echeverría y Edgardo Vives Campo, fueron políticos de mucho peso en Magdalena. Ambos llegaron al Senado, ocuparon la alcaldía de Santa Marta y la justicia los investigó, en casos diferentes, por irregularidades en la contratación.

‘El Negro’ Rojas también aseguró que tuvo relaciones con los Durán de Fundación que según dijo, lo financiaron y le daban información de presuntos colaboradores de la guerrilla.

El miembro más recordado de la familia es Jairo ‘El Mico’ Durán, un notorio narcotraficante, que se casó con un señorita Colombia y que las Farc asesinaron en 1992, al parecer por sus vínculos con las autodefensas.

Su hermano Alex, quién representante a la Cámara de Magdalena también llegó a las primeras planas de los periódicos. Las autoridades sospechaban que también tenía nexos con narcotraficantes. Fue asesinado en 1993.

En los setenta y ochenta el tráfico de drogas se tomó gran parte de la Sierra Nevada y los municipios aledaños. Naturalmente los grupos armados ilegales se beneficiaron de la bonanza.

En la entrevista con VerdadAbierta.com, Adán ‘El Viejo’ Rojas, aceptó que varios traficantes de marihuana y coca lo financiaron. Según dijo, Antonio Caballero y Sergio Salazar colaboraron con su grupo. Recordó que Antonio Caballero le dio dinero y armas y señaló que este es hermano del ex senador Enrique Caballero  Aduen, llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica.

‘El Negro’ también salpicó a Sergio Salazar, quién distinguió como cuñado de José Rafael ‘El Mono’ Abello, uno de los narcotraficantes más poderosos del Cartel de Medellín. Fue extraditado a Estados Unidos en 1989 y volvió a Colombia en 2007, después de cumplir su sentencia.

Las redes de Los Rojas también contaban con varios miembros de la fuerza pública. Según el ex jefe paramilitar, oficiales de la fuerza pública le daban información sobre presuntos colaboradores de la guerrilla. En sus versiones ante Justicia y Paz, mencionó a varios de ellos.

La guerra contra Hernán Giraldo

A pesar de que Los Rojas coexistieron con otro paramilitar de la región, Hernán Giraldo, por más de 15 años, en febrero de 2000 estalló una guerra entre ellos. Varias diferencias terminaron enfrentándolos. Por un lado, a finales de los noventa los Castaño ordenaron reunir todos los paramilitares bajo su mando. Giraldo quiso mantener su independencia, pues no quería soltar el control del narcotráfico, el poder político y su feudo en todo el norte de la Sierra.

Además hombres de Giraldo asesinaron a tres agentes encubiertos de la DEA, la agencia estadounidense antidrogas, crimen que puso las Auc bajo fuerte presión de Washington.

Por último, a finales de 1999 hombres de Los Rojas asesinaron a Emérito Rueda, ex concejal de Santa Marta, aliado político y amigo personal de Hernán Giraldo.

Según dijo en la entrevista, Rojas la muerte de Rueda fue un error de sus hombres. Contó que un cabo, suboficial que colaboraba con su grupo ilegal, fue a la Troncal del Caribe a robar una camioneta y atracó el vehículo de Emérito Rueda, sin saber quién era. El concejal murió en el tiroteo.

Este asesinato fue la razón principal que finalmente empujó Giraldo a atacar el campamento de Adán Rojas. Giraldo sentía que si no reaccionaba, los otros paramilitares iban a absorber poco a poco su poder. En el combate, unas balas de fusil alcanzaron a Adán y Rigoberto ‘Rigo’ Rojas. Los dos líderes del clan alcanzaron a escapar, pero las autoridades los capturaron pocas semanas después, mientras se recuperaban de sus heridas en Barranquilla.

Pero la guerra paramilitar en la Sierra no quedó ahí. Lo que quedaba de Los Rojas se reencontró con sus viejos aliados, los hermanos Castaño y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Cientos de ‘paras’ de ‘Jorge 40’ cercaron el pequeño ejército privado de Hernán Giraldo, quien firmó un acuerdo de paz en 2001 y se sometió al poder de las Auc.

En la entrevista con VerdadAbierta.com Adán Rojas dijo que “Carlos (Castaño) mandó a llamar a mis hijos,  y les dijo que se vinieran donde ‘Jorge 40’, que él los recibía.  Mandaron mil hombres a recoger a Giraldo”.

Sobre Hernán Giraldo, Rojas dice que nunca fue de las autodefensas y se dedicaba al narcotráfico, a asesinar ladrones y drogadictos: “Hernán sólo se metió a la guerra por la plata, dice que le peleaban a la guerrilla, pero ellos más que todo eran peleaban por el narcotráfico y matando raticas”.

Giraldo fue extraditado en abril de 2008 a Estados Unidos, donde es juzgado por narcotráfico.

El difícil arrepentimiento

Para alguien que como Rojas guió su vida con las armas y que siempre siguió la venganza como patrón, es difícil reconocer a las víctimas como tales.  Si bien en la entrevista de VerdadAbierta.com Adán Rojas dice que les pide perdón a sus víctimas, también justifica su violencia.

Le dijo a VerdadAbierta/APIC que muchos campesinos vienen a las audiencias a “cobrar sus muertos” y  “que el gobierno se los va a pagar”.

De todos modos, según declaró, todo es culpa de la guerrilla que mató a su padre hace más de cincuenta años pues fue la que le enseñó a ser malo. “La venganza es muy jodida, si le matan a su padre o su madre usted se vuelve malo. A mí me mataron a mi padre y todavía me duele, tocaba pararse uno”.

 

Quien los Trajo

Como se fraguó la Tragedia de los Montes de Maria

¿Cómo fue que ocurrió este horror en los Montes de María? Medio centenar de masacres, casi cuatro mil asesinatos políticos, doscientos mil desplazados, campos desolados, tugurios en las ciudades. ¿Por qué tanta impunidad, si eso no era selva, y había fuerza pública y fiscales,   jueces y gobierno, iglesias y organizaciones civiles?  ¿Cómo podían matar a su gusto y luego salir por las carreteras sin que nadie los detuviera, estando a un par de horas de Cartagena, la capital del turismo colombiano? ¿Por qué nadie protegió a esos campesinos corajudos que llevaban más de dos décadas luchando por su tierra? ¿Cómo no fueron escuchados estos pobladores de cultura ancestral ricos de palabras y de música de gaitas y de tambores? ¿Cómo fue que quienes se proclamaron sus “salvadores” los arruinaron y solo les dejaron una tristeza honda en sus corazones?

El paramilitarismo nació en 1997 en una reunión en la finca Las Canarias de la zona rural de Sincelejo que pertenecía al ex gobernador Miguel Nule Amín.  Esto dice la versión oficial, si es que se le puede llamar así al inicio formal de una guerra clandestina. Se hizo para sellar una alianza contra-guerrillera entre un centenar de finqueros y políticos con algunos jefes paramilitares que vinieron del vecino departamento de Córdoba. Eso atestiguaron ante la justicia varios asistentes.

Sin embargo, cuando se mira más de cerca desde dos décadas atrás, el conflicto en los Montes de María ya venía subiendo de tono una guerra sorda y sucia, mucho antes de que los jefes de las autodefensas de la vecina Córdoba, Mancuso y Castaño, hubieran siquiera pisado estas tierras.

“La primera finca con ‘paras’ fue en corregimiento de Carboneros, municipio de Chinú (Córdoba) por allá al comienzo de los ochenta”, recuerda Jesús Pérez, líder del movimiento agrario de Palmitos de 75 años y conocedor reputado de la historia local. Y luego explica que en la vereda  Bajo de la Alegría en San Pedro y en La Mojana, al sur de Sucre, aparecieron también hombres armados.

Los organizaron hacendados y políticos, que eran los mismos, pues desde tiempos de la colonia, un puñado de familias eran las dueñas de esas tierras.  Por siglos, los García, los Guerra, los De la Ossa, los Badel, los Martelo, entre otros, habían mandado en casi todo en estos montes verdes de ceibas milenarias. Al despuntar los setenta, sin embargo,  la reforma agraria de Lleras Restrepo anunció que iba a titularles tierras a arrendatarios que por años habían labrado las fincas de sus patrones. Los hacendados reaccionaron asustados y sacaron a miles de campesinos arrendatarios de sus fincas.  Viéndose atacados, los otrora fieles siervos se organizaron con apoyo oficial en la Asociación de Usuarios Campesinos, más conocida por su sigla Anuc. Y, al son del acordeón y con el canto de  “la tierra es pa’l que la trabaja”, volvieron a las fincas donde habían vivido por generaciones y las ocuparon exigiendo pacíficamente que se las titularan. Invadieron más de 400 haciendas, según los cálculos que en 1976 hizo el investigador Alejandro Reyes.

“En esa larga lucha de ocupaciones de tierras no hubo diez muertos”, dice Alejo Suárez, otro dirigente histórico de la Anuc cercano a los 80 años, que vive una suerte de exilio en la fría Bogotá.

Así, entre los años 70 y hasta entrados los 80, los campesinos consiguieron que el Incora,  les titulara 546 fincas en parcelaciones colectivas y empresas comunitarias, que sumaban unas 120 mil hectáreas, de acuerdo con las cuentas que lleva  Jesús Pérez.  

Alarmados por el cambio súbito de un orden que por siglos había permanecido inmóvil, algunos dueños de fincas comenzaron armar a sus peones para golpear a todo aquel que amenazara su feudal modo de vida. Esa fue una semilla de venganza, que quince años después cobró miles de vidas.

Los ‘paras’ originarios

Así, hacia fines de la década de los 80, brotaron simultáneamente como hongos, unos pequeños grupúsculos de matones armados en distintos puntos de la quebrada geografía montemariana y en las regiones aledañas de Sucre, en el Golfo, las Sabanas y la Mojana. En la zona urbana de El Carmen de Bolívar estaba La Mano Negra. En Sincelejo, había una banda llamada La Cascona, que incluso figuraba en la lista de paramilitares que reveló en octubre de 1987el entonces ministro de Gobierno César Gaviria ante el Congreso.  En esa misma lista, aparecía la banda ‘Muerte a Secuestradores y Comunistas’ en el departamento de Bolívar. Y estaban Los RR en San Juan Nepomuceno, Los Benítez en San Pedro y los Encapuchados de Colosó.

En San Juan de Betulia  estaban Los Macarenos. Un día, hartos de las persecuciones, unos 300 campesinos se juntaron y se los entregaron a la policía. No duraron presos por mucho tiempo.

“La lógica inicial era que la Policía y la Armada permitió que varios cuatreros comunes siguieran delinquiendo con la condición de que les colaboraran en los asesinatos contra dirigentes sociales”, dijo a VerdadAbierta un dirigente de la región. Era la mentalidad de la guerra fría que confundía guerrilla con dirigencia social, y cualquier intento de cambio se interpretaba como subversión.

Y un comerciante acomodado de El Carmen describió a VerdadAbierta el caso de su pueblo: “En el Carmen hacia el 87 u 88 se formó un paramilitarismo local. Gente que había estado presa, la fuerza pública los utilizaba, les decían donde había guerrillas y aparecían los muertos. En la calle 25 a cualquier hora del día había dos o tres muertos, le decían ‘la calle del crimen’”.   

En Macayepo (zona rural de El Carmen de Bolívar) había una banda de ladrones y asaltantes de buses, conocida como Los Rodríguez.  “El pueblo se armó con 28 escopetas para sacarlos, pero el comandante de la Armada insistía en los consejos de seguridad que Los Rodríguez eran gente decente”, cuenta un líder político de la región. Tiempo después, Los Rodríguez  se metieron al pueblo y asesinaron al hombre que había liderado su expulsión de Macayepo.

Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, quién después se convirtió en el más sanguinario jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, hizo parte de la banda de Los Rodríguez, luego de que la guerrilla le matara a un familiar cercano. En esto coinciden las diferentes versiones recogidas en la región. ‘Cadena’, quien hoy se presume muerto, se fue luego de Macayepo y una familia Sierra que tenía una fama lo contrató de carnicero en Sincelejo.  A la vez, “por su conocimiento en el área, siguió siendo guía de operaciones militares de la Infantería de Marina”, según dijo en entrevista desde la cárcel a VerdadAbierta.com, el ex jefe del bloque paramilitar en los Montes de María,  Eduard Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino’.

De ahí fue contratado como escolta de Javier Piedrahita, quien había comprado una hacienda llamada Simba, en la vía que de Sincelejo conduce a San Antonio de Palmito. Según las denuncias que hizo el entonces senador Gustavo Petro,  Piedrahita, cuyo nombre también sale a relucir en investigaciones sobre el paramilitarismo originario de Antioquia, era un caballista cercano a los narcotraficantes Ochoa Vásquez. Víctimas y desmovilizados del paramilitarismo han dicho a la justicia que él tenía un grupo armado por Coveñas, el municipio costero vecino a San Antonio de Palmito y que fue él quien actuó de enlace entre las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá de los Castaño y los finqueros de Sucre para traer el paramilitarismo a los Montes de María. Fue este caballista quién le presentó a  Carlos Castaño a  ‘Diego Vecino’ en Urabá en 1996, según dijo éste en la citada entrevista.

Dijo ‘Vecino’ que ‘Cadena’ se fue a trabajar con Piedrahita desde 1994, a su Convivir. En realidad, según consta en los registros de la Superintendencia de Seguridad, este caballista antioqueño no registró oficialmente su Convivir sino hasta marzo de 1996, con el sugestivo nombre de “Nuevo Amanecer”. Pero quizás ‘Cadena’ ya  venía siendo parte del grupito armado que venía operando desde antes de ponerle la fachada legal de Convivir. ‘Vecino’ cuenta que a Cadena lo mandaron a hacer “el curso de comandante de frente, en las escuelas de formación de comandantes que tenía Carlos Castaño en Urabá”. Apenas estuvo listo, el ex carnicero de Macayepo se volvió desde 1997, el señor del  terror de los Montes de María.

La Convivir de Piedrahita no fue la única relacionada con violaciones a los derechos humanos. En marzo 11 de 1996, el gobierno nacional le autorizó a Álvaro Botero Maya, de una familia con haciendas en Magangué recibir armas de dotación militar.  Creó la Convivir  ‘Esperanza Futura’ en sociedad con Héctor Julio Alfonso Pastrana, el marido de Enilce López, conocida como ‘La Gata’,  que también tenía grandes intereses en la región. Desde antes de la creación de esta Convivir, ya había denuncias de la población civil de abusos por partes de hombres que aparentemente trabajaban para los Botero Maya. Es de notar que Botero y su socio, que tenían sus propiedades muy lejos de Palmito y Coveñas, donde Piedrahita tenía las suyas,   crearon la Convivir en la misma fecha exacta  del Nuevo Amanecer. Este detalle hace pensar que la estrategia de arropar de legalidad a los grupos paramilitares que ya venían dejando víctimas fue tal vez, orquestada más arriba.

Piedrahita fue capturado en mayo de 1999 por orden de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, investigado por homicidio y conformación de grupos de justicia privada.  

A fines de los 80 surgió otro grupo paramilitar llamado Los Meza, que se movía de Chalán a Ovejas y hasta San Pedro en el centro de Sucre. La gente los asociaba con los políticos de la región, en particular con Álvaro García Romero, y se les atribuyeron varios desaparecidos. Varios miembros de Los Meza, hermanos y primos, fueron capturados años después como autores del asesinato del dirigente de la Anuc Rodrigo Montes.

Desde 1989 hasta 1994, grupos similares de ‘paras’, usados como brazo clandestino de para perseguir a incómodos líderes sociales, mataron por lo menos a doce  dirigentes agrarios de la región, según los registros de la época. Otros muchos sobrevivieron porque se exiliaron en otras regiones o en el exterior. También mataron políticos cívicos y de izquierda (en especial de la UP) y maestros sindicalizados.

Fortunas sospechosas

No se puede contar el origen del paramilitarismo en los Montes de María sin tener en cuenta, que desde los años ochenta llegaron a  la región a comprar grandes fincas varios personajes con  fortunas misteriosas, la mayoría vinculados al narcotráfico o con negocios asociados a éste. Vinieron con hombres armados, pues estaban acostumbrados a lidiar con un negocio que se regula a bala. Según lo documentó Reyes, los municipios de Sucre donde se registraron las mayores compras de tierra por narcotraficantes en esos años fueron los del litoral, como Tolú, Toluviejo y San Onofre, que les abrió un buen corredor de salida de la droga por el Golfo de Morrosquillo. También compraron tierras en San Benito Abad, al sur del departamento.

En la región del Golfo se recuerda a ‘Los Carranceros’. Llegaron por los noventa, después de que el empresario esmeraldero, Víctor Carranza, comprara tierras en el Caribe. Es difícil saber si esta banda era de Carranza,  pues éste empresario que fue juzgado por la conformación de grupos paramilitares y fue hallado inocente.  Además en una entrevista  a la prensa Carranza, negó que “Los Carranceros” que también se hicieron famosos en los Llanos, tengan que ver con él. No obstante, varios testimonios de habitantes de Libertad y de Rincón del Mar, pueblos del municipio de San Onofre, dijeron que se daba por entendido de que Carranza estaba detrás del grupo que usaba su apellido y, que Los Carranceros  cuidaban los corredores de salida de la cocaína del Golfo de Morrosquillo, desde San Onofre y Maria la Baja  y les cobraban a los nacotraficantes por los servicios de protección.

En los registros de la Superintendencia de Seguridad, figura como peticionario de licencia de la Convivir Caser, Samuel Segundo Mayoriano de San Marcos. La Convivir tuvo permiso de operar en los municipios de Arjona, Turbaco, en Atlántico y Santa Catalina  en Bolívar. El mismo Mayoriano figura luego como administrador de la hacienda El Ceibal y de otra llamada La Cristalina, sobre la Cordialidad en Santa Catalina, Bolívar.  Se dice en la región que el zar esmeraldero y su viejo socio de negocios Juan Beetar son los patrones de esta hacienda El Ceibal.

Una de las empresas socias de  esta Convivir Caser, que fue creada un mes después que las de los Botero y la de Piedrahita, en abril de 1996, tiene como representante legal a Edgar Montaño Rodelo,. Según  las versiones libres de alias ‘Juancho Dique’, desmovilizado de los paramilitares,   y de alias ‘Geño’, quien fue de las milicias urbanas de Cartagena de los ‘paras’,  Montaño Rodelo era el jefe del grupo paramilitar en Cartagena antes de que se organizara, en 2002, el frente Canal del Dique.

Es decir que hay datos para sospechar que Carranza pudo haber tenido su Convivir y pudo haber estado asociado a grupos ilegales en la vecina Cartagena.

Varios dirigentes de La Libertad y de Rincón del Mar, pueblos de San Onofre, recuerdan bien a ‘Los Carranceros’. Uno de ellos, Fabián, no los olvida: al primero que mataron fue a su hermano Jesús María. “Eran como 30. Allá  guerrilla no había, así que mataban al que querían. Hacían limpieza social. Eran muy crueles.”

Una mujer de la región recuerda que se instalaron en una hacienda entre Pajonales y Libertad,  e hicieron campañas de aseo, le ponían multas a la gente, les quitaban el ganado. Eran comandados por alias ‘Danilo’,  un antioqueño que vivía en Cartagena.

Fueron masacrados en un golpe que cobró oficialmente la fuerza pública. Hoy los desmovilizados han revelado lo que la gente de la región ya sabía: que cuando llegaron Castaño y Mancuso a imponer su versión unificada de los paramilitares, hacia mediados de los noventa, obligaron a todos los grupos pre-existentes a que se les plegaran. ‘Los Carranceros’ no obedecieron las órdenes de los nuevos señores de la guerra, y éstos ordenaron su exterminio.  Luego dejaron que la autoridad cobrara el éxito.

En la zona aledaña a la ribera del Magdalena, llegaron después grandes narcotraficantes a comprar fincas y desarrollar empresas. Fue el caso de Luis Enrique Ramírez Murillo, alias ‘Miki’ Ramírez, quien hacia 1994 compró la bellísima hacienda El Hacha en Zambrano, Bolívar. Informes de la Procuraduría que datan de mediados de los noventa dan cuenta de las múltiples matanzas que cometió un grupo llamado Los Valdés en Bajogrande, corregimiento de San Jacinto, que dejó decenas de niños campesinos huérfanos, quienes no entendían mucho qué les había pasado, excepto que el responsable de su tragedia era un señor llamado Miki Ramírez. Según dijo Salvatore Mancuso, jefe de las Auc, a la justicia, este grupo fue el que cometió una de las primeras grandes masacres de Sucre, la de Pichilín (Morroa), el 4 de diciembre de 1996.

Ramírez, que años después fue condenado por concierto para delinquir, estaba detrás de la Convivir Montesmar, creada en noviembre de 1995 con Gabriel Enrique Zapata y Jorge Hernán López Sandoval como responsables. Zapata era jefe de seguridad de la empresa de Ramírez, Frutas Tropicales de Colombia S.A., cuya sede también era en Zambrano. Ésta empresa ya tenía autorizado un esquema de seguridad, cuando el superintendente de Vigilancia de la época, Herman Arias, lo autorizó para que creara además esta cooperativa rural que le dio acceso a armas de guerra, supuestamente para uso defensivo.

También, antes de que llegaran ‘los paras’  de Mancuso a El Guamo, otro municipio ribereño, ya había comprado fincas allí  ‘Chepe Barrera’,  Según un informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos de 2003, “el narcotraficante ‘Chepe’ Barrera compra tierras  (en El Guamo) y establece un grupo de autodefensa, que ampara la extensión de su dominio territorial establecido en el departamento del Magdalena”

Un empresario antioqueño de apellido Pineda quien adquirió tierras en el mismo El Guamo,  había traído su grupo de seguridad privada, según  dijo el ex jefe paramilitar ‘Diego  Vecino’ a VerdadAbierta/APIC. En su finca tenía pista de aterrizaje y sus dueños avionetas privadas.

Una historia similar, al parecer, fue la de la familia  Méndez que compró tierras en  Córdoba-Tetón, Bolívar. Ese grupo que debió ser de seguridad privada del próspero empresario de ese apellido, se conoció luego como  la banda de Los Méndez que dejó víctimas en Carmen de Bolívar y hacia el oriente, en Zambrano. Algunos le atribuyen también a Los Méndez la masacre de El Salado.

Recambio de guerrillas

A la par con esos ‘paras’ originarios, crecieron las guerrillas que ya estaban afianzadas en otras partes del país. “La primera manifestación guerrillera fue de MIR-Patria Libre –cuenta Alejo Suárez –un grupo que no pasó de los cien tipos”. Estos guerrilleros asaltaron la Caja Agraria en Galera, como a comienzos de los 80. Luego intentaron tomarse San Pedro y hubo un muerto y dos heridos. Después ensayaron asaltar a  Palmitos y fracasaron. Mataron a un hacendado, a Reginaldo de la Ossa. Patria Libre terminó siendo Unión Camilista-Eln y luego se desmovilizó como CRS en Flor del Monte, corregimiento de Ovejas, en 1994.

El 7 de noviembre de 1985, los primeros cinco guerrilleros de las Farc que llegaron  a Sucre, celebraron la muerte de los guerrilleros del M-19 en el Palacio de Justicia. Sectaria, desde que empezó su carrera de muerte en esos montes sucreños y bolivarenses, esta guerrilla no fue amiga de la organización campesina Anuc. La miraba con desdén porque había negociado con el gobierno la titulación de sus tierras.

“Me enfrenté con ellos, les dije que iban a traer muchas muertes”, cuenta un dirigente campesino de la época. “Ellos coparon las bases de la Anuc, las  juntas comunales. Mataron activistas agrarios que los resistían. Decían que luchaban por la tierra de los campesinos, pero no conocí el primer predio que les hubiera conseguido la guerrilla”.

Las guerrillas aprovecharon la frustración del movimiento campesino, que no había conseguido que la reforma agraria continuara. Las pujas ideológicas internas los dividieron  y varios de sus líderes fueron perseguidos  y asesinados. Estas les hicieron la vida difícil a los campesinos, según cuenta don Joaquín Maza de Mampuján. “Uno iba a las zonas de cultivos y aparecían dos o tres tipos armados y preguntaban que si uno había visto al ejército; y luego venían a la casa los del ejército a preguntar por los guerrilleros. A uno lo ponían en una situación de inseguridad. Muchos prefirieron irse”.

El profesor de colegio Honey Oviedo de la zona rural de El Carmen de Bolívar recuerda que creció oyendo hablar de guerrillas por la televisión, pero en su tierra no las había visto. Un domingo de 1987, escuchó detonaciones en el cerro de Mica Prieta, helicópteros que sobrevolaban y combates que duraron más de dos horas. Ya por la tarde su mamá lo mandó en burro a comprar arroz a una tienda cercana. Tendría como 11 años. Llegó y vio por primera vez a hombres armados, y, para su sorpresa,  también a mujeres. “El mundo se me quiso acabar—dice el profesor – El corazón que se me quería salir. No dije nada convencido de que me iban a matar. ‘No se asuste’, me dijeron somos del Epl y luego se pusieron a contar anécdotas de sus combates”.

Empezaron a extorsionar pero sobre todo a los grandes finqueros, cuenta Oviedo. A veces mataban una res de una finca, la repartían entre los campesinos. “Hablaban muy excelente”, dice. Pero pronto empezó la violencia. Extorsionaron y secuestraron  a Alfonso Torres, el más grande ganadero de su corregimiento. Él pagó vacunas, rescate y al final se fue y le entregó las tierras al Incora.

Muchos ganaderos encontraron que esa era la mejor solución ante el acoso guerrillero. Tenían buenos contactos en el Incora y algunos hicieron negocio vendiéndole caro al Estado tierras que nada valían por la inseguridad.

El padre del maestro Oviedo, don Francisco, recuerda que a comienzos de los noventa, después de que el EPL y el PRT habían firmado la paz con el gobierno de Barco, un día las Farc lo citaron a él y a sus vecinos en una escuela. “Nos dijeron que ellos iban a mandar para que el campesino tuviera respaldo frente al gobierno. Yo les dije: “Les agradezco lo que han hecho pero es mejor que nos vayan dejando solos. Meterse con ustedes es para problemas”.

La primera masacre en los Montes de María, según lo ha documentado el investigador José Francisco Restrepo de la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) en Sincelejo, fue en  septiembre de 1992, en El Cielo, un pueblito de Chalán. Hombres armados que aún hoy no se sabe si fueron guerrilleros o paramilitares, entraron a la casa de una familia Yepes Parra y mataron a ocho personas.

En 1994 se salieron de la guerra los de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) una facción del Eln, por una negociación de paz con el gobierno de Gaviria. “Eran unos 120 hombres y mujeres mal armados”, dijo un testigo del momento. Y  las Farc, que ya venía copando los espacios que habían dejado en la zona las otras guerrillas desmovilizadas, se metió a  Sucre con fuerza. Trajo hombres del Magdalena Medio y también los bajó del Urabá,  presionada por la ofensiva de los hermanos Castaño y del ejército en Córdoba. En El Carmen de Bolívar, por ejemplo, alias ‘Milton’ de las Farc llegó en 1992. Un par de años después la fuerza pública se fue del lugar.  “Ellos eran la autoridad, daban los permisos hasta para matar una res”, dijo Senén Arias, un comerciante de aguacate de esa ciudad.

La guerrilla, básicamente los frentes 35 y 37 de las Farc, el Eln y el Erp,  se concentró en algunas zonas de los Montes de María, donde había mayor riqueza o donde pudieran controlar un corredor estratégico de salida al mar.  En Bolívar, coparon la serranía de San Jacinto, en El Carmen y su zona rural hasta María la Baja;  se extendieron al oriente hacía el río Magdalena, en  Zambrano, El Guamo y Córdoba-Tetón, y en los municipios en la vía hacia Cartagena, como San Juan Nepomuceno y San Jacinto. También boletearon a todo el que pudieron en Ovejas, La Unión, Corozal,  Colosó e incluso, hacia el sur en San Benito Abad, en Sucre. Los primeros secuestrados de las Farc datan de 1989 y después comenzaron a asesinar a los que no pagaban.

El 27 de junio de 1995 las Farc mataron al ex gobernador de Sucre, Nelson Martelo, un hombre muy querido por todos, ganaderos y  dirigentes campesinos, por su mentalidad progresista y abierta. “Era un gran tipo”, dijo un líder agrario. Ese fue un punto de quiebre, dice el profesor Restrepo, allí  arrancó otra etapa.

En esos años de mediados de los noventa el conflicto estalló en los Montes de María. Las Farc generalizó el secuestro. En 1996, Sucre, con 36 secuestros extorsivos,  estuvo entre los diez departamento más golpeado por este delito en el país. Las quemas y bombas en las fincas eran cosa diaria. La Federación de Ganaderos calcula pérdidas multimillonarias. También quemaban tractomulas y peajes en la  carretera troncal de occidente.

El ex jefe paramilitar ‘Diego Vecino’ recuerda que el 24 de agosto de 1995, dormía en la finca ‘Las Melenas’ que administraba, cuando fue asaltada por ‘Alfonso Arango’, comandante del frente 37 de las Farc.”Fui sacado de las casa, todo lo incineraron, lo bombardearon, un ganado que estaba en los corrales fue masacrado”, dijo ‘Vecino’ a VerdadAbierta/APIC.

La espiral de violencia de paras y guerrillas fue en ascenso. No fue, como han querido hacerlo ver algunos de los ex jefes paramilitares para justificar la barbarie que desataron, que la ofensiva paramilitar llegó como reacción la andanada guerrillera.  Los  primeros paramilitares fueron asesinando, al tiempo que los primeros guerrilleros fueron secuestrando y matando selectivamente a ganaderos e incendiando sus fincas. Era una guerra de baja intensidad, que desde el principio se peleó más contra los civiles que entre los armados.  Y a medida que los paramilitares traían refuerzos y crecían, los guerrilleros hacían lo mismo.

En todos esos años la fuerza pública combatió como pudo, y sin demasiado éxito,  a la guerrilla, pero no a los paramilitares, a los que más bien protegió. Algunos oficiales de Armada, Ejército y Policía y los ‘paras’ tenían la puntería distorsionada por la ideología de la guerra fría y en lugar de los jefes guerrilleros, sus “objetivos militares” eran líderes sociales y políticos.

Recuerda un empresario de El Carmen: “No se podía hablar de nada. Era un tuti-fruti entre guerrillas, paramilitares, policía, y cuando la Armada venía, lo maltrataban a uno. Había tres enemigos guerrilla, paras y  fuerza pública”.  

Los años del estallido: 1994-1997

El 21 de noviembre de 1994 asesinaron a Rodrigo Montes, un dirigente de la Anuc y por esos mismos días del 94, fue amenazado de muerte el alcalde de Chalán, Edinson Zamora, del Movimiento Cívico, el único que les disputó espacio político por las vías democráticas a los caciques tradicionales liberales y conservadores en la región.  En el proceso judicial por el asesinato de Montes, en el que resultó condenada la banda de Los Meza, un testigo reconoció haber recibido 3 millones de pesos de uno de ellos para que matara al alcalde Edinson Zamora, pero no quiso hacerlo porque era su amigo.  

A algunos políticos tradicionales también les resultó conveniente esa guerra sucia. Un grupo de jóvenes liderados por Luis Miguel Vergara, estudiante de medicina,  los comenzaba a derrotar en las urnas con una promesa de hacer un gobierno cívico,  menos corrupto, que le sirviera realmente a la gente con el Movimiento Cívico de Sucre. Con las amenazas y los asesinatos selectivos los ‘paras’ eliminaron está opción de renovación política.

“Vergara y Luis Cárdenas, que hizo trabajo social desde Ciénaga hasta Córdoba,  eran los dirigentes, de clase media corozaleña”, dijo un sucreño que fue cercano a ellos. “Un día mataron al cura de Sincé y la gente se levantó y cogieron a los asesinos y eran del DAS. A Cárdenas que era director de la cárcel, le pidieron que dejara fugar a los asesinos  y él se negó. Luego lo secuestraron y él se voló y lo mataron”.

En  marzo de 1996 asesinaron a una pareja de dirigentes cívicos de Chalán. El 2 de abril siguiente le propinaron varios  balazos, cuando caminaba con un niño en brazos, en frente a su casa en Sincelejo a  Vergara, quien había llegado a ser alcalde de Corozal, y en ese momento era diputado.  Tenía las maletas listas para irse de Sincelejo porque tenía amenazas de muerte. Mataron quince concejales del Movimiento Cívico de Sucre, según la cuentas de simpatizantes suyos.

Al tiempo, las Farc arreciaron su violencia. Acosados los ganaderos y dueños de fincas empezaron a desesperarse. Un sacerdote que participó en algunas reuniones en las que éstos le pedían a la fuerza pública mayor eficacia contra la guerrilla, recuerda que trataban con rudeza a los comandantes  de la Armada y de la Policía por su ineficacia. Éstos se declaraban impotentes.

En Bogotá el gobierno Samper, en medio de los escándalos por la narco-financiación de su campaña, pendía de la cuerda floja. Los militares y  sus aliados a la derecha del gobierno aprovecharon su debilidad para proponer no una política de Estado que le diera estrategia y legitimidad a la difícil batalla que libraban los soldados contra la guerrilla sino un atajo, que resultó ser desastroso. Les dijeron a los finqueros que se armaran y se defendieran por sí mismos. Y crearon las famosas Cooperativas de Seguridad Rural, Convivir, que como se ha visto, al menos en Sucre y Bolívar, fueron la patente de corso para que los ‘paras’ desataran su monstruosa guerra. Con las Convivir tuvieron armas de uso privativo de la fuerza pública bendecidas por el Estado y sus sicarios, como lo han confesado muchos de ellos en las versiones libres, salvoconductos para matar y huir, amparados por los carnets de las Convivir.

Para cuando se creó la primera Convivir en los Montes de María, en abril de 1995, ya la alianza de políticos-ganaderos sucreños (entre los que había narcotraficantes) y el paramilitarismo de los Castaño en Córdoba y Urabá se había fraguado por distintas puntas.

Algunos ganaderos del Golfo de Morrosquillo, que conocían bien los andares de los hermanos Castaño en Córdoba empezaron a pasarse la voz de la necesidad de invitarlos a combatir a la guerrilla en los Montes de María. Algunos de esos grandes finqueros eran también narcotraficantes y tenían negocios comunes con las Accu.

El caballista cercano a los Ochoa, Javier Piedrahita que era amigo de ‘Vecino’,  en 1996 lo invitó junto con un ganadero antioqueño Elías Vélez a una reunión con Castaño. Después se reunieron muchas veces ‘Vecino’ y Castaño, hasta cuando a fines de 1998, según relata ‘Vecino’, Carlos Castaño lo invitó a ser el jefe político de las Auc en Sucre.

También a mediados de los noventa,  en Córdoba-Tetón y Zambrano, Bolívar, otros finqueros y agroindustriales  (entre los que estaba Pizano S.A. con sus enormes sembradíos de madera teka de su empresa Monterrey Forestal), estaban desesperados con la extorsión y la inseguridad guerrillera. Algunos de ellos, es difícil precisar quiénes porque no se conoce de una reunión específica donde esto ocurriera,   buscaron la ayuda de los “exitosos” paramilitares de Urabá.  El narcotraficante Miki Ramírez  ya tenía en la región ribereña a su grupo armado, bastante violento con los campesinos, pero no había dado abasto con la guerrilla.

Fue Salvatore Mancuso, de Córdoba, el que vino en su auxilio. Les envió un primer grupo que entró por El Guamo. En el proceso judicial que se llevó a cabo por el asesinato del alcalde electo de San Jacinto, Carlos Quiroz Tiedjen, en noviembre de 1997,  un miembro de ese grupo originario de El Guamo, Edwin Zambrano, alias “William”, que se fugó, le contó a la justicia lo que sabía. Fue un testimonio valioso porque fue de apenas semanas después de ocurridos los hechos y como las Autodefensas eran aún eran pequeñas Zambrano pudo conocer bastante bien a los jefes. A los fiscales de derechos humanos en Bogotá  les sirvió para dictar la primera orden de captura contra Mancuso.

Edwin Zambrano le contó a la justicia entonces, que había trabajado con ‘Chepe’ Barrera en el Difícil, Magdalena y con Neftalí Ramírez, y que después de fue a El Guamo, Bolívar a la Convivir de alias ‘Leopardo’. Contó como el primer hombre que envió Mancuso a “romper zona” a El Guamo fue ‘Darío’, esposo de ‘La Chave’,  quien manejaba la radio y la prensa de Castaño, después vino ‘Lino’, y por último ‘Leopardo’ o ‘Chuzo’, este último hoy en el proceso de Justicia y Paz.  Dijo que en El Guamo había varias fincas a nombre de ‘Leopardo’, pero que “en realidad eran del Mono Mancuso”, como Las Pampas, Chimborazo, Totumo, La Marqueza y que allí “trabajaba el grupo rural que eran como 30 personas y se hacía entrenamiento”. También dijo que entrenaban en la finca El Chimborazo en El Guamo que era de Miki Ramírez.

Zambrano también reveló que “los jefes de mayor jerarquía están ubicados en el Urabá antioqueño y son los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Un subcomandante de esa misma organización es el señor Salvador Macuso, alias ‘El Mono’, un señor ‘Doble Cero’ y el señor Víctor Carranza. Conocí que estos eran los máximos militares de esa organización”.  

Otro de los compañeros de Zambrano, Alfredo José Rúas de San Juan Nepomuceno, quién dijo que fue forzado a unirse a los ‘paras’. Éstos habían asesinado a su padre y le mandaron decir que para poder preservar la finca que le heredó, tenía que ayudarles con información. Terminó metido de lleno en ese grupo de El Guamo que cometió varios asesinatos.  Dijo además cosas sorprendentes, que detrás de los Castaño estaba  el narcotráfico y que ese era su verdadero interés: “Hay un primo de Carlos Castaño, que le dicen ‘Jota’ o ‘Carrancho’ o ‘El Alemán’, ellos tienen muchas cocinas por los lados de Caucasia y Chocó, el tapón del Darién y eso es lo que estaban peleando, no tanto la guerrilla, sino que dejaran pasar la droga. Hay otro señor que tiene propiedades por Caucasia, le dicen ‘Javier’, pero el nombre propio es Carlos y la señora Margarita. ‘El Mono’ Mancuso es como un lugarteniente”.

Las confesiones de Rúas y de Zambrano también dieron lugar a que la Fiscalía esclareciera varios homicidios en San Juan Nepomuceno y en San Jacinto y le abriera investigaciones a varios miembros de Armada y Policía que le daban vía libre a los ‘paras’ para que mataran.

La justicia sabía todo esto desde fines de 1997. Y el entonces fiscal de derechos humanos Virgilio Hernández en Bogotá dictó varias órdenes de captura contra los jefes de esa organización incipiente. Recibió amenazas, tuvo que cambiar de puesto, y después fue despedido de su cargo. Quizás si hubiera podido continuar su tarea, el paramilitarismo en el Caribe se hubiera detenido cuando apenas empezaba.

La decisión moral

En Sincelejo empezó a correr la voz entre las familias de tradición que ya no salían de la ciudad por temor al secuestro: que había que apoyar a los Castaño y a Mancuso; que ellos los librarían de la guerrilla. Hubo reuniones entre las familias. Algunos tomaron la decisión de no respaldar a los paramilitares que llegaban de Córdoba. “No era la manera de hacer las cosas”, dijo una fuente que vivió esos días aciagos. Familias prestigiosas y ricas de toda la vida como los Fadul o los Arrázola prefirieron irse, vender barato o perder la tierra. Otros en cambio, como Salomón el sobrino del reputado y querido doctor Feris,  según cuenta un empresario de Sincelejo, “era jovencito y Carlos (Castaño) lo convenció de que se metiera a esa vaina”. Se volvió el ‘comandante 08’. Su hermano Jorge Luis está en juicio por para-política.

Es el cuñado de Jorge Luis Feris, también de una familia pudiente de la región, Víctor Guerra de la Espriella quien figura en los documentos como el creador de la convivir “Orden y Desarrollo”, en enero de 1997.  Guerra de la Espriella acusado por la Corte Suprema por haber firmado el Pacto de Ralito que, determinó la Fiscalía,  “buscaba construir un nuevo orden por fuera de la política de Estado”, el del proyecto paramilitar. En agosto pasado quedó en libertad porque lo amparó una tutela de la Judicatura.

Según figura en la resolución de acusación contra Guerra de la Espriella, fue él quien apoyó a los paramilitares comandados por Mancuso y Salomón Feris, alias ‘08’, en Sucre con la convivir “Orden y Desarrollo”. En sus denuncias ante el Congreso, el entonces senador Petro también aseguró que esta convivir tuvo además vínculos con Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la empresaria del chance Enilse López.  

Según ‘Diego Vecino’, “Orden y Desarrollo”  en realidad fue la convivir de los ganaderos de Sucre que le encomendaron gerenciar a Guerra de la Espriella. En otras palabras, fue la versión anticipada, del trato Las Canarias, la finca  de Miguel Nule Amín, donde los políticos-ganaderos y los paramilitares formalizaron su alianza para iniciar su proyecto, que el país ya conoce en qué acabó.

La expansión paramilitar sin embargo consiguió todo menos acabar con la guerrilla que era supuestamente su principal objetivo. Esa es la gran ironía de esta historia. Destrozó a las familias más pobres, dejando centenares de viudas y huérfanos con sus almas y patrimonios en ruinas. Despojó a los campesinos de sus tierras y aplastó lo que quedaba de su liderazgo. Asfixió cualquier renovación política cuando apenas empezaba a vivir. Les abrió y limpió corredores de tráfico a los comerciantes de lo ilícito. Les consiguió a empresarios contratos jugosos con el Estado y, por vías legales e ilegales, cosecharon, y en algunos casos lo siguen haciendo hoy, rentas millonarias. Hizo todo eso, pero no acabó con la  guerrilla.

Al contrario, como lo demuestran las cifras, a medida que crecieron las incursiones del paramilitarismo en los Montes de María, crecían los ataques de la guerrilla. Entre 1994 y 1996 el número de homicidios en los municipios de Montes de María y en los vecinos a éstos, prácticamente se duplicó.  Las masacres se multiplicaron por seis en Sucre. Y entre 1996 y 1999, en plena expansión de los paramilitares, los secuestros de la guerrilla se multiplicaron por cuatro.

El terror de unos alimentaba el odio de los otros. Violencia trajo violencia.  Y para cuando se inició el proceso de desmovilización en 2003, la guerrilla en los Montes de María estaba entera y su jefe alias ‘Martín Caballero’ seguía haciendo retenes en las carreteras y volando torres eléctricas. Y así como las Farc con todo su odio no les consiguió una hectárea de tierra a los campesinos, el paramilitarismo con todo su terror no les trajo un día de tranquilidad.

La historia oficial que va quedando del relato de los victimarios, esa de que fue sólo una gesta antiguerrillera que se maleó,  hay que enderezarla. El paramilitarismo y la guerrilla prendieron con fuerza y causaron tanta miseria humana porque se alimentó de venganzas heredadas y odios profundos cosechados en una larga disputa por la tierra que nunca se resolvió. Pero también porque demasiados políticos y empresarios locales,  por miedo, por miopía o por avivatos, se plegaron a los métodos bárbaros, importados por el narcotráfico cuando compró grandes fincas e instauró el sangriento negocio en la región.

La Justicia quedó trunca pues el asesinato de varios de sus más diligentes funcionarios y la expulsión de otros aseguró la impunidad.

El Gobierno Nacional no condujo a su fuerza pública por un camino inteligente de protección de la población civil, sino que la dejó a su suerte, con sus viejas ideas anticomunistas y la nueva corrupción del dinero fácil. Además, con las creación de las Convivir dio vía a libre a cientos de matones en semilla; fue echarle gasolina a un incendio que apenas empezaba a prender.

Y claro está, los asesinatos, amenazas sistemáticas a muchas de las mejores inteligencias de la región, la dejó sin defensas. Llena de miedo, paralizada, la sociedad no tenía a quién recurrir, que no fuera a los mismos victimarios.

Aún así, resistieron muchos valientes, pero les faltó poder para detener la máquina de guerra. Y esta sólo ha dado un respiro a los habitantes de los Montes de María, con la estrategia doble que vino después.  Con la negociación, el gobierno pudo desmovilizar a los paramilitares de los Montes de María, del Dique y la Mojana (con todo y las trampas que pusieron). Y  de la mano de unos oficiales valientes, entre los que se destacó el entonces coronel Rafael Colón, mejor conducidos desde el gobierno Nacional, la fuerza pública enderezó su norte y combatió y desvertebró por parejo a guerrillas y paramilitares.

Este tiempo de mayor reposo ha traído prosperidad a los Montes de María, y muchos tejedores de sociedad, colectivos, alianzas de víctimas, laboratorios de paz, redes de organizaciones sociales, proyectos religiosos –los resistentes del pasado –afanosos buscan construir bases para una sociedad mejor, una que haya aprendido las amargas lecciones.  

A pesar de sus esfuerzos, sin embargo, los bajos fondos de dónde surgió el horrible conflicto siguen ahí:   una tierra mal repartida y una institucionalidad débil incluso para ponerle orden a la titulación  legítima que hoy, después de despojos sucesivos, sigue siendo un rompecabezas; los negocios del narco, que se regulan a balazos, siguen prosperando en el Golfo de Morrosquillo; la misma dirigencia política corrupta y corta de visión, parece que continúa obsesionada por mantener sus privilegios y fuentes de riqueza, sin darse cuenta de que volverán a pagar un precio altísimo en el futuro; algunos miembros de la fuerza pública o políticos que, rezagados en la historia, no dejan de ver a peligrosos comunistas entre los mejores líderes, y siguen matando gente buena en el campo y, lo peor se salen con la suya.

Sólo si cambian estos factores que le sirven de fundamento al conflicto, podrán realmente los montemarianos evitar que su triste historia se repita.

 

La codiciada tierra

Carbon y Sangre en las tierras de “Jorge 40”

“Si esa tierra no tiene esas minas, a nosotros no se nos hubiese hecho lo que nos hicieron”, dice Isabel López* bajo la débil sombra de un mango en el patio polvoriento de su casa en Bosconia, Cesar, donde llegó en 2004 huyendo de su vereda Mechoacán, en la Jagua de Ibirico, desplazada por los paramilitares.

El lamento  se repite en una casita del barrio de invasión 25 de diciembre, al pie de la pista del aeropuerto de Valledupar. Ahí, Ana Ramos*, que se amontona con 17 familiares en dos cuartos, recuerda: “En 2002 salimos volados de El Prado en La Jagua, después de que los ‘paras’ mataron a 12 personas”.

Aunque Ana y María no se conocen, comparten la misma tragedia. En los años noventa, junto a decenas de familias, lograron que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora, ahora Incoder) les adjudicara parcelas en las veredas Mechoacán y El Prado de La Jagua de Ibirico, un municipio a 125 kilómetros al sur de Valledupar, al pie de la Serranía del Perijá.

“En 1990, por la falta de tierra y de oportunidades, nos juntamos con varios compañeros para invadir la hacienda Mechoacán en La Jagua“, le contó a VerdadAbierta.com Ulises Daza*, un campesino analfabeta que hoy sobrevive en Bosconia. Después de varios años de ocupación, el 3 de agosto de 1994 el Incora adquirió las 4.700 hectáreas de Mechoacán por 716 millones de pesos, que repartió entre 133 familias de campesinos sin tierra.

 “Yo tenía una casa con techito de palma, cocina, teníamos carneros, gallinas. Sembrábamos yuca, patilla, naranjas, mandarinas, cocos, mango. Los palos de mango todavía están ahí, lo que ya no existe somos nosotros”, recuerda Manuel Hernández*, ex parcelero de Mechoacán.

Las adjudicaciones de El Prado tuvieron un origen distinto. En1996, 500 colonos colombianos casi crean un incidente diplomático con Venezuela. Tras 20 años de vida en los bosques de la Serranía del Perijá, la Guardia Nacional de Venezuela atacó y desalojó a más de 80 familias que estaban desparramadas en finquitas cafeteras sobre la línea fronteriza.

Después de sobrevivir meses en la escuela de Victoria de San Isidro, un corregimiento de La Jagua, la tragedia de estos colonos se volvió casi un símbolo patrio y la gobernación del Cesar y el Incora los reubicaron en varios predios de la región.

El 21 de mayo de 1997 el Incora compró en 910 millones de pesos la hacienda El Prado, en la Jagua de Ibirico, 1300 hectáreas que el Instituto les entregó a 51 familias.

“En 1999 el Incora nos mandó cartas donde consta que nos da la posesión de las tierras y nos declara sujetos de reforma agraria”, le dijo a VerdadAbierta.com uno de los desplazados de El Prado. Y agregó “cuando llegaron los ‘paras’, nos quitaron esas cartas, las quemaron”.

La estampida

Por esas tierras, en cuyas entrañas hay millones de toneladas de carbón, los paramilitares del Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, asesinaron a 18 campesinos, desplazaron a muchos más y arrasaron a las dos comunidades de Mechoacán y de El Prado.  

 “Los ‘paras’ crearon un ambiente de zozobra y terror generalizado para sacarlos y robarles las tierras” le dijo a VerdadAbierta.com un investigador judicial que lleva varios años siguiendo el caso de El Prado y Mechoacán.

El 19 de mayo de 2002 paramilitares del Bloque Norte entraron a El Prado. Llegaron a la Parcela 12 sacaron a culatazos a Jesús Eliécer Flórez Romero y a sus tres hijos Bladimir, Gustavo y Elyesil, éste último de 16 años. Secuestraron además a Edilberto Góngora, que visitaba la familia Flórez ese día.

La señora Margot Durán, la esposa de Jesús Eliécer Flórez, recordó: “Llegó un grupo de hombres a las 10 de la mañana. Se metieron a la casa y se los llevaron amarrados. No se identificaron pero en medio del susto les pude leer un brazalete que decía contraguerrilla”.  Ella nunca volvió a ver vivos a su marido y sus hijos. Tampoco ha encontrado sus cuerpos.

En entrevista con VerdadAbierta/APIC, Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, uno de los jefes del Bloque Norte, aceptó que fue uno de los asesinos de la familia Flórez.   “Todo esto se hace por las tierras, que son ricas en carbón, esto genera mucho dinero, por esto viene todo este desplazamiento. Una tierra en conflicto no vale nada, donde hay muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos”, dijo.

En una versión libre de noviembre de 2009, ‘El Samario’ también confesó la masacre. Según contó, el grupo de ‘paras’ salió de la finca El Carmen, de Hugues Rodríguez, que colinda con El Prado. ‘El Samario’ le explicó a la Fiscalía: “Ahí estábamos con ‘Tolemaida’ en una reunión con el abogado José Daza Ortiz. ‘Tolemaida’ les sacó información y yo maté a uno, él a dos y José Daza a dos más. Después los sacaron en un tractor y salieron con la retroexcavadora. Los desaparecieron, no sé donde fueron enterrados”. ‘Tolemaida’ es Oscar José Ospina Pacheco, mano derecha de ‘Jorge 40’.

En los meses siguientes los ‘paras asesinaron a siete parceleros más de El Prado: Orlando Arias, Edward Bernal, José Sarabia, Crisanto Quintero, Santiago Francisco Lindarte, Huber Meza y un señor llamado  Jimmy.

‘El Samario’ además le explicó a la Fiscalía que los crímenes eran ordenados por Hugues Rodríguez, el presunto ‘Barbie’ del Bloque Norte, un amigo de infancia de ‘Jorge 40’, y cuya hermana fue asesinada por las guerrillas. Hugues fue condenado en Colombia por el asesinato de la jueza de Becerril Marilys Hinojosa y que ahora está con libertad condicional en Estados Unidos, mientras negocia una condena por lavado de activos con la justicia de ese país.

‘El Samario’ también dijo: “En Justicia y Paz me enteré que estas tierras fueron entregadas a familiares del difunto ‘39’ . Me enteré de esto y que era porque Hugues (Rodríguez) quería expandir sus tierras, porque tenían carbón, de ahí es donde nace todo esto”. David Hernández Rojas era ‘39’, segundo al mando del Bloque Norte.

Hoy Hugues Rodríguez, sus familiares y la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes poseen cerca de ocho mil hectáreas, entre las que están las parcelas de los campesinos usurpados de El Prado y Mechoacán, sobre la mina de carbón El Descanso, una de las  más grandes de Sur América.

En Mechoacán también sacaron a los adjudicatarios del Incora a la fuerza. El 2 de agosto de 2004 Enrique Sierra, alias ‘Peluca’, Adolfo Rada, alias ‘120’ y Erney Quintero, alias ‘80’, gatilleros del Bloque Norte, asesinaron a Luis Trespalacio Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Mechoacán.

“Lucho Trespalacio era conocedor de los principios de la reforma agraria y defensor acérrimo de los campesinos” recuerda Isabel López* en su patio en Bosconia. Los ‘paras’ también mataron a Gabriel Cudri, miembro de la JAC de Mechoacán.

José Herrera*, desplazado de Mechoacán, recordó: “Desde el 99 empezaron a meterse grupos. Una noche mi hijo mayor les dijo que cómo así, que tanto habíamos luchado por las tierras y no se las íbamos a dar así. Me lo iban a matar, por eso me fui a Riohacha. Pero igual los ‘paras’ fueron allá y me lo mataron. Dijeron que fuera donde fuera, me lo mataban, porque no se dejó amedrentar de ellos. Y así hicieron con casi todos los que recibimos esta tierras”.

‘El Samario’ le dijo a VerdadAbierta/APIC que no estuvo en Mechoacán, pero que sabe que allá los asesinatos y el desplazamiento también fueron por el carbón.

¿Cómo se robaron las tierras en El Prado?

Sin embargo la maldición del carbón para los campesinos de Prado y de Mechoacán apenas empezaba.

Cómo la ley 160 prohíbe vender tierras de reforma agraria antes de doce años, los ‘paras’ desplazaron a sus dueños. Después del desplazamiento el Incoder (que reemplazó al Incora) constató que las tierras estaban abandonadas y se las entregó a otras personas.

Según consta en los folios de matricula inmobiliaria donde pocos meses después de las masacres y los desplazamiento, declara que estas tierras están en caducidad administrativa.

Según investigó la Fiscalía, en El Prado ,el Incoder le traspasó las Parcelas 6,9, 10, 45 y 48 a familiares de David Hernández, alias ‘39’, ex jefe del frente Cesar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y mano derecha de ‘Jorge 40’, asesinado en 2004. Cuatro sobrinos de ‘39’ y la compañera de uno de ellos figuran como los dueños.

Los investigadores judiciales también determinaron que el Incoder le dio un tercio de los predios (17 parcelas)  a una sola familia, lo que está prohibido por ley y que, presuntamente con la complicidad de su  director de entonces, Carlos Eduardo Reyes Jiménez, el Incoder de Cesar le reconoció la posesión a los testaferros de los paramilitares. Estos testaferros después le vendieron sus terrenos a Prodeco, multinacional suiza de la minería, según constataron funcionarios de la Fiscalía.

Por el probable origen espurio de los títulos, la Fiscalía ordenó medidas cautelares sobre los predios. Además acusó de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado a ‘39’, ‘Tolemaida’, ‘El Samario’, y al ex gerente regional del Incoder, Carlos Reyes. También solicitó abrirle investigación a otros funcionarios del Incoder: a Enrique Herrera Araujo, asesor de la gerencia, a Jairo Mesa Guerra, subgerente de promoción y a Alfonso Vidal Baute, director territorial del Incoder.

En Mechoacán los muertos firmaron

Para los campesinos de la vereda Mechoacán la venta de sus tierras fue aún más irregular. Cómo los parceleros llevaban más tiempo en sus tierras, ya tenían títulos de propiedad, por lo que los ‘paras’ y sus aliados, según lo determinó la Fiscalía,   tuvieron que recurrir al notario de Chiriguaná, Cesar, para falsificar las escrituras originales.

Tiberio Royero, el notario de Chiriguaná en la época y  Carlos Reyes Jiménez, gerente del Incoder de Cesar  aprobaron nuevos títulos, a todas luces fraudulentos. Así por ejemplo, ya muertos, varios parceleros de Mechoacán firmaron el presunto traspaso de sus escrituras. Es el caso de Esteban Muñoz, que falleció el 15 de agosto de 2006 y que firmó la escritura el 6 de septiembre de 2006, es decir tres semanas después de su deceso.

VerdadAbierta/APIC también encontró diversos documentos donde las cédulas de las personas que salen firmando no corresponden a la identificación real de los parceleros de Mechoacán.

Así mismo varios campesinos analfabetas se quejaron ante VerdadAbierta.com que el traspaso de sus lotes fue refrendado con firmas falsas. “Yo ni siquiera sé firmar. Mi papá sólo nos enseñó a echar machete y ahora mis escrituras salen con una firma perfecta”, explicó a VerdadAbierta.com Ignacio Zuleta*.

Hay que resaltar que en 2003 once campesinos dueños de Mechoacán ya estaban en el registro departamental de desplazados por la violencia, según consta en los archivos de Acción Social. De todos modos, el Incoder  decidió caducar la adjudicación de 26 parcelas, entre las cuales había por lo menos dos que pertenecían a familias desplazadas a la fuerza, ya registradas. Así lo determinó el CTI. El Incoder tenía la obligación de tomar medidas cautelares sobre esos predios y evitar la venta. En vez de eso declaró que las tierras estaban abandonadas, lo que permitió el traspaso de los títulos.

Así, entre los nuevos propietarios de Mechoacán está Ana Alicia Quiroz Martínez, alcaldesa de La Jagua de Ibirico entre 1998 y 2000, condenada en 2009 a cuatro años de prisión por uso irregular dineros públicos. Según un documento de la Fiscalía tenía la parcela 36.

Otro político que se quedó con tierras fue Laureano Enrique Rincón Ortiz, alcalde de La Jagua electo en 2006, destituido en 2007 por la Procuraduría. Según consta en las matrículas inmobiliarias de Mechoacán, en 2006 Rincón aparece a la cabeza de la parcela 75.

A su vez Jorge Alberto López, parcelero original de Mechoacán, se vio favorecido con una entrega masiva de predios y terminó con más de diez parcelas en sus manos. La investigación judicial constató que él adquirió las parcelas 17, 74, 75, 50, 51, 53, 56 y 87, ya sea a su nombre o que “a través de personas interpuestas”.

Por las graves irregularidades el ex notario de Chiriguaná Tiberio Antonio Royero Rangel tiene medida de aseguramiento. Royero, declaró ante la justicia que no es responsable por el robo de tierras, pues lo hizo bajo la presión de los ‘paras’.

Según Royero, en enero de 2006, las autodefensas le advirtieron que tenía que firmar escrituras previamente elaboradas por Enrique Rincón (ex alcalde de La Jagua) y Rina Caicedo Duarte. El ex notario también señaló que Carlos Reyes, entonces gerente del Incoder Cesar, le dio dinero como “parte de pago de los derechos notariales e impuestos de las escrituras que se estaban elaborando”.

¿Quién tiene las tierras hoy en día?

Después de haberse tomado las tierras de Mechoacán y El Prado, los presuntos testaferros de los paramilitares y varios políticos negociaron los predios usurpados con las multinacionales Prodeco y Drummond. Hoy buena parte de esas tierras son devoradas por enormes volquetas y retroexcavadores gigantes que explotan el carbón. Las medidas de protección llegaron demasiado tarde, cuando algunos de estos predios ya estaban siendo explotados por las mineras.

En 1997 el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) y Drummond firmaron un contrato para la exploración y explotación de El Descanso, con reservas aproximadas de 1.760 millones toneladas de carbón. Después de decenas estudios, en 2009 se iniciaron las primeras excavaciones. Además se prevé que debajo de las capas de carbón de El Descanso reposan millones de metros cúbicos de gas.

Como los recursos subterráneos son propiedad de la Nación, las compañías que obtienen las concesiones tienen que conciliar con los propietarios de los predios donde se encuentran las minas o de lo contrario serán expropiados.

Después de cancelar las adjudicaciones a los campesinos y los predios quedaron oficialmente baldíos,  el Incoder pactó con Prodeco y Drummond para entregárselos. Nelson Urbina, defensor de desplazados de El Prado resumió el despojo: “El Incoder les quita la posesión diciendo que se fueron voluntariamente, cuando ellos se fueron amenazados y se metieron otras personas y éstas negociaron con Prodeco. Los que vendieron no son los verdaderos dueños, los suplantaron, porque los verdaderos propietarios se fueron del Cesar”.

Según consta en documentos oficiales, de las 128 parcelas de la vereda Mechoacán, 124 están ocupadas por Drummond. La justicia tiene parte de estas tierras en extinción de dominio, y la carbonera estadounidense necesita comprarlas para seguir con la explotación de la mina.

En diversas oportunidades y a lo largo de varias semanas, VerdadAbierta.com intentó que voceros de la Drummond aportaran su versión de los hechos, y de si tenían o no conocimiento sobre el origen espurio de las tierras que compraron, pero no fue posible recibir respuesta.

El Prado fue comprado por Prodeco, compañía minera de la multinacional suiza Glencore. En un comunicado a la opinión pública de 2007,  Prodeco había informado que su empresa consiguió legítimamente los predios en la vereda, a través de una negociación con el Incoder. Explicó que el gobierno obligó la empresa a comprar los predios a 46 familias que tenían el título de propiedad e informó y que pagó por ellos en octubre de 2008 casi 4.000 millones de pesos. Y que enero de 2009 celebró con el Incoder un Contrato de Promesa de Permuta, donde el Instituto se comprometió a traspasarles la propiedad de El Prado.

En marzo de 2010 la multinacional suiza empezó la explotación de El Prado. Sin embargo algunos desplazados ocuparon los predios. Por eso, según el comunicado, “Prodeco solicitó la ayuda e intervención de la fuerza pública para prevenir y garantizar la integridad de unos y otros”.

La multinacional concluyó que a pesar de haber invertido más de 7.000 millones de pesos en El Prado, por las anomalías de Incoder no ha podido adquirir la totalidad de los predios, e invita las autoridades competentes a resolver la situación.

“Lo que es mío es mío”

En los últimos meses los propietarios originales de El Prado han denunciado la precaria situación en la que se encuentran.  El 14 de mayo de 2010 los campesinos se tomaron la sede del Incoder en Valledupar, que a sus ojos es el principal culpable del despojo, pues al declarar que los predios de El Prado y Mechoacán estaban abandonados permitió que pasaran a manos de testaferros de los ‘paras’.

Nelson Urbina, abogado de desplazados dijo: “Lo que queremos es que les den su propiedad a los legítimos dueños y que se beneficien si posteriormente la misma Prodeco o cualquier empresa minera está interesada en comprarles sus predios”.

Por eso la Procuraduría  abrió una investigación en julio de 2010 y solicitó crear una agencia especial que se ocupe del expediente e indague cuál fue el rol del Incoder en el despojo.

En los últimos meses las autoridades capturaron a José Ospino, alias ‘Tolemaida’, a Wilber Sierra, alias ‘Wicho’ y a Fernando Andrade, alias ‘El Lanero’, que asesinaron y desaparecieron a cinco personas de El Prado.

Sin embargo, Isabel López* aún no canta victoria, pues su situación sigue siendo la misma desde hace casi diez años. A pesar de poseer un lote que vale millones de pesos, vive en una casa de lata en Bosconia, vendiendo empanadas y jugos en los buses intermunicipales que paran en la ciudad.

Por eso dice con rabia y orgullo, “cuando digo que algo es mío, es mío, es mío y no voy a dejar de combatir hasta que me lo devuelvan”.

 

De que están hechos los malos

Cuando Mancuso y sus “Paras” eran pobres

Hernando De Jesús Fontalvo Sánchez, alias ‘El Pájaro’, estuvo desde el principio en el grupo paramilitar que creó Salvatore Mancuso Gómez en Tierralta, Córdoba, a principios de 1991. Fue reclutado Por Edwin Tirado, alias ‘El Chuzo’ en 1992. Ambos fueron soldados del Batallón Coyará, adscrito a la Brigada 11 en Córdoba. Ambos fueron punteros de la expansión del terror paramilitar: a ‘El Chuzo’ le encomendaron que ‘abriera zona’ en Los Montes de Maria y a El Pájaro lo enviaron al Cesar con los primeros 25 hombres armados que llegaron en 1996 para ‘acabar con la guerrilla’. Fontalvo está preso desde 1997.

El día que lo detuvieron, el 4 de mayo de 1997, acompañaba a Salvatore Mancuso y a Rodrigo Tovar, quienes iban para La Guajira a comprar armas y a reunirse con Santa Lópezsierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, porque era un gran contrabandista en Maicao. Querían hablar con él sobre la conformación de un grupo armado en ese departamento. Pero cuando llegaron a Villanueva, se detuvieron porque había unas personas protestando y uno de ellos estaba distribuyendo folletos. Rodrigo Tovar, que todavía no era un paramilitar activo, y era conocido como ‘El papa’, dijo que cogieran al revoltoso, pero cuando ‘El Pájaro’ se bajó con un fusil R9 y se identificó como de la Sijin, el hombre salió corriendo. Uno de sus compañeros ‘paras’ hizo varios tiros al aire y dos personas que no tenían nada que ver con la manifestación, murieron.

Los ex jefes paramilitares y sus acompañantes, que iban en dos vehículos, salieron huyendo al ver que eran perseguidos por una patrulla de la policía, pero más adelante, en Barrancas, los estaban esperando en un retén. Los detuvieron y trasladaron hasta San Juan del Cesar (Guajira), donde pasaron la noche mientras se aclaraban los hechos. A la mañana siguiente, después de sobornar al fiscal y de mover cielo y tierra, Mancuso y Tovar quedaron en libertad junto con Santiago Tobón y otros acompañantes, pero el fiscal que los dejó en libertad dijo que debían quedarse dos de los involucrados. Mancuso le dijo a ‘El Pájaro’, que por su lealtad, se quedaría en compañía de Oviedo, otro de los escoltas. Desde entonces, hace 13 años, Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, está preso. Actualmente se encuentra rindiendo versión como uno de los desmovilizados del Bloque Córdoba y está detenido en la cárcel Las Mercedes de Montería, donde habló con VerdadAbierta/APIC

Fontalvo Sánchez entró a prestar el servicio militar en 1988 en el batallón Cartagena en La Guajira, luego fue trasladado a Urabá y después al batallón Cacique Coyará, Brigada 11 en Córdoba, de donde salió en 1992. Fue reclutado para las autodefensas por Edwin Tirado, alias ‘El Chuzo’, quien había sido del mismo batallón, y ya estaba en las Auc, y solía acompañar a Mancuso a sus visitas a la Brigada.

‘El Pájaro’ conoció a Mancuso antes de retirarse del Ejército. Afirma que hicieron un operativo conjunto en un pueblo que se llama Corea, entre  Montería y Tierralta, donde dieron de baja a tres presuntos militantes del Epl. En una ocasión, después de un operativo en San Marcos, Sucre, ‘El Pájaro’ se regresó al batallón y estando allá, llegaron ‘El Chuzo’ y Mancuso, a quienes les dijo que estaba aburrido. Estos le dijeron que en La Capilla, finca donde tenía montado un campamento Mancuso, había trabajo, que si se quería ir para allá y él se fue. En La Capilla estaban ‘Memín’,’ El Pelúo’, ‘El Pisco’, ‘El Mulo’, ‘Cumbele’; después llegaron ‘Boca e Lobo’, ‘El Cable’, ‘El Pipón’, entre otra docena. “Nosotros hacíamos presencia contra la guerrilla, patrullábamos en caballo toda la zona de Ralito, El Caramelo. Estábamos mal de armamento, pero el ejército nos prestaba fusiles AK y R15’”, dijo a VerdadAbierta/APIC.

En esa época, dice ‘El Pájaro’, Mancuso estaba solo, y los Castaño estaban al otro lado del río. El grupo de Tierralta, es decir el de Mancuso, tenía pocas armas, y fue cuando comenzaron a pedir a los ganaderos para comprar fusiles. El intento de secuestro del ganadero, Hernán Palacio, quien se dio cuenta antes de llegar a su finca que lo estaban esperando, daría un vuelco al grupo. Palacio se devolvió y se fue enseguida para La Capilla, donde él sabía que estaba Mancuso con su grupo y salieron a enfrentar a los guerrilleros. Mataron a cuatro hombres del Epl. “Ahí –dice Fontalvo— recuperamos cuatro fusiles y, después de eso, los hermanos Castaño mandaron a llamar Mancuso para darle más apoyo. Mancuso nos pagaba un sueldo y nos quedaba debiendo dos, él andaba en un Nissan amarillo viejo. El grupo se sostenía con lo que daban los ganaderos y a veces no daban. Era un grupo pobre. En el 93 – 94 se une con los Castaño y comienzan a apoyarlo”.

Los primeros pueblos libres de guerrilla en Córdoba, según ‘El Pájaro’ fueron Ralito, Palmira y el mismo Tierralta, la cabecera municipal. “Nosotros, cuando ya el grupo se organizó bien, entrábamos grupos de 80 hombres y les dábamos duro. Todos los que estuvimos en el grupo de Mancuso habíamos sido militares. El batallón Cacique Coyará era la reserva del grupo. La gente lo veía a uno en camionetas y pensaban que uno estaba bacaneado, pero qué va, también nos tocaba tirar mochila. Y era distinto, en el ejército no le decían a uno vaya a sicarear a fulano. Mientras que en las Auc a uno lo probaban mandando a sicarear a una persona. El que diga que no se asusta cuando fue a matar a una persona está mintiendo, eso es un susto grande. A uno le da temor, uno no sabe cómo va reaccionar la víctima”.

Cuatro años después de haber ingresado al grupo paramilitar de Salvatore Mancuso, Hernando De Jesús Fontalvo fue enviado al Cesar, pues con su experiencia podía ayudar a la creación y consolidación de un grupo armado en ese departamento.

V.A.: ¿Por qué Mancuso fue al Cesar?

Hernando Fontalvo, alias ‘El Pájaro’: La fecha exacta no la sé, pero sí fue de junio a julio de 1996, cuando llegamos a Valledupar. Yo recuerdo que uno de los que trajo la idea de incursionar en el Cesar, fue Jorge Gnecco. Él vino a Montería hablar con Mancuso. Hugues Rodríguez también patrocinó la creación de ese grupo, así como otros Gnecco y los Castro. Íbamos con un médico de apellido Lacouture de acá de Barranquilla, y siempre con Jorge Gnecco, que fue uno de los líderes de esa invasión que se hizo en Valledeupar con las autodefensas. Fue uno de los colaboradores máximos de las AUC en el Cesar. Estuvimos en una finca en Monterrubio que se conoce como ‘La Reforestadora’. La idea nació por el atropello del que eran víctimas los ganaderos del Cesar por la guerrilla.

V.A.: ¿Fue testigo de esa reunión entre Jorge Gnecco y Mancuso?

H.F.: Gnecco llegó a Montería y después nos fuimos para La Capilla. Llegó con sus escoltas, iba en una Dodge Ram blindada que él le pasó después a Mancuso. Nosotros anduvimos un tiempo en ese carro, en Córdoba y en Valledupar.

V.A.:¿Qué buscaba Mancuso en Cesar?

H.F.: La orden era limpiar al Cesar de toda la guerrilla que hubiera. Por eso fue que se hicieron tantas masacres en poquitos meses.

V.A.:¿Cuántos hombres llegaron con Mancuso al Cesar?

H.F.: Primero llegó un grupo de 25 muchachos.

V.A.:¿A quiénes recuerdas que llegaron con ese grupo?

H.F.: De comandante iba ‘Baltazar’, ‘El Negro Medina’, ‘El Rolo’, ‘Guineo’, Jimmy. Toda la gente venía de Urabá y habían recibido entrenamiento en la 35. Estaban también ‘El Flaco’, que había sido de la guerrilla, era guía, también lo conocíamos como ‘Arturo’. y Giovanni, que fue del Epl. Él venía de Urabá a manejar ese grupo porque había un desorden muy verraco.

V.A.:¿Qué pasó con ellos?

H.F.: Ese guerrillero nosotros lo cogimos en Valledeupar, él andaba en una Toyota, en una moto y en una bicicleta, pertenecía al Frente 6 de Diciembre. Nosotros lo capturamos, lo llevamos a la casa, hablamos con él y nos dio muchos positivos de la guerrilla.

V.A.:¿Fue colaborador?

H.F.: Nos entregó información de la guerrilla, pero después lo mataron cuando andaba con el grupo de Baltazar y había estado preso.

V.A.:¿Recuerda un operativo en Bosconia para rescatar a un miembro de la familia Botero?

H.F.: Hubo un operativo, pero eso fue por los lados de Chivolo. La guerrilla había secuestrado a uno de los Botero y nosotros se lo quitamos. Eso fue por los lados del tren.

V.A.:¿Qué frente lo había secuestrado y en qué fecha?

H.F.: El Domingo Laín. Creo que fue en diciembre de 1996. Hubo cuatro guerrilleros muertos.

V.A.:¿Dónde estaban los guerrilleros con los secuestrados, dónde los tenían?

H.F.: Ellos estaban en una casita al lado de una quebrada.

V.A.:¿Ustedes por qué sabían que lo tenía la guerrilla?

H.F.: Nosotros no sabíamos y los guerrilleros no sabían a quién habían secuestrado. Ellos salieron al pueblito, hicieron el retén y se llevaron a los primeros que pasaron. Pero nosotros enseguida montamos un operativo con el señor Mancuso y llegamos a Chivolo, conseguimos 25 caballos y arrancamos para La Estrella, siguiendo el rastro de los secuestradores.

V.A.:¿Cuántos guerrilleros tenían secuestrados al señor Botero?

H.F.: El secuestro fue entre El Difícil y La Estrella y eran como quince guerrilleros.

V.A.:¿Cuántas personas rescataron de ese grupo?

H.F.: Dos de la familia Botero.

V.A.:¿Y ustedes estaban en El Copey cuando ocurrió el secuestro?

H.F.: Nosotros estábamos en El Difícil.

V.A.:¿Qué recuerdas del secuestro de Leonor Palmera?

H.F.: A la hermana de ‘Simón Trinidad… En ese secuestro participaron ‘Baltazar’ y ‘El Negro Medina’.

V.A.:¿Quién lo ordenó y cuánto tiempo estuvo secuestrada?

H.F.: El mismo Carlos Castaño. Estuvo más o menos dos meses en una finca en Urabá.

V.A.:¿Recuerda alguna reunión en el Hotel Sicarare en la que hayan estado presente ‘Jorge 40’ y Mancuso?

H.F.: Nosotros nos quedábamos en ese hotel. Cuando llegamos a Valledeupar, nos quedamos en el Sicarare. Allá iban los ganaderos a hablar con Mancuso.

V.A.:¿Qué ganaderos recuerda que iban a hablar con Mancuso en el Sicarare?

H.F.: Los Genecco, los Lacouture y ganaderos reconocidos en Valledeupar. Hasta una vez la difunta ‘Cacica’ se reunió con Mancuso en la finca de José Matos.

V.A.:¿Sólo con Mancuso?

H.F.: Y con ‘Jorge 40’, que en esa época lo conocíamos como ‘El papa’ Tovar.

V.A.:¿Recuerda si hacían reuniones periódicas con los ganaderos?

H.F.: Había muchos ganaderos que llamaban a Mancuso al celular y le comentaban cosas. Cuando él iba a Valledeupar iba la casa de los Gnecco. También teníamos una casa en el barrio Novalito y allá iban los ganaderos y Federico Sáenz, un ganadero amigo de Mancuso.

V.A.:¿Qué fincas les prestaban?

H.F.: Nosotros llegábamos y nos metíamos a las fincas sin pedir permiso. Nos prestaban la de un señor Matos. Nos metíamos en otra finca, El Potosí, de un señor Alfonso Macías, uno de los dueños de Palmeras de la Costa.

V.A.:¿Entonces, decía al principio que llegaron 25 hombres bajo las órdenes de alias ‘Baltazar’ y de ahí de El Copey salían  a incursionar hacía dónde?

H.F.: Entrábamos  a los pueblos del Magdalena: Monterrubio, Chivolo y Algarrobo. De Algarrobo nos metíamos a Palmeras de la Costa y de ahí salíamos a El Copey y por ahí mismo regresábamos a Algarrobo.

V.A.:¿Por lo que ha dicho en las audiencias, se formaron varios grupos: el de ‘El negro Medina entre otros?

H.F.: Después llegaron 12 muchachos más, que fue cuando llegaron el difunto ‘Pecherón’, ‘Mario’ y ‘El Tigre’, que es el mismo Jhon Jairo Esquivel Cuadrado.

V.A.:¿Y ese grupo dónde se estableció?

H.F.: Nos fuimos para la finca de Matos y en esa finca se le hizo un reentrenamiento a esa gente, ahí en la finca.

V.A.:¿Cómo se llama la finca?

H.F.: Esa finca está cerca de Bosconia. Ahí se hizo un reentrenamiento de quince días antes de hacer la incursión a Codazzi.

V.A.:¿Por qué entraron en Codazzi?

H.F.: Ahí operaba el Bloque Caribe, el Frente 41 de las Farc.

V.A.:¿Quién más les colaboró?

H.F.: También hubo mucha colaboración del Estado, de la fuerza pública. Batallón la Popa, la Sijin de Valledeupar. En el Cesar hubo mucho ganadero, pero el que se reunía con esa gente era Santiago Tobón, era el que recogía las finanzas en ese tiempo.

V.A.:¿A quienes recuerda que se hayan reunido con ‘Jorge 40’ y Mancuso para apoyar las acciones del grupo?

H.F.: Una vez nos reunimos en la casa de Nelson Gnecco. Llegaron muchos ganaderos a esa reunión. Ahí vi a Nelson Gnecco, a Lucas Gnecco, a Pepe Castro, a uno que le dicen ‘El Mocho’. También estuvo el que fue alcalde de Valledeupar, ‘Nando’ Molina.

V.A.:Y un ganadero que se reunió con ustedes en Gálapa cuando tenían secuestrado al comandante ‘Augusto’ del Frente 6 de Diciembre del Eln…

H.F.: Ese fue Hugues Rodríguez y lo acompañó su hermano menor, estaban preguntando por una hermana que les habían secuestrado, pagaron el secuestro y no les entregaron ni el cuerpo.

V.A.:¿En cuáles masacres participó?

H.F.: En la primera del Copey; en la de Monterrubio, donde se nos entregaron siete guerrilleros armados. Pero uno en Justicia y Paz no los puede llamar así por respeto a las víctimas. Nosotros entramos a Monterrubio con brazalete del bloque 41 de las Farc. Cuando llegamos a un campamento en una finca, los que estaban ahí se identificaron como milicianos y estaban borrachos. Estaban vestidos de civil y las armas las tenían guardadas en un billar.

V.A.:¿Y entraron con brazaletes de sus enemigos?

H.F.: Cuando uno iba a entrar a un pueblo de guerrilleros, se hacía pasar por guerrilla y ellos hacían lo mismo donde las autodefensas tenían más presencia. Como ‘Baltazar’ fue miembro del Epl, tenía mucha experiencia con los grupos armados y comenzó a hablarles de camarada y los manes se dieron cuenta que era un comandante y le entregaron las armas. Tenían revólver, pistolas, granadas. Esa gente se mató toda, eran siete. Eso fue en 1996.

V.A.:¿Esa fue de las primeras acciones en el Cesar?

H.F.: Por ahí andaba un grupo que se llamaba el Domingo Laíno, a ellos les dimos muy duro. Eran muy desordenados, cada rato peleábamos con ellos.

V.A.:¿En qué otra masacre participó?

H.F.: La de Codazzi, Cesar. Esa se planeó en la finca de un señor Mattos, que está de Bosconia yendo para El Difícil.

V.A.:¿Quién la planeó?

H.F.: A esa finca trajeron a un informante, a un sapo. Ese informante lo trajo alias ‘Jota’ y a ese informante le decíamos ‘Jotajota’. No sé si era del Eln o de las Farc. Con nosotros estaba Lino Arias, Mancuso, ‘El papa’ Tovar y Mattos.

V.A.:¿Qué discutieron ahí, qué decidieron?

H.F.: Con lo que nos decía el informante, la decisión era golpear a Becerril, La Jagua y Codazzi. Entramos por la vía de Chimichagua, y además íbamos coordinados con el Ejército. Primero golpeamos a Becerril y La Jagua, y después seguimos para Codazzi.

V.A.:¿Y Tovar y Mancuso participaron en ese operativo?

H.F.: Claro, ellos iban en la Dodge Ram de Gnecco.

V.A.:¿Recuerdas en qué momento Rodrigo Tovar Pupo se convierte en ‘Jorge 40’?

H.F.: El se volvió comandante después de que yo caí preso, no sé si en el 98 o en el 99. Pero en el 97, cuando Mancuso llegaba a Valledeupar, mandaba a llamar a ‘El papa’ Tovar, que era como se le conocía. Era el hombre de confianza de las autodefensas en el Cesar. En esa época él era estudiante universitario, nosotros lo acompañábamos de noche a prestarle seguridad. La universidad era cerca a la Plaza Alfonso López. Y de día él se la pasaba en la oficina de su papá en el centro. Pero al señor no le gustaba que fuéramos allá. Estaba sembrando arroz, no era rico, pero tenía sus comodidades. Con Tovar conocimos a Bautista, que era el que nos mostraba a la gente en Valledeupar.

V.A.:¿Cuántos hombres integraban el grupo?

H.F.: Como le dije, al principio éramos 25, pero a los pocos meses éramos casi sesenta, que se dividieron en dos grupos. Uno cogió para Cuatro Vientos y otro que se quedó entre Magdalena y Cesar, que era el grupo que tenía Baltazar.

V.A.:¿Ese grupo de Magdalena y Cesar, dónde tenía la base?

H.F.: En Monterrubio, en la Reforestadora, en Palmeras de la Costa, por los lados de El Difícil.

V.A.:¿Y el grupo de Cuatro Vientos, dónde estaba?

H.F.: De Bosconia hacia Valladeupar, pero llegaba también a los Venados, María Angola y llegaba hasta Valencia de Jesús y la Serranía del Perijá.

V.A.:¿Cuando cayeron presos iban para La Guajira, qué iban a hacer allá?

H.F.: Se iba a montar un grupo en La Guajira, eso fue el 4 de mayo de 1997. Iba Salvatore Mancuso, Tovar, Santiago Tobón (el financiero), Lino Arias Paternina, El Pitufo, un viejo Torres (q.e.p.d.), El Puma, un chofer de Federico Sáenz y mi persona. Íbamos en una burbuja verde y en un Toyota rojo macho.

V.A.:¿Para dónde iban?

H.F.: Para Maicao, se había hablado con Santa Lopezsierra y con ‘El Gordo’ González. Antes de viajar hubo una reunión en la casa de ‘El Gordo’ en Maicao. Habíamos ido tres veces, en una fui con Santiago Tobón, nos reunimos con unos turcos a los que Santiago les planteó unas ideas, les pidió 500 millones de pesos para comenzar con 25 muchachos. La gente estaba de acuerdo, ese mismo día fuimos a ver unos fusiles AK 47 que íbamos a comprar. La vaina iba buena, porque íbamos a entrar con pie firme.

V.A.:¿De dónde venían esas armas?

H.F.: De Venezuela, las tenían unos comerciantes de armas. Salimos de Maicao y antes de llegar a Riohacha nos desviamos y nos estaban esperando en una ranchería.

V.A.:¿Cómo se produjo la captura de ustedes?

H.F.: Nosotros no íbamos en son de matar a nadie, fue una cosa pendeja. Íbamos relajados, yo iba contento porque había entregado el grupo de Cuatro Vientos y en esos días le estaba haciendo la segunda a Lino y me había palanqueado la ida para La Guajira, yo sabía que me iba a ir bien. Mancuso me había dicho que me iba para allá. Ese Toyota rojo era de doña Tere, una hermana de Carlos Castaño. Salimos como a las nueve de la mañana para Maicao, era tarde ya. Yo iba con Mancuso en la burbuja, ‘El Puma’ venía con nosotros. En el Toyota roja iba ‘Jorge 40’ y Lino Arias. Cuando pasamos por Villanueva nos desviamos para coger la carretera para Maicao y ´El papa´ Tovar se dio cuenta que había como una invasión y había un man entregando folletos y ‘El papa’ dijo: ‘Devolvámonos, vamos a echarle mano a ese man’. Nos devolvimos como dos kilómetros. Yo cogí con papel periódico y cinta y tapé la placa, nos devolvimos Lino, ‘El Puma’ y mi persona. Yo me bajo con un pasamontaña y llamo al señor y le digo: ‘somos de la Sijin paisano’. Yo me bajé con un fusil R9. Cuando me vio que me bajé con el fusil se fue corriendo. Cuando me le pego atrás, la gente de la invasión comenzó a tirar piedras y en reacción el compañero mío hizo varios disparos y mató a dos personas que no tenían nada que ver en el asunto, muriendo Zenit Núñez y Toscano Minorta. Y resulta que a éste último, los grupos armados por allá en Pailitas le habían matado unos hermanos, unos familiares, y esos muertos me los cobraron a mí, sin yo nunca haber estado por allá.

V.A.:¿Y dónde estaban Mancuso y Tovar mientras tanto?

H.F.: Ellos esperaban más adelante en la burbuja. Nosotros seguimos el camino como si no hubiera pasado nada. Cuando comienzan a llamar por teléfono a decir que matamos a dos personas y nosotros llevábamos un radio de comunicaciones y nos decían que estábamos calientes. Cuando pasamos por San Juan del Cesar, la policía se nos pegó y le digo a Lino: ‘mira, estamos calientes por hacerle caso a ‘El papa Tovar’. Y aunque le pusimos la pata al carro, adelante nos esperaba un retén. Nos bajamos en el retén, teníamos los papeles en regla, pero los policías no conocían el fusil R9, es parecido a un R15, pero es un 9 mm, esos fueron los fusiles que vendieron a las Convivir; a Mancuso le vendieron 19 fusiles de esos y la pistola Glock.

V.A.:¿Es decir, que ustedes en ese momento estaban con documentos y armas de la Convivir Nuevo Horizonte? ¿Quién era el representante de la Convivir?

H.F.: Mancuso y Santiago Tobón.

V.A.:¿Qué pasó en el retén?

H.F.: Como Lino había sido de la Policía y de la Sijin, él habló con ellos para arreglar el problema. Todo estaba cuadrado, económicamente arreglado, cuando de pronto llega un capitán y dice: ‘No no, aquí nada, nos vamos para Barrancas, Guajira’.

V.A.:¿Cuántos policías eran?

H.F.: Eran casi una contraguerrilla.

V.A.:¿Qué decían Mancuso y Tovar?

H.F.: Mancuso estaba desesperado y comienza a tirar teléfono, llamó a Santander Lópezsierra, al hombre Marlboro, y llamaron al comandante de la policía, Rosso José Serrano. Ya la vaina se había salido de las manos, ya estaba en Bogotá. O sea, el comandante de La Guajira se las cagó porque reportó a Bogotá, y las armas eran legales. Pero un trabajador de Mancuso, dejó un chaleco y adentro había una granada. Como él había venido con sus escoltas desde Montería, no sabíamos que traían. Él en ese tiempo andaba con ‘El Gordo’,  el mismo ‘120’. Y a ‘120’ fue al que se le olvidó la granada,  porque lo mandaron para una finca en Urabá. El capitán se pegó por la granada, no tocó el tema de las armas que llevábamos porque tenían licencia y eran de la Convivir.

V.A.:¿Tampoco dijo nada por los muertos?

H.F.: Nada, si los muertos ya se estaban cuadrando; todo eso se estaba cuadrando. El capitán pidió plata y también se le dio. Mancuso hasta lloró esa noche allá y Tovar estaba desesperado.

V.A.:¿Qué pasó cuando llegaron a Barrancas?

H.F.: Nos quitaron los celulares, nos quitaron todo. Alcanzamos a encaletar un celular, que con eso era que se comunicaba Mancuso con Castaño. Mancuso creía que nos iban trasladar para Bogotá. Dice de pronto el ‘Mono’: ‘Si la vuelta se complica toca dejar aquí a ‘Luchón’ y al ‘Pitufo’. Luchón era el chofer de Federico Sáenz. Él no tenía nada que ver en el cuento en el que estábamos nosotros. Él iba a buscar un carro de Federico en Maicao y nosotros le dimos el chance. Cuando de pronto dice Mancuso: ‘Bueno Pájaro, usted siempre ha sido leal a la causa, usted siempre ha estado conmigo’.

V.A.:¿Y cómo llegan a la decisión de que se  quedaba uno y se iban los demás, si estaban todos en el mismo problema? ¿Alcanzaron a estar tras las rejas Mancuso y Tovar?

H.F.: Claro, ahí en Barrancas, en los calabozos de la policía. Llegamos casi a las cinco de la tarde, porque habíamos estado tratando de negociar con el capitán de la policía.

V.A.:¿Y si el capitán no se transó, qué hicieron?

H.F.: Dormimos esa noche en los calabozos. Le tomaron foto a las armas, pero la granada nunca apareció en la foto, porque se había cuadrado con el capitán que no la metieran. En la noche Mancuso decía, si hay problemas se quedan ‘El Pájaro’ y ‘El Puma’, que nosotros los sacamos. Pero la orden que le había dado el viejo Carlos Castaño a ‘Doble Cero’ era que sí a nosotros nos echaban para San Juan del Cesar, la orden era meterse 200 tipos armados a San Juan para sacarnos de ahí. Baltazar alcanzó a mover gente de Urabá y el comandante del operativo era ‘Doble Cero’. A la mañana siguiente arrancamos para San Juan del Cesar, ya la gente de Baltazar estaba cerquita de Valledeupar. Nos trasladan para allá, porque es la sede de la jurisdicción del fiscal, que se llamaba Rodrigo Daza.

V.A.:¿Qué pasó en San Juan del Cesar?

H.F.: Mancuso y Tovar consiguieron un abogado ahí en el pueblo y comenzó a entenderse con el fiscal y afuera de la policía, la gente tenía una murga, un escándalo por los dos muertos. La gente preguntaba qué quiénes éramos, no sabían. Llegaron con el personero, era el que estaba dando pedal. A ese personero, a los tres días, lo mandaron a matar.

V.A.:¿Al personero de Villanueva?

H.F.: Sí señor, porque ese era el que le estaba dando pedal a la gente. Ahí se cuadra con el fiscal y con el capitán se había arreglado que no reportara la granada, pero en la mañana se presentó y se torció. Ya el capitán había cogido la plata, pero reportó la granada. Ante eso el fiscal dijo: ‘tienen que quedarse dos’. Al fiscal lo negociaron por treinta millones de pesos.

V.A.:¿Rodrigo Daza es su nombre?

H.F.: Sí señor y estuvo preso por estos hechos. Yo hablé con él en Ríohacha.

V.A.:¿Y de dónde sacaron la plata para negociar al fiscal y al capitán?

H.F.: Mancuso y Tovar llevaban una plata para comprar unas armas, se gastaron como 80 millones de pesos y consiguieron más plata, porque Santiago Tobón, el financiero mandó a buscar una plata a Valledeupar. El fiscal dijo que dejaba libre a seis para calmar la murga de la gente del pueblo, pero que se quedaban dos por la granada, pero que en 20 días un mes él resolvía eso y nos íbamos de libertad. Entonces se monta el embuste que nosotros habíamos recogido al Ejército en Urumita y los soldados habían dejado la granada botada ahí. Pero como vieron que soltaron a Mancuso cayó la fiscalía de derechos humanos.

V.A.:¿Y en esa época Mancuso ya era conocido?

H.F.: Claro, pero cuando lo sueltan se tira para el monte enseguida, porque le sale orden de captura. Y para devolverse para Córdoba lo vino a recoger el comandante de la policía de allá. A él lo sueltan el 5 de mayo, el que estaba de comandante en Valledeupar lo sacó y lo entregó más adelante y enseguida se perdió en el monte. A los 20 días mataron al personero de Villanueva y me condenan por ese proceso. Es tan sucia la fiscalía de derechos humanos, un fiscal allá en 1997 se inventó las pruebas y nunca me aceptaron los alegatos. Pedimos la prueba del guantelete y nunca me la hicieron, a los fusiles no le hicieron la prueba de balística y nunca fueron disparados y donde encontraron a los muertos, estaban los casquillos pero no eran de los fusiles de nosotros. El proceso fue tan amañado contra Oviedo (el otro procesado), y mi persona, que nos reconocieron por fotos y pusieron a testificar en contra nuestra a un guerrillero que estaba preso en la misma cárcel con nosotros y con quien Oviedo había hablado algunas cosas de los hechos. Y pusieron a una cuñada de ese guerrillero a testificar contra nosotros y no nos conocía. Por esos hechos nos condenaron a 55 años de cárcel.

V.A.: Mancuso le dijo: ‘quédate que yo te saco en un mes’. ¿Qué pasó después?

H.F.: Nos echaron para Ríohacha. Allá hablan con una fiscal, me acuerdo que el apellido era Cabezas. Allá me llamó un amigo de Mancuso y me dijo que ya el fiscal estaba cuadrado, que no había problema. A él le decíamos M1, pero no lo conocí. Pero la fiscal esa como que se paniquió, se abrió de Barranquilla y se robó la plata que le habían dado para que nos soltara. Después nos pusieron a un abogado que resultó ser ladrón y embustero, se llamaba Carlos Gamarra. Ese señor revolvió todo y dañó ese proceso. Mancuso se gastó más de 180 millones de pesos pagando abogados y no tuvimos defensa.

V.A.:¿En el año en que estuvo en Cesar participó en acciones militares con Rodrigo Tovar?

H.F.: Él entró a Codazzi.

V.A.:¿Cómo era Rodrigo Tovar, lo alcanzó a conocer?

H.F.: En el tiempo que estuvimos en Valledeupar, nosotros vivíamos en el mismo barrio Novalito, era un señor bien. Nosotros vivíamos en una casa al lado de la Coca Cola, creo que esa casa era de Jorge Gnecco. Ahí estábamos Brayan, Camilo, ‘la Mona’, Santiago Tobón y Mancuso tenía un cuarto ahí.

V.A.:¿Quién era la Mona?

H.F.: Era sicaria también, ella era de Medellín. La última vez que la vi, me fue a visitar a La Picota, me regaló ropa y tres millones de pesos. Me dijo que estaba trabajando por los lados de Amazonas.

V.A.:¿Por qué se convirtió ‘Jorge 40’ en jefe del Bloque Norte?

H.F.: Mancuso y el viejo Carlos lo querían mucho, porque desde que llegaron los grupos al Cesar, él no se le despegaba de la pata a Mancuso. Siempre estaba atento y si uno le decía ‘Papa’ necesitamos tal cosa,  ‘El papa’ estaba ahí; a él le gustaba la milicia.

 

Las confesiones de un narcotraficante

El ventilador de 'El Tuso' Sierra

Por: Elespectador/APIC

El Espectador/APIC revela la declaración que le entregó a Justicia y Paz el extraditado paramilitar. Salpica a políticos, generales y otras autoridades.

“Ser amigo de la ‘Oficina de Envigado’ era estar in”. “Se trabajaba en llave con el CTI, la Fiscalía, el Ejército, el DAS y la Policía”. “El contacto en la Policía era el mayor Francisco Rodríguez, quien fue asesinado en la guerra contra ‘La Terraza’”. “Había uno al que se le pagaban $28 millones, el coronel Luis Alberto Moore Perea”. “El general Mario Montoya era de la nómina de la ‘Oficina’. No me consta, pero oí hablar de $20 millones”. “Yo entraba a la Gobernación de Antioquia como Pedro por su casa, pero no como Job a la Casa de Nariño”.

Estas revelaciones forman parte de la extensa versión que el pasado 20 de septiembre, desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, dio a una fiscal de Justicia y Paz el extraditado narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra. Vestido con uniforme a rayas verdes y blancas, rapado y contando chistes, El Tuso contestó una a una las preguntas de la fiscal. Al principio parecía olvidar detalles, pero pidió un café y dijo: “El cafecito es una bendición, le va abriendo a uno la memoria”. A renglón seguido, en relación con ‘amigos’ que lo habrían olvidado dijo: “El muerto y el preso a los tres días huelen maluco”.

Entonces se despachó. Expresó que el capo y mandamás del paramilitarismo, Diego Murillo, alias Don Berna tenía una ONG, que a su vez contaba como asesor político con el ex viceministro de Trabajo Augusto Pineda. El hijo del político Pineda oficiaba como abogado de los desmovilizados de Antioquia. También mencionó a Hernán Gómez como asesor de Carlos Castaño y añadió que en los tiempos de la alcaldía de Sergio Naranjo, en Medellín, todos los ‘paras’ ayudaron a elegir como concejal a Diego Arango. La orden fue votar por él. Ya en tiempos más recientes, la historia se repitió con Rocío Arias. Ahí hubo —dijo— “constricción (sic) al votante, como dicen los abogados”. La fiscal lo corrigió: “Constreñimiento al elector”.

El Tuso subió el tono de sus acusaciones. Contó que la presión a la gente no se hacía con amenazas sino con mercados, útiles, fiestas, juguetes y hasta brigadas de salud. En una ocasión en las comunas el Día de la Madre se compraron 10 mil juegos de cubiertos plásticos. El dinero para financiar estas ‘vueltas’ salía de donaciones hechas por los hermanos Gallón Henao (reconocidos caballistas, uno de ellos condenado por vínculos con las autodefensas), Luis Hernando Gómez, alias Rasguño; Dagoberto Giraldo, alias Perchi, Nicolás Bergonzoli, viejo conocido del cartel de Cali, y Rodrigo Tamayo, ex presidente del Deportivo Independiente Medellín, también procesado por lavado de dinero.

Afirmó El Tuso que con estos regalos a manos llenas amarraban votos, que una vez repartieron cuadernos que en la carátula tenían la foto de Rocío Arias, condenada por parapolítica, al lado de Don Berna. Entonces recordó una anécdota en la que Arias le dijo a Murillo que lo querían tanto en las comunas que en las casas había una imagen de él al lado del Sagrado Corazón de Jesús. Antonio López, alias Job, Carlos Mario Ochoa, Douglas, Memín, Guayo, Negro Elkin y Plomo Benítez, seguían las instrucciones ‘electorales’ de Don Berna. La elección de Arias al Congreso estaba asegurada porque también era íntima de Ernesto Báez. .

En términos generales, la ‘Oficina de Envigado’ trabajaba a sus anchas y en llave con las autoridades. Ante la pregunta de la fiscal de cómo lo lograba, El Tuso contestó: “Con platica”. Y añadió que los pagos para corromper los manejaba Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, un ex integrante de la Fiscalía que se entregó a la DEA en Argentina y hoy cuenta, como Sierra, sus verdades como delincuente en Estados Unidos. El capo Sierra dijo que en la Fiscalía de Medellín contaban con la colaboración de Úber Duque. “A él y a sus trabajadores se les pagaban $5 millones mensuales”. En la Policía ocurría igual. El contacto era el mayor Francisco Rodríguez, asesinado en un ajuste de cuentas de la mafia.

Y en la nómina de la ‘Oficina’ había desde coroneles hasta policías rasos. Entre ellos, dijo Sierra, el entonces coronel Luis Alberto Moore, quien alcanzó el grado de general y pasó al retiro hace poco. De Moore, el capo relató que los supuestos $28 millones que se le giraban se los entregaba Dagoberto Giraldo, la oficina de cobro y él mismo, a cambio de información de operaciones, allanamientos o colaboración con traslados. Por ejemplo, El Tuso contó que en el municipio de Andes había un capitán Bonilla que molestaba mucho, y a petición de ellos lo mandaron para Frontino.

En alguna ocasión, al mayor Francisco Rodríguez lo trasladaron para la Dijín en Bogotá y entonces fue necesario acudir al senador Mario Uribe Escobar, quien logró que lo devolvieran para Medellín, donde fue clave para las operaciones de la ‘Oficina de Envigado’. El extraditado narcotraficante manifestó que el congresista fue a donde el director de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert, para mediar por el oficial —quien se ganaba $5 millones con los ‘paras’— y aclaró que si bien Gilibert desconocía los motivos del traslado y sólo quiso ayudarle de buena fe al congresista, por el contrario Uribe Escobar sí sabía que estaba ayudando a ilegales. “No a las autodefensas, sino a mí, y él sabía quién era yo, en qué mundo andaba y quiénes eran mis amigos”.

Por su rango, Rodríguez no podía asumir como director de una unidad élite antiterrorista en Medellín, pero lo dejaron encargado porque, al decir de El Tuso, “con rosca todo se puede”. Pero no sólo estaba la Policía. Según el ‘narco’, en la IV Brigada del Ejército también le ayudaban, señaló al general Mario Montoya como parte de esa nómina y manifestó que recibió información de operativos. Otro de los salpicados fue el coronel Augusto Betancur, quien llegó a ser director del DAS en la capital de Antioquia, y también echó al agua a un coronel de apellido Forero, de quien resaltó tenía estrechos vínculos con ellos, al punto que El Tuso le dio $108 millones para, presuntamente, montar la emisora en el Batallón Cacique Nutibara.

Sobre el detenido Mario Uribe expresó además que le hizo muchos favores. Por ejemplo, la compra de la finca La Palmira, en Andes, por $1.600 millones, que El Tuso le entregó después por una deuda de mafia a Miguel Ángel Mejía, alias El Mellizo. Añadió que le pagó a Mario Uribe por cuotas en efectivo, en su apartamento, en su oficina y en sitios públicos de Medellín y a personas que trabajaban con él, como su hermano Víctor Horacio. Y recordó que en el transcurso de esa transacción viajó con este último a España y allá le hizo otro abono en pesetas.

Dijo que en Madrid los recibió Ignacio Guzmán, ex cónsul de Colombia en Miami y alfil de la Gobernación de Antioquia en tiempos de Álvaro Uribe Vélez. “Íbamos asegurados. Para que no nos fueran a poner problema, ¿qué más que pasaporte diplomático?”. Agregó que el motivo de su viaje, que se extendió por 20 días, fue establecer contactos con españoles para envíos de droga. Pero aclaró que Víctor Horacio fue ajeno a estas ‘vueltas’. En cambio sí señaló a Mario Uribe con otros negocios.

Por ejemplo, dijo que con la compra de la finca La Palmira, Uribe adquirió otro predio en el Cañón del Cauca, llamado Marichú, y aseveró en tono burlón que ese negocio se hizo con todos los papeles en regla. Que luego El Tuso le cedió un apartamento en Medellín, el 801 en el edificio Saint Etienne, y a cambio recibió uno en Andes, en una torre que había construido el senador, y otro en Medellín. Luego reconoció que fue vecino del ex congresista, que en una ocasión le regaló una Toyota burbuja y un montero Mitsubishi, así como un reloj de US$600 marca Raimond Weil. “Esos negocios los tengo en una contabilidad, que no es como la del almacén Éxito, doctora, sino en papeles”. Sostuvo además que un empresario identificado como Luis Fernando Muñoz, alias Millos, quien le lavó dinero, era socio de Ignacio Guzmán y él sabía “de los negocios ilícitos de Millos”.

Por último, El Tuso Sierra arremetió una vez más contra Mario Uribe, manifestando que le ayudó en campañas políticas antes de 2002 con pancartas, propaganda y camisetas. Que un día en que Uribe “necesitaba moverse rápido” hacia Andes y Jardín le puso un helicóptero que valía la hora entre US$700 y US$1.000. “Político que se respete no gasta plata”. Las confesiones de Sierra no dejaron títere con cabeza y el siguiente en la lista fue el congresista Óscar Arboleda Palacio. De él recordó que en el suroeste de Antioquia se imprimieron camisetas en las que por un lado estaba la cara de Mario Uribe y por la otra la de Arboleda. Y no sólo eso. Arboleda financió su campaña con algunas rifas y El Tuso le compró muchos talonarios. Al congresista lo conoció, según relató el ‘narco’, a través del ex viceministro de Justicia Francisco Zapata.

En ese momento rememoró que durante la gobernación de Alberto Builes se movía en su despacho como Pedro por su casa. “Pero no como Job en la Casa de Nariño”, porque, según él, aunque entraba por el sótano subía por el ascensor del gobernador. Y soltó otro dato, que recomendó al abogado Sergio González —el investigado defensor de Tasmania— para ser revisor fiscal en Corantioquia. Para tal fin contó con la ayuda de Mario Uribe y Óscar Arboleda. Al final de su confesión dejó una perla más: habló de una reunión entre Rogelio y Mario Uribe a la que asistió en calidad de subdirector de El Colombiano Sergio Fajardo. Fue la época en la que Carlos Castaño ordenó secuestrar políticos y había una orden para hacerlo con Mario Uribe, por lo cual El Tuso se vio obligado a interceder.

Juan Carlos Sierra añadió que se hablaba de unas grabaciones en las que supuestamente se relacionaba a Fajardo con la banda de ‘La Terraza’ y por eso lo querían matar. Después, confesó El Tuso, en ese encuentro se aclaró el malentendido, pues no era Fajardo quien aparecía en las citadas conversaciones. “Mario mandó llamar a Sergio para aclarar la situación con Rogelio”.

El Espectador se comunicó con varios de los mencionados (o sus defensores) por El Tuso Sierra. El congresista Óscar Arboleda aceptó que conoció al narcotraficante, pero que sólo se encontró con él en dos o tres ocasiones en un lavadero de carros en la avenida Las Vegas en Medellín, donde le hacían aseo a su vehículo. “Mi hoja de vida ha sido limpia. En este río revuelto todo el mundo quiere pescar”, enfatizó. Entre tanto, el abogado Gabriel Jaime Tobón, defensor de Mario Uribe, aseguró que el testimonio de El Tuso esta “imbuido de venganza”. “No deja de sorprendernos que estas declaraciones se produzcan en las postrimerías del proceso que se le adelanta en la Corte a Mario Uribe. Me parece que le están cobrando la extradición que autorizó su primo, el entonces presidente”, advirtió Tobón.

A su turno Sergio Fajardo, sin dar mayores detalles, sostuvo que hará un pronunciamiento de fondo en las próximas horas. De otro lado, en muchas ocasiones el general Montoya ha reivindicado su inocencia cuando lo han relacionado con grupos ilegales. En todo caso las delaciones de El Tuso deberán ser examinadas por la Fiscalía, aunque muchos de los mencionados han servido desde la orilla de la oficialidad y jamás han tenido líos judiciales.

 

Consejo de Estado recibirá testimonios de ex 'paras' en caso del senador Cáceres

Por: Elespectador/APIC

Corporación estudia una demanda por pérdida de investidura que pesa en su contra, al margen del proceso de parapolìtica que cursa en la Corte Suprema.

Los testimonios que por parapolítica han rendido tres de los ex comandantes paramilitares en contra del senador Javier Cáceres también serán analizados por el Consejo de Estado, que estudia una demanda de pérdida de investidura en contra del dirigente.

La alta Corporación analizará lo atestiguado por Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; y Úber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’.

Se espera que de los testimonios de estos tres ex comandantes de las Autodefensas que militaron en la Región Caribe de Colombia se recopile el material probatorio tendiente a establecer si el senador incurrió o no en violaciones al deber que le impone la investidura parlamentaria.

El dirigente es sindicado de haber establecido pactos con hombres del Bloque Norte y del frente Héroes de Montes de María de las Autodefensas, con el fin de hacerse a una curul en el legislativo en las elecciones de 2002.

De acceder a las pretensiones del demandante, Javier Cáceres, que fue vinculado al escándalo de la parapolítica, quedaría inhabilitado de por vida para aspirar a cargos de elección popular, por cuanto sufriría lo que se conoce comúnmente como ‘la muerte política’.

 

El comandante paramilitar ‘Diego Vecino’ habla de sus relaciones y encuentros con empresarios y políticos de la costa Atlántica.

‘La Gata’ , ‘El Turco’ Hilsaca, Vicente Blel, William Montes , José María Imbeth, Álvaro García Romero, Jorge Anaya, Muriel Benito, Nelson Stanp, Walberto Estrada, Javier Piedrahíta, Miguel Ángel Nule, Joaquín Garcia, Elías Vélez, Humbertico Guevara Tamara, Jaime Isaac Nadér y otros.

Afirma que es el gestor del “proyecto político y social”, con el que los paramilitares permearon diferentes instituciones de elección popular en la Costa y captaron recursos públicos.

‘Diego Vecino’ dejó las armas el 15 de julio de 2005 con el Bloque Héroes de los Montes María, grupo al que la Fiscalía le ha documentado más de 10.200 delitos. El pasado 17 de febrero la Corte Suprema de Justicia negó su extradición a Estados Unidos, para que primero responda por sus crímenes en Colombia.

La parapolítica y ‘Diego Vecino’

Luego de consolidar su poder militar entre Sucre y Bolívar, los hermanos Castaño buscaron distintas formas para infiltrarse en instituciones del Estado para obtener beneficios políticos y económicos. El encargado de liderar estos escenarios en los Montes de María fue ‘Diego Vecino’.

El ex jefe de las Auc le contó a VerdadAbierta.com que su estrategia se basó en organizar a las comunidades para que “escogieran” a sus líderes y gobernantes, tanto en elecciones para cargos del Ejecutivo y del Legislador.

Según ‘Diego Vecino’, uno de los objetivos de esta estrategia era combatir el caciquismo y las roscas políticas. Es así como uno de los primeros en llegar al poder con el apoyo de los paramilitares fue Sabas Balseiro, quien ganó las elecciones para la Alcaldía de San Onofre para el periodo 2001-2003.

Uno de los argumentos que el desmovilizado utilizó para que los simpatizantes de las Auc fueran elegidos, se basó en que llegaran a los puestos públicos personas oriundas de veredas y corregimientos, que nunca tuvieron representantes de esas regiones.

Para lograr esto, los hombres de ‘Diego Vecino’ elaboraron censos y juntaron los votos de diferentes regiones. Bajo esta modalidad, Guillermito Gómez llegó al Concejo de San Onofre, representando los corregimientos de Rincón y Verruga.

En esa ocasión los ‘paras’ ubicaron tres concejales más, y uno de ellos representaba las poblaciones de La Libertad, Buenos Aires, Bajonal y Pajonalinto.

Otra de las personas que se convirtieron en políticos con el apoyo de ‘Diego Vecino’ y su grupo paramilitar fue Nelson Stanp. Según el ex jefe paramilitar, Stanp era un abogado reconocido en San Onofre, que se hizo amigo de ‘Cadena’ y atendía casos de ‘paras’ capturados.

Con la ayuda del grupo paramilitar, Stanp fue elegido diputado de Sucre en las elecciones de 2003 para el periodo 2004-2007. Al respecto, ‘Diego Vecino’ afirma que “’Cadena’ y yo lo llevamos a la Asamblea, y fuimos la mayor votación para las elecciones del 2003. Lo llevamos a la Presidencia de la Asamblea”.

Para el ex jefe paramilitar, uno de los mayores logros de su “proyecto político” fue haberse ganado las cinco alcaldías del Golfo de Morrosquillo en las elecciones de 2003. De esta manera, los ‘paras’ tenían control en los municipios de San Onofre, Toluviejo, Tolú, Coveñas y San Antonio de Palmito.

Otros parapolíticos que mencionó ‘Diego Vecino’ en la entrevista son: Oliverio Oliver, en la Alcaldía de Sincé; Rafael Tovos, en la Alcaldía de Sampués; Walberto Estrada, en la Asamblea de Sucre (junto con Nelson Stanp); Jorge Anaya, en la Gobernación de Sucre, y Muriel Benito, en la Cámara de Representantes en 2002.

"El golpe de estado de ‘Cadena’"

‘Diego Vecino’ declara que después de 2003, él recibió un “golpe de estado” por parte de ‘Cadena’, que era el encargado de la parte militar del bloque, para apropiarse de recursos públicos y hacer alianzas con los políticos tradicionales.

Por esta razón, el ex jefe paramilitar considera que el manejo político de los paramilitares en Sucre “terminó siendo demasiado degradado, demasiado sucio. Esas alianzas, el juego al que se prestó, y al que se prestó ‘Cadena’, fue por un único interés económico”.

‘Diego Vecino’ afirma que ‘Cadena’ dispuso parientes y personas cercanas en diferentes cargos públicos. Entre las personas que nombró asegura que Oswaldo Ayala, un cuñado de 'Cadena', fue nombrado Secretario de Educación; y una sobrina de su esposa, fue designada directora del hospital de San Onofre.

Por otro lado, agrega que los paramilitares apoyaron la candidatura de Jorge Anaya para la Gobernación de Sucre, por las presiones que ejerció ‘Cadena’; mientras que inicialmente él planeaba apoyar a Édgar Martínez.

Manejo de recursos públicos y contratos

Para controlar la contratación de los municipios del Golfo de Morrosquillo, ‘Diego Vecino’ y los alcaldes de esos cinco municipios crearon una cooperativa a la que denominaron Coopsabana.

El ex jefe paramilitar explica que creó esa cooperativa para que hiciera la interventoría de los contratos y no se robaran el dinero de las obras públicas. Según él, ese control se realizó para demostrar que su proyecto político sí daba resultados, “porque a mí me interesaba mostrar que esas nuevas administraciones eran distintas (…) que estaban comprometidas con el desarrollo económico y social de los municipios”, señala.

Pero según ‘Vecino’, tras el “golpe de estado” que le dio ‘Cadena’, Coopsabana se convirtió en el “peor factor de desangre del erario”. De acuerdo con su relato, esa cooperativa se volvió la principal contratista de todos los municipios y la dueña de los contratos de Coveñas, que se quedó con el dinero de grandes obras que no realizó.

Entre las obras que menciona el ex jefe paramilitar se encuentra el acueducto de Coveñas. Según él, “Coopsabana contrató el acueducto y hoy no hay un vaso de agua”.

Para ‘Vecino’, una de las posibles causas de la desaparición de ‘Cadena’ se debe a la lucha por el control de los millonarios recursos de la contratación pública. El desmovilizado asegura que por este enfrentamiento, también fueron asesinados dos de las personas más allegadas a ‘Cadena’ en la parte financiera: Willer Cobo y Humberto Frasser.

El ex jefe paramilitar asegura que Frasser fue el primer representante legal de Coopsabana, pero que luego de una pelea con ‘Cadena’, fue reemplazado por Robert Chávez, quien fue jefe de Presupuesto en la alcaldía de Coveñas de Pedro Patrón en 2002.

La reunión de Las Canarias

‘Diego Vecino’ habló de esta reunión que los paramilitares hicieron en 1997 con varios ganaderos y comerciantes de Sucre. A ella asistieron él -cuando todavía era ganadero-, Salvatore Mancuso y Carlos Mario García, alias ‘Doble Cero’.

El ex jefe paramilitar asegura que en esa reunión Mancuso y Javier Piedrahíta hablaron de su Convivir en Córdoba, mientras que ‘Doble Cero’ habló del proyecto paramilitar.

Entre los asistentes a la reunión que mencionó se encuentran Javier Piedrahíta, Miguel Ángel Nule, Joaquín Garcia, Elías Vélez, Humbertico Guevara Tamara, Jaime Isaac Nadér, Gustavo Vergara Razo, Gustavo Vergara Razola, Ángel Villareal, entre otros.

‘Vecino’ le dijo a VerdadAbierta.com que no recordaba si el ex senador Álvaro García, que recientemente fue condenado a 40 de cárcel por parapolítica y la masacre de Macayepo, no asistió a esta reunión.

En sentido contrario, la Corte Suprema estableció que el ex congresista García sí participó en esa reunión y sostiene que ésta se decidió unificar los diferentes grupos de paramilitares y conformar el Bloque Héroes de los Montes de María.

Según la Corte, entre los asistentes estuvieron el ganadero Joaquín García Rodríguez, reconocido auspiciador de esta clase de organizaciones; Javier Piedrahíta, Salvatore Mancuso y el Senador Álvaro García Romero, en la cual, luego de finiquitados los temas de financiación y sostenimiento del nuevo grupo, Piedrahíta postuló para su comandancia a Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’.

‘La Gata’ y ‘El Turco’ Hilsaca en El Carmelo

El ex jefe paramilitar dijo que sólo vio en una ocasión a la empresaria del chance Enilse López -conocida como ‘La Gata’- y al comerciante momposino Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. Ese encuentro fue en la finca El Caramelo, en donde los ‘paras’ se reunieron con varios políticos para definir la Gobernación de Bolívar en 2003.

Entre los asistentes que ‘Vecino’ mencionó se encuentran los ex congresistas Vicente Blel, William Montes y José María Imbeth, y en ésta se definió apoyar la candidatura de Libardo Simancas.

‘Vecino’ aseguró que ‘La Gata’ fue a esa reunión con un obispo de Magangué porque ‘Juancho Dique’ la declaró objetivo militar y quería asesinarla. Sobre Hilsca, dijo que en esa ocasión estaba presente y no lo volvió a ver más.

Cazando caciques políticos

‘Diego Vecino’ le contó a VerdadAbierta.com que se atribuye la derrota de los Guerra Tulena y de los Guerra de la Espriella en las elecciones del Congreso de 2002. Según él, por los paramilitares se quemaron Julio César Guerra, candidato al Senado y su fórmula a la Cámara; además de Antonio Guerra, que aspiraba al Senado y Aníbal Monterrosa que era su fórmula a la Cámara.

Otro de los caciques que estaban “entre ceja y ceja” de ‘Diego Vecino’ para que no llegara al Congreso es el hoy condenado ex senador Álvaro ‘El Gordo’ García. El ex jefe paramilitar señala que aunque García llegó al Congreso, su votación se redujo.

 

'Juancho Dique' salpica a Javier Cáceres

El ex jefe ‘para’ dijo que presuntamente se reunió con Javier Cáceres, el actual presidente del Congreso, para hacer pactos políticos y garantizar la seguridad en Bolívar de varios aliados del senador de Cambio Radical.

En el juicio contra el ex congresista Miguel Ángel Rangel el ex jefe paramilitar Uber Enrique Banquéz , alias ‘Juancho Dique’, relató ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los detalles de una presunta reunión que tuvo con el senador Cáceres en Yanguma, un corregimiento al norte de Bolívar.

Según ‘Dique’, que fue uno de los jefes del Bloque Héroes de los Montes de María, el senador de Cambio Radical presuntamente le pidió que respetara la actividad política de varios líderes de la región que estaba respaldando. ‘Dique’ aceptó y como contraprestación le ofreció al senador hacer parte del movimiento político impulsado por los paramilitares que operaban en Bolívar.

El ex jefe paramilitar aseguró que a partir de esa reunión se programaron nuevas reuniones que definirían la presunta adhesión de Cáceres al movimiento, sin embargo, con el inicio del proceso de desmovilización, estos encuentros finalmente nunca se realizaron.

“Primero discutimos sobre el proceso de negociación de Ralito. Llegamos al acuerdo de respetarles a los líderes y cuadramos otras reuniones. Yo le dije (a Cáceres) te respeto pero a cambio te invito a nuestro proyecto”, explicó el ex paramilitar.

Sobre las elecciones a Congreso de 2006, ‘Dique’ aseguró que la elección de Cáceres al Senado fue presuntamente influenciada por los paramilitares puesto que líderes políticos de la región apoyados por las autodefensas terminaron, según él, dando un presunto apoyo a la campaña de Cáceres al Senado.

“Sí unos líderes que tuvieron relaciones con las autodefensas se fueron con Cáceres, en esa votación (la de Cáceres) hubo votos de las autodefensas”, señaló ‘Dique’ a los magistrados de la Corte Suprema.

Javier Cáceres empezó su carrera política junto al Partido Liberal en Cartagena. En 1998 llegó por primera vez al Senado, fue reelegido en 2002, cuando fue uno de los fundadores del Polo Demorático y llegó de nuevo al Senado en 2006, con el partido Cambio Radical. En julio de 2009 llegó a la presidencia del Senado.

‘Juancho Dique’ niega nexos con congresista Miguel Ángel Rangel

Sobre Miguel Ángel Rangel, ‘Dique’ negó cualquier tipo de nexo entre el ex congresista y los paramilitares. “No me enteré de vínculos entre Rangel y las autodefensas en Bolívar, no escuché nada ni en el norte ni en el sur del departamento sobre eso” agregó el ex paramilitar.

De igual forma, el ex jefe paramilitar confirmó los vínculos que tuvieron paramilitares que operaron en el norte de Bolívar con otros políticos de la región, entre ellos, los ex congresistas Vicente Blel, William Montes y Alfonso López Cossio, todos condenados por ‘parapolítica’.

En la misma audiencia declaró el ex congresista Alfonso López Cossio, primer renglón de la lista a la Cámara del Partido Liberal para las elecciones de 2002 y de la cual era segundo renglón Miguel Ángel Rangel. López aseguró que no tuvo conocimiento de nexos entre Rangel y los paramilitares y mucho menos que Rangel haya asistido en 2003 a la reunión de Barranco de Loba (Bolívar) convocada por alias ‘Ernesto Báez’. “De haber asistido a esa reunión, yo hubiera sabido” explicó López Cossio.

Rafael Molano alias ‘Mario Cuellar’, desmovilizado del Bloque Central Bolívar de las AUC que operó en el sur de Bolívar, reveló en la misma audiencia algunos detalles de la reunión de Barranco de Loba celebrada en agosto de 2003. Aunque aceptó la asistencia de un gran número de políticos y líderes de la región convocados por ‘Ernesto Báez’, según él, 1500 personas en total, negó igualmente la asistencia de Miguel Ángel Rangel a dicha reunión.

Rangel está siendo investigado desde el 18 de enero de 2008 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema abrió el caso en su contra por sus presuntos nexos con paramilitares en Bolívar.

Contra el representante ya han testificado algunos de sus colegas del Partido de la U como es el caso de Gabino José Mora Martínez, ex alcalde de Pinillos y Alejandro Escobar Hernández, concejal del mismo municipio.

De acuerdo con declaraciones de Gabino Mora a la Procuraduría, en el momento en que Rangel se desempeñaba como alcalde del municipio de Pinillos (Bolívar), presuntamente le entregó el poder a dos cabecillas paramilitares de la región.

Otra presunta prueba contra Rangel son los hechos que lo vinculan con el jefe paramilitar Ernesto Báez, puesto que para el periodo 2002-2006 -en el que obtuvo una votación de 35.541 votos-, nombró como asesora política a la hermana de Báez, Blanca Dilia Duque Gaviria.

Miguel Ángel Rangel, de 40 años, ha sido representante a la Cámara por Bolívar durante dos periodos.

Según declaraciones del propio Rangel, en el momento en que fue vinculado a la ‘parapolítica’ a principios de 2008, manifestó estar tranquilo y desconocer las razones de fondo de la Corte Suprema para acusarlo.

El pacto de ‘Barranco de Loba’

Durante días, a mediados de agosto de 2003, circuló una versión según la cual el grupo paramilitar Bloque Central Bolívar había convocado a una reunión en el municipio de Barranco de Loba, ubicado en la depresión momposina a orillas del río Magdalena. La reunión fue convocada por el ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’ a la que asistieron exalcaldes, alcaldes, candidatos aalcaldes, exconcejales, concejales y aspirantes a concejales, así como algunos aspirantes a la Asamblea departamental, delegados de los comandantes de las autodefensas, miembros de movimientos como No al Despeje y Asocipaz. También se asegura que estuvieron presentes senadores, exsenadores y otros políticos de relevancia en Bolívar.

A esa reunión asistieron 800 personas, incluso algunos líderes sostuvieron que para atender a tal cantidad de personas los anfitriones sacrificaron cinco vacas y sancocharon 800 kilos de yuca, que pasaron con jugo de mango. Llegaron gentes de todos los rincones del sur: Morales, Arenal, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa, Regidor, Río Viejo, El Peñón, San Martín de Loba, San Antonio, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Boca de Honda y Magangué.

El propósito de dicha reunión era notificar a los asistentes que los movimientos de autodefensa existía la voluntad de apoyar candidatos únicos a las alcaldías y a la gobernación. Se acordó que entre los asistentes debían elegir a los candidatos, y los que fueran descalificados debían renunciar a sus aspiraciones. Quien desatendiera esta directriz se exponía a una ‘sanción’.

Para lograrlo, se estableció un comité que debía entrevistar por separado a los candidatos y al final realizar un informe con la sugerencia de quién debía ser el candidato.

De acuerdo con la versión de alias ‘Ernesto Báez’, el comité decidió apoyar, después de analizar todos los nombres, a Alfonso López Cossio, ex representante liberal a la Cámara por el grupo de Juan José García Romero y Piedad Zuccardi. Se dijo que inicialmente, habían escogido, presuntamente al exgobernador Libardo Simancas, pero cambiaron y se inclinaron por López Cossio, porque el escogido tenía que pagar un aporte económico al grupo paramilitar.

Posteriormente y a instancias, presuntamente, de Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘Triple Cero’ o ‘El Mono’, se realizó ‘El Pacto de Ralito’, en donde por influencia al parecer de la empresaria del chance Enilse López Romero, conocido con el mote de ‘La gata’, se decidió apoyar la elección de Libardo Simancas Torres.

Estos cambios de candidatos, serían los que en su momento podrían explicar el por qué el gobernador de entonces Luis Daniel Vargas y la senadora Piedad Zuccardi se trenzaron en la discusión sobre quién era más clientelista y la necesidad de aplazar o no realizar las elecciones por la presunta influencia paramilitar.

En esos días una publicación de página entera en el diario cartagenero El Universal, en la que aspirantes a las distintas corporaciones públicas y alcaldías de todo el departamento, manifestaban, según ese aviso, su apoyo al señor Alfonso López Cossio. Al mes siguiente, Mancuso presuntamente presionó para que los líderes de Bolívar, y que asistieron a la reunión de Barranco de Loba, cambiaran de parecer y votaran por Libardo Simancas. Esta versión ha sido confirmada por varios desmovilizado.

Finalmente el ex jefe paramilitar Uber Bánquez, alias 'Juancho Dique', dijo que en el norte de Bolívar, no se movía una hoja sin autorización del Bloque Héroes de los Montes de María. También dijo que llegaron a la zona en el año 2001 y en el año 2003, cuando ya tenían el control de toda la región, incluida Cartagena, los dieciocho alcaldes de los Montes de María y del Canal del Dique fueron elegidos gracias al apoyo que le brindó el grupo de las autodefensas del cual él era el jefe militar.

 

Senador Cáceres sí se reunió con paramilitares, dice 'Juancho Dique'

El ex paramilitar aseguró que decidieron respetar la vida de varios líderes bolivarenses a petición del dirigente.

El ex comandante del Bloque Héroes de Montes de María,  Uber Enrique Banquéz Martínez, alias ‘Juancho Dique’ dijo haberse reunido con el hoy presidente del Congreso de la República, el senador Javier Cáceres, para establecer un acuerdo y conminarlo a hacer parte de su propósito de integrar las estructuras de poder político del país.

La reunión se habría celebrado en el corregimiento de Yanjuma, donde Cáceres le solicitó que les respetara la vida a varios de los integrantes de sus cuadros políticos y agregó que él lo invitó a hacerse partícipe del proyecto de las Autodefensas.

“Yo te respeto la vida de los líderes, pero te invito a hacer parte de nuestro proyecto”, dijo el desmovilizado al describir el acuerdo que, dice, se suscitó entre los dos y que le generó réditos políticos  a esas personas por quienes supuestamente bogó Cáceres.

Añadió que durante el encuentro dialogaron acerca de la desmovilización y que pactaron nuevas reuniones que no se pudieron llevar a cabo por la llegada del proceso de paz con el Gobierno Nacional.

En el curso de la audiencia que enfrenta el ex congresista bolivarense Miguel Ángel Rangel Sosa, señaló que las autodefensas se reunieron con varios dirigentes para consolidar su proyecto socio político, entre los que también se cuenta a William Montes, Vicente Blel, Alfonso López Cossio y Libardo Simanca.

Agregó que en 2003 apoyaron decididamente la candidatura de López Cossio a la Gobernación de Bolívar y que fue por orden del ex comandante del Bloque Norte Salvatore Mancuso que entregaron su respaldo posterior a la aspiración de Libardo Simanca a ese alto cargo de dirección regional. 

Frente a los supuestos vínculos que mantuvieron con el ex representante a la Cámara Miguel Ángel Rangel Sosa, señaló que no puede dar fe de esa supuesta relación, pues ni si quiera conocía al dirigente.

 

El caso de los 'doce apóstoles' puede reabrirse

 Justicia "Cuando hay resoluciones inhibitorias y sobreviene una prueba, la obligación del funcionario correspondiente es revocar dicha resolución e iniciar una investigación según lo que amerite esa nueva prueba", dijo el fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago. Uribe defiende a su hermano.

Luego de conocerse el testimonio del mayor (r.) de la Policía, Juan Carlos Meneses, quien asoció al ganadero Santiago Uribe Vélez con el grupo paramilitar conocido como los ‘doce apóstoles’, la Fiscalía advirtió que ese testimonio no puede descartarse y tendrá que ser conocido por los investigadores colombianos.

Esa afirmación deja abierta la posibilidad para que el proceso que se adelantó contra uno de los hermanos del Presidente de la República, en la década pasada, se reabra y una nueva investigación busque comprobar si en realidad Santiago Uribe tuvo algún vínculo con esa agrupación ilegal.

Este jueves el fiscal general (e.) Guillermo Mendoza Diago aclaró que esta investigación no es cosa juzgada, al recordar que una fiscalía de Antioquia, en 1998, y la Fiscalía general, en el año 2002, había proferido dos autos inhibitorios a favor de Santiago Uribe.

Esas decisiones se adoptaron luego de que las evidencias allanadas a la investigación no tuvieran el suficiente valor probatorio como para afirmar si el ganadero antioqueño tuvo o no relación alguna con el paramilitarismo.

Sin embargo, explicó Mendoza Diago, los autos inhibitorios pueden revocarse en el momento en que surjan nuevas piezas testimoniales que pueden inferir alguna hipótesis, siendo la justicia la que tiene la última palabra.

“Cuando hay resoluciones inhibitorias y sobreviene una prueba, la obligación del funcionario correspondiente es revocar dicha resolución e iniciar una investigación según lo que amerite esa nueva prueba”, aclaró Mendoza Diago quien dijo que esa determinación aún no ha sido adoptada por la Fiscalía.

La razón, explicó el Fiscal general, el testimonio del mayor (r.) Meneses se conoció a través de un medio de comunicación extranjero, y el policía, que podría ser testigo clave en la investigación, se encuentra fuera del país. Por eso, aseguró Mendoza Diago, “tenemos que acudir a todos los medios necesarios para tener esa prueba acá”.

Si la Fiscalía consigue acceder al testimonio directo de Meneses, los investigadores tendrán que avaluar la consistencia de las afirmaciones, y en ese sentido proceder a adoptar una resolución, si revocar o no el auto inhibitorio.

El testimonio que salpicó a Santiago Uribe motivó una fuerte reacción de miembros del Gobierno, como el director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien desvirtuó las sindicaciones de Meneses al señalar los nexos del destituido oficial con organizaciones narcotraficantes, como la de los hermanos ‘Comba’ en el Valle del Cauca.

El propio Santiago Uribe reaccionó ante el artículo periodístico, publicado por el Washington Post, en el que se divulgó el testimonio de Meneses (Ver artículo relacionado).

No es la primera vez que en los recientes cuatro años la Fiscalía ha aclarado el proceso que en la década pasada se abrió contra Santiago Uribe. En 2007, a raíz de un debate en el Congreso, adelantado por el senador Gustavo Petro, volvió a relacionarse a Uribe con los ‘doce apóstoles’. Sin embargo, no hubo pruebas que motivaran a la Fiscalía a revocar el auto inhibitorio.

Solo resta saber si las evidencias que se conocieron a través de la prensa internacional son suficientes para que la Fiscalía tome una decisión.

Por su parte el presidente Álvaro Uribe, en declaraciones radiales el viernes, salió de nuevo en defensa de su hermano y aseguró que "los criminales tienen la capacidad de convertir en idiota útil a un Premio Nobel de la Paz, tienen la capacidad de convertir en idiota útil a un sacerdote y tienen capacidad de penetrar un periódico serio como The Washington Post".

Confirman condena por parapolítica a Juan Manuel López Cabrales

El ex senador cumple sentencia de seis años de cárcel

La Corte Constitucional confirmó la sentencia condenatoria que recibió el ex senador Juan Manuel López Cabrales. Tras confirmar la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de negarle una tutela través de la cual el dirigente buscaba que se revocara el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Una Sala de Revisión de ese alto Tribunal consideró que no había yerros en la apreciación del Juez de tutela que negó la acción, por supuesta violación al debido proceso.

A finales de noviembre de 2008, el representante político se convirtió en el primero de los sancionados por la Corte Suprema de Justicia por haber suscrito el polémico pacto de Ralito (Córdoba), en el cual un amplio sector de la clase dirigente de la Región Caribe estableció un pacto con los grupos de Autodefensa de mutua cooperación.

En la misma determinación, la Corporación lo conminó al pago de más 920 millones de pesos, equivalentes al pago de 2.055 salarios mínimos mensuales vigentes, así como a la inhabilidad general en el ejercicio de funciones de carácter público durante seis años.

Aparentemente, fue de este concierto criminal de donde se derivó el nombramiento del cuñado del ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso como  Secretario de Educación de Córdoba, según lo sostuvo la Procuraduría dentro del proceso judicial.

 

El 31 de mayo seguirá audiencia contra 'Ernesto Báez'

Por: Elespectador/APIC

Corte pidió que lo excluyan de Justicia y Paz. Él dice que ha colaborado.

Este lunes en la tarde, en el Tribunal Superior de Cundinamarca se analizó la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de excluir al desmovilizado jefe paramilitar 'Ernesto Báez' de la Ley de Justicia y Paz. Finalizada la audiencia, se determinó continuar con la misma el próximo 31 de mayo.

El alto tribunal solicitó que se excluya de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz al ex comandante del Bloque Central Bolívar, Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', y por ello la Sala Penal compulsó copias a la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación para que le dé curso al trámite de esta solicitud.

Según la Corporación, el postulado no ha cumplido con las exigencias de la Ley 975, que determinan penas laxas para los desmovilizados, siempre y cuando hayan abandonado su actividad delictiva, reparen a sus víctimas y declaren toda la verdad de su accionar criminal.

Al parecer, Iván Roberto Duque violó algunos de esos principios, y de ahí que la Corte Suprema haya conminado a la Fiscalía para que reevalúe la situación procesal del ex paramilitar.

La decisión fue producto de la misma Sala Plena en la cual el alto operador judicial condenó al ex representante a la Cámara por Caldas, Dixon Tapasco, por sus vínculos con este desmovilizado, que se encuentra recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, en Antioquia.

Frente a las aseveraciones de la Corte, la defensa del líder paramilitar desmovilizado sostuvo este lunes en la tarde que gracias a lo relatado por su defendido, se han esclarecido crímenes.

'Cuesta creer en el Poder Judicial colombiano': Adolfo Pérez Esquivel

Por: Nicolás Cuéllar Ramírez / Buenos Aires/Elespectador/APIC

El Premio Nobel de Paz habla sobre la declaración que recibiera, junto a otros juristas, del mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses.

Hace tres semanas, el mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses llegó a Argentina. Acusado de integrar el grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’, decidió hablar con un grupo de juristas internacionales, encabezados por el premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. En diálogo con El Espectador cuenta que el caso será presentado ante la justicia colombiana en poco tiempo y, de ser necesario, elevado a cortes internacionales.

¿Cómo llega el caso del mayor Meneses a sus manos?

Él llega a denunciar de la mano de Acnur. Durante cinco horas Carlos Zamorano, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; el juez Eduardo Freiler; el presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Smuckler; el representante de la Asociación Americana de Juristas, Ernesto Moreau, y yo, como director del Servicio Paz y Justicia, escuchamos un testimonio en el que da detalles de los homicidios que cometió como parte del grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’, donde recibía órdenes de Santiago Uribe, hermano menor del Presidente colombiano. Grabamos tres horas y nos encontramos preparando un documento en el que analizamos su testimonio, para hacerlo llegar a la justicia colombiana.

¿Qué tan veraces son las declaraciones de Meneses?

La justicia colombiana será la que tendrá que verificarlo. La impresión que nos quedó es que es un hombre arrepentido, que teme por su vida y que las acusaciones que hace son comprobables. Él pone en evidencia a Santiago Uribe y a un coronel retirado de apellido Benavides. No sólo los denuncia, sino que tiene pruebas como conversaciones grabadas que sostuvo con sus interlocutores.

Ha hablado usted de recurrir a la justicia internacional...

Si la justicia colombiana, que tiene muchísimas dificultades, no actúa sobre este caso, tendremos que elevar la denuncia a la justicia internacional. No puede existir impunidad jurídica en casos como éste.

¿Confía en la justicia colombiana?

Lamentablemente tenemos dificultades de ver que la justicia en Colombia sea independiente. Vale recordar que no hace mucho tenían jueces sin rostro. Nos cuesta mucho creer en el Poder Judicial colombiano. No es que estemos emitiendo opinión sin fundamentos, por el contrario, todo está basado en pruebas que adjuntaremos con la denuncia.

Meneses habla de Santiago Uribe en sus declaraciones. ¿Estaría también involucrado el Presidente en las acusaciones?

También lo involucra.

Llama la atención que estas denuncias surjan en época electoral.

El hecho de que la denuncia se haga en época de elecciones es coincidencial. No se pueden vincular las cosas, pues actuamos sobre las bases de los hechos.

¿Qué cree que va a pasar con la denuncia que presentarán?

Haremos lo que nos corresponde como organismo latinoamericano para que nada quede en la impunidad, así como ocurrió en Argentina al juzgar a los represores de la dictadura, o en Chile cuando Pinochet terminó siendo juzgado en Gran Bretaña.

¿Afecta esto la gobernabilidad colombiana?

Colombia no está bien. Si uno tiene en cuenta que hay 4 millones de colombianos desplazados y 5 millones en el exilio, no quiere decir que las cosas se estén arreglando. No es sólo cuestión de un gobierno, es la estructura social y jurídica. En este caso lo importante es hacer justicia, y que si debe juzgarse a Santiago Uribe y al Presidente, se haga.

Acusan a hermano del Presidente Uribe de paramilitarismo

Un ex mayor de la Policía Nacional colombiana acusó ante un grupo de juristas al hermano de Álvaro Uribe de montar una estructura paramilitar, revelaron The Washington Post y Página 12 de Argentina.

Un nuevo testimonio se conoció sobre la presenta relación de las bandas paramilitares y el hermano del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Un oficial retirado de la Policía Nacional acusó a Santiago Uribe Vélez, hermano menor del Jefe de Estado, de haber creado y mantenido en los años 90 una estructura paramilitar que cometió varios crímenes con la complicidad con la Policía en el departamento de Antioquia.

Según un informe publicado el domingo por el diario argentino Página 12, el oficial también dijo que el Presidente habría apoyado las actividades ilegales de su hermano.

La denuncia del policía colombiano también fue advertida por el diario estadounidense The Washington Post bajo el título de ‘Colombian president's brother said to have lead death squads'.

Dentro del testimonio se destaca que para 1993 el actualmente mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero llegó a Yarumal, donde de entrada le advirtieron que "aquí hay una situación muy especial, acá hay un grupo de personas que hace limpieza, o sea limpieza social, o sea desaparecer a las personas que se identifican como guerrilleros, como ladrones, como secuestradores, extorsionadores, o sólo expendedores de vicio, o viciosos. Vea, usted lo único que tiene que hacer es cuando ese grupo vaya a hacer un trabajo usted tiene que colaborarles'".

"Le pregunto ‘cómo es esto, capitán', y me contesta: ‘vea, el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del (entonces) senador Alvaro Uribe. El es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. El es el jefe de este grupo paramilitar.' El capitán, pues, me cuenta la historia: ‘Yo les he colaborado, lo que hago es que cada vez que ese grupo va a cometer un asesinato lo que tiene que hacer es que la policía no reaccione, que usted los tenga guardados, ocupados, para que no vayan a capturar a los que cometen estos asesinatos, y ésta es la forma de colaborarle a Santiago'. Entonces él me relaciona con Santiago Uribe Vélez. El me presenta (y Santiago me dice): ‘mucho gusto, teniente, bienvenido a Yarumal, yo tengo este grupo que va a colaborar muchísimo con usted, además de que yo necesito que usted colabore con ellos, ellos le van a dar mucha información y liberar la zona cuando usted lo necesite", relató.

Además, Meneses sostuvo que "en esa época la Policía Nacional siempre era calificada por la que menos delitos tenga, dejando de lado los homicidios, entonces lo que le interesaba a la policía era mantener los índices delincuenciales bien bajos. Me presento ante Santiago y me dice ‘yo a usted mensualmente le voy a dar una plática por usted colaborarme.' El capitán Benavídez me decía ‘tranquilo, no hay problema, esto está coordinado con los altos mandos, no va a pasar nada'. Santiago me dice ‘vea, reciba esta plata o no la reciba, nosotros tenemos el apoyo de los comandantes de la policía a nivel departamental y amigos a nivel nacional, nosotros vamos a seguir actuando', y yo dije ‘bueno pues, pa' delante'. Ese fue el compromiso con Santiago.

"Así empezamos en enero de 1993, estuve febrero, marzo, a principios de abril me sacaron porque el escándalo fue a nivel nacional con medios de comunicación, se destapa el mal llamado grupo de los Doce Apóstoles. En el tiempo que yo estuve nunca se llamó Doce Apóstoles. Son los medio los que empezaron a usar ese nombre porque supuestamente había un sacerdote metido en ese grupo, que era el padre Palacios. A mí me sacan porque la cosa se calentó, ‘listo, mi coronel, yo sólo cumplo órdenes', y me terminan mandando a un distrito todavía más difícil que es Segovia. Es que a mí me tenían como una persona eficaz para combatir la guerrilla. La cosa es que en esos tres meses se suscitaron unos incidentes en los que son asesinadas personas y yo le prestó a Santiago la colaboración para que el grupo del cual él era el jefe pudiera cometer sus asesinatos.", agregó.

Las confesiones de los jefes 'paras' extraditados

En la madrugada del 13 de mayo de 2008, el Gobierno extraditó a 14 jefes de las Auc, para que respondieran por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Han pasado dos años y esto es lo que han dicho seis de ellos en sus pocas apariciones ante la justicia colombiana.

Al cumplirse dos años de la extradición de los principales jefes de las Auc, el balance sobre sus compromisos con la verdad, la justicia y la reparación ha sido a cuentagotas. Sólo seis de los extraditados han continuado su proceso judicial en Justicia y Paz, mientras que otros se retiraron de las versiones libres.

Luego de la masiva extradición, el presidente Uribe explicó que el Gobierno extraditó a los ex paramilitares porque "algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".

De este modo, fueron enviados a Estados Unidos Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'; Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordo Lindo'; Manuel Enrique Torregrosa;  Salvatore Mancuso Gómez, alias 'El Mono'; Diego Alberto Ruiz Arroyave, primo de Miguel Arroyave; Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano'; Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy'; Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso'; Martín Peñaranda, alias 'El Burro'; Edwin Mauricio Gómez Lara; Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'; Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón'; Nondier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Vengoechea.

Posteriormente, el 3 de marzo de 2009, el Gobierno también envió a Estados Unidos a Miguel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, para que responda por narcotráfico. Dos días después también fue extraditado el ex jefe de los bloques Bananero y Calima de las Auc, Ever Veloza, alias 'HH'.

Respecto a las dificultades que se presentarían para que los desmovilizados continuaran con sus confesiones y el proceso de reparación, el Presidente dijo que Estados Unidos debía facilitar las condiciones "en caso de existir el deseo y la voluntad de parte de los extraditados de seguir colaborando con las autoridades judiciales colombianas, confesando hechos delictivos y dando bienes, relato de hechos y manifestaciones de perdón".

Y agregó que "nada impedirá a los ciudadanos extraditados sigan confesando crímenes y entregando bienes. La efectiva y eficaz colaboración incidirá en beneficios de Ley 975", señala el Gobierno.

No obstante, han sido pocos los ex jefes de las Auc que han continuado colaborando con la justicia colombiana en la Corte Suprema y también han sido contadas sus apariciones en versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Pero éstas intervenciones han contribuído a casos por parapolítica y a esclarecer algunos crímenes en el proceso de justicia transicional en la Fiscalía.

Por la falta de un acuerdo de cooperación de la justicia de Estados Unidos con Colombia, la Corte Suprema de Justicia decidió frenar la extradición de paramilitares a EE.UU hasta tanto no colaboboren con el esclarecimiento de sus crímenes en nuestro país.

Esto ha sido lo que han confesado los paramilitares ante la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación. 

Salvatore Mancuso es el representante del Bloque Catatumbo, como tal, debe responder por todos los hechos documentados a este grupo.

- Los guardados de Mancuso

- El cartel de Mancuso

- Mancuso no se confesará más

- La despachada de Mancuso en el Juicio a Noguera

- Las Auc apoyaron la campaña de Uribe en el 2002: Mancuso 

Salvatore Mancuso

El primero en reanudar las versiones libres desde Estados Unidos fue Salvatore Mancuso, ex jefe de los bloques Norte y Catatumbo de las Auc. Pasaron seis meses para que, desde Washington el 10 de noviembre de 2008, Mancuso confesara crímenes ante Justicia y Paz.

En esa versión el ex jefe paramilitar salpicó al fallecido Pedro Juan Moreno, quien fuera secretario de Gobierno del gobernador Álvaro Uribe Vélez. Aseguró que se reunió con él y los hermanos Carlos y Vicente Castaño en 10 ocasiones.

También dijo que Moreno y el ex superintendente de Seguridad Germán Arias fueron sus principales aliados en la conformación de las cooperativas de seguridad Convivir.

Mancuso contó que cuatro helicópteros, uno de ellos de la Gobernación de Antioquia y otro de la IV brigada del Ejército, sobrevolaron Ituango cuando los paras masacraban a sus habitantes. También acusó al general retirado Carlos Alberto Ospina quien, como comandante de la IV Brigada del ejército, de haber sido cómplice de los paramilitares en la masacre de El Aro (Ver artículo: Los guardados de Mancuso).

En abril del año pasado, el ex jefe paramilitar habló sobre narcotráfico. Mancuso contó que entre 1999 y 2004 su grupo paramilitar produjo y comercializó 119 mil kilogramos de coca que equivalían al 15 por ciento del negocio de la droga en el Catatumbo. Según cálculos del jefe paramilitar, las Farc manejaban el otro 85% que correspondía a unos 801 mil kilogramos de coca.

Entre el grupo de narcotraficantes que fueron protegidos por las autodefensas en Córdoba y Catatumbo, estaban Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Raguño’, uno de lo máximos cabecillas del cartel del norte del valle, quien recibió de los paramilitares 60 mil kilogramos de coca. 'Rasguño' fue extraditado a los Estados Unidos en el 2007 (Ver video).

Mancuso también señaló que tuvo negocios con a Fabio Ochoa Vasco, alias ‘Kiko Chiquito’; Cristian Sale, hijo del empresario Giorgio Sale;  ‘El Tuso Sierra’, quien se entregó como supuesto miembro del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas y fue extraditado en mayo del 2008; José Antonio Herrera Hernández, alias ‘Toño Cacao’, narcotraficante extraditado en 2006; Jorge Luis Hernández Villazón, alias 'Boliche'; ‘Lucho Castillo’; Italo Cianci; y José Israel Guzmán, alias ‘El Arquitecto’.

El jefe paramilitar aseguró que le entregaron 5 mil kilogramos a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes fueron los jefes de las Auc (Ver artículo: El cartel de Mancuso).

El 30 de septiembre de 2009, cuando iba a realizar su versión libre número diez, el ex jefe paramilitar anunció que no volvería a rendir versiones, porque no podía documentar los crímenes que él y sus hombres cometieron. Sin embargo, aclaró que no renunciaba al proceso de Justicia y Paz, porque continuaría asistiendo a las imputaciones de cargos en los tribunales de Justicia y Paz. Su imputación de cargos inició en diciembre de 2008, y a diferencia de otros desmovilizados que están en Colombia, su impuación paracial de cargos no ha terminado (Ver: Fiscalía imputa 31 cargos a Mancuso).

Mancuso también ha declarado desde Estados Unidos en escenarios diferentes a las versiones libres. Durante dos audiencias del juicio al ex director del DAS Jorge Noguera, el ex jefe paramilitar salpicó a un numeroso grupo de funcionarios y militares del país (Ver: La despachada de Mancuso en el Juicio a Noguera).

El balance de Mancuso es que ha sido uno de los que ha insistido en los vínculos de los 'paras' con la campaña de Álvaro Uribe en 2002. En esa audiencia el ex jefe paramilitar dijo que varios jefes paramilitares se reunieron en 2001, en una llamada Conferencia Nacional de Autodefensas, en la que supuestamente definieron respaldar un candidato que fuera afín con el movimiento paramilitar (Ver: Las Auc apoyaron la campaña de Uribe en el 2002: Mancuso).

Entre los convocados, además de ‘El Mono’ Mancuso, estaban el entonces máximo jefe de las Auc, Carlos Castaño; Diego Fernando Murillo Bejarano alias ‘Don Berna’; Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’, entre otros. Los jefes paramilitares hablaron con varias de las poblaciones del norte del país sobre la necesidad de apoyar a “un candidato con ideología  afín a las autodefensas” en temas como la seguridad y la lucha contra la subversión.

El candidato escogido por los ‘paras’ fue el ex gobernador Álvaro Uribe Vélez, con cuya campaña, según Mancuso, establecieron contactos, aunque no precisó nombres. Sin embargo, sí se refirió a casos en los que se entregó dinero a la campaña a través de comandantes paramilitares de la región como alias ‘Andrés’. 

Dentro de los acusados por Mancuso también se encuentran el candidato presidencial Juan Manuel Santos, quien según el ex jefe paramilitar, le propuso a Carlos Castaño darle un supuesto golpe de Estado al entonces presidente Ernesto Samper. El extraditado también dijo que el vicepresidente Franciso Santos les propuso que crearan un grupo paramilitar en Bogotá. Así mismo, Mancuso dijo que las Auc apoyaron la campaña del presidente Uribe en 2002.

Entre los militares que mencionó se encuentra el acutal embajador de Colombia en República Dominica, el general (r) Mario Montoya. Según el extraditado, el general (r) Montoya le pidió que no se desomovilizara.

'Pablo Sevillano' fue el jefe del Bloque Libertador del Sur de las Auc en Nariño. 

- 'Pablo Sevillano' confesó reclutamiento de 67 menores y 39 casos de homicidios

- ‘Pablo Sevillano’ confiesa purgas y otros crímenes del Bloque Libertadores del Sur

- Miembros del Ejército señalaban víctimas a los paras: Sevillano 

Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano'

Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano', ex jefe paramilitar del Bloque Libertadores del Sur que delinquió en Nariño, ha rendido nueve versiones libres entre el 24 de marzo y el 2 de octubre de 2009.

En su primera versión libre desde Florida, 'Pablo Sevillano' confesó el reclutamiento ilegal de 67 menores de edad en Nariño y los asesinatos de 39 porque supuestamente tenían vínculos con la guerrilla (Ver: 'Pablo Sevillano' confesó reclutamiento de 67 menores y 39 casos de homicidios).

En sus últimas versiones el ex ‘para’ confesó el asesinato de paramilitares al interior de su grupo por diferentes motivios. En esa ocasión también habló de lso supuestos nexos de las Auc con militares en el sur del país (Ver: ‘Pablo Sevillano’ confiesa purgas y otros crímenes del Bloque Libertadores del Sur).

Sobre los nexos con militares, el extraditado aseguró que era común la comunicación entre unidades de inteligencia del Ejército y cabecillas paramilitares y que la información le servía a los ‘paras’ para asesinar civiles que eran señalados como presuntos colaboradores de la guerrilla por miembros del Ejército.

Uno de los militares mencionados por el ex cabecilla paramilitar fue el coronel retirado del Ejército Alirio Antonio Urueña, vinculado a la masacre de Trujillo, Valle, quien presuntamente se convirtió en una fuente de información para realizar los crímenes del Bloque Libertadores del Sur.

Según la versión de 'Sevillano', los paramilitares también contaban con el apoyo de militares de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (Rime), una unidad que se encarga de hacer operaciones de inteligencia, interceptar teléfonos y pagar recompensas para realizar sus operativos. Según ‘Pablo Sevillano’, Rodrigo Vásquez, alias ‘Canoso’ era el enlace entre los paramilitares y el Ejército en Pasto (Ver: Miembros del Ejército señalaban víctimas a los paras: Sevillano).

Miguel Ángel Mejía Múnera, alias 'El Mellizo', ex jefe del Bloque Vencedores de Arauca.

- Yo acuso: 'Mellizo' Mejía

- 'El Mellizo' Mejía salpica a Julio Acosta Bernal

- ‘Mellizo’ Mejía confiesa cinco masacres en Arauca 

Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’

Miguel Ángel Mejía Múnera, el penúltimo de los ex jefes paramilitares en ser extraditados, reanudó sus versiones libres el 27 de octubre del año pasado. Durante cuatro días y desde Washington, este ex jefe paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca confesó asesinatos, masacres y habló de supuestos nexos de las Auc con políticos y militares.

Entre las personas que salpicó se encuentra el ex gobernador de Arauca Julio César Acosta Bernal. De acuerdo con el relato de ‘El Mellizo’, él patrocinó su campaña electoral y agregó que el político usó los ‘paras’ para eliminar opositores y críticos.

Por otro lado, también dijo que las Auc apoyaron la candidatura del presidente Uribe en 2002. Sobre este hecho, el extraditado aseguró que los hermanos Castaño ordenaron a todos los bloques y frentes de las Auc que apoyaran la primera candidatura de Uribe a la presidencia en 2002. “Las Autodefensas pusimos a Uribe, sino tendríamos a un Chávez en Colombia", agregó.

También aseguró que las muertes de su hermano Víctor Manuel Mejía Múnera, asesinado en 2008, y la de Vicente Castaño tuvieron que ver con los nexos que tenían con la institucionalidad. "(El asesinato de Castaño) fue prácticamente una orden de la Casa de Nariño porque Castaño sabía demasiadas cosas sobre las relaciones de los ‘paras’ y el gobierno y (la del hermano) porque le pagaba a la ley por todo lado”.

En su segunda versión libre, 'El Mellizo' profundizó sus acusaciones contra Julio Cesar Acosta, gobernador de Arauca entre 2004 y 2007. El ex jefe del Bloque Vencedores de Arauca aseguró que Acosta le pasó una lista de personas del departamento a Félix Bata, alias ‘Tolima’, para que se encargara de sus opositores y críticos.

Uno de los casos relatados por 'El Mellizo' fue el de Juan Alejandro Plazas Lemónaco, quién era registrador de Arauca, y presuntamente fue una de las primeras víctimas de Acosta.

En una versión de febrero de 2009 Ferney Alvarado, alias ‘Cúcuta’, confesó ser el autor material del crimen. Dijo que Julio Cesar Acosta le dio la orden porque necesitaba sacarse a Plazas de encima para ganar las elecciones. ‘Cúcuta’ asesinó con un tiro en la cabeza al ex registrador el 10 de julio de 2003 cuando estaba almorzando en un restaurante del centro de Arauca. Según ‘Cúcuta’, menos de una semana después del homicidio recibió 10 millones de pesos de Acosta.

Según ‘El Mellizo’ otra de las personas asesinadas por ordenes de Acosta fue Efraín Varela, director de la emisora Meridiano 70. Varela era abogado, especialista en resolución de conflictos y fue periodista en varias radios del departamento. En Meridiano 70 tenía programas de actualidad política, donde denunciaba las irregularidades, la corrupción y la violencia en Arauca (Ver artículo: 'El Mellizo' Mejía salpica a Julio Acosta Bernal).

El ex paramilitar también se responsabilizó por cinco masacres en Arauca. Según el paramilitar, en la masacre Floramarillo y Cravo Charrosus, en la que fueron asesinadas 12 personas entre el 19 y el 20 de mayo de 2004, sus hombres contaron con la colaboración de miembros de la Brigada Móvil Cinco del Ejército.

El ex jefe ‘para’ aseguró que el operativo fue planeado con la Brigada Móvil Cinco del Ejército al mando del coronel William Cruz. El oficial les entregó un computador con mapas de la región en los que indicaban los sitios donde estuvieron sus tropas los días de la masacre. Según 'El Mellizo', el coronel repartió celulares a los ‘paras’ para que pudieran comunicarse con él en cualquier momento para coordinar las maniobras. El Ejército se comprometió a tapar las salidas de la zona para que los presuntos auxiliadores de la guerrilla no se pudieran escapar (Ver artículo: ‘Mellizo’ Mejía confiesa cinco masacres en Arauca).

Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy', ex jefe del Bloque Mineros.

- 'Cuco' Vanoy y Gordolindo condenados a más de 20 años en la Florida

- Imputan 33 cargos a 'Cuco Vanoy' en EEUU 

Ramiro 'Cuco' Vanoy

El ex jefe del Bloque Mineros de las Auc, Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, tan sólo ha rendido dos versiones libres, mientras que en Colombia lo hizo en 12 ocasiones. El extraditado dio sus versiones libres desde Miami, Florida, el 22 y 23 de enero de 2009.

'Cuco Vanoy' y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordolindo', fueron los primero paramilitares condenados en Estados Unidos por narcotráfico. A principios de octubre de 2009, la Corte Federal del Sur de la Florida los condenó a 24 y 21 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.

Los dos ex paramilitares fueron acusados por la Fiscalía de Estados Unidos por tres cargos de conspiración para importar y distribuir cocaina desde Colombia, Las Bahamas, México, hacia los condados de Broward y Dade en el distrito sur de la Florida, entre el 17 de diciembre de 1997 y el 4 de noviembre de 1999. También de realizar transacciones financieras tipificadas en Estados Unidos como lavado de dinero.

El 29 de julio, 'Gordolindo' y 'Cuco Vanoy' se declararon culpables de importar a Estados Unidos toneladas de cocaína, con lo que aspiraban a una pena menor a la establecida por el juez Michael Moore.

Por otro lado, el 20 de mayo del año pasado, la Fiscalía 15 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, ante un magistrado de Control de Garantías, le imputó 33 cargos por reclutamiento de menores, 12 homicidios en persona protegida y cinco desapariciones forzadas, de las que fueron víctimas un concejal, un inspector de policía, un maestro y varias mujeres de municipios del norte y Bajo Cauca antioqueño.

En la diligencia realizada en Medellín, y trasmitida a Miami (EE.UU.) donde se encuentra recluído Vanoy, la Fiscalía también le imputó cargos en los delitos de secuestro, amenaza, narcotráfico y tráfico de armas. Además fue acusado de utilización de medios y métodos ilícitos de guerra, y violación a los derechos de asociación a los miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia, con sede en Tarazá (Antioquia).

Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna', dijo que no hablaría de temas fuertes por las amenzas que ha recibido su familia.

- ‘Don Berna’ volvió a señalar a Montoya y Gallego

- Condenan a 31 años de prisión a 'Don Berna' por narcotráfico

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'

El ex jefe del Bloque Cacique Nutibara, que delinquió en Antioquia y principalmente en Medellín, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, sólo ha rendido tres versiones libres desde Nueva York. Lo hizo durante el 23 y 25 de junio de 2009.

En su primera versión libre desde Nueva York, ‘Don Berna’ habló sobre nexos de militares con las Auc. Uno de los hechos a los que se refirió fue la ‘Operación Orión’ que lanzó el estado entre 16 y 19 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. El extraditado reiteró que en ésta hubo "participación de miembros de la fuerza pública, en el caso particular de los generales Montoya y Gallego" y explicó que ese operativo oficial lo había coordinado con ambos oficiales, con varios meses de anticipación a través de uno de sus hombres, Elkin Loaiza, quien, según aseguró, actuaba bajo su orientación.

‘Don Berna’ contó que semanas antes de la ejecución de la ‘Operación Orión’, hombres del Bloque Cacique Nutibara (BCB) habían hecho inteligencia en distintos barrios de esa comuna, lo que les permitió tener la ubicación precisa de quienes ellos habían señalado como guerrilleros de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap) que actuaban allí. “Varios de mis hombres entraron con la fuerza pública encapuchados porque muchos de los que allí vivían los conocían”, dijo.

Así mismo, ‘Don Berna’ acusó a miembros de las fuerzas armadas de estar involucrados en la masacre de ocho personas que realizaron paramilitares del Bloque Héroes de Tolová (BHT) en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Dijo que hubo complicidad con tropas del Batallón Vélez, adscrito a la XVII Brigada del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, Urabá antioqueño. Aseveró que el mayor José Fernando Castaño, quien, según él, ordenó la muerte de los niños.

Murillo Bejarano narró que el mayor Castaño le había dado la orden a los paramilitares de que mataran “a los niños porque según él cuando crecieran serían guerrilleros”. En esa masacre fueron asesinados los menores Santiago Tuberquia Muñoz de 2 años y su hermana Natalia Andrea de 6 años; Deiner Andrés Guerra Tuberquia de 11 años; y Beyanira Areiza Guzmán de 17 años. Junto a ellos perecieron Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alfonso Bolívar y Alejandro Pérez. Todos habían sido descuartizados.

El Fiscal de Justicia y Paz le preguntó si tenía evidencias que dieran soporte a sus graves acusaciones. ‘Don Berna’ no dio pruebas, y dijo que siempre hubo coordinación con miembros de las fuerzas armadas. “En las zonas de influencia nuestra siempre se coordinó cualquier operativo con ellas, siempre hubo un apoyo y una colaboración mutua, y en este caso no es ninguna excepción” (Ver: ‘Don Berna’ volvió a señalar a Montoya y Gallego).

Al igual que ‘El Mellizo’, ‘Don Berna’ envió una carta a Colombia en la que expresa que su encierro total es un obstáculo para que se esclarezca la verdad en Colombia. 'Don Berna' y 'El Mellizo' también relacionaron su extradición con lo que aseguraron sobre presuntos nexos que tenían con políticos y autoridades públicas. 'Don Berna' fue más allá y suspendió indefinidamente su participación a Justicia y Paz porque, según djo, sus familiares y asesores estan en peligro en Colombia.

El 22 de abril de 2009, 'Don Berna' fue condenado a 31 años de cárcel por un juez del Distrito Sur de Nueva York, quien lo encontró culpable por delitos de narcotráfico.

Ever Veloza, alias 'HH', fue el úlitmo jefe paramilitar en ser extraditado.

- Desde Colombia formulan cargos a 'HH', preso en EE.UU. 

Éver Veloza, alias 'HH'

Antes de ser extraditado, Ever Veloza, alias 'HH', rindió 15 versiones libres en febrero de 2009. Desde que se encuentra en Estados Unidos, el antiguo jefe de los bloques Calima y Bananero de las Auc, no ha rendido ni una diligencia de confesiones de hechos.

Sin embargo, el pasado 5 de mayo, la la Fiscalía 17 Delegada ante Justicia y Paz inició la formulación de un total de 88 cargos delictivos, que incluyen 76 homicidios, entre ellos de varios sindicalistas y miembros de la Unión Patriótica; 34 casos de reclutamiento de menores; tres masacres; y 3.500 desplazamientos forzados perpetrados durante su permanencia en las filas paramilitares como comandante de los bloques Bananero, que operó en la zona norte del Urabá antioqueño, y del Calima, que tuvo su accionar criminal en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.

No obstante, la funcionaria judicial aclaró que esta formulación de cargos era parcial, por cuanto se tienen registros de por lo menos 6.000 víctimas que alegan que fueron afectadas por los grupos armados que comandó alias ‘HH’ y por los cuales tendrá que responder posteriormente.

Los cargos que comenzó a formularle la Fiscalía se basan en hechos ya confesados por el postulado en versiones realizadas en los años 2007 y 2008, y los mismos se circunscriben a acciones criminales cometidas por alias ‘HH’ directamente o por hombres bajo su mando desde que ingresó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) hasta cuando se desmovilizó en 2004, haciendo parte de las AUC.






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