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A.P.I.C
 


COLUMNISTAS INVITADOS


¿La libertad de expresión a costa de la libertad de empresa?

Por:  Natalia Ramírez Bustamante/APIC

El Tiempo podría haber contradicho los argumentos de la columnista López en una actitud democrática, pero optó intempestivamente por forzar su salida.


En su última columna publicada por el periódico El Tiempo “Reflexiones sobre un escándalo”, Claudia López incurrió en lo que algunos critican como “morder la mano que te da de comer”. En ella, López calificó la perspectiva adoptada por ese periódico frente a los subsidios Agro Ingreso Seguro como: “una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada de los efectos políticos del escándalo”, porque en lugar de cubrir la noticia, aquel se conformó con especular sobre las implicaciones políticas de la misma.

De acuerdo con la columnista, la perspectiva sesgada del periódico le permitió titular, posteriormente, "Indignación y rechazo genera Andrés F. Arias por caso de Agro Ingreso entre lectores de eltiempo.com". López también señaló que los lectores de la edición web fueron invitados a responder a la pregunta de si Arias debería renunciar a su precandidatura presidencial a causa de los AIS, mientras que no sucedió lo propio con Juan Manuel Santos cuando se destapó el escándalo de los falsos positivos.

Finalmente, decía López, el sesgo de El Tiempo lo condujo a concluir, injustificadamente, que mientras el escándalo de los AIS debilitaba la carrera a la Presidencia de Arias, la de Santos, a causa del mismo hecho, ganaba ventaja.

La reacción del periódico frente a las denuncias de López fue publicar la columna seguida de una nota en que calificaban como “falsas, calumniosas y malintencionadas” sus afirmaciones, las cuales entendían como su carta de renuncia, la cual, dijo la Dirección del periódico, “se acepta de manera inmediata”.

La valentía y responsabilidad profesional de López la llevaron a denunciar lo que consideraba un sesgo del periódico a favor de Juan Manuel Santos durante su cargo como Ministro de Defensa y ahora frente a su campaña presidencial. También puso en evidencia un conflicto de intereses que se manifiesta en la forma en que El Tiempo cubre la realidad nacional y su interés comercial en ganarse la adjudicación del tercer canal de televisión que otorgará el gobierno.

Algunos han señalado que la Dirección de El Tiempo ejerció legítimamente su libertad editorial, y en virtud de ella, la decisión de desvincular a una columnista que abiertamente contradice su manera de hacer periodismo y que cuestiona su objetividad y neutralidad.

Pese a que El Tiempo es, en efecto, un medio de comunicación privado, esto no puede restar valor al hecho que los medios masivos de comunicación cumplen una función pública y social cuyo objetivo es promover la libertad de información entre los ciudadanos, ampliar su libertad de decisión a través de la presentación objetiva de los hechos y la deliberación entre ideas, interpretaciones y tendencias opuestas. 

En fin, existe una relación central y directa entre el ejercicio del periodismo y el respeto y promoción de valores centrales de una democracia como lo son la libertad de expresión y la libertad de información.

Aunque el periódico podría haber reaccionado contradiciendo los argumentos que presentó la columnista en una actitud verdaderamente democrática que reconociera la posibilidad del disenso, optó intempestivamente por forzar su salida, sin asumir seriamente los argumentos de López y sin mostrar su presunta falsedad y maledicencia. 

Es más, antes de lo que suele hacerlo, el periódico retiró de la página web la columna de López, que acumuló más de 1.000 comentarios la mayoría de los cuales la apoyaba, con el fin de dar su propia versión de los hechos.

El editorial de El Tiempo del día siguiente pretendió hacernos creer que no importa quiénes son los dueños de los medios de comunicación ni qué intereses económicos o políticos defienden porque esos factores no influyen en el formato y contenido de las noticias. Pero estas afirmaciones son contraevidentes. 

Con ocasión del despido público de López se ha recordado el despido reciente de otra columnista del periódico El Colombiano por escribir una columna en la cual defendía el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos por cualquier circunstancia. Si estas no son pruebas de los atentados que sufre la libertad de expresión y correlativamente la libertad de información de los colombianos, ¿qué lo es?

Para mostrar la gravedad de la perspectiva de El Tiempo y sus defensores, ¿Qué sería del derecho a la información de los colombianos si un día la ultraderecha católica y sus seguidores compraran los principales medios de comunicación del país? ¿Nos conformaríamos con no conocer los avances de la ciencia en temas como los métodos de control de la fertilidad, o con el hecho que las personas de centro o izquierda no tuvieran la oportunidad de controvertir simplemente porque se les niega el acceso a estos medios?

No es una novedad el que los medios de comunicación son también objeto de pugnas por el poder económico y político, y que quienes disponen de mayores recursos tienen mayores posibilidades de presentar su perspectiva como “la perspectiva objetiva” y guiar así a la opinión pública. 

Lo que sí es una novedad, -al final de cuentas una afortunada novedad porque contribuye a develar cuestiones centrales sobre la forma en que funcionan los medios de comunicación en Colombia- es que un periódico con las credenciales de El Tiempo incurra en conductas abierta y descaradamente antidemocráticas. Esta era la prueba que estaban esperando quienes han criticado al periódico por gobiernista y sesgado. Parece que ahora quedan pocas dudas.

Finalmente, no sobra recordar que Enrique Santos, quien hace parte del grupo editorial de El Tiempo, es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre cuyos objetivos se encuentran, entre otros, “defender la libertad de prensa donde quiera que se impugne en las Américas”, “defender la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo”, “promover el intercambio de ideas e información que contribuye al desarrollo técnico y profesional de la prensa” y “alentar un conocimiento amplio y un mayor intercambio de información entre los pueblos de las Américas en apoyo a los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual”. 

Cualquier lector concedería que todos los anteriores objetivos de la SIP han sido contrariados por la reacción de El Tiempo contra López, o que su presidente tiene una interpretación muy particular de los objetivos de la organización que preside. En virtud de la coherencia entre las ideas que se defienden y lo que se hace ¿no debería la SIP, a su vez, aceptar la renuncia de Enrique Santos?

Hacia la deslegitimación

Por: Laura Gil/APIC

Los falsos positivos y las persecuciones políticas, más propias de una dictadura que de una democracia, podrán afectar el escenario internacional de Colombia mucho más que el lobby de las Farc. El retiro de la ayuda británica al Ejército constituyó el primer paso. Existe todavía mucho apoyo en Washington, pero no tanto como para resistir tanta presión. Esta semana, Obama volvió a señalar a Colombia como un aliado privilegiado. No obstante, de perpetuarse estas prácticas, el presidente Uribe podrá convertirse en un aliado distante, incómodo y hasta prescindible.

Si las cosas siguen así, el mismo presidente Uribe será el encargado de sepultar la política de Seguridad Democrática. El Gobierno fue notificado en el 2004, desde sus propias entrañas, de que las ejecuciones extrajudiciales constituían un fenómeno alarmante. Pero, hasta el final del 2007, nada hizo para eliminar los incentivos que las provocaban. En octubre del 2008, el presidente Uribe actuó de manera contundente al separar del servicio a 27 militares. Desde entonces, no ha hecho más que hablar de "falsas denuncias".

Y, ahora, cuando por fin la Fiscalía actúa, simplemente se declara preocupado por los militares, enfatizando una vez más que "pululan las falsas acusaciones". Sin ofrecer ayuda a las víctimas, propone para los acusados un sistema especial de defensa judicial. "La contratación de abogados para cualquier defensa con recursos propios se constituye en una tragedia. Los desmotiva mucho en sus ingresos", reflexiona. ¿Creerá el Presidente que las víctimas sí tienen recursos para hacer valer sus reclamaciones? Además, la defensa judicial constituye un derecho. Si los militares no pueden pagar su defensa, ¿no existe un sistema de defensoría pública? Si este le parece tan malo al Presidente, ¿por qué no lo refuerza para todos los colombianos?

¿Cuándo ha expresado el Presidente preocupación por las mamás de Soacha? O, ¿por el resto de víctimas de agentes del Estado? Durante el último año, el Gobierno se ha encargado de hacer todo lo posible para excluirlas del Estatuto de Víctimas que cursa en el Congreso. A diferencia de las víctimas de las Farc o los paramilitares, ellas deberán obtener una sentencia judicial para obtener reparación; eso sí, sin ayuda legal alguna del Estado.

Todo esto muestra un jefe de Estado sordo y ciego ante la crisis de derechos humanos. Tan sordo y tan ciego al dolor está el Presidente, que Pablo Emilio Moncayo sigue secuestrado por reticencias de carácter electoral que no dejan de ser menores ante once años de tormento, una responsabilidad de las Farc a la cual se agrega hoy la indolencia del Gobierno.

La locuacidad del Presidente se acaba cuando se trata del escándalo del DAS. ¿Qué podría decir? "Que la justicia encuentre a los culpables... Que llegue hasta las últimas consecuencias". ¿No hemos escuchado eso ya? ¿Para qué más promesas vacías de reforma de un DAS a estas alturas irreformable? Si todo huele mal en la Casa de Nariño, pero el Presidente sí está impoluto, lo mejor que puede hacer es actuar: actuar para ver si logra convencer de que no sabía, de que no utilizó la información y de que todo fue a sus espaldas. Pero, hasta ahora, nada. Solo silencio.

En un contexto de instituciones deterioradas, impulsado por una alta popularidad que ha persistido en el tiempo, el Gobierno aspira a sacar adelante una reelección. Los mejores niveles de seguridad son suficientes para los colombianos. La gente buena no quiere creer y cierra los ojos. Pero el golpe vendrá desde el exterior. Cuando el espacio internacional de Colombia se comprima, la deslegitimación de la seguridad democrática no tendrá reversa. Ello no será por cuenta de las Farc, los demócratas de Estados Unidos o los ilusos británicos. Habrá sido por cuenta de que la seguridad dejó de ser democrática.

Las travesuras de Tomás y Jerónimo

Por: Dickson E. Quiroz Torres/APIC

Intensamente amargo es el sabor que deja en los colombianos la operación comercial que involucra a Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del presidente de la República Álvaro Uribe Vélez.

La historia fue difundida ampliamente por un noticiero de televisión, cuyo director, Daniel Coronell, adelantó una exhaustiva investigación hasta llegar a la inferencia muy bien sustentada de que en la operación hubo un desmedido incremento patrimonial a favor de los vástagos presidenciales, logrado seguramente merced a influencias políticas.

Era previsible el alboroto político que se ha armado y que amenaza seriamente con afectar la imagen presidencial. El país no ve con buenos ojos, y no lo ha visto nunca, que los delfines y familiares de los gobernantes negocien a la sombra del poder gubernamental.

La historia universal es rica en tales ilustraciones, y la nacional no se queda atrás: recuérdese tan sólo el famoso episodio de La Libertad, que prácticamente llevó al traste con la presidencia de López Pumarejo al atribuírsele manejo ventajoso a su hijo Alfonso López Michelsen.

El caso actual tiene ribetes parecidos, y ojalá no tenga por infortunio iguales consecuencias. La operación comercial, por supuesto, no se antoja transparente: hay decisiones de alcaldes que luego compran parte de la torta, decisiones de ministros que valorizan los predios comprados, inexplicable participación de los hijos del Presidente en reuniones oficiales y, lógico, se registra un desmesurado y sospechoso incremento patrimonial de éstos.

Con semejante panorama para nada claro, sería cretino pretender que el país no se sacuda en búsqueda de la verdad. Con semejantes evidencias sería necio pretender ocultar un notorio tráfico de influencia y un inocultable enriquecimiento ilícito…

Aunque la corrupción campea a su antojo a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio, o quizás por ello mismo, la sociedad no está insensible al fenómeno; la tolera y la padece, pero asquienta, peor aún si las conductas proceden de quienes están llamados a bien educar con el ejemplo, como es el caso presente.

Es explicable, pues, que sobre todo el país político se timbre, y consecuente promueva los debates necesarios para el esclarecimiento de los hechos, no importa que trate de achicarse a los promotores enrostrándoseles afanes oposicionistas y odiosidad a la figura y al gobierno de Uribe Vélez.

Tampoco importa que las mayorías obsecuentes y conniventes con el gobierno oficien como aplanadoras y castren o aborten el debate; no importa que no se logre la asepsia pretendida, pues la semilla de la inconformidad sembrada más temprano que tarde germinará.

Además de conocer la historia, hay que escarmentar de ella en vez de mostrarse ciego, sordo y mudo. Más en nuestro mundo caracterizado por el facilismo corrupto y la impunidad judicial y social, los hijos de los gobernantes deben permanecer lejos de la órbita de influencia; de lo contrario, bien temprano terminan seducidos por el vértigo del poder con su capacidad degenerativa y depredadora.

Sin duda, el presidente Uribe Vélez goza de un inmenso prestigio y aceptación popular, activo que debiera proteger como la joya de la corona, y más en trance reeleccionista. Dios nos libre de la soberbia presidencial de creer que justamente ese inmenso prestigio lo autoriza a abusar y lo blinda por siempre de todos los escándalos.

Los pueblos y las sociedades tienen un umbral de tolerancia, así muchas veces parezca infinito por el dejar pasar otros casos. Es peligroso el abusar, que la paciencia siempre termina agotándose ante la avalancha de dislates y escándalos, en cuyo caso es suficiente inclusive cualquier pretexto baladí.

Por último, ojalá no sean las trapisondas de Tomás y Jerónimo las que favorezcan a la guerrilla tumbando al presidente de la República. Casos se han visto.

La aplanadora

Por: HERNANDO GÓMEZ BUENDÍA/APIC

A veces las noticias hablan solas y no es sino juntarlas:

- 73 congresistas se vieron enredados en la parapolítica y el Gobierno no tuvo más remedio que sumarse al clamor de castigar a los partidos responsables. Habría bastado con anular los votos obtenidos por la fuerza para que los partidos perdieran las curules sin necesidad de reformar la Carta. Pero con esto el gobierno habría perdido su mayoría en el Congreso (lo dijo el ministro Holguín) y por eso se embarcó en la “reforma política”.

- El texto de la reforma política fue siendo suavizado paso a paso, y ahora lo que hace exactamente es lo contrario de lo que buscaba: los partidos conservan su curul y a cada preso lo reemplaza el que seguía en su lista. -

El texto se fue llenando de micos para atornillar a los actuales congresistas y arreglarles la vida a los partidos uribistas. Esto se logra mediante los tres tipos de reformas que hoy son los tres pilares del proyecto: disminuir la competencia política, echarle mano al poder electoral, y facilitar la escogencia del candidato oficialista.

- Para disminuir la competencia electoral se hacen tres cosas: aumentar el umbral de un 2% a un 3%, lo cual deja por puertas a los partidos pequeños (salvo los uribistas, que se unirán a un partido más grande); prohibir que los concejales y diputados renuncien para aspirar al Congreso; y decir que los indultados por haber pertenecido a la guerrilla “en cualquier tiempo”– o sea Petro y Navarro- no podrán “ocupar un cargo público”.

-Para echarle mano al poder electoral se hacen dos cosas: el Registrador ya no será elegido por concurso de méritos ante las Altas Cortes, sino por mayoría en el Congreso; y el Consejo Nacional Electoral sigue en manos de los partidos grandes, pero ahora se le aumentan sus funciones.

-Para facilitar la vida de los uribistas se hacen otras dos cosas: dejarlos que escojan candidato único a la Presidencia sin necesidad de unirse en un partido; y por si las moscas permitir “por una sola vez” que los ya elegidos se cambien de partido sin incurrir en sanciones por “doble militancia”.

-¿Que había resistencia en las toldas uribistas? Pues a Vargas Lleras le voltearon a “su” gente, a Restrepo lo montaron en la U, a Arias lo pusieron a cuidar la silla azul y a los minipartidos de la coalición les entregaron la no-reforma política.

- ¿Qué existen dudas jurídicas? Pues para eso cambiaron el texto del referendo, para eso el Consejo Electoral ya declaró que la plata de las firmas era limpia, y para eso -qué hacemos- están los dos magistrados ineptos pero amigos que llevaron a la Corte Constitucional.

- ¿Qué es difícil conseguir los 7 millones de votos? Pues para eso propusieron extender la reelección a los alcaldes y gobernadores, para eso están “limpiando” el censo electoral de muertos (y también de abstencionistas), y para eso los 20 senadores presentaron el proyecto-colchón donde el Congreso cambia otra vez la Constitución sin necesidad de referendos.

Sólo nos falta que el Presidente Uribe se reúna con su “alma” y la convenza - como le dijo al Presidente Carter anteayer. O que de pronto se deje convencer. Y sólo entonces sabrán el mundo y Colombia si estamos en A o en B.

www.razonpublica.org.co

La patria de la familia…Uribe

Por: GERMÁN DANILO HERNÁNDEZ/APIC

Si algo se ha consolidado durante el prolongado periodo de gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez es la asociación que muchos hacen de su apellido con el concepto de patria.

Por fuerza de convicción o por efectos de la bien orquestada manipulación mediática, la “defensa de la patria” quedó íntimamente ligada a la defensa de Uribe, por lo que los contradictores de sus políticas y estilo de gobernar, pasaron a ser apátridas, enemigos de la democracia, e inclusive “terroristas”.

El Jefe del Estado ha salido airoso de casi todos los escándalos grandes de la para-política, la Yidis Política, Carimagua, los falsos positivos y la violación de soberanías, entre tantos otros, apoyado en el discurso de anteponer siempre los “intereses de la patria”.

Esos intereses están al parecer profundamente arraigados no sólo en el enérgico mandatario, sino en varios miembros de su familia, quienes no han desperdiciado oportunidad de obtener la titularidad de extensos terrenos de la patria y contar con el beneplácito de los organismos del Estado para obtener con ellos las utilidades que ningún otro negocio podría brindar.

Las revelaciones recientes del periodista Daniel Coronell, de la que hicieron eco hasta los medios de comunicación reconocidamente uribistas, ponen de presente que para la familia Uribe la patria, además de una opción de poder es una alternativa de titularidad y de excelentes oportunidades financieras, seguramente garantizadas con la continuidad de uno de los suyos en la Presidencia.

Multiplicar por mil, en muy corto tiempo, una inversión de 33 millones de pesos en Colombia, es una facultad reservada para los genios de las finanzas, los David Murcia, los otros menos santos y los hijos imberbes del Presidente.

Como lo demuestra Coronell con sus pruebas, toda una corte de instituciones del Estado facilitó la conversión de unas tierras devaluadas en una Zona Franca privilegiada, permitiendo que sus hasta entonces anónimos propietarios saltaran del negocio de las artesanías a las ligas mayores de la finca raíz y la operación de empresas multinacionales.

En las primeras reacciones a este nuevo y monumental escándalo, algunos de los funcionarios implicados han dicho desconocer que los hijos del Presidente hicieran parte de los procesos que aprobaron, mientras que otros se han adelantado a certificar el cumplimiento cabal de los trámites legales.

Sin duda alguna, los papeles que soportan el negocio multimillonario de los Uribe estarán en regla y no habrá faltado un solo trámite, pero el asunto aquí no es estrictamente jurídico, sino ético. Con la maquinaria del Estado al servicio de Jerónimo, Tomás y de otros parientes cercanos, para garantizar su mayor enriquecimiento, mientras el padre define su reelección presidencial, lo que queda demostrado, sin lugar a equívocos, es que Colombia es la patria de la familia…Uribe.

Corromper periodistas para dañar a los jueces

Por: Javier Dario Restrepo/APIC

La afirmación del magistrado Jaime Arrubla, recogida por la periodista Cecilia Orozco (El Espectador 07-03-09) no quedó escrita en el agua, tanto por quien lo dice, un respetado y respetable magistrado de la Corte Suprema, como por la grave denuncia que contiene.

“Alguna vez oímos que personas muy importantes de Medellín estaban dando dinero para organizar un grupo de comentaristas y articulistas que desacreditaran a la Corte. En otras palabras, para deslegitimar al juez y minarle su credibilidad”. Al insistirle sobre esta afirmación, Arrubla no negó, ni atenuó, explicó que por falta de sustento probatorio no se había iniciado proceso legal alguno.

Es decir, que el hecho se dio, que como tantos episodios similares, no dejó rastros, de la misma manera que los dineros pagados a grupos paramilitares o a grupos guerrilleros por hacendados promotores, o por empresas y finqueros amenazados, estimularon la acción subversiva sin dejar huellas.

Son hechos que tienen un elemento común: los hacendados y las “personas importantes” atentaron contra instituciones hechas para garantizar la seguridad de todos: los hacendados con el pretexto de defender sus propiedades pusieron en riesgo la seguridad de los demás -que lo digan si no las víctimas de guerrilleros y paramilitares- y aquellas “personas importantes de Medellín” crearon un serio peligro para toda la sociedad porque minar una institución como la justicia es el recurso más eficaz para convertir a un país en el reino de los más fuertes y en el infierno para los débiles. Y como los hacendados, estos “importantes” debieron tener sus razones. Cualesquiera que fueran, no solo atentaban contra la justicia, además pretendían contaminar mortalmente la información pública. Resultado que, en parte, obtuvieron.

Se puede pensar, en efecto, que si hay quien planea comprar columnistas y comentaristas, es porque estos escritores públicos tienen precio conocido. ¿Tenían acaso, antecedentes de periodistas dispuestos a tomar el dictado de los generosos contratistas, con bolsa provista y poder para comprar conciencias? Estos, que cínicamente podrían llamarse antecedentes y estudio de mercado, no solo arrebatan la dignidad de los periodistas, también despojan a la sociedad de un bien indispensable: su confianza en la información pública. Comprar periodistas es una forma eficaz de falsear una de las bases de la convivencia social: la comunicación pública. Con la misma eficacia con que las aguas erosionan los terrenos y desbarrancan las viviendas, esta manipulación de la opinión con chequeras, destruye credibilidades y dejan sin protección a sus víctimas.

El magistrado explicó que se trataba de “deslegitimar al juez y minarle su credibilidad”.

Anteriormente se habían descubierto y denunciado acciones dirigidas hacia el mismo objetivo. La más escandalosa, la conversación clandestina de unos delincuentes en la Casa de Nariño. Menos escandalosas, pero sí efectivas, las acusaciones públicas sin prueba alguna contra el ex presidente de la Corte, el señalamiento de los magistrados como “partido político”, y los seguimientos y amenazas contra magistrados y sus familias que documentó un informe periodístico reciente. (Semana n.° 1.400, 02-03-09).

Inquieta aún más el hecho de que todo este proceso de persecución coincida con las acciones judiciales contra los parapolíticos y con la ofensiva para garantizarles la impunidad con presiones a la justicia. Es posible que corrompiendo periodistas y persiguiendo jueces se pueda defender un gobierno, pero no una democracia.

Tirofijo, un personaje histórico

POR: Javier Dario Restrepo/APIC

Tras una vida de violencia, reprobado por unos hasta el anatema, y exaltado por otros hasta la gloria de la estatua, Manuel Marulanda, o Pedro Antonio Marín, o Tirofijo, sigue influyendo en la vida nacional un año después de su muerte.

Su foto con el candidato Andrés Pastrana decidió las elecciones de 1998, por la esperanza de paz que insufló en los electores, más que por las calidades del candidato. La desilusión que dejó ese gobierno y la promesa de una mano firme contra Marulanda, contaron en la elección de Álvaro Uribe en 2002; y no se puede descartar que la esperanza de una derrota definitiva de la guerrilla fue la carta de triunfo del 2006; la misma que influirá en el 2010.

El odio contra él y su guerrilla ha tenido una fuerza de convocatoria electoral que no han tenido los partidos. Ni Santander, ni Bolívar han compactado electores con tanta fuerza como el odio contra Marulanda y las Farc.

Las elecciones de 2006 le dieron la primera reelección a Uribe porque era necesario prolongar un gobierno que con otros cuatro años a disposición derrotaría a las Farc.

Las motivaciones que en otros países mueven a los electores -la lucha contra la pobreza, la erradicación del desempleo, el impulso al desarrollo económico o científico, la construcción de carreteras o de hospitales o de escuelas-, aquí no han contado. El país no parece pensar en esos temas, obsesionado por su odio a Marulanda y por la voluntad de derrotarlo.

Ejemplos como el de El Salvador, aquí serían impensables. ¿A alguien se le ocurre que Alfonso Cano, o el director del periódico Voz, pudieran llegar a la presidencia? Cuando ese pensamiento se propuso y se creó la Unión Patriótica, pudo más el odio que la utopía de la paz.

Si se da una segunda reelección de Uribe, es probable que el argumento del odio supere a cualquier otro tema de campaña.

Ese odio inspiró y les dio apoyo a las autodefensas, otro mal que tiene su origen en las Farc. Es la reacción equivocada frente a la guerrilla, que se degradó hasta clasificar como enemiga de la población.

Con Marulanda nació, como si fuera un río envenenado, un torrente de males, desde el que ha convertido a Colombia en un campo de guerra durante más de 40 años, e hizo de nuestras selvas campos de concentración, sembró de minas y de aldeas fantasmas nuestros campos, hasta propiciar -como otra plaga bíblica- el nacimiento de los paramilitares y de la corrupción en las Fuerzas Armadas.

Estos últimos son males indirectos, pero males, porque resultan de la reacción equivocada frente a las Farc. Fue trágicamente erróneo creer que el fuego se combate con fuego y el odio con el odio, tanto que hoy por hoy Colombia es país incapacitado para la paz.

Lo que no habían logrado las Farc, lo hicieron los paramilitares: corromper hasta los tuétanos la política y a los políticos. Fue otro efecto no buscado, como el de que las Farc llegaran a ser el primer elector. Decía Carlos Gaviria, y no le falta razón, que no se pensaría en otra reelección si las Farc estuvieran tan muertas como Marulanda.

El suyo es un nombre tan vinculado a nuestra historia, como Caín, Nerón o Atila a la de la humanidad. No para bien, pero sí para mal, nuestras desgracias convierten a Tirofijo en un personaje histórico.

¿Cuál seguridad democrática?.

Darío Arregocés Baute/APIC

La escalada delincuencial en las principales capitales del país parece confirmar lo que era un secreto a voces, se acabó la tranquilidad para los ciudadanos de bien. Si no le suena convincente la anterior afirmación, revise como está la situación en Cali, donde el fenómeno se manifiesta con la aparición de bandas armadas cuyos integrantes oscilan entre tres y 18 individuos generalmente del sexo masculino, algunas de ellas con una vigencia de más de diez años, conocidas como Los chicos malos, Los chachos, Los aguacates entre otras, cuya especialidad es el hurto y según datos oficiales el año pasado se capturaron más de 1.700 menores dedicados a este actividad. La situación en Sincelejo tiene como sus principales actores del delito a los desmovilizados de los bloques Héroes de los Montes de María y La Mojana, quienes al parecer pasaron a conformar bandas emergentes que tienen aterrorizados a los sucreños. En la capital de Colombia el perfil del delincuente responde a un individuo victima del desplazamiento forzado, especializado en el hurto, robo a residencias y piratería terrestre.

“En el corralito de piedra” el principal dolor de cabeza para la autoridad lo constituyen las muertes violentas y el atraco callejero los cuales vienen aumentando desde el 2006. En Medellín, la captura de 33 sindicados desató una escalada violenta con un saldo de 30 víctimas en los últimos días. Valledupar, tampoco es la excepción, pues prolifera el hurto de celulares, el fleteo y se observa con preocupación un incremento en los delitos sexuales, amén de los famosos panfletos que amenazan con la llamada “limpieza social” pero se toman la molestia de pedir excusas anticipadas si llega a caer algún inocente.

Para enfrentar a los delincuentes, se siguen dando las mismas respuestas por parte de los Alcaldes quienes presiden consejos de seguridad de conclusión única: aumento del pie de fuerza y colaboración ciudadana. A escala nacional, tenemos el trillado discurso del presidente Uribe, quien se limita a darnos cifras estadísticas que demuestran fehacientemente la disminución de delitos tales como el secuestro y el homicidio, lo que no deja de ser una verdad a medias, pues ciertamente, y hay que reconocerlo, se puede viajar con relativa tranquilidad por el país, pero lo que no se puede es salir a la calle sin ser víctima de un atracador. Se concluye entonces que la única seguridad democrática que nos ofrece el gobierno del Presidente Uribe y que resulta muy evidente es la de su Reelección indefinida.

darioarregoces@hotmail.com

Estamos jodidos

Por: María Jimena Duzán/APIC

Hay el temor de que a 'Don Mario' lo extraditen antes de que pague por sus crímenes en el país y sin contarle a la Fiscalía cuáles eran sus amigos en el Estado.

No quisiera aguar la fiesta ni demeritar en lo mínimo el éxito que se apuntó el general Naranjo con la captura de 'Don Mario', el capo de tuti cappi, quien en tan solo cuatro años, logró amasar un poder desde la ilegalidad comparable al que los Castaño forjaron a lo largo de 20 años de terror. Pero me temo que su captura no sólo es un triunfo de las fuerzas del orden sobre el bajo mundo del narcoparamilitarismo.

También es la prueba fehaciente de que el certificado de defunción que le expidió al paramilitarismo hace tres años el entonces comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo -¿se acuerdan, cuando le anunció al país que el paramilitarismo se había acabado- es tan falso como el de 'Raúl Reyes', cuyo cadáver parece tener cada día más vida propia: ha ido del timbo al tambo como pocos muertos lo hacen y todavía no aparece, aunque ya -¡hélas!-, la Policía dijo que lo había enterrado en un sitio secreto. Como van las cosas puede terminar votando en el referendo reeleccionista, ingresando así al selecto grupo de los muertos que votan.

Por donde se le mire, el ascenso vertiginoso de un capo como 'Don Mario' confirma no sólo que el narcoparamilitarismo sigue vivito y coleando, sino que, para nuestro pesar, las estructuras de poder que lo sustentan siguen gozando de muy buena salud. No de otra forma se explica que en menos de cuatro años un soldado raso de Vicente Castaño hubiera logrado convertirse en el amo y señor del norte del país -su imperio, dicen, iba desde el Urabá hasta La Guajira-, ni que hubiera conseguido imponer su poder en Antioquia hasta llegar a defenestrar a la organización de 'Don Berna' y asentarse en la ciudad de Medellín -en el año 2008, según Medicina Legal, la tasa de homicidios en la capital paisa fue del 45 por ciento-, ni que hubiera logrado extender su dominio hasta los Llanos y Bogotá, gracias a los nexos que siempre tuvo con los herederos de Miguel Arroyave.

Pero no sólo con 'Don Mario' la premisa de que en Colombia se acabó el narcoparamilitarismo se derrumba. Sucede lo mismo con la tesis de que las bandas emergentes son sólo organizaciones de narcotraficantes que ya no matan a nadie por sus credos políticos, como nos lo ha dicho más de una vez este gobierno. 'Don Mario' montó una poderosa estructura nacional del terror dedicada a intimidar y aterrorizar a los colombianos. Muchos de los panfletos que han inundado el país en este último año en los que se amenaza a los trabajadores de los derechos humanos, a homosexuales y se anuncian limpiezas sociales, provenían de las Autodefensas Gaitanistas, una mampara creada por 'Don Mario' que alcanzó a tener 12 frentes en todo el país y que le permitió extender sus redes de narcotráfico a la par con las del terror.

Otro dato preocupante es el hecho de que la mayoría de las huestes de 'Don Mario' sean hombres desmovilizados de las AUC o de la guerrilla del EPL. Esta realidad confirma la tremenda debilidad de la política de desmovilización implementada por este gobierno y por el ex alcalde Fajardo en Medellín, así él insista en mostrarla como su joya de la corona. Si cada vez es mayor el número de desmovilizados de las AUC -valga decir que afortunadamente en el caso de los desmovilizados de las Farc ese fenómeno no se da- que se están yendo de nuevo a la guerra, esa política ha sido un fracaso.

Pero también hay otro temor: el de que a 'Don Mario' lo extraditen antes de que pague por los crímenes cometidos en el país y se vaya como se van todos, sin contarle a la Fiscalía cuáles eran sus amigos en el Estado, aquellos que le permitieron crecer como espuma en tan solo cuatro años. Y el tal 'Don Mario' nos debe muchos secretos en ese sentido. Sobre todo en lo que tiene que ver con sus relaciones con el ex fiscal Guillermo Valencia Cossio, hermano del Ministro del Interior. ¿Nos contará cómo se hicieron amigos y a cuántos narcos, además del 'Indio', ayudó el ex fiscal Valencia desde su puesto para evadir el peso de la justicia? ¿Cuáles eran los políticos y las personalidades que estaban en su nómina? ¿Será que lo van a extraditar antes de que nos lo cuente?

Por último, están las víctimas, que poco cuentan a la hora de la verdad, pero que son las que más sufren. Según el propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a 'Don Mario' se le responsabiliza de por lo menos 3.000 asesinatos de colombianos. ¿Será que las víctimas colombianas valen menos que 100 kilos de cocaína?

Mientras que las estructuras de poder del narcoparamilitarismo no se desmonten, seguiremos teniendo una procesión de 'Dones' -'Don Pablo', 'Don Berna', 'Don Mario'...-, quienes se sucederán tras haber impuesto su reinado del terror. Y si encima de eso el gobierno insiste en que el paramilitarismo se acabó, estamos jodidos.

¡Y DONDE ESTÁN LOS CULPABLES!

Por: MARCO AURELIO URIBE GARCIA/APIC

Los escándalos y denuncias por cuenta de la corrupción estatal no es nada novedoso, va casi a la par con la creación de los Estados, pero preocupa ver como en Colombia de manera sistemática se ha venido apoltronando la desidia, la deshonestidad y la connivencia con la impunidad en los organismos de control, especialmente en La Procuraduría y La Fiscalía General de la Nación, y esta afirmación la hago con conocimiento de causa y prueba en mano.

Claro que la situación es preocupante, ya que nunca antes habíamos tenido una avalancha tan enorme en escándalos por corrupción, como los que se han presentado en los últimos años, con el agravante de que esta pandemia está haciendo metástasis en todas las instituciones del estado, no moviéndose una hoja en pos de, por lo menos, investigar y, de pronto, en sancionar, si hubiere lugar, ya que goza de plena garantía y blindaje la figura fatídica de la IMPUNIDAD.

Los episodios que ha vivido Colombia son únicos y de una exclusividad escalofriante: La sanguinaria violencia partidista; después la era del ‘bandolerismo’; luego el nacimiento de las FARC y del ELN, que aún persisten; el del M-19, que firmó el proceso de paz; los cárteles de la droga, hoy sin tanto protagonismo en el terrorismo, pero siguen vivitos y coleando, hasta aquí sólo tenemos “un par” y es el Medio Oriente, en cuanto a victimas se refiere, sólo superados por el holocausto judío; después vino lo que menos se esperaba y lo que nadie se alcanzó a imaginar, y, es aquí donde la sal se empieza a corromper: nace la alianza más macabra y tenebrosa entre unos asesinos natos reductos de las ‘Convivir’ con una parte de la clase política, en diferentes niveles, ávida de riqueza y de poder, que se autodenominaron las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’, mejor conocidos como ‘Paramilitares’ o ‘Paracos’, con la aquiescencia, dirección en cierto grado y protección de gran parte de los miembros de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y con un apoyo financiero muy significativo por parte del gremio ganadero. Este grupo armado ilegal empieza con un único objetivo: la protección del entorno rural contra las incursiones guerrilleras; posteriormente, pensando en ampliar la jugosa empresa que tenían a la mano se convierten, a fuerza de balas y sembrando muerte y desolación, en propietarios de los feudos y sus ganados e instalan en ellos la industria de los narcóticos, el negocio más rentable del mundo, y es así como empiezan a extender sus tentáculos opresores y a permear la casi totalidad de los organismos del orden nacional, territorial y municipal, buscando a toda costa la simbiosis perfecta e ideal del poder: la combinación del político y el económico.

La alarma se encendió en algunas regiones del norte de nuestra geografía, y unos militantes de un Partido Político denunciaron ante unas instancias judiciales ciertos comportamientos sospechosos de posibles vínculos de políticos con esos grupos al margen de la ley, situación que fue desapercibida y pasó a engrosar los empolvados anaqueles; posteriormente, en un operativo cayó en manos de la autoridad un computador de un” alter ego” de un tal jefe paramilitar ‘Jorge 40’ y fue la de Troya, se destapó públicamente parte de lo que se había denunciado y gran parte de la alianza que se conoce hoy como la‘Parapolítica’.

Ante este acontecimiento La Corte Suprema de Justicia avoca el conocimiento del caso y empieza a vincular al proceso alrededor de sesenta personas entre congresistas y gobernadores. Es de anotar, que por cuenta de este proceso la Corte ha tenido que soportar los embates más despiadados del Presidente, por motivos ampliamente conocidos, y de algunos columnistas de los medios que han criticado sus decisiones sin esbozar ningún argumento jurídico, razonable y valedero, cosa que sorprende por demás, por darse una especie de “Solidaridad de Cuerpo” sin ton ni son. Pero bueno, al fin y al cabo, ahí va la investigación, todo indica que aunque no van a recibir el castigo merecido, ni los unos ni los otros, por lo menos no habrá total impunidad, quedándonos un gran aliciente: los culpables están detectados y están siendo investigados y juzgados.

Como no se puede negar la desestabilización institucional y la contaminación casi indeleble que nos legó la infiltración paramilitar, quedan en el aire ciertos enigmas o huellas de impunidad que deben ser investigados, aclarados y sancionados los culpables, si hay lugar a ello, para así buscar los correctivos urgentes y necesarios que nos permitan recuperar la seguridad, tranquilidad y confianza en el aparto estatal.

Cuando el casete”Pastrana” destapó el mini escándalo político, proceso 8.000, y que afortunadamente no tuvo una impunidad total pero sí relativa, ya que se quedaron por fuera algunos, el señor Fiscal General de ese entonces manejó el acervo probatorio de la manera más arbitraria y como le vino en gano, sin ningún pronunciamiento de responsabilidad penal hasta el momento, por parte de La Cámara, también se incurre en corrupción por omisión y por falsedad en el manejo indebido de las pruebas.

Cuando en los departamentos costeños, incluido Urabá, y en el Magdalena Medio comenzó el estrépito ensordecedor de las motosierras ‘paracas’ el señor

Embajador en México, en ese entonces Fiscal General, en razón de su cargo tuvo conocimiento de todos los pormenores de esta situación y guardó total hermetismo, lo que dio pié a que avanzaran estos grupos en sus desmanes y desafueros arbitrarios y sanguinarios. No se ha pronunciado La Cámara en cuanto a su responsabilidad penal por prevaricato y otros conexos.

El Fiscal actual ha sido muy lento, pasivo y amigo de la ‘justicia selectiva’ ha encontrado poco apoyo y mucha deslealtad en sus colaboradores, sobre todo en las regiones infestadas por el paramilitarismo. Ha demostrado mucha desidia en casos que requieren más celeridad y atención en su investigación como lo es el del Comité Reeleccionista; el de Paramilitarismo; el de Cohecho de la aprobación de la reelección; el del ex-director del DAS; el del ex-director de Invías; el de la nueva Pirámide de Manizales; el del infierno que se vive en La Dorada(Caldas);, etcétera. No conozco pormenores ni los móviles que originaron el viaje de sus hijos a La China, pero de eso tan bueno no dan tanto. También, está siendo investigado por La Cámara de Representantes. Es de recalcar que el nombramiento de este Funcionario lo hace la Corte Suprema de Justicia de ternas atornilladas y elaboradas irresponsablemente por el Presidente de la República.¡Que tal que este nombramiento recayera en el Congreso!.

En cuanto a La Procuraduría después del pronunciamiento disciplinario de los encartados en la Yidispolítica, no vale un comentario ni el Procurador saliente, ni mucho menos el entrante. ¡Que error tan “supino” e imperdonable cometió el Senado de la República en este nombramiento, no obstante haber sido tan alertado a tiempo.! Necesitamos conocer los culpables o responsables de los elegidos y de los que eligieron.

En el 2.004 se tramitó en el Congreso una reforma constitucional en procura de darle viabilidad legal a una reelección presidencial la cual culminó con la aprobación del Acto Legislativo por parte del Senado y Cámara y superó el examen constitucional por parte de la Corte respectiva, sin conocer ésta por supuesto que la parafernalia aprobatoria tenía un tinte delictual, ya que para hacer la mayoría requerían de un voto para lograr su objetivo, el cual consiguieron a través de un soborno lo que se conoce en el código penal como Cohecho. Hasta el momento se conoce a dos culpables, del lado que recibieron, faltan los otros, del lado que dieron. Ahora se está tramitando otra reforma constitucional con el mismo fin, con el agravante de que la reelección que se busca va en contravía de la Constitución y está acicalada con un sinnúmero de delitos. No se conoce culpables, pero ya empezaron ciertas conductas a ser investigadas.

Sólo nos resta esperar que aparezcan en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Organismos de Inteligencia los culpables, en cada caso, de los ignominiosos falsos positivos; infiltraciones y grabaciones ilegales de toda índole; relaciones estrechas con grupos al margen de la ley tales como: paramilitarismo, narcotráfico, captadoras ilegales de dinero, etcétera.

Tenemos derecho a conocer sobre la culpabilidad o responsabilidad de los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto a la inasistencia familiar, el nexo del Italiano de los “botines” y la “cartera” y de la platica de los ingenuos de la Hormiga (Putumayo) que Murcia le regaló al ex-candidato a la gobernación de Boyacá.

Es responsabilidad de todos los colombianos exigir que se investigue y se castigue todas las conductas delictuosas, y la de los funcionarios por la misma causa o razón, además, por la responsabilidad política y administrativa. ¡¡Que aparezcan, en cada caso particular, los culpables!!. ¡No más encubrimiento!.

¡ No más Solidaridad de Cuerpo!. ¡Tenemos que recuperar la grandeza y dignidad del pueblo colombiano!!

¿Qué sería de Uribe sin las FARC?

CRISTO GARCIA TAPIA/APIC,

Yo iba a empezar esta travesía de Jueves Santo, tiempo de crucifixiones y resurrecciones, escribiendo de los olores y los sabores que por el mundo van y se tropiezan con uno. O uno, más bien, se da de sopetón con ellos.

Por ejemplo, ahora que es víspera de jueves, y como Vallejo pulsó estos párrafos, un olor fresco de ñame espino, canela y leche, penetra mis narices y me devuelve a otra edad. A la dimensión de los radios portátiles, los fogones de leña, las lámparas de keroseno, las albas de jueves santo.

Si no fuera por los ruidos de la modernidad doméstica, la llama azul del gas natural, el jaspeado del mesón de la cocina, los batidores eléctricos, porfiaría que este olor rotundamente urbano que ha cuajado en la prima noche mi mujer no es tal. Ni está ocurriendo en el corazón mismo de la ciudad de insomnios prolongados que habito.

Nada me costaría decir, porque lo percibo y siento así, que ese efluvio que sube hasta mi cuarto viene directamente de la vieja cocina de mamá. De la antigua cocina de palma y cañabrava poblada de hollines y humos eternos; de sabores acumulados que se volvieron una costra dulce y sabrosa; una memoria que dice y cuenta.

Esto de los olores es algo misterioso y surrealista; una sensación que traspasa los más sólidos parapetos y de pronto es un lugar, un objeto, una persona; algo que fue en lejano tiempo y sin anunciación angélica irrumpe otra vez como una resurrección proclamada en los evangelios apócrifos del destino. Del incierto destino.

Cada uno tiene y percibe el olor que se merece; el que cree es su olor salvifico o condenatorio; el que devuelve a los orígenes con solo pensarlo; el que eleva por los aires o hunde en lo más hondo y oscuro de la tierra.

Hay olores que dan ganas de volar como el de la mujer que huele a avión y deja en quien lo percibe la sensación de haber entrado en un pájaro de esos y tocado las puntas del cielo, el corazón de las nubes, las alas de los ángeles.

Todo tiene un olor que lo impregna y lo identifica en su fugacidad o en su perennidad; en su ir y venir por las coordenadas de tierra, fuego, aire y agua.

Abril, por ejemplo, huele a garapacho de icotea; a revoltijo de bagre; a mote de queso. A brotes tiernos de hierba; a mango biche; a muchachas en flor.

Más aún, los países tienen olores que propagan por el mundo. Unos gratos al paladar, como el de malta y cebada de Escocia. O el olor de clavos y canelas de Ceilán. O el de aceitunas y pescado seco de Portugal.

Y más acá, en Colombia, un olor reciente y fuerte recorre todas sus vertientes, penetra todos los olfatos, trata de arrancharse en las narices de godos, liberales, polistas, burgueses y proletarios, santos y demonios, vivos y muertos, viejos y niños, hombres y mujeres, cachacos y costeños.

Un olor penetrante con suficiente fuerza para impregnarlo todo, absorberlo todo, volverse todo, despacharse todo, limitarlo todo, comérselo todo.

Un olor de la reelección….

elversionista@yahoo.es

 

Libertad de prensa en Colombia: cada más con más dudas

Juan Diego Restrepo E./APIC *

Medios de información, directores, editores y periodistas han caído en una espiral informativa que en nada contribuye a cumplir con uno de sus objetivos esenciales: formar ciudadanía para fortalecer la democracia, y de paso, ratifica las dudas que sobre libertad de prensa se sienten en el país.

Basta mirar tres hechos que rodearon la liberación de los tres policías y del soldado el domingo pasado: primero, la llamada del periodista Jorge Enrique Botero a la sede de Telesur, en Venezuela, para denunciar el sobrevuelo de aeronaves militares en el lugar y darle voz a uno de los guerrilleros que estaba coordinando la entrega de los rehenes; segundo, la presencia en ese sitio del periodista Hollman Morris; y tercero, la renuncia del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, al intentar sancionar el papel de los periodistas, restringiendo su acceso al aeropuerto de Villavicencio durante la llegada de la comisión humanitaria que traía al ex gobernador del Meta Alán Jara.

Estas circunstancias llevaron nuevamente a discutir el papel de la prensa en este tipo de procesos y, por extensión, de su papel en la sociedad. Creo necesario precisar que estos hechos no deben mirarse solo a través de las actitudes y decisiones que tomaron los periodistas Botero y Morris.

Intentando interpretar al periodista Botero, creo que su decisión de comunicarse con Telesur, a pesar de que había acuerdos al respecto con el Gobierno nacional, fue, considero yo, una manera de proteger la vida de todas las personas que se encontraban reunidas en el sitio de la liberación de los uniformados. Es, si se quiere, parte de la tarea humanitaria. Lo que debe reclamársele es que difunda abierta y sin ediciones las imágenes que grabó para contrastar lo dicho por el Gobierno nacional, que admitió la presencia de las aeronaves sobre el lugar en las selvas del Caguán.

Por otro lado, es importante advertir que en un país como Colombia, el ejercicio periodístico, cuando se hace de manera distinta al que quieren imponer los bloques ideológicos dominantes, sean económicos o políticos, siempre será cuestionable e incomodará a alguien. Para el Gobierno nacional, es inaceptable el papel que cumple Hollman Morris. Su particular manera de ver el conflicto armado lo llevó a estar en la zona y, según sus palabras, a llegar al sitio de la liberación guiado por las Farc, sin saber nada de ello. Es una circunstancia que muchos juzgarán inoportuna, pero cabe resaltar que la realidad tiene múltiples claras y por cuestionable que le parezca a muchos sectores políticos, económicos y sociales, la guerrilla también es una fuente de información periodística. Así como lo siguen siendo los comandantes paramilitares, quienes incluso llevaron a marcan altos índices de sintonía y de circulación cuando fueron entrevistados por las cadenas privadas de televisión del país, los diarios y las revistas. En ese entonces, la fuerza pública no detuvo a los periodistas para reclamarles el material periodístico. Además, recuerdo que varios de esos trabajos recibieron sendos premios nacionales de periodismo.

Lo ocurrido con Hollman Morris abre una discusión que el país está en mora de afrontar. Su trabajo periodístico sobre el conflicto armado plantea una ruptura a la homogeneización que rodea a los medios de información tradicionales, sujetos a presiones políticas y económicas de los bloques ideológicos dominantes que los llevan de la mano a difundir los hechos bajo sus propios enfoques, que reduce la labor informativa a unas cuantas llamadas telefónicas para hablar con fuentes oficiales.

Así lo ha querido imponer el actual Gobierno nacional, para cuyo fin ha desarrollado estrategias mediáticas que desvirtúan de manera semántica la existencia del conflicto armado. Al cada vez más riesgoso ejercicio de buscar nuevas voces para explicar la guerra, se suma la negación de realidades tan dramáticas como el desplazamiento forzado a través del uso de expresiones equívocas, como la de "migrantes internos"; la simplificación de sucesos asignándole un adjetivo que evita, de una vez, la investigación judicial, es decir, aquí todo es "terrorismo" y solo hay un culpable; la tergiversación de acciones provenientes de agentes de seguridad de Estado que atentan contra la población, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, puesto que se argumenta su inexistencia al aclarar que los muertos son "guerrilleros vestidos de civil"; y la imposición del secuestro como acción condenable masivamente, por encima de delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada, como si esas muertes estuvieran justificadas. Tales estrategias han sido asumidas por diversos medios de información como propias y sobre ellas construyen sus agendas informativas, sacrificando libertad, criterio y responsabilidad.

Es tan reprochable el intento de las Farc de manipular la realidad a través de los rehenes y los retenidos que deja en libertad como lo que hizo el presidente Uribe, que sabe bastante de estrategias mediáticas, para imponer su punto de vista y desestimar aquellos que se le oponen a su gestión. Muestra de ello se observó durante la rueda de prensa que ofreció en Villavicencio la noche del martes en la que enfrentó las críticas lanzadas horas antes por el ex gobernador Jara: en las puertas de su propia casa, en público, con medios afanados por preguntar, con respuestas llenas de aplausos de los vecinos allí presentes, colmada de los ya famosos puntos comunes presidenciales en sus tonos mesiánicos y solicitudes de perdón a nombre de la fuerza pública. Un acto populista y todo un irrespeto, a mi juicio, con Alan Jara.

En una semana los hechos nos vuelven a mostrar que los medios de información, con sus directores, editores y periodistas, vuelven a estar aprisionados por los poderes imperantes en el país: de un lado, el armado, en el caso de las Farc; y de otro, el político, representado por el Gobierno nacional. Bajo ambas presiones, la libertad de prensa va quedando en duda en el país, configurando un escenario donde el ciudadano del común es el que más pierde, pues no recibe la información necesaria para tomar decisiones democráticas, vitales para allanar los caminos que nos conduzcan a una resolución pacífica de los conflictos armados, sociales y políticos que nos mantienen en una constante crisis.

* Editor Agencia de Prensa IPC. Medellín, Colombia

El derecho de comer icotea

Por: CRISTO GARCÍA TAPIA/APIC

Era por los tiempos de un marzo calcinante y seco cuando mi padre y otros del terruño emprendían la más sofocante de sus travesías anuales de jornaleros.

Los llevaba por parajes poblados de animales prehistóricos, vientos y aguas que jamás verían nuestros ojos, pero que adivinábamos por las historias que se contaban de aquellos lugares.

Eran tierras anegadizas la mayor parte del año, cubiertas entre enero y abril de maleza de gramalote, pajón y otras hierbas para nada apetecidas por el ganado, que se extendían sin límites ni cercas.

Y abundantes en culebras, hormigas, avispas e insectos, que se deslizaban y pululaban de noche y de día por todos los puntos de aquellas posesiones que aparentaban no tener dueños ni cerca ni límites ni habitante alguno.

Más allá de sus coletas, el machete y la curarina para las mordeduras de culebras, quienes se aventuraban por aquellas inmensidades de soledad y pobreza, llevaban la esperanza de volver, tres o cuatro días antes de la Semana Santa, con las icoteas (o hicoteas) para la celebración pascual.

Para entonces, esta especie, Trachemys scripta, no era botín de guerra de la Policía. Ni los campesinos que por esas calendas se aventuraban en su recolección, a la par que jornaleaban incesantes por una magra paga en su hábitat, eran sujetos de prisión, penas y vejámenes como acontece en nuestros días.

Igual que entonces, hoy la población de esta tortuga de agua es “endémica de Colombia, comprendida en las hoyas de los ríos Magdalena y Sinú, extendida al oriente hasta el río Rancherías, en la Guajira, y hacia el este en el Golfo de Urabá”, (Medem, 1975), y en la vastedad de ciénagas que dejan a su paso por nuestras latitudes otros cuerpos de agua como los ríos San Jorge, Cauca, Mojana.

Nunca esta especie ha estado expuesta a extinción por culpa de su consumo ancestral, una vez al año, por la población nativa de Sucre, Córdoba y Bolívar. Y nunca, jamás, bajo el pretexto de la protección medioambiental, se había dado con tanta saña y despliegue de fuerza por parte de la Policía una “cacería” de campesinos y labriegos para encarcelarlos por “tráfico” de especies protegidas.

Tiene razón el Gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak, al hacer pública su molestia y enojo con la Policía de su jurisdicción por los procedimientos confiscatorios que utiliza en su guerra contra los pescadores y recolectores de icotea, cuya subsistencia y las de sus familias, pobres hasta el límite, depende de estas especies nativas, que decomisadas van a parar a manos y lugares distintos de los ríos, caños, ciénagas y cuerpos de agua que la ley señala

Entre tanto, a quienes la Policía debe perseguir y capturar para que respondan por sus crímenes y cacerías humanas, muy pocas veces se da con ellos ni se les conduce a fiscalías para que sean juzgados por la devastación humana y social que propician impunemente a lo largo y ancho de Colombia.

Para distraer de ese deber, están los cogedores de icotea y pescadores pobres de Sucre, Bolívar y Córdoba. ¿O no, Gobernador Barraza?

elversionista@yahoo.es

Palabra en la Catedral

GUILLERMO RAMÍREZ/APIC

Hace poco más de un año, cuando se movía en Cartagena la cosa política para remplazar a Nicolás Curi, me pasaba por la mente la película que sólo sería un sueño, si no nos convertíamos en su guionista y director. Cada elección es una oportunidad de reflexión y transformación, y se requería una propuesta audaz para los cartageneros, y un compromiso inviolable de los candidatos.

Presidía la Cámara de Comercio de Cartagena, y aquel sueño sería realidad sólo con el acompañamiento de otros actores que entrañaran la institucionalidad, el respeto por los demás y que abrigaran las mismas esperanzas de una ciudad incluyente. Supe que la Iglesia Católica quería un foro con los candidatos y entendimos que con el binomio “Iglesia y Cámara de Comercio” se podía buscar el compromiso colectivo.

Con monseñor Jorge Enrique Jiménez determinamos que el foro fuera en la Catedral, evocando a Milán (Italia), donde el Cardenal Carlos Martín convocó en la Catedral a personas pensantes de Milán, con resultados magníficos. Monseñor me dijo haber soñado que algo parecido podría pasar en Cartagena.

Convinimos promover los distintos compromisos. Los candidatos, con el respeto, la verdad, honradez y libertad; la ciudadanía, analizar los programas de gobierno de los candidatos, votar y promover el voto y reconocer la institucionalidad del elegido; las entidades de control, legitimar las elecciones y controlar la gestión del alcalde electo.

Los candidatos fueron convocados al despacho de Monseñor, a conocer la idea del foro y sus fines de rescatar la credibilidad en la política, gobernar con ética, valores, la necesidad de la participación de los líderes cívicos para enriquecer las iniciativas y recuperar el liderazgo. Pasaron uno a uno, cinco minutos cada uno, y luego se quedaban cinco minutos más a solas con monseñor Jiménez, para reflexionar conjuntamente.

Cubiertos los aspectos temáticos y logrado el consenso con los candidatos, con la catedral como escenario, lugar indicado para hablar de bien común, de convivencia, de la dignificación del ser humano, sumamos la visión de monseñor Jiménez, quien sintetizó así el objetivo: “Una elección por lo general divide transitoriamente a las gentes según las opciones que se le presenten. La maravilla de una democracia es que luego del evento electoral, deben producirse dos ‘milagros’ civiles. El primero, que el elegido lo es para todos y no debe trabajar en opciones de partido, en banderías políticas; y el segundo es que quienes perdieron cooperen sinceramente en la ejecución y en el control de lo que fue aprobado por votación popular. El obstruccionismo de los perdedores y el sectarismo del ganador son pruebas evidentes de la peligrosa debilidad de una democracia que se satisface solamente en el acto de votar”.

Con los candidatos se contempló que los “Diálogos en la catedral” serían para el consenso ciudadano y la rendición de cuentas del mandatario, y quedaba esta herramienta a disposición del ganador de las elecciones para el ejercicio de un liderazgo colectivo.

Nuestro sueño fue que a partir del primero de enero de 2008, personas pensantes de la ciudad y quienes la amamos, bajo el liderazgo de la elegida, pudiéramos iniciar la transformación de Cartagena con diálogos productivos en la Catedral. Doctora Judith, usted tiene la palabra.

SE VIENE LA CRISIS

Por: Fredi E. Goyeneche Columnista APIC

Los vientos fríos de la crisis económica criolla aumentan su densidad cuando los huracanados de la crisis financiera global aun no centran su ojo en nuestra economía  pero ya expresan algo de sus impactos iníciales  aun no tan profundos. Pero la propia dinámica de nuestro manejo económico oficial enmarcadas en el objetivo principal de mantener el control sobre las variaciones de los precios como política económica de Estado de carácter eminentemente monetarista, como uno de los soportes de la construcción de productividad,  se complementa con la política laboral contraccionista de la demanda como tributo para lograr competitividad internacional  ha confluido en  un cuadro social catastrófico para la sociedad colombiana. 

El proceso de concentración del ingreso se profundiza por efectos de una mayor dinámica de la productividad sobre el crecimiento de los salarios reales tal como se ha demostrado en estudios recientes que comprueban como han sido de regresivas las dos ultimas reformas laborales, la primera de ellas, la ley 50 de 1.990, impulsada personalmente por el presidente actual, entonces senador Uribe, mientras que la segunda, la ley 789 de 2.002, aprobada en la primera administración del presidente Uribe.

Por otra parte, se ha confundido la construcción de ventajas competitivas con el desmantelamiento de las estructuras  fiscales soportadas en la generación de recursos por la verdadera responsabilidad  social que se expresa en la equidad que contemplan los principios y el sentido social de los tributos. La argumentación que soporta la racionalidad del esquema que permite la instalación de maquilas bajo la figura de zonas francas en todo el país es la de generación de empleo. Sin embargo, a pesar de que este empleo sea generado, dada la ventaja competitiva construida sobre la disminución del salario real, la calidad de vida general para los asalariados se precariza tal como la calidad del empleo. Con el fuerte agravante de la reducción de las potencialidades tributarias que privilegian al inversionista, es decir, al capital, tal como sucede al disminuir la tributación al 33%  desde el 38%  hace 4 años a los grandes contribuyentes coadyuvando de esta forma a la profundización de la polarización social. Si los municipios, por ejemplo incluido los Distritos, renuncian a los ingresos tributarios de industria y comercio y complementarios de las zonas francas localizadas en sus territorios no significará ello que la demanda por inversión social, ya rezagada, vaya a disminuir; por el contrario, el propio crecimiento vegetativa  de la población  evidenciará en el corto y mediano plazo las afujías magnificadas de las ciudades, Cartagena de Indias D. T. y C. entre ellas, para satisfacer medianamente la inversión en infraestructura social. En esas condiciones de renuncia fiscal, la vía para financiar esas necesidades en algún momento recaerá en el segmento mas desprotegido políticamente de la sociedad a la cual se trasladaran vía impositiva esos faltantes.

Estos dos aspectos llevan a la conclusión de que la política de competitividad desarrollada oficialmente no solo es equivocada si no que igualmente por contradicción y paradoja conducirá a profundizar las posibilidades ciertas de una competitividad consistente en tanto  fragiliza las posibilidades de inversión  en la calidad de vida de quienes como ciudadanos son el recurso mas importante en términos de competitividad socialmente orientada.

Los resultados de los últimos informes están mandando señales desatendidas. La situación económica – social de la sociedad colombiana es frágil al momento de avizorar las impactaciones de la crisis financiera global. Las ventas minoristas según el último informe del Dane registra una disminución de 2.95% que nos estaría mostrando la razón de la disminución que igualmente se observa en la tasa de inflación, que sin embargo ha sido resistente a este desestimulo. La tasa de desempleo registra un rebrote creciente que encuentra una forma de comprensión de su comportamiento en la cifra anterior pero también en el comportamiento decreciente del sector industrial en los últimos 12 meses de un poco mas del 2% agravado en el ultimo mes reportado, noviembre, en 13.3%.

Una revisión a las leyes laborales y a los privilegios tributarios debe ser el inicio de una consistente política de competitividad sobre la base de privilegiar el desarrollo social, pero también de adecuar el sistema social y económico para mitigar  los ineludibles  impactos a los que estamos expuestos en una economía globalizada como la de nuestra época

20 de Enero de 2009, Obama presidente de USA.

Por: Fredi E. Goyeneche Columnista APIC

20 de Enero de 2009

Hoy 20 de enero es un día fulgurantemente norteamericano. En la mejor tradición del American way of life, se hace realidad para un segmento importante de su población multiétnica la plenitud de su credo pragmático de que USA es un país de oportunidades, y con este logro histórico un trasfondo de ambigüedades parece diluirse en los espacios de un nuevo escenario, uno en que los afroamericanos pueden pensar en gobernar para el conjunto de una sociedad donde los blancos fueron los gobernantes de siempre, pero donde La variedad de orígenes de sus habitantes es cada vez mas diverso pero también mas singular en cuanto al reconocimiento de la cultura que los cobija construida en esa diversidad. “No existe una América negra y una América blanca, una América de latinos y una América de asiáticos, existen los Estados Unidos de América”, había afirmado Obama en la Convención del Partido Demócrata del 2004.

Con características de fuerte simbología contrastante con lo que han sido los últimos ocho años de la sociedad norteamericana, Obama despierta una ola inusitada de esperanza en medio de la mayor incertidumbre colectiva de ese país desde la crisis de 1929. Tiene por estas circunstancias, el viento inicial a su favor. Nada parece mejor para el ciudadano medio que la ida de George W. Bush, quien termina su mandato con la más baja percepción de aceptación y popularidad de todos los 43  anteriores presidentes. Largas serian las enumeraciones de lo insólito que fue este gobierno y lo absurdo de su legado. Crisis económica profunda, uno de los mayores  endeudamientos a nivel personal, alta tasa de desempleo, déficit fiscal astronómico, déficit comercial sin antecedentes, deuda externa en niveles históricos, corrupción vergonzosa,  dos  guerras sin final predecible y el problema de Gaza en máximo hervor…Obama es ciertamente una confluencia entre la esperanza y la fe casi perdida en una sociedad en la que siempre hubo sueños. La efervescencia también agita los círculos académicos donde las discusiones decantan en oposición a una forma de manejar la política y la economía girando ambas en torno al dogma de la libertad de mercado que orientó la sociedad profundamente hasta transformarla en consumidores colectivos que perdieron de vista su condición de ciudadanos. El periodo de fuerte ascendiente de las ideas de economistas como Milton Friedman y  Frieredich Von Hayek, sin perder  importancia como aportes en el pensamiento económico y político, han fracasado en su intento de ser la fuente de construcción de un capitalismo con vocación social.

A mi juicio, el falso paradigma a deconstruir es el de que solo la inversión privada puede mover la economía, el momento actual podría servir para demostrar que también la inversión pública puede sr eficaz y definitiva para reactivar la economía y arrastrar la inversión privada en espirales de crecimiento

El capitalismo durante el periodo Obama por tales anteriores  y otros motivos será reorientado y su fundamentación filosófica será sometida a intensos debates, la filosofía política resurgirá desde los anaqueles donde descansan los textos de John Rawls o Ronald Dworkin, Paul Krugman reimpulsará al pensamiento económico actual  nuevas y  vigorosa aplicaciones de fundamentación keynesiana,  Geoge  Lakoof contribuirá mas a redefinir el valor lingüístico de la libertad.  Sin embargo, toda esta euforia que contribuye poderosamente a ver la realidad del color de los deseos, debería verse también desde la perspectiva del equipo que se apresta a tomar el manejo de la primera potencia económica y militar del mundo. Que representan y cuales sus antecedentes para visionar a partir del conocimiento de sus actuaciones en un contexto complejo y estratégico?

Lo que resalta evidentemente con la primera impresión del equipo de mando  es el espíritu Clinton arropando el gobierno Obama en sus prolegómenos. Desde la poderosa y representativa Secretaria de Estado con Hilary a la cabeza, hasta el sanedrín que aconseja sobre la álgida relación Arabe-Israelì, todos judíos y todos consejeros durante los periodos  Bill I y II. El equipo económico es  también de la vieja guardia del Team Clinton. De esta forma la espina dorsal de la administración queda en cabeza del sector demócrata que lidera el Clan Clinton. Cuanto poder y liderazgo logró construir Obama en su paso por el Senado será importante para observar el pulso de esta apuesta tan audaz de mantener firme el sentido  de  unidad con la que quiere signar su mandato en la que incluye a funcionarios actuales en posiciones claves como la CIA y en la Secretaria de Defensa.

Creo que seria muy provechoso releer las memorias de Bill y re estudiar sus políticas publicas para tratar de encontrar clave para la comprensión de lo que se viene. Por ejemplo, en referencia a Colombia, que perspectivas se podrían inferir para el Plan Colombia o acuerdos alternativos? Que perspectivas tiene el TLC en un gobierno en el que se cuenta con la influencia de quien fue un fuerte impulsor de estos tratados? Como será el manejo diplomático para buscar espacios de armonía con el gobierno de Uribe?

UE,  Gaza y Gas

Por: Fredi E. Goyeneche Columnista APIC

Enero 15 de 2009

El mapa geopolítico es algo parecido a una rosa de los vientos con estos a favor o en contra pero también por los costados y todos los lados. Absolutamente inestable mantiene sin embargo un juego de poderes y contrapoderes que se confrontan el etéreo marco de relaciones diplomáticas y virtuales pero que arrojan cifras de espantos en el campo cierto de la realidad humana. La aun actual invasión y ataque de Israel a la Franja de Gaza marca esos puntos de confluencias de intereses externos a los actores directos sobre los territorios donde la humanidad expresa la condición mas contradictoria de su esencia como es que la vida quede supeditada a otro valor,  diferente y sin vida autónoma, cualquiera el fuere. Un problema creado por la decisión política de unas potencias invasoras que a nombre de una cultura y de unos valores que consideraron arbitrariamente superiores los aborígenes, sembraron el odio y la incomprensión entre pueblos hermanos. Tan solo 60 años han transcurrido desde entonces y jamás hubo paz sobre esos territorios.

Porque la ONU, y los organismos del orden mundial no asumen una posición que parece esa terrible matanza que nos muestra la televisión y registran enajenadoramente todos los medios abrumando nuestras almas de dolor y frustración? La lógica de un sistema esquizofrénico, que durante mucho tiempo deidificò un sentido del lucro que dependía de la tasa de ganancia, esta en el origen de estas profundas contradicciones y frustraciones.

Sin embargo, la Unión Europea, que tanta responsabilidad histórica tiene en la zona por las decisiones tomadas en 1948 y avaladas por gran parte de los países constituyentes de la unión, que ha sido casi indiferentes además de formal en la problemática humanitaria, fue acuciosa y de fuerte juego diplomático en el nuevo impase sobre la circulación del gas ruso a los países de la Unión a través de Ucrania, situación que va siendo cada vez mas  tensa y recurrente.

Dos lecturas desde instancias de la Unión Europea que muestran la practicidad del manejo de los frentes estratégicos desde lo político y desde lo económico.

Los rusos están en franco reposicionamiento, a pesar de la fuertísima caída de su riqueza financiera, su mercado bursátil  perdió carca del 60% durante 2008, y a pesar también de la fuerte caída de los precios del petróleo, la abundancia de este y de gas tan necesarios para la vida de toda Europa Occidental le dan una posición fuerte en el nuevo marco variante de la geopolítica mundial,

Mientras, para los europeos, Gaza puede esperar…

Nostrasladamus

Por Daniel Coronell/APIC

Tal vez sea hora de que el país asuma con sentido crítico el papel de estos charlatanes. De lo contrario, no sería raro que uno de ellos terminara manejando un importante ente de investigación

A Colombia le gusta creerse algunas mentiras. Por ejemplo, que nuestro himno nacional es el segundo más bonito del mundo después de La Marsellesa. Nadie sabe cuándo hicieron el reinado de himnos, ni cuál quedó de tercero. Le gustan también los embustes piadosos como que el país está blindado contra la crisis económica internacional.

No es broma. Así lo asegura el Ministro de Hacienda que no menciona que dependemos de los mercados de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.

Leyendo hace unos días la sección Enfoque de SEMANA me encontré con un atractivo titular: "2009 es el año de las revelaciones". Correspondía a una entrevista con el síquico Armando Martí, quien -según la nota- hablaba luego de "pronosticar el triunfo de Obama y vislumbrar la liberación de varios secuestrados".

Preocupado por no haber presenciado el prodigio de adivinación, me puse a averiguar cuándo y cómo entregó el logoterapeuta sus vaticinios.

La respuesta la vine a encontrar en el material promocional de Armando Martí y en sus entrevistas anteriores a la misma sección de SEMANA.

Evidentemente, el señor Martí anticipó quien sería el triunfador en las elecciones de Estados Unidos, pero ahí un detallito: Lo hizo cuando las encuestas políticas de ese país le empezaran a dar al demócrata una ventaja holgada sobre su contendor.

La entrevista fue publicada el 6 de julio de 2008. A la pregunta sobre el próximo Presidente de Estados Unidos, el asombroso Martí respondió:

—Obama -y agregó otro dificilísimo pronóstico- Él revisará a fondo las actuaciones del gobierno anterior y dará un giro muy importante en sus políticas internas y externas.

El martes anterior a la publicación, Obama se había consolidado en las primarias demócratas prometiendo precisamente el cambio. La encuesta Zogby le otorgaba una ventaja de cuatro puntos sobre McCain y los principales análisis apuntaban a que el republicano había llegado a su techo, mientras Obama iba en pleno ascenso.

Como en Colombia muchos encuestadores se portan como adivinos, di por explicado el primer vaticinio y me fui a revisar el segundo.

¿Cuándo pronosticó el síquico la liberación de varios secuestrados? ¿Por qué asegura en su página que anticipó el rescate de Íngrid Betancourt? ¿Acaso nuestro Nostradamus pudo ver la operación Jaque? Buscando las respuestas me encontré con otra (!) entrevista de Martí en la misma sección de SEMANA, pero publicada el 25 de diciembre de 2006.

Allí el profeta formula sus predicciones para el año antepasado: "Estoy viendo, a mitad de año, que uno de los líderes de las Farc dará un paso muy grande hacia la paz, pero causada por la muerte natural de otro líder. Creo que el intercambio humanitario se va a dar, pero después de julio".

Dos años después, el pronóstico no se ha cumplido. En ninguna parte se menciona a Íngrid, ni el rescate. Pero, con enorme generosidad, la entrevista extrae un fragmento de la frase para asegurar que ya Martí había anunciado la muerte de 'Tirofijo'.

Olvida, en cambio, otras predicciones del mentalista en ese diciembre de 2006.

Cuando le pidieron su pronóstico sobre el TLC en 2007, respondió tajantemente: "Va a ser un éxito económico impresionante. La fusión de capitales va a ser muy buena para el país".

También lo indagaron sobre un enfermo famoso que, por aquella Navidad de 2006, parecía muy grave:

—"¿Qué va a pasar con Fidel Castro?"

—"Muere entre tres y cinco semanas".

Han pasado 106 semanas desde aquel contundente vaticinio. Sin embargo no me asombraría que cuando Castro realmente muera, alguien nos diga que ya lo había anunciado Armando Martí. Porque como en la ranchera a todo dijo que sí, pero no nos dijo cuándo.

Tal vez sea hora de que el país asuma con sentido crítico el papel de estos charlatanes. De lo contrario, no sería raro, que uno de ellos terminara manejando un importante ente de investigación, con pistola, carro blindado y honorarios por cuenta de los crédulos contribuyentes colombianos.

Los “falsos positivos” son una práctica vieja en el Ejército

Por Michael Evans*

Documentos desclasificados de Estados Unidos, muestran cómo ha prevalecido en el Ejército colombiano la mentalidad de que ganar la guerra es causarle más bajas a la guerrilla y esto a ha conducido a que inflen el “conteo de cuerpos” matando civiles.

Al cierre de 2008, Colombia y los medios estadounidenses estaban obsesionados con el escándalo de los “falsos positivos” – la muerte ilegal de civiles por el Ejército colombiano que luego fueron presentados como muertos en combate de la guerrilla para inflar los números de bajas causadas al enemigo (body count). Un informe militar sobre el asunto que aún no ha sido conocido en su totalidad llevó a la salida de 30 oficiales del Ejército y la renuncia del general Mario Montoya, el comandante en jefe del Ejército, quien durante muchos años había promovido la idea de usar el “body count” para medir el progreso en la lucha contra las guerrillas.

Pero la forma como fue conducida la investigación –en absoluto secreto y con consecuencias legales para los responsables aún inciertas—despierta varios interrogantes. ¿Es esta nueva purga de personal militar, sin que haya habido una investigación imparcial dirigida por civiles, realmente suficiente para cambiar la cultura en el Ejército colombiano? ¿Divulgará el Ejército colombiano alguna vez los resultados del informe?

Con estas preguntas en el aire, una nueva colección de documentos diplomáticos, militares y de inteligencia desclasificados que fueron publicados por la organización National Security Archive de Washington D.C., describen cómo el “síndrome del body count” ha sido uno de los principios que han guiado el comportamiento militar colombiano por años. Esta mentalidad ha llevado a violaciones a los derechos humanos –como los falsos positivos—y ha incentivado la colaboración con los grupos paramilitares. Como tales, los documentos despiertan algunas preguntas importantes sobre las responsabilidades legales e históricas que el Ejército debería asumir abiertamente frente a lo que parece ser un incentivo institucional de larga data para cometer asesinato.

El registro más antiguo sobre este fenómeno específico que aparece en la colección de los Archives es de 1990. Ese documento, un cable aprobado por el embajador de Estados Unidos Thomas McNamara, reportó un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia. En un caso, McNamara cuestiona la versión de los militares de que habían muerto a nueve guerrilleros en El Ramal, Santander en junio 7 de ese año.

“La investigación de Instrucción Criminal y la Procuraduría sugieren con fuerza … que los nueve fueron ejecutados por el Ejército y después vestidos en traje de fatiga. Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uniformes que coincidieran con las heridas en los cuerpos de las víctimas…”

Al mismo tiempo, la Embajada empezó a ver la conexión entre las fuerzas de seguridad colombianas y los florecientes grupos paramilitares del país. Muchos de los recientes abusos del Ejército sucedieron “en el curso de operaciones conjuntas de grupos para-militares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas” según el cable desclasificado (19900727.pdf).

Un cable de cuatro años después, del entonces embajador Myles Frechette subrayaba la misma tendencia. Encontró que la mentalidad del “body count” o conteo de bajas del enemigo persistía entre los oficiales del Ejército colombiano que buscaban ascender. El funcionario Adjunto de Defensa de la Embajada (cuya sigla en inglés es DAO) reportó que “oficiales de campo que no pueden demostrar una trayectorias de agresiva actividad anti-guerrillera (que es cuando ocurren la mayoría de las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares) quedan en desventaja a la hora de los ascensos”.  

Más aún, la declaración del ministro de Defensa Fernando Botero de que había “una creciente conciencia de que cometer violaciones a los derechos humanos podía bloquear el camino del asenso de un oficial”, era según el DAO, “pensar con las ganas”. (19941021.pdf).

Un reporte de inteligencia de la CIA, también de 1994, fue más allá. Encontró que las fuerzas de seguridad colombianas continuaban “empleando tácticas de escuadrones de la muerte en su campaña contrainsurgente”. El documento, una revisión de la política de César Gaviria contra la guerrilla, destacó que los militares colombianos tenían una “historia de asesinar a civiles de izquierda en áreas de presencia guerrillera, cooperando con grupos paramilitares asociados al narcotráfico en ataques contra sospechosos de ser simpatizantes de la guerrilla y matando combatientes capturados”.  

Tradicionalmente, el Ejército no había “tomado prisioneros de la guerrilla”, según el informe, y los militares han “tratado la nueva política de derechos humanos de Gaviria como un requisito formal”.(19940126.pfd).

Hace apenas unos diez años, otro informe de inteligencia, ya publicado por el National Security Archive, y basado en una conversación con un coronel del Ejército colombiano sugirió que el rápido crecimiento del paramilitarismo durante esa era estaba relacionado al “síndrome del conteo de bajas” en el Ejército colombiano.

“Esta mentalidad tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos por soldados bien intencionados que tratan de cumplir su cuota para impresionar a sus superiores. También podría conducir a que los militares, pasivamente, permitan que los paramilitares sirvan de asistentes del Ejército colombiano y así le ayuden a subir su cuota de bajas de la guerrilla”.

El coronel no identificado también estaba “íntimamente relacionado” con el caso del general Rito Alejo del Río Rojas, “sobre quién tenía pocas cosas buenas qué decir”. La cooperación de militares con paramilitares “venía dándose por algunos años”, dijo el oficial, “pero se puso mucho peor bajo el mando de Del Río”.  

Otros dos comandantes, los generales Jorge Enrique Mora y Harold Bedoya estaban entre los “que miraban para otro lado” con respecto a la colusión entre militares y paramilitares, dijo el coronel, refiriéndose a “la época en que Mora era brigadier general comandando la gran Cuarta Brigada en Medellín… en 1994-95”. (19971224.pdf).

La comandancia de la Cuarta Brigada, un cargo que servía para lanzar a oficiales que querían subir la cadena de mando, ha sido acusada por mucho tiempo de colusión con grupos paramilitares locales.  

El diario Los Angeles Times reportó en 2007 sobre un informe de la CIA desclasificado que vinculaba al general Montoya con operaciones conjuntas entre militares y paramilitares en Medellín cuando fue comandante de la brigada en 2002. Quien lo reemplazó en 2008 como comandante en jefe del Ejército, Oscar González, también comandó la Cuarta Brigada, y otras unidades en la conflictiva área de Medellín.

En ningún otro caso como en una operación de falsos positivos de febrero de 2000 fueron tan evidentes los vínculos de la Cuarta Brigada con los paramilitares. En esta, paramilitares de las ACCU y el Ejército colombiano, casi en simultánea, reclamaron para sí el logro de haber matado a dos guerrilleros desmovilizados cerca a Medellín. Un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos sobre el asunto, firmado por el embajador Curtis Kamman informó sorprendido:

“Las Accu (que los testigos dijeron que habían secuestrado a los dos) declaró que sus fuerzas los ejecutaron, mientras que la Cuarta Brigada del Ejército (que liberó los cuerpos al día siguiente) presentó a los muertos como guerrilleros del ELN muertos en combate con el Ejército. Después de estas declaraciones contradictorias, se despertaron en los locales el miedo y la confusión, y hombres armados robaron los cadáveres de la morgue…”

Kamman llamó a estas muertes como “un caso claro de complicidad Ejército-paramilitares” que “aumentaría aún más el de por sí alto nivel de interés de la organizaciones no gubernamentales en el tema de los vínculos de la Cuarta Brigada con los paramilitares”. El embajador dijo además que era “difícil sacar otra conclusión fuera de que los paramilitares y el Ejército simplemente no habían podido cuadrar bien sus versiones con anticipación”.(20000208.pdf).

Entonces mientras que los oficiales del Ejército colombiano revuelan para “cuadrar bien sus versiones” en respuesta al reciente escándalo, vale la pena destacar que el “conteo de bajas” (body count) y los “falsos positivos” tienen una historia institucional en la fuerzas armadas colombianas que se remonta a varios años atrás. Y, si bien son bienvenidas las recientes medidas para limpiar de las filas militares de oficiales asociados a estas prácticas, claramente no son suficientes. ¿Cuáles son los hechos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por cuánto tiempo ha venido sucediendo? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Dónde están enterrados los cadáveres?

Los documentos desclasificados de Estados Unidos pueden dar pistas, pero es poco probable que podamos responder estos interrogantes salvo que el Ejército colombiano haga público y difunda su informe completo sobre el escándalo de los “falsos positivos”. Hasta entonces, al parecer, seguirán prevaleciendo el secreto y la impunidad sobre la transparencia y la justicia en Colombia.

*Michael Evans es investigador de una organización sin ánimo de lucro de Washington DC, la National Security Archive, que se dedica a conseguir que se le levante la reserva a la mayor cantidad posible de documentos oficiales en temas relacionados con la seguridad de ese país. Evans ha venido siguiendo por varios años la desclasificación de documentos relacionados con Colombia.

tp://www.nsarchive.org/colombia

Los nuevos jacobinos

Por Rafael Guarín*

Varios quisieron quemar vivo al Procurador elegido por cuenta de su catolicismo al más puro estilo de Robespierre.

La elección del nuevo Procurador dejó claro que en Colombia se puede emplear la hoguera por razones religiosas. Algunos columnistas, “analistas” y medios de comunicación erigidos en una nueva modalidad del inhumano Tribunal de la Santa Inquisición quisieron quemar vivo a uno de los candidatos por el pecado de ser un “extremista católico”, es decir, un católico practicante.

En su concepto era una herejía solo pensar que Alejandro Ordóñez estuviera al frente del Ministerio Público porque sus convicciones religiosas eran incompatibles con la defensa de los derechos humanos. Tal observación quiere sentar el precedente de veto a todo aquel que tenga firmes convicciones religiosas para ocupar cargos en las Cortes, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Presidencia de la República y, en general, en todas las demás instituciones que de una u otra forma tengan que ver con las libertades y garantías democráticas.

Hasta la justificación del voto que hizo el senador Gustavo Petro repite lo mismo: “Vimos que podíamos incidir y amortiguar los efectos perversos anunciados sobre la población que defendemos, mujeres y LGTB, por efecto de las creencias del nuevo Procurador”. En otras palabras, el argumento de la mayoría de la bancada del Polo Democrático para votar por Ordoñez fue el de impedir las consecuencias siniestras derivadas de sus creencias católicas o de lo que la misma carta califica de “fanatismo religioso”. Si esa es su opinión de Ordóñez, ¿no era más coherente votar por otro candidato o no participar de la elección? No es serio apoyar a quien se considera perverso y fanático.

En todo esto hay una gran equivocación y exceso de malevolencia. No se puede inferir que de las firmes convicciones religiosas, en este caso católicas, se tengan que derivar actuaciones perversas. Son prejuicios y demostraciones de animadversión respecto a quienes tienen uno u otro credo religioso. Son las mismas razones que inspiran las histéricas, excitadas y convulsivas columnas más propias del llamado “problema religioso del siglo XIX” que de una concepción auténticamente liberal, en la que se arropan hábilmente para lanzar descalificaciones. Con descomunal ignorancia confunden la demanda liberal de separación del Estado y la Iglesia, con separar del Estado a quienes profesan determinadas convicciones religiosas.

Resulta que a los ojos de estos nuevos jacobinos la guillotina debe aplicarse en Colombia a todas las aspiraciones a empleos públicos que tengan en el futuro musulmanes, cristianos, católicos y de otros credos que no solo de labios hacia afuera se reconozcan como tales, sino que vivan en consonancia con sus convicciones religiosas. 

No es raro. En un mundo en que lo extraño es que haya coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace, quien defiende abiertamente sus creencias y ambiciona vivir conforme a ellas es un extremista.

Lo más curioso es que se dedicaron a ondear la bandera de los derechos humanos atropellando los de todas aquellas personas (¡fanáticos! dirán…) que en ejercicio de las libertades que garantiza la constitución son coherentes y consistentes con su religión, sea cual sea. ¡Qué todo el mundo quede notificado! ¡A partir de ahora hay que esconder las convicciones religiosas si se pretende llegar a un cargo público!

Tal actitud es una flagrante violación de los derechos humanos. Es una oda a la discriminación y una vuelta a los bárbaros criterios del pasado. Nada más antidemocrático que reprochar a los semejantes por sus creencias religiosas. ¿A dónde quieren llegar? ¿A satanizar a todo el que no comparte sus posiciones frente a la religión? ¿Será que estamos ad portas de una cruzada para que de la dirección del Estado se excluya a quienes viven conforme a un credo religioso?

Hay que darle un compás de espera al nuevo procurador. Ordóñez deberá actuar conforme a la reglas del Estado social de derecho, lo que supone que está sujeto a las facultades y obligaciones constitucionales y legales. Aún en temas como el aborto tendrá que atenerse a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Deberá garantizar que sus convicciones personales no alteren el buen funcionamiento de la Procuraduría y no olvidar que como funcionario debe actuar únicamente atendiendo a la ley. Si su conducta es otra, los ciudadanos estamos en todo el derecho de censurarlo.

No es conveniente para la democracia que discursos como los señalados hagan carrera y que recuerdan al Comité de Salud Pública, a cargo de Robespierre y Saint – Just, que buscaba aniquilar a los contrarrevolucionarios y “extirpar el fanatismo”, esto es, “la religión” de Francia. Los que con su actitud de discriminación, intolerancia religiosa e irrespeto a la libertad se las dan de “progresistas” demuestran que son realmente quienes están en el fondo de la caverna.

www.rafaelguarin.blogspot.com

*Rafael Guarín es abogado y estudia en el Doctorado en Análisis y Prevención del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid.

El amanecer de la dictadura

Por María Jimena Duzán

Lo que sucedió esta semana en la Cámara demuestra que bajo este gobierno la división de poderes se está convirtiendo en una falacia

Estamos presenciando el otoño del uribismo y el amanecer de la dictadura en este país. A esa conclusión se llega luego de ver la cantidad de normas y reglamentos que se despedazaron en la plenaria que aprobó el referendo reeleccionista, sin que tal descuartizamiento haya merecido mayor protesta, a no ser por los editoriales de El Nuevo Siglo, de los cuales se infiere que el referendo reeleccionista tiene más vicios que Pambelé y Maradona juntos.

No obstante, el espectáculo que el país presenció esta semana en la plenaria de la Cámara es acaso más grotesco que el que presenciamos los colombianos en el trámite de la primera reelección, hecha también a juro y al filo de la madrugada, y en la que a los ministros se les vio también atajando votos, transformados en porteros nocturnos mientras por debajo de la mesa les ofrecían a los congresistas retrecheros puestos y prebendas en la modalidad del prepago.

En esta ocasión no todo fue un deja vu. Si bien hay algunos hechos que se repitieron casi de la misma forma, por ejemplo, el mismo carrusel de impedimentos que se vio en la primera reelección se dio en esta oportunidad casi de manera calcada, hay otros hechos que sorprenden por lo novedosamente grotescos. En esta ocasión todo se fue consumando sin necesidad de recurrir a la penumbra, ni a los rincones, ni a las visitas a los despachos de los congresistas. Los ministros perdieron la vergüenza y se les vio en la plenaria reconviniendo a los congresistas sin temor a que fueran vistos o escuchados. Hasta sus amenazas dejaron de ser veladas: a lo largo de esa plenaria fue evidente que el mensaje del presidente Uribe era uno muy claro: o votan por mi referendo reeleccionista a cambio de puestos, o les cierro el Congreso.

Como si lo anterior ya no fuera suficientemente denigrante, desde el Olimpo del Palacio de Nariño se envió una asesora presidencial a la plenaria con una lista en la que estaban todos los nombres de los congresistas con sus fotos y los puestos que tenían, para facilitar la faena. Sí, cómo no, se trata de la misma funcionaria mencionada por Yidis en su caso ante la Fiscalía, pero que esta vez pudo deambular como Pedro por su casa como si se tratara de una congresista más.

Si tuviera que escoger una escena para ilustrar el estado crítico de la política y las instituciones en Colombia, escogería sin duda la que protagonizó esa noche el cuestionado ministro de Protección Social, Diego Palacios. Y la escojo porque dice mucho de un país que un ministro investigado por haber presuntamente comprado el voto de una congresista en la primera reelección, haya sido precisamente el más activo y el que más se empleó a fondo esa noche. Diego Palacios fue, sin duda, el que más arengó, al que más se le vio hablando con congresistas y el que más intentó ferrocarrilear el referendo reeleccionista el día en que en que la Cámara decidió ponerles whisky a los pocillos de café. Es como si el hecho de ser un ministro investigado por la Yidis-politica, en lugar de cohibirlo, le hubiera dado más autoridad y más confianza para cumplir tan histórica faena.

Por no hablar claro de la actitud amenazante del ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, hermano de un fiscal preso, acusado de pertenecer a la mafia. Al otro día de aprobado el referendo reeleccionista salió desafiante y con lentes oscuros a decir que el referendo había sido aprobado sin ningún vicio y que si el Congreso así lo deseaba, podía perfectamente cambiar la pregunta y permitir la reelección del Presidente para 2010. Es decir, que el gobierno que él presidía podía hacer lo que le diera la gana porque el Congreso era un apéndice de los designios del Ubérrimo. Un amigo suspicaz me sugirió que semejante desafío también podría ir dirigido a la Corte Constitucional, con la intención de notificarle cuáles eran los designios del César. Las últimas salidas del ministro Valencia Cossio me recuerdan una frase de Vito Corleone, que pronunciaba ante los 'amigos' que visitaba con la intención de cooptarlos: "Tengo una oferta que usted no puede rechazar".

Lo que sucedió esta semana en la Cámara demuestra que bajo este gobierno la división de poderes se está convirtiendo en una falacia y que las instituciones se han ido despedazando, como lo prueba el hecho de que sea el Presidente el que decida enviar a sus mensajeros para negociar con David Murcia desde la cárcel, en lugar de que sea la Fiscalía. Como me dijo un político en estos días que alguna vez fue uribista: "Nos estamos quedando sin instituciones con qué pelear contra las Farc". Yo agregaría que no sólo eso nos está pasando. Estamos emprendiendo el camino que inician todos los países que terminan en dictaduras, situándonos incluso varios pasos más adelante que el propio Chávez, con el agravante de que este gobierno es un gobierno solapado que no se atreve a decir de frente que está usando el poder que le ha dado su popularidad para cambiar la ley en beneficio propio y para acabar con la vigencia del Estado de derecho.

Fin de año caradura

Por Daniel Coronell

Ahora Petro vuelve a asomar su cara dura para elegir Procurador a una persona que encarna la intolerancia y la exclusión

Un gobernante tiene que contar con una gran dosis de cinismo y desvergüenza para impulsar una norma cuyo beneficiario es él mismo. Por ejemplo, la reelección. Lo está haciendo Hugo Chávez en Venezuela, argumentando que el pueblo no le permite dejar huérfana la "revolución bolivariana". Lo está haciendo también, y de manera más

solapada, Álvaro Uribe, firmando decretos de medianoche para mantener vivo artificialmente un referendo que ha violado las leyes electorales, congresionales y hasta gramaticales.

Declaremos fuera de concurso a estos dos Presidentes, que han hecho del descaro su estrategia de gobierno, y miremos cómo ese ejemplo se ha multiplicado entre sus amigos y -quién lo creyera- también entre sus contendores.

Porque no es menos caradura Gustavo Petro, el senador del Polo Democrático que ha sido valiente a la hora de denunciar pero que no conoce límites cuando se trata de lograr un triunfo, aunque acabe devolviéndosele. Petro ya no recuerda con quién se alió, hace un tiempo, para lograr la elección del comisionado de televisión Fernando Álvarez. Tampoco las maniobras que hizo para legitimar la primera reelección de Uribe, pensando en los millones que recibió su movimiento por aprobar una ley de garantías fabricada a la medida del régimen.

Ahora Petro vuelve a asomar su cara dura para elegir Procurador a una persona que encarna la intolerancia y la exclusión. Exactamente las razones contrarias a las que explican que Petro tenga hoy una vida política.

Tan caradura como su elector ha resultado el futuro procurador, Alejandro Ordóñez, viejo perseguidor de todo aquello que discrepe de su fe, ahora se reclama perseguido. Nadie le ha quemado sus libros al doctor Ordóñez, ni ha tachado de pecado sus creencias. Ya tendremos la oportunidad de revisar la conformación de la nómina y las decisiones del nuevo y virtuoso jefe del Ministerio Público.

Caradura, y de los grandes, Fabio Valencia Cossio, que sigue de ministro de Justicia mientras se conoce más y más de las relaciones de su hermano -y protegido- con la mafia. "Porque usted, señor Ministro, no es cualquier Ministro, sino el Ministro de la Justicia, y no puede pesar ninguna tacha sobre usted o sobre su entorno…", le decía el parlamentario Fabio Valencia Cossio al entonces ministro José Manuel Arias Carrizosa en un debate por la importación irregular de un Rolls Royce. Un juego de niños, comparado con las hazañas de quien otrora esgrimía el dedo acusador.

Y qué tal José Obdulio Gaviria, el paradigma de los caraduras. Con un hermano asociado con la empresa que pagó por el asesinato de Guillermo Cano. Con otros dos que estuvieron enredados en temas de narcotráfico en Estados Unidos. (Por cierto, uno de ellos trabaja con la Presidencia de la República, qué casualidad, y ha estado relacionado con entregas de tierras en Chocó a una asociación fundada por familiares de Carlos Castaño y 'Monoleche'). El flamante José Obdulio no tiene inconveniente en llamar "perro" al hijo de Rodrigo Lara Bonilla, víctima de su primo Pablo Escobar.

Caradura, como pocos, Germán Vargas Lleras. Jugando al "quiero y no puedo" con el referendo reeleccionista. Buscando al mismo tiempo estar adentro y afuera para que todos le queden muy agradecidos.

Hay también pequeños caraduras, como el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Después de proponer la reducción del salario mínimo por considerarlo "ridículamente alto", Carrasquilla le sacó su primita de Navidad al Estado. El 10 de diciembre recibió el encargo de la Cntv de revisar los informes de las bancas de inversión que valoraron la prórroga de los canales privados. Se tomó menos dos días para entregar su OK y cobrar 16.028.880 de pesos. Unas horas "ridículamente baratas", lo mismo que recibe un obrero por tres años y medio de trabajo.

Para ustedes, feliz Navidad. Y para los caraduras, la seguridad de que tendrán un próspero Año Nuevo.

 






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